Concepciones de educación ambiental en estudiantes de licenciatura en tres universidades de Colombia

Felipe Mauricio Pino Perdomo¹, Diego Jair Gálvez Cubides² 

Recibido: 14 abril 2020 Aceptado: 22 junio 2021 Actualizado: 28 junio 2022

DOI: 10.17151/luaz.2021.53.6

Resumen

La caracterización de las concepciones de educación ambiental de los docentes en formación en ciencias naturales de tres diferentes universidades públicas de Colombia tuvo como objetivo comprender el concepto de educación ambiental de los estudiantes y establecer la relación del concepto entre los estudiantes de las diferentes universidades. Esta investigación parte del paradigma mixto de la investigación con corte descriptivo, tiene una unidad de trabajo de 33 estudiantes con una muestra de 10 a 12 estudiantes por institución. Las técnicas aplicadas fueron el cuestionario teniendo como instrumento un test tipo Likert para identificar concepciones de educación ambiental en la población estudiada y la técnica de entrevista semiestructurada teniendo como instrumento los grupos de discusión con preguntas estructuradas abiertas dirigidas al concepto de ambiente y el abordaje de las problemáticas ambientales. Los instrumentos fueron creados por el Grupo de Investigación en Educación Ambiental (GEA) de la Universidad del Tolima y validados por expertos. Se determinó que existe una visión de educación ambiental característica en cada grupo de estudiantes de las tres universidades públicas. En los estudiantes de la Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Ciencias Naturales y Educación Ambiental de la Universidad de Antioquia predomina una concepción de educación ambiental ligada a la corriente etnográfica, holística y bioregionalista. En la Universidad del Tolima se evidencia un direccionamiento a la corriente etnográfica, bioregionalista y práxica. En la Universidad de Nariño se evidencian mayores acercamientos a las corrientes bioregionalista, etnográfica y holística.

Palabras clave: Educación ambiental, enseñanza superior, formación de profesores.

Conceptions of environmental education in undergraduate students in three Colombian universities

Abstract

The characterization of the conceptions of environmental education of teachers in training in natural sciences of three different public universities in Colombia had the objective of understanding the concept of environmental education of the students and, to establish the relationship of the concept among the students of the different universities. This research is based on the mixed paradigm of descriptive research, with a work unit of 33 students with a sample of 10 to 12 students per institution. The techniques applied were the questionnaire with a Likert-type test as an instrument to identify conceptions of environmental education in the population studied and the semi-structured interview technique with discussion groups as an instrument with open structured questions directed to the concept of environment and the approach to environmental problems. The instruments were created by the Environmental Education Research Group -GEA- of the University of Tolima and validated by experts. It was determined that there is a characteristic vision of environmental education in each group of students of the three public universities. In the students of the Bachelor's Degree in Basic Education with emphasis on Natural Sciences and Environmental Education at the University of Antioquia, a conception of environmental education linked to the ethnographic, holistic and bioregionalist current predominates. At the University of Tolima there is evidence of a focus on the ethnographic, bioregionalist and praxical current. At the University of Nariño, there is evidence of a closer approach to the bioregionalist, ethnographic and holistic currents.

Key words: Environmental education, higher education, teacher training.

Introducción

Las concepciones de ciencia y educación ambiental han venido dinamizándose a través del tiempo en un marco cronológico y social. En el caso de los docentes en formación, las concepciones de ambiente, educación ambiental y problemas ambientales que se expresan en el discurso de su labor están relacionadas con lo que comprenden de los conceptos que interpretan (Cardona Restrepo, 2012) y en los que han sido formados.

Existen diversas causas para investigar las concepciones en educación ambiental, entre las que se destacan: la falta de conceptos claros, lo que conlleva a propuestas difusas en la aplicación curricular de la educación ambiental (Ministerio del Medio Ambiente y Ministerio de Educación, 2002); el reduccionismo conceptual dirigido a la instrumentalización ecológica y cívica (Sauvé, 1999); y el activismo e intervencionismo sin objetivos educativos claros que trasciendan en un cambio sociocultural. Las causas acá mencionadas no permiten romper los paradigmas tradicionales de formación en educación ambiental a nivel superior (Molano Niño y Herrera Romero, 2014) ni determinar cuál es la dirección en formación ambiental en la actualidad en las universidades públicas colombianas. Para el futuro docente de ciencias naturales y educación ambiental debe ser clara la definición del concepto de educación ambiental desde sus corrientes filosóficas y la concepción política, social y cultural, visto desde la perspectiva del pensamiento ambiental.

El carácter polisémico del término “Ambiente” dirige desde su acepción misma la corriente de Educación ambiental en la que se enmarcará el docente, es por ello por lo que el ambiente como objeto, el ambiente como sistema (Gallopin, 1979; Macarrón, 2012), y el ambiente como relación sociedad -ser humano- y naturaleza mediada por la cultura (González Gaudiano, 1999; Ángel Maya, 2003; Galafassi, 2005; Valencia Cuellar y González Ladrón de Guevara, 2013), son las categorías de ambiente que se definieron para el análisis de las corrientes de educación ambiental. Existen otras acepciones de ambiente que aportan al análisis y la discusión como lo son el abordaje del ambiente desde la complejidad ambiental enmarcada en la racionalidad ambiental y el dialogo de saberes (Leff, 2007), y desde la interdisciplinariedad -o critica a la visión dominante- (Eschenhagen, 2021).

Es importante resaltar que el concepto de medio ambiente o ambiente que se abarque por parte del ser humano definirá gran parte de la concepción de educación ambiental de la que se apropie y las prácticas pedagógicas que realice, de tal manera que “(…) la discusión epistemológica sobre el concepto de ambiente es un elemento esencial en la educación ambiental y por tanto, en los procesos de enseñanza aprendizaje” (Flórez-Espinosa et al., 2017, p. 379).

La educación ambiental se consolida en el marco legal en Colombia desde la Constitución Política en su Artículo 8 que proclama el derecho a un ambiente sano. En el ámbito de la docencia desde la Ley General de Educación (1994) se plantea la educación ambiental como un eje transversal de enseñanza en la educación básica y media, y en los Lineamientos Curriculares de las Ciencias Naturales y Educación Ambiental (1998) se evidencia el papel multidimensional de la educación ambiental, su importancia en la formación en valores, así como sus objetivos y logros explícitos en el ámbito académico.

A pesar de este “reconocimiento legal” prevalecen: una concepción naturalista reducida al estudio de la naturaleza y los recursos (Caicedo y Céspedes, 2006), una activista, relegada a la “realización de proyectos escolares” (Gálvez, 2017, p. 173), y una empírica e inductivista de la educación ambiental, que no tiene en cuenta su interrelación social y la multiplicidad de visiones (Barrios Estrada, 2009). Este hecho puede generar docentes con una visión parcializada y descontextualizada de la realidad, sin tener en cuenta la realidad ambiental de su entorno y desenfocando la verdadera problemática local, regional, nacional y global. Es por esto por lo que se debe determinar cuál es la visión real del futuro docente de ciencias naturales para así poder fortalecer, enriquecer e intersubjetivizar su concepto de educación ambiental.

El presente trabajo comparativo sobre concepciones de educación ambiental en docentes en formación de distintas universidades del país se convierte en un factor de análisis importante y coyuntural dado que permite evidenciar la concepción de educación ambiental del futuro formador, categorizando similitudes, diferencias y pertinencia al contexto, siendo el responsable de la transformación social desde la escuela por medio de prácticas transformadoras aplicables a los diferentes contextos de la geografía nacional. A su vez, servirá de insumo a las universidades involucradas para saber si existe una verdadera apropiación del conocimiento por parte del futuro docente con respecto a la temática ambiental o, por el contrario, el currículo de las licenciaturas no ha generado procesos de transformación alguna en los conceptos tradicionales de educación ambiental.

A su vez, el desconocimiento de las concepciones de educación ambiental de los futuros docentes de ciencias naturales y educación ambiental es la causa principal para realizar el presente diagnóstico, poder determinar si las concepciones de ambiente y educación ambiental responden a corrientes históricamente predominantes como la tradicionalista, conservacionista, resolutivo, humanista y naturalista (Rodríguez y Tamayo, 2011) o si, por el contrario, existe un cambio en la visión de la formación ambiental dirigida a otras corrientes. Reviste importancia evidenciar la concepción de educación ambiental y ambiente del futuro docente, caracterizando particularidades y aproximaciones conceptuales “buscando que de esta manera el futuro formador sea el responsable de la transformación social desde la escuela por medio de la enseñanza de prácticas transformadoras aplicables a los diferentes contextos de la geografía nacional” (Pino Perdomo, 2015, p. 22).

El ser humano replica la información adquirida a través de su sistema de creencias y valores; es así como ante el carácter variado de la educación ambiental, el reconocer la concepción de educación ambiental de futuros docentes permite evidenciar las concepciones de la relación sociedad-naturaleza, ambiente/ medio ambiente y de educación ambiental en las que serán formadas las futuras generaciones (Moreno-Crespo y Moreno-Fernández, 2015). El conocimiento de las mencionadas visiones y conceptos permitirá también, desde los procesos de formación, la intervención, adaptación y modificación según sea el caso por parte de las autoridades académicas. Es necesario entonces comprender cuál es el concepto del estudiante para poder determinar en qué corriente teórica se enmarca.

Para el presente trabajo de investigación, se partió del análisis de los autores a la cartografía de corrientes en educación ambiental planteada por Sauvé (2004) caracterizado desde las categorías de visión de la relación humana con el mundo como lo son la visión antropocéntrica, biocéntrica y ecocéntrica (Foladori, 2005), la concepción de ambiente o medio ambiente, el abordaje de las corrientes a las problemáticas educativo-ambientales, el propósito de formación y las estrategias o modelos pedagógicos:

Tabla 1. Caracterización de la Educación Ambiental a partir de la Cartografía de Educación Ambiental

Fuente: elaboración propia a partir de Sauvé (2004).

Materiales y método

La presente investigación es de tipo mixta concurrente de corte comprensivo. La metodología de investigación mixta supera las discusiones filosóficas y epistemológicas del diseño de la investigación y se centra en la complementariedad y ventaja de los instrumentos (Salman, 2009 citado en Esquivel et al., 2011). Así mismo, permite

(…) neutralizar o eliminar sesgos de determinados métodos cuando éstos se utilizan de forma aislada; que los resultados de un método contribuyan al desarrollo de otros; o que puedan convertirse en una especie de subproceso de otro método, proporcionándole datos sobre diferentes niveles o unidades de análisis. (Rodríguez Gómez y Valldeoriola Roquet, 2012, p. 14)

Las unidades de análisis fueron los conceptos de “ambiente”, “Educación Ambiental” y “problemáticas de la educación ambiental”, con una unidad de trabajo de 33 estudiantes de los programas de licenciatura en Educación Básica con énfasis en Ciencias Naturales y Educación Ambiental de tres universidades públicas del país: Universidad de Antioquia -Medellín- (10 estudiantes), Universidad Antonio Nariño -Pasto- (13 estudiantes) y la Universidad del Tolima -Ibagué- (10 estudiantes). Como criterios de inclusión se propusieron: 1. Estudiantes de Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Ciencias Naturales y Educación Ambiental; 2. Estudiantes entre séptimo y decimo semestre; y 3. Estudiantes cursando sus prácticas educativas con una muestra de 10 a 13 estudiantes por institución.

Para la presente investigación se determinó que las técnicas a aplicar serian el cuestionario -teniendo como instrumento la escala Likert- y la técnica de entrevista semiestructurada -teniendo como instrumento los grupos de discusión por institución-. La escala Likert busca dar afirmaciones que reflejen actitudes positivas o negativas con respecto a la concepción de Educación Ambiental para poder, a partir del análisis del instrumento, iniciar un proceso de categorización. La Escala Likert (ver Anexo 1) consta de 27 premisas, siendo la valoración de 1 “completamente de acuerdo” y la valoración de 5 “completamente en desacuerdo”, cada premisa fue validada por pares internacionales. En la escala Likert se plantearon 27 premisas, las primeras 15 premisas con una premisa de relación directa a cada una de las corrientes, las premisas 16 y 17 buscan determinar la importancia del pensamiento crítico y el pensamiento crítico especializado en la Educación Ambiental, de las premisas 18 en adelante se plantean posturas que pueden acercarse a una o varias corrientes. Estadísticamente, los resultados obtenidos a la muestra aplicada fueron analizados con el programa Statistical Package of the Social Sciences (SPSS) presentando un Alpha de Chronbach de 0,817 para las 27 premisas.

Tabla 2. Relación de premisas relacionadas a las corrientes educativo-ambientales y abordaje de problemáticas

Fuente: elaboración propia.

De la premisa 1 a la 15 están relacionadas directamente con el concepto de educación ambiental, mientras las premisas 22 a la 27 fueron sobre el abordaje de las problemáticas de la educación ambiental relacionadas con una o más corrientes.

El análisis correlacional de las respuestas de los estudiantes según el nivel de concordancia con las preguntas pertenecientes a cada corriente de educación ambiental mediante las respuestas a las preguntas relacionadas a cada corriente en una representación gráfica radial permitió inferir concepciones, acercamientos y distanciamientos con las distintas corrientes de la educación ambiental.

A su vez, la entrevista semiestructurada a través de los grupos de discusión se enmarca en la metodología de investigación cualitativa en la categoría denominada sesiones en profundidad o grupos de enfoque, trabajando categorías, experiencias o conceptos relativos al planteamiento de la investigación, siendo el centro del interés para el investigador la narrativa colectiva (Hernández Sampieri et al., 2012). Las preguntas del grupo de discusión fueron validadas por los miembros del grupo de investigación en educación ambiental de la Universidad del Tolima G.E.A-UT para luego ser validados por un par externo en el área de la educación y los saberes ambientales En el caso del trabajo de los grupos de discusión, estas sesiones se grabaron y se realizó el respectivo análisis utilizando como técnica el análisis hermenéutico y como forma de representación las redes semánticas. La representación gráfica de las respuestas dadas por cada grupo de discusión mediante el programa Atlas Ti permitió comprender que entienden por ambiente y/o medio ambiente, la relación entre la ecología y la educación ambiental, los objetivos de la educación ambiental, los problemas que abarca la educación ambiental y propuestas de formación en el campo educativo ambiental. El análisis de las representaciones gráficas permitirá inferir acercamientos a las distintas corrientes de educación ambiental.

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Figura 1. Representación gráfica del diseño metodológico

Fuente: Grupo de Investigación en Educación Ambiental –GEA-. Universidad del Tolima. 2015.

Resultados

Fase cuantitativa. Cuestionario

Tabla 3. Resultado promedio de premisas relacionadas por universidad

Fuente: elaboración propia.

En la población de la Universidad de Antioquia existe una fuerte tendencia a la corriente etnográfica –premisa 13 y 21 con promedio de 2,0-; seguido de la corriente holística -premisa 8, 21 y 23 con promedio de 2,1- y la corriente bioregionalista –premisa 8 y 21 con promedio de 2,1-. Luego, la corriente Práxica -premisa 10 y 18 con promedio de 2,0-; y la corriente Crítica -promedio de 2 en la premisa 10 y 18-.

La tendencia más fuerte en los estudiantes de Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Ciencias Naturales y Educación Ambiental, dadas las respuestas a las premisas relacionadas a cada corriente, se encuentran dirigidas a la corriente etnográfica, seguidos de la corriente holística y bioregionalista. También se evidencia una fuerte tendencia a las corrientes Práxica y Crítica.

En la población de la Universidad de Nariño, existe una fuerte tendencia a la corriente bio regionalista -premisas 9 y 21 con promedio de 1,3-; seguida de la corriente etnográfica –premisa 13 y 21 con promedio de 1,5-; seguida de la corriente holística -premisa 8, 21 y 23 con promedio de 1,5-. La tendencia más fuerte en los estudiantes de Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Ciencias Naturales y Educación Ambiental, dadas las respuestas a las premisas relacionadas a cada corriente, se encuentran dirigidas a las corrientes bioregionalista, la corriente etnográfica y la regionalista, respectivamente.

En la Universidad del Tolima, existe una fuerte tendencia a la corriente etnográfica -premisas 13 y 21 con promedio de 1,2-; seguida de la corriente bio-regionalista –premisa 9 y 21 con promedio de 1,7-; seguido de la corriente práxica -premisa 10, 18 y 20 con promedio de 1,7-. La tendencia más fuerte en los estudiantes de Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Ciencias Naturales y Educación Ambiental, dadas las respuestas a las premisas relacionadas a cada corriente, se encuentran dirigidas a las corrientes etnográfica, la corriente bioregionalista y la práxica, respectivamente.

Figura 2. Relación de premisas relacionadas a las corrientes educativo-ambientales y abordaje de problemáticas en las tres universidades

Fuente: elaboración propia.

Fase cualitativa: grupos de discusión

Pregunta 1. Usualmente en la educación ambiental se hace referencia a los términos ambiente y medio ambiente ¿Cuál de los dos utiliza, porqué y cómo lo concibe?

En la población de la UdeA se puede evidenciar que los estudiantes han sido formados de forma crítica con respecto a la visión de medio ambiente considerándola una redundancia, evidencian el vacío conceptual planteado en la definición de medio ambiente que lo asimila a la naturaleza de forma homóloga, dejando de lado los componentes sociales, culturales, económicos y políticos. Se hace énfasis en el componente medio ambiental como visión reduccionista que predomina en los sistemas educativos tradicionales. De tal manera, se puede determinar que los estudiantes de la universidad de Antioquia conciben el ambiente como una relación cultural y social con la naturaleza.

Los estudiantes de la UdeNAR poseen posturas indiferenciadas entre medio ambiente y ambiente, equiparándolos a un mismo nivel o planteando el uso del concepto no posee ninguna carga semántica o de visión del mundo. Algunos plantean que conocen la diferencia, pero la usan de forma indistinta. Algunos plantean que el adjetivo de medio es fraccionante y redundante. Finalmente, otros consideran el ambiente como el término adecuado dado que interrelaciona o correlaciona la sociedad y la naturaleza.

Los estudiantes de UT plantean el término ambiente como contradictorio al término medio ambiente, la definición de medio ambiente plantea un vacío conceptual que los conlleva a cuestionarse sobre el otro medio componente, a su vez ven el medio ambiente como un concepto redundante y centrado en el ámbito biológico. Los estudiantes conceptualizan el ambiente como la relación de componente social y natural mediado por sus interacciones en una relación naturaleza, sociedad y cultura.

Pregunta 2: ¿Qué diferencias y relaciones encuentra entre Ecología y Educación Ambiental?

Los estudiantes de la UdeA diferencian claramente que la Ecología favorece y cumple un papel importante en la educación ambiental. Sin embargo, no es educación ambiental. Ellos reconocen la ecología como una disciplina que fortalece la educación ambiental y la fundamenta, pero clarifican que la ecología no es la totalidad en la educación ambiental; hacen énfasis en que como componente debe interrelacionarse para no convertirse en una visión ecologista basada en los recursos y la naturaleza sin tener en cuenta las interacciones sociales y naturales viéndolas como una totalidad.

Los estudiantes de UdeNAR diferencian claramente la Ecología de la educación ambiental. Plantean que la ecología es el saber relacionado al entorno vivo, el estudio del comportamiento animal, los animales, la naturaleza y los hábitats, así como la interrelación e interacción entre los factores bióticos y abióticos. A su vez, plantean que la educación ambiental es un proceso de cuidar y entender nuestro entorno abarcando lo social y natural, así como la postura de enfrentar problemas ambientales por medio de la acción.

Los estudiantes de UT encuentran diferencias claras entre Ecología y educación ambiental. Plantean la ecología como una ciencia que estudia las relaciones de la naturaleza, los ecosistemas y la vida, relacionan la ecología con la educación ambiental desde el abordaje de las problemáticas ambientales de la ecología como ciencia. Plantean la educación ambiental como el proceso de reflexión social para la naturaleza, como acción práctica para mejorar las interrelaciones.

Pregunta 3: ¿Cuáles considera usted son los objetivos de la educación ambiental?

Los estudiantes de la UdeA plantean como objetivos comprender las dinámicas y relaciones entre lo natural y lo social. También se plantea la formación para la transformación del comportamiento, mejorando nuestra relación con el entorno y con el otro. Se evidencia un componente holístico en el sentido de buscar la relación de los distintos tipos de conocimiento para la formación personal a través de la educación basada en la transversalidad e interdisciplinariedad. Se evidencia en el grupo de discusión un fuerte desarrollo en el pensamiento crítico como habilidad dirigida a la reflexión.

En los estudiantes de UdeNAR existen varias tendencias marcadas a considerar en los estudiantes con respecto a lo que consideran los objetivos de la educación ambiental. La primera tendencia plantea que su objetivo es la reducción de contaminación, emisiones, derivados del petróleo, el uso adecuado del reciclaje y el cumplimiento de tratados internacionales. Otra vertiente plantea la formación integral entre disciplinas como la biología, la química y la física con la economía y el dialogo de saberes. Se evidencia a su vez la generación de conciencia como un objetivo y el desarrollo de estrategias que permitan encontrar equilibrio en la relación sociedad naturaleza.

Los estudiantes de UT plantean como objetivos de la educación ambiental el proceso de formación relacionando y formando en la relación sociedad naturaleza desde diversos ámbitos, fundamentos y disciplinas, reconceptualizando términos como ambiente y formando en consumo responsable y la toma de decisiones consciente.

Pregunta 4: Todo campo de conocimiento tiene un conjunto de problemas ¿Cuáles considera usted son los principales problemas que abarca la educación ambiental?

Los estudiantes de la UdeA identifican como problema de la educación ambiental la falta de divulgación del conocimiento, así como la falta de continuidad en los procesos de formación que, ante su ausencia, caen fácilmente en activismos ambientales. Manifiestan como problema de la educación ambiental la mirada escolarizada invisibilizando los procesos de formación fuera del aula. Evidencian también posturas positivistas que se le ha dado a la educación ambiental desde ciencias como la biología y la ecología. A su vez, resaltan que esa mirada desde una sola ciencia o disciplina –matemáticas, física, química- no permite el actuar interdisciplinarmente y potenciar los desarrollos de la educación ambiental. Resaltan a nivel escolar el problema de cargar la educación ambiental solo a los docentes del área de ciencias naturales. Mencionan a su vez problemas curriculares a nivel de básica y media como a nivel universitario partiendo de la falta de conceptualizar y definir el tipo de educación ambiental en el que se va a formar teniendo en cuenta contextos culturales, geográficos y sociales.

En los estudiantes de UdeNAR se evidencian varias posturas con respecto a cuales son considerados los principales problemas de la educación ambiental la indiferencia y el desconocimiento, el trabajo en educación ambiental relegado exclusivamente al aula y a los docentes del área de ciencias naturales, la desarticulación estatal e institucional de las escuelas, la ausencia de reflexión y pensamiento crítico y la falta de actividades en procesos de formación, también se aduce por algunos estudiantes a la falta de conexión con problemas sociales como la pobreza.

Los estudiantes de UT plantean como problemas de la educación ambiental la falta de incidencia de la formación ambiental en las políticas estatales relacionadas al extractivismo, el consumo y el desarrollo, la falta de interdisciplinariedad en los componentes educativo-ambientales y las visiones reduccionistas a partir de discursos como el desarrollo sostenible, la sustentabilidad y el ambiente. Finalmente, plantean como problemática la formación reducida de los futuros educadores en educación ambiental.

Pregunta 5: Qué perspectiva de la EA considera más adecuada: ¿educación ambiental o Educación para el Desarrollo Sostenible?

En la población de la UdeA existen dos visiones contrarias al poner a consideración de los estudiantes el término de “educación ambiental” y “Educación para el Desarrollo Sostenible”. En primera instancia, algunos estudiantes plantean que el termino educación ambiental es más adecuado dado su amplio espectro de aplicación, otros ponen en duda el termino sostenible y sustentable y consideran que se hace necesario saber desde qué autores se propone o conceptualizan el término. Plantean el desarrollo sostenible como un maquillaje para el desarrollo y fines netamente económicos. Sin embargo, algunos estudiantes plantean que sí puede existir una educación ambiental que permita el Desarrollo Sostenible siempre y cuando exista de por medio un pensamiento crítico y reflexivo que permita determinar los objetivos del Desarrollo Sostenible.

Con respecto a la consideración de tendencia más adecuada en los estudiantes de la UdeNAR, hay una clara inclinación a la Educación para el Desarrollo Sostenible planteando la búsqueda de equilibrio y el papel práctico que cumple, los estudiantes consideran la educación ambiental como un discurso teórico sin metas claras que ha caído en el activismo y no sobrepasa los límites hacia un ejercicio práctico y sistemático, mientras la educación ambiental para el desarrollo sostenible sí lo ha logrado.

Los estudiantes de UT consideran inadecuada la educación para el desarrollo sostenible al considerar que tienen un enfoque predominantemente económico y político basado en el discurso del desarrollo con soluciones a corto plazo. Consideran la educación ambiental como una opción más integral que comprende lo social y lo natural.

Pregunta 6: Como futuro docente, ¿Cómo llevaría a cabo los procesos educativos ambientales para que cumplan con su objetivo?

Los estudiantes de la UdeA plantean la visualización del PRAE al interior de la institución, convirtiéndolo en un proyecto de las comunidades educativas y superando la visión simplista de documento institucional; la perspectiva de los PRAE debe superar los muros de la institución convirtiéndose en PROCEDA. El componente de proyectos sociales a partir de problemas específicos aplicados a contextos particulares también se evidencia en las respuestas. Se plantea a su vez la formación en educación ambiental a docentes de todas las áreas para lograr el trabajo interdisciplinar. Finalmente, subyace la importancia de una formación política y participativa para generar impactos reales en los proyectos ambientales.

Los estudiantes de UdeNAR, en cuanto a procesos educativos para el cumplimiento de los objetivos de la educación ambiental, plantean metodologías de trabajo en equipo y colaborativo incluyendo a todos los actores de la problemática a abordar. También proponen la formación sólida en el componente teórico y el ejercicio de la conceptualización, a su vez se plantean técnicas discursivas como el debate y la discusión argumentativa, salidas de campo, el juego como estrategia, la articulación con las distintas áreas del conocimiento, una relación de aprendizaje de doble vía, la toma de conciencia, actividades con un fin y la educación por proyectos.

Los estudiantes de UT plantean una visión integrada que supere la separación sociedad/naturaleza y el avance de los conocimientos teóricos a los prácticos de forma contextualizada. Evidencian el pensamiento crítico como una habilidad necesaria a desarrollar para poder formar a pensar críticamente. A su vez se plantea la necesidad de la aplicación de una pedagogía del ejemplo basada en la coherencia entre la dicción y la acción. Finalmente, se plantea que el docente debe ser creativo desde su autonomía para la formación de las nuevas generaciones.

Discusión

Respecto al concepto de ambiente o medio ambiente se evidencia claramente que en las tres universidades estudiadas el ambiente es asumido como una relación entre la sociedad y la naturaleza mediada por la cultura (Galafassi, 2005; González Gaudiano, 1999; Valencia Cuellar y González Ladrón de Guevara, 2013; Morales-Jasso, 2016) dirigiéndose a una concepción de ambiente enfocada en el análisis interdisciplinario que estudia las relaciones entre las formaciones sociales y los ecosistemas (Ángel Maya, 2003). Este hallazgo permite evidenciar la superación de visiones reduccionistas del medio ambiente propias de visiones antropocéntricas y de la concepción de ambiente como objeto o como sistema.

Respecto a las visiones de la relación sociedad-naturaleza, se puede evidenciar que existe una visión predominantemente ecocéntrica en la Universidad de Antioquía y la Universidad de Nariño, y en menor medida en la Universidad del Tolima. En la Universidad de Antioquia predominan visiones ecocéntricas del desarrollismo fuerte con tendencia a la justicia ambiental relacionando a la distribución, al reconocimiento, la inclusión y las capacidades de poblaciones vivientes incluyendo comunidades y ecosistemas (Schlosberg, 2011), y el ecologismo profundo planteando la igualdad biosférica, aplicando principios territoriales y espacios vitales, retomando el principio de diversidad (Naess, 2007); mientras en la Universidad de Nariño se mantienen visiones propias del evangelio de la ecoeficiencia basada en la modernización ecológica, curvas ambientales de crecimiento de la contaminación a la espera de un posterior decrecimiento e internalización de las externalidades (Espinosa González, 2012). Es de destacar que en la Universidad de Nariño seguida de la visión ecocéntrica se evidenció una fuerte tendencia antropocéntrica. En la Universidad del Tolima prevalece una visión biocéntrica dirigida al biocentrismo moderado el cual favorece de manera facultativa unas especies vivas sobre otras dependiendo de su papel en un sistema cultural, político o ideológico (Lecaros, 2009). Los resultados obtenidos nos permiten evidenciar que en la población estudiada la visión antropocéntrica empieza a ser superada por visiones ecocéntricas y biocéntricas reconociendo el papel del ser humano en el ecosistema -no como el todo o fin mismo- y revalidando el papel de los otros seres vivos en la naturaleza.

Respecto a la concepción de educación ambiental, con base en lo obtenido por los instrumentos, se logró determinar que en la Universidad de Antioquia predominan características de las corrientes: etnográfica, holística y bioregionalista; en la Universidad de Nariño las corrientes bioregionalista, etnográfica y holística, y en la Universidad del Tolima las corrientes: etnográfica, bioregionalista y práxica. Los resultados obtenidos evidencian transformaciones conceptuales en las visiones tradicionalmente hegemónicas de educación ambiental en estudiantes de Licenciatura en Ciencias Naturales en formación como lo son la corriente tradicionalista, conservacionista, resolutivo, humanista y naturalista (Rodríguez y Tamayo, 2011).

También se puede concluir qué si bien es cierto existe un cambio conceptual al interior de las concepciones de cada universidad al relacionarla con las problemáticas educativo-ambientales, hay un acercamiento entre las concepciones de los estudiantes de las tres universidades reflejando niveles de concordancia en al menos dos corrientes: etnográfica basada en la interrelación simbiótica con el ambiente en un ejercicio de respeto y comprensión del medio desde la cultura a través de la exploración del medio, y bioregionalista: teniendo en cuenta problemáticas propias del contexto inmediato a partir de conocimiento geográfico y ecosistémico y la apropiación del territorio.

El mencionado acercamiento de las tres universidades con las corrientes etnográfica y bioregionalista permite evidenciar que se han generado trans-formaciones a nivel de educación ambiental superior dirigidas a “posibilitar unas bases epistemológicas sólidas así como un conocimiento de las causas sociohistóricas de los problemas ambientales para comprender la complejidad ambiental (…) y mediante esta comprensión llevar luego una toma de decisión más integral y responsable con el entorno natural” (Eschenhagen, 2016, p. 80).

Conclusiones y recomendaciones

En los estudiantes de últimos semestres de la Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Ciencias Naturales y Educación Ambiental de la Universidad de Antioquia, la Universidad de Nariño y La Universidad del Tolima se evidencian diferentes concepciones de educación ambiental.

Los estudiantes de la Universidad de Antioquia consideran como problemáticas educativo-ambientales la baja divulgación del conocimiento, el activismo, la discontinuidad en los procesos, la escasa interdisciplinariedad y la descontextualización de las problemáticas ambientales. Para los estudiantes de la Universidad de Nariño las principales problemáticas educativo-ambientales son la falta de conocimiento, la exigüidad de procesos aplicativos prácticos, la desarticulación, la poca interdisciplinariedad, la ausencia de formación en pensamiento crítico y la pobreza. En la Universidad del Tolima los estudiantes consideran que las principales problemáticas educativo-ambientales son la falta de incidencia en las políticas públicas relacionadas al extractivismo, el desarrollo y el consumo responsable, la reducida interdisciplinariedad y la precaria formación a los docentes. Se puede concluir que los estudiantes de las tres universidades identifican en común la falta de interdisciplinariedad como una problemática educativo ambiental.

Respecto a los objetivos de la educación ambiental, los estudiantes de la Universidad de Antioquia consideran que los principales objetivos son la comprensión del ambiente y la formación para la transformación. En la Universidad de Nariño, los estudiantes consideran que los principales objetivos son la reducción de los efectos nocivos de la humanidad sobre la naturaleza, la formación integral y la generación de conciencia. Para los estudiantes de la Universidad del Tolima, los principales objetivos de la educación ambiental son la formación, el consumo responsable y la toma de decisiones, así como el pensamiento crítico. Las tres universidades coinciden en que uno de los objetivos de la educación ambiental debe ser el proceso de formación.

Los estudiantes de la Universidad de Antioquia consideran que las principales estrategias de formación en educación ambiental son el Proyecto Ambiental Escolar (PRAE), la socialización y aplicación de estrategias, generación de espacios de dialogo, el trabajo en y con la comunidad y la contextualización de las problemáticas. Los estudiantes de la Universidad Antonio Nariño consideran como estrategias de formación en educación ambiental el trabajo en equipo, las mesas redondas, los debates y discusiones, las salidas de campo, la lúdica, la interdisciplinariedad, la educación por proyectos, el aprendizaje en contexto y la conceptualización. En la Universidad del Tolima, los estudiantes consideran que las estrategias de formación en la educación ambiental deben partir de una formación teórico- práctica adecuada, la educación en contexto, la pedagogía del ejemplo y el desarrollo del pensamiento crítico. Las tres universidades coinciden la contextualización como estrategia de formación.

Respecto a las concepciones de educación ambiental, en las tres universidades existen distintos acercamientos y alejamientos. En las concepciones naturalista, conservacionista/recursista científica, moral/ética, holística práxica y critica se evidencia un fuerte acercamiento entre lo planteado por los estudiantes de la Universidad de Nariño y la Universidad del Tolima, dirigido a la concordancia con las posturas conceptuales de la corriente y evidenciándose un claro distanciamiento con la posición de los estudiantes de la Universidad de Antioquia. En las concepciones humanista, etnográfica y de eco-educación se manifiesta un fuerte acercamiento entre lo planteado por los estudiantes de la Universidad de Antioquia y la Universidad de Nariño, evidenciándose un claro distanciamiento con el posicionamiento teórico de los estudiantes de la Universidad del Tolima. En la concepción bioregionalista, se muestra un fuerte acercamiento entre lo planteado por los estudiantes de la Universidad del Tolima y la Universidad de Antioquia. Solo en la corriente resolutiva se exhibe un notable acercamiento entre lo planteado por los estudiantes de las tres universidades. En las corrientes Feminista y de desarrollo sostenible/sostenibilidad se ven distanciamientos entre las posturas conceptuales de las tres poblaciones de estudiantes.

Al relacionar las concepciones de educación ambiental con las problemáticas ambientales los acercamientos y distanciamientos en las tres universidades varían.

En las concepciones sistémica, moral/ética, práxica, crítica y eco-educación se refleja un fuerte acercamiento entre lo planteado por los estudiantes de la Universidad de Nariño y la Universidad del Tolima, dirigido a la concordancia con las descripciones conceptuales de la corriente y evidenciándose un claro distanciamiento con la postura de los estudiantes de la Universidad de Antioquia. En la corriente feminista se evidencia un acercamiento entre la Universidad de Antioquia y la Universidad de Nariño evidenciándose un distanciamiento con la postura de los estudiantes de la Universidad del Tolima. En las corrientes Naturalista, conservacionista/recursista, científica, humanista, holística, bioregionalista, etnográfica y sostenibilidad/sustentabilidad se evidencian distanciamientos entre las posturas conceptuales de las tres poblaciones de estudiantes.

Tabla 4. Resumen y análisis comparativo

Fuente: elaboración propia.

Potencial conflicto de intereses

Se declara que la presente investigación no presenta conflicto de intereses con respecto a otros autores y/o colaboradores, la investigación está enmarcada en el proyecto “Concepciones de educación ambiental en estudiantes de últimos semestres de la licenciatura en educación básica con énfasis en ciencias naturales y educación ambiental” código 570120516, y es producto del trabajo de grado de Maestría en Educación Ambiental del Mg. Felipe Mauricio Pino Perdomo. Los resultados aquí obtenidos son producto de las fases realizadas por los autores.

Fuentes de financiación

Convocatoria 002 de 2015 de la Oficina de Investigaciones de la Universidad del Tolima.

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1 Mg. en Psicopedagogía y Mg. en Educación Ambiental. Docente tiempo completo Corporación Universitaria Minuto de Dios-UNIMINUTO, Ibagué, Tolima, Colombia. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2 Mg. en Educación Ambiental. Docente catedrático Universidad del Tolima, Ibagué, Tolima, Colombia. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Anexo 1. Formulario Concepciones de Educación Ambiental

El presente formulario pretende indagar acerca de sus ideas sobre la Educación Ambiental. Lea atentamente la afirmación y seleccione su nivel de acuerdo teniendo en cuenta que:

1. Totalmente de acuerdo (T.A)

2. De acuerdo (D.A)

3. Neutral (N)

4. En desacuerdo (E.D)

5. Totalmente en desacuerdo (T.D) 

Para citar este artículo: Pino Perdomo, F. M. y Gálvez Cubides, D. J. (2021). Concepciones de educación ambiental en estudiantes de licenciatura en tres universidades de Colombia. Revista Luna Azul (On Line), 53, 92-112. https://doi.org/10.17151/luaz.2021.53.6

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Análisis de los factores de riesgo que vulneran los derechos humanos de las mujeres mineras de subsistencia y de pequeña escala de oro: estudio de caso, California, Santander

Julie Alejandra Cifuentes Guerrero ¹,  Leonardo Güiza Suarez¹  

Recibido: 17 marzo 2020 Aceptado: 16 febrero 2021 Actualizado: 27 junio de 2021

DOI: 10.17151/luaz.2021.53.4

Resumen

En Colombia, las mujeres que trabajan en la minería de subsistencia y de pequeña escala de oro se encuentran en una situación de riesgo y desprotección. Bajo este escenario, la investigación que aquí se presenta tuvo como objetivo analizar los factores a los que están expuestas y que pueden vulnerar sus derechos humanos. Para lograr lo anterior, a través de un enfoque cualitativo, se realizó un muestreo teórico de testimonios de mujeres mineras de diferentes municipios de Colombia, así como trabajo de campo en California, Santander, una localidad de tradicionalidad minera, bajo la metodología Investigación-Acción-Participación, lo que permitió identificar y evaluar las situaciones que pueden trasgredir lo que la Corte Constitucional ha desarrollado respecto de un grupo de derechos analizado. Los resultados reportan que los factores de riesgo a los que están expuestas las mujeres que realizan este tipo de minería en Colombia dependen de la historia y cultura del territorio en el que se lleve a cabo la actividad, e incluyen la violencia de género, el conflicto armado, la minería ilegal mecanizada, las concesiones mineras otorgadas en territorio de comunidades étnicas, entre otros aspectos, que pueden vulnerar derechos de este grupo poblacional como la discriminación en razón del sexo, el mínimo vital, el libre desarrollo de la personalidad, etc.

Palabras clave: derechos humanos, enfoque de género, minería de subsistencia mujer.

Analysis of risk factors that infringe human rights of subsistence and small-scale gold miner women: case study, California, Santander

Abstract

Women who work in subsistence and small-scale mining in Colombia are in a situation of risk and lack of protection. In this scenario, the research presented here aimed at analyzing the factors to which they are exposed that may infringe their human rights. To achieve the above, a theoretical sampling of testimonies of female miners from different municipalities of Colombia was carried out through a mixed approach which systematically integrated qualitative and quantitative methods, as well as field work in the traditionally mining municipality of California, Santander, using the Research-Action-Participation methodology, which allowed identifying and evaluating the situations that may transgress what the Constitutional Court has developed regarding a group of rights analyzed. The results report that the risk factors which women who work in this type of mining in Colombia are exposed to depend on the history and culture of the territory in which the activity takes place, and include gender-based violence, armed conflict, illegal mechanized mining, mining concessions granted in the territory of ethnic communities, among other aspects, which may violate the rights of this population group such as discrimination on the basis of sex, the minimum vital, the free development of personality, etc.

Keywords: human rights, gender approach, female subsistence mining

Introducción

Desde principios del siglo XXI, el Estado colombiano ha incorporado un modelo de desarrollo económico basado en el extractivismo (Göbel y Ulloa, 2014), con especial interés en los sectores minero-energético, que le permita aumentar su crecimiento económico e ingresar a los mercados internacionales. Lo anterior, se evidenció en el Plan Nacional de Desarrollo (2010-2014), que concibió la minería como una de las cinco locomotoras para el desarrollo del país, impulsada por el incremento significativo de capitales extranjeros a la economía nacional.

A pesar de que el Estado concibe la minería legal como un motor para generar desarrollo económico y bienestar social, esta actividad es considerada por las comunidades como promotora de conflictos y fuente de violaciones a los derechos humanos. Así lo reporta la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), al señalar que el 80 % de las violaciones a los derechos humanos que ocurren en Colombia se presentan en los municipios mineros-petroleros; el 87 % del desplazamiento forzado ocurre en estos lugares y el 78 % de los crímenes contra sindicalistas, el 89 % contra indígenas y el 90 % contra afrodescendientes, se cometen en zonas con presencia de proyectos minero-energéticos (OCHA, 2013). Lo anterior, ha generado resistencia social al desarrollo de esta actividad, principalmente por los impactos socioambientales que ocasiona.

En cuanto a su dimensión, la minería en Colombia aún es muy incipiente y se lleva a cabo principalmente a pequeña escala. De acuerdo con el censo minero (2011), del total de minas existentes en el país (14.357), el 72 %, son pequeñas, el 26 % medianas y el 1% grandes. Gran parte de esta pequeña minería no cuenta con el correspondiente título minero (66 %), lo que permite catalogarla como ilegal  (Ministerio de Minas y Energía, 2011).

La minería ilegal es la responsable de un alto porcentaje de las cifras de vulneración a los derechos humanos y de los conflictos ambientales que se presentan en el país. De acuerdo con el Atlas de Justicia Ambiental, en Colombia existen 129 conflictos ambientales reportados, de los cuales el 37,5 % se relacionan con la minería (Environmental Justice Atlas, 2016), muy probablemente ilegal. Particularmente, los pueblos indígenas, las comunidades afrocolombianas y campesinas son quienes más han sufrido los impactos del extractivismo legal e ilegal, como lo muestran los numerosos pueblos indígenas y tribales que han acudido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar la afectación a sus derechos como consecuencia de la implementación de proyectos de esta naturaleza (CIDH, 2015).

Dentro de estos grupos, las mujeres son especialmente vulnerables, pues históricamente han sido explotadas, oprimidas y excluidas, debido al modelo capitalista-imperialista y patriarcal que ha dominado la sociedad (Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina, 2015), marcado por una distribución desigual de derechos, oportunidades y responsabilidades entre hombres y mujeres (Bermúdez et al., 2014).

En Colombia, dado el carácter pluriétnico y multicultural del territorio, la participación de la mujer en la minería se presenta de manera diferenciada, lo que permite comprender el nivel de reconocimiento de su labor en esta actividad y la reivindicación de sus derechos. Del total de empleos directos que genera la minería con y sin título en el país (102.742), las mujeres ocupan el 5,03 %. Caquetá, Chocó y Casanare son los departamentos con mayor participación de la mujer en la minería, siendo las Unidades de Producción Minera (UPM) de oro en las que más se encuentran mujeres trabajando. De este porcentaje, el 8 % realiza labores ejecutivas, el 45 % servicios administrativos y el 47 % actividades operativas. Al respecto, el 72 % de las mujeres mineras que lleva a cabo labores operativas las realiza en pequeñas minas sin el correspondiente título minero (Ministerio de Minas y Energía, 2011), lo que indica que la gran demanda de trabajo para la mujer en el sector se produce en la pequeña minería ilegal.

Respecto a la minería de subsistencia y de pequeña escala, que no fue incluida en el censo minero (2011), por definición es legal y no requiere título minero para su realización siempre que se realice de manera manual. Quienes llevan a cabo este tipo de minería deben registrarse en el Registro Único de Comercializadores de Minerales (RUCOM), de acuerdo con el cual, a agosto de 2019, se habían registrado 81.482 barequeros, de los cuales las mujeres representan el 4 5% y los hombres el 55 % y 5.432 chatarreros, siendo el 43 % mujeres y el 57 % hombres. El departamento de Antioquia concentra el 90,2 % de las mujeres que se desempeñan como chatarreras en el país, seguido del Cauca con el 5,5 %. En lo que respecta a las barequeras, en los departamentos de Nariño, Valle, Chocó y Cauca, las mujeres superan en porcentaje a los hombres con una proporción de 55 % en Nariño y Valle, 54 % en el Chocó y 51 % en el Cauca (Agencia Nacional de Minería [ANM], 2019a).

Las cifras anteriores corroboran que la fuerza laboral femenina en esta actividad se presenta en su gran mayoría en las actividades con menor nivel de tecnificación, más informales y que se realizan con mayor esfuerzo físico, en las cuales persisten situaciones de desigualdad de género (Güiza, 2013); es más frecuente el desarrollo de actividades delictivas (CREER, 2016) y de formas de violencia contra la mujer como la sexual (Tobón Olarte, 2015, p. 18) y la económica (Barón, 2013); lo que aumenta la vulneración de sus derechos humanos.

De otro lado, se ha evidenciado que existen pocas investigaciones sistemáticas que identifiquen los factores de riesgo a los que se encuentran expuestas las mujeres mineras que pueden afectar sus derechos humanos, pese a los riesgos y vulneraciones a los que están expuestas (Ulloa, 2016). Investigaciones en esta materia señalan, de manera general, que las situaciones de violencia y desplazamiento forzado como consecuencia de la presencia de minería ilegal y conflicto armado constituyen graves violaciones a los derechos humanos que afectan especialmente a las mujeres (CREER, 2016).

Teniendo en cuenta este escenario, con esta investigación, se identificaron y analizaron los factores de riesgo a los que están expuestas las mujeres mineras en Colombia que pueden vulnerar sus derechos humanos. Para desarrollar sus objetivos, el artículo se divide en cuatro secciones. En la primera, se presenta un breve contexto de la participación de la mujer en la minería en Colombia; en la segunda se muestran los resultados del trabajo de campo realizado con mujeres mineras del municipio de California, Santander, así como los factores de riesgo identificados a partir de un muestreo teórico de casos documentados en el país; en la tercera se detalla el análisis y la discusión de resultados, haciendo énfasis en los derechos de las mujeres mineras que pueden ser vulnerados. Finalmente, en la cuarta, se presentan las conclusiones del estudio como un aporte para la formulación de políticas públicas con enfoque de género en el sector minero en Colombia.

Materiales y métodos

Este artículo es producto de una investigación cualitativa, exploratoria y descriptiva, que integró el método de Investigación-Acción-Participativa, con el fin de identificar y comprender de manera holística la relación causal entre las situaciones a las que están expuestas las mujeres que realizan actividades de minería de subsistencia y de pequeña escala de oro en Colombia y la vulneración de sus derechos humanos. Contempla un alcance exploratorio/descriptivo, ya que su objetivo busca mostrar una realidad poco investigada en el país. De manera transversal, se utilizaron los enfoques de género y de derechos humanos, como herramientas para analizar múltiples dimensiones en las cuales una situación está ligada a la vulneración de los derechos humanos del grupo poblacional analizado.

La identificación de los factores de riesgo se abordó de manera inductiva, es decir, describiendo las situaciones a las que están expuestas las mujeres mineras en contextos culturalmente diferenciados, como los que se presentan en comunidades afrocolombianas, indígenas, campesinas y grupos no minoritarios, para luego hacer una aproximación y establecer, de manera general, las situaciones a las que están expuestas en Colombia que pueden vulnerar sus derechos humanos.

Para determinar lo anterior, se realizó un muestreo teórico de casos documentados que evidencian situaciones particulares sobre la vida de las mujeres mineras en diferentes municipios del país. Para establecer si un factor de riesgo vulnera los derechos humanos de este grupo poblacional, se realizó una revisión jurisprudencial de lo que la Corte Constitucional ha desarrollado respecto al derecho analizado. Los resultados del análisis anterior fueron contrastados con la realidad que viven las mujeres mineras del municipio de California, Santander, para lo cual se desarrollaron cuatro talleres durante los meses de septiembre y octubre de 2019, en los que se abordaron temas de género, violencia y derechos humanos. El método utilizado en las sesiones de trabajo fue Investigación-Acción-Participación, el cual permitió el aprendizaje colectivo sobre la vida productiva y reproductiva de las mujeres que realizan minería de subsistencia y de pequeña escala en el citado municipio, así como también identificar los factores de riesgo a los que están expuestas.

Por otra parte, se aplicaron encuestas y entrevistas semiestructuradas a las mujeres mineras de oro de California, Santander con el fin de obtener información acerca de su situación socioeconómica, familiar, cultural, trayectoria en la actividad, entre otros aspectos. El tipo de muestra utilizado obedece a una muestra no probabilística teórica o conceptual, en la cual la elección de los elementos depende de las características de la unidad de análisis seleccionada (Hernández-Sampieri et al., 2006), razón por la cual la investigación no partió de un número preestablecido de actores a encuestar y/o entrevistar.

Resultados

Participación de las mujeres en la minería en Colombia

En Colombia, al igual que en algunos países de América Latina, la participación de las mujeres en la minería se encuentra influenciada por factores culturales y sociales, como la creencia popular de la mala suerte sobre la producción minera que trae contar con mujeres laborando en las minas (Soraire et al., 2013); la condición consustancial ampliamente aceptada en la sociedad de la mujer como responsable de las labores domésticas y de crianza (Soto, 2011); la subjetividad con respecto a las capacidades físicas e intelectuales que se le atribuyen al sexo femenino (Satefanovic y Saavedra Alvayay, 2016); los conflictos que trae la presencia de mujeres en el ámbito laboral minero (Jiménez et al., 2014) y la poca disposición de las empresas mineras de contratar mujeres, porque en algunos casos consideran que “salen más caras” y “hacen menos” (CREER, 2016).

Lo anterior ha generado que las mujeres que optan por la minería como medio de sustento lo hagan de manera informal, lo cual no les permite acceder a estabilidad laboral, seguridad social, protección a riesgos laborales, entre otros aspectos, esenciales para desarrollar la actividad de manera segura y digna. Esta situación ha aumentado los índices de pobreza de las mujeres mineras, las situaciones de violencia y la discriminación en los ámbitos político y laboral, haciendo que se ignoren sus necesidades y se vulneren sus derechos (Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina, 2015).

Las diferentes formas de apropiación cultural del territorio colombiano definen el rol que desempeña la mujer en la minera. En este sentido, Cifuentes y Güiza (2021), diferencian cuatro grupos en los que la mujer participa en esta actividad en Colombia: comunidades afrocolombianas, campesinas, indígenas y grupos no minoritarios.

En comunidades afrocolombianas, históricamente las mujeres se han desempeñado como barequeras, este oficio es trasmitido de generación en generación, sin distinción de sexo (Carabalí-Viveros y Ladino-Mosquera, 2014). Para estas mujeres, la minería de subsistencia y de pequeña escala, principalmente de oro, forma parte de su ancestralidad, pues ha estado vinculada a sus vidas desde la Colonia (Mina et al., 2015) y además, se constituye como una herramienta de lucha y resistencia en defensa del territorio heredado, lo que les permite conservar su identidad y tradición (Bernasconi, 2014). Allí, las mujeres ejercen con libertad y liderazgo la minería (Posso Quiceno, 2010) y se caracterizan por una fuerte organización social que se opone a la minería a gran escala (Blanco, 2017) y defienden su territorio de la minería ilegal, lo que les ha permitido materializar su derecho al trabajo (Quiroga, 2014) e instaurar acciones legales para hacer valer su derecho fundamental a la consulta previa.

Por su parte, en comunidades campesinas, la falta de oportunidades laborales y las situaciones de conflicto, características de los entornos rurales, han impulsado a las mujeres a desarrollar actividades de chatarreo y guaquería para satisfacer sus necesidades (ONU Mujeres, 2016). Una situación similar ocurre en los grupos no minoritarios de algunos municipios de Nariño, Antioquia y Santander, en los que las mujeres, a diferencia de las comunidades afrocolombianas, no ejercen la minería con autonomía y libertad, pues la recolección de los minerales está limitada por la oportunidad que los mineros les proporcionen para ingresar a los lugares de explotación (Carabalí-Viveros y Ladino-Mosquera, 2014).

En estos dos grupos, las mujeres optan por la minería como forma de vida, porque consideran que es la única fuente de trabajo y además, les permite tener flexibilidad de horarios para realizar las actividades del cuidado, pues una gran parte de ellas son madres cabeza de familia (CREER, 2016). Recientemente, estas mujeres se han organizado en asociaciones y cooperativas que buscan, además del reconocimiento de la actividad y mejores garantías laborales (Quiroga, 2014), nuevas oportunidades de sustento alternas a la minería (ONU Mujeres, 2016) que les permitan aumentar su autonomía y mejorar su calidad de vida, aunque siempre dentro de un universo de precariedad.

En comunidades indígenas, la inserción de las mujeres en la minería es un hecho reciente, debido al rol ancestral que se les ha asignado como garantes de la seguridad alimentaria, ya que son precisamente ellas las que tienen conocimiento sobre la agrobiodiversidad. Sin embargo, como consecuencia de factores como la pérdida de la economía de sustento, la destrucción de formas tradicionales de vida comunitaria y especialmente, la presencia de minería ilegal, las mujeres se han impulsado a involucrarse en la cadena de valor minera, ya sea en labores operativas o de recolección, principalmente de oro, o en actividades accesorias como el lavado de ropa o la provisión de alimentos para los mineros (Rodríguez y Rubiano, 2016). De acuerdo con Rodríguez, 2013, inclusive, algunas mujeres indígenas se han visto empujadas a la prostitución en los entornos mineros, actividad que según ellas se ha convertido en una fuente de ingreso “digna” (Rodríguez, 2013).

Así las cosas, la participación de las mujeres en la minería en Colombia se puede considerar como una inclusión altamente desigual (Ulloa, 2014), ya que históricamente ha sido una actividad caracterizada por estereotipos de género y altos niveles de asimetría, en la que enfrentan prejuicios frente a su capacidad física e intelectual y frente a ganarse el respeto de los hombres mineros para ejercer esta actividad (Soraire et al., 2013). A pesar de que en Colombia las mujeres son mineras desde épocas de la Colonia, solo hasta 2018, a través de la Resolución 40796, el gobierno colombiano adoptó la Política en Derechos Humanos del Sector Minero Energético, la cual incorpora el enfoque diferencial para la promoción, protección y garantía de los derechos humanos de las mujeres en este sector.

Mujeres mineras del municipio de California, Santander

Las mujeres que realizan minería de subsistencia y de pequeña escala de oro en el municipio de California-Santander, partícipes de esta investigación, se encuentran en un rango de edad de 34 a 75 años. El 45 % presenta un grado de escolaridad bajo, alcanzando estudios de primaria, el 27 % cuenta con media secundaria y tan solo el 9 % alcanza el nivel de bachiller. Solo el 18 % de las participantes ha recibido formación técnica sobre minería, específicamente en temas de exploración de oro y uso de mercurio.

La modalidad minera más común que realizan en este municipio es el barequeo, lo que representa un 82 % de las encuestadas. Sin embargo, el 45 %, adicionalmente a las labores de barequeo, ingresan al socavón en las mismas condiciones que los hombres para la extracción de minerales. Las actividades de beneficio minero, como la trituración, molienda, lavado y clasificación del mineral representan una modalidad minera significativa para estas mujeres, ya que el 27 % de las participantes manifestaron que conocen y realizan estas labores para obtener beneficios económicos. El mineral más común que extraen es el oro, seguido de la plata y en menor proporción, el cobre.

El 45 % de las participantes manifestó que llevan realizando las labores mineras de entre 10 y 30 años, el 36 % lo ha hecho durante más de 30 años y el 18 % lleva entre 1 y 5 años. En promedio, las mujeres mineras de California, Santander, inician esta actividad entre los 15 y 20 años (64 %), sin embargo, las mujeres de más de 50 años iniciaron como mineras a la temprana edad de 10 años.

Como se mencionó, la identidad cultural de las mujeres mineras define las condiciones en las que realizan esta actividad, razón por la cual la encuesta aplicada incluyó este aspecto. Los resultados muestran que el 64 % de las mujeres mineras se identifican como campesinas y el 36 % pertenecen a comunidades no minoritarias. Lo anterior es particularmente significativo, puesto que el alto porcentaje de mujeres mineras que se identificaron como campesinas, realizan actividades de agricultura de subsistencia que puede verse afectada por factores de riesgo como la presencia de minería ilegal, por la contaminación que esta genera de las fuentes hídricas.

-              Aspectos culturales: en todos los casos, las mujeres que participaron en el estudio manifestaron que les gusta ser mineras y consideran que esta actividad forma parte de su identidad cultural, ya que ha sido transmitida de generación en generación, (64 %). Además, constituye una fuente importante de ingreso que les permite llevar el sustento económico al hogar, pues el 55 % de las mujeres encuestadas son madres cabeza de familia. En el 17 % de los casos, estas mujeres se han visto obligadas a abandonar al padre de sus hijos por razones de violencia física, psicológica y económica.

Uno de los resultados que llama la atención, es que el 91 % de las mujeres transmiten el conocimiento minero a sus hijos, sin embargo, al 63 % no le gustaría que se dedicaran a la minería y en los casos en que sí desean que sus hijos realicen labores mineras (36 %), consideran que lo pueden hacer en el nivel profesional.

La principal razón que impulsa a las mujeres de California a ser mineras es que esta actividad representa la única fuente de sustento económico que encuentran (72 %), además el 45 % de manifestó que la flexibilidad de los horarios, así como su autonomía para decidir el tiempo que le dedican a esta actividad, constituyen razones importantes que las impulsa a ejercer la minería.

-              Aspectos familiares: el 82 % de las mujeres tienen a su cargo al menos una persona (hijos, padres o nietos), razón por la cual continúan realizando labores mineras a pesar de su avanzada edad, que en el 27 % de los casos supera los 65 años. El 100 % de las participantes tiene hijos. Una de ellas, de 75 años, tuvo 8 hijos y manifestó que: “Logré sacar adelante a todos con la minería, cuando nadie molestaba y se podría barequear con tranquilidad” (Testimonio de una mujer minera de California, Santander, 16 de octubre de 2019).

-              Aspectos laborales: las jornadas laborales de las mujeres mineras se caracterizan por ser intensas y largas, extendiéndose de la mina a la casa. Algunas de las participantes de esta investigación manifestaron que inician sus labores a las 2:00 a. m., ya que deben realizar labores del hogar como preparar el desayuno y el almuerzo antes de irse al río a barequear hasta mediodía, para luego recoger a sus hijos en el colegio y ayudarles con las tareas. Además, en la tarde, adicional a las actividades del cuidado, algunas de ellas preparan comidas típicas santandereanas como tamales y las venden en el comercio local.

En cuanto a la intensidad laboral, la mayoría de las mujeres trabajan en la minería entre 1 y 2 días a la semana, y el 36 % de las participantes le dedica 4 horas al día a esta actividad, mientras que el 27 %, le dedica 8 horas.

Como se mencionó, la minería de subsistencia y de pequeña escala que realizan las mujeres en Colombia se caracteriza por su alto nivel de informalidad e inestabilidad, lo que no les permite realizar aportes a pensión, ni contar con afiliación a riesgos laborales (ARL). Sobre este aspecto, del total de mujeres mineras encuestadas solo el 9 % cotiza pensión y ninguna se encuentra afiliada a ARL. Lo anterior las ubica en una situación de desprotección y vulnerabilidad, al no contar con atención en salud en caso de sufrir accidentes mientras realizan las labores mineras y al continuar trabajando en esta actividad a edades avanzadas, pues no cuentan con la disponibilidad económica para acceder a una pensión.

El 82 % de las mujeres afirman que les gustaría desarrollar otra actividad diferente a la minería como medio de sustento, ya que, a pesar de que les ha permitido sostener sus hogares, es una actividad que depende mucho de la “suerte”, en la medida en que no siempre obtienen una cantidad significativa de mineral o en algunas ocasiones, los hombres no les permiten entrar a los mejores turnos en las minas, en los que se obtiene un mayor volumen de mineral y como ellas manifiestan: “Para deshacerse de nosotras nos dan una maleta (costales llenos de roca en la que se puede extraer el mineral) que no vale nada. Nos dejan las sobras” (Testimonio de una mujer minera de California, Santander, 16 de octubre de 2019).

-              Aspectos en salud: el 100% de las participantes se encuentra afiliada a seguridad social, principalmente al régimen subsidiado y el 18 % ha sufrido algún tipo de accidente, lesión y/o herida mientras desarrolla labores mineras, sin embargo, consideran que han sido leves, como machucones y pequeñas cortadas, que no las han llevado a acudir a los servicios de salud.

Pese a lo anterior, el 27 % de las mujeres encuestadas manifiesta que ha sufrido alguna enfermedad, dolor o molestia de salud derivada de las actividades mineras, entre las que se destacan dolores de cabeza, que se pueden relacionar con la exposición prolongada al sol mientras realizan el barequeo; artritis, que puede ser producto de los movimientos repetitivos que se realizan en el barequeo o en la extracción de los minerales en el socavón y afecciones a los pulmones por estar expuestas durante largas jornadas al material particulado que se emite en la mina y a los vapores de mercurio utilizados para la separación del mineral de la roca que lo contiene, ya que el 100 % de las encuestadas utiliza esta sustancia química. El 73 % utiliza al menos un elemento de protección personal, siendo los más comunes guantes, tapabocas y botas.

-              Aspectos económicos: el 82% de las mujeres mineras que participaron en este estudio dependen de la minería para su sustento económico. A pesar de que el 73 % considera que es una actividad bien remunerada, si se tiene en cuenta la relación dedicación/recursos obtenidos, realizan labores complementarias como medio adicional de sustento, dentro de las cuales se destacan la preparación y venta de alimentos típicos santandereanos, agricultura de subsistencia, actividades productivas de especies menores como gallinas y conejos y servicios domésticos.

                Las mujeres manifiestan que no se presentan desigualdades en cuanto a la remuneración económica asociadas al sexo, como sí ocurre en algunos municipios de Boyacá (ONU Mujeres, 2016); por el contrario, afirman que en ocasiones ellas obtienen más dinero que los hombres al tener una alta capacidad de negociación. Sobre este asunto, el 45 % de las participantes afirmaron que obtienen menos de $ 200.000 al mes por el desarrollo de actividades mineras, el 36 % alcanzan los $ 200.000 y el 18 % entre $ 500.000 y $ 800.000. En su mayoría, este dinero lo destinan a alimentación, vivienda, pago de servicios públicos y educación para sus hijos, situación que difiere ampliamente en el caso de los hombres mineros santandereanos, que como lo afirman las mujeres entrevistadas: “Se gastan todo lo que ganan en la mina en trago y mujeres” (Testimonio de una mujer minera de California, Santander, 2 de octubre de 2019).

Factores de riesgo

Las modalidades en las que las mujeres realizan labores mineras en Colombia, las ubica en una posición de vulnerabilidad que afecta la garantía de sus derechos humanos. En este sentido, el análisis de los testimonios de mujeres mineras de diferentes municipios del país, obtenidos de fuentes secundarias, arrojó como resultado diversos factores de riesgo a los que están expuestas. Estos son: violencia de género, conflicto armado, minería ilegal, concesiones mineras otorgadas en territorio de comunidades étnicas, desplazamiento forzado, grandes concesiones mineras, falta de reconocimiento por parte del Estado de las condiciones en las que las mujeres desarrollan labores mineras y elevados estándares jurídicos para el ejercicio de la actividad de manera legal.

La presencia de los factores de riesgo mencionados depende de las características particulares de los diferentes grupos sociales a los que pertenecen las mujeres mineras, por lo tanto, su definición debe realizarse para grupos poblaciones y contextos territoriales específicos. De otra parte, en un país culturalmente diverso como Colombia, estos factores de riesgo pueden cambiar en el tiempo, pues el territorio, entendido como una construcción social, que, se genera “por la interacción entre causas y procesos históricos y culturales” (Guhl, 2017, p. 20), abre la posibilidad para que se forjen nuevos factores de riesgo, otros desaparezcan y otros se vuelvan más intensos y puedan afectar una amplia gama de derechos. Por lo tanto, los análisis que se presentan en la sección 2, constituyen un ejemplo de los derechos de las mujeres mineras que pueden ser vulnerados por los factores de riesgo mencionados y no deben interpretarse como una categoría estática.

Las sesiones de trabajo llevadas a cabo con mujeres mineras de California, Santander, así como las encuestas y entrevistas aplicadas, indican que los factores de riesgo particulares a los que están expuestas estas mujeres son: violencia de género, minería ilegal, grandes concesiones mineras (legales), falta de reconocimiento de la actividad y sus condiciones por parte del Estado y elevados estándares jurídicos para el ejercicio de la actividad de manera legal.

A diferencia de otros grupos sociales, como las comunidades afrocolombianas del Cauca y del Chocó, las mujeres mineras californianas manifiestan que no han sufrido de desplazamiento forzado, ni han sido afectadas por grupos al margen de la ley. En ese mismo sentido, las concesiones mineras otorgadas en territorios de comunidades étnicas no representan una situación que pueda vulnerar los derechos de estas mujeres, puesto que, como se mencionó, el 64 % se reconocen como campesinas y el 36 % pertenecen a comunidades no minoritarias.

El principal factor de riesgo identificado en este estudio, que puede vulnerar los derechos humanos de las mujeres mineras californianas, es la violencia de género, particularmente los estereotipos frente a sus capacidades físicas para realizar labores pesadas y a su papel como garante del bienestar y responsable del cuidado del hogar y de los hijos. Este tipo de situaciones trascienden a los escenarios de toma de decisiones en asuntos mineros, ya que el 64 % de las encuestadas reconocen que por el hecho de ser mujeres sus opiniones son menos escuchadas en comparación con las de los hombres. El 27 % considera que no existen diferencias entre hombres y mujeres en los escenarios de participación. Es preciso señalar que las mujeres que tienen esta opinión son mayores a 65 años, cuya percepción de lo que se cree que es discriminación o rechazo es diferente a la que tienen las mujeres mineras más jóvenes que consideran que el hecho de que sus ideas, inquietudes, sugerencias y opiniones no sean escuchadas representa una forma de exclusión y discriminación.

De otra parte, también fue posible identificar que la falta de participación de las mujeres mineras en los temas que puedan afectarlas ha persistido en el municipio durante años. Según sus testimonios, en el año 2014 California vivió una época de bonanza minera y los hombres se reunían para organizar los turnos de extracción y no las invitaban, porque, como lo afirmaron:

Ya sabían que no nos iban a dejar entrar a las minas. En la bonanza minera los que se beneficiaron fueron los hombres, nos daban maletas sin valor para que nos fuéramos de las minas y ellos sí sacaban el oro. No nos dejaron participar. (Testimonio de una mujer minera de California, Santander, 28 de octubre de /2019)

Como resultado de los estereotipos de género, el 82 % de las mujeres entrevistadas afirmó que ha sufrido algún tipo de violencia (física, psicológica, sexual y/o, económica) por parte de los hombres mineros. El primer rasgo de violencia psicológica que se reconoce es el maltrato hacia ellas cuando ingresan a las minas. Algunas mujeres manifestaron que “porque ellos tienen dinero y nosotras no, pueden tratarnos mal e impedir que entremos a las minas” (Testimonio de una mujer minera de California, Santander, 28 de octubre de 2019).

Ninguna mujer señaló haber vivido o sufrido violencia física en el ejercicio de la actividad minera. En cuanto a la violencia sexual, muchas mujeres manifestaron que durante la bonanza minera (2014) estas situaciones se intensificaron y hubo casos en los que los hombres les exigían favores sexuales como una forma de negociación para el acceso a la explotación minera. Pese a lo anterior, dos mujeres mineras de 65 años señalaron que esta situación es poco frecuente, no ha ocurrido siempre, Vale la pena señalar que las mujeres que manifestaron no haber sufrido algún tipo de violencia por parte de los hombres mineros, son mujeres de avanzada edad que se educaron y crecieron en un contexto histórico diferente al actual, en el que las situaciones de violencia contra las mujeres eran ignoradas y de cierta manera aceptadas. Lo anterior se corrobora con los testimonios de estas mujeres: “Antes nos aguantábamos eso y no pasaba nada. Ahora no se les puede decir nada” (Testimonio de una mujer minera de 65 años de California, Santander, 28 de octubre de 2019).

Las mujeres mineras californianas reconocen que existe minería ilegal en sus territorios, pero a diferencia de otras regiones como el Bajo Cauca antioqueño o el Chocó, en California, este tipo de actividades se realiza sin el uso de maquinaria pesada como dragas y retroexcavadoras y es ejercida principalmente por mineros foráneos, quienes a través de la violencia las han desplazado de los lugares de extracción. En muchas ocasiones estos mineros han sido violentos con ellas y le han hecho insinuaciones sexuales a cambio de dejarlas ingresar a las minas: “Tenemos que dárselo para que nos dejen entrar a las minas” (Testimonio de una mujer minera de California, Santander, 28 de octubre de 2019).

De otra parte, el 100 % de las mujeres encuestadas reconoce que la llegada de grandes empresas mineras es un factor que ha afectado la minería tradicional como su forma de vida, alterando el orden público en el municipio y aumentando el desempleo, pues las ha desplazado de los lugares en los cuales se extrae el mineral. Según una mujer minera californiana:

Antes uno podía ir barequear o meterse a la mina cuando quisiera y nadie le decía nada. No le digo que yo crie a 8 hijos con la minería sin problemas. Pero ahora ya no podemos entrar porque esta vigilado por la empresa. Ahora el territorio es de ellos. (Testimonio de una mujer minera de California, Santander, 28 de octubre de 2019)

La falta de reconocimiento por parte del Estado de la participación de las mujeres en la minería, así como de sus condiciones es considerada por las mujeres mineras encuestadas como un factor de riesgo que puede vulnerar sus derechos. El 100 % de las participantes manifiestan que el Estado ha estado ausente en su territorio para ayudarlas a mejorar sus condiciones laborales y evitar situaciones de violencia como las descritas.

Finalmente, con respecto a la formalización minera, las mujeres encuestadas consideran que este proceso tiene estándares muy elevados que “se salen de nuestro alcance”. Sin embargo, reconocen que el apoyo del Estado podría aumentar la participación de las mujeres mineras en escenarios de toma de decisiones y mejorar sus condiciones laborales. El 36 % de las mujeres entrevistadas forma parte del programa de coexistencia minera de Minesa, pero manifiestan que su participación es muy poca y que en el municipio existen muchas mujeres a las que les gustaría formar parte de este tipo de iniciativas.

Análisis y discusión de resultados

Factores de riesgo y vulneración de los derechos humanos

En Colombia, la minería es una actividad de utilidad pública e interés social, protegida constitucionalmente (art. 333 CP/1991) y legalmente (Ley 685/2011), lo que de acuerdo con la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-297 de 2011: “autoriza al legislador intervenir en la propiedad y en los derechos económicos individuales […] y también como fundamento para aplicar el principio de prevalencia del interés social o público ante el cual debe ceder el interés particular”. Esta denominación ha generado tensiones entre derechos como la libre empresa y la propiedad privada (Gómez Rey, 2018, p. 18) y de especial interés para el tema que aquí se aborda, derechos como la no discriminación en razón del sexo, el mínimo vital, la libre elección de trabajo, oficio y profesión, entre otros, lo que deja al descubierto los retos y dificultades que tiene esta actividad para la construcción de un proceso de desarrollo que permita la garantía de los derechos humanos (Coronado, 2013).

Las áreas con actividad minera legal e ilegal, se constituyen como escenarios de disputa y guerra, pues en muchos casos se desarrollan en territorios de comunidades afrocolombianas, indígenas y campesinas (Bermúdez et al., 2011) que se oponen al extractivismo porque consideran que afecta sus tradiciones y rompe el tejido social, así como en zonas con presencia de grupos armados que buscan el control del territorio (Mining Watch Canadá y Censat Agua Viva, 2009) y la explotación ilegal de minerales para financiar sus operaciones (Segato, 2014). Esta situación ha llevado a un proceso de militarización de la vida cotidiana en algunas áreas mineras, intensificando la violencia sobre las mujeres, la feminización de la pobreza (Bermúdez et al., 2014), el impedimento del goce pleno de una vida libre de violencias (Barón, 2013) y la pérdida de autonomía sobre los territorios de esta comunidades, ocasionando así, una lucha constante por el reconocimiento de sus derechos (Ulloa, 2016).

De otra parte, la masculinización de la minería informal (sin título minero) incrementa las relaciones desiguales entre géneros y la vulneración de los derechos humanos de las mujeres al ubicarlas como sujetos útiles solo en el ámbito doméstico y sexual (Cohen, 2014). De este modo se desconocen sus capacidades para aumentar la productividad y rentabilidad de las empresas. No obstante, se ha demostrado que cerrar las brechas de género proporciona beneficios importantes para la economía, pues se podría incrementar el PIB mundial en 11 % si se superan situaciones como la baja participación de las mujeres en la fuerza laboral en comparación con los hombres (Woetzel et al., 2015).

Lo anterior se sustenta en que la presencia de mujeres en las industrias aumenta la diversidad de competencias y aptitudes de una organización (Noland et al., 2016); las empresas que cuentan con un mayor número de mujeres tienen en promedio un 42 % más de retorno en las ventas (Joy et al., 2007) y además, las juntas directivas compuestas por hombres y mujeres incrementa la capacidad de innovación de las organizaciones en un 83 %, su rentabilidad en un 15 % y el retorno sobre la inversión en un 5 % (Catalyst, 2016). Esto significa que cuando se mejora la situación económica de las mujeres, se contribuye al desarrollo y crecimiento de la economía de toda la sociedad. A continuación, se describe y analiza cada uno de los factores de riesgo identificados a los que están expuestas las mujeres mineras en Colombia, así como algunos de los derechos que pueden vulnerar.

-              Violencia de género: la Convención Belem Do Para para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, aprobada por Colombia a través de la Ley 248/1995, reconoce que la violencia contra la mujer es una ofensa a la dignidad humana, una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres y constituye una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de este grupo poblacional (OEA, 1994).

En los contextos mineros, los fuertes estereotipos de género contribuyen a reproducir aquellas relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres, aspecto que lleva a que las mujeres mineras enfrenten situaciones de violencia psicológica, económica y en algunas ocasiones sexual. Como ocurre en el municipio de California, Santander, en departamentos como Boyacá se han presentado casos en los que hombres mineros han acosado sexualmente a mujeres chatarreras, quienes manifiestan que se sienten más seguras en la calle que en la mina (Ander y Rivera, 2018) y que además deben acostumbrarse a soportar estas situaciones para insertarse en el ámbito laboral minero (Jiménez et al., 2014).

Este factor de riesgo, entre otros, afecta el derecho a la vida de ellas, en la medida en que los estereotipos mencionados limitan la posibilidad de una existencia digna, que como se establece en la Sentencia T-444 de 1999:

Implica para el individuo la mayor posibilidad de despliegue de sus facultades corporales y espirituales, de manera que cualquier circunstancia que impida el desarrollo normal de la persona, siendo evidente de alguna manera, compromete el derecho consagrado en el Artículo 11 de la Constitución. (Corte Constitucional, Sentencia T-444 de 1999)

La subjetividad respecto de las capacidades físicas de las mujeres para realizar labores mineras también vulnera su derecho a la no discriminación en razón del sexo, como lo reconoce la Corte Constitucional al establecer que los estereotipos de género tienen usos y finalidades discriminatorias en función a las categorizaciones labores, roles o trabajos que se presentan en la sociedad (Corte Constitucional, Sentencia C-734 de 2015).

Se podría afirmar, que soportar agresiones psicológicas y sexuales por parte de los hombres en las minas afecta el libre desarrollo de la personalidad y directamente la dignidad humana de las mujeres mineras. Sobre este asunto, en la Sentencia C-336 de 2008, la Corte estableció que el desarrollo de la personalidad se deriva del respeto a la dignidad humana, por cuanto incluye el derecho a la autonomía, libertad personal y protege la capacidad de autodeterminación de la persona, de tal manera que pueda adoptar un modelo de vida conforme a sus intereses. Según esta misma providencia, el derecho al libre desarrollo de la personalidad es vulnerando cuando se le impide de manera arbitraria a la persona alcanzar sus objetivos de vida, es decir, su posibilidad de determinarse según como quiera; de obtener un plan y un proyecto de vida, en este caso el ejercicio de la minería de subsistencia y de pequeña escala; así como su integridad moral y física, aspectos que en la Sentencia T-881 de 2002 fueron definidos como elementos esenciales de la dignidad humana.

Finalmente, en la Sentencia T-732 de 2009 se establece, con fundamento en la Declaración Internacional sobre Población y Desarrollo del Cairo de 1994, que los derechos sexuales y reproductivos, están implícitos en los derechos fundamentales a la vida digna; a la igualdad y al libre desarrollo de la personalidad, derechos que como se mencionó son vulnerados por la violencia psicológica y sexual a las que están expuestas las mujeres mineras, por lo que se puede establecer que este factor de riesgo también vulnera su derecho a la libertad sexual.

-              Conflicto armado: la historia de Colombia ha estado marcada por el conflicto armado. Esta situación ha generado episodios de violencia de una forma casi permanente, con intervalos de agudización como el periodo de la violencia a mediados del siglo XX o el narcoterrorismo en los años 80, que han afectado el país de múltiples formas y dejado casi 9 millones de víctimas (Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, 2019). Pese a que en 2016, con la firma del Acuerdo de Paz, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) dejaron de ser un actor armado, la violencia asociada al conflicto interno aumentó en 2018, pues se han creado nuevos grupos al margen de la ley y además aún persisten disidentes de las FARC que llegan a más de 1.400 miembros (Human Rights Watch, 2019).

A pesar de que este factor de riesgo no afecta a las mujeres mineras californianas, sí ha vulnerado los derechos de mujeres mineras de otras comunidades no minoritarias y afrocolombianas. Un reciente estudio de la Alianza para la Minería Responsable muestra que algunas mujeres chatarreras y barequeras en municipios como Segovia, Antioquia y Suárez, Cauca, han sido víctimas del conflicto armado, lo que ha llevado a que sufran situaciones de violencia de género y sexual. La presencia de grupos ilegales también obstaculiza los procesos de formalización y regularización del sector minero (Ander y Rivera, 2018), lo que dificulta la protección de sus derechos humanos por parte del Estado.

Este factor de riesgo ha generado desplazamiento y despojo de la propiedad colectiva de mujeres que realizan minería de subsistencia y de pequeña escala de las comunidades afrocolombianas, por ejemplo, en los departamentos del Chocó y el Cauca, en los que históricamente ha existido una disputa territorial y múltiples formas de violencia, convirtiéndolos en epicentro de la guerra con importancia geoestratégica y en los que además, persiste la presencia de grupos ilegales como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y se han creado nuevos grupos vinculados con el narcotráfico y a la minería ilegal (Salinas Abdalá, 2014) como medio para financiar sus operaciones. Lo anterior ocasiona tensiones sociales al ejercer control territorial y limitar el ingreso de los mineros tradicionales a las minas. Mujeres del municipio de Timbiquí, Cauca, afirman que era la guerrilla la que controlaba la extracción minera por parte de los mineros ilegales y proporcionaban a los y las mineras artesanales la oportunidad de ingresar a los lugares de extracción (Ander y Rivera, 2018).

De otra parte, mujeres guaqueras de comunidades no minoritarias, como las ubicadas en el occidente de Boyacá, también manifiestan que han sido afectadas por el conflicto armado. Esta región ha sufrido tres guerras intermitentes entre los capos de las esmeraldas, llamadas Guerras Verdes. Según el testimonio de una mujer guaquera, en la primera Guerra Verde (1973), cuando el gobierno cerró las minas, militarizó la zona y desalojó a más de 15.000 guaqueros, “el Ejército, ellos también maltrataban a la gente, les quemaban los cambuches, maltrataban a las mujeres” (Testimonio de una mujer minera de California, Santander, 28 de octubre de 2019) . Estas guerras causaron múltiples violaciones a sus derechos humanos, algunas fueron violadas y otras quedaron viudas (ONU Mujeres, 2016).

El control territorial por parte de los grupos armados ilegales restringe el ingreso de las mujeres mineras a los lugares de extracción, lo que afecta el derecho al mínimo vital, al comprometer su capacidad para obtener los ingresos necesarios que según la Corte Constitucional, les permitan:

Solventar sus necesidades básicas y del núcleo familiar dependiente, tales como alimentación, vivienda, salud, educación, recreación, servicios públicos domiciliarios, entre otras prerrogativas que se encuentran previstas expresamente en la Constitución Nacional y que además, posibilitan el mantenimiento de la dignidad del individuo como principio fundante del ordenamiento jurídico constitucional. (Corte Constitucional, Sentencia T-157 de 2014).

Así mismo, este factor de riesgo vulnera directamente los derechos a la vida, al desarrollo de la personalidad y a la libre elección del trabajo, oficio o profesión de las mujeres mineras, al limitarles el desarrollo libre de su plan de vida, e impedirles que realicen el trabajo que han elegido dentro de los límites de la dignidad y la justicia (Corte Constitucional, Sentencia T-611 de 2002).

De otra parte, el miedo que las comunidades desarrollan cuando se encuentran inmersas en escenarios de conflicto limita el ejercicio de derechos como la participación y la reunión y manifestación pacífica. En el caso particular de las mujeres mineras, expresar sus opiniones y defender sus derechos en presencia del conflicto armado, las ubica en una situación de riesgo, pues los ataques a las defensoras muestran constantemente niveles más altos de violencia frente a los hombres, en los que persiste la violencia sexual. Además, Colombia es uno de los países del mundo en los que más se presentan asesinatos de defensores de los derechos humanos. Particularmente en el caso de las mujeres, tanto el número de asesinatos como otro tipo de agresiones contra las defensoras ha aumentado en más de un 20 % desde 2017, con una incidencia aún mayor en contra de las lideresas comunales y comunitarias (Corporación Sisma Mujer, 2018). Según el Programa Somos Defensores (2019) en 2018 el asesinato de lideresas aumentó en un 64.3 % con relación al año anterior.

-              Desplazamiento forzado: el aumento de desplazamientos masivos en Colombia es un indicador del deterioro de la situación humanitaria en el país en los últimos años. Según OCHA, en 2018, al menos 33.403 personas fueron desplazadas en el país, principalmente en los departamentos de Norte de Santander, Nariño, Antioquia y Chocó (OCHA, 2018), en los que se presentaron el 92 % del total de desplazados para ese año. Cabe resaltar que estos departamentos representan un aporte importante al sector minero y concentran una gran proporción de mujeres mineras. Por ejemplo, Antioquia produce el 44,58 % del oro y el 61.78 % de la plata a nivel nacional (ANM, 2018) y concentra el 90.2% del total de mujeres mineras chatarreras del país. En el Chocó, la minería de subsistencia y de pequeña escala de oro ha sido el principal soporte de la actividad económica del departamento, allí, al igual que en el departamento de Nariño, las mujeres barequeras superan en cantidad a los hombres que se dedican a esta misma actividad y Norte de Santander, es el cuarto productor de carbón del país, después de La Guajira, César y Boyacá (ANM, 2019b).

Como se mencionó, las mujeres mineras californianas han sido desplazadas de los lugares de explotación por parte de mineros foráneos y no por grupos al margen de la ley. Sin embargo, en el caso de las mujeres mineras de comunidades afrocolombianas y campesinas la presencia de este tipo de grupos se reconoce como el principal factor de desplazamiento. Para 2019, el 49 % y 47 % del total de desplazamientos respectivamente ocurrió en estos grupos poblacionales, siendo los enfrentamientos entre grupos armados (61 %) y los combates con las fuerzas armadas (33 %) las principales causas de estos eventos, los cuales son cada vez son más intensos como consecuencia de la presencia de minería ilegal (OCHA, 2019).

El desplazamiento de los lugares de extracción de los mineros artesanales afecta de manera especial a las mujeres, pues en muchas ocasiones, quienes las desplazan, ya sea miembros de grupos armados ilegales o mineros foráneos, les exigen “favores sexuales” a cambio de dejarlas entrar en las minas o barequear a las orillas de los ríos, como ocurre en el municipio de California y el zonas de El Bagre en el Bajo Cauca antioqueño, aspecto que se constituye en violencia sexual y las obliga, en algunas ocasiones, a aceptar sus insinuaciones por necesidad, al ser madres cabeza de familia, o en otras, a cambiar su formas de vida (Ander y Rivera, 2018), lo que ocasiona impactos como la ruptura del tejido social y la vulneración de derechos como la vida, la libre elección de trabajo, oficio o profesión y el mínimo vital.

A su vez, el desplazamiento forzado afecta el derecho al libre desarrollo de la personalidad de las mujeres mineras, toda vez que cambia sus formas de vida, como se ha establecido en la Sentencia C-336 de 2008, al considerar que los desplazamientos se anteceden de ambientes intimidatorios y tienen consecuencias en “la materialización de los proyectos de vida de los afectados, que necesariamente deberán acoplarse a sus nuevas circunstancias de desposeimiento”.

Este factor de riesgo afecta de manera particular el derecho al autorreconocimiento de los pueblos de las mujeres mineras afrocolombianas, el cual se encuentra definido por el Convenio 169 de la OIT como “el derecho de los pueblos indígenas a mantener y fortalecer sus culturas, formas de vida e instituciones propias, y su derecho a participar de manera efectiva en las decisiones que les afectan” (OIT, 2014, p. 8). Estas prerrogativas son trasgredidas cuando las mujeres mineras son desplazadas de sus territorios, pues se ven obligadas a cambiar su tradición minera, que como se ha mencionado forma parte estructural de su cultura, costumbres, autonomía y tradiciones.

-              Minería ilegal: la Defensoría de Pueblo señala que la minería ilegal se ha intensificado en los últimos años en el país. En algunos municipios como California, este tipo de actividades se realizan en pequeña escala y es ejercida por mineros nativos, en otros como el Chocó, predomina la minería ilegal mecanizada y la minería de subsistencia a través del barequeo. En este último, para 2015, el 99 % de las UPM no tenían título minero; tan solo 3 minas contaban con licencia ambiental; 2 con plan de manejo ambiental y además se encontraban funcionando 260 entables mineros ilegales, los cuales extraían el material con 446 retroexcavadoras y 54 dragas de succión (Defensoría del Pueblo, 2015).

La presencia de este tipo de actividades ilícitas lleva al despojo de las tierras en las que por décadas los mineros artesanales han ejercido esta actividad como parte de su identidad cultural, lo que genera situaciones de violencia para las mujeres mineras, pues muchas veces han sido obligadas a prestar servicios sexuales y en caso de negarse son desplazadas de los lugares de extracción. La Defensoría del Pueblo reporta que los seis departamentos con mayor número de registros de mujeres desplazadas en 2013 fueron: Valle del Cauca, Antioquia, Cauca, Chocó y Caquetá, departamentos en los que algunas mujeres han optado por la minería como forma de vida. Estas zonas coinciden con los lugares en los que ha sido más intenso el despojo de tierras por parte de grupos armados y por la presencia de minería ilegal (Defensoría del Pueblo, 2014).

Lo anterior ha afectado de manera particular a las mujeres afrocolombianas mineras, cuyo pueblo ha sido históricamente marginado. Mujeres mineras del departamento del Cauca mencionan que con la llegada de la minería ilegal, han cambiado las dinámicas del conflicto armado en lugares como los corregimientos de Sabaletas, Buenaventura y Timbiquí y se ha aumentado la explotación minera con retroexcavadoras y dragas, e intensificando las disputas territoriales entre grupos armados como las FARC y los Rastrojos, debido al interés de estos por controlar el ingreso de mineros artesanales, imponer exacciones y administrar la cotidianidad de los lugareños (Ander y Rivera, 2018).

Este factor de riesgo afecta, entre otros, el derecho a la propiedad colectiva que tienen los grupos étnicos como los indígenas, afrodescendientes y palenqueros, puesto que la presencia de minería ilegal mecanizada en sus territorios se opone a la facultad que les otorga este derecho de utilizar, administrar y conservar los recursos naturales de acuerdo a sus tradiciones, reconocido mediante la Sentencia T-955 de 2003.

Así mismo, los fuertes impactos ambientales que causa la minería ilegal mecanizada vulneran derechos humanos colectivos de las mujeres mineras como el ambiente sano y la seguridad alimentaria y tal como lo ha establecido la Corte Constitucional en la Sentencia C-671 de 2001, por conexidad derechos fundamentales como la vida al destacar que:

El derecho al medio ambiente no se puede desligar del derecho a la vida y a la salud de las personas. De hecho, los factores perturbadores del medio ambiente causan daños irreparables en los seres humanos y si ello es así habrá que decirse que el medio ambiente es un derecho fundamental para la existencia de la humanidad. (Corte Constitucional, Sentencia C-671 de 2001)

En lo que respecta al derecho a la seguridad alimentaria, como se mencionó, algunas mujeres también practican la agricultura como forma de vida complementaria a la minería. Con el uso intensivo del mercurio, el dragado de los ríos y la contaminación de los suelos por parte de la minería ilegal mecanizada, se genera la “esterilidad de las tierras y la devastación generacional de pueblos-tierra-ríos y territorios” (Mina et al., 2015, p. 172), comprometiendo el cultivo de alimentos con fines de subsistencia, así como las prerrogativas definidas por la Observación General 12 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, a una alimentación adecuada y suficiente, que corresponda a las tradiciones culturales de la población a que pertenece el consumidor y que garantice una vida psíquica y física, individual y colectiva libre de angustias, satisfactoria y digna (Naciones Unidas, 1999).

-              Concesiones mineras otorgadas en territorio de comunidades étnicas: este factor de riesgo es especialmente significativo para las mujeres mineras que se reconocen como afrocolombianas e indígenas. En el caso del Chocó, por ejemplo, el 96 % del área del departamento tiene la titularidad de territorio colectivo de afrodescendientes e indígenas, sin embargo, el 41 % de su superficie está sujeta a concesiones mineras, ya sea otorgadas o solicitadas, de este porcentaje, el 75 % ha sido solicitado o concedido a empresas multinacionales (Defensoría del Pueblo, 2015).

Lo anterior lleva a conflictos por el uso y tenencia de la tierra asociados con la definición de áreas mineras que se superponen con territorios ocupados y titulados colectivamente a comunidades negras y a pueblos indígenas (Velasco, 2014), lo que se contradice con el contenido de sus planes de vida y etnodesarrollo, que no consideran la minería a gran escala como su forma de vida (González, 2013).

Este tipo de situaciones violan los mandatos constitucionales y los tratados internacionales que obligan al Estado a respetar el derecho de las comunidades étnicas y los pueblos indígenas a la consulta previa, establecida en la Sentencia SU-039 de 1997 como un

Derecho fundamental para la comunidad por estar ligada a su subsistencia como grupo humano y como cultura. Para asegurar dicha subsistencia se ha previsto, cuando se trate de realizar la explotación de recursos naturales en territorios indígenas, la participación de la comunidad en las decisiones que se adopten para autorizar dicha explotación. (Corte Constitucional, Sentencia SU-039 de 1997)

La Defensoría del Pueblo reconoce que cuando el Estado adjudica títulos mineros en territorios étnicos, desconociendo este trámite, vulnera los derechos fundamentales de las comunidades negras (Defensoría del Pueblo, 2015), lo que afecta directamente a las mujeres mineras afrocolombianas por las razones que se han reiterado.

De otra parte, la falta de consideración de esta prerrogativa por algunas empresas mineras ha ocasionado fuertes tensiones sociales que han llevado a las comunidades a defender sus derechos y a judicializar los conflictos socioambientales. Sobre este asunto, la Corte Constitucional en la Sentencia T-1045A de 2010, reconoció que:

Esta especial protección implica un proceso mediante el cual el Estado garantiza a las autoridades respectivas y a las comunidades implicadas, directamente la participación y el acceso a la información sobre un programa o plan que se pretenda realizar en su territorio […] Buscando salvaguardar la idiosincrasia de los pueblos indígenas y tribales que habitan el país. (Corte Constitucional, Sentencia T-1045A de 2010)

-              Falta de reconocimiento por parte del Estado de las condiciones en las que las mujeres desarrollan labores mineras: a pesar de que, desde 1960 Colombia ha suscrito una serie de tratados internacionales que buscan la protección de la mujer y la no discriminación, solo hasta los últimos 10 años con la expedición del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2010-2014, Colombia ha empezado a implementar lineamientos tendientes a la aplicabilidad de las disposiciones de estos tratados internacionales, bajo la coordinación de la Alta Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer y los lineamientos establecidos en el Decreto 1930/2013, por medio del cual se adopta la Política Pública Nacional de Equidad de Género y se crea la Comisión Intersectorial para su implementación.

Particularmente, en temas mineros, en el PND mencionado se estableció la necesidad de fortalecer el trabajo de la mujer en el sector minero colombiano como parte de la línea estratégica Inclusión Diferencial y Desarrollo Social de la Política Nacional de Formalización Minera, lo cual se materializaría en la formulación e implementación de una estrategia y un plan de seguimiento. Como parte de las actividades de esta línea, el Ministerio de Minas y Energía, realizó una caracterización de las mujeres mineras, sin embargo, su objeto de estudio fue bastante reducido al considerar tan solo 8 municipios de los departamentos de Antioquia, Cauca, Tolima, Bolívar y Boyacá, en los cuales se censaron 12.530 mujeres mineras y se caracterizaron 2.069 (Ministerio de Minas y Energía, 2016). Como se mencionó, según el RUCOM, a lo largo del territorio nacional, 38.857 mujeres se encuentran registradas como mineras artesanales en 19 departamentos del país, quienes realizan esta actividad en territorios con características naturales y culturales diferentes, lo cual muestra que la cifra considerada en esta caracterización y los municipios analizados no representa las condiciones en las que estas mujeres desarrollan la minería.

De otra parte, solo hasta 2016, las disposiciones del Código Sustantivo del Trabajo (numeral 3, art. 242) con respecto a la prohibición de las mujeres de trabajar en las minas subterráneas (Ministerio del Trabajo, 1950), fueron declaradas inexequibles por la Corte Constitucional, a través de Sentencia C-586 de 2016, por considerarse: “contraria a la Constitución y a los derechos de igualdad, trabajo y libertad de escoger profesión u oficio”, además de “reforzar el estereotipo de la mujer como ‘sexo débil’ y su condición de inferioridad”.

Específicamente en temas de género, a finales de 2018, el gobierno colombiano presentó la hoja de ruta para la formulación de los lineamientos de política pública de género para el sector minero energético, la cual contempla como ejes estratégicos la participación de la mujer en los procesos de toma de decisión; la autonomía económica y la incorporación de las mujeres en la industria y su permanencia; la inclusión de una cultura de equidad de género en el sector, entre otros.

Lo anterior lleva a mencionar que el Estado colombiano parece tener un retraso en el reconocimiento de las labores que realizan las mujeres en el sector minero y más aun de sus condiciones sociales, económicas, laborales y de las situaciones a las que se ven expuestas que pueden vulnerar sus derechos humanos. Esto ha llevado a que se desconozca su aporte a un importante sector para la economía colombiana, se reproduzcan episodios de violencia de género, sus condiciones laborales sean precarias, no tengan las facilidades para acceder a servicios de salud y pensión y de manera general, se encuentren en una situación de vulnerabilidad y desprotección (Carabalí-Viveros y Ladino-Mosquera, 2014).

Este factor de riesgo vulnera el derecho a la vida de las mujeres mineras, en la medida en que como se señala en la Sentencia T-102 de 1993) el Estado tiene, por una parte, la obligación constitucional de respetarlo, y por otra, el deber de crear las condiciones para su protección. El hecho de no conocer las situaciones de riesgo a las que las mujeres mineras se encuentran expuestas, limita el desarrollo de medidas efectivas que protejan sus derechos y reduzcan sus desigualdades.

-              Elevados estándares jurídicos para el desarrollo de la actividad de manera legal: las mujeres mineras del municipio de California, afirman que cumplir con los requisitos técnicos, ambientales y jurídicos para ejercer la minería dentro de los términos legales, representa un reto, pues en muchas ocasiones no cuentan con niveles de escolaridad ni con los recursos económicos necesarios para efectuar estas disposiciones.

Colombia cuenta con una legislación que establece los mecanismos para la formalización minera, sin embargo, las exigencias que esta estipula, tales como la necesidad de presentar un plan de manejo ambiental y documentos técnicos que demuestren la actividad minera ininterrumpida por un término de diez años, superan las capacidades de las mujeres mineras. Si bien las normas jurídicas están para regular las conductas, en algunas ocasiones cuando una norma, por sus parámetros, impide el desarrollo de una actividad, como ocurre en el caso de la minería artesanal, puede vulnerar derechos humanos como el trabajo y el mínimo vital.

Así lo reconoce la Corte Constitucional mediante el Auto 275 de 2012, al establecer que la categoría de sujetos de especial protección, como las mujeres, conlleva a la prerrogativa de no padecer un empeoramiento de la situación en la que sobreviven, es decir que el Estado no puede generar situaciones que desemboquen en un acrecentamiento de situaciones como la pobreza, que se liga inexorablemente a la indebida satisfacción del mínimo vital, como es el caso de establecer criterios de formalización inalcanzables para los mineros artesanales.

Así mismo, en la Sentencia T-291 de 2009, esta providencia precisó que “existe un deber de la administración de abstenerse de adelantar, promover o ejecutar políticas, programas o medidas que conduzcan a agravar o perpetuar la situación de exclusión, marginamiento o discriminación de grupos tradicionalmente desventajados en la sociedad” (Corte Constitucional, Sentencia T-291 de 2009). También destacó que:

La Constitución prohíbe, tanto las llamadas discriminaciones directas –actos que apelan a criterios sospechosos o potencialmente prohibidos, para coartar o excluir a una persona o grupo de personas del ejercicio de un derecho o del acceso a un determinado beneficio, como las discriminaciones indirectas– las que se derivan de la aplicación de normas aparentemente neutras, pero que en la práctica generan un impacto adverso y desproporcionado sobre un grupo tradicionalmente marginado o discriminado. (Corte Constitucional, Sentencia T-291 de 2009)

Para finalizar, el derecho a la paz de las mujeres mineras puede verse afectado por la totalidad de los factores de riesgo identificados, en la medida en que alcanzar la paz, como se establece en la Sentencia C-329 de 2000:

No solo es una cuestión de medios institucionales y personales para contrarrestar la violencia; es también un asunto cultural. La paz no es simplemente el resultado de la eliminación de los conflictos, también es la consecuencia de la convicción ciudadana en la convivencia de los métodos jurídicos de solución de conflictos. (Corte Constitucional, Sentencia C-329 de 2000)

Es decir que el ejercicio del derecho a la paz involucra una convivencia pacífica que respete las diferencias, convicciones y diferentes formas de vida que coexisten en los territorios.

Conclusiones

En Colombia, las mujeres que se dedican a la minería de subsistencia y de pequeña escala se encuentran en una situación de riesgo y desprotección. Esta investigación arrojó que los principales factores de riesgo a los que están expuestas y que pueden vulnerar sus derechos humanos son: violencia de género, conflicto armado, minería ilegal, concesiones mineras otorgadas en territorio de comunidades étnicas, desplazamiento forzado, grandes concesiones mineras, falta de reconocimiento por parte del Estado de las condiciones en las que las mujeres desarrollan labores de minería y elevados estándares jurídicos para el desarrollo de la actividad de manera legal.

Teniendo en cuenta la enorme diversidad cultural de Colombia, las situaciones de riesgo que viven las mujeres mineras son particulares de cada territorio y no deben interpretarse como una categoría estática, pues el territorio entendido como una construcción social en el que interactúan causas y procesos históricos y culturales, abre la posibilidad para que se generen nuevos factores de riesgo, otros desaparezcan y otros se vuelvan más intensos y puedan afectar otros derechos humanos que no fueron analizados en esta investigación.

En comunidades afrocolombianas e indígenas, factores como las concesiones mineras otorgadas en territorios étnicos y la minería ilegal mecanizada, pueden representar las situaciones más preponderantes que vulneran derechos de las mujeres mineras como la consulta previa y el autorreconocimiento de los pueblos. En mujeres mineras que pertenecen a comunidades campesinas y a grupos no minoritarios, como las analizadas en este estudio, la violencia de género y las grandes concesiones mineras son los principales factores que han vulnerado derechos como la no discriminación en razón del sexo, el mínimo vital, el libre desarrollo de la personalidad, la libre elección de trabajo, oficio o profesión, la libertad sexual, entre otros.

La inclusión del enfoque de género en la formulación de políticas públicas mineras y el reconocimiento por parte del Estado colombiano de las condiciones en que las mujeres ejercen esta actividad es incipiente, pese a que el país ha suscrito una serie de tratados internacionales a través de los cuales se compromete a desarrollar medidas para la protección a la mujer y la no discriminación. Incluir los enfoques de derechos humanos y de género en las políticas públicas en el sector minero, permite el análisis y evaluación diferencial de las situaciones de riesgo que pueden afectar las formas de vida de las mujeres mineras, desde una perspectiva que considere la equidad y la diversidad, así como también desarrollar acciones que protejan sus derechos humanos.

Agradecimientos

Los autores agradecen a Eliana Jácome, Mónica Yepes, Diana Zapata y Ana María Carrillo, estudiantes de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario por su apoyo en la búsqueda de bibliografía para la elaboración de este artículo. Así mismo, agradecemos a la empresa Minesa por facilitar el acceso a la zona para realizar las entrevistas a las mujeres del municipio de California. Sin embargo, el agradecimiento más especial es para todas y cada una de las mujeres mineras de participaron en las encuestas realizadas en este estudio.

Conflicto de intereses

No hay ningún tipo de conflicto de intereses respecto a la publicación de este artículo. Las reflexiones y conclusiones que contiene son producto del análisis conceptual de los autores.

Fuentes de financiación

Este proyecto fue financiado parcialmente por Colciencias en el marco de la Convocatoria 852 Jóvenes Investigadores e Innovadores 2018.

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¹ Universidad del Rosario 

Para citar este artículo: Cifuentes Guerrero, A.C., Güiza Suarez, L. (2021). Análisis de los factores de riesgo que vulneran los derechos humanos de las mujeres mineras de subsistencia y de pequeña escala de oro: estudio de caso, California, Santander. Revista Luna Azul, 53, 49-75. DOI: https://doi.org/10.17151/luaz.2021.53.4

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Riesgo ambiental marino por pinturas anti-incrustantes a base de TBT (tributilestaño), sobre el “caracol plomo” Thaisella chocolata (Duclos, 1832) empleando al imposex como un bioindicador, en el puerto de Paita, Perú

Susy Villegas¹, José Iannacone², Carlos Villegas³

Recibido: 31 marzo 2020 Aceptado: 6 julio 2021 Actualizado: 27 junio de 2021

DOI: 10.17151/luaz.2021.53.5

Resumen

El imposex es el desarrollo de órganos sexuales masculinos en las hembras de los caracoles marinos por acción del TBT (tributilestaño) presente en las pinturas anti-incrustantes. Objetivo: evaluar el riesgo ambiental (ERA) por pinturas anti-incrustantes sobre Thaisella chocolata (Duclos, 1932) “Caracol plomo”, empleando como bioindicador al imposex en el puerto de Paita, Perú. Materiales y métodos: se analizaron los indicadores de imposex de dos temporadas, verano y primavera, en cuatro localidades de muestreo; dos ubicadas en Paita y dos en caletas más al sur. Se recolectaron 30 individuos de T. chocolata por estación y por temporada, los cuales fueron narcotizados con cloruro de magnesio. Se midió la longitud de la conchilla con un Vernier y se retiró el cuerpo blando. Se identificó el sexo y se midió la longitud del pene en machos y en hembras con imposex. Se determinó el estadio del Índice del Vaso Deferente (VDSI). Resultados: los mayores valores de VDSI entre 2.11 (caletas) y 3.42 (puerto de Paita), se presentaron en temporada de verano, y fue determinado el ERA específico para T. chocolata. Existen diferencias significativas en la ocurrencia de imposex en T. chocolata en función a la cercanía al puerto de Paita, lo cual indica un riesgo ambiental para dicha especie. Conclusiones: el estándar de ERA por pinturas anti-incrustantes específico para la especie en estudio señala que el riesgo ambiental se encuentra entre los niveles C (exposición a TBT en concentraciones mayores al Criterio de Evaluación Ambiental) y E (poblaciones incapaces de reproducirse, donde la mayoría o todas las hembras son estériles).

Palabras clave: bioindicadores, contaminación marina, evaluación ambiental, Riesgo Ambiental.

Marine environmental risk due to antifouling paints based on TBT (tributyltin) on “Sea snail” Thaisella chocolata (duclos, 1832) using imposex as a bioindicator, in the port of Paita, Peru

Abstract

Imposex is the development of male sexual organs in female sea snails by the action of TBT (tributyltin) present in antifouling paints. Objective: to evaluate the environmental risk (ERA) by antifouling paints on Thaisella chocolata (Duclos, 1932) "Sea snail" using imposex as a bioindicator in the port of Paita, Peru. Materials and methods: the imposex indicators of two seasons, summer and spring, were analyzed in four sampling locations; two located in Paita and two in coves further south. A total of 30 individuals of T. chocolata were collected per season, which were narcotized with magnesium chloride. The length of the shell was measured with a Vernier and the soft body was removed. Sex was identified and penis length was measured in males and in females with imposex. The vas deferens index (VDSI) stage was determined. Results: the highest VDSI values between 2.11 (coves) and 3.42 (port of Paita), occurred in the summer season, and the specific ERA for T. chocolata was determined. There are significant differences in the occurrence of imposex in T. chocolata depending on the proximity to the port of Paita, which indicates an environmental risk for this species. Conclusions: the ERA standard for antifouling paints, specific for the species under study, indicates that the environmental risk is between levels C (exposure to TBT in concentrations higher than the Environmental Assessment Criterion) and E (populations unable to reproduce, where most or all females are sterile).

Key words: bioindicators, marine pollution, environmental assessment, Environmental Risk.

Introducción

Los compuestos organoestañosos tienen un efecto particular sobre los gasterópodos marinos denominado imposex (Gibbs et al., 1987; Rivas et al., 2017; Castro et al., 2018). Este fenómeno implica el desarrollo de órganos sexuales masculinos en las hembras, lo cual puede ocasionar en estos moluscos el fracaso reproductivo y una posterior extinción de las poblaciones locales (Gibbs et al., 1987; Castro et al., 2012; Rumampuk et al., 2019). Uno de los compuestos organoestañosos asociados a la ocurrencia del imposex es el tributilestaño (TBT) (Hay, 2009; Cañete et al., 2015; Braga-Castro et al., 2021).

Cabe precisar que, al respecto de evaluación de riesgo ambiental (ERA) asociado a TBT, el Convenio para la Protección Ambiental del Atlántico Nordeste (OSPAR) (2008) estableció un estándar de evaluación específico para las especies Nucella lapillus (Linnaeus, 1758), Nassarius reticulatus (Linnaeus, 1758) y Neptunea antiqua (Linnaeus, 1758), siendo estas las únicas especies referenciales para determinar niveles de riesgo ambiental con contaminación con TBT.

Al respecto, hasta hace poco tiempo se pensaba que los puertos internacionales y de alto tráfico marino de grandes embarcaciones eran la fuente principal de contaminación por dicho compuesto, sin embargo, las recientes investigaciones han encontrado que los puertos artesanales tendrían aportes más frescos de este compuesto organoestañoso, causando altos niveles de imposex (Enrique et al., 2019).

De otro lado, si bien el bioindicador principal de contaminación por compuestos organoestañosos en el medio marino es el imposex (Gibbs et al., 1987; Oehlmann et al., 1996; Guabloche et al., 2017; Enrique et al., 2019), los gasterópodos no son los únicos organismos expuestos a un riesgo ambiental por estos químicos residuales en el mar. Se han detectado restos de TBT en tejidos de mamíferos marinos como ballenas, delfines, focas y en otros organismos de alta mar (Fent, 1996).

La alteración hormonal generada por el TBT en las hembras de gasterópodos ocasiona que estos individuos se vuelvan estériles (Paz Villarraga et al., 2015; Qin y Hu, 2020), reduciendo considerablemente la densidad poblacional, llegando incluso a la desaparición de esta a nivel local y pudiendo afectar el equilibrio del ecosistema (Enrique et al., 2019).

El imposex fue inicialmente conceptualizada por Smith (1971) y estudiada en cuatro regiones del planeta: Europa, Asia, Oceanía; y América del Norte y Latinoamérica; incluyendo Centro y Sudamérica (Titley-O'Neal et al., 2011), sin embargo, las investigaciones se concentran en países europeos y en Estados Unidos (Titley O'Neal et al., 2011) con resultados de hasta 100% de ocurrencia en zonas de impacto directo de puertos. En Sudamérica, Brasil es el país con mayor número de investigaciones asociadas al imposex (Castro et al., 2012), mientras que en el Perú se han ejecutado investigaciones en las zonas del puerto del Callao en las especies Thaisella chocolata (Duclos, 1932) y Xanthochorus buxeus (Broderip, 1833) (Castro y Fillman, 2012; Castro et al., 2018; Enrique et al., 2019); Chimbote, también con la especie Thaisella chocolata (Castro y Fillman, 2012); Paracas, en la especie T. chocolata (Chumbimune y Ponce, 2015); Pucusana, en las especies Stramonita haemastoma (Linnaeus, 1767) y Crassilabrum crassilabrum (G. B. Sowerby II, 1834) (Guabloche et al., 2017;  Rivas et al., 2017); y Ancón, en las especies X. buxeus y C. crassilabrum (Guabloche et al., 2013; Rivas et al., 2017).

El puerto de Paita, ubicado en la costa norte en la región de Piura, es el segundo puerto más importante del Perú después del Callao (Autoridad Portuaria Nacional, 2019). En este puerto, que habría sido usado por la cultura Moche (Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, 2016), el movimiento de carga ascendió a 2,1M de TM en el año 2017 (Autoridad Portuaria Nacional, 2017), del cual, más del 12% correspondió a desembarque de recursos hidrobiológicos marítimos. Asimismo, se precisa que Paita fue el lugar de procedencia del 6,2% de dichos recursos (Autoridad Portuaria Nacional, 2017).

El puerto de Paita recibe un gran número de embarcaciones (en el año 2018 recibió un total de 548 naves comerciales) (Autoridad Portuaria Nacional, 2018) los cuales tienen un tiempo de permanencia en función de las cargas realizadas de manera diaria. Las superficies de dichas embarcaciones, igual que toda aquella sumergida en agua de mar, deben ser recubiertas por un material que impida la incrustación de especies marinas, debido a que estas representan gasto extra de energía, lo que, en el caso de embarcaciones, se ve reflejado en un mayor gasto de combustible (International Maritime Organization, 2000).

Desde el punto de vista normativo, el Perú, mediante la Resolución Legislativa N°28417 de fecha 10 de diciembre del 2004, aprobó el Convenio de Rotterdam para la aplicación del procedimiento de Consentimiento Fundamentado Previo a ciertos plaguicidas y productos químicos peligrosos objeto de comercio internacional (RLCR, 2004). Adicionalmente, en el año 2000, la Organización Marítima Internacional (IMO) de la cual el Perú es miembro del Consejo, determinó que a partir del 2008 se haría efectiva la prohibición de pinturas anti-incrustantes cuyo principio activo sea el TBT (International Maritime Organization, 2000). Sin embargo, Castro y Fillman (2012) encontraron hasta 662,6 ng Sn/g de peso seco de tributilestaño en los tejidos de gasterópodos recolectados en la costa del Callao (los más altos niveles encontrados hasta el año 2012). Las ocurrencias de imposex halladas por Guabloche et al. (2013) y por Chumbimune y Ponce (2015) permiten presumir también el nulo seguimiento al cumplimiento de la normativa actual.

De acuerdo con lo anterior, de darse el caso de hallarse imposex en los resultados del presente estudio, además de establecerse un estándar de evaluación de riesgo ambiental en el mar de Paita, se tendrían indicios de que no se está cumpliendo con la normativa ambiental establecida (Castro et al., 2018).

Finalmente, el caracol negro de mar, T. chocolata, es un recurso marítimo de alta demanda comercial en Perú como en Chile. Este gasterópodo se encuentra distribuido entre Paita (Perú) hasta la zona de Valparaíso (Chile) (Carbajal-Enzian et al., 2018). Si bien no tiene la misma demanda que los peces pelágicos, desde el 2008 hasta el 2017, se ha realizado un desembarque por un total de más de 27 845 t de caracol (PRODUCE, 2015). Se precisa que la conservación y uso sostenible de esta especie es regulada a nivel nacional con medidas de ordenamiento recomendadas por Carbajal-Enzian et al. (2018). Sin embargo, la potencial extinción local de los caracoles dentro del ecosistema a causa de compuestos organoestañosos implica que esta especie puede desaparecer del mercado comercial.

De este modo, el objetivo del presente estudio es el de evaluar el riesgo ambiental marino en el puerto de Paita, Perú para T. chocolata empleando como indicador al imposex.

Materiales y métodos

Se colectaron individuos de T. chocolata en los meses de octubre (temporada de primavera) del 2018 y febrero (temporada de verano) del 2019 en las zonas intermareales de cuatro puntos de monitoreo en la zona de Paita, Piura, Perú. En la Tabla 1 se presentan las coordenadas de las estaciones de muestreo.

Tabla 1. Ubicación geográfica de las Estaciones de muestreo de Thaisella chocolata en Piura, Perú

Fuente: elaboración propia.

Cabe indicar que las estaciones P₁ y P₂ se ubicaron en el área de influencia del puerto de Paita, el cual corresponde al puerto más grande de la costa norte y al segundo de mayor flujo de naves después del puerto del Callao, Perú (Autoridad Portuaria Nacional, 2019). La estación P₃ se ubicó en la playa Yacila, una caleta de pescadores artesanales ubicada a aproximadamente 13 km suroeste del Puerto de Paita y con unos 500 m de longitud. La estación P₄ fue ubicada en el puerto Artesanal de La Islilla está a 21 km al suroeste del puerto de Paita. Ocupa un área de 29 has aproximadamente y se pueden observar cerros de piedra de poca altura en los alrededores. La biodiversidad de la zona consiste en lobos marinos, pingüinos de Humboldt que provienen de la Isla Foca, ballenas jorobadas y es considerada un banco natural de especies como caracoles, calamares, pulpos, mero, entre otros (Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, 2016). En la Figura 1 se presenta la ubicación de las estaciones de muestreo.

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Figura 1. Ubicación de Estaciones de Muestreo para la colecta de Thaisella chocolata en el área de influencia del puerto de Paita (P1 y P2), y en la playa Yacila (P3) y puerto Artesanal de La Islilla (P4), Piura, Perú.

Fuente: elaboración propia.

Por cada estación se colectaron 30 individuos adultos de T. chocolata (tamaño de conchilla entre 40 y 70mm) (Castro y Fillman, 2012) a una profundidad entre los 60cm y 5m.

Para la determinación de los índices de severidad de imposex, se emplearon las metodologías planteadas por Gibbs et al. (1987), Spence et al. (1990), OSPAR (2008), y Castro y Fillman (2012). Los gasterópodos se mantuvieron en envases de 4L de capacidad con agua de mar y un aireador para mantenerlos vivos hasta su traslado al laboratorio. Se narcotizaron con MgCl₂ al 3,5% (en agua destilada) durante dos h para relajar a los individuos y facilitar la extracción del cuerpo blando de la conchilla, lo que a su vez permite un mejor procedimiento de medición. Fueron examinados vivos y se excluyen aquellos parasitados. La longitud de la conchilla (SL) fue medida con un Vernier digital calibrado (0,01mm) desde la punta hasta la base del canal sifonal (Enrique et al., 2019). Mediante un microscopio estereoscopio se realizó la identificación del sexo, la cual se basó en la presencia o ausencia de próstata, pene, vesícula seminal y coloración amarillenta para machos (Spence et al., 1990). Se calcularon los índices de Imposex de acuerdo a Gibbs et al. (1987) y Castro y Fillman (2012): % Incidencia (%I): (N° caracoles hembras con imposex / N° caracoles muestreados) %; RPLI: (media de Longitud de Pene (LP) en hembras / media de LP en machos) %; RPLIstd: (media de LP en hembras / media de Longitud de la Conchilla (LC) en hembras) / (media de LP en machos/ media LC en machos) %; FPLI (incluye valores en cero): media LP de todas las hembras; FLPIstd: LP en hembras / LC en hembras.

Asimismo, se obtuvo el Índice de Vaso Deferente (VDSI) como indicador de riesgo ambiental, en función a los estadios propuestos por Gibbs et al. (1987):

*             Estadio 1: Desarrollo de pequeña sección de vasos deferentes en la región ventral.

*             Estadio 2: Desarrollo inicial del pene, pequeña formación de una cresta a una corta distancia.

*             Estadio 3: Formación de pene pequeño y desarrollo de vasos deferentes iniciando desde la base del pene.

*             Estadio 4: Alargamiento del pene, cercano al de un macho.

*             Estadio 5: Tejidos de vasos deferentes creciendo sobre el área genital, causando desplazamiento de la vulva.

*             Estadio 6: En la glándula capsular se encuentra material de cápsulas abortadas que, en caso de estar acopladas, se puede observar una masa traslúcida o marrón (claro u oscuro).

Para el análisis estadístico se realizaron pruebas de normalidad de la data para LC y LP en machos y hembras empleando la prueba de Shapiro-Wilks; y de Homogeneidad de Varianza empleando la prueba de Levene para verificar si se podrían emplear pruebas estadísticas paramétricas. Se empleó la prueba ANOVA. En los casos de la existencia de diferencias significativas, se aplicó la prueba de Tukey para determinar dónde había mayor incidencia de imposex. Se realizó una prueba de correlación para saber si existe una relación positiva entre los LC y LP para ambos sexos. Los análisis estadísticos fueron llevados a cabo con el software IBM SPSS Statistics 24, con un nivel de significancia de 95%.

Para la determinación del Riesgo Ambiental por pinturas anti-incrustantes, se planteó el modelo para T. chocolata en función a los criterios de evaluación de la OSPAR (2010), que consideran el VDSI. Para graficar los valores obtenidos, se ha considerado que el color rojo corresponde al mayor valor de cada temporada, sucesivamente el color anaranjado, amarillo y finalmente verde, con el valor menor de VDSI.

Por otro lado, Cacciatore et al. (2018) establecieron un protocolo para determinar rangos de acuerdo a los valores de VDSI disponible (resultados del presente estudio); así como los obtenidos por Castro y Fillman (2012) quienes trabajaron con T. chocolata en los puertos de Chimbote y Callao, Perú. Se utilizaron también dos condiciones referenciales, representando la mejor y peor condición posible. Estos corresponden a 0 como valor de VDSI, el cual indica una no perturbación; y 4, el cual indica población estéril, e indica alta perturbación. Las fórmulas correspondientes son las siguientes:

i. VDSI_{bueno/moderado}= (hG-1M)/2+1M

ii.VDSI_alto/bueno= (VDSI_{bueno/moderado} – Mejor condición) /2

iii. VDSI_pobre/malo= (Peor condición – hP)/2+hP

iv. VDSI_{moderdo/pobre} = (VDSI_pobre/malo – VDSI_{bueno/moderado})/2 + VDSI_{bueno/moderado}

Donde hG= valor de VDSI más alto encontrado en un status de buena calidad, 1M es el valor más bajo de VDSI encontrado en un estado de calidad moderada, hP el valor de VDSI más alto encontrado en un status de mala calidad, la Mejor condición es equivalente a 0 y la Peor condición es equivalente a 4. Con respecto a la OSPAR, VDSI_alto/bueno sería equivalente a un nivel B, VDSI_{bueno/moderado} sería equivalente a un nivel C, VDSI_{moderdo/pobre} sería equivalente a un nivel D y VDSI_pobre/malo sería equivalente a un nivel E.

Resultados

En cada una de las estaciones y en cada temporada se recolectaron 30 individuos (120 individuos en temporada de primavera y 120 individuos en temporada de verano), ninguno de los cuales se encontró parasitado. En el mes de octubre (temporada de primavera) se obtuvieron 56 machos y 64 hembras, mientras que en el mes de febrero (temporada de verano) se obtuvieron 60 machos y 60 hembras. En la Tabla 2 se presentan los datos biométricos y los parámetros de imposex (I%, RPLI, RPLI estandarizado, FPL y FPL estandarizado) para las cuatro estaciones en ambas temporadas.

Tabla 2. Datos biométricos y de imposex en Thaisella chocolata colectadas en cuatro estaciones para temporada de primavera (octubre 2018) y de verano (febrero 2019), Piura – Perú

Nota: N°=Total de individuos muestreados por estación; M=Machos; H=Hembras; M:H=Ratio de machos con respecto a hembras; LC=Longitud de Conchilla; DE=Desviación Estándar; LP=Longitud de Pene; RPLI=Índice Relativo de Longitud de Pene, FPLI=Longitud de Pene de Hembras con Imposex; VDSI=Índice de Vaso Deferente; RPLIstd=RPLI estandarizado; FPLIstd=FPLI estandarizado. p= temporada de primavera; v= temporada de verano. P₁ = Puerto de Paita Zona Norte. P₂ = Puerto de Paita Zona Sur. P₃ = Playa Yacila. P₄ = La Islilla.

Fuente: elaboración propia.

De la totalidad de 240 individuos de T. chocolata recolectados, el 48,3% resultaron machos y el 51,7% fueron hembras. En la LP y LC de los machos y hembras se encontró una correlación positiva (r=0,20) y (r=0,20), respectivamente. Mediante el ANOVA se encontraron diferencias significativas entre las estaciones muestreadas en cuanto a la incidencia de imposex para T. chocolata (p<0,05). La prueba de Tukey indicó la presencia de dos grupos significativamente diferentes. La LP de las hembras en las estaciones P₃ y P₄ fueron significativamente mayores a las de las P₁ y P₂. En ambas temporadas, la LP de los machos presentó un mayor rango de variación, mientras que las hembras que presentaron imposex, la LP varió en un rango más reducido.

En la Figura 2 se presentan los VDSI obtenidos en cada estación y temporada.

Nota: Puerto de Paita (P1 y P2), en la playa Yacila (P3) y puerto Artesanal de La Islilla (P4), Piura, Perú. TS = temporada de verano. TH = temporada de primavera.

Figura 2. Índice de Vaso Deferente (VDSI) obtenido en Thaisella chocolata en cada estación y en cada temporada.

Fuente: elaboración propia.

Para la determinación del riesgo ambiental por exposición al TBT, en el presente estudio se utilizaron las fórmulas planteadas (i) – (iv) por Cacciatore et al. (2018). De acuerdo a los datos biométricos e indicadores de imposex del presente estudio, así como los resultados obtenidos por Castro y Fillman (2012), se han calculado los rangos correspondientes para la comparación con los criterios de riesgo ambiental por TBT de la OSPAR.

*             VDSI_{bueno/moderado} = 1,5

*             VDSI_alto/bueno = 0,75

*             VDSI_pobre/malo = 2,75

*             VDSI_{moderado/pobre} = 4        

Considerando los resultados de las fórmulas anteriores y los datos de la Figura 1, el modelo propuesto para la categorización del riesgo ambiental de T. chocolata y los resultados por estaciones y temporadas, se presentan en la Tabla 3.

Tabla 3. Modelo propuesto para categorizar el riesgo ambiental de Thaisella chocolata por TBT mediante el VDSI (Índice de Vaso Deferente) en función a lo obtenido por Castro y Fillman (2012). Adaptación de OSPAR (2008)

Nota: TS = temporada de verano. TH = temporada de primavera. P₁ = Puerto de Paita Zona Norte. P₂ = Puerto de Paita Zona Sur. P₃ = Playa Yacila. P₄ = La Islilla.

Fuente: elaboración propia.

El 75% de las poblaciones muestreadas se encuentra en un nivel de exposición al TBT de concentraciones mayores al CEA (Criterio de Evaluación Ambiental) determinado para este compuesto. El 25% de las poblaciones muestreadas se encontraría en un nivel de exposición al TBT que le estaría resultando en la incapacidad de reproducirse, y donde la mayoría de hembras serían estériles.

Discusión

La presente investigación contiene evidencia de afectación por el fenómeno imposex en poblaciones de T. chocolata en Paita, Piura, Perú; lo cual podría sugerir que esta especie sería susceptible a la exposición al TBT (Castro y Fillman, 2012). Cabe precisar que este estudio corresponde al efectuado lo más al norte del Perú hasta la fecha.

Patrones similares de afectación han sido observados en otras especies de gasterópodos muricidos (Castro et al., 2012; Rivas et al., 2017; Enrique et al., 2019; França et al., 2021; Ribeiro-Brasil et al., 2021), entre otros; sin embargo, los murícidos serían los más sensibles a la exposición de TBT, por lo que se les considera los bioindicadores por excelencia (Moco-Batista et al., 2016).

Se ha registrado imposex en las cuatro estaciones de muestreo, tanto en temporada de verano como de primavera. Se analizaron temporadas diferentes debido a que esto potencialmente podría generar diferencias en los resultados según lo indicado por Castro et al. (2018). De acuerdo a la prueba de Tukey, existirían diferencias significativas entre los resultados obtenidos en las estaciones P₃ y P₄ con respecto a las P₁ y P₂, indicando que las dos primeras poseen promedios significativamente más altos (1,5 versus 1,1; ANOVA, p<0.05).

Considerando que las estaciones P₃ y P₄ corresponden a las ubicadas en la Playa Yacila y en La Islilla, en donde se ejerce pesca artesanal y de turismo; mientras que las estaciones P₁ y P₂ se ubican en el Puerto de Paita – Zona Norte y Sur. Es aplicable lo encontrado por Cañete et al. (2015), Moco-Batista et al. (2016) y Castro y Fillman (2012), quienes registraron niveles más altos de imposex en zonas de baja influencia directa de puertos comerciales (muelles de pesca artesanal o de turismo) (Mortaji et al., 2020).

Esto se debería a que, en estas zonas, las embarcaciones se encuentran más cerca de la orilla, lo cual reduce la posibilidad de dilución del contaminante (Castro y Fillman, 2012; Castro et al., 2012; Mattos y Romero, 2016), generando una permanencia del contaminante en el medio. Moco-Batista et al. (2016) encontraron que en Concepción (Chile), una zona alejada de puertos comerciales, la ocurrencia de imposex era más severa en comparación con Valparaíso (Chile), lo cual, de acuerdo al autor, podría indicar que en Sudamérica las zonas más críticas por contaminación con TBT serían aquellas con pequeñas embarcaciones.

Los resultados obtenidos en la presente investigación sustentan las afirmaciones que indican que los barcos de pesca artesanal son potencialmente las mayores y progresivas fuentes de TBT al mar (Castro et al., 2012; Paz-Villarraga et al., 2015; Moco-Batista et al., 2016). Sin embargo, las zonas de puertos comerciales no dejan de representar zonas de alta incidencia de imposex (Dominguez et al., 2015), a pesar de que aquellos puertos (principalmente donde el flujo de embarcaciones es en su mayoría de banderas extranjeras) parecen estar siendo la fuente principal de TBT.

El valor de correlación entre el LC y LP de las hembras fue significativo, lo que indicaría que el desarrollo del LP en hembras (imposex) no estaría ligado al crecimiento de la conchilla, si no a la exposición al contaminante TBT. Resultados similares han sido obtenidos en otros caracoles murícidos (Vasconcelos, 2010; Castro y Fillman, 2012; Guabloche et al., 2013, 2017; Dominguez et al., 2015; Rivas et al., 2017; Enrique et al., 2019). En el caso de los machos, en el presente estudio no se encontró una correlación positiva, sin embargo, estudios previos sí han demostrado este tipo de correlaciones, por lo que el desarrollo del LP estaría asociado al crecimiento de la conchilla (Guabloche et al., 2013, 2017). Cabe precisar que la incidencia e intensidad con el que se desarrolla el imposex en las hembras depende también de la distancia entre la población y la fuente contaminante (Guabloche et al., 2017).

Los valores de RPLI obtenidos oscilan entre 26% y 44% -semejantes a los obtenidos por Cañete et al. (2015) y Cacciatore et al. (2018)-, lo que indica que la población de caracoles se encuentra expuesta a un alto riesgo de disminuir (Oehlmann et al., 1996; Cañete et al., 2015). Los valores de FPLI son mayores en las estaciones P₄ y P₃ para ambas temporadas, por lo que podría considerarse que en estas zonas habría una mayor concentración de TBT biodisponibles debido a que este índice está directamente relacionado a la cantidad de contaminante en el medio (Moco-Batista et al., 2016).

Tan (1999), Bech (2002), Cacciatore et al. (2018), y Schøyen et al. (2019), indican que es preferible analizar la incidencia de imposex en una población usando el VDSI como principal indicador debido que este es más sensible a la afectación por exposición al TBT. En el presente estudio, los valores de VDSI alcanzan 3,42, lo cual indica que la población de la estación P₁ es incapaz de reproducirse y que las hembras son estériles. El porcentaje de esterilidad en la población es un buen indicador del nivel de afectación por TBT, así como el porcentaje de imposex es un indicador de alarma temprana de la distorsión de la población de gasterópodos (Cacciatore et al., 2018). Por lo que, considerando las cifras obtenidas en el presente estudio (VDSI de 3,42), el riesgo ambiental al que están expuestos los murícidos de esta zona de Paita, es alto. El otro 75% de los individuos están en un nivel exposición al TBT de concentraciones mayores a los Criterios de Evaluación Ambiental (CEA) determinados para este compuesto (OSPAR, 2010).

En Europa se han encontrado mejoras en las poblaciones de los puertos tras la Convención Internacional para el Control de Sistemas anti-incrustantes tóxicos en las embarcaciones, el cual ha sido implementado por el IMO, quienes originalmente prohibieron las pinturas basadas en TBT para las superficies externas de las grandes embarcaciones (International Maritime Organization, 2000). Perú no ha ratificado el convenio implementado por la IMO, mientras que países como Brasil, México, Brasil y Uruguay sí han efectuado esta ratificación. La autoridad marítima del Perú en el 2019 ha emitido una norma (El Peruano, 2019) que prohíbe el empleo del TBT en sistemas anti-incrustantes para naves y artefactos navales. Argentina, Brasil y Chile, y recientemente el Perú, han establecido una normativa nacional de prohibición de TBT en sus océanos (Castro et al., 2018).

Conclusiones y recomendaciones

Se concluye que las pinturas anti-incrustantes de las embarcaciones representan un menor riesgo ambiental para T. chocolata en zonas cercanas al puerto de Paita, en comparación con los muelles artesanales de Yacila y La Islilla. Asimismo, el estándar de evaluación de riesgo ambiental específico para la especie T. chocolata indica que el riesgo ambiental asociado a las pinturas anti-incrustantes en el Puerto de Paita sobre este caracol marino se encuentra entre los niveles de exposición C y E. El nivel C indica exposición a TBT en concentraciones mayores al CEA (Criterio de Evaluación Ambiental), mientras que el nivel E indica poblaciones incapaces de reproducirse, donde la mayoría o todas las hembras son estériles. Además, que la ocurrencia de imposex no está restringida a zonas de alto tránsito de embarcaciones debido a que los indicadores de este fenómeno han sido más elevados en zonas de puertos de pesquería artesanal y de turismo.

Agradecimientos

Los autores agradecen la labor realizada por Carlos Villegas por el esfuerzo realizado en la colecta de individuos y al personal de IMARPE (Instituto del Mar del Perú) por brindar las facilidades en relación a sus instalaciones, brindando soporte a la investigación.

Potencial conflicto de intereses

Los autores declaran que no existe conflicto de interés alguno por la realización y publicación de la presente investigación, la cual fue financiada por los autores.

Referencias

Autoridad Portuaria Nacional (APN). (2017). Anuario Estadístico Pesquero y Acuícola 2017. Autoridad Portuaria Nacional.

Autoridad Portuaria Nacional (APN). (2018). Estadísticas del movimiento de naves atendidas por la Autoridad Portuaria Nacional a nivel nacional - Reporte RDN02. Autoridad Portuaria Nacional.

Autoridad Portuaria Nacional (APN). (2019). Estadísticas del movimiento de naves atendidas por la Autoridad Portuaria Nacional a nivel nacional -Reporte RDN02. Autoridad Portuaria Nacional.

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1 Ingeniero Ambiental. Facultad de Ciencias Ambientales, Universidad Científica del Sur, Lima, Perú, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

2 Doctor en Ciencias Biológicas. Facultad de Ciencias Ambientales, Universidad Científica del Sur, Facultad de Ciencias Biológicas, Universidad Ricardo Palma, Facultad de Ciencias Naturales y Matemática, Universidad Nacional Federico Villarreal El Agustino, Lima, Perú, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

3 Biólogo. Facultad de Ciencias Veterinarias y Biológicas, Universidad Científica del Sur, Lima, Perú, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. 

Para citar este artículo: Villegas, S., Iannacone, J. y Villegas, C. (2021). Riesgo ambiental marino por pinturas anti-incrustantes a base de TBT (tributilestaño), sobre el “caracol plomo” Thaisella chocolata (Duclos, 1832) empleando al imposex como un bioindicador, en el puerto de Paita, Perú. Revista Luna Azul (On Line), 53, 76-91. https://doi.org/10.17151/luaz.2021.53.5

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Ciclo de vida de la explotación de carbón mineral en Paipa, Boyacá

Ricardo Alberto Manrique Abril¹, Diana Carolina Arias Quintero², Karol Daniela Medina González³

Recibido: 12 junio 2020 Aceptado: 21 febrero 2021 Actualizado: 26 junio de 2021

DOI: 10.17151/luaz.2021.53.3

Resumen

Los impactos ambientales de la extracción y producción del carbón son muy altos y varían dependiendo de los métodos utilizados en minería subterránea. Se determinaron los escenarios de extracción de carbón térmico en el municipio de Paipa Boyacá y se evaluaron los aspectos ambientales involucrados mediante la aplicación del software SimaPro 8.5.0®, estratificado por recursos, materiales y cantidad de carbón a explotar en tres minas escogidas para la evaluación del impacto del ciclo de vida (EICV), basado en la NTC-ISO-14040, por cada uno de los métodos extractivos identificados en el municipio con la herramienta Eco-indicador 99-H-V2.06/Europe-EI-99-H/A®. Se determinó que el método de arranque manual es menos contaminante para todas las categorías de daño, dependiendo de materiales y herramientas usadas en la mina, también es el segundo más productivo cuando se analiza el ciclo de vida (CV) por producción mensual. El método mecanizado con martillo eléctrico reportó mayor afectación a todas las categorías de daño, tanto al evaluarse en el CV por producción mensual, siendo la mina que utiliza este método la que más genera carbón, como al analizarse el CV que involucra la cantidad de materiales y recursos utilizados. El arranque semimecanizado (combinación de martillo eléctrico y pico- pala), es el que menos impacto tiene cuando se analiza la producción mensual y el segundo en impactar al analizar la técnica utilizada para el arranque. De todas las categorías de daño la más impactada es la salud humana, asociada a la exposición ocupacional en el desarrollo de esta labor.

Palabras clave: impacto ambiental, carbón mineral, factores de producción, salud pública.

Life cycle of mineral coal extraction in Paipa, Boyacá

Abstract

The environmental impacts of coal extraction and production are very high and vary depending on the methods used in underground mining. The thermal coal extraction scenarios in the municipality of Paipa, Boyacá were determined and the environmental aspects involved were evaluated through the application of the SimaPro 8.5.0 ® software, stratified by resources, materials and quantity of coal to be exploited in three mines chosen for the Life Cycle Impact Assessment (LCIA), based on the NTC-ISO-14040 for each of the extractive methods identified in the municipality with the Eco-indicator tool 99-H-V2.06/Europe-EI-99-HE-HAS®. It was determined that the manual starting method is less polluting for all damage categories, depending on materials and tools used in the mine, it is also the second most productive when analyzing the life cycle (LC) for monthly production. The mechanized method with electric hammer, reported greater impact on all damage categories both, when evaluated in the LC by monthly production, being the mine that uses this method the one that generates more coal, and when analyzing the LC that involves the amount of materials and resources used. The semi-mechanized start up (combination of electric hammer and pick-shovel) is the one that has less impact when analyzing the monthly production and the second to impact when analyzing the technique used for the start-up. Of all the categories of damage the most impacted is human health, associated with occupational exposure in the development of this work.

Keywords: environmental impact, mineral coal, factors of production, public health.

Introducción    

A través de los años la sociedad se ha desarrollado en un entorno consumista, ligado directamente a la explotación de recursos energéticos, un ejemplo de ello es el aprovechamiento del carbón como motor de desarrollo y fuente principal de ingresos de ciertas regiones, que por su ubicación geográfica y condiciones naturales han hecho de la minería su principal vocación (Unidad de Planeación Minero-Energética [UPME], 2005).

La producción del carbón ha estado ligada al precio por tonelada a nivel mundial, por lo cual, anualmente varía la cantidad de carbón explotado, en 2015 por primera vez la producción mundial de carbón disminuyó respecto de los niveles alcanzados en la década de los 90, llegando hasta los 7 millones de toneladas, debido a un menor crecimiento económico de los grandes productores mundiales, solo India y Rusia tuvieron un aumento, pero China, el principal productor mundial en 2015 produjo menos carbón (3,68 millones de toneladas), una reducción del 3,5 % en comparación con el año anterior (European Association for Coal and Lignite [Eurocoal], 2016).

En 2020, en el mundo se produjeron alrededor de 8.377.125 millones de toneladas (Mst) de carbón, de las cuales, China aportó el 51 % y Estados Unidos el 6 %. En Europa los mayores productores son Rusia (5 %), Alemania (1,4 %) y Polonia (1,3 %). Colombia aportó el 0,6 % (EIA, 2020).

En Colombia la producción de carbón respondió de manera positiva el tercer trimestre del año 2021. El Ministerio de Minas y Energía presentó las cifras oficiales de producción de carbón con un aumento del 18,7 % más respecto al mismo periodo del año 2020. En este sentido, el municipio de Paipa se caracteriza principalmente por la producción de carbón, en el segundo trimestre de 2021, la UPME reportó una producción (con base en regalías) de 30.328 toneladas de carbón (UPME, 2021).

La producción de carbón en Paipa en su mayoría pertenece a mineros informales y a los intermediarios, siendo estos últimos los principales comercializadores del carbón, los cuales perciben la mayor parte de los beneficios económicos; en este proceso también interviene el comprador final, principalmente la Termoeléctrica GENSA y Electrosochagota (Higuera Garzón, 2015).

Uno de los principales renglones de la economía del municipio de Paipa en el departamento de Boyacá se basa en la extracción del carbón térmico, el cual se suministra a clientes del sector e intermediarios que lo venden a grandes empresas utilizándolo para producir energía.

Los impactos ambientales asociados a la extracción y producción del carbón varían a partir de los métodos de extracción que se usan en la minería subterránea. El propósito de esta investigación es evaluar los escenarios de extracción de carbón en cuanto a aspectos ambientales y económicos y analizar la viabilidad de cada uno con la metodología del análisis de ciclo de vida (ACV) basado en la norma técnica colombiana NTC ISO 14040, aplicado para cada una de las técnicas extractivas utilizadas en el municipio, haciendo uso del software SimaPro 8.5.0®.

Materiales y métodos

El ACV considera el ciclo de vida completo de un producto, desde la extracción y adquisición de la materia prima, pasando por la producción de energía y materia, y la fabricación, hasta el uso y el tratamiento al final de la vida útil y la disposición final. A través de esta visión general y perspectiva sistemática, se puede identificar y posiblemente evitar el desplazamiento de una carga ambiental potencial entre las etapas del ciclo de vida o los procesos individuales (NTC ISO 14040, 2007).

El objetivo del ACV es comparar los daños ambientales globales de productos y servicios para poder determinar aquellos que son menos perjudiciales. El término “ciclo de vida” está relacionado con el hecho de que un análisis correcto y holístico requiere analizar las materias primas necesarias para la producción, la fabricación, la distribución, el uso y el tratamiento final, incluidas las operaciones de transporte, necesarias o asociadas a la existencia del producto. La suma de todos los pasos es lo que se conoce como ciclo de vida del producto (Bernatene y Canale, 2018).

La metodología del Eco-indicador 99 es uno de los métodos de evaluación de impacto más utilizados en ACV, está destinado a ser utilizado por diseñadores y gerentes de productos que desean aplicar los valores estándar de los indicadores ecológicos para evaluar los aspectos ambientales de los sistemas de productos (Mieras, 2013). El Eco-indicador 99 define el término “medio ambiente” según tres tipos de daño: A la salud humana, se incluye el número y la duración de las enfermedades, los efectos aquí incluidos son: cambio climático, disminución de la capa de ozono, efectos cancerígenos y respiratorios y radiación ionizante; A la calidad del medio ambiente, en esta categoría se incluye el efecto sobre la diversidad de especies, especialmente en las plantas vasculares y los organismos sencillos, entre los efectos incluidos se encuentran: la ecotoxicidad, acidificación, eutrofización y el uso del suelo; y a los recursos, en esta categoría se incluye la necesidad extra de energía requerida en el futuro para extraer mineral de baja calidad y recursos fósiles (Goedkoop et al., 1999).

Teniendo presente lo anterior, en el municipio de Paipa se identificaron, cuantificaron y esquematizaron los procesos principales de producción de carbón, estos se desarrollan en los siguientes procesos unitarios:

•             Arranque del carbón: esta minería a pequeña y mediana escala se realiza con técnicas manuales como el uso de pico y pala, técnicas semimecanizadas (manual y martillo eléctrico) o por medio de técnicas mecanizadas usando únicamente el martillo eléctrico.

•             Acarreo: consiste en el transporte del carbón desde el frente de extracción hasta una vía principal interna en la mina, se puede realizar usando carretillas o canecas plásticas.

•             Cocheo y malacateo: es el proceso de cargue del carbón en los coches para luego ser ascendido por medio del malacate, esta acción se realiza en una mina particularmente subterránea.

•             Selección: el carbón es clasificado de acuerdo con su tamaño y el manto de origen, este proceso puede incluir trituración y tamizado para homogenizar el producto y facilitar su transporte.

•             Descargue: volcado del material extraído de la mina a los puntos de acopio establecidos, esta operación se realiza en volquetas de 10 o 20 toneladas.

•             Cargue y transporte externo: llenado de los tractocamiones de aproximadamente 30 toneladas con el carbón seleccionado para su transporte y distribución.

•             Entrega a patio: este proceso de comercialización se caracteriza en gran medida por la presencia de intermediarios, los cuales perciben la mayor parte de las ganancias económicas, posteriormente es vendido al comprador final.

En el municipio de Paipa existen alrededor de 41 títulos para pequeña minería, adjudicados para la explotación y beneficio de carbón (térmico y metalúrgico) (Agencia Nacional de Minería [ANM], 2017); para esta investigación se tuvieron en cuenta tres minas, cada una ubicada en un distinto título minero, pero las cuales desarrollan el proceso de explotación en la misma vereda, denominada el Salitre, se incluyeron estas minas teniendo en cuenta la legalidad minera y la disponibilidad de los titulares de suministrar información cuantitativa. Así mismo, se eligió el tipo de carbón térmico cuyas características permitieron definir que un factor diferencial fuese el método de arranque, tal como se muestra en la tabla 1:

Tabla 1. Caracterización de las minas seleccionadas

Fuente: los autores

Evaluación del impacto de ciclo de vida

La evaluación del impacto del ciclo de vida (EICV) para valorar el desempeño ambiental de las minas se realiza con el software SimaPro® en versión de licencia libre que tiene ciertas limitaciones para el análisis de estudios de ciclos de vida detallados, empleando características analíticas avanzadas como el análisis Monte Carlo, el cual permite obtener datos cuantitativos asociados con la gestión y la probabilidad de los riesgos, o con la disponibilidad de las funciones para el análisis del ciclo de vida con las opciones de escritura de asistentes e interfaz COM, por lo tanto, se usa el método Eco-indicador 99 (H) V2.10/ Europe, que cuantifica la valoración del daño medioambiental en función de una normalización expresada en puntaje, relacionada con las diversas categorías de Evaluación del Daño: salud humana, calidad del ecosistema y recursos (Goedkoop & Spriensma, 2001), el desarrollo de este método en las tres minas evaluadas permite compararlas entre sí, siempre y cuando la unidad de medida sea igual para todos los casos.

En este orden de ideas, los procesos unitarios a estudiar serán los de arranque del carbón, acarreo, cocheo y malacateo, y selección (figura 1). Visto así, la actual investigación de ACV implementa el enfoque de la cuna a la puerta, y se incluye la electricidad como recurso usado para la producción de carbón. La información necesaria para realizar este análisis fue recopilada en campo por medio de visitas técnicas a las minas seleccionadas, en donde la explotación se realiza subterráneamente. En la EICV se tuvieron en cuenta los materiales de fabricación de las herramientas usadas en el proceso, como las picas, palas, martillos eléctricos, vagones, malacates, canecas plásticas, rieles y cables; así como también los volúmenes medios de producción.

Figura 1. Procesos principales de producción de carbón a evaluar

Fuente: los autores

Resultados

Se analizó el impacto ambiental del ciclo de vida de cada mina, comparando las técnicas de explotación, las herramientas y sus materiales, así como sus respectivos consumos energéticos; los resultados obtenidos del EICV se presentan en Ecopuntos (kPt) para cada categoría de impacto provisto por el Europe Eco-indicador 99 H/A, los resultados de la evaluación se describen a continuación (tabla 2).

Tabla 2. Resultados EICV de cada mina

Fuente: los autores

De acuerdo con los resultados, el escenario más impactante es el mecánico utilizado en la mina 3, que incorpora el martillo eléctrico durante todo el proceso de arranque del carbón, además de ser el que más consumo energético tiene por este mismo motivo, seguido del método semimecanizado utilizado en la mina 2, que combina técnicas artesanales (pico y pala) con el martillo eléctrico, finalmente, el escenario de la mina 1 que utiliza únicamente técnicas manuales presenta menos impacto en todas las categorías evaluadas.

Se observa también que el impacto es mayor para la categoría de la salud humana, siendo la mina 3 la que mayor afectación causa usando como método de explotación el martillo eléctrico; la categoría de impacto menos afectada para los tres casos es la calidad de los ecosistemas, especialmente en la mina 1 que tiene el menor impacto en todas las categorías usando como método de explotación el manual sin ayuda de ningún elemento mecánico (figura 2).

Aunque se observa que el método de arranque del carbón con la técnica semimecanizada es 2.1 veces más impactante y la mecanizada es 2.3 veces más impactante con respecto a la técnica manual, en términos de AVC esta comparación no es suficiente para tener en cuenta el impacto del tipo de explotación realizado por cada mina para proponer el método manual como el más beneficioso en el ejercicio de minería sostenible.

Así mismo, tampoco se puede proponer el método semimecanizado, que presenta una categoría de impacto intermedia, como el más beneficioso, ya que de acuerdo a la tabla 2, en términos de producción se infiere que para este caso específico la mina número 2 que tiene este método de arranque produce menos toneladas mensuales que la mina número 1 que utiliza únicamente el método manual, también es necesario aclarar para este análisis, que es importante tener en cuenta las horas trabajadas por jornada, el número de trabajadores, las condiciones laborales y los insumos de cada una.

Figura 2. comparación categorías de impacto en los ciclos de vida de las tres minas

Fuente: los autores

Análisis por producción

El software SimaPro 8.5.0® también cuenta con una herramienta que realiza automáticamente el análisis de ciclo de vida teniendo en cuenta el producto que se quiera evaluar y la cantidad a explotar. A continuación, se analiza el impacto a las categorías de daño por la cantidad de toneladas explotadas de carbón bituminoso (Bituminous coal, at mine/US Categoria Fuels/coal/produced coal/Mined Coal) (Kommalapati et al., 2018) de las minas evaluadas y se realiza una comparación entre estas; los resultados del EICV se presentan en Ecopuntos (kPt) para cada categoría de impacto provisto por el Europe Eco-indicador 99 H/A  (Awuah-Offei & Adekpedjou, 2011), los resultados de la evaluación se presentan a continuación (tabla 3).

Tabla 3. Resultados del EICV por la cantidad de toneladas explotadas por mina

Fuente: los autores.

Según los resultados, la mina que mayor impacto genera de acuerdo con la cantidad de toneladas explotadas mensualmente es la mina 3, además de ser la que más consumo energético tiene y la que mayor cantidad de toneladas mensuales explota; impactando en gran medida a la categoría de la salud humana, seguido del impacto a los recursos naturales y la calidad de los ecosistemas. También se observa que en este caso la mina 2 es la que menor impacto genera en todas las categorías de daño, hay que tener en cuenta que este resultado se debe a que esta mina es la que menos cantidad explota en toneladas mensuales de las tres.

Figura 3. Comparación categorías de impacto por cantidad explotada

Fuente: los autores

Según la figura 3, se determina que los resultados obtenidos en este análisis varían mucho entre las tres minas, se observa que la mina 3 es casi dos veces más impactante en comparación a la mina 1 y 2.4 veces más impactante que la mina 2 en la categoría a la salud humana; siendo este resultado el esperado, ya que la mina 3 es la que más explota mensualmente, de esto se deduce que esta situación se debe probablemente a la alta exposición al polvillo de carbón que produce enfermedades respiratorias como asma, asfixia, neumonía, bronquitis y tos, en lo relacionado con dificultades respiratorias; además de hongos, manchas y brotes en la piel. Diferentes estudios han demostrado que con el tiempo esta exposición puede generar enfermedades crónicas tales como silicoantracosis, hipertensión, cáncer pulmonar, problemas gástricos severos, bronquiectasia, neuropatías, apnea del sueño, sinusitis (Barrios, 2014) y la neumoconiosis de los mineros de carbón, enfermedad pulmonar causada por acumulación de polvo inhalado en los pulmones y la reacción tisular que Este provoca (Martínez, 2005).

Por otro lado, la calidad de los ecosistemas es el factor que menos se ve afectado de las tres categorías de daño, ya que los datos arrojados por el programa dan cuenta de valores mínimos en las tres minas estudiadas, siendo tendencia la mina 3 como la que causa más daño al ecosistema y la mina 2 la que presenta menos impacto. Por último, el daño a los recursos sigue la misma tendencia que las otras dos categorías.

Conclusiones   

La EICV asocia los datos del inventario con las categorías de impacto ambiental y sus indicadores para entender el daño, esta fase además proporciona información para dar una adecuada interpretación del ciclo de vida.

El SimaPro® es una herramienta que permite hacer una evaluación de diferentes escenarios que involucran la producción de carbón proporcionando resultados que ayudan a determinar el impacto a la salud humana, los recursos y la calidad de los ecosistemas con el fin de establecer cuáles procesos unitarios se pueden modificar, optimizar y mejorar para disminuir el impacto ambiental de la actividad.

La metodología del Eco-indicador 99 es muy eficiente porque permite evaluar el impacto ambiental en diferentes categorías de daño respecto a los criterios que se quieran analizar, como consumo de energía, transporte, materiales y cantidad producida.

Según los resultados, el proceso unitario de arranque de carbón que involucra el martillo eléctrico es el método que más impacta a las tres categorías de daño evaluadas, sin embargo, al ser un proceso completamente mecanizado permite que se explote mayor cantidad de carbón que en los otros dos métodos, pero este no se puede descartar completamente porque a pesar de que es más grande el impacto, económicamente es más productivo.

Con respecto a los resultados del análisis de la cantidad de carbón explotado en toneladas por mes, se puede concluir que a mayor producción mayor impacto. Por este motivo, la mina número 2 con el método semimecanizado que utiliza el martillo eléctrico y pica y pala en el arranque de carbón es la que menos impacto tiene en todas las categorías de daño por ser la mina que menos producción mensual presenta.

A pesar de que los métodos de arranque de carbón semimecanizado y mecanizado, son más impactantes que el método manual, es necesario tener en cuenta la producción mensual que se logra con cada técnica, ya que este indicador influye en la rentabilidad y la competitividad del sector.

Una de las limitaciones que se pueden presentar en este tipo de estudios son la inclusión de factores como los registros mensuales de las condiciones climáticas, oferta y demanda de carbón a nivel regional, tiempo de exposición a contaminantes como el polvillo de carbón de acuerdo con el número de horas trabajadas dentro de la mina y la edad de los mineros.

Se puede sugerir el uso de esta metodología y software para investigaciones relacionadas con el análisis del ciclo de vida de actividades de explotación de materiales de construcción y otras materias primas, ya que se pueden incluir y analizar los procesos unitarios de producción, diferentes métodos de explotación y permite la evaluar variadas categorías de daño: salud humana, calidad del ecosistema y recursos.

Potencial conflicto de intereses

Los autores declaramos respecto a la posible existencia de conflicto de intereses en la realización de la investigación que no existe conflicto alguno.

Fuentes de financiación

El proyecto fue financiado por el Grupo de Investigación en Medio Ambiente y Desarrollo (GIMAD) y Biominerales Col SAS.

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1 Msc. Ingeniería Ambiental, Grupo de Investigación GIMAD. Universidad Nacional de Colombia, Ciudad Bogotá, Colombia. E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8585-6147 Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=rHh09MgAAAAJ&hl=es

2 Ingeniera Ambiental, Esp. Gestión Ambiental, Grupo de Investigación GIMAD, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Ciudad Tunja, Colombia. E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7626-856X Google Scholar: Link

3 Ingeniera Ambiental, Grupo de Investigación GIMAD. Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Ciudad Tunja, Colombia. E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2879-1249 Google Scholar:  Link

Para citar este artículo: RA Manrique-Abril, Arias Quintero, D. C. y Medina González, K. D. (2022). Ciclo de vida de la explotación de carbón mineral en Paipa, Boyacá. Revista Luna Azul, 53, 38-48. DOI: https://doi.org/10.17151/luaz.2021.53.3

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