DE LO RURAL A LO URBANO: “EL CASO DE DOS PROVINCIAS DE LA REGIÓN CAPITAL COMO GEOGRAFÍA DE LA TRANSFORMACIÓN SOCIOAMBIENTAL. PERCEPCIONES DESDE LA COMUNIDAD”.¹

Miguel Ricardo Landínez León²

Recibido el 3 de marzo de 2014, aprobado el 22 de agosto de 2014 y actualizado el 28 de abril de 2015

DOI: 10.17151/luaz.2015.41.6

RESUMEN

Objetivo: Presentar algunos hallazgos relacionados con el proceso de integración regional Bogotá-Cundinamarca en el periodo 2000-2010, en particular la dimensión ambiental, en las provincias de sabana occidente y sabana centro que hacen parte de esta región. Metodología: El estudio se basa en el análisis de los cambios presentados en el ambiente natural de los territorios objeto de estudio, durante el periodo de tiempo considerado (2000-2010), desde la perspectiva de los actores del mismo. En este caso, a través de ejercicios de participación en talleres realizados en los municipios objeto de estudio con dichos actores (representados en organizaciones sociales que tienen presencia allí) e incluyó recorridos en dichos territorios. Se pretende construir colectivamente información y conocimiento, planteando una línea del tiempo en la que los actores reconozcan momentos clave con referencia a dos grandes fenómenos que se presentaron: asentamientos humanos (urbanización) y entrada de empresas. Esta línea abarca la primera década del presente siglo. Resultados: La investigación intenta mostrar que dos elementos: asentamientos urbanos y entrada de empresas, son las dinámicas antrópicas que impactan los territorios, olvidando el elemento agua, como eje fundamental sobre el cual debería ordenarse el territorio. De ello se deriva que la misma comunidad reconoce que el ordenamiento del territorio nunca consultó sus intereses.

PALABRAS CLAVE

Integración regional, macrovectores, economía ecológica, activos naturales, gobernanza del agua.

FROM THE RURAL TO THE URBAN: THE CASE OF TWO PROVIINCES IN THE CAPITAL REGION AS  THE SOCIO ENVIRONMENTAL GEOGRAPHY TRANSFORMATION. INSIGHTS FROM THE COMMUNITY.

ABSTRACT

Objective: regional integration in the period 2000-2010, particularly the environmental dimension in the Western and Central Bogotá-Cundinamarca Savannah. Methodology: The study is based on the analysis of the changes shown in the natural environment  of the territories under study during the period considered (2000-2010) from their actors’ perception..In this case, through the participation exercises in workshops carried out in the municipalities under study with those actors (represented in social organizations present in the area), and included tours around those territories It is intended to collectively build information and knowledge presenting a timeline in which the actors recognize key moments with reference to two major events: Human Settlements (urbanization) and enterprise arrival. This line comprises the first decade of the current century. Results: The research attempts to show that two elements, urban settlements and enterprises arrival, are the anthropic dynamics that impact the territories forgetting the water element as the fundamental axis from which the territory should be planned. From this it is derived that the community recognizes that land use planning never consulted their interests.

KEY WORDS

Regional Integration, macrovectors, ecological economics, natural assets, water governance.

MARCO CONCEPTUAL

El presente trabajo pretende tener una visión de lo que ha sucedido en relación con el uso, cuidado y explotación de los recursos naturales de los territorios en cuestión, a partir de una mirada integral, en la que se entiende que toda actividad desarrollada por el hombre impacta su medio natural. En este caso, se apoyó en los fundamentos generales de la economía ecológica –EE– (Castiblanco, 2007; Gómez, 2010), en tanto explicación de aspectos relacionados en la(s) interacción(es) entre sistema natural y sistema humano. No se trata de una investigación cuya base central sea la aplicación de la EE, sino que sus bases orientaron la mirada en el fenómeno observado.

El análisis de lo ambiental y de su transformación en el territorio, supone un determinado enfoque teórico respecto a la economía. Para este caso, se parte de la crítica a la noción del crecimiento, entre la cual la economía ecológica juega un papel fundamental.

Para la EE toda actividad económica se interrelaciona inevitablemente con la naturaleza. De ahí que se constituya en el estudio de las interacciones de los sistemas ecológicos y los sistemas económicos (Common & Stagl, 2010, p. 1). La EE plantea que la actividad humana es gasto de energía, un sistema económico es gasto de energía. Pero ese gasto, que para el caso es consumo, no puede ser explicado por la biología humana, sino por la economía, la política, la cultura y las diferencias sociales (Martínez, 1998, p. 10).

Entonces, el ser humano establece interacciones sociales en su proceso “económico” que altera la base natural sobre el que este se sustenta. Por eso, el campo de la economía es también el campo de la ecología y viceversa (Common & Stagl, 2010, p. 1). Es necesario mencionar estas cuestiones porque sin duda el gran proceso de crecimiento de la región, en particular el de la capital (Bogotá) y sus municipios aledaños, que ocupan el interés de este estudio, son la expresión de un sistema económico que inevitablemente ha alterado los recursos naturales de la región.³

El proceso económico no es algo que se produce simplemente para volver a reproducirse sino que, al considerarse un sistema abierto –es decir interrelacionado– que usa recursos naturales y produce deshechos (Martínez, 1998, p. 13), supone una pérdida que la contabilidad formal de la economía ha ignorado. Como se verá más adelante, los recursos naturales de los municipios han sido trastornados por el avance del crecimiento “industrial” y de urbanización, comprometiendo la sustentabilidad de los territorios, en nombre del “desarrollo económico”. Dicha pérdida, no aparece como una depreciación o amortización que la compense (Martínez, 1998, p. 22). Se parte del criterio, entonces, de que los recursos naturales y fuentes de energía son “inagotables”. Los economistas tendrían que analizar estos fenómenos no como un simple costo ambiental (a la manera de la economía ambiental), sino como interacciones complejas del sistema económico y el biofísico.

De manera que se tiene un enfoque sistémico en tanto que los procesos de integración regional son vistos como procesos socioeconómicos cuyos efectos se despliegan en el territorio de diversas maneras, con distintas intensidades y en variados ámbitos. Se comprende que la acción de los actores del territorio es la que provoca los cambios socioeconómicos y ambientales, sean positivos o negativos.

La adopción de este enfoque, se asume incluso por las instituciones que se encargan de la protección del medio ambiente. Así, utilizan la técnica de macrovectores, método de análisis integral que aborda los impactos de las actividades del hombre, es decir de la economía, sobre dos sistemas: el biofísico y el cultural (Corporación Autónoma de Cundinamarca –CAR–, 2004).

El macrovector se concibe “como cada uno de los procesos socioeconómicos que, sumados, constituyen la forma como el territorio es ocupado y transformado y sus recursos naturales utilizados” (CAR, 2004, p. 21). De manera más concisa, el macrovector es considerado “[…] como la actividad socioeconómica que por su importancia tiene la capacidad de generar cambios a gran escala y modificar la estructura territorial” (CAR, 2004, p. 34). Ello supone que el territorio al ser ocupado y explotado genera conflictos referidos a la incompatibilidad entre el uso natural del suelo y el uso que se le da, a prácticas deficientes o aplicación de tecnologías inadecuadas (CAR, 2004, p. 31). La Figura 1 muestra tal dinámica, en tanto referente de análisis.

Si partimos de la noción de territorio como un espacio-tiempo (Tomadoni, 2007); en el territorio, el espacio, ocurre un proceso, un cambio, dice esta autora, en donde se presentan mutaciones de su naturaleza que ocurren a través del tiempo. La acción humana genera transformaciones que espacial y temporalmente explican la emergencia de nuevos territorios. En el mismo sentido, Fals Borda (2000) concluye que por eso el territorio es una construcción social. Ello supone también que las regiones construyen dinámicas que las conducen a un tipo de justicia espacial (Soja, 2006) con diferenciaciones en el acceso al espacio, a su uso, disfrute, etc.

En consecuencia, solo cuando se concibe la acción económica en función de otra serie de elementos que contribuyan al bienestar social e individual, se puede hablar de algo parecido al desarrollo. Ya se sabe que justamente la actividad humana, y en especial la realizada por las economías de crecimiento, ha provocado la cada vez más rápida y sostenida desaparición de ecosistemas completos⁴. ¿Podría esto considerarse desarrollo?

Sobre la cuestión de la urbanización

El proceso de urbanización (asentamientos humanos) se entiende como el proceso de consolidación y expansión de centros de poblamiento cuyas características transforman el hábitat natural y es la base de reproducción del modelo actual (CAR, 2004). La emergencia de la ciudad, que ha sido por excelencia el elemento sobre el cual se ha movido el capital (Lefevbre, 1993; Von Martin, 1993; Naredo, 2002; Harvey, 2007) ha pasado por transformaciones funcionales al mismo. En la fase actual del capitalismo se presenta una participación dominante en la economía global que ha conllevado a una revaluación de los territorios dentro de este sistema; lo nacional se debilita y la mundialización explica la aparición de otras escalas espaciales (Sassen, 2001). Por supuesto, hablamos de las regiones y las ciudades. La ciudad es global, al decir de esta autora, por todos estos elementos.

Las ciudades, en este nuevo orden y fase de la economía global, constituyen espacios vitales para la producción en red, la información, la tecnología, la concentración en el espacio urbano con actividades especializadas, características atribuibles todas a la ciudad. Desde fines del siglo pasado, por ejemplo, a Bogotá se le viene exigiendo estar en consonancia con estas nuevas realidades de la globalización.

Es un hecho que el mundo se está urbanizando. Más del 80% de la población mundial se aglomera en centros urbanos y esto constituye un fenómeno crucial en el andamiaje del capitalismo y, en consecuencia, de la vida social y política. Sin duda, la dinámica económica del capital globalizado determina en gran medida este fenómeno. La ciudad, entonces, tiene una fuerza centrípeta porque atrae todas las actividades, conformando economías de aglomeración, las empresas tienden a estar juntas, lo que a su vez, conduce a una lógica en la que estas buscan áreas densamente industrializadas (Boix, 2004, p. 7) que finalmente generan o acrecientan estas fuerzas de atracción.

Las ciudades son las madres del desarrollo económico, no porque la gente de las ciudades sea más inteligente, sino debido a las condiciones de densidad. En las ciudades hay una concentración de las necesidades y un mayor incentivo a lidiar con los problemas de un modo en que antes no se había hecho. (Jane Jacobs, citado por Soja, 2006, p. 44)

No obstante, ello no implica que la región sea contraria a la ciudad. Como se verá más adelante, más bien establecen en su dinámica la emergencia de un complejo sistema territorial. La ciudad y su fuerza centrípeta generan reconfiguraciones territoriales que provocan regiones urbanas o una especie de urbanización de las regiones.

MARCO METODOLÓGICO

Es importante aclarar que este trabajo, de ninguna manera, pretendió ser un estudio sistemático de impacto ambiental en la región Bogotá-Cundinamarca, ni la aplicación rigurosa de una metodología para la evaluación del mismo en el territorio, ni la aplicación de los métodos de la EE.

Por supuesto, se acude a la consulta de algunas fuentes secundarias y primarias. La posibilidad de realizar un análisis a través de indicadores es imposible. Al respecto, Landínez (2011) encuentra que el nivel de indicadores ambientales en Colombia para unidades territoriales (como regiones o municipios) es casi inexistente y los diversos indicadores que se usan a nivel agregado (nacional) corresponden a los que la institucionalidad mundial utiliza.⁶

En consecuencia, la información que este trabajo presenta, se recogió con trabajo de campo, que abarcó recorridos de los municipios y talleres participativos con organizaciones sociales y funcionarios que allí tienen presencia. Se hicieron 2 tipos de talleres: uno que recogía las apreciaciones iniciales y conocimientos acerca del tema de los actores a partir de preguntas estructuradas, pero que durante el desarrollo del taller se iban trabajando a través del diálogo participativo (Anexo 1). En el segundo taller, en el que se validaba la información analizada, se presenta una gráfica con una hipótesis derivada de la conclusión del primer taller y una serie de consideraciones a partir de las cuales se validaba, debatía o se complementaba la información anteriormente recogida (Anexo 2).

El trabajo, por otra parte, siguió las orientaciones de Márquez (2001) que consisten en una interpretación ambiental de los fenómenos descritos y su interconexión con los cambios sociales, culturales, económicos, para dar cuenta de las grandes transformaciones ocurridas. Basados en la información de los talleres y bajo el enfoque teórico descrito, se avanza en esa dirección.

En resumen, se trata de relacionar una serie de actividades realizadas por el hombre, cuyos impactos se reflejan en los sistemas biofísico y ambiental. De acuerdo con la CAR en el documento que se ha reseñado, se han definido los siguientes macrovectores para la región, agrupados temáticamente:

Según la estructura metodológica establecida por la CAR, el agua y los materiales se encontraban transversales a todos los procesos productivos (CAR, 2010). De otra parte, hay que entender que la relación no es biunívoca, sino que cada macrovector puede afectar a otros o es afectado por varios de ellos.

Desde ese punto de vista, se hizo necesario identificar los actores por cada macrovector. En este caso sería como lo indica la Tabla 2.

Ahora bien, de todos los macrovectores descritos y propuestos por la CAR, se han seleccionado dos: Urbanización (asentamientos humanos) e Industrialización.

Esto tiene una razón: el proyecto partió de una hipótesis general, la cual planteaba la existencia de dos elementos que, dada su enorme fuerza económica, incidían en el proceso de integración Bogotá-Cundinamarca, tanto para sus avances como para sus retrocesos: industrialización y urbanización. En consecuencia, el proyecto planteó una “hipótesis-pregunta” general que se propuso a la comunidad. ¿En qué medida, el ordenamiento del territorio de sabana centro y de occidente ha estado condicionado por el proceso de urbanización y la entrada de empresas?

Con base a esta apuesta, se hizo el acercamiento a la comunidad cuyas características metodológicas y técnicas se explican a continuación.

Realización de talleres con actores locales

En primer lugar, la idea base es la consecución de información cualitativa, a través de la realización de talleres entendidos como espacios colectivos en los que la comunidad (actores locales) expresa sus percepciones, conocimientos y experiencias en relación con los procesos de transformación de sus territorios durante el periodo considerado.

Los asistentes fueron personas pertenecientes a organizaciones sociales que participan activamente en la vida de sus territorios y que, en consecuencia, presentan un nivel de conocimiento histórico de los mismos en sus diversas manifestaciones económicas, ambientales, sociales, etc. Se estableció una línea del tiempo (1998-2010) en la cual se ubicó a la comunidad para que identificara los hitos fundamentales en el proceso de transformación de los municipios. A partir de unas preguntas estructuradas que sirven de guía (Anexo 1), se elaboran otras “orientadoras” (Anexo 2) las cuales se formulan directamente a los asistentes; en la medida en que avanza el taller se van profundizando temas específicos. La dinámica permite desarrollar una conversación, debate, en la que finalmente hay un contexto con puntos de vista, no siempre convergentes, pero que dan una apreciación muy coherente sobre los acontecimientos objeto de investigación.

Entrevistas no estructuradas con funcionarios

Bajo la misma lógica de indagar con actores sobre las dinámicas ocurridas, en este caso se visitaron las alcaldías de los municipios para conversar con funcionarios y obtener información cualitativa. Las preguntas son las mismas del Anexo 1, además de otras que intentan dar cuenta del proceso que ha vivido cada entidad municipal en particular.

En general, se intenta tener una visión de una misma realidad, pero vista desde diferentes perspectivas.

EL TEMA DE LA INTEGRACIÓN BOGOTÁ-REGIÓN

Bajo el paradigma de la globalización se plantea que los territorios, de modo interdependiente, asociativo, solidario, pueden alcanzar mejores estándares sociales y económicos. En ese orden de ideas, los territorios, conjuntamente pueden y deben consolidar una identidad cultural y social. Bogotá y la región no han sido ajenas a esa idea y han dado los pasos para este fin, aunque son evidentes las dificultades político-administrativas e institucionales para alcanzar estos propósitos.

Desde luego, los ritmos y grados de la dinámica de la integración los impone Bogotá. Por su potente dinámica urbanística y económica, la capital irradia efectos igualmente fuertes sobre su entorno territorial inmediato con municipios que no alcanzan a tener respuestas sólidas, claras, de largo plazo y acorde a sus necesidades y expectativas que, al mismo tiempo, converjan en sus políticas hacia un proceso de integración regional.

La construcción y expansión de Bogotá, no ha obedecido a procesos sistemáticos de planeación, ni mucho menos ha sido producto de acciones concertadas, participativas y democráticas de todos sus ciudadanos. En general, la ciudad se creó a instancias de los intereses de las clases sociales dominantes y de grupos económicos con alto poder de injerencia y decisión en el Estado.

Este crecimiento inusitado y vertiginoso, que comienza a vislumbrarse a comienzos del siglo XX y que toma dramática forma a partir de mediados del mismo, necesariamente determina la aparición de fenómenos sociales, ambientales de alta complejidad (Preciado, 2007). La ocupación de un territorio supone también formas de uso del suelo, explotación de activos naturales, con su eventual alteración al ecosistema. La expansión de Bogotá no solo ha venido alterando significativamente su entorno inmediato, sino que también viene causando problemas en toda su área de influencia.

Llama la atención que, por ejemplo, la Gobernación de Cundinamarca asuma, precisamente, el contexto de la conformación de la región a partir de la geografía económica (Gobernación de Cundinamarca, 2010, p 14). Aunque menciona la cuestión del desarrollo humano, sin duda lo económico es el factor principal que guía este proceso y alrededor del cual se ordena el territorio. Es por ello que teóricos como Soja (2006) plantean que hay que analizar estos fenómenos desde una perspectiva geográfica, política y económica, dando una visión que él propone llamar “economía geopolítica”.

Por ello, como ha sucedido con la región capital, se puede interpretar como un fenómeno de sinecismo⁶, de una fuerza centrípeta ejercida por una ciudad que atrae a otras poblaciones, las articula en su lógica y dinámica socioeconómica y espacial, para crear un nuevo espacio, múltiple, diverso, complejo, contradictorio, caótico, pero al mismo tiempo expresión de una dinámica de “aglomeración humana” (Soja, 2006).

En virtud de la visión de planificación y ordenamiento del territorio, la escala espacial de la región se ha delimitado o establecido en tres ámbitos:

·         Región Metropolitana: Distrito y Municipios.

·         Región Capital: Distrito y Cundinamarca.

·         Región Central: Distrito, Cundinamarca, Boyacá, Meta, Tolima.

Para esta investigación, se trabajó desde la noción de Región Capital en virtud de la cual Bogotá, como centro urbano principal y enorme poder, atrae y forma con los municipios del departamento un territorio con características y condiciones económicas, sociales, ambientales, culturales muy específicas que le confieren una “vida” única. Igualmente, que es un proceso claramente intencionado en tanto que “[…] se destaca que la región capital Bogotá-Cundinamarca se ha desarrollado en un marco de confianza interinstitucional entre las administraciones distrital, departamental y municipal” (Gobernación de Cundinamarca, 2010, p. 10).

Naturalmente que pueden ser muchas las discusiones alrededor de lo que es Región Capital, pero sin duda aquí nos inscribimos, en términos generales, a lo que se viene trabajando para la región.

DINÁMICAS DEL CRECIMIENTO QUE INCIDEN EN TRANSFORMACIONES AMBIENTALES

Como se ha dicho, la ocupación de un territorio implica el uso (demanda) de sus recursos naturales. La medida y forma en que estos se utilicen está íntimamente relacionada con el modelo económico que impere. La base de este trabajo no es considerar que toda acción humana es en sí nefasta para el medio ambiente sino que depende, precisamente, de la visión de ese modelo.

Colombia no escapa a esta lógica. En las últimas dos décadas se ha impuesto el modelo neoliberal. Este ha debilitado las formas de regulación y control que desde el Estado hubieran podido impedir la ocupación del territorio de manera no solo desordenada, sino además con el agravante que ha significado una desequilibrada apropiación del mismo: empresas industriales y grandes urbanizadoras han venido usufructuando la tierra y sus activos, desplazando pequeñas actividades económicas tradicionales de estos territorios, sin que al mismo tiempo se hayan compensado los nuevos desplazados, ya no por el conflicto, sino por esta forma de ocupación desligada de cualquier concepto de desarrollo humano y ecológico.

La transformación está dada por una secuencia, producto de las actividades antrópicas, que transita desde la abundancia de recursos a su inminente escasez, tal como se puede deducir del texto de Márquez citado, por lo menos para el caso colombiano y que queremos graficar así:

EL CASO DE LA REGIÓN CAPITAL

Como se ha planteado desde la economía ecológica, el sistema económico no está desligado del sistema biofísico. El medio natural ha sido afectado y genera conflictos que, en el caso particular del departamento de Cundinamarca, han sido tratados, en primera instancia, por la CAR, pues de los 116 municipios que componen el departamento, 104 están bajo su jurisdicción (Preciado, 2012), constituyéndose en la primera autoridad ambiental.

Por lo demás, tanto el departamento como los municipios, adelantan acciones puntuales que corresponden al cumplimiento de sus respectivos planes de desarrollo. A propósito, Preciado llama la atención en el sentido de que, según el artículo 61 de la Ley 99 de 1993, es claro el valor que tiene toda la región en términos ecológicos. Textualmente reza: “Declárase la Sabana de Bogotá, sus páramos, aguas, valles aledaños, cerros circundantes y sistemas montañosos como de interés ecológico nacional, cuya destinación prioritaria será la agropecuaria y forestal”.

Sin embargo, aquí encontramos una de las múltiples contradicciones que suelen ocurrir en el ordenamiento jurídico del país, que incluye, por lo demás el choque de intereses y de alcances de cada una de las instituciones que convergen en un territorio. Pues si bien el Ministerio del Medio Ambiente y la CAR tienen disposición sobre tipos de explotación minera, además de la protección de las áreas de reserva de los municipios, al determinar los usos del suelo pueden, como lo han venido haciendo, destinar porciones sumamente importantes de sus territorios para el uso de vivienda o industria, en muchos casos sobre terrenos que eran de vocación agropecuaria y forestal.

Esto tiene que ver, a su vez, con la planeación regional y las disposiciones legales que otorga la misma Constitución del 91, así como las leyes y decretos que reglamentan este proceso. Así, el artículo 306 de la Constitución Política Nacional (CPN) reconoce la autonomía de Bogotá y del departamento, pero facilita un camino para su integración a través de la constitución de la “región administrativa de planificación especial” (RAPE). De hecho, el artículo 319 de la CPN genera el espacio jurídico para que los municipios actúen también de manera unida:

Cuando dos o más municipios tengan relaciones económicas, sociales y físicas, que den al conjunto características de un área metropolitana, podrán organizarse como entidad administrativa encargada de programar y coordinar el desarrollo armónico e integrado del territorio colocado bajo su autoridad.

Como se observa, existen instrumentos jurídicos para que la región consolide un proceso de integración. Bajo la orientación de la Ley 388 de ordenamiento territorial, como se lee en Mejía (2009, pp. 24-25), el ordenamiento del territorio se hará tomando en consideración las relaciones intermunicipales, metropolitanas y regionales. Sin embargo, en la práctica, la gestión ambiental se hace de manera segmentada según los límites político-administrativos de los municipios, olvidando que el ecosistema, como realidad natural, desborda la lógica reduccionista de límites artificiales creados por el hombre.

No obstante, para superar estas limitaciones, desde una visión del desarrollo territorial, se ha planteado la necesidad de articular los planes de ordenamiento territorial en conjunto con los municipios del primer anillo y que se conciba además como un sistema jerarquizado de asentamientos integrados por redes viales, servicios públicos y equipamientos (Mejía, 2009, p. 24). A manera de ilustración, se presentan en la Tabla 3 los proyectos correspondientes a la dimensión ambiental que quieren significar la gestión “macro” de lo ambiental cuya responsabilidad recaería en la gobernación y el Distrito especialmente.

Al observar esta tabla se encuentra que, con base a lo comentado por la comunidad en los dos territorios (sabana centro y sabana occidente), hay un desconocimiento de estos proyectos, poco se sabe de su gestión y de sus alcances. Las opiniones y observaciones que en los talleres ofrecieron los ciudadanos, en concordancia con la “vivencia en el territorio”, indican problemáticas más cercanas que tocan su cotidianidad.

El departamento de Cundinamarca cuenta con 116 municipios que en su esencia son entidades político-administrativas autónomas. Para efectos de una mejor actuación conjunta de los municipios, se ha hecho una división del departamento por provincias que “si bien no constituyen formalmente entidades territoriales con un aparato institucional público propio” (Centro de Pensamiento en Estrategias Competitivas –CEPEC–, 2011 en términos reales facilita el trabajo de los municipios que las conforman para fines comunes. En el mapa de la división política-administrativa del departamento, se ubican las distintas provincias, las cuales suman 15 en total (Anexo mapa 1).

Para este trabajo se tomó como objeto de análisis dos provincias: Sabana Occidente (SO) y Sabana Centro (SC). Para cada una de ellas las unidades de observación la constituyen 3 municipios: Mosquera, Funza y Madrid para SO y Chía, Cajicá y Sopó para SC. Esto se debe al hecho de estar ubicados en el primer anillo de influencia de Bogotá y tener una actividad económica y urbanística significativa, que comprende al mismo tiempo interacciones de doble vía “municipios-capital” bastante fuertes.

HALLAZGOS PARA LOS TERRITORIOS CONSIDERADOS

Sabana occidente

Sabana occidente está conformada por 8 municipios: Mosquera, Funza, Madrid, Facatativá, Zipacón, Bojacá, El Rosal y Subachoque. Se encuentra en la sabana de Bogotá, al occidente de la capital y tiene una extensión total de 1027 km² equivalentes al 4% del área total del departamento (CEPEC, 2011, p. 15).

En cuanto a los tres municipios que se abordaron, presenta las siguientes características generales:

En conjunto tienen una población total de 225.824 habitantes, según proyecciones a 2013. Según lo muestra el Gráfico 3, son municipios que tienen la misma tendencia urbanizadora del mundo actual, pues el 92,1% se ubica en los cascos urbanos (Gráfico 1).

Por otra parte, la extensión territorial equivale a 297,5 km², equivalentes al 1,3% del total del departamento de Cundinamarca. Paradójicamente, hay una mayor extensión de suelo rural pues el 72,7% es rural y solo el 27,3% tiene un uso urbano (Gráfico 2), lo que evidencia otro aspecto propio de un mundo urbanizado: la concentración y/o aglomeración de personas en territorios extensivamente menores, en contrate con la existencia de amplias zonas rurales con mínimas densidades poblacionales.

Para confirmar esta tendencia, observando el total de predios de este territorio, se encuentra una concentración bastante alta de predios urbanos sobre el rural, que significa una reconfiguración territorial con expresión clara de la vocación urbana de los municipios, antaño rurales. El Gráfico 3 muestra esta concentración actual.

Tendencias generales en 1998-2010 - Sabana occidente

Se propone un análisis relacional con tres variables: a) el aumento de las actividades humanas (sistema económico), b) aumento sostenido de crecimiento del hábitat urbano (ocupación del suelo) y c) el aumento de la población. Tres elementos que inciden directamente sobre el ambiente físico-natural (naturaleza). Para empezar, el Gráfico 4 muestra la evolución para sabana occidente del incremento poblacional.

Al comparar esta tendencia con la demanda de suelo para construcción (Gráfico 5), simplemente se demuestra esa tendencia urbanizadora. Se podría argumentar que es un proceso lógico del crecimiento demográfico que se presenta en cualquier parte. Lo que se quiere sustentar es que esa tendencia no ha estado acompañada de una visión sistémica que dé cuenta de una visión sostenible de lo ambiental. Sobre esta cuestión, más adelante se aborda cuando se expongan las características generales del proceso de crecimiento Bogotá-Región, en la perspectiva de las comunidades consultadas.

Las zonas rurales no han sido afectadas al juzgar por las cifras, pues la extensión rural sigue siendo supremamente superior en extensión a la urbana. Como se anotaba más arriba, lo urbano supone la “concentración-aglomeración”, es decir, la densificación. Sin embargo, las cifras oficiales no muestran una realidad comprobada en las visitas de campo: grandes extensiones rurales han sido ocupadas para viviendas de estratos sociales altos, sin que las estadísticas cambien en cuanto a ocupación del suelo, pues se siguen mostrando como áreas rurales lo que en la práctica ya no lo es (es urbanizado) y, por tanto, pérdida de activos naturales.

En particular los municipios de Mosquera y Madrid han presentado este fenómeno para viviendas de estratos altos, pero también Funza con vivienda para estrato 3. Es claro que la presión ambiental se presenta al ocupar zonas boscosas o de humedales, tal como se indicará en los hallazgos.

La génesis de la transformación más radical del territorio está en los años ochenta. Sin embargo, los hitos fundamentales comienzan en los noventa los cuales no pueden descontextualizarse del advenimiento del modelo neoliberal cuyos arreglos institucionales se hacen en Colombia finalizando los años ochenta, empezando a articular al país a los procesos de globalización (Garay, 1999) y expresado ya más claramente en Colombia con la apertura económica de los años noventa. No es posible interpretar lo que pasa en la región, sin pensar en los procesos de globalización.

Es muy importante resaltar un hallazgo que de alguna manera expresa también el verdadero desarrollo o avance de la industria en Colombia. Lo que se encuentra es que una gran parte de las empresas han instalado bodegas y trasladado algunos procesos productivos, lo que ciertamente no puede llamarse industrialización. Más bien, este trabajo lo denomina “llegada de empresas”, pero sin que ello no signifique que se presente una incidencia negativa en los activos naturales del territorio.

Las apreciaciones que desde la dinámica ambiental manifestaron los actores se presentan en el Anexo 3. Como se puede deducir, hay una percepción casi unánime de los actores locales en el sentido de que los cambios que se han presentado, han traído en general un deterioro del paisaje natural, ocupación de humedales, pérdida de prácticas de cultivo, contaminación, afectación de fuentes de aguas, deterioro del suelo, etc.

De acuerdo con Preciado (2012), la conurbación Funza-Mosquera-Madrid, cuya expansión es evidente, impacta el río Bogotá el cual se constituye en un eje regional ambiental de enorme importancia. Es decir, es un fenómeno que cada vez cobra más importancia para el futuro y que seguramente las políticas públicas no pueden seguir ignorándolo.

Sabana centro

Esta provincia la constituyen 11 municipios: Tabio, Tenjo, Cota, Chía, Cajicá, Sopó, Zipaquirá, Tocancipá, Gachancipá, Cogua y Nemocón, con una extensión total de 1237 km² equivalentes al 6% del total del departamento. Los aspectos característicos de este territorio se presentan a continuación.

Según proyecciones de la Secretaría de Planeación de Cundinamarca 2014 el total de la población para los tres municipios de análisis asciende para 2013 a un total de 200.880 habitantes. Como se observa en el Gráfico 6, contrario a lo que sucede en sabana occidente, se encuentra que la proporción de población rural con respecto a la urbana, es más marcada en sabana centro. Si se tiene en cuenta que ha habido un fuerte proceso de urbanización, aparentemente debería presentarse un comportamiento similar. Como se ha anotado, es probable que muchos predios no hayan sido asimilados a uso rural (ver Gráfico 7), lo que indica que aunque en la práctica se ha urbanizado, se siguen presentando cifras con carácter de rural lo que incidiría también en el cálculo de este tipo de proporciones.

Respecto a la extensión territorial, siguiendo la lógica de lo que se ha dicho, solo un 4,1% ha sido catalogado como urbano (Gráfico 7). Es decir, persiste la inquietud de cómo se puede analizar esta cifra, ante el evidente proceso de construcción sobre suelo rural. Aunque la población urbana, ha aumentado significativamente, no el suelo urbano. Al parecer, se encontraría este territorio ante un fuerte problema de densificación. Insistimos, sin embargo, que se trata de unas estadísticas que siguen considerando rural, lo que en la práctica es urbano.

Es significativo que este territorio, al cual ha llegado un agresivo proceso de construcción, en especial de viviendas para grupos de alto poder adquisitivo, persista en considerar una extensión bastante grande como rural. Por las indagaciones con la comunidad, así como por el análisis de la publicidad de las empresas constructoras, estas hacen más atractivos sus proyectos de vivienda, al venderlos como “ubicados en tranquilas zonas campestres”, lo que sin duda aumenta sus ganancias, pero que se traduce en pérdida ambiental y ecológica. Tal como lo manifiestan las organizaciones de la comunidad, se ha deteriorado el suelo y se han desplazado actividades agrícolas propias de estas regiones.

El Gráfico 8 señala la proporción entre predios rurales y urbanos. En concordancia con lo mencionado respecto a la consideración de cifras, siguiendo la tendencia urbanizadora, debería presentarse una mayor proporción de predios urbanos, sin embargo, estos son los datos actuales que se presentan desde la Secretaría de Planeación de Cundinamarca.

Tendencias generales 1998-2010

Tomamos, como en el caso anterior, entonces las tres variables básicas indicadas en el apartado: Tendencias generales en 1998-2010 - Sabana occidente.

La tendencia –al igual que en sabana occidente– es al crecimiento, por lo que el proceso de urbanización es innegable, en particular Chía y Cajicá son los municipios que soportan esta tendencia, tal como lo muestra el Gráfico 9.

Por otra parte, el área aprobada para vivienda y otros destinos obviamente que ha aumentado, aunque se muestra una tendencia a la baja para el año 2012 (Gráfico 10). Esta situación contrasta, sin embargo, con el inusitado crecimiento en proyectos para vivienda en Cajicá tal como se evidencia en las visitas de campo y en las declaraciones de la comunidad en los talleres realizados con esta. En realidad, ya se ha agotado mucho del suelo urbanizable en Chía y el fenómeno se ha trasladado a Cajicá.

El proceso ha conducido, además, a la presencia de construcciones y equipamientos en estos dos municipios con un alto grado de contaminación visual, auditiva y ambiental.

La manifestación más clara de las transformaciones se da en el auge de los proyectos urbanísticos que comienzan a desplazar las actividades agropecuarias, a cambiar la cultura, las tradiciones y a impactar el medio natural.

Llama la atención que el proceso de construcción de viviendas y de ocupación del suelo para actividades de servicios de alto costo (restaurantes, discotecas, concesionarios, supermercados, universidades, etc.) se ha desplazado al municipio de Cajicá. Las acciones que mitiguen el impacto ambiental no han sido de la misma intensidad. Por ejemplo, los participantes en diversos momentos manifestaron su preocupación por la ausencia de un plan para el montaje de una planta de tratamiento de residuos sólidos y de un relleno sanitario. Gradualmente, los habitantes ven cómo el crecimiento inusitado de los municipios está generando una carga de deshechos que pueden llegar a crear un grave problema para la región en términos ambientales.

Las deficiencias en la malla vial y la construcción en zonas más bajas a la cota del río Bogotá, seguirá causando los problemas de inundaciones como aquellas que se presentaron durante la primera ola invernal, de no tomarse medidas más estructurales, políticas e institucionales que pongan freno al descontrolado proceso de crecimiento urbano que presentan los municipios de Cajicá y Chía, especialmente.

LECCIONES APRENDIDAS: GENERALIDADES PARA SABANA OCCIDENTE Y SABANA CENTRO

La cuestión de análisis ambiental, reiteramos, aquí se hace desde la perspectiva de los actores de los territorios analizados. Por supuesto, se toman evidencias no solo de las visitas de campo sino también de los estudios realizados sobre la región capital. Para empezar, el conjunto de ecosistemas naturales que conforman la región (Preciado, 2012) son los que se alteran puesto que, aunque las actividades económicas se hagan sobre una porción de territorio, los impactos son sobre todo un sistema.

Los municipios de las dos provincias que aquí se tratan, son catalogados bajo la categoría de “Ecorregión Urbana”, lo que se traduce, en términos ecológicos, en que su dinámica presenta una enorme importancia por los impactos que produce en los ecosistemas que los contienen. Como referente principal y estructurante, está el río Bogotá, a cuya cuenca pertenecen estos municipios.

No cabe la menor duda de que impactos producidos por el macrovector “asentamientos humanos” sobre varios recursos, o activos naturales como en este trabajo se denominan, “especialmente por la contaminación por concepto de descargas orgánicas y residuos sólidos” según la CAR (2004, p. 71), son preocupantes en términos ambientales. Cuestión que es reafirmada por la comunidad. De otro lado, la proximidad de Bogotá tiene una incidencia grande pues refuerza la función de municipios dormitorio que, con la llegada de empresas, demandan más suelo para vivienda de interés social (CAR, 2004, p. 62). En este caso, sabana occidente se está viendo más afectada por el impacto de los dos macrovectores: urbanización e industria.

No deja de llamar la atención, por lo demás, que en la región se presenta una caída de la industria, tal como lo demuestra Moncayo et al (2008), (2009, 2011) y Rincón (2009), expresado en traslados de empresas, en gran parte como bodegas y no como procesos productivos. Esto se traduce en escasa absorción de empleo y en el “avance de los servicios, buena parte de ellos realizados desde el sector informal y sin gran desarrollo de nuevas tecnologías” (Rincón, 2009).

La Figura 3 indica en forma general el fenómeno: en un punto de inflexión en la línea del tiempo, año 2000, la presión de los dos macrovectores es evidente sobre el capital ecológico. Las expresiones de la comunidad y los estudios referenciados coinciden al respecto.

(Los anexos 3 y 4 recogen de manera sintética los hallazgos en los territorios. Los anexos 5 y 6 ilustran los momentos clave en la línea del tiempo para sabana occidente y sabana centro, respectivamente). A continuación se describen y analizan dichos hallazgos.

·         Se hace evidente un proceso jerárquico, excluyente, no planificado ni participativo del proceso de expansión de los municipios.

·         En general, cada municipio ha venido asumiendo un proceso de crecimiento –no desarrollo– de manera aislada y no en conjunto por provincia, mucho menos desde la región. Una voluntad para hacer una región metropolitana, por ejemplo, se pierde.

·         Es indudable que dos factores clave –“Urbanización y Entrada de Empresas”– son los que han incidido de manera más fuerte y significativa en el tipo de crecimiento que ha tenido la región, en particular los municipios de las dos provincias.

·         Por su cercanía a Bogotá, estos municipios sufren de manera directa el impacto de la expansión urbana de la ciudad, específicamente, la conurbación que trae consigo demandas de servicios fundamentales como educación, agua y servicios de transporte más eficientes (movilidad) que los mismos municipios no están en capacidad de ofertar en su totalidad.

·         Las eventuales ganancias que en términos de balance fiscal los municipios han tenido, se ven en riesgo dado que la presión por ofrecer mejores servicios sociales, infraestructura vial y de servicios, a largo plazo tendrá un mayor costo para los entes territoriales.

·         La vocación del suelo en estos municipios, que era rural agrícola, ha entrado, desde finales de los años noventa, en declive para dar paso a una incipiente vocación de uso del suelo semi-industrial, de bodegaje, parques industriales y residencial.

·         Para la época, la Ley 368 impulsó el diseño de los POT para todos los entes territoriales. Parece que estos no se hicieron con la respectiva información y difusión a la comunidad.

·         También es claro que hay un conflicto entre Bogotá y los municipios en relación con el agua. Más allá de los pormenores, se presenta un descontento de la comunidad hacia Bogotá, dado que la fuente natural del recurso hídrico proviene de estos municipios.

·         Como era de esperarse, la cuestión ambiental se vuelve más urgente de tratar. El uso del suelo que naturalmente era para la agricultura, al ser utilizado para la actividad industrial y/o residencial, ha implicado problemas de deterioro de los nutrientes del suelo; los humedales se han secado y usado para construir y se está excavando, sin ningún tipo de criterio técnico que permita cuidar los recursos naturales.

·         El tema del agua es crucial. Surgen preguntas: ¿Quién maneja las fuentes hídricas? ¿Cómo se surten de agua? ¿Quiénes gestionan este recurso? La gestión se encuentra entre el dilema “Estado o Mercado”. De todos modos, la cuestión del tema del agua es vital. La privatización y manejo del agua constituye un elemento de negociación clave y en fuente de poder.

·         Otro aspecto en el que se comienza a tomar conciencia por sus inminentes implicaciones socioambientales, lo constituye la carga ambiental que genera el crecimiento de los municipios sobre el ecosistema. Con base en los supuestos de la economía ecológica (Martínez, 2008; Common & Stagl, 2008; Pengue, 2008) se plantea que un proceso económico (producción, consumo) y en general actividades antrópicas, producen o generan energías negativas que se traducen en desechos que alteran el equilibrio ecológico. En palabras de los mismos participantes, no hay un proceso adecuado para la descarga de desechos. El mismo plan de proyectos conjuntos contempla este factor (Tabla 2), “Proyecto regional de disposición de residuos sólidos”. Comienza a sentirse una inquietud al respecto dada las alarmas que al respecto diversos expertos vienen haciendo.

·         El escenario de enfrentarse a la cuestión de los recursos naturales y su gestión y administración, supone además enfrentarse al problema del papel de la comunidad en relación con estos. Es decir, hablamos de una gobernanza de los recursos naturales y de la acción colectiva.

·         Al otorgarse permisos para construir cerca de la ronda de los ríos, refleja la inconsistencia al momento de ordenar el territorio; el agua no es referente para ordenarlo.

·         Cuando la comunidad afirma que hubo un cubrimiento de todas las zonas del territorio, sin duda encuentra que lo ambiental no es considerado y de algún modo esto demuestra igualmente la poca capacidad de la gestión pública para enfrentar los intereses del sector privado.

·         En ese sentido: ¿Qué capacidad de autonomía tiene el municipio para determinar su crecimiento urbanístico y orientar sus eventuales nuevos ingresos fiscales al desarrollo de infraestructura y oferta de servicios sociales de calidad?

·         La ocupación de humedales o zonas de reserva ecológica es algo que no había sido preocupación de la comunidad.

·         El abrupto cambio se da también sin una visión de ordenamiento respetando la estructura ecológica.

·         Se ha presentado una mutación en la dinámica socioambiental de los territorios. La expresión más clara de esa mutación, lo evidencia la comunidad al decir que el “agua se acabó”, “desaparecieron los pozos profundos, la tierra ya no sirve por salinización”.

·         Una cuestión que también toca lo ambiental es lo relacionado con el saneamiento básico. Las acciones se vuelcan a adecuar la infraestructura a estas actividades económicas, pero olvidan u omiten la generación de una estructura que soporte la carga de desechos, los impactos nefastos sobre la estructura ambiental, etc., que incide a su vez en el saneamiento básico.

·         Los municipios no cuentan con Sistemas de Información Geográfica que les permita tener información de calidad frente al impacto sobre sus ecosistemas de las actividades de carácter antrópico. En 1993, en un importante estudio de Gustavo Montañez sobre la región capital, publicado en la revista Cuadernos de Geografía del Departamento de Geografía de la Universidad Nacional de Colombia (1993), se concluía que era urgente que estos municipios contaran con este instrumento esencial para la toma de decisiones de política pública en materia ambiental. 20 años después, no se ha hecho nada al respecto. Los funcionarios entrevistados, coinciden en afirmar que se trabaja todavía sin las condiciones técnicas necesarias para este ámbito de la política pública.

·         Se observa la misma cultura en la política de desarrollo regional que el país ha llevado, en el sentido de no trabajar desde una perspectiva integral y pluralista con los diversos actores sociales (Quintero, 2009, p. 42). Igualmente, comenta este autor, que el desarrollo regional ha sido un proceso liderado por intereses de grupos de mucho poder, sin continuidad y sin visión de integración nacional-regional. La región capital, no ha sido ajena a esta tendencia.

·         Gran parte de la sabana de Bogotá, en particular los territorios objeto de análisis, dejaron en la última década de tener actividad agropecuaria significativa y de ser fuente alimentaria de Bogotá, para pasar a tener con la capital una serie de relaciones complejas que alteran significativamente la dimensión ambiental (Preciado, 2009, p. 75), lo que sin duda se evidenció en el trabajo con la comunidad y las salidas de campo efectuadas.

RECOMENDACIONES

Un trabajo de esta naturaleza, donde la base de la información es la voz de las organizaciones de la comunidad que tienen presencia en un determinado territorio, por supuesto que no puede considerarse un estudio “cuantitativamente” determinante. No obstante, puede constituirse en un referente fundante para ahondar de manera participativa e integral en una de las problemáticas que no solo en estos territorios sigue siendo de alguna manera marginal, sino que a nivel global se convierte en un reto que no da más tiempo para enfrentar.

En esa medida, los aprendizajes del trabajo de campo, cuyo enfoque teórico le da asimismo rigurosidad para interpretar los hallazgos, constituyen base para profundizar en el conocimiento de los municipios en virtud de los cuales se avance hacia la consolidación de regiones integradas no solo desde lo político-administrativo, sino también desde la acción colectiva hacia el objetivo de alcanzar óptimos niveles de bienestar social, ambiental y económico.

En virtud de lo expuesto se pueden resumir unas recomendaciones básicas a los municipios y organizaciones, las cuales pueden servir de base para avanzar hacia un proceso participativo de construcción de lo local-regional, en un mundo globalizado:

·         Avanzar en la visión de concebir el agua como referente de ordenamiento de los territorios. Ello porque el crecimiento urbano implica un uso adecuado del recurso hídrico, acceso a agua potable, prevención de riesgos, que impactan los territorios en escenarios de cambio climático (OAB, 2014).

·         La participación de todos los actores es vital. La cuestión de “la gobernanza de los activos naturales” se convierte en un elemento para cambiar el rumbo que hasta ahora ha tenido la política ambiental en la región: aislada, sectorizada, reactiva y sin una visión más ecológica. Es decir, empezar a trabajar un cambio de paradigma que supere el simple “desarrollo sostenible” para pasar, desde la acción colectiva, a la “ecologización de los territorios” (Franchomme et al., 2013, p. 2) entendido no como la domesticación de la naturaleza, sino como la comprensión de que la biodiversidad adquiere valor en “el espacio de lo cotidiano”. A su vez, esto implica la necesidad de “transferir” la ecología al ordenamiento del territorio, en cuanto asumir el valor de cada una de las actividades de las sociedades que no se restrinja al simple cuidado de un árbol, de una vía, etc., sino como una acción política de las comunidades. También, como una forma profunda de ver e internalizar el ambiente, en relación con la mente y la paz (Carrizosa, 2007).

·         En ese orden de ideas, la conciencia sobre lo ecológico en los territorios debe superar la educación ambiental básica, cuyo sentido se reduce a meras campañas acerca del buen cuidado de la naturaleza, para pasar a acciones de política pública sistémicas y de largo plazo.

·         Los municipios no pueden seguir asumiendo posiciones “feudales” o de orden simplemente administrativo, olvidando que los problemas ambientales no conocen fronteras político-administrativas. Se requieren acciones integrales de conjunto y con perspectivas y enfoques novedosos.

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1.     Trabajo en el marco del proyecto “Análisis de los procesos de transformación en un Territorio de la región capital”, Programa de economía, Universidad Piloto de Colombia (UPC). Este trabajo no presenta conflicto de intereses y su financiación estuvo a cargo de la Dirección de Investigaciones de la UPC.

2.     Profesor Programa de Economía, Universidad Piloto de Colombia. Economista. Magíster en Planeación y Administración del Desarrollo Regional. CIDER, Universidad de los Andes. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3.     Como lo señalan Common & Stagl (2008, p. 4), en las últimas 3 décadas del siglo XX fue evidente que la actividad económica humana tenía perjudiciales efectos sobre el medio ambiente natural y que a su vez esto afectaba lo económico de las futuras generaciones.

4.     Por ejemplo, Márquez (2001) en un estudio señala cómo nuestro país estaba cubierto completamente de selvas, sabanas, páramos y humedales. Sin embargo, hoy en día gran parte de los ecosistemas han sido remplazados por potreros, cultivos, asentamientos humanos y obras de infraestructura.

5.     Ver: EarthTrends del World Resources Institute (WRI), de la División de Estadística del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas y las bases de datos del Banco Mundial.

6.     El término “sinecismo’ –el cual es usado por Edward Soja– (del griego συνοικισμóς, synoikismós, literalmente “cohabitación”) alude a un proceso histórico por el cual una serie de poblaciones aisladas se juntan formando una Ciudad-Estado para mayor protección. Ello supuso la aparición de las polis en la Antigua Grecia. (Tomado de http://www.babylon.com/definition/sinecismo/Spanish).

Para citar este artículo: Landínez León M. R. (2014). De lo rural a lo urbano: “el caso de dos provincias de la región capital como geografía de la transformación socioambiental. Percepciones desde la comunidad”. Revista Luna Azul, 41, 89-115. Recuperado de http://200.21.104.25/lunazul/index.php?option=com_content&view=article&id=105

TIPIFICACIÓN DE LA GALLINA CRIOLLA EN LOS AGROECOSISTEMAS CAMPESINOS DE PRODUCCIÓN EN LA ZONA DE INFLUENCIA DE LA SELVA DE FLORENCIA (CALDAS)

Jorge Luis Tovar-Paredes¹, William Narváez-Solarte²,
Liceth Agudelo-Giraldo³

Recibido el 14 de marzo de 2014, aprobado el 14 de agosto de 2014 y actualizado el 27 de abril de 2015

DOI: 10.17151/luaz.2015.41.4

RESUMEN

La avicultura de traspatio es una actividad pecuaria de gran importancia en las comunidades rurales del país, caracterizada por la baja inversión requerida y por la facilidad para efectuarla; las especies más utilizadas son las criollas dado que se adaptan a las condiciones adversas para su crianza, esta actividad fortalece el bienestar de las familias campesinas que aprovechan al máximo la mano de obra familiar y es una fuente generadora de bienes para el hogar campesino. Objetivo: Caracterizar los diferentes sistemas de producción avícola de traspatio en la zona de influencia de la Selva de Florencia del municipio de Samaná del departamento de Caldas. Metodología: De las 103 fincas del área de estudio se encuestaron 76 fincas, correspondientes a la totalidad de los predios con producción de gallinas criollas, en las que se recolectó la información en un formato integrado por variables cuantitativas y cualitativas, de los aspectos socioculturales, económicos, medioambientales, y de manejo de las aves, que permitieron determinar la interacción de estas y así agrupar los diferentes sistemas de producción. El análisis de la información se realizó mediante el análisis de clusters a partir de la aplicación de técnicas multivariadas. Se consideraron las 25 variables cuantitativas de mayor poder discriminatorio y se redujo la dimensionalidad del problema, descartando aquellas variables de bajo poder discriminante. Resultados: El análisis permitió identificar nueve componentes principales, que explican el 71% de la varianza total; para así establecer seis sistemas finca, donde las aves representan desde el 65% hasta el 2,8% del capital pecuario, en relación directa con la extensión de la finca y la vocación agrícola principal. Conclusiones: La explotación de gallinas es una actividad de importancia en las comunidades rurales, que se complementa con otras actividades productivas realizadas en el campo. Aporta nutrientes a la dieta cumpliendo la función de transformar productos de origen vegetal y residuos en proteína de origen animal.

PALABRAS CLAVE

Aves, caracterización, avicultura, traspatio, autóctonas.

CHARACTERIZATION OF THE CREOLE HEN IN THE PEASANT PRODUCTION AGRO- ECOSYSTEM IN THE RAIN-FOREST AREA OF INFLUENCE IN FLORENCIA (CALDAS)

ABSTRACT

Backyard hen farming is an important farming activity in the rural communities in the country characterized by the low investment required and for the easiness to carry it out. Creole hens are mostly used because of their adaptability to adverse conditions for breeding. This activity strengthens the peasant families’ welfare since they take the most out of the family workforce and it is a generating source for peasant household goods. Objective: To characterize the different backyard hen production systems in the rainforest influence area of Florencia, municipality of Samaná in the Department of Caldas. Methodology: From the 103 farms in the area of study, 76 farms corresponding to all the properties with Creole hen farming were surveyed and information was collected using a quantitative and qualitative integrated variables format dealing with socio-cultural, economic, environmental and chicken management aspects which allowed determining their interaction and grouping the different production systems. The analysis of the information was carried out through cluster analysis parting from multivariate techniques application. The Twenty-five qualitative variables with the highest discriminatory power were considered and the dimensionality of the problem was reduced discarding those variables with a low discriminant power. Results: The analysis allowed identifying nine main components that explain 71% of the total variance in order to  establish six farm systems where the hens represent from 65% to 2.8% of the farming capital in direct relation with the farm extension and the main farming vocation. Conclusions: Hen production is an important activity in rural communities which is complemented with other productive activities developed in the land. It contributes with nutrients to the diet accomplishing the function of transformation of vegetal origin products and residues into animal origin protein.

KEY WORDS

Birds, characterization, chicken, backyard, native.

INTRODUCCIÓN

Más del 80% de las familias rurales de los países en desarrollo, mantienen gallinas en las huertas de sus casas, entre las que se destacan las estirpes criollas, conservadas por los campesinos, tanto por la necesidad de generar ingresos, obtener productos proteicos de alto valor biológico o por simple tradición cultural (Pym, 2013).

Los factores socioculturales, económicos y técnicos han determinado la conformación de los actuales sistemas de producción con secuencia histórica, con un mayor desarrollo en unos sitios que en otros, moviéndose entre la agricultura extensiva y la intensiva, conjugando actividades interdependientes para la utilización de la tierra, que solo pueden ser entendidas si se considera a la parte como un todo del sistema y del modelo de organización social (Rodríguez y Carvajal, 1998).

La Selva de Florencia, se encuentra ubicada en la Cordillera Central al Oriente del departamento de Caldas, considerada como el último fragmento de Bosque Pluvial Andino del cinturón cafetero en dicha formación montañosa. Está conformada en gran parte de Selva Andina y sus alrededores están compuestos por potreros y cultivos de pancoger. Además de la abundancia de agua e importancia para la generación de energía eléctrica de la región y el país, esta es uno de los pocos reductos de biodiversidad que posee el departamento (Rivera y Rivera, 1995; Corpocaldas y Universidad de Caldas, 2001; Ballesteros et al., 2006). Esta región presenta variedad de sistemas de producción como respuesta a la heterogeneidad de complejas relaciones socioeconómicas, que articulan zonas geográficas en presencia de conflictos sociales donde el Estado no hace presencia con políticas definidas y programas de desarrollo acordes a la problemática de la región.

Colombia cuenta con una población avícola de traspatio del género Gallus distribuida principalmente en la región Andina, criadas en libertad en los huertos, con alimentos del medio como: lombrices, insectos, etc. Los huevos producidos se destinan para el consumo del núcleo familiar y parte para el repoblamiento del píe de cría (Valencia y Betancourth, 1991; Álvarez, 1998). La producción de carne y huevo procedente de este tipo de explotación es afectada por la ausencia de normas técnicas y de sanidad adecuadas, que la convierten en un tipo de producción de alto riesgo sanitario para la avicultura industrial. Sin embargo, la FAO, dentro el programa especial para la seguridad alimentaria, muestra gran interés en desarrollar la producción de aves de corral a nivel familiar, como herramienta para el aprovechamiento y transformación de los subproductos de la finca y como estrategia para mejorar los índices de desnutrición de la población, para el desarrollo de una agricultura sostenible (Farrel, 2014).

El objetivo de la presente investigación es caracterizar la participación ecológica de la gallina criolla en los sistemas de producción campesinos que incluye la forma de explotación, el nivel tecnológico, los recursos utilizados y el aspecto sociocultural.

MATERIALES Y MÉTODOS

El trabajo se realizó en la zona de influencia de la Selva de Florencia del municipio de Samaná, departamento de Caldas de la República de Colombia, ubicada a 74º50’ de longitud Oeste y 5º32’ de latitud Norte, entre los 700 y 2.300 msnm, con precipitación anual de 6.270 mm, temperatura media de 20ºC y una superficie aproximada de 240 km².

Se encuestaron 73 granjas, número correspondiente a la totalidad de las fincas con producción de gallina criolla, de una población de 103 granjas que conforman el área de estudio, en las que se recolectó la información en un formato integrado por variables cuantitativas y cualitativas, de los aspectos socioculturales, económicos, medioambientales, y de manejo de las aves, que permitieron determinar la interacción entre ellas y así agrupar los diferentes sistemas de producción. El análisis de la información se realizó mediante el agrupamiento de las fincas con mínima variabilidad ínter-clases, mediante el análisis de clusters a partir de la aplicación de técnicas multivariadas, utilizando el programa estadístico SAS (2008).

Para el análisis se consideraron las 25 variables cuantitativas de mayor poder discriminatorio que fueron: área de la finca, distancia al pueblo, tiempo que vive en la finca, número de personas, área en caña, área en plátano, área en café, área en maíz, área en yuca, número de cerdos, número de bovinos, número de equinos, peso promedio de aves machos, peso promedio de aves hembras, producción de huevos, incubación, venta de huevos, compra de huevos criollos, compra de huevos comerciales, procedencia de gallinas, costo de alimento por ave, costo de alimento por huevo, número de gallos, número de gallinas y número de gallinas que criaría; y se redujo la dimensionalidad del problema, descartando aquellas variables de bajo poder discriminante, utilizando como primer criterio de descarte el coeficiente de variación inferior al 60% y como segundo el coeficiente de correlación superior al 50%, en cuyo caso se descartó la variable dependiente.

RESULTADOS

Análisis de los grupos o sistemas de producción

El análisis permitió identificar nueve componentes principales, que explican el 71% de la varianza total; y así conformar seis conglomerados o sistemas de producción.

Grupo 1. Sistema finca de pequeñas extensiones con cobertura en café y capital pecuario pequeño representado en un 65% en aves

Este grupo reúne el 40,4% de las fincas estudiadas, los predios tienen un área promedio de 2,5 ha. El capital pecuario de este grupo asciende aproximadamente a USD$ 42,45, correspondientes al 7,7% de los ingresos brutos totales de la producción agropecuaria de la finca, el mayor aporte lo hacen las gallinas con el 65%, los cerdos con el 20,66% y los bovinos con el 14,34%. Se manejan parvadas de 5 a 6 gallinas. La alimentación de las aves es diversificada de acuerdo a la edad. Durante el crecimiento las pollitas consumen maíz molido, residuos de cocina y alimento comercial (Tabla 1); al crecer la alimentación de las gallinas depende de la recolección de insectos, gusanos, lombrices, hojas tiernas, estiércol, desperdicios y maíz en grano que se suministra como complemento a la ración. En la fase de producción, las aves reciben la misma dieta de la fase de crecimiento, complementada con alimento comercial (Tabla 2).

Las aves presentan características fenotípicas de gallinas “semipesadas”; con diferentes colores, un peso promedio a la edad adulta de 1,8 kg las hembras y 2,0 kg los machos. El 77% de estas aves provienen de la incubación natural en la misma finca y el 23% del intercambio con los vecinos. Las aves alcanzan la madurez sexual a los 7 meses de edad, con una producción anual de 175 huevos, de los cuales el 80% se destina para autoconsumo y el 20% para la incubación; el peso medio del huevo es de 57 g y la eclosión del 65%. La selección genética de los animales se realiza por tamaño del animal como único parámetro de selección.

El índice de mortalidad de las aves es de 25%. Entre las principales causas del deceso se encuentran las afecciones respiratorias, diarreas, viruela aviar, parásitos internos y externos. Para el tratamiento de las enfermedades se utilizan antibióticos como la oxitetraciclina y ambramicina; el metronidazol contra parásitos internos; el limón y el cañaguate (Tecoma spectabilis) para disminuir la fiebre. Es de destacar que no tienen establecido planes de vacunación, para estos animales, ni tienen conocimiento de los conceptos básicos de la bioseguridad, dentro de la producción animal.

El costo de producción por huevo es de USD$ 0,020 representados principalmente en maíz y alimento balanceado comercial. El costo de la mano de obra representa alrededor de USD$ 0,96 por gallina al mes, correspondiente a los 20 o 30 minutos gastados en el manejo de esta especie diariamente. Para suplir las necesidades alimenticias, la familia consume una gallina por mes y compra aproximadamente 24 huevos en el mismo periodo, de los cuales el 70% son de gallinas criollas que se adquieren en la misma zona a un precio de USD$ 0,074, que les permite alcanzar un consumo anual de 129 huevos per cápita.

Las mujeres encargadas del bienestar de las aves, tienen en promedio 47 años de edad, las protegen de los depredadores y de las inclemencias del medio ambiente con jaulas construidas en guadua y plástico; los nidos son rústicos, localizados dentro de la vivienda para evitar la depredación de los huevos por perros y animales silvestres. Los recipientes donde se ofrece la comida son de diferentes materiales, el agua de bebida es obtenida por las aves directamente de las acequias, riachuelos o charcos. El deseo de estas mujeres es el de tener una parvada de 22 gallinas criollas o de líneas comerciales para evitar la compra de huevos y contribuir a la seguridad alimentaria del núcleo familiar.

Grupo 2. Sistema finca de pequeñas extensiones dedicado a la producción de café y caña de azúcar, con capital pecuario pequeño del cual el 42% está representado en aves

Este grupo reúne el 10,6% de las fincas, los predios tienen un área promedio de 2,6 ha. La actividad pecuaria genera aproximadamente USD$ 70,49 de ingresos brutos al año, correspondientes al 10,37% de los ingresos de la actividad agropecuaria, de los cuales el 42% está representado en aves, el 36,5% en bovinos y el 21,5% en cerdos.

La gallina, especie más representativa, se maneja en parvadas de 8 animales sin gallo en forma tradicional, fenotípicamente poseen características de semipesadas, tiene un peso a la edad adulta de 2,0 kg. El 68% de estas aves provienen de la genética de la misma finca mediante incubación natural la que alcanza el 45% de eclosión, la selección se hace por tamaño y color del plumaje de los animales, el 32% restante es producto del intercambio con los vecinos, este tipo de aves alcanza la madurez sexual a los 7 meses de edad. El índice de producción de huevos alcanza el 28%, que representa 47 huevos al mes, con peso promedio de 60 g. El 74% de la producción se destina para autoconsumo y el 26% para incubación. Las aves se alimentan uno o dos veces por día, básicamente con maíz y se les administra alimento balanceado comercial en pequeñas cantidades. La mortalidad alcanza el 18% en fase de cría, causada por afecciones respiratorias, diarreas y viruela aviar. La oxitetraciclina y la penicilina son los fármacos preferidos; el limón es utilizado como un brebaje, no se practica la vacunación. El costo de producción de un huevo es de USD$ 0,032 representados en maíz. La mano de obra mensual utilizada en el cuidado de los animales se estima USD$ 0,087 por gallina al mes.

Las familias complementan las necesidades de alimentos con la compra de 14 huevos comerciales por mes, adquiridos en la tienda del casco urbano a un precio de USD$ 0,074. Lo que les permite lograr un consumo per cápita de 101 huevos por año.

Las aves de este grupo están a cargo de mujeres que tienen en promedio 44 años de edad, manejan las aves en un sistema extensivo. Una de las prioridades de la familia de este grupo es llegar a tener una parvada de 25 gallinas criollas manejadas con algunos criterios técnicos, para generar ingresos y evitar la compra de huevos.

Grupo 3. Sistema de fincas integrales pequeñas, donde la producción avícola representa el 25,3% del capital pecuario

Este grupo reúne el 8,5% de los predios, el área promedio de las fincas está alrededor de 0,75 ha. La actividad agrícola aporta aproximadamente USD$ 233 de ingresos brutos por año. Las aves representan el 65,8% del capital pecuario productivo, con USD$ 26,83; mientras los cerdos representan el 10,76%.

Manejan parvadas de 11 gallinas, las cuales presentan características fenotípicas de aves semipesadas y de diferentes variedades, el peso de los animales a la edad adulta es de 2,0 kg tanto para hembras como para machos; el 79% de los animales proviene del mercado local, el 12,5% de la incubación natural en la misma finca y el 8,5% del intercambio con los vecinos. Las gallinas alcanzan la madurez sexual a los seis meses de edad y logran una producción de 50,1% que representa 116 huevos al mes, de 56 g de peso cada uno, de los cuales el 60% se destina para autoconsumo, el 16,5% para incubación y el 23,5% restante para la venta. Los huevos incubados alcanzan el 24% de eclosión, y provienen de aves alimentadas básicamente con maíz, alimento comercial y acceso a pastoreo. El índice de mortalidad es de 26% y las principales enfermedades que la ocasionan son las afecciones respiratorias, las diarreas y la viruela aviar. El tratamiento cuando estas se presentan se hace, sin prescripción médico veterinaria, con oxitetraciclina, ambramicina, limón y cañaguate (Tecoma spectabilis).

Las familias de este grupo consumen aproximadamente 167 huevos per cápita año. El costo de producción de un huevo es de USD$ 0,0092 por concepto de alimentación, y el costo aproximado de la mano de obra por gallina alcanza a los USD$ 0,5385 al mes.

Las mujeres responsables del cuidado de las aves son amas de casa con una edad promedio de 47 años, las que manejan sus gallinas en corrales improvisados, sin especificaciones técnicas, construidos en materiales de la región y mallas metálicas. Su pretensión como alternativa económica es mantener una parvada de 40 gallinas.

Grupo 4. Sistema finca de pequeñas extensiones dedicado a la producción de caña con un capital pecuario representado en un 18,6% en aves

Este grupo se compone del 17% de las fincas encuestadas, las propiedades tienen un área promedio de 2,2 ha. Los ingresos brutos generados por la actividad pecuaria ascienden a USD$ 242,1 anuales aproximadamente, correspondientes al 20,23% de los ingresos brutos del sector agropecuario, del cual la especie avícola con USD$ 44,30 representa el 18,3% y los porcinos aportan el 11,6%.

En este grupo las gallinas también presentan características de semipesadas, se manejan en parvadas de 12 aves, se alimentan básicamente de maíz, y algo de alimento balanceado comercial. Además se les suministra caña de azúcar (Saccharum officinarum) picada como fuente de energía, bore (Alocasia macrorrhiza) o quiebra barrigo (Trichanthera gigantea) como fuente proteica y se hace la práctica habitual de pastoreo. Las aves, tanto hembras como machos, tienen en promedio 1,8 kg de peso vivo, son animales jóvenes que no han completado su crecimiento; el 98% de estas aves provienen de la incubación natural en la misma finca, tienen un índice de eclosión del 84% y la madurez sexual la adquieren a los siete meses de edad. El índice de mortalidad es del 26% al año, siendo responsables afecciones como “el moquillo” o coriza, la viruela aviar y el Newcastle, se usan antibióticos como la oxitetraciclina y penicilina para tratar las enfermedades; el limón también se utiliza con fines terapéuticos, no se hace ningún tipo de tratamiento preventivo, la vacunación no es una práctica común.

El porcentaje de producción de las aves es de aproximadamente el 50% que representa 126 huevos al mes, con peso promedio de 61 g, el 52% de la producción de huevos se destina para autoconsumo, el 17% para la incubación y el 31% para la venta. El costo de producción de un huevo es de USD$ 0,133 representado principalmente en la alimentación, y el costo de la mano de obra es de USD$ 0,533 por gallina que corresponde al tiempo que dedican al cuidado de esta especie al mes.

Las señoras encargadas de las gallinas tienen una edad promedio de 52 años, manejan sus gallinas en un sistema extensivo, utilizan como gallineros jaulas o árboles al aire libre, tienen los nidos construidos dentro de las viviendas, el agua y la comida les ofrecen en recipientes improvisados. Las familias de este grupo no compran huevos, tienen un consumo de 131 huevos per cápita año, ven en la explotación avícola una fuente de ingresos, la prioridad es tener una parvada de 28 gallinas criollas.

Grupo 5. Sistema finca de medianas extensiones dedicado a la producción de café y ganado bovino, la explotación avícola representa el 6,3% del capital pecuario

Este grupo reúne el 8,5% de las fincas que tienen un área promedio de 9 ha. El capital pecuario existente en la finca asciende a USD$ 316,2 que representa el 52,16% del total de la producción agropecuaria, siendo los bovinos los que representan el 87,8%, las gallinas el 6,3% y el 5,8% los cerdos.

En este grupo prevalecen parvadas pequeñas de 4 a 5 gallinas, con características fenotípicas de semipesadas, peso a la edad adulta de 2,0 kg para las hembras y 2,7 kg para los machos. No se tiene en cuenta ningún criterio de selección, aunque el 85% de estas aves provienen de la incubación en la misma finca, en la que se logra una eclosión del 77,5%. La producción de huevo es del 42,5% con peso medio unitario de 59 g y un costo de producción de USD$ 0,16. Los costos por manejo de estas aves llegan a USD$ 1,18 por gallina al mes. No se contempla un plan sanitario y no se aplican medidas preventivas. Las enfermedades como la viruela aviar y la coriza, que son las principales entidades patológicas responsables por la mortalidad del 23%, son tratadas con algunos antibióticos y limón, sin prescripción médico veterinaria.

Las mujeres de este grupo tienen en promedio 36 años de edad y su objetivo es llegar a 70 gallinas, sean criollas o comerciales. Compran mensualmente de 30 a 35 huevos y venden una gallina en el mismo periodo. El consumo de huevo está en 105 huevos per cápita año.

Grupo 6. Sistema finca de medianas extensiones dedicado a la producción ganadera, con el 2,8% del capital pecuario representado en aves

Este grupo reúne el 10,6% de las fincas encuestadas. Los predios tienen un área promedio de 8 ha. El capital pecuario se avaluó en USD$ 945,3 el renglón más representativo es el ganado bovino que aporta el 95,9%, seguido de las gallinas con el 2,93% y los cerdos con el 1,17%. En este grupo aunque la gallina no es un rubro importante, la población existente satisface la demanda de huevo del núcleo familiar. Son comunes las parvadas de siete a ocho aves, obtenidas por incubación en la misma finca. La producción de huevos alcanza el 59,1%, con peso medio de 57 g por huevo, y un costo unitario de producción de USD$ 0,0092. El costo mensual por ave es de USD$ 0,586. En este grupo no se tiene establecido para las aves planes de vacunación ni de vermifugación, razón por la cual enfermedades como la viruela aviar, Newcastle y el parasitismo causan el 19,4% de mortalidad. Los tratamientos curativos, ocasionalmente, se hacen con oxitetraciclina, penicilina y limón.

La edad promedio de las mujeres encargadas de las gallinas es de 37 años, tienen como meta mantener una parvada de 21 gallinas, como alternativa económica. Estas familias consumen una gallina al mes, comprada en la misma región y 196 huevos per cápita año.

DISCUSIÓN

Las gallinas hacen parte de las especies de huerta, la cría de las aves es realizada por mujeres en un sistema de crianza extensivo en el que durante la noche son confinadas en gallineros para su protección contra depredadores. El 100% de la población es para autoconsumo, fenómeno que posiciona a este tipo de explotación en un lugar importante dentro de las familias rurales desde el punto de vista socioeconómico, para ayudar a reducir el gasto de la familia en la compra de alimentos y favorecer el arraigo del aspecto cultural.

Las parvadas más numerosas se encuentran en los grupos de fincas 3 y 4, pero en general, están integradas en promedio por 7 u 8 gallinas, situación que se repite en zonas rurales de México y del Valle del Cauca en Colombia (Valencia y Betancourth, 1991; Palma y Vargas, 2000), esto demuestra que la explotación de la gallina criolla es común en las familias campesinas de los países latinoamericanos, pero que como resultado de la poca importancia que se le ha dado, no suple las necesidades de los núcleos familiares conformados por cinco o más personas. En cambio, en Puerto Rico, familias indígenas que mantienen parvadas de 10 a 15 gallinas, generan ingresos económicos y están acordes con el consumo promedio per cápita de huevos del país (Lok y Méndez, 1998). Con respecto a la interacción entre el área del predio y el capital pecuario, las gallinas hacen mayor aporte al capital y se tornan más importantes como principal fuente de alimento a medida que disminuye el área de la finca y las familias poseen menos extensión de tierras.

El sistema de producción usado por la totalidad de las familias, es la cría extensiva con el propósito de abaratar costos. Las dietas de las aves están compuestas de una amplia variedad de productos, como los desperdicios de cocina, maíz, plátano, caña de azúcar picada, etc., como fuentes de energía complementadas con alimentos que las aves recolectan en las áreas de pastoreo, como arañas, lombrices, insectos y ranas, que aportan la proteína; este mismo sistema es usado por el 65% de los agricultores en el Valle del Cauca y en el 100% de los sistemas aplicados por las comunidades del Pacífico colombiano (Valencia y Betancourth, 1991; Álvarez, 1998). Estos sistemas productivos se han generalizado principalmente porque las aves se han adaptado a condiciones adversas de ladera, humedad y sombra en zonas del trópico, lo que les ha permitido desarrollar la capacidad de ser autosuficientes en la consecución del agua y alimento (Leal y Lok, 1998).

En cuanto a la cantidad del alimento, los agricultores ofrecen diariamente entre 20 y 30 g de maíz a cada ave, cantidad que representa el 80% de la ración, la cual se distribuye en dos comidas. Este tipo de dieta genera competición directa entre aves y cerdos, causada por la dependencia del mismo alimento de las dos especies, lo que hace que el impulso a una de las especies incurra en disminución de la otra, que según Figueroa y Rodríguez (1994) y Vargas (1996) explican el porqué el cerdo sea la especie que tiene la menor participación en el capital pecuario, mostrándose menos importante, como observado en la zona de estudio.

El manejo sanitario de las aves bajo las condiciones de las familias campesinas es muy precario, hacen tratamiento de enfermedades con remedios caseros, no se aplican los programas de vacunación por desconocimiento y deficiente disponibilidad de productos; las afecciones respiratorias, la diarrea, el Newcastle y los parásitos externos e internos son las principales causas de mortalidad en los grupos 1, 3 y 4, con un promedio del 23%. Los resultados observados se encajan dentro de los índices de mortalidad para estos tipos de sistemas de producción, caracterizados por ser muy variables y estar estrechamente relacionados con la edad de los animales en ocasiones llegando al 50 o 70% hasta las 2 semanas de edad y al 30 o 40% en aves adultas (Palma y Vargas, 2000; Xavier et al., 2011; Jacob et al., 2014).

Entre los parámetros productivos, la madurez sexual o edad al primer huevo, se logra entre los 180 y 210 días. El peso promedio de los huevos es de 58 g, con un peso corporal de las hembras y machos en promedio de 1,9 y 2,1 kg, respectivamente. Estos parámetros se encuentran dentro del intervalo encontrado en México entre 120 y 365 días, peso promedio del huevo de 50 g y peso corporal de los animales de 1,8 a 1,9 kg a la edad de 15 meses (Palma y Vargas, 2000). El promedio de producción fue del 46,3% siendo el grupo 6 el de mayor índice con 59,1% y el grupo 2 el de menor producción con 28%. El período de pausa ovárica 29,7% y 19,6% de días de descanso, respectivamente (Juárez-Caratachea y Ortiz, 2001). Los mayores índices de eclosión se presentan en los grupos 4, 5 y 6 con 84%, 77,5% y 73,8%, respectivamente, y en el grupo 3 el menor índice con el 24%, para un promedio general de 61,5%, que coinciden con los resultados de Juárez-Caratachea y Ortiz (2001), quienes al incubar huevos de gallinas criollas recolectados en zonas rurales de México, con similar estructura genética obtuvieron 58,5% de eclosión.

Con respecto a las personas encargadas a la actividad avícola, se encontró que en el 100% de las fincas, las aves están al cuidado de la señora de la casa, cuyas habilidades han sido heredadas de sus ancestros y mejoradas con sus experiencias, sin haber recibido nunca capacitación técnica de entes estatales o instituciones privadas sobre la crianza de aves. Wieman y Leal (1998) sostienen que a la mujer campesina se le debe considerar un componente del ecosistema Andino, porque es la responsable no solo de resaltar el valor de los recursos genéticos en los Andes, sino también en la función que cumple en la conservación y utilización de la biodiversidad.

Estos resultados parecen evidenciar la poca importancia dada a las gallinas criollas, a las que se desprecia y se permite su desaparición por incompatibilidad con la moda o por la intensa propaganda a favor de tipos exóticos mejorados, sin previo estudio de las ventajas y riesgos de su producción.

Con respecto a la producción de huevos obtenida por los agricultores, el 65% de esta se destina para autoconsumo, superior en el 18% al encontrado por Valencia y Betancourth (1991) en el Valle del Cauca. En cuanto al consumo de huevos per cápita anual, los grupos 6 con 195 huevos y 3 con 167 son los de mayor índice, mientras que los grupos 2 y 5 con 101 y 105 unidades respectivamente, registran los menores consumos. El promedio en general para la zona es de 138 unidades per cápita año, inferior al promedio nacional en 90 unidades, para el año 2012 (Fenavi, 2014). Según Laredo y Cuesta (1990), el valor biológico del huevo es de 93,7%, superior al de la leche, del pescado, carne, fríjol, soya y leguminosas seca, circunstancia que pone a los agricultores en una posición privilegiada, por disponer de este producto en sus fincas.

CONCLUSIONES

En la zona de estudio las especies animales explotadas por el agricultor tienen relación entre sí, de tal manera que el impulso que se le da a una de ellas deprime el desarrollo de la otra, como es el caso de las aves domésticas y los cerdos los cuales compiten por el mismo alimento, situación que explica el porqué en las fincas estudiadas, los cerdos nunca fueron más importantes que las gallinas.

La cría de gallinas es una actividad arraigada dentro de la familia campesina, debido a la facilidad con que se desarrollan estos animales, al corto periodo de crecimiento en comparación con los cerdos, bovinos y ovinos, así como, por la baja inversión de capital inicial que se requiere para su explotación, además del alto grado de adaptación que han alcanzado estos animales a las condiciones climáticas adversas.

La avicultura de traspatio es una actividad importante en las comunidades rurales, que se complementa con las demás prácticas productivas realizadas en el campo, aporta nutrientes a la dieta cumpliendo la función de transformar productos de origen vegetal y residuos en proteína de origen animal; y está en estrecha relación con el área de la finca, teniendo mayor importancia a medida que el área de la finca disminuye.

El manejo sanitario de las gallinas en esta zona rural es precario, los campesinos hacen tratamientos de enfermedades con medicamentos caseros, no vacunan ni desparasitan, quedando a merced de las afecciones respiratorias, la diarrea y el Newcastle, principales causas de los altos índices de mortalidad. Los productores no reciben asistencia médico veterinaria y desconocen la norma sanitaria nacional y los puntos críticos para mantener la bioseguridad de la finca.

Con respecto a los índices de producción y eclosión, son buenos, si se tienen en cuenta las deficiencias alimenticias a las que son sometidas las aves, en comparación con los parámetros que se manejan en la avicultura industrial. En cambio, el pobre índice de crecimiento y las altas tasas de mortalidad son el reflejo del bajo nivel tecnológico en que se encuentra esta actividad productiva, por lo que el futuro del agroecosistema de traspatio como alternativa para generar alimento es incierto.

AGRADECIMIENTOS

Los autores expresan sus agradecimientos a la Vicerrectoría de Investigaciones y Postgrados de la Universidad de Caldas por la financiación del proyecto.

REFERENCIAS

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1.  M.Sc. Esp. en Sistemas de Producción Agropecuaria. Agricultura para el Departamento de Nariño –AGDENAR–. Pasto, Colombia. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2.    Ph.D. M.Sc. Profesor Departamento de Salud Animal, Grupo de investigación en Nutrición, Metabolismo y Seguridad Alimentaria. Universidad de Caldas, Manizales, Colombia. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3.     Estudiante Programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Universidad de Caldas, Manizales.

Para citar este artículo: Tovar-Paredes, J.L., Narváez-Solarte W., Agudelo-Giraldo l. (2014). Tipificación de la gallina criolla en los agroecosistemas campesinos de producción en la zona de influencia de la selva de Florencia (Caldas). Revista Luna Azul, 41, 57-72. Recuperado de http://200.21.104.25/lunazul/index.php?option=com_content&view=article&id=103

VALORACIÓN Y ANÁLISIS DE INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD EN SEIS UNIDADES DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA DE LA CUENCA MEDIA DEL RÍO CHINCHINÁ

Paola Andrea Calderón Cuartas¹ & Gloria Yaneth Flórez Yepes²

Recibido el 31 de marzo de 2014, aprobado el 22 de agosto de 2014 y actualizado el 27 de abril de 2015

DOI: 10.17151/luaz.2015.41.5

RESUMEN

En la cuenca media del río Chinchiná se seleccionaron seis unidades de producción agropecuaria con aplicación de estrategias de producción más limpia, con el fin de conocer el nivel de sostenibilidad para cada una, adaptando la metodología de indicadores de sostenibilidad propuesta por ASPROINCA (Arango, 2003). Las variables medidas fueron: seguridad alimentaria, mercado, dependencia de insumos externos, mano de obra, conservación de agua, de suelo y de bosque, nivel de complejidad del sistema, nivel de reciclaje, nivel de integración de subsistemas, compromiso familiar, formas organizativas de trabajo y valores ambientales. El gráfico tipo redegrama generado por el ejercicio de valoración y análisis de dichos indicadores, le permite al propietario del predio reconocer las debilidades y fortalezas de su unidad productiva respecto a temas económicos, ecológicos y socioculturales, identificando puntos críticos para la priorización de actividades de sostenibilidad. Los resultados demuestran que cada unidad productiva tiene aspectos particulares respecto al uso de recursos. Los aspectos que afectan actualmente la sostenibilidad de los predios estudiados fueron la alta dependencia de insumos externos y la baja competitividad en los mercados. Los valores ambientales y la conservación de recursos naturales, agua, suelo y bosque, son factores positivos característicos de las unidades productivas que participaron en el proyecto.

PALABRAS CLAVE

Variables ecológicas, variables económicas, variables socioculturales, producción más limpia, sostenibilidad.

ASSESSMENT AND SUSTAINABILITY INDICATORS ANALYSIS OF SIX AGRICULTURAL PRODUCTION UNITS IN THE MIDDLE BASIN OF THE CHINCHINÁ RIVER

ABSTRACT 

Six agricultural production units applying cleaner production strategies were selected in the middle basin of the Chinchina river (Caldas, Colombia), in order to establish each unit sustainability level, adapting the sustainability indicators methodology proposed by ASPROINCA (Arango, 2003). The measured variables were: food security, markets, dependence on external supplies, labor, conservation of water, soil and forest, level of the system complexity, level of recycling, level of subsystems integration, family commitment, organizational forms of work and environmental values. The network type pictogram generated through the assessment and analysis exercise of such indicators allows the farmland owner to recognize the strengths and weaknesses of his production unit regarding economic, ecologic and socio-cultural issues, and to identify critical points for prioritization of sustainability activities. The obtained results show that each production unit has distinctive features about resources usage..The main aspects with mayor impact on sustainability of the studied farmlands were the high dependency of external supplies and the low competitiveness in the markets. The environmental values and the conservation of natural resources -water, soil and forest- are characteristic positive factors of the production units considered in this study.

KEY WORDS

Ecological variables, economical variables, socio-cultural variables, cleaner production, sustainability. 

INTRODUCCIÓN

El enfoque de Producción Más Limpia –PML– ha logrado importantes avances en países desarrollados relacionados con la prevención de la contaminación, la eficiencia en el uso de recursos naturales y la minimización de residuos, logros establecidos a partir de la investigación, la planeación, la capacitación, la educación ambiental y la creación de instrumentos económicos y regulatorios claves. Por su parte, en países en desarrollo, se han identificado algunos factores comunes que pueden restringir la aplicación de estrategias de PML, entre los cuales se destacan: “la falta de información sobre el estado actual de la calidad ambiental y la falta de claridad sobre cómo reestructurar los procesos de producción, para lograr incrementar la productividad al tiempo que se reducen los impactos ambientales” (Minambiente, 1997, pag 35). Así mismo, se ha justificado la lentitud de la reconversión productiva hacia una mejor gestión ambiental por:

[…] la resistencia al cambio como un problema cultural y por la dificultad de acceso a la información y a la financiación; igualmente el enfoque hacia mercados locales reduce las exigencias ambientales que pueden presentarse en las exportaciones hacia mercados globales. (CNPMLTA-CECODES, 2000, p. 2)

Estudios realizados por investigadores nacionales e internacionales (Mora et al., 2011; Villanueva et al., 2011) demuestran la importancia del conocimiento local en el contexto rural, con el fin de analizar las estrategias de manejo en los sistemas productivos:

Muchos de los recursos a nivel local son desaprovechados tanto por desconocimiento como por lo que los mismos productores llaman inmediatismo, es decir, el reconocimiento práctico que muchos campesinos tienen de que con el uso de insumos químicos se disminuye de manera espectacular el tiempo y el esfuerzo que se hace necesario destinar para ciertas labores del cultivo: desyerba, abono, control de plagas y enfermedades. (Flórez, 2011, p. 28)

Un factor importante en el momento de promover estrategias de producción más limpia en el sector agropecuario tiene que ver con la valoración de los indicadores de sostenibilidad asociados a estos procesos, la cual facilita a todos los actores involucrados en el tema (organizaciones no gubernamentales, corporaciones ambientales, entidades públicas y privadas, asociaciones de productores, certificadoras, instituciones académicas) ajustar y enriquecer conjuntamente los procesos de planeación regional y nacional de la sostenibilidad en este sector.

El enfoque participativo en la identificación de buenas prácticas ha evolucionado gracias a los esfuerzos por mejorar el desarrollo y la difusión de tecnologías. Urrego (1989, p. 38) anota que “se dan altos niveles de adopción que no necesitan acciones de transferencia cuando las soluciones tecnológicas, corresponden a las expectativas de los productores”. Incluir a los productores en los diagnósticos para la toma de decisiones, debe constituirse en una estrategia para lograr la anhelada sostenibilidad, reflejada en el equilibrio de factores ecológicos, económicos y socioculturales.

En este sentido, los indicadores de sostenibilidad valorados por los productores, así como los procesos de planeación participativos pueden favorecer el uso sostenible de los recursos, en pro del bienestar de los productores: “La planificación participativa de fincas constituye una herramienta básica para incrementar la producción, mejorar el bienestar de la familia y conservar los recursos naturales” (Mora e Ibrahim 2005, p. 5); teniendo en cuenta que “el manejo de los recursos naturales es permeado permanentemente por la racionalidad de las familias productoras, las prácticas culturales que realiza, los objetivos de su producción, las restricciones ambientales de su entorno y las oportunidades de mercado” (Calderón et al., 2011, p. 34), la identificación de los indicadores de sostenibilidad por cada uno de los miembros del hogar no solo permite una buena planificación, sino que también facilita el proceso de apropiación y sentido de pertenencia por su entorno, lo que puede garantizar un mejoramiento continuo y sostenible en el tiempo.

En el proyecto denominado “Evaluación de los beneficios socioambientales generados por estrategias de producción más limpia implementadas en unidades agropecuarias de la cuenca media del río Chinchiná”, realizado en el marco de la línea de investigación en Saneamiento, Desarrollo y Gestión Ambiental del Grupo de Investigación en Desarrollos Tecnológicos y Ambientales –GIDTA– de la Universidad Católica de Manizales, se planteó como objetivo específico: Establecer indicadores de sostenibilidad para la verificación de la calidad ambiental de sistemas de producción agropecuaria que han implementado estrategias de producción más limpia.

Los indicadores permiten medir una situación específica, con el fin de analizar su evolución a lo largo del tiempo. De acuerdo con los planteamientos de Quiroga (2009, p. 24):

[…] la existencia de problemas ambientales y de sostenibilidad del proceso de desarrollo exige intervenciones y políticas públicas basadas en evidencia e información clara y transparente. De ahí la importancia de concentrar esfuerzos y recursos en la producción de información seleccionada, priorizando aquella que sea clave para mejorar la eficacia de las decisiones. Los indicadores son una buena herramienta para esta tarea, ya que permiten sintetizar información sobre una realidad compleja y cambiante.

Para establecer los indicadores se caracterizaron los sistemas de producción y se consideraron variables económicas, ecológicas y socioculturales, las cuales fueron valoradas por los productores a través de un instrumento que permitió conocer el estado de sostenibilidad en que se encuentra su sistema productivo, a la vez que permite generar un insumo importante para los procesos de planificación predial.

MÉTODOS Y MATERIALES

A partir de la identificación de seis unidades de producción agropecuaria ubicadas en la cuenca media del río Chinchiná en los municipios de Villamaría, Chinchiná, Manizales y Palestina que han integrado estrategias de PML en sus procesos productivos, se determinaron los indicadores de sostenibilidad para la verificación de la calidad ambiental de los sistemas de estudio.

Estos indicadores basados en la propuesta ASPROINCA (Arango, 2003), se refieren a la aplicación de criterios para medir el grado de sostenibilidad a nivel económico, ecológico y sociocultural que presenta el sistema de producción, mediante la asignación de valores en una escala de 1 a 5, donde al final de la aplicación de cada indicador, aparece un sistema de alarma por colores, que alerta sobre los puntos críticos. Posteriormente se obtiene una gráfica en forma de redegrama³, que indica las debilidades y fortalezas desde el punto de vista de la sostenibilidad, la cual permite además de conocer los beneficios ambientales y sociales generados por las estrategias implementadas, priorizar acciones que contribuyan a una planificación acertada.

Al evaluar, bajo los mismos parámetros luego de un tiempo, se notará dónde se ha acertado, dónde se ha retrocedido o detenido y qué aspectos hay que potencializar.

Las variables consideradas para cada indicador fueron:

Indicadores económicos: dentro de los indicadores económicos se tuvieron en cuenta la seguridad alimentaria, el mercado, la dependencia de insumos externos y la mano de obra.

Indicadores ecológicos: dentro de estos indicadores se consideraron la conservación del bosque, conservación de los suelos, nivel de complejidad del sistema (el cual está asociado a la capacidad que tiene la finca de tener diferentes sub-sistemas), el nivel de reciclaje y el nivel de integración del sistema.

Indicadores socioculturales: dentro de estos indicadores se tuvo en cuenta la integración familiar, las formas organizativas de trabajo y los valores ambientales los cuales se espera que se transmitan de generación en generación en la familia.

La explicación de cada indicador se presenta en el Anexo 1: Aplicativo Excel de Indicadores de Sostenibilidad.

Con el fin de propiciar el acercamiento con los productores, obtener información y facilitar la selección de las unidades agropecuarias a evaluar, se realizaron conversaciones con el Servicio de Extensión de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia –FNCC– y Unidades Municipales de Desarrollo Rural –UMDP–.

Los predios fueron seleccionados considerando los siguientes criterios:

·         Implementación de estrategias de producción más limpia.

·         Diversificación de la producción.

·         Propietarios con cualidades de liderazgo comunitario.

·         Propietarios con disposición a participar del proyecto y ser evaluados.

El trabajo de campo incluyó: visitas de reconocimiento de las fincas y las estrategias de producción más limpia implementadas, así como la aplicación de instrumentos para la recolección de la información como es el caso del aplicativo de Excel para medir los indicadores de sostenibilidad (Figura 1).

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Una vez analizada la información de los predios que cumplían con los criterios establecidos para el proyecto, fueron seleccionados los siguientes: finca Villa Rosa (vereda El Rosario, Manizales), Asociación Rural Mujer Agente de Cambio (vereda Nuevo Río Claro, Villamaría), finca La Aurora (vereda El Pindo, Villamaría), finca San Ignacio⁴ (vereda El Guacamayo, Chinchiná), Granja Agroecológica El Albergue Azul (vereda Alto del Naranjo, Manizales), hacienda Guayabal (vereda Guayabal, Chinchiná), cada uno con diferentes sistemas de producción.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

1) Finca San Ignacio, vereda El Guacamayo, municipio de Chinchiná

La finca San Ignacio está localizada en la vereda El Guacamayo, municipio de Chinchiná (Caldas) a 1590 msnm. La familia Alzate-Echeverri está conformada por la señora Marta Elena Echeverri y su esposo José Orlando Alzate, quienes son propietarios de la finca desde el año 2008. La finca cuenta con un área de 10,5 cuadras y su sistema de producción principal es el cultivo de café variedad Colombia y el plátano Dominico Hartón. La mano de obra es familiar y contratada, contando con asistencia técnica del Comité de Cafeteros, y capacitaciones según demanda de la comunidad por parte de la Central Hidroeléctrica de Caldas –CHEC– y el Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA–.

Este predio, se caracteriza porque sus habitantes poseen valores ambientales y liderazgo comunitario, lo que se evidencia en la diversificación agropecuaria del sistema, las buenas prácticas, la conservación de recursos naturales, la integración de subsistemas de producción, el trueque de productos y la recuperación de especies agrícolas con valor nutricional para la seguridad alimentaria de la familia y la comunidad. En esta finca se han implementado estrategias de producción más limpia relacionadas con la conservación de recursos naturales y la reducción de materias tóxicas y desechos.

Con respecto a los indicadores de sostenibilidad, la mayoría de los indicadores se encuentran en un nivel alto (valor entre 4 y 5), sin embargo, uno de los aspectos por mejorar en la finca como se visualiza en la siguiente figura, es la alta dependencia de insumos externos y la articulación con el mercado de productos diferentes al café y al plátano, indicadores que se encuentran en niveles medio bajo (valores 2 y 3, respectivamente) (Figura 2).

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2) Hacienda Guayabal, vereda Guayabal, municipio de Chinchiná

La hacienda Guayabal está localizada en la vereda Guayabal, municipio de Chinchiná (Caldas) a 1380 msnm. La señora María Teresa Londoño heredó la finca de 83 cuadras, la cual es propiedad de su familia desde hace 58 años. Los principales sistemas de producción de la finca son el café y el agroturismo.

La mano de obra es familiar y contratada, contando con asistencia técnica del Comité de Cafeteros, y capacitaciones según demanda de la comunidad por parte de la Fundación Manuel Mejía y el SENA.

La hacienda Guayabal del municipio de Chinchiná se dedica al agroturismo asociado al sistema de producción cafetero, donde se han implementado estrategias de PML orientadas principalmente hacia la conservación de los recursos naturales: agua, suelo, biodiversidad. Esta hacienda ha tenido avances significativos en su sistema productivo, en la aplicación de buenas prácticas agrícolas y en la transformación tecnológica del proceso del café, así como en la implementación de buenas prácticas en el servicio de turismo.

Frente a la valoración de los indicadores de sostenibilidad, los que se encuentran en un nivel medio (valor 3) son los relacionados con: la dependencia de insumos externos, el mercado, la seguridad alimentaria, el nivel de integración del sistema, nivel de complejidad del sistema y las formas organizativas del trabajo, considerándose que estos son los aspectos más importantes a tener en cuenta en el momento de proyectar las posibles mejoras de la finca en el proceso de planificación predial (Figura 3).

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3) Finca Villa Rosa, vereda El Rosario, municipio de Manizales

La finca Villa Rosa está localizada en la vereda El Rosario, municipio de Manizales (Caldas) a 1400 msnm. La propietaria, María Emilia Jaramillo de Arango, madre del administrador de la finca, Francisco Arango, ha conservado la finca desde hace 80 años, la cual cuenta con 29 cuadras de café y plátano principalmente.

La mano de obra es familiar y contratada, contando con asistencia técnica de un agrónomo y del Comité de Cafeteros, y capacitaciones según demanda de la comunidad por parte del SENA. Esta finca cuenta con certificación vigente en café sostenible UTZ, la cual consiste en el cumplimiento de requisitos relacionados con mejores prácticas en el sistema de producción, mejores condiciones laborales, uso sostenible de recursos naturales, con un enfoque de mejora continua.

A pesar de contar con la certificación UTZ, algunos aspectos por mejorar en la finca Villa Rosa son la alta dependencia de insumos externos, el nivel de complejidad del sistema, además de fortalecer los valores ambientales, la seguridad alimentaria y diversificar la producción para la venta (Figura 4).

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4) Finca La Aurora, vereda El Pindo, municipio de Villamaría

La finca La Aurora está localizada en la vereda El Pindo, municipio de Villamaría (Caldas) a 2400 msnm. El propietario, Francisco Arango, ha conservado la finca desde hace 30 años, la cual cuenta en total con 370 cuadras entre pastos para sistema de producción lechera, reforestación articulada al Proyecto Forestal para la Cuenca del Río Chinchiná –PROCUENCA– y sistema de producción porcícola.

La mano de obra es familiar y contratada, contando con asistencia técnica de un médico veterinario zootecnista y de la Asociación Nacional de Porcicultores, la cual facilitó la obtención de la Certificación en Buenas Prácticas Ganaderas –BPG– en la producción porcícola que otorga el Instituto Colombiano Agropecuario –ICA– con el fin de dar cumplimiento de la normatividad sobre inocuidad en la producción de carne de cerdo (Resolución 2640 de 2007 expedida por el ICA). Para lograr la certificación la finca debe garantizar la sanidad animal y bioseguridad de la granja a través de plan de vacunación, plan sanitario, plan de emergencias, procedimientos de limpieza y desinfección, manejo ambiental y disposición de mortalidades, gestión de riesgos sanitarios, biológicos y químicos en la producción de carne de cerdo. Además, se cuenta con la generación de bioabono para fertilización orgánica de pasturas a partir de un tanque estercolero.

Esta finca cuenta con un área total destinada a la conservación y reforestación de 99 cuadras de relictos de bosque, plantaciones forestales, cercas vivas, linderos maderables con especies maderables, forrajeras y de servicios ecosistémicos como: pino, eucalipto, aliso, encenillo, yarumo, drago, cedro negro, botón de oro y tilo.

A pesar de contar con la certificación en BPG, algunos aspectos por mejorar en la finca La Aurora son la alta dependencia de insumos externos, la seguridad alimentaria, la diversificación de la producción para la venta, además de fortalecer los valores ambientales y el nivel de complejidad del sistema (Figura 5).

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5) Granja Agroecológica El Albergue Azul, vereda Alto del Naranjo, municipio de Manizales

La Granja Agroecológica El Albergue Azul está localizada en la vereda Alto del Naranjo, municipio de Manizales (Caldas) a 1800 msnm. La propietaria, señora Cecilia Rivas, vive en la finca con su esposo desde el año 1987. Este predio tiene un área de 1,7 hectáreas, dedicadas a la filosofía de “protección de la biodiversidad”.

La mano de obra es familiar, contando con asistencia técnica del Comité de Cafeteros, y capacitaciones según demanda por parte de Aguas de Manizales, y el Jardín Botánico de la Universidad de Caldas. Esta finca contó con certificación de producción ecológica ECOCERT, aunque actualmente no está vigente por altos costos de la refrendación.

La familia Acevedo-Rivas se caracteriza por la tradición campesina, por los conocimientos y la experiencia en producción agroecológica, así como por la promoción de procesos asociativos y educativos en la vereda.

El sistema productivo es totalmente orgánico, el cual favorece la conservación de biodiversidad y semillas de especies tradicionales, uso sostenible de recursos naturales, diversificación de la producción agropecuaria, mantenimiento de huerta casera para autoconsumo y venta de excedentes.

Asimismo, la granja se beneficia del Convenio World-Wide Opportunities on Organic Farms (WWOOF) por el cual frecuentemente se cuenta con la visita de turistas extranjeros, con los cuales se realiza un trueque de alojamiento y alimentación por aprendizaje a partir de trabajo en la granja. Además, se obtienen ingresos económicos por la venta de café marca El Albergue Azul.

Con respecto a los indicadores de sostenibilidad, se puede observar el excelente desempeño socio-ambiental de la granja. Se deben mejorar los aspectos relacionados con la economía del sistema productivo (Figura 6).

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6) Asociación Mujer Rural Agente de Cambio, vereda Río Claro, municipio de Villamaría

Esta asociación, liderada por la señora Beatriz Sierra Duque, se encuentra ubicada en la vereda Río Claro del municipio de Villamaría (Caldas). Las mujeres que integran AMRAC se dedican a la producción agroecológica de tomate y otros productos de pancoger como maíz y fríjol. Las estrategias de producción más limpia implementadas están relacionadas con sistemas agroforestales, disminución de residuos tóxicos y manejo de residuos sólidos.

La Asociación Mujer Rural Agente de Cambio está conformada por 25 miembros. Se obtuvo la personería jurídica desde junio de 2012 e inició actividades con la capacitación del SENA sobre producción de tomate, para lo cual se realizó el montaje del invernadero en la casa de la presidente de la Asociación. Por falta de experiencia de las miembros de la asociación hubo pérdida en la primera cosecha y debido a que no hubo remuneración económica, y a la característica de quienes conforman la asociación: mujeres cabeza de hogar, esta se debilitó y en la actualidad solo se cuenta con seis personas activas en el cultivo como tal, el cual se rota con cultivo de habichuela.

En la mayoría de los patios de las casas se cuenta con pequeñas huertas en las que se cultiva maíz, fríjol, cilantro, cebolla larga, yuca, arracacha, mafafa, entre otras hortalizas.

Se considera que se cuenta con un uso sostenible del suelo, ya que se cuenta con prácticas como la incorporación de abonos orgánicos basados en gallinaza, pulpa de café y residuos de cocina.

Con respecto a los indicadores de sostenibilidad, las variables económicas, ecológicas y socioculturales se encuentran en un nivel medio y bajo, debido al proceso incipiente de la asociación, que aunque cuenta con valores ambientales, las circunstancias sociales no favorecen los demás aspectos (Figura 7). 

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CONCLUSIONES

La metodología de indicadores adaptada en este estudio para la generación de redegramas a partir de la valoración de indicadores de sostenibilidad en cada unidad productiva, permite la visualización del estado de los predios en términos de sostenibilidad, a la vez que facilita los procesos de planificación.

En la mayoría de los predios uno de los aspectos por mejorar es el relacionado con la alta dependencia de insumos externos, esto se debe a que aún se siguen aplicando insumos químicos, especialmente en momentos de presencia de plagas y enfermedades de alta incidencia y fácil propagación. Los insumos externos también incluyen los alimentos comprados, debido al fenómeno de falta de huertas en la mayoría de las fincas.

En la Asociación Rural Mujer Agente de Cambio, se obtuvo el menor nivel de valoración en la mayoría de los indicadores de sostenibilidad, situación que se hace comprensible dado que apenas se está iniciando el proceso de implementación de estrategias de producción más limpia.

La conservación del agua, es el indicador ecológico que presenta mayor nivel de valoración en la mayoría de los predios, esto se debe a que hay una alta sensibilización y cultura de cuidado de este recurso natural.

El mercado es un indicador económico que presenta en general bajos niveles de valoración, los propietarios manifiestan que aún no existe disposición de pagar por parte de los consumidores para adquirir un producto inocuo, lo que hace que los productos agropecuarios generados a partir de un proceso agroecológico y de buenas prácticas, no tengan un precio especial por su valor agregado.

En cuanto a la seguridad alimentaria son pocos los predios donde se puede asegurar permanentemente, en áreas específicas como las huertas o asociadas al sistema productivo, una base alimentaria que incluya los productos agrícolas y productos pecuarios que garantice la alimentación de la familia y la producción de excedentes (incluyendo forrajes) para la alimentación de los animales.

Para disminuir los riesgos y asegurar un flujo permanente de ingresos, los predios deben proveer una variedad de productos que se comercialicen, en este sentido, a mayor número de productos mejor será la situación del productor.

Una finca presenta mayor grado de sostenibilidad si hay una baja dependencia de insumos externos, los cuales pueden estar representados en compra de insumos agrícolas y pecuarios, alimentos, materiales para construcción y otros.

La sostenibilidad de las estrategias de PML permanecerá en la familia siempre que se recuperen, mantengan y transmitan los valores ambientales que se reflejen en las actividades que realiza la familia en su sistema productivo.

Es importante anotar que este estudio tendrá continuidad a partir del proyecto iniciado en el año 2014: “Análisis de Estrategias de Producción más Limpia en el Sistema de Producción del Plátano (Musa spp.), en el municipio de Manizales”.

AGRADECIMIENTOS

Las autoras presentan sus agradecimientos a los productores propietarios de las fincas de estudio: Beatriz Sierra (Nuevo Río Claro, Villamaría), Cecilia Rivas (Alto del Naranjo, Manizales), Marta Elena Echeverri y José Orlando Alzate (El Guacamayo, Chinchiná), María Teresa Londoño (Guayabal, Chinchiná) y Francisco Arango (El Pindo, Villamaría; El Rosario, Manizales) por su participación activa en el proyecto. Al Servicio de Extensión del Comité Departamental de Cafeteros de Caldas y a las Unidades Municipales de Desarrollo Rural de Manizales y Chinchiná por la asesoría brindada. Al Centro de Investigación, Proyección y Desarrollo de la Universidad Católica de Manizales, por la financiación del estudio y las gestiones realizadas para la ejecución satisfactoria del proyecto.

POTENCIAL CONFLICTO DE INTERESES

No hay conflicto de intereses.

FUENTES DE FINANCIACIÓN

Este artículo es resultado del proyecto “Evaluación de los beneficios socioambientales generados por estrategias de producción más limpia implementadas en unidades agropecuarias de la cuenca media del río Chinchiná”, realizado en el marco del Grupo de Investigación en Desarrollos Tecnológicos y Ambientales –GIDTA– durante los años 2012-2013 y financiado por el Centro de Investigación, Proyección y Desarrollo de la Universidad Católica de Manizales.

REFERENCIAS

·         Arango, H. (2003). Planificación predial participativa. CD-ROOM. Fundación Centro para la Investigación en Sistemas Sostenibles de Producción Agropecuaria, CIPAV, Cali, Colombia.

·         Calderón, P.A. et al. (2011). Planificación participativa de fincas de aprendizaje: el caso de Colombia. En Cristóbal Villanueva, Claudia J. Sepúlveda y Muhammad Ibrahim (Eds.). Manejo agroecológico como ruta para lograr la sostenibilidad de fincas con café y ganadería (pp. 29-50). 1 ed. Turrialba, CR: CATIE.

·         CNPMLTA-CECODES. (2000). Producción más limpia en Colombia. Conceptos sobre motivaciones y obstáculos para su implementación en Colombia. Medellín, Colombia. 12 p.

·         Flórez, D.R. (2011). La transformación productiva de la finca campesina. Respuesta de los productores a la crisis cafetera. En Jairo Mora Delgado et al. Medios de vida y materiales orgánicos en fincas campesinas (pp. 23-37). Ibagué: Universidad del Tolima, Red Alma Máter.

·         Ministerio de Medio Ambiente. (1997). Política Nacional de Producción más Limpia. Bogotá: Minambiente pag 35.

·         Mora, J. et al. (2011). Medios de vida y materiales orgánicos en fincas campesinas. Ibagué: Universidad del Tolima, Red Alma Máter.

·         Mora Delgado, J. e Ibrahim, M. (2005). Diversificación de fincas pecuarias: estrategia de vida para aliviar la pobreza rural. Memorias de Conferencia Electrónica. LEAD-FAO-CATIE Turrialba Costa Rica. Formato html, 60 kb. 17p. Recuperado el 31 de marzo de 2006 de http://www.virtualcentre.org/es/ele/conferencia4/síntesis.htm

·         Quiroga, Rayén. (2009). Guía metodológica para desarrollar indicadores ambientales y de desarrollo sostenible en países de América Latina y el Caribe. Serie Manuales 61. CEPAL.

·         Urrego, M.G. (1989). El enfoque de sistemas de producción como estrategia para mejorar niveles de adopción de tecnología. Boletín técnico No. 198. Bogotá: Instituto Colombiano Agropecuario.

·         Villanueva, C. Sepúlveda, C. Ibrahim, M. (Eds) (2011) Manejo agroecológico como ruta para lograr la sostenibilidad de fincas con café y ganadería. 1 ed.-Turrialba, CR: CATIE,  243 p.

1.   Administradora Ambiental. Magíster en Sistemas de Producción Agropecuaria. Docente investigadora. Líder Grupo de Investigaciones en Desarrollos Tecnológicos y Ambientales. Universidad Católica de Manizales. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2.    Administradora Ambiental. Magíster en Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente. Estudiante de Doctorado en Desarrollo Sostenible de la Universidad de Manizales. Docente investigadora, Universidad Católica de Manizales. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3.     El redegrama es un gráfico radial que muestra diferentes valores con relación a un punto inicial. Para este caso, le permite al propietario del predio reconocer las debilidades y fortalezas de su unidad productiva respecto a temas económicos, ecológicos y socioculturales, identificando puntos críticos para la priorización de actividades de sostenibilidad.

4.  Cabe anotar que el predio San Ignacio, no hace parte de la cuenca del río Chinchiná, pero se consideró para este proyecto por presentar características especiales de sostenibilidad, en términos ecológicos, económicos y socioculturales, además por la dificultad de encontrar predios dentro de la cuenca con las características necesarias para hacer parte del proyecto.

Para citar este artículo: Calderón Cuartas P.A. & Flórez Yepes G. Y. (2014). Valoración y análisis de indicadores de sostenibilidad en seis unidades de producción agropecuaria de la cuenca media del río Chinchiná. Revista Luna Azul, 41, 73-88. Recuperado de http://200.21.104.25/lunazul/index.php?option=com_content&view=article&id=104

EL PLAN DE VIDA DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE COLOMBIA, UNA CONSTRUCCIÓN DE ETNOECODESARROLLO

Jhon Jairo Monje Carvajal¹

Recibido el 12 de marzo de 2014, aprobado el 1 de octubre de 2014 y actualizado el 27 de abril de 2014

DOI: 10.17151/luaz.2015.41.3

RESUMEN

La realidad sobre los derechos formales de los indígenas sobre los territorios colectivos, dista mucho de estar ajustada a la que plantea la Constitución Política de Colombia respecto a la calidad de vida y en el cumplimiento de su derecho de autonomía. Permanecen todavía graves problemas que atentan contra sus territorios, la tranquilidad, la paz y su pervivencia. El casi nulo cubrimiento de necesidades básicas como salud, educación, alimento y vivienda por la no inclusión en los planes de desarrollo municipales de estas comunidades, bajo el argumento de que sus territorios reciben sus propios recursos económicos, amenaza la sobrevivencia de estos grupos y convierte sus territorios en zonas de guerra, de conflicto y de intereses particulares. Esto se refleja en la realidad nacional y no existe ni social ni políticamente la conciencia de que esto constituye un hecho de discriminación racial. Se plantean entonces alternativas metodológicas de cómo construir planes de vida más ajustados a su realidad con muchas alternativas para la cohesión de estas comunidades indígenas con los planes de desarrollo de los municipios que contienen dichos territorios colectivos; que se construyen luego de un análisis profundo desde una perspectiva diferente a modelos económicos desde sus propios momentos de vida, con un proceso de construcción más ajustado a sus culturas, realidades tanto ambientales como sociales en sus territorios. El resultado es una serie de estrategias que sería hasta ahora un abordaje más ajustado a dichas realidades, desde los planteamientos de la agroecología hacia la aproximación de lo que sería el etnoecodesarrollo.

PALABRAS CLAVE

Planes de vida, etnoecodesarrollo, desarrollo endógeno, saber ancestral, agroecología, momentos de un plan de vida.

COLOMBIAN INDIGENOUS PEOPLES‘ LIFE PLAN, A STRUCTURE OF ETHNO-ECO DEVELOPMENT

ABSTRACT

The reality on the formal rights of indigenous people on collective territories is far from being adjusted to what is set out by the Constitution of Colombia regarding quality of life and fulfillment of their right to autonomy. Serious problems that threaten their territories, tranquility, peace and survival still remain. The almost non-existent coverage of basic needs like health, education, food and shelter due to the lack ot inclusion in the municipal development plans of these communities, with the excuse that their territories are given their own economic resources, threaten the survival of these groups and turn their territories into war, conflict and individual interests zones. This is reflected in the national reality and neither social nor political awareness exist that this is an act of racial discrimination. Methodological alternatives on how to build life plans tighter to their reality with many alternatives to the cohesion of these indigenous communities in the formulation of municipalities development plans containing such collective territories then arise, which are constructed after a deep analysis from a perspective different to economic models derived from their own life moments with a construction process tighter to their cultures, both environmental and social in their territories. The result is a series of strategies  that would be, so far, a tighter approach to such realities, from agroecology approaches to an approximation of what would be the ethno-eco development.

KEY WORDS

Life plans, ethno-eco development., endogenous development, indigenous knowledge, agroecology.

INTRODUCCIÓN

En Colombia 1’378.884 habitantes son indígenas, lo cual corresponde al 3,4% de la población total del país (DANE, 2005). Están localizados en 710 resguardos², esto es, 228 municipios de 27 departamentos (DANE, 2005). Sus procesos de organización y lucha, que datan de la época de la conquista, han tomado mayor fuerza y coherencia en los últimos 20 años en los que se han consolidado organizaciones de diverso orden con fines reivindicativos y de autogestión bajo los principios de unidad, territorio, cultura y autonomía.

La Constitución de 1991 reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana (CPC, art. 7). Consagra para estas comunidades derechos étnicos, culturales, territoriales, de autonomía y participación, tales como: la igualdad y dignidad de todas las culturas como fundamento de la identidad nacional, las diferentes lenguas que se hablan en nuestro país como lenguas oficiales en sus territorios, la educación bilingüe e intercultural para los grupos étnicos y la doble nacionalidad para los pueblos indígenas que viven en zonas de frontera (CPC, arts. 10 y 96).

La diversidad regional, étnica y cultural que definieron para el país “la Nación multiétnica y pluricultural”, dio paso a la utilización generalizada de los términos que hoy día han ganado un espacio en la sociedad colombiana; es decir, una nación más acorde con la realidad y más compatible con la ética universal y humanista de los principios que dan origen a las sociedades democráticas y participativas.

Esto tenía que ser así; las referencias se dan al revisar lo que pasó a partir del 12 de octubre de 1492: la introducción de nuevas plantas y animales llegados con los europeos, la inserción de pueblos europeos y africanos con sus juicios, prácticas culturales y tradiciones típicas de sus conocimientos, y que al final alteró los ecosistemas existentes hasta ese momento en las nuevas tierras, sus estructuras sociales y culturales (Fals Borda, 1975).

Pero no solo fue la mezcla o introducción de nuevas especies, razas, etc. Se dan cambios importantes en las actividades normales para los indígenas, para cumplir con las labores a las que los sometieron los colonizadores; inicialmente fueron obligados al trabajo por la extracción de metales, y posteriormente por el usufructo de la tierra (Fals Borda, 1974). Fue de esa manera como se dio inicio a un proceso modificador, destructivo y acelerado de gran parte de los equilibrios en el continente americano, los cuales a la naturaleza y a los indígenas les había tomado muchos años establecer.

De toda esta influencia externa en América, la zona que es hoy Colombia se representa como una de las mayores receptoras y fácilmente se puede ver en la población nacional. Los datos del Gobierno nacional determinan la existencia:

[…] de 87 etnias indígenas³, tres grupos diferenciados de población afrocolombiana y el pueblo ROM o gitano. Se hablan 64 lenguas de origen amerindio; lenguas afrodescendientes como el bandé, que es lengua de los raizales del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina; el palenquero, lengua criolla de las comunidades de San Basilio de Palenque –primer pueblo negro libre de América y declarado por la UNESCO como obra maestra del patrimonio oral e inmaterial de la Humanidad–, y la lengua Romaní o Romanés de los pueblos gitanos. (DANE, 2000, p.9)

Hoy, los indígenas colombianos plantean de nuevo la posibilidad de que se establezca una convivencia multiétnica y pluricultural solidaria con la construcción de un proyecto nacional autónomo. La Constitución de 1991 que les otorgó la posibilidad de ocupar cargos públicos de elección nacional, llevó a que congresistas indígenas presentaran en 2003, ante la Cámara de Representantes del Congreso de la República, un proyecto de Acto Legislativo que buscó adicionarle al artículo 339 de la Carta Política (referido al Plan Nacional de Desarrollo) un inciso para que los pueblos indígenas y los grupos étnicos en general puedan elaborar y adoptar dentro de su ámbito territorial planes de desarrollo y planes de ordenamiento territorial, acorde con sus usos, costumbres y valores culturales propios.

Este marco de derechos formales dista mucho de ser una realidad para las comunidades en lo que a calidad de vida se refiere y en el cumplimiento de su derecho de autonomía en su territorio. Persisten en ellas graves problemas como la usurpación de sus territorios por colonos, terratenientes y otros “grupos sociales” que atentan contra la tranquilidad, la paz y su pervivencia.

Un ejemplo claro de esto son las comunidades indígenas de la costa Pacífica en Colombia; especialmente las comunidades del departamento de Chocó, que aun siendo una región de incalculable riqueza en recursos naturales, han visto afectadas sus vidas con la creciente presencia de grupos armados que sostienen una confrontación por el control de territorios, por la producción y la transformación de cultivos de uso ilícito, asentando sus tropas y alimentando el clima de guerra. Incluso, en los últimos años ha sido notable la aparición de nuevos “actores sociales” que hacen de la región un espacio para el desarrollo de actividades económicas legales o ilegales.

Pero el desplazamiento no responde solo a lógicas de guerra, también está asociado a intereses económicos que son menos visibles a medida que se intensifica el conflicto armado. Hay conexiones entre el desplazamiento y el desarrollo de megaproyectos casi siempre relacionados con el uso intensivo de recursos naturales. En efecto, la mayor parte de las personas son desplazadas de regiones en las que hay iniciativas agroindustriales, de macroproyectos, de obras de infraestructura.

El reconocimiento a la diversidad étnica y cultural de la Nación, por lo reciente y novedoso, no ha sido asimilado en su totalidad ni por la sociedad nacional ni por las instituciones del Estado y menos aún por los grandes empresarios, quienes no han podido entender que las relaciones Sociedad-Estado-Capital deben ser construidas por ambos dentro de unos parámetros de respeto, equidad, justicia y solidaridad. En este sentido es importante analizar que los pueblos indígenas en Colombia siguen siendo altamente vulnerables, sin desconocer lo fuerte y consolidado de sus procesos organizativos.

Las transformaciones que se están viviendo, los cambios sociales, el uso de la tierra y los recursos naturales alteran profundamente la cultura local, los patrones de consumo, las prácticas productivas y las condiciones de vida de las comunidades indígenas que se encuentran en sus zonas de vida. Hoy, es común el abandono de aquellas formas tradicionales de reproducción, tanto de la vida física como de la social y la espiritual de estas comunidades; parece que este proceso favorece la creciente tendencia a que cientos de familias por diferentes razones, abandonen sus posesiones y emprendan un largo camino hacia un destino aún más incierto: la ciudad.

Es por eso la estructuración de un plan de vida, que permita rescatar algunos de los más profundos conocimientos tradicionales desvanecidos en el tiempo y mermados en el espacio por actores antes mencionados. De ahí, que el papel de la familia y los componentes de la misma en su función de desarrollo comunitario son importantes para realizar un estudio desde la agroecología. Los pueblos indígenas han demostrado históricamente que poseen los conocimientos ancestrales necesarios para la pervivencia del mundo entero, su aporte en los actuales momentos de calentamiento global y cambio climático, resulta esencial.

Así se sustenta una propuesta investigativa para demostrar, por intermedio de un proceso de investigación acción participativa, cómo un plan de vida indígena construido, planificado, estructurado y presentado por las propias comunidades indígenas puede ser la base de su etnoecodesarrollo, generando estructuras de resistencia a la modernidad y en muchos de los casos, a estructuras de resiliencia, per se a sus principios y a las conquistas fallidas de la cultura occidental neoliberal; en propuestas de identidades, perfiles, modas y estilos de vida a los que ellos no están dispuestos a ser inmersos todavía; pero que tampoco sería de utilidad si se mantienen los perfiles de violación permanente del precepto de autonomía que les otorga a las comunidades indígenas la Constitución Política del país.

LA RAZÓN DEL ETNOECODESARROLLO

Las argumentaciones epistemológicas sobre la consideración de este concepto como una definición integradora tienen raíz en los análisis que se hacen de los diferentes conceptos que la integran, de forma separada; haciendo un análisis también, de las falencias que cada concepto deja frente a los procesos de las comunidades indígenas del país y sus planes de vida.

El concepto de ecodesarrollo (Sachs, 1981) busca definir la coevolución entre el campesinado, su forma de vida y la naturaleza, la relación con su entorno social y económico pero bajo la mirada profunda de un conocimiento funcional y equilibrado de los ecosistemas que él interviene. Según su

argumentación, son dos principios básicos los que rigen el término: un acceso social equilibrado a los recursos en el presente y una responsabilidad evolutiva natural a futuro con la misma naturaleza y con los seres humanos que deban hacer uso de los mismos mañana en condiciones similares.

La concepción de Sachs (1981) plantea actividades desde diferentes disciplinas, y termina dándole las bases a la agroecología para que surja con fuerza en los espacios campesinos, al concebir un nuevo formato de intervención del medio ambiente desde consideraciones culturales propias de la región, el uso de tecnologías de mínimo impacto, energías renovables, valoración del desarrollo de técnicas locales propias de las culturas que intervienen, etc., para responder a la crisis de la modernidad en el uso eficiente y equitativo de los recursos naturales.
 

El concepto ecodesarrollo, sin embargo, no examina los ejercicios ancestrales históricos de la presencia de pueblos aborígenes en el territorio, donde los modelos de mercado, comercio, dinero, precio no representan un valor protagónico; ejemplo de ello son los indígenas del Pacífico colombiano en la región del departamento del Chocó en Colombia, en donde las valoraciones extrasensoriales, supranaturales, de creencias espirituales, están ligadas directamente con su mundo, un mundo enteramente natural; donde su espiritualidad está obligada a sus congéneres, ya sean animales o plantas unidos a los espíritus que según sus creencias cada uno de ellos contiene. Adicional, en esta zona lo que se menciona no solo pasa con los indígenas, también las comunidades afrodescendientes que habitan el territorio.

En palabras simples y a modo de ejemplo, se podría decir que: una disposición biológica, agropecuaria o alimentaria no es suficiente para desentramar los procederes de una comunidad indígena en su toma de decisiones sobre cuándo se consigue la comida, determinando el momento en que se caza, o en el cual se pesca, o se recolecta o se cosecha.

Un apoyo importante es la concepción de etnodesarrollo, que ajusta los faltantes del concepto de ecodesarrollo respecto a comunidades étnicas; es el concepto de etnodesarrollo, que Guillermo Bonfil (1995, p. 467) define:

Si por etnodesarrollo se entiende el ejercicio de la capacidad social de un pueblo para construir su futuro, aprovechando para ello las enseñanzas de su experiencia histórica y los recursos reales y potenciales de su cultura, de acuerdo con un proyecto que se defina según sus propios valores y aspiraciones; entonces, el proceso de etnodesarrollo exige el cumplimiento de un cierto número de condiciones o requisitos de diversa índole.

También es válido el aporte que se hace desde la etnoecología, que Toledo (2002) define como el estudio de los sistemas de conocimiento, prácticas y creencias que los diferentes grupos humanos tienen sobre su medio ambiente. Y que para este caso compone un campo de estudio que aporta elementos sustanciales para un desarrollo endógeno más ajustado desde las comunidades indígenas del país. La consideración de que el término a usar era el de etnoecodesarrollo, se toma por su pertinencia y universo conceptual integrador, por ser innovador en las apreciaciones culturales y ancestrales, por la validación del conocimiento local como un conocimiento válido y científico, por el rescate inminente que se deben dar de los imaginarios colectivos de estrategias, manejos, valores y saberes locales para su propia organización (Leff, 2000). Así mismo, porque este toma fundamentos de los enfoques, metodologías, herramientas y apreciaciones de las definiciones de etnodesarrollo, etnoecología y ecodesarrollo, llevando el contexto mucho más allá de los ya considerados. En otros términos, una construcción desde las etnociencias, desde los principios de la diversidad cultural y de las formas diferenciadas de apropiación de la naturaleza (Leff, 2000).

EL ETNOECODESARROLLO EN LOS PLANES DE VIDA INDÍGENA

El discurso para definir lo que es un colombiano, se sustenta que este es más que un ciudadano de la nación, como lo define la Constitución Política de Colombia de 1991. Mejor es decir que es la expresión de la mezcla demográfica entre los amerindios presentes en el territorio y los europeos y africanos llegados en 1492; son zambos, mulatos, mestizos, castizos, moriscos, prietos, tresalbos… es un campesino, un indígena, un gitano, un afrodescendiente; o la mezcla de los tres, o los tres juntos. Por eso el rescate de las expresiones culturales tiene un alto valor cultural y político, así como de los conocimientos tradicionales, de los estilos de vida propios de comunidades étnicas en sus territorios, de los cultivos ancestrales, de las semillas criollas, de los estilos de agriculturas locales propias y de muchos saberes desconocidos, que todavía permanecen en la memoria histórica de muchos campesinos e indígenas (Leff, 2000), y aún se conciben como rescatables. Muchos pueblos indígenas en Colombia han iniciado un proceso de rescate de esta memoria, de esa herencia histórica de miles de años de construcción de conocimiento, en su constante ejercicio de ensayo en el acierto o el error (Monje, 2011).

Desde esta perspectiva, y tomando como fundamento los planteamientos de esta investigación sobre los modelos complejos de las estructuras étnicas, por su entramada relación en estos tipos de ecosociedades, donde los espacios de vida comunitaria representan un proceso de avanzada del ser humano en concordancia con el respeto que de ellos le merece la naturaleza y las definiciones de etnoecodesarrollo y las ciencias étnicas; y como ya se ha dicho antes, lo complejo de estos modelos de organización social y natural no radica en una estructura simple y siempre estática, sino más bien en los procesos dicientes hacia una constante retroalimentación entre los comportamientos naturales ecosistémicos y la información que de ella analiza el ser humano en sus espacios de vida. Se plantea que la particularidad de estos procesos radica en que el indígena hace lecturas permanentes de los espacios naturales y de sus componentes, determinando tiempos, cantidades, movilidades, caminos, utilidad y aprovechamiento de las especies que eran parte de su entorno. Estas lecturas siempre son revaloradas momento a momento, y les deja la mayor base informativa sobre los recursos que él utiliza y ha utilizado para sustentar su vida y mantener equilibrios casi armónicos muy cercanos a los procesos naturales.

Este tipo de comportamiento da paso a la trama que desde la agroecología le aporta la sociología del medio ambiente; lo complejo que nace en las relaciones naturales y sociales en un mismo espacio físico, permite cada vez más cerrar la brecha entre las sociedades culturales, entre los indígenas y los comportamientos de las especies en sus ecosistemas. Es decir, las coexistencias ecológicas y culturales se convirtieron en una práctica constante, revalorizada día a día y con una muy ajustada interpretación de quien hace uso de los recursos. En otras palabras, un papel ecológico de los indígenas en su medio natural de vida, sin desconocer su necesidad de consumo, de subsistencia y de evolución individual, grupal comunitaria y como especie.

Se define también que para la construcción permanente del concepto de etnoecodesarrollo desde la agroecología para los planes de vida indígena, se debe hablar de la economía ecológica; la que sin desconocer las construcciones hechas desde ya por los maestros de esta disciplina, plantea que los análisis sean tan flexibles, que no solo involucren los procesos de mercado sino también los procesos de apropiación para el consumo, con una revaloración de todos los productos en cualquier forma de trueque o modelo de mercado convencional y no convencional, cosechados, cazados, colectados o recibidos, y no como una representación de modelo simple de elementos de alimentación, vestido, materia prima o similar.

En este tipo de economías indígenas, los usos y apropiaciones de recursos no siempre tienen el mismo significado de uso. Para explicar este caso se toman dos ejemplos: el primero es cuando un integrante de una comunidad llega de una jornada de pesca con una considerable cantidad de pescado en una época donde no existe abundancia de este tipo de alimento; al llegar comparte su pescado con la comunidad sin que esto signifique un proceso diferente a un acto de compartir y donde cada uno irá a su casa a darle provecho a tan preciado regalo. Pero si el que llega es un cazador, quien en su recorrido ha obtenido un tatabro⁴, el proceso en la comunidad cambia totalmente, y se pasa de un simple compartir del ejercicio de los pescados a toda una fiesta de integración, donde todos hacen parte de la despresada, aliñada, adobado y preparación del cerdo en diferentes platos para hacer una gran comida comunitaria, ya que esto representa toda una simbología festiva.

Es decir, no todos los recursos tienen el mismo proceso de valor y aprecio, ya que para ellos algunos elementos representan toda una espiritualidad, diferente a otros que representan una simbología que puede ser cotidiana, de escasez o de abundancia. Lo que en verdad es cierto es que todo lo que tiene que ver con su alimentación, vestido o vivienda se debe abordar desde los enfoques de espiritualidad o simbología, para poder hacer un acercamiento a valores entendibles de los simples modelos económicos convencionales. Es decir, no se puede valorar tal cual este tipo de relaciones, porque para considerar un valor en dinero, su cuantificación crematística sería muy extraña, variable, y no se ajustaría a ningún modelo de mercado ni a algún ejercicio comercial convencional.

Entonces, un plan de vida con relación a las estructuras de la economía ecológica, considerado como un ejercicio de etnoecodesarrollo, tendría tres componentes fundamentales: a) Su proceso complejo de vida; las consideraciones culturales y naturales de la zona de vida desde la recuperación de sus procesos culturales y respetos naturales ancestrales, estimando como fundamental su espiritualidad y simbología. b) Un proceso de organización social, de respeto natural, para definir sustentos de vida natural en una relación ecosocial y unos papeles de responsabilidad ecosistémica del pueblo indígena en su territorio. c) Una construcción básica de entendimiento de que sus recursos por difícil o fácil que sea su apropiación, colección, siembra o cosecha, tiene un valor y no un precio, y depende directamente de los equilibrios que dejen los dos puntos anteriores, para ser preservado y conservado en tiempo y espacio; sustentada ahí la pervivencia del pueblo indígena en sus zonas de vida.

RESULTADOS

Muchas de las aproximaciones que se tenían al respecto de la construcción de un plan de vida se orientaban desde todo punto de vista a los formatos planteados en las anteriores propuestas, los cuales buscaban construir un documento de enunciado y referencia sobre la cultura de cada una de las comunidades. Siempre las apreciaciones sobre el “quiénes somos”, “qué queremos”, “para dónde vamos”, “cómo nos vemos”, etc., hacían parte de los debates y discusiones en la construcción del mismo. Era estrictamente necesario dejar un documento escrito sobre estas premisas para poder tener una evidencia de la construcción de un plan de vida.

Adicional, un plan de vida según la política del Estado requiere⁵ tener un levantamiento topográfico del territorio, con el registro de las comunidades, determinando los límites, senderos, rutas, fuentes de agua, entre otros aspectos, a razón de radicar la titulación de un territorio colectivo para las comunidades asentadas; pero no era evidente en estas construcciones la razones sobre las cuales se determinaba ese territorio como el propio. Este ejercicio estaba fundamentado principalmente en la adjudicación de una titulación colectiva, de un territorio sobre el cual se moverían diferentes comunidades indígenas en su actividad cotidiana.

También es necesario considerar que gran parte del documento de plan de vida estaba enmarcado en las posibles acciones de inversión sobre las cuales se soportaría el uso de los recursos económicos procedentes de las transferencias de la Nación a los entes territoriales; y cómo a los territorios colectivos que aparecen figurados como entes territoriales les correspondía por ley acceder a ellos, ajustándose a las actividades político-administrativas de los municipios para que, a través de ellos, se reciban las transferencias de los recursos económicos, sin la posibilidad de definir canales más directos para este proceso entre la Nación y las comunidades indígenas contenidas en los resguardos.

El plan de vida o plan de desarrollo para comunidades étnicas buscaba definir una estructura “administrativa” sobre la cual descargar la responsabilidad del trámite ante el municipio, para hacerles efectiva la transferencia económica del Gobierno nacional y poder hacer uso de la misma. Acá nacen las figuras de los gobernadores indígenas como la cabeza administrativa de cada comunidad, de los alguaciles como las figuras de autoridad, de los vocales como los suplentes en los cargos, todos los anteriores con sus respectivos procesos de elección. Figuras que en ningún momento responden a la cultura indígena ancestral de ningún pueblo en la nación colombiana como autoridad.

Así mismo, en ningún espacio académico o de investigación se presenta un sustento epistemológico válido sobre las razones por las cuales los planes de vida debían construirse de esta manera; los argumentos siempre fueron fundamentados en el modelo económico y administrativo del Estado, en las jurisprudencias que se dictaban para ajustar la transición de la Constitución Política de Colombia de 1886 a la de 1991 –más de 100 años de vida política de la antigua Constitución–, y la inmersión por derecho de los pueblos que eran los habitantes naturales del territorio, pero presentes en una actualidad conflictiva con sus modelos de vida.

La organización indígena planteó en diferentes oportunidades estrategias para hacer una construcción más ajustada a lo cultural, que les permitiera a las comunidades tener una razón para iniciar un proceso de recuperación cultural y de organización local para la defensa y pervivencia de cada pueblo o nación indígena en su territorio (ONIC, 2010). Buscó de igual forma reducir la utilización de los recursos económicos llegados del Estado a través de las transferencias en la compra de materiales no funcionales a las comunidades o la acumulación masiva de elementos, máquinas, motores que no tendrían una vida útil con eficiencia en costo y tiempo de uso.

Un ejemplo de esto era el encontrar motores fuera de borda, casi nuevos, abandonados en una bodega por falta de mantenimiento, por una refacción que no se había comprado o por daños que ellos nunca valoraron y por ende nunca se recuperaron. Lo mismo ocurría con plantas eléctricas, computadoras, teléfonos satelitales, guadañadoras, y muchas otras cosas que se compraron por recomendación de alguien que en su momento quiso “modernizar” el estilo de vida o de la organización, en el nombre de la “calidad de vida”.

Los primeros grandes gastos de las transferencias se quedaron en manos de lo “consultores” no indígenas o asesores profesionales que les ayudaron en la formulación de proyectos, y con quienes se trabajó la construcción de sus “planes de gastos” y la “planificación del territorio”, y que estos mismos consultores luego convirtieron en el proceso que los indígenas habían ganado en la Constitución de 1991, en su forma de trabajar, de ganarse la vida, de hacer dinero. Se reconoce que a muchos de estos profesionales la influencia indígena los marcó, les hizo cambiar su forma de percibir la naturaleza de los pueblos indígenas en el país, y luego de la gran bonanza de dinero por las transferencias, se quedaron apoyando muchos procesos por menos dinero del que habían sido contratados en un principio.

El auge de estos procesos y del surgimiento de muchas experiencias organizativas, incrementó las ayudas provenientes de donantes internacionales. La cooperación internacional aportó muchos recursos para el fortalecimiento de las organizaciones indígenas en el país; las organizaciones nacionales, regionales y locales lograron parte de estas ayudas. Según el DAPS⁶, entre 1998 y 2004, el país recibió fondos por un valor de 1.300 millones de dólares en subvenciones, la mayor parte de estos recursos en la modalidad de no reembolsables.

Pero, ¿cómo usar adecuadamente estos recursos para responder a las coexistencias ecológicas y culturales de las comunidades indígenas en su territorio, en una práctica constante, revalorizada día a día, ajustada a la interpretación de quien hace uso de los recursos? Es difícil determinarlo desde las disciplinas convencionales, desde las consideraciones clásicas, desde las ciencias normales por la incertidumbre que se puede originar desde la periferia a los espacios indígenas (Funtowicz y Ravetz, 2000, p. 31), dejando una oportunidad para muchos espacios de estudio y trabajo; siendo esta una congruencia para buscar los sustentos epistemológicos sobre los cuales se pueda respaldar un plan de vida con enfoques diferentes a los institucionales.

La referencia primordial para encaminarse en la aventura de dicha congruencia se basa en que los indígenas en el país cumplen un papel ecológico en su medio natural de vida y subsistencia, sin desconocer su necesidad de consumo, evolución individual, grupal y como especie; especialmente porque el conocimiento está ligado a su historia como integrante en dicho espacio biofísico (Toledo y Barrera-Bassols, 2008). Consecuente con este planteamiento, se propone un abordaje particular para esta investigación, buscando en las disciplinas y ciencias que aportan a la agroecología los sustentáculos epistemológicos de los planes de vida, direccionando el trabajo desde premisas que responden a tres particularidades:

• Su universo indígena, que desde muchas razones ya expuestas, es particularmente complejo; y que es visto desde la integración natural del indígena al entorno en una dualidad de respeto naturaleza-hombre.
• Los formatos de ver, vivir, analizar, participar y compartir estas relaciones socioambientales de las comunidades en su medio de vida y no simplemente presentar un inventario o unas cuentas numéricas deterministas sobre lo que son, lo que hacen, lo que tienen, lo que proyectan, etc.; como quiera que para eso ya existen estudios que hacen referencia a estos datos y cuyos resultados se encuentran en otras investigaciones.
• Su modelo de economía y comercio no convencional, los conceptos íntimos de valor y su inmersión parcial a los ejercicios crematísticos de los modelos comerciales, por las relaciones que generan con sus vecinos no indígenas.

La primera particularidad, con todas las exposiciones hechas en esta investigación, responde al sustento que da Morin (2007) en su obra, planteada desde las ligaciones que se hacen entre las estructuras mentales del ser, sus formas de proceder, sus percepciones extrasensoriales, su historia natural y social, su cultura y sus ritos, definiendo que este tipo de trabajos no se deben enmarcar en un fraccionamiento de conocimientos por las grandes limitantes que existen para entender estas comunidades; para entender las formas de relación con su entorno, el respeto particular e irrestricto por la vida en todas sus manifestaciones y las formas de equilibrio adaptadas en su transcurso de hábitat y consumo. En otras palabras, las dificultades en entender un mundo integrado, relacionado e interrelacionado, conectado e interconectado, dinámico y equilibrado, con funciones lógicas y extrasensoriales que responden a una cultura, a una razón de un ser indígena indivisible con la naturaleza en la que pervive.

El aporte de la complejidad que plantea Édgar Morin, es el de generar sustentos epistemológicos antagónicos a los sustentos planteados para la construcción de los planes de vida existentes. Entonces la complejidad se convierte en el sustento fundamental a considerar en la construcción de un plan de vida; ya que plantea que no solo se deben tener en cuenta en este proceso las estructuras sociales y naturales por separado; más bien observarla, plantearla y narrarla en un proceso complejo de coevolución natural y social en un espacio físico determinado –un territorio–.

La segunda particularidad, responde a lo planteado por Woodgate y Redclift (2002), referente a las relaciones socioambientales de los pueblos indígenas, con una teoría social incorporada a su evolución en el territorio, entendido esto como un aprendizaje conjunto en espacio y tiempo; reconociendo el vivir ecológico del indígena en la naturaleza y su papel como integrante de una sociedad excepcional, diferente y distante de las mismas concepciones de sociedad occidental. Es decir, un papel ecosocial, integrante de un medio natural e integrante de un grupo humano.

Este fundamento genera las bases para plantear que las ecosociedades, formadas en un proceso lento, observado y ensayado infinitas veces en pruebas de ensayo en acierto y error (Monje, 2011), son la base de trabajo para la preservación natural y el control del territorio desde lo ancestral ganado, frente a los planteamientos de conservación per se de los órganos de control y regulación ambiental del Estado, del mismo gobierno o de la sociedad civil sin distinción. Es decir, las políticas de parques naturales nacionales, zonas de reserva biológica, santuarios de fauna y flora o las reservas de la sociedad civil no pueden estar sobre la seguridad de la pervivencia de los pueblos o naciones indígenas que desde su proceso histórico y ancestral han habitado un territorio.

También desde este fundamento se valida la defensa de un territorio, sobre los intereses de macroproyectos, megaobras, explotaciones mineras y de hidrocarburos que atenten contra el control del territorio y la existencia de comunidades indígenas en sus ambientes sociales y culturales ancestrales (Monje, 2010). Esto es, que ni recurriendo a la consulta previa como derecho fundamental establecido en la Constitución Política de Colombia para las comunidades indígenas, se deba aceptar un proyecto de esta magnitud, ya que atenta contra la esencia de su existir en su territorio: su presencia histórica, la conservación natural y la pervivencia de un pueblo o nación indígena con sus principios fundamentales étnicos, culturales y ancestrales⁷.

La tercera particularidad se refiere específicamente a sus relaciones económicas y las formas tribales e ínter-tribales de practicarlas. La referencia específica de esta particularidad está basada en lo planteado por José Manuel Naredo (1996), donde el modelo económico de estas comunidades está ligado a su forma de pensar, vivir y relacionarse con su entorno tanto desde el espacio social como desde el ambiental. Sus modelos de intercambio se han ajustado evolutivamente a su relación con los no indígenas, se referencia entre ellos el valor sobre los productos de alimentación, de vestir, de las herramientas de trabajo y de transporte.

Las formas occidentales de valorar con dinero los procesos, materiales, objetos y trabajos tienen una aplicación parcial en sus vidas. El dinero tiene valor solo en los procesos en los que se relacionan con su entorno social no indígena, y generalmente en los centros poblados. No es común que en las comunidades exista dinero en efectivo, normalmente es muy poco o escaso ya que está determinado por la presencia o no presencia de no indígenas en su territorio. Ellos conjugan las formas primitivas de intercambios de materiales por materiales, trabajo por trabajo o cualquier de estas combinaciones que aplique según la necesidad de cada uno y no de la oferta; es decir, estos ejercicios están determinados en las necesidades que se generan y no de la capacidad de ofertar un bien o un servicio, en la figura del trueque, puede figurarse como la práctica del trueque, pero no es claro que para ellos signifique específicamente eso.

Existen retos que deja esta investigación a la economía ecológica, ya que estas relaciones de dar y recibir en todas sus magnitudes (Mauss, 1969), tienen inmersas también a las comunidades afrodescendientes vecinas de estas comunidades; involucrando también a los colonos no pertenecientes a ningún grupo étnico, quienes han ido llegando a estos territorios como habitantes permanentes en las cuatro últimas décadas, trascendiendo a que estas mismas personas tienen diferentes modos de relacionarse económicamente; unas en las comunidades, otras en los cultivos, otras en la selva, otras en el río y otras en los centros poblados con un comercio convencional más presente.

Pero pueden existir muchas otras disciplinas que logren aportar desde la agroecología a los sustentos epistemológicos de los planes de vida desde un enfoque más ajustado a la realidad indígena. Queda esbozado que desde estas tres premisas iníciales las comunidades indígenas pueden plantear sus planes de vida para que sean vistos más en un proceso a largo plazo, sin inmediatez administrativa, con fundamentos desde lo local y con respeto por sus ejes fundamentales de vida: la unidad, el territorio, la cultura y la autonomía.

Entonces, un plan de vida es una respuesta a la sustentabilidad de un proceso indígena, cuya base está fundamentada en una construcción permanente de sus espacios sociales y naturales, en ambientes justos para las partes inmersas en él, con respeto por sus construcciones sociales y culturales, no solo de parte de los no indígenas o de los entes del gobierno; también por parte de ellos mismos para lograr que se refleje en su realidad lo que día a día ellos construyen, y son la base de su propia historia con presencia autónoma en sus territorio, para pervivir, sostener, recuperar y resaltar su cultura, recuperar sus trabajos ancestrales y ser resistentes a la modernidad.
 

Todas estas consideraciones permitieron plantear el objetivo de que un plan de vida indígena se debe construir desde los instantes que conforman su cotidianidad, y que generalmente se les denomina momentos. Un momento del plan de vida se aproxima a un sentir específico del pueblo que le permite hacer una retrospectiva de su vida indígena en un territorio dentro de la gran nación. Unos con análisis y trabajos aproximados a la cosmovisión local de cada pueblo o nación indígena, por la ya presente erosión ancestral y cultural; otros, pensados y construidos por la comunidad que todavía posee gran parte de su historia, con rescate de algunos conocimientos que no se erosionan en su totalidad y que hacen parte importante de su rescate ancestral. Los momentos apuntan a las verdaderas razones de un plan de vida, básicamente a la forma como ellos desean relacionarse con las comunidades no indígenas y cómo quieren que se les reconozca, valore y respete.

Un momento para los planes de vida indígena se puede determinar como instantes históricos, culturales, ancestrales, singulares o particulares que hacen diferencia entre un pueblo y otro; y que en casi todos los pueblos y naciones indígenas marcan una gran diferencia con el restante cúmulo de población de la Nación. Un ejemplo de esto serían los conocimientos sobre sus espacios físicos, la relación de coexistencia con plantas y animales, es decir la memoria histórica biocultural grabada en sus hitos de vida y ligada a sus más profundas relaciones con su territorio (Toledo y Barrera-Bassols, 2008). Están marcados por sus recuerdos, sus modos y modelos de vida, de alimentación, las recordadas por los ancianos, las transmitidas en la tradición oral –muchas ya registradas en documentos escritos o audiovisuales–, que grafican una historia natural, de pervivencia, de acuerdo con sus valores ancestrales e históricos, con respeto y valoración de lo propio, lo que va mucho más allá de las técnicas; incluyendo nociones, percepciones e intuiciones de sus actuaciones en el momento presente, pero desde la visión ancestral cosmogónica indígena; por lo menos, la más recordada e implicada por sus propias interpretaciones de los imaginarios reales y soñados. Se identifican entonces cuatro momentos que se clasifican así:

Momento 1. La historia sobre su génesis: “el origen del pueblo Wounaan y unión al territorio ancestral”. Misión de este momento: el uso ancestral de su territorio. Objetivo de este momento: hacer una delimitación del territorio, identificando sus fronteras físicas y ancestrales, identificando las relaciones con los vecinos, determinando los manejos de los mismos para ejercer una prevención del mal uso, procesos de sostenimiento y acciones de recuperación de fauna y flora asociada a su cultura.

Momento 2. La importancia de un solo núcleo social: “el núcleo social de unidad indígena como un pueblo o nación independiente”. Misión: desarrollo del ejercicio de colectividad, unidad y sociedad indígena. Objetivo: observarse, reflexionar y consolidarse ellos mismos en su proceso como indígenas de una nación o un pueblo; no solo para obtener beneficios del Estado sino también como un ejercicio de autorreconocimiento del ser indígena como integrante de una ecosociedad, según los sustentos epistemológicos que en esta investigación se han planteado.

Momento 3. La autoridad y el control del territorio: “la autoridad tradicional como fundamento para el control ambiental, social y político del territorio”. Misión: modos de uso de los conocimientos ancestrales, ejercidos y aplicados por las autoridades tradicionales para ejercer soberanía en su territorio y determinar su uso de acuerdo con su cultura y sus propios procesos de coevolución. Objetivo: desarrollar modelos de gobiernos propios, con identidad cultural, reconocimiento político, representativos en el espacio nacional con jerarquía y toma de decisiones sobre y en su territorio.

Momento 4. La transmisión del conocimiento: “el conocimiento tradicional como herencia de vida”. Misión: transmisión del conocimiento tradicional, herencia cultural y control territorial en el rescate de las figuras tradicionales de autoridad. Objetivo: plantear un proceso de herencia cultural transmitida, para la conservación y revaloración de su historia, lengua, cultura y conocimientos ancestrales, en la educación tradicional y convencional, además establecer los procesos de heredad de los saberes históricos ligados a las autoridades tradicionales, medicina, espiritualidad y la guía por el sendero espiritual de su génesis ligada a un territorio.

Estos cuatro momentos responden en casi todos los espacios a sus estilos y procesos de vida, a las formas de relacionarse con su entorno, a las estructuras básicas que deben considerar como pueblo étnico al interior de un gran territorio. Responden también a la protección de unas formas de vida no convencionales que tienen grandes rivalidades con los procesos de modernidad, que permiten la existencia de un gran inventario natural en su entorno y que ponen un alto a muchos ejercicios de explotación de recursos naturales importantes para la conservación de biodiversidad, para ganancia de la misma Nación y de la vida en el planeta.

Queda expuesto que se pueden hacer ejercicios para revalorar si estos cuatro planteamientos responden a los momentos de otros pueblos indígenas en el país, pero es un ejercicio que se debe monitorear desde un nuevo enfoque; por lo que se hace necesario que una nueva investigación apoye a otros pueblos para colocar a prueba esta estructura de plan de vida, para valorar los resultados acá expuestos y para enriquecer o replantear este nuevo planteamiento epistemológico para los planes de vida desde la agroecología.

En este tejido, el plan de vida es un ejercicio participativo que involucra la voluntad política de una nación para la sustentación de un derecho social, para que comunidades bajo condiciones especiales de vida, territorio, condición étnica, conservación y recuperación puedan fijar los parámetros básicos de coevolución social y natural (Sevilla, 2007) en un espacio físico determinado, con una valoración real por lo cultural, por las evidencias ancestrales y las prácticas tradicionales.

Los logros más destacados en el caso del pueblo Wounaan del Bajo Baudó en la construcción de su plan de vida fueron específicamente:

• Logro 1: el establecimiento de los gobiernos tradicionales como gobiernos propios. Como una expresión de la autonomía dentro de cada territorio en su control y uso, respetando los procesos evolutivos en cada uno, valorados en sus contenidos culturales de cada comunidad en su cotidianidad como un colectivo y no como un proceso individual; representadas en las herencias de saberes, el valor por los estilos de espiritualidad y representatividad, determinando una participación permanente de todos y cada uno en el control del territorio, en el ejercicio de sus derechos individuales y colectivos, para el respeto del principio de autonomía e identidad.
• Logro 2: la reconstrucción de la estructura social propia. Donde el papel histórico de género y las relaciones naturales con su entorno son relevantes de acuerdo con sus hábitos culturales ancestrales; las comunidades son autónomas en la valoración de sus formas de vida, en sus procesos productivos y el uso de sus recursos naturales, en sus cambios y en su revalorización. Esta estructura es un ejercicio de participación, compartiendo los aciertos y los errores con el resto de las comunidades como ejercicio de cooperación en los congresos de asociación o cabildo mayor. Este respeto se extiende a las normas del Estado colombiano, que les acoge como ciudadanos y les considera como población en minoría étnica con derechos y deberes particulares y no generales de todo el Estado.
• Logro 3: el planteamiento de un proyecto político definido. Establecido y en ejecución como fuerza determinante en el hacer diario de los entes territoriales donde se represente la asociación o el cabildo mayor, con una visión común de los pueblos indígenas de la zona ante cualquier persona o entidad que quiera ver, apoyar o desarrollar actividades con ellos, en unidad de lenguaje, discurso, perspectiva y proyección política.
• Logro 4: la consideración de los momentos en la construcción de un plan de vida. La adopción de los cuatro momentos históricos resultado de este ejercicio para definir la estructura sobre la cual el trabajo del plan de vida se adopta como plan fundamental de pervivencia del pueblo Wounaan en su territorio ancestral del Bajo Baudó.

Los cuatro momentos de un plan de vida son un proceso constante de construcción, de alimentación, de compartir, un proceso permanente de integración de un pueblo o nación indígena al interior de sus funciones de identidad o como organización que agrupa a los pueblos indígenas de una zona, es un proceso participativo en su conformación y dirección, de acuerdo con los designios de las autoridades tradicionales de todas las comunidades asociadas, es un proceso constante de participación en la organización regional, y sus respectivos aportes; contribuyendo a la construcción nacional de las políticas y planes de la organización nacional como ente aglutinador de los pueblos y las naciones indígenas de Colombia. (Véase Figura 1).

Pero estos momentos no van solos o desligados de otros procesos; por el contrario, son el núcleo en el que se basa el trabajo de los pueblos indígenas en su plan de vida. Este centro de trabajo es cíclico, constante, y sin un orden lógico ya que responde a los momentos de un pueblo, a sus ancestros culturales, a sus espacios espirituales, a su territorio, a sus principios básicos de vida.

Alimenta principios rectores o puntos focales sobre los cuales se plantean muchos ejercicios que complementan su actuar como indígena en un Estado como Colombia. Bajo estos lineamientos o principios rectores que alimentan los momentos de un plan de vida se desarrollará la vida en un plan comunitario territorial, pero en conjunto de experiencias y unidad, en retroalimentación permanente, por la defensa del territorio habitado por ellos. Es un ejercicio local y comunitario por el sostenimiento y rescate de su cultura y por la defensa del derecho a la autonomía que les otorga la Constitución Política de Colombia en sus territorios.

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Los puntos focales que subyacen y se alimentan de los cuatro momentos que conforman el ciclo en el núcleo son cinco: la comida, la familia, la educación, la autoridad y la organización. Sobre estos cualquier comunidad indígena tiene canales de contacto o relación con su mundo no indígena; los espacios en los cuales siempre pueden tener un contacto permanente, frecuente, temporal o fraccionado con sus vecinos, las comunidades afrodescendientes, los colonos, los entes regionales o nacionales, las ONGs, los investigadores, los visitantes, etc., en términos más situados a lo que se plantea por un plan de vida, son los puntos por los cuales los pueblos indígenas se relacionan con su exterior, con su entorno no indígena, porque se reconoce la importancia de las comunidades externas a los pueblos indígenas en su coevolución social y natural (Sevilla, 2007).

¿Por qué un plan de vida desde estas consideraciones es un plan de pervivencia y no una planeación económica o administrativa? Porque responde a elementos no considerados en los planes económicos administrativos, a elementos no valorados y que tienen conexión directa con su vida tradicional ancestral. Adicionalmente, un plan administrativo o un plan financiero es solo un componente ligado a uno de los puntos focales o principios rectores, marca una sola actividad: la de administrar y dar buen uso a las transferencias de dinero a que es merecedor por ser un ente territorial del Estado, y que por ley de la nación colombiana tiene derecho dentro del reparto nacional. Este mismo punto focal debe rendir y alimentar esos planes financieros administrativos anualmente, sin que sea la base de la vida en comunidad de un pueblo indígena; más bien, para que determine asignaciones presupuestales para apoyar el resto de actividades de los demás puntos focales.

¿Cómo funciona la estructura propuesta para los planes de vida? La base es que todo funcione en torno a los cuatro momentos de un plan de vida, que a partir de ahí y de acuerdo con las dinámicas comunitarias y de la organización indígena tomen como punto de partida la reconstrucción de su historia a partir de la memoria colectiva asociada, donde en unidades de diálogo se cuenten las historias registradas actualmente sobre su origen como pueblo indígena –momento uno–, teniendo un ejercicio consolidado que establezca si tienen puntos sobre su origen que no se ha documentado y que pueden determinar una riqueza ancestral mucho más completa.

Teniendo como fin la reconstrucción de su vida ancestral e histórica, el momento uno se convierte en la parte más importante y básica para trabajar los restantes momentos; es claro que no es un ejercicio definitivo ni totalitario, ya que la dinámica obliga a hacerlo de forma permanente para que las generaciones más jóvenes tengan una actividad constante de contacto con sus ancestros y con su historia ancestral.

Luego, se puede abordar cualquiera de los otros momentos; ellos respecto a su construcción pueden tener salidas a los puntos focales que determinan las relaciones con lo externo. El momento siguiente de trabajo es “la autoridad tradicional como fundamento para el control ambiental, social y político del territorio”, a razón de que hipotéticamente en el momento inicial se determinó como lo más relevante la recuperación de la autoridad en el territorio; este momento da rutas para que este ejercicio, que implica relaciones con externos a las comunidades indígenas, pueda ser un elemento directriz del momento que lo contiene, específicamente en “a comida”, entendida esta como un elemento constructor de relaciones externos, ya que existen varios procesos previos antes de que se haga presente en la mesa: cultivarla, recolectarla, intercambiarla, venderla o comprarla.

En este espacio específico existe todo un universo posterior a cada proceso. Si se vende tiene sus variables de venta, valores, precios, lugares de venta, personas que compran, etc.; es decir, que para este caso no solo se debe indicar que se hará con la comida, sino que también implica todo el proceso de relación que se da a través de ella. Esto determina que se deben considerar aspectos indígenas que no son muy comunes en las comunidades no indígenas, como los ritmos y los calendarios.

En el mismo ejemplo de la comida que se vende se requiere saber los periodos de abundancia, los momentos de corte, recolección o cosecha y los procesos para su transporte a los centros poblados o en su defecto a los espacios por los cuales quien los compra puede acceder a ellos y les represente una ganancia en las dos partes. Como se observa, no se trata solo de cosechar por cosechar, vender por vender o recolectar por recolectar; aquí también juega un papel importante sobre las consideraciones que se deben hacer y sobre si las dinámicas económicas les favorecen y no atentan con las dinámicas de los ritmos y calendarios establecidos por ellos.

Cada punto focal tiene una relación directa con una relación externa: la comida con el momento de la autoridad y el control del territorio, la organización con el momento de la importancia de un solo núcleo social; la familia, la autoridad y la educación con el momento de la transmisión del conocimiento.

Cada punto focal tiene una unidad de trabajo preliminar que determina la base sobre la cual se soporta; en este ejercicio, antes de llegar al punto focal se debe construir un sustento sobre el cómo se da el manejo del mismo, y las consideraciones que se deben hacer desde el plan de vida para poder hacer uso eficiente y pertinente. Para el caso de la comida el trabajo preliminar debe estar dado en la valoración del tiempo, los ritmos naturales y los calendarios indígenas; para el de la organización las consideraciones se deben hacer sobre la valoración de lo externo, las comunidades vecinas no indígenas e indígenas, en tanto que para el caso de la familia, la educación y la autoridad se debe considerar sobre el papel de la educación tradicional y la educación convencional.

Cada uno apunta a los factores que realmente tienen o pueden tener un contacto con lo externo y es determinante que se trabaje sobre el mismo para que realmente el proceso indígena tenga una fortaleza en su interior, logrando que estos contactos no alteren o tergiversen los enfoques de vida propios de sus culturas. Es claro que pueden llegar a surgir procesos de coevolución social y natural conjuntamente entre las comunidades inmersas en la zona indígena y no indígenas, pero esto es un proceso innato, el cual por simple dinámica social y natural se abre camino.

El contacto real con lo externo en cada punto focal se manifiesta así: para la comida, los ejercicios de venta, compra, siembra, recolección e intercambio. Para la familia se debe tener como referente el papel de género, la casa y los recursos económicos familiares; para la educación los nexos a tener en cuenta son los maestros y la escuela en su estructura funcional; para la autoridad los referentes son la autoridad tradicional –con dos subconsideraciones que se orientan respecto a los integrantes que sostienen cultural y ancestralmente la salud física, es decir, los médicos tradicionales y los que sostienen la salud espiritual– y los requerimientos institucionales de la autoridad convencional; por último, la organización sostiene el contacto con lo externo por tres factores fundamentales en todo el proceso: la organización local, los procesos de organización regional y la organización que por derecho los debe aglutinar a todos en la Nación.

Dependiendo de lo que se desee para un plan de vida y los resultados obtenidos al trabajar el Momento Uno –que es con el que siempre se debe iniciar–, se determina con cuál continuar –esto por el grado de importancia o urgencia de abordar–. Desde ahí se hace necesario seguir el proceso hasta concluir el trabajo del momento que se aborde, hasta fijar las premisas para que los puntos focales y los factores de cada punto focal tengan una apreciación de regulación y forma de trabajo definido por la comunidad. No es necesario definir con cuál factor iniciar el trabajo, pero sí es importante que cada uno tenga en cuenta el Momento Uno para no ir en contra de los fundamentos sobre su origen y sus territorios ancestrales.

Es así como se construyen bases sobre las cuales un plan de vida tiene una estructura funcional dinámica multidimensional y con roles diferenciados, que no apunta solamente a una estrategia, sino más bien a muchas estrategias de un verdadero plan de vida. Y es acá donde la importancia de un solo núcleo social, en el punto focal de la organización –factor de lo local– determina un plan de manejo financiero, de una proyección económica administrativa que responda a los requerimientos de los entes del gobierno encargados del control de estos procesos. Este ejercicio no está aislado del resto porque debe responder en las necesidades económicas a los otros puntos focales que requieren de esta planeación.

Al final, esta estructura da muchas más opciones para la construcción de un verdadero plan de vida, más ajustado a las realidades indígenas del país, a las realidades naturales de las relaciones que viven los indígenas con su medio y que responden también a las demandas hechas por los órganos del Gobierno nacional. No es una opción, es una alternativa de trabajo, no es un solo documento escrito, es una serie de documentos en muchos formatos –libros, manuales, cartillas, instructivos, estados financieros, plan de inversiones, etc.– que aportan para engranar los momentos del plan de vida; como referencia general se puede construir una guía o un pequeño documento rector que haga referencia al engranaje del resto de documentos del plan de vida.

DISCUSIÓN DE RESULTADOS

Luego del trabajo en campo y de la convivencia por largos y cortos espacios de tiempo entre las comunidades indígenas del país; en el Pacífico chocoano con comunidades Wounaan y Embera, en el Pacífico nariñense con comunidades Eperara Siapidara, con indígenas Coreguaje, Uititos, Ingas y Kamëntsá en el sur del país –alto, medio y bajo Caquetá, Putumayo e interior de Nariño–; con comunidades indígenas Wuanano, Desana, Piratapuyo, Kubea en el departamento del Vaupés; con indígenas artesanos Ticunas, Yaguas, Cocamas, Yucunas, Mirañas y Boras en el departamento del Amazonas, con indígenas Sálibas en el Casanare y Wayuu en el departamento de La Guajira; con el apoyo y las consideraciones sobre esta investigación logradas en pequeñas jornadas de trabajos, charlas informales, tertulias con integrantes de la ONIC, con estudiantes y amigos indígenas en la Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO en Bogotá: se logra concluir este trabajo.

Una consideración preliminar sobre este trabajo es que no es un proceso concluido, ni sus apreciaciones y consideraciones son definitivas, más bien son un inicio. La construcción del documento completo de esta investigación tomó mucho más tiempo del esperado, por las reflexiones que se hacían sobre el mismo en cada consulta y en ocasiones por los momentos fluctuantes que se viven políticamente en el país y hacían que el perfil como se escribía⁸ cambiara; sin embargo, ya no es tiempo de temer a la crítica, porque de ella parte una nueva propuesta para continuar, y así será, o por lo menos así se espera.

La construcción del plan de vida para un pueblo o nación indígena en Colombia es relevante tanto política como socialmente, por todo lo que implica a nivel institucional en el Estado, más cuando está pensado para fijar las estrategias en el manejo de un territorio desde los umbrales propios de cada pueblo; y de allí que la formulación del mismo debe fundamentarse en los principios básicos de vida interna de cada pueblo involucrado en el plan.

La razón de construir un plan de vida indígena no es exactamente pesando en la redacción de un documento, un escrito o unas políticas determinadas; debe ser concebido como una reconstrucción de su vida en el territorio, en su cultura y en sus conocimientos, para fijar unas líneas estratégicas de fortalecimiento organizativo; que desde las actividades propias de cada comunidad, aporte en los lineamientos básicos rectores (Figura 2): la unidad como pueblo indígena, el territorio como unidad básica de vida y pervivencia, la cultura como el eje fundamental del sustento en la diferencia de estados de vida⁹, alimentación, salud, educación, espiritualidad y gobierno, y la autonomía como la capacidad de decidir sobre su territorio basado en los tres principios rectores anteriores.

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La importancia del territorio y toda la ligación que se hace entre este y la autonomía indígena dictamina que sea la primera consideración para abordar una primera discusión. Este presupuesto se hace de forma cronológica, asumiendo puntos primordiales para que dicha conclusión quede bien planteada:

·         Se considera como punto de partida el 12 de octubre de 1492. Respecto a esa fecha es necesario que el Estado colombiano reconozca públicamente que el encuentro de los dos mundos –europeo y aborigen americano– determinó un fuerte fraccionamiento de las culturas aborígenes y europeas, iniciando un proceso de erosión cultural en las mismas; siendo las más perjudicadas las aborígenes americanas, por las inmensas pérdidas de personas, naciones, lenguas, manejos naturales y manejos de especies propias de las culturas amerindias, que repercuten en la realidad indígena del país hoy: una deuda no pagada.

·         Es necesario reconocer que el territorio hoy habitado por la nación colombiana, fue ancestralmente habitado por indígenas, y por ende, ellos poseen una priorización de tierras y territorios sobre las acciones de empresas privadas, propietarios privados y la misma nación colombiana; que es la llamada a defender dichos territorios, porque en su gran mayoría son patrimonio natural e inmaterial del país y de las comunidades indígenas.

·         Se debe reconocer que los indígenas son los directamente responsables de un buen uso de las zonas protegidas del país, que es bajo su anuencia que las unidades nacionales de zonas protegidas deben plantear su manejo, uso y conservación; entendiendo que dichas zonas poseen material vivo importante para la pervivencia de dichos pueblos. No es función del ente rector de los parques naturales el restringir el uso de animales, semillas, árboles o especies de importancia cultural o de alimentación a las comunidades indígenas; es función de los indígenas proponer actividades de manejo, veda, recuperación y repoblamiento, con la construcción de calendarios de abundancia como estrategia de uso y manejo sustentable de los recursos naturales de las zonas naturales, de interacción entre los indígenas, las zonas naturales y la unidad nacional de parques naturales.

·         El principio de autonomía consagrado en la Constitución Política de Colombia es la base del reconocimiento que la nación le hace a sus pueblos ancestrales y se hace necesario que se reglamente adecuadamente, que se institucionalice y se le dé participación a todas las naciones indígenas para que aporten en la construcción de la jurisprudencia que le rija. Se debe tener como base las sentencias de la Corte Constitucional sobre el mismo, la inconstitucionalidad o vulneración de derechos fundamentales de las comunidades respecto a sus territorios y su derecho a opinar y definir acciones frente a su uso.

·         El territorio es parte del universo indígena y el indígena es parte integral del territorio; su proceso es indivisible. No se concibe el territorio sin los indígenas, y un indígena obligatoriamente está ligado a su territorio; esta consideración aferra el concepto diferenciador entre indígena y campesino, marca el uso del territorio como eje fundamental de su pervivencia, de su vida; y no de su modelo o estilo de vida. El territorio figura un origen ancestral divino, localizado históricamente e identificado desde sus propios relatos de origen, habitación, uso y existencia. El territorio desde su concepción nunca será objeto de una negociación económica sobre su área o parte de su área, no se venderá y nunca se considerará como territorio a un espacio comprado, esto no es una actividad propia de los indígenas; por lo tanto, los territorios indígenas requieren un proceso especial para sus consideraciones administrativas referente al Estado y su función. Un ejemplo es lo sucedido respecto a los planes de ordenamiento territorial (POT), donde a través de la sentencia de la Corte Constitucional C-795 de 2000 se derogó la Ley 388 de 1997, teniendo como referente sobre los POT y las comunidades indígenas el principio de autonomía, dictaminando la inconstitucionalidad del mismo.

·         No existe territorio si no existe un principio de autonomía; no es conducente un plan de vida sobre un territorio que no depende enteramente de la comunidad que lo habita; se consideran los pueblos indígenas como naciones culturalmente formadas, pero no se les da la acción de salvaguarda plena y se les somete a parcializaciones del manejo del mismo frente a intereses particulares, del Estado, de las empresas privadas; en todos los casos con lucros y explotaciones bien degradantes para el mismo territorio, su cultura y su vida.

Se reconoce entonces, que la nación colombiana presentó unos avances considerables, de gran cobertura y de alto impacto con la Constitución Política de 1991 frente a los argumentos pluriétnicos y multiculturales del territorio colombiano, su historia, su conformación social y política, sus expresiones culturales y sus arraigos culturales ancestrales. Se destacaron los preceptos políticos de respeto, reconocimiento y consideración de minoría, con ventajas políticas, de representación, de uso de los territorios, de funciones administrativas y de participación del reparto nacional; pero también estancó estos procesos, porque no legisló la funcionalidad de cada una de los principios fundamentales que la Constitución les otorgaba a estos grupos especiales de minorías étnicas.

También se evidencia que la legislación colombiana no ha cumplido ni medianamente con los grupos étnicos, sus expresiones y el espíritu de la norma máxima consagrada en la Constitución Política, presentando una contracción frente al espíritu constitucional construido en la Asamblea Nacional Constituyente iniciada el 4 de julio de 1991. La no reglamentación de los derechos fundamentales consagrados en la Carta Magna para las minorías étnicas, ha hecho que se tenga que acudir constantemente al estamento constitucional¹⁰ para la defensa de los mismos; presentando escenarios de irrespeto, violación, manipulación y despojo de dichos derechos a los pueblos indígenas, afrodescendientes y gitanos, considerados como pueblos en minoría étnica.

No existe una legislación, ni reglamentación que permita sustentar un proceso real frente a la adopción de planes de vida como elemento fundamental de valor, que permita a una nación indígena defender su derecho a la consulta previa, a la decisión del uso del territorio y la no adopción de políticas o proyectos que afecten su condición de pueblo indígena, pero sí es posible plantear una unidad de trabajo, con un proceso clarificado desde la organización indígena, que se oriente a la construcción de planes de vida que perduren en el tiempo, que se reconozcan ante las instituciones, que determinen que los planes financieros son una parte del plan de vida que se puede actualizar permanentemente, y que de este no depende que el plan se cumpla en su espíritu.

Se reconoce también que un plan de vida, consolidado a partir de la organización indígena como elemento unificador desde la diferencia cultural, de territorio, de lengua, de consideración ancestral, es la base sobre la cual la nación colombiana se obliga a legislar desde la participación sobre los derechos adquiridos políticamente por estas comunidades en la Constitución de 1991. Si un plan de vida es mucho más que un proceso de manejo económico, obliga a que los mismos indígenas se vean como lo que les reconoce la CPC: una gran nación cultural y originaria del territorio que habitan. Que se vean como la salvaguarda de la historia natural y ancestral de la gran nación, que por diferentes razones hoy se llama Colombia y los agrupa tanto política como en identidad nacional.

Este argumento, sustenta y da bases para que se puede hacer un plan de vida mucho más amplio para dejar el manejo económico a las unidades contenidas en uno de los momentos que lo determinan; tendientes a que los planes de vida cuenten con el ítem económico y no al contrario, es decir, que los procesos administrativos del Estado no obstaculicen la permanente aplicación de un plan de vida indígena y que esté en función del mismo y no al revés. El pendiente en esta conclusión queda expuesto a la necesidad imperante para que desde la organización nacional indígena se determine un proceso articulador de los planes de vida, desde las consideraciones que deben ir más allá de un manejo, de un planteamiento de organización y de echar raíces en su territorio, en su cultura, en la defensa de su autonomía y la unidad como pueblo indígena de la gran nación colombiana.

En el epílogo de esta conclusión queda la atención a dar cumplimiento a una solicitud real para que los planes de vida estén mucho más allá de la simple concepción, ajustados a la realidad indígena y no de una construcción meramente teórica, que puede ser una historia para contar, una canción para cantar, una pintura para pintar o toda expresión natural y cultural a la vez, que permita que cada plan de vida indígena, sea conocido en los pueblos o comunidades involucradas, desde el más pequeño hasta el más anciano; para que lo ayuden a construir constantemente y lo defiendan; porque no puede ser estático, ya que despierta mucho más allá de los sentidos; despierta los mundos espirituales, que muy seguramente alimentarán por intermedio de sus comunicadores vivos, la reconstrucción de su mundo indígena.

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1.     Ingeniero Agroecólogo de la Universidad de la Amazonia. Máster en Agroecología, Sociología y Desarrollo Rural de la Universidad Internacional de Andalucía. Doctorado en Agroecología, Sociología y Desarrollo Rural Sostenible de la Universidad de Córdoba, España. Profesor de planta de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, director del programa de Ingeniería Agroecológica. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2.     Constitución Política de Colombia, art. 246.

3.     Esta es una referencia del Ministerio del Interior, de la oficina de etnias, y que solo reúne a las comunidades de las cuales esta entidad tiene registro por los recursos económicos que pone en las transferencias para los territorios colectivos, pero difiere de la cifra de la ONIC, que en 2010 estimó que existen 102 pueblos indígenas.

4.     Cerdo de monte (Tayassu albirostris).

5.     Como referencia obligatoria del Ministerio del Interior, de la oficina de etnias.

6.     Departamento Administrativo para la Prosperidad Social –DAPS–, la entidad del Gobierno nacional que encabeza el sector de inclusión social y reconciliación, al cual se encuentran adscritas las siguientes entidades: Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema –ANSPE–, Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, Unidad Administrativa Especial para la Consolidación Territorial, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF– y Centro de Memoria Histórica.

7.     Como está considerado en el Capítulo 4 de este documento sobre los ejes rectores que guían las actuaciones de los autogobiernos para su principio de autonomía.

8.     Este documento, aunque no está escrito como una manifestación o denuncia, es una pequeña muestra sobre el momento real que se vive en las comunidades indígenas y su organización; por los diferentes factores de violencia a los que están constantemente sometidos, a las políticas cambiantes que los hace cada día estar más a la deriva en una nación tan benevolente y acomodada a los planteamientos de la globalización y no a atender las demandas internas de sus habitantes. Es una crítica pura desde la razón indígena con los ojos de un habitante común de una nación que se vanagloria de su riqueza étnica, pero que la maltrata al no darle la importancia que debe tener; que crea políticas constitucionales que les da un estatus de respeto, pero que los irrespeta consecuentemente en el accionar industrial, de desarrollo, de modelos económicos, de permisos de explotación que transgreden su cultura y sus territorios, tan suave y estratégicamente trazadas que se hacen casi que invisibles hacía el exterior; por eso este documento está escrito en estos tonos, matizados de romanticismo y dolor, de esperanza y protesta, de propuesta y resignación.

9.     Se refiere a las formas de vida diferenciadas en cada comunidad, a los papeles negociados e históricos entre los papeles de género, de desempeño, de tiempos, de ocupación, de uso del territorio, etc.

10.  La Corte Constitucional fue creada en el mismo proceso, para velar por el cumplimiento del espíritu de la norma, la validez de la misma y la defensa de los derechos legalmente amparados por esta.

Para citar este artículo: Monje Carvajal, J.J. (2014). El plan de vida de los pueblos indígenas de Colombia, una construcción de etnoecodesarrollo. Revista Luna Azul, 41, 29-56. Recuperado de http://200.21.104.25/lunazul/index.php?option=com_content&view=article&id=102