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Presentación

LOS MEDIOS DE DEFENSA LEGAL DE LA COMUNIDAD PARA GARANTIZAR EL DERECHO A UN AMBIENTE SANO

Javier Gonzaga Valencia Hernández (1)

PALABRAS CLAVE:

Ambiente, participación.


INTRODUCCIÓN

Una de las transformaciones conceptuales más importantes de la constitución de 1991 consistió en que los derechos fundamentales de los ciudadanos pasaron de ser meros derechos formales, a convertirse en exigencias reales, inmediatas y garantizadas, traducidas éstas en la dotación de los ciudadanos de medios materiales y jurídicos para la defensa de los mismos.

En la nueva constitución la persona es el centro y el Estado debe estar en función de garantizar la prestación de los servicios vitales requeridos por ella.

La Constitución Nacional dotó al ciudadano común y a la comunidad de nuevas herramientas para garantizar el cumplimiento de sus derechos fundamentales, tanto individuales como colectivos; pero la participación de la comunidad es el más importante de los instrumentos para la defensa de los derechos colectivos, en especial, del derecho a gozar de UN AMBIENTE SANO. (2)

"La democracia participativa es un principio material que permea tanto la parte dogmática como orgánica de la constitución. Ella exige la reinterpretación del ejercicio del poder desde la esencia de los derechos de participación. La recuperación de la legitimidad institucional inspiró la consagración de diversos mecanismos de participación a lo largo del texto constitucional". (3)

MECANISMOS AMBIENTALES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

La legislación colombiana ha dotado a la comunidad de unos mecanismos de participación ambiental que se podrían clasificar en: normativos y legislativos, de gestión y control administrativo, y de control judicial.

Los normativos buscan regular los principios de protección y uso sostenible de los recursos naturales; tienen su desarrollo a través de la iniciativa popular legislativa y normativa, el referendo, la revocatoria del mandato, y el voto programático.

El mecanismo de gestión y control administrativo busca involucrar al ciudadano en las decisiones que tomen las autoridades en relación con el ambiente.

La participación ciudadana en la planeación, evaluación y control administrativo se prevé en una serie de normas constitucionales y legislativas (4), todas ellas buscan involucrar a la ciudadanía y a las organizaciones de la sociedad civil en el efectivo control de sus derechos. La más característica de ellas es la participación prevista en la Ley 99 de 1993, en donde se consagra el derecho de todo ciudadano o entidad pública o privada a participar en las actuaciones administrativas relacionadas con la expedición o modificación de licencias ambientales.

El mecanismo de control judicial tiene que ver con las acciones judiciales de origen constitucional y legal estipuladas para defender los derechos fundamentales y colectivos consagrados en la constitución. Las acciones de origen constitucional son: La Acción de Tutela; Las Acciones Populares; éstas con existencia legal antes de la constitución del 91; y Las Acciones de Cumplimiento.

En este documento analizaremos las acciones contenidas en este último mecanismo, las cuales son, esencialmente, de tipo judicial.

LA ACCIÓN DE TUTELA

La Acción de Tutela de origen constitucional, busca la garantía e inmediata protección de los derechos fundamentales particulares.

  • OBJETIVO: La acción de tutela busca proteger a la persona vulnerada o amenazada en sus derechos fundamentales.
  • ACCIONANTE: La persona directamente agraviada con una acción u omisión de las autoridades o particulares con funciones públicas.
  • ACCIONADO: Las autoridades públicas y, excepcionalmente, algunos particulares.
  • PROCEDIMIENTO: Ante un juez de la república con un procedimiento preferencial, breve y sumario.

A pesar de ser un mecanismo creado para el amparo de los derechos fundamentales particulares, "a partir de 1991, la Acción de Tutela ha abierto un espacio importante para la defensa de los derechos colectivos al iniciarse la reflexión sobre los derechos de tercera generación, su contenido e importancia para el país y para el mundo y la conexidad que en muchos de los casos analizados por los jueces de tutela, existe entre los derechos fundamentales y los derechos colectivos". (5)

Por vía de interpretación jurisprudencial, los jueces de tutela han protegido el derecho a un ambiente sano, en conexión con otro derecho fundamental, por ejemplo el derecho a la vida.

LAS ACCIONES POPULARES

Las Acciones Populares son el mecanismo por excelencia para la protección de los derechos e intereses colectivos entre ellos "el derecho a un ambiente sano"; su finalidad es proteger a la comunidad en su conjunto y respecto a sus derechos e intereses colectivos. Pueden ser interpuestas por cualquier persona a nombre de su comunidad, no es necesario demostrar la existencia de un daño o perjuicio, se persigue con ella que el juez ordene hacer o no hacer algo o que exija, tanto la realización de conductas necesarias para volver las cosas al estado anterior, como el pago de una suma de dinero.

Para garantizar y hacer efectivo el reconocimiento de los derechos colectivos, la nueva Constitución elevó al rango de norma constitucional las Acciones Populares en el artículo 88 y dejó en manos del legislador su reglamentación.

Las Acciones Populares aún no han sido reglamentadas; pero van a permitir a numerosas personas que hayan sufrido o teman sufrir un daño, interponer una acción ante la autoridad jurisdiccional, la cual beneficie a la colectividad.

Las acciones populares son en su naturaleza acciones de derechos humanos, no de elites; con ellas no se pretenderá la controversia sino cesar la amenaza o el daño sobre derechos colectivos.

Con el ejercicio de actividades económicas, como la construcción de carreteras, puertos, oleoductos, explotación petrolera, etc., se pueden causar daños ambientales a grupos de personas, quienes tendrán en las acciones populares una vía jurídica eficaz para la solución de los conflictos.

Como las acciones populares de origen constitucional aún no han sido reglamentadas; por lo pronto, hay que seguir tramitando las acciones populares consagradas en el Código Civil, especialmente la acción popular en favor de los bienes de uso público consagrada en el artículo 2355 o la acción popular de daño contingente prevista en el artículo 2359 del mismo estatuto civil y en otras normas, con el procedimiento señalado en la legislación procedimental civil; con todos los problemas de lentitud que este tipo de procedimientos conlleva.

LA ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL

La acción de cumplimiento está consagrada en el artículo 87 de la Constitución como una acción pública y tiene el poder de provocar una sentencia que siempre será favorable a los intereses sociales. (6)

La Acción de Cumplimiento Ambiental se consagró en la Ley 99 de 1993 en su título XI y tiene por objeto hacer efectivo el cumplimiento de leyes o actos administrativos que tengan relación directa con la protección y defensa del medio ambiente.

  • ¿QUIÉN LA PUEDE INTERPONER?: Cualquier persona natural o jurídica.
  • OBJETIVO: Hacer efectivo el cumplimiento de leyes o actos administrativos que tengan relación directa con la protección y defensa del medio ambiente.
  • ¿ANTE QUIÉN?: Ante la Jurisdicción Contenciosa Administrativa.
  • ¿CÓMO?: Mediante el trámite de un proceso ejecutivo.
  • ¿PARA QUÉ?: Para la ejecución de una conducta, que es obligatoria.

Las acciones de cumplimiento ambiental tienen los problemas inherentes al sistema judicial colombiano, uno de ellos es la lentitud, especialmente, en la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

CONCLUSIONES

Las herramientas constitucionales y legales con las que cuenta el ciudadano y la comunidad para defender su derecho a un ambiente sano, sólo serán eficaces cuando se tenga el apoyo de la sociedad civil y de las diversas formas organizativas; ambas esenciales para defender y proteger su medio ambiente.

El problema central de la crisis ambiental es más ético que jurídico; sin embargo, las acciones descritas servirán de apoyo para generar verdaderos procesos de cambio de actitud y comportamiento frente al medio ambiente.

ANEXO: ACCIONES POPULARES DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL Y TUTELAS PRESENTADAS EN MANIZALES

ACCIONES POPULARES: (7)

  • Demandante: FRANCISCO JAVIER GALVIS RAMOS (Abogado).
    Demandado : INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS.
    Juzgado Primero Civil del Circuito.
    Tema: Contaminación Quebrada Manizales.
  • Demandante: FRANCISCO JAVIER GALVIS RAMOS.
    Demandado : PROGEL "PRODUCTORA DE GELATINAS S.A."
    Juzgado Tercero Civil del Circuito.
    Tema: Contaminación Quebrada Manizales y otras.
  • Accionante: RUBEN ARTURO AMORTEQUI FERRO (abogado). Demandado : MUNICIPIO DE MANIZALES.
    Juzgado Tercero Civil del Circuito.
    Tema: Ocupación del espacio público.
  • Accionante: LUIS ALFONSO OSORIO TRUJILLO (Abogado). Demandado : CENTRAL DE SACRIFICIO DE MANIZALES LTDA. Juzgado Primero Civil del Circuito.
    Tema: Contaminación Quebrada Minitas.

TUTELAS: (8)

  • Demandado: MUNICIPIO DE MANIZALES
    Juzgado Cuarto Penal Municipal
    Tema: Basuras en el Barrio La Linda
  • Accionante: ENRIQUE ARBELÁEZ
    Demandado: INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS
    Juzgado Noveno Penal del Circuito.
    Tema: Contaminación Quebrada Manizales. No tutelaron el derecho a un Ambiente Sano por no haber sido ésa la vía procesal.

ACCIONES DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL: (9)

No ha sido presentada ninguna en el Tribunal Contencioso Administrativo de Caldas.


NOTAS:

  1. Abogado. Profesor de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Caldas. Investigador del Instituto de Estudios Ambientales de la Universidad Nacional, seccional Manizales.
  2. Constitución Nacional, artículo 79.
  3. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-439 del 2 de julio de 1992.
  4. Ley Orgánica del Plan de Desarrollo (ley 152/94), la Ley de control Interno (Ley 60/93), Ley de Servicios Públicos domiciliarios (ley 142/94), Ley de contratación de la Administración Pública (artículo 60 Ley 80/93), Discusión de los planes de desarrollo (C.N artículos 339 a 342); artículos 1, 10, 69 y s.s Ley 99/93; artículo 141 Ley 132/94.
  5. CORDOVA TRIBIÑO, Jaime. Las Acciones Populares en la defensa del medio ambiente a partir de la constitución de 1991. Derecho y Medio Ambiente II. Medellín. 1994.
  6. MANCLARES TORRES, José Manuel. Acciones de Cumplimiento Ambiental. Ed. Dike. Defensoría del Pueblo. Medellín. 1995.
  7. Información vigente a diciembre de 1994.
  8. Información vigente a diciembre de 1994.
  9. Información vigente a agosto de 1996.
 
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