CARACTERIZACIÓN DEL SUBSISTEMA DE PLAGAS EN MORA SIN ESPINA (RUBUS GLAUCUS BENTH.) EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Andrés Alfonso Patiño Martínez¹  , Sirley Palacios Castro²  , José Fernando Kogson Quintero³  

Recibido: 30 de mayo 2018,  Aceptado: 24 abril 2019, Actualizado: 25 de junio de 2019

DOI: 10.17151/luaz.2019.49.9

RESUMEN

Objetivo.  Por medio del modelo de taller participativo se realizó la caracterización del subsistema de plagas de mora sin espina en el departamento de Risaralda con agricultores de las diferentes asociaciones. Metodología. Se utilizó el análisis multivariado, empleando la técnica de correspondencias múltiples para variables categóricas a fin de hallar los clústers de productores; posteriormente, una prueba Chi-cuadrado comparó los resultados de cada clúster y verificó las diferencias significativas que podían existir dentro de los mismos. Resultados y conclusión. Con base en la presencia de insectos por cada etapa fenológica del cultivo se encontraron cinco clústers de agricultores. Los moricultores del departamento reportaron como organismos presentes en el sistema productivo insectos de las familias Thripidae, Chrysomelidae,  Melolonthidae y Aphididae, y de las especies  Atta sp., Hepialus sp., Monalonion sp., Prodiplosis sp., Eurhizococcus colombianus, y moluscos como babosas (Orden: Pulmonata); sin embargo, los trips y el barrenador de tallo (Hepialus sp.) fueron los insectos fitófagos más prevalentes. Asimismo, una prueba Chi-cuadrado determinó que, según la percepción del agricultor, los trips son los insectos más prevalentes durante todas las etapas fenológicas del cultivo.

Palabras clave: departamento de Risaralda, etapas fenológicas, cultivo de la mora, insectos fitófagos.

CHARACTERIZATION OF THE SUBSYSTEM PESTS OF THE THORNLESS BLACKBERRY (RUBUS GLAUCUS BENTH.) IN THE DEPARTMENT OF RISARALDA

ABSTRACT

Objective: Using the participatory workshop model, the characterization of the non-thorn blackberry subsystem pests was carried out in the Department of Risaralda with farmers from the different associations. Methodology: Multivariate analysis was used, using the multiple correspondence technique for categorical variables to find producer clusters. Subsequently, a Chi-square test compared the results of each cluster and verified the significant differences that could exist within them. Results and conclusion: Based on the presence of insects for each phenological stage of the crop, five farmer clusters were found. Blackberry growers of the Department reported insects of the families Thripidae, Chrysomelidae, Melolonthidae and Aphididae, and of the species Atta sp., Hepialus sp., Monalonion sp., Prodiplosis sp.,, Eurhizococcus colombianus, and mollusks as slugs (Order: Pulmonata), as organisms present in the productive system. However, thrips and the stem borers (Hepialus sp.) were the most prevalent phytophagous insects. Likewise, a Chi-square test determined that, according to the farmer's perception, thrips are the most prevalent insects during all the phenological stages of the crop.

Key words: Department of Risaralda, phenological stages, cultivation of blackberry, phytophagous insects.

Introducción

Un sistema se define como un arreglo de componentes físicos o colección de cosas unidas o relacionadas de tal manera que forman o actúan como una unidad, una entidad o un todo (Hart, 1985). Los sistemas agrícolas se encuentran conformados por subsistemas, entre ellos el susbsistema plagas, el cual perjudica los objetivos del agricultor dado que compite por las salidas del subsistema cultivos. La caracterización de dichos sistemas y subsistemas se convierte en una herramienta para elevar la eficiencia y la eficacia de la investigación de los sistemas de producción para pequeños productores, además, mediante este método es posible definir los dominios de recomendación, la diversidad existente en la agricultura, seleccionar problaciones objetivo y hacer análisis dinámico en fincas (Escobar y Berdegué, 1990).

Las caracteristicas de los sistemas de producción de mora y sus problemas fitosanitarios son distintos según el sitio donde se desarrolla el cultivo (Martínez et al., 2019); sin embargo, en Risaralda (Colombia) estos poseen algunas características en común como el material de siembra (mora sin espina), el tamaño de las unidades de produccion (aprox. 0,5 ha.); de igual manera existen otras características que los hacen muy diferentes entre sí, entre las cuales podemos mencionar la no existencia de un manejo de cultivo estandarizado, las áreas productivas que se ubican en pisos altitudinales entre los 1.900 y 2.300 msnm y los problemas fitosanitarios (insectos y enfermedades) que varían con dichas características, estas razones pueden estar dificultando la adopción de estrategias de manejo fitosanitario diferenciadas, pues no se puede generalizar el manejo cuando las explotaciones agricolas presentan alta diversidad entre ellas.

A pesar de que diversos autores en sus investigaciones mencionan plagas tales como perla de tierra (Eurhizococcus colombianus), barrenador del cuello de la planta (Zascelis sp.), pasador de raíces, tallos y ramas (Hepialus sp.), trips o bichos candela (Thrips sp., Frankliniella spp. y NeohydatoThrips sp.), áfidos o pulgones (Myzus sp. y Aphis sp.), ácaros (Tetranychus sp., y Panonychus citri), caracha o Prodiplosis (Prodiplosis sp.), gusano Santamaría (Arctia sp.), burrita de la virgen (Compsus sp.), mosca de la fruta (Anastrepha sp.), chinches (Monalonion sp.), y cucarrones del follaje (Diabrotica sp., Epitrix sp. y Colaspis lebasi) (Franco y Giraldo, 1998; Kondo y Gómez, 2008; Instituto Colombiano Agropecuario –ICA–, 2011; Betancourt, Palacios y Patiño, 2014; Mesa et al., 2014). No existe una caracterización de este subsistema en el departamento de Risaralda que permita definir a través de la información entregada por productores cuáles insectos fitófagos reportados son los más importantes y por los cuales se aplican diversos métodos de control.

Dicha caracterización se convierte en una herramienta esencial y constituye un insumo básico para conocer a través de la percepción de los productores de mora sin espina del departamento de Risaralda cuál o cuáles son los insectos fitófagos de mayor importancia en las diferentes etapas fenológicas del cultivo de mora sin espina, lo anterior permite al investigador priorizar para tales organismos temas de investigación básica.

Materiales y métodos

La caracterización del subsistema plagas en el cultivo de mora sin espina se realizó en el departamento de Risaralda, ubicado en el centro occidente de la región andina, dividido en 14 municipios. Se efectuaron talleres participativos en los municipios de Pereira, Apia, Belén de Umbría, Guática, Santuario, Quinchía y Santa Rosa de Cabal, con la participación de agricultores de ocho asociaciones: AMORQUIN⁴ (37 productores), COPAC⁵ (20 productores), ASOMORIGUA⁶ (15 productores), ASMOBEL⁷ (77 productores), ASOMORALCA⁸ (75 productores), AMOROSA⁹ (38 productores), HORFRUBELLA¹⁰ (17 productores) y MUSA¹¹ (51 productores).

Los agricultores participantes de cada taller fueron divididos en núcleos de trabajo dependiendo de los asistentes en cada municipio. Utilizaron la ficha de identificación de insectos fitófagos (tabla 1) para indicar su relación (presencia) con cada etapa fenológica del cultivo de mora sin espina.

Tabla 1. Ficha de identificación de insectos fitófagos asociados al cultivo de mora sin espina (Rubus glaucus Benth.)  y su relación con las etapas fenológicas en Risaralda.

Fuente: Elaboración propia

Mediante un debate informal en los núcleos de trabajo, los agricultores evaluaron los principales insectos fitófagos en el cultivo de mora sin espina y su importancia en el ciclo fenológico, posteriormente y en plenaria, se realizó la socialización de los resultados.

Para el procesamiento de los datos proporcionados por los agricultores del departamento, se utilizó el análisis multivariado mediante la técnica de correspondencias múltiples para variables categóricas. Con lo anterior, se logró definir los clúster de productores que consideran los principales insectos fitófagos y su relación en cada etapa fenológica del cultivo de mora sin espina. De igual manera, se realizó una prueba Chi-cuadrado (X2) para establecer la existencia de dependencia entre el tipo de agricultor y la presencia o no del organismo en las diferentes etapas fenológicas.

Resultados y discusión

Identificación de clúster de productores

De acuerdo con la tabla de valores propios del análisis factorial de correspondencias múltiples, se tomaron seis ejes que dan una explicación acumulada de la variabilidad del 81,50%. Posteriormente se realizó el análisis de clúster obteniendo un dendrograma identificando cinco (5) clúster de productores de acuerdo a su percepción de importancia de insectos fitófagos presentes en el cultivo de mora sin espina (figura 1).

Figura 1. Dendrograma a partir del análisis de clúster para grupos de agricultores según reportan la presencia  de insectos fitófagos  en el agroecosistema mora sin espina (Rubus glaucus Benth.) en Risaralda.

Fuente: elaboración propia.

Clúster 1: el 100 % de los moricultores de los siete municipios consideran que el insecto más importante es  Eurhizococcus colombianus,  mosca de la fruta (Anastrepha sp.), Monalonion y Atta sp., el 90 % dice que es importante el barrenador de tallo (Hepialus sp.),  el 50 % de los productores expresa que son los trips, el 40 % los Chrysomelidae, el 20 % chizas (Melolonthiade), babosas (Odern: Pulmonata), y un 10 % de los agricultores mencionan que los más  importantes son los Aphididae  y Prodiplosis.

Clúster 2: el 100 % de agricultores de tres municipios (Belén de Umbría, Santuario y Santa Rosa de Cabal) mencionan que es importante la mosca de la fruta (Anastrepha sp.), el 33 %  dicen que los trips y el 33 % que es el  barrenador de tallo (Hepialus sp.).

Clúster 3: a este clúster solo pertenecen los agricultores del municipio de Pereira, quienes mencionan a Monalonion como el insecto más importante en el cultivo de mora sin espina.

Clúster 4: para el 50 % de los moricultores de Belén de Umbría y Quinchía son importantes los Chysomelidae y el barrenador de tallo (Hepialus sp.).

Clúster 5: el 100 % de los productores de mora de seis municipios (Pereira, Apia, Belén de Umbría, Guática y Quinchía) mencionan que los trips son el insecto más importante en el cultivo de mora sin espina, el 33,33 % que Prodiplosis,  el 8,33 % dicen que son los Chysomelidae y el 8,33 % de agricultores dicen que es Atta sp.

Ríos, Muñoz, Franco y Rodríguez (1996) en trabajos de caracterización del sistema productivo mora en los municipios de Riosucio, Quinchía y Guática, encontraron que el 82,3 % de los productores consideraban a Hepialus spp., como el insecto de mayor importancia, no coincidiendo con la actualidad del sistema productivo de mora sin espina en el departamento de Risaralda, en donde los productores consideraron importantes plagas como Eurhizococcus colombianus,  mosca de la fruta, Monalonion, hormiga arriera  Monalonion, crisomélidos, barrenador de tallo y trips.

Estos mismos autores exponen que para el 61,7 % de productores de estos tres municipios (Quinchía, Guática y Riosucio) es importante Eurhizococcus colombianus coincidiendo con el 100 % de productores de mora del clúster 1, quienes también consideran importante dicho insecto fitófago.

Castaño (1996) reportó en el cultivo de mora a Eurhizococcus colombianus y Hepialus spp. como las plagas de mayor importancia para el cultivo al igual que Jaramillo (1984); lo anterior coincide con el clúster 1 de esta investigación, en donde los productores consideran importante a Eurhizococcus colombianus. En cuanto a  Hepialus spp. no fue mencionado en ninguno de los clúster hallados en la presente investigación.

Díaz (2015) señala que mosca de la fruta, perla de tierra y Monalonion son insectos de importancia económica al igual que trips y barrenadores, lo anterior coincide con la presente caracterización, en donde diferentes clúster de productores consideran importante estos mismos insectos fitófagos.

Análisis por etapa fenológica

El análisis multivariado también fue realizado con  base en la apreciación de los productores con relación a los insectos fitófagos y su presencia en cada una de las etapas fenológicas del cultivo de mora sin espina.

Etapa I (Siembra y establecimiento): el 51,74 % de los productores de mora  del departamento indicaron que los Chysomelidae y el barrenador de tallo (Hepialus sp.) son importantes en esta etapa, el 42,86 % dicen que los trips, el 28,57 % de los productores consideraron que son las babosas (Orden Pulmonata), el 14,29 % de los productores indicaron que son los Melolonthidae, Aphididae y Eurhizococcus colombianus y el 4,29 % indicó que es Atta sp. el insecto más importante (tabla 2).

Etapa II (desarrollo vegetativo al inicio de floración): para el 85,71 % de moricultores del departamento los trips son los insectos más importante en esta segunda etapa fenológica, el 51,14 % dicen que el barrenador de tallo (Hepialus sp.), 28,57 % de los productores de mora afirmaron que son los Chrysomelidae y el 14,29 % de los productores que es Monalonion (tabla 2).

Etapa III (Inicio de floración a inicio de cosecha): el 85,71 % de moricultores dicen que los trips son el insecto fitófago más importante, seguido de Prodiplosis (57,14 % de productores) y el 14,29 % afirmó que el insecto más importante es el barrenador de tallo (Hepialus sp.)(Tabla 2).

Etapa IV (Inicio de cosecha hasta terminación del ciclo): para esta etapa fenológica el 71,43 % de productores afirmó que el insecto más importante son los trips, el 28,57 % de moricultores dijeron que es importante el barrenador de tallo (Hepialus sp.) y el 14,29 % que son las chizas (Melolonthiade) (tabla 2).

Tabla 2. Porcentaje de apreciación de productores respecto a la presencia de insectos fitófagos asociados en las etapas fenológicas de la mora sin espina en Risaralda

Fuente: elaboración Propia

De acuerdo con lo anterior, los moricultores manifiestaron la presencia de los trips y barrenador de tallo (Hepialus sp.) en sus cultivos, mostrando la mayor influencia en todas las etapas fenológicas del cultivo de mora sin espina.

Álvarez y Pulgarín (2015) y Restrepo, (2015) en investigaciones realizadas en los municipios de Santuario y Apia (Risaralda) entre 2014 y 2015, mostraron que los trips son los insectos de mayor prevalencia en el cultivo de la mora en la etapa fenológica II (desarrollo vegetativo a inicio de floración) y III  (inicio de floración a inicio de cosecha), coincidiendo parcialmente con la percepción de los productores de mora del departamento de Risaralda (que participaron en el presente estudio), quienes consideran a los trips como el insecto más importante en todas las etapas fenológicas del cultivo.

Además, Mesa et al., (2014) reportaron a Frankliniella sp. y NeohydatoThrips sp. en todas la etapas fenológicas del cultivo de mora, concordando con lo encontrado en esta investigación, pues los productores de mora del departamento mencionan a los trips en todas las etapas fenológicas.

Por otro lado, Maya (2016) mencionó a los trips  de los géneros Frankliniella spp. y  NeohydatoThrips spp., como los insectos fitófagos con mayor incidencia y densidad poblacional en tres arreglos agroforestales con mora sin espina, presentándose en épocas secas y en las etapas fenológicas inicio de floración a inicio de cosecha (III) e inicio de cosecha hasta terminación del ciclo (IV), siendo similar a la percepción de los productores de mora del departamento de Risaralda al indicar  el momento de su presencia en el cultivo.

Cabe resaltar la importancia que también tiene para los productores los barrenadores desde la primera hasta la última etapa fenológica, sin embargo se hace más evidente esta importancia en las dos primeras etapas, pues son las de desarrollo de la planta. Castaño (2000) dice que el uso de estacas infestadas para la siembra, la falta de fertilización y la falta de inspecciones periódicas al cultivo son las principales condiciones que favorecen la presencia de este insecto.

Con el fin de establecer el grado de dependencia entre el clúster de agricultor y la presencia o no de los insectos fitófagos en las diferentes etapas fenológicas, se realizó la prueba Chi-cuadrado (X2) en donde no se encontraron diferencias significativas entre clúster (referente a fenología)  y la presencia o no de los trips (P= 0,0780), lo que indica que estos organismos están presentes durante las distintas etapas del cultivo de acuerdo a la percepción del agricultor.

Lo anterior podría permitir generar esquemas de aseguramiento sanitario en cuanto a plagas que ayude a que los agricultores conozcan cuales plagas se pueden presentar de acuerdo a la fenología de la planta y desarrollar estrategias de manejo integrado de las mismas con diferentes métodos de control, con preferencia a la disminución del uso de agroquímicos.

Conclusiones

Con la caracterización del subsistema plagas en el cultivo mora sin espina, se puede afirmar que los trips y barrenador de tallo (Hepialus sp.) son los insectos fitófagos mas importantes para los productores del departamento de Risaralda desde la siembra hasta  que termina el ciclo de producción, por lo tanto son los insectos a tener en cuenta en otros estudios sobre su comportamiento y disposición en la planta de mora.

Agradecimientos

A mi amigo y colega Juan Carlos Granobles, por su tiempo en la colaboración en el análisis estadístico.

A la Corporación Universitaria de Santa Rosa de Cabal - UNISARC por permitir mi formación y auspicio en la realización de esta investigación.

Referencias

Álvarez, E. y Pulgarín, Y. (2015). Caracterización epidemiológica de insectos fitófagos y enfermedades asociadas al cultivo de mora sin tuna (Rubus glaucus Benth.) en el municipio de Santuario Risaralda (trabajo de grado). Corporación Universitaria Santa Rosa de Cabal – UNISARC, Santa Rosa de Cabal, Colombia.

Betancourth, M., Palacios,  S. y Patiño, A. (2014). Manual de manejo de enfermedades y plagas en el cultivo de mora sin tuna. Santa Rosa de Cabal, Colombia: Corporación Universitaria Santa Rosa de Cabal.

Castaño, O. (1996). Plagas asociadas al cultivo de la mora y su manejo. Rafael Guillermo Botero Isaza, Germán Franco, Manuel José Giraldo Cardona, Diego Abad Arango (Ed), Memorias primer seminario de frutales de clima frío moderado (pp. 19-22). Manizales, Colombia: Fondo Nacional del Fomento Hortifrutícola.

Castaño, O. (2000). Plagas del cultivo de la mora y su manejo integrado. Rafael Guillermo Botero Isaza, Germán Franco, Manuel José Giraldo Cardona, Diego Abad Arango (Ed), Memorias del tercer Seminario de Frutales de Clima Frío Moderado (pp. 112-118). Manizales, Colombia: Fondo Nacional del Fomento Hortifrutícola.

Díaz, A. (2015). Artrópodos plaga de la mora de castilla. [Documento de trabajo].

Escobar, G. y Berdegué, J. (1990). Tipificación de Sistemas de Producción Agrícola. Santiago de Chile, Chile: Red Internacional de Metodología de Investigación en Sistemas de Producción.

Franco, G. y Giraldo, M. (1998). El cultivo de la mora. Bogotá, Colombia: Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria-CORPOICA Regional 9. Programa Nacional de Transferencia de Tecnología Agropecuaria, PRONATTA.

Hart, R. (Ed).(1985). Conceptos básicos sobre agroecosistemas. Turrialba, Costa Rica: Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza.

Instituto Colombiano Agropecuario –ICA–. (2011). Manejo fitosanitario del cultivo de la mora (Rubus glaucus Benth). Medidas para la temporada invernal. Recuperado de https://www.ica.gov.co/getAttachment/b7e061eb-ebd3-4f80-9518-c771712405eb/-nbsp3bmanejo-fitosanitario-delcultivo-de-la-mora.aspx.

Jaramillo, J. A. (1984). Curso de actualización en tecnología agrícola. Rionegro, Colombia: Instituto Colombiano Agropecuario – ICA.

Kondo, D. y Gómez, C. (2008). La Perla de tierra, Eurhizococcus colombianus Jakubski, una nueva plaga de la vid, Vitis labrusca L. en el Valle del Cauca, Colombia. Revista Regional, 10, 34-40.

Martínez, A., Villacís, L., Viera, W., Jácome, R., Espín, M., León, O. y Santana, R. (2019). Evaluación de nuevas tecnologías de producción limpia de la mora de castilla (Rubus glaucus Benth) en la zona Andina de Ecuador para un buen vivir de los fruticultores. Journal of the Selva Andina Biosphere, 7(1), 63-70. 

Maya, D. (2016). Artropofauna asociada al cultivo de Rubus glaucus Benth con tutorado vivo de Salix humboldtiana, Trichantera gigantea, Erythrina edulis y Euphorbia latakcii  en Quinchía – Risaralda (trabajo de grado). Corporación Universitaria Santa Rosa de Cabal – UNISARC, Santa Rosa de Cabal, Colombia.

Mesa, N., Gómez, D., Mena, Y., Londoño, I., Imbachi, K., Romero, R., Salazar, J.,… Gamboa, P. (2014). Programa de manejo fitosanitario en mora en el departamento del Valle del Cauca. Palmira, Colombia: Universidad Nacional de Colombia - Sede Palmira.

Restrepo, Y. (2015). Reconocimiento de insectos plaga y enfermedades asociados al cultivo de mora sin espina (Rubus glaucus Benth) en Apía – Risaralda y su relación con el clima (trabajo de grado). Corporación Universitaria Santa Rosa de Cabal, Santa Rosa de Cabal, Colombia.

Ríos, G., Muñoz, C., Franco, G. y Rodríguez, J. (1996). Caracterización de los sistemas de producción agropecuarios en los municipios de Quinchía, Guática (Risaralda) y Riosucio (Cadas). Riosucio, Colombia: Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria-CORPOICA.

¹ Maestría en Sistemas de Producción Agropecuario, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

² Santa Rosa de Cabal, Corporación Universitaria de Santa Rosa de Cabal- UNISARC

³ Manizales, Universidad de Caldas, Director Maestría en Sistemas de Producción   Agropecuaria

⁴ Asociación de Moricultores de Quinchía,

⁵ Cooperativa comercializadora de productos agropecuarios y agroindustriales

⁶ Asociación de Moricultores de Guática

⁷ Asociación de Moricultores de Belén de Umbría

⁸ Asociación de Moricultores de la Alta Campaña

⁹ Asociación de Moricultores de Santuario

¹⁰ Asociación de productores de frutas y hortalizas de la Bella

¹¹ Asociación de moreros de Santa Rosa de Cabal

Para citar este artículo: Patiño Martínez, A. A., Palacios Castro, S., Kogson Quintero, J. F. (2019). Caracterización de los subsistemas de plagas en mora sin espina (Rubus glaucus Benth) en el departamento de Risaralda. Revista Luna Azul, 49, 162-171. DOI: 10.17151/luaz.2019.49.9.

Esta obra está bajo una Licencia de Creative Commons Reconocimiento CC BY 

 Código QR del artículo

NORMATIVIDAD DEL AGUA EN COLOMBIA

¿DEMOCRATIZACIÓN O PRIVATIZACIÓN?

Estefanía Montoya-Domínguez¹ 

Rosario Rojas-Robles² 

Recibido: 20 abril de 2018, Aceptado: 23 abril de 2019, Actualizado: 25 de junio de 2019

DOI: 10.17151/luaz.2019.49.7

RESUMEN

El objetivo de este trabajo es hacer una reflexión crítica de la normatividad sobre el agua en Colombia a la luz tanto de las discusiones y directrices internacionales como de las contradicciones entre la democratización y privatización que emergen con los ajustes y cambios relacionados con el agua impuestos en el país, principalmente, desde los años 90. La metodología utilizada fue la revisión bibliográfica y documental. Como resultados de la investigación pudimos entender que existen dos cuerpos normativos para la gestión del agua en Colombia. En primer lugar, las generalidades de lo que concierne a la conservación y uso del agua como recurso natural que se encuentran contempladas en el Código de Recursos Naturales Renovables de 1974, la Ley 99 de 1993 y en la Política Nacional de Gestión Integral del Recurso Hídrico. En segundo lugar, lo atinente al servicio público domiciliario de agua potable que se encuentra regulado por la Ley 142 de 1994. Ello evidencia una fragmentación en la normatividad y lo que se requiere es entender los sistemas hídricos como una unidad dinámica y compleja. Adicionalmente, con esta ley 142 se posibilitó la privatización de parte de las actividades de abastecimiento de agua potable, con lo cual el Estado pasó de ser el prestador del servicio de acueducto a ser su regulador. Como conclusión consideramos necesario introducir un enfoque de equidad en la provisión de agua y el fortalecimiento del sector público descentralizado en el país, que promueva una gestión ambiental coordinada. Por otra parte, se evidencia que la defensa del agua como bien común intenta materializarse en estrategias que se oponen a la privatización y se fundamentan en la noción de que el acceso al líquido vital es un derecho humano y en el presupuesto de que el agua, a diferencia de cualquier commodity, es insustituible.

Palabras clave: Gestiones del agua, servicios públicos, agua bien común

WATER REGULATIONS IN COLOMBIA

DEMOCRATIZATION OR PRIVATIZATION?

ABSTRACT

The objective of this work is to make a critical reflection of the normativity on water in Colombia, in the light of international discussions and guidelines and the contradictions between democratization and privatization that emerge with the adjustments and changes related to water imposed in the country, mainly since the 90s. The methodology used was bibliographic and documentary review. As results and conclusions of the research, it was possible to understand that there are two regulatory bodies for water management in Colombia. In the first place, the generalities concerning the conservation and use of water as a natural resource, which are considered in the Code of Renewable Natural Resources of 1974, Law 99 of 1993 and in the National Policy of Comprehensive Management of Water Resources. In the second place, what concerns the residential water service, which is regulated by Law 142 of 1994. This demonstrates a fragmentation in the normativity and what is required is to understand the water resource as a dynamic and complex unit. Additionally, it was possible to privatize the part of the drinking water supply activities with Law 142, with which the State went from being the provider of the water service to being its regulator. In conclusion, it is considered necessary to introduce an equity approach in the provision of water and the strengthening of the decentralized public sector in the country which promotes coordinated environmental management. On the other hand, it is evident that, the defense of water as a common good, tries to materialize in strategies that oppose privatization and are based on the notion that, access to the vital liquid is a human right, and in the assumption that, water, unlike any commodity, is irreplaceable.

Keywords: Water management, water privatization, Colombia, water regulation, common goods

Introducción

Aproximarnos a las problemáticas sobre el agua hoy en Colombia, pasa por entender los cambios en el marco normativo y de política y cómo estos se relacionan con la perspectiva internacional sobre el tema, principalmente en los años 90.

En el país existen dos cuerpos normativos para la gestión del agua. Por una parte, lo relacionado con la conservación y uso del agua como recurso natural está contemplado en el Código de Recursos Naturales Renovables de 1974, la Ley 99 de 1993 y en la Política Nacional de Gestión Integral del Recurso Hídrico. Por otra parte, lo que tiene que ver con el servicio público domiciliario de agua potable se encuentra regulado por la Ley 142 de 1994. Es importante aquí discutir el nivel de articulación y armonización de estos dos componentes y entender los cambios introducidos con la ley 142 y como ello se relaciona con cobertura, calidad y equidad en el suministro del líquido vital.

En el contexto nacional existen diversas visiones y gestiones sobre el agua que en territorios específicos muchas veces pueden entrar en conflicto. Por una parte, la tendencia del Estado a ceder al sector privado algunas de las tareas que antes asumía en la idea de la mercantilización del servicio y, por otra parte, la defensa del agua como bien común, asumida por algunas comunidades, intenta materializarse en estrategias que se oponen a la privatización y se fundamentan en la noción de que el acceso al líquido vital es un derecho humano.

Usando como metodología la revisión bibliográfica y documental, este trabajo tiene como objetivo hacer una reflexión crítica de la normatividad sobre el agua en Colombia a la luz de las discusiones y directrices internacionales y de las contradicciones entre democratización y privatización que emergen y que se expresan en los cambios y ajustes en la normatividad y las políticas relacionadas con el agua, impuestas en el país principalmente desde los años 90.

Algunos referentes del contexto internacional del agua

Para adentrarnos en el tema de la gestión del agua en Colombia nos remontaremos a la Declaración de Dublín sobre el Agua y el Desarrollo Sostenible de 1992, donde se reconoce la escasez y el uso no eficiente del agua dulce en el planeta y se hace un llamado a la aplicación de cuatro estrategias para la superación de esta situación. En primer lugar, se pone de relieve el compromiso de los gobiernos, el sector privado y las comunidades en renovar la gestión del agua. En segunda instancia, se establece la necesidad de operar los cambios legislativos a los que hubiere lugar para la consecución de este objetivo. Como tercera medida, se plantea la adopción de la cuenca fluvial como el espacio para la solución de conflictos y para el fortalecimiento de capacidades de los actores que inciden en la toma de decisiones y, como última determinación, se le confirió valor económico al agua en sus diversos usos (Conferencia Internacional sobre el Agua y el Medio Ambiente: El Desarrollo en la Perspectiva del Siglo XXI, 1992). Desde esta perspectiva también se plantea que pagar por el agua contribuirá a combatir el derroche y a conservar los recursos hídricos. Pero, por otra parte, al otorgarle precio al agua, esta no solamente se convirtió en mercancía, sino que también se creó una barrera para su acceso, debido a que quien no puede pagar no se beneficia de la utilidad de un bien vital.

Por otra parte, en 2003 la Asociación Mundial para el Agua (Global Water Partnership), definió la gobernanza del agua como: “El rango de los sistemas políticos, sociales, económicos y administrativos que se establecen para desarrollar y manejar los recursos hídricos y el suministro de agua en los diferentes niveles de la sociedad” (Iza, 2006). Esto resultó de una situación de alerta por la disminución o falta de disposición de agua en adecuada cantidad y calidad para los distintos usos humanos en algunas regiones del mundo. Asimismo, de la declaración de los Objetivos del Milenio que planteaban como una meta específica, la reducción del número de personas sin acceso a agua potable y a servicios de saneamiento básico. Y, por último, y quizá más importante, fue el resultado de un consenso global por el agua que empezó a formarse desde los años noventa del pasado siglo (Terán, 2007). Otra de las manifestaciones de este pacto global por el agua fue la formalización en 2003 de ONU Agua, como la agencia a la cual se le encargó lo relativo al agua dulce y a los sistemas de saneamiento en el mundo. Este hecho contribuyó a generar espacios de interlocución apropiados para consolidar un horizonte a largo plazo sobre los recursos hídricos en el mundo.

En el Segundo Informe de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos publicado por la UNESCO en 2006, se determinó la pertinencia de incorporar nuevos factores para explicar la insuficiencia de agua en algunas regiones del planeta. Esta se atribuía a la carencia de infraestructura necesaria para transportar el líquido desde los acuíferos, también al crecimiento del consumo de agua, a su distribución irregular, al desperdicio o la contaminación. Poco interés despertaba el problema de la gestión del agua (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 2016) pero, paulatinamente, fue entendiéndose la necesidad y la importancia de controlar el acceso al agua y a los servicios de saneamiento.

Todo lo anterior afianzó una institucionalidad mundial cuya misión era el fomento de la gobernanza como la solución a la crisis del sector (Terán, 2007). En ese sentido, la gobernanza fue adherida como una orientación prescriptiva que exhortaba a los Estados a generar reformas para el funcionamiento del mercado y la incorporación de la sociedad en las decisiones sobre el agua. Esto allanó el camino para la introducción del principio de gobernanza que venía siendo estimado como el mejor recurso para la resolución de las problemáticas de la administración pública (Montoya-Domínguez y Rojas-Robles, 2016). Lo anterior se llevó a cabo como una tentativa para la creación de estructuras y normas que permitieran una labor más eficiente en lo relativo al agua y que incentivara la toma de decisiones por parte de todos los actores con intereses enfrentados por este bien.

Por otra parte, la política pública internacional que se promulgó en América Latina con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo en el decenio de los noventa, condicionaba la renegociación de la deuda de algunos Estados y la transferencia de recursos para su desarrollo a la privatización del sector hídrico a través de modificaciones institucionales, creación de mercados de servicios del agua y construcción de infraestructura. Las últimas dos actividades lideradas por empresas transnacionales (Guerra, 2011).

Sin embargo, la facultad que le fue conferida a empresas privadas para prestar servicios hídricos en países en vía de desarrollo ocasionó que “los segmentos más pobres de la sociedad tendieran normalmente a quedar excluidos de la extensión del servicio privatizado” (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 2008, p. 70). Esto pudo evidenciarse en los frecuentes levantamientos populares por el acceso al agua y en el rechazo a las medidas de privatización. Muchos de estos movimientos originaron la cancelación de las concesiones a las empresas y, a la vez, el pago de indemnización por parte de los Estados a las mismas. Esto resultó ser un síntoma de que, a través de la cesión a privados de una tarea pública fundamental, no se ampliaba cobertura a los sectores marginados.

Normatividad de la Gestión de Agua en Colombia

En este apartado se realizará un recorrido por la normatividad de la gestión del agua en Colombia. Este análisis ha identificado una escisión entre la regulación de la conservación de los ecosistemas hídricos y sus usos y la gestión del agua potable.

En ese sentido, existen dos cuerpos normativos para la gestión del agua en Colombia. Las generalidades de lo que concierne a la conservación y uso del agua como recurso natural están contempladas en el Código de Recursos Naturales Renovables de 1974, la Ley 99 de 1993 y en la Política Nacional de Gestión Integral del Recurso Hídrico. Lo atinente al agua como servicio público domiciliario o agua potable se encuentra regulado por la Ley 142 de 1994.

El Agua Como Recurso Natural

La Gestión Integral del Recurso Hídrico es el referente de la política sobre el agua en el país, basado en la idea de que los diferentes usos del recurso son excluyentes e interdependientes. Surgió como respuesta a la crisis del agua expresada en la presión insostenible sobre el recurso hídrico, debida a la creciente demanda de agua, la contaminación y el crecimiento demográfico (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2010a, p.85). Para diseñar este esquema, el entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, (MAVDT) recopiló información de línea base alrededor de la oferta, la demanda, la calidad y los riesgos sobre el agua.

Por otra parte, su objetivo general quedó establecido así:

Garantizar la sostenibilidad del recurso hídrico, mediante una gestión y un uso eficiente y eficaz, articulados al ordenamiento y uso del territorio y a la conservación de los ecosistemas que regulan la oferta hídrica, considerando el agua como factor de desarrollo económico y de bienestar social, e implementando procesos de participación equitativa e incluyente. (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2010b, p. 96)

La finalidad de la gestión del recurso hídrico en Colombia debe propender por una oferta adecuada para una demanda que haga usos eficientes del agua y que conserve sus ecosistemas. Ello debe lograrse con la gobernabilidad que implica la participación y el consenso de todos aquellos quienes toman parte de la definición de acciones. Posterior a esto, se apuntaron las estrategias e instrumentos para la consecución de las metas que se sintetizan en la gestión coordinada de los recursos hídricos y que puede verse en la figura 1, donde está la población en relación con la oferta, la demanda, el riesgo y la calidad del recurso hídrico. Como aspectos claves se destacan las problemáticas, conflictos, prioridades y se relacionan estrategias, metas e instrumentos. Toda vez que la planificación desempeña un rol fundamental para la gestión, en la figura 2 se esquematiza la forma en la cual esta tiene lugar y posibilita el desarrollo de las otras fases de la gestión. Por otra parte, es importante destacar el enfoque de cuenca para la planificación y el ordenamiento.

Figura 1: Estrategias e instrumentos para la consecución de las metas de la Gestión Integral del Recurso Hídrico (GIRH).

Fuente: Política Nacional de Gestión Integral del Recurso Hídrico (Min Ambiente, 2010b).

Haga clic sobre la imagen para ampliarla

Figura 2. Estructura de planificación de la Gestión Integral del Recurso Hídrico.

Fuente: Política Nacional de Gestión Integral del Recurso Hídrico. Min Ambiente (2010), basado en IDEAM, Mapa de Zonificación Hidrográfica de Colombia, 2008.

Haga clic sobre la imagen para ampliarla

Solo para ilustrar y de acuerdo con la presentación del Estudio Nacional de Agua (ENA) 2018 (IDEAM, 2018) los sectores con mayor participación en el uso de agua en 2016 fueron el de agricultura con el 43%, seguido por el de hidroenergía con 23%. Los dos sectores suman más del 60% del uso del agua.

Por otra parte, resulta interesante analizar la dinámica de las concesiones de aguas. En un estudio realizados por Brown y Roa-García (2016) ellas sostienen que las concesiones parecen ser un mecanismo de exclusión, ya que sólo una minoría de usuarios tiene acceso y la distribución de los volúmenes entre ellos es extremadamente desigual. El coeficiente de Gini calculado con datos del año 2009 para las concesiones otorgadas con fines agrícolas fue de 0,90, destacando que más de la mitad de los departamentos presentan un mayor coeficiente de Gini para el agua que para la tierra, lo que sugiere que las concesiones de agua son tan desigualmente distribuidas como la tierra.

Las asignaciones de agua para uso doméstico, agrícola y de generación hidroeléctrica indican una falta de coherencia en los criterios de asignación entre las regiones. Las características volumétricas y administrativas de las concesiones de agua en Colombia no tienen en cuenta los caudales ambientales ni las preocupaciones por los grupos marginados de la sociedad que tienen limitado acceso a este mecanismo. La asignación del agua asumida como un asunto de especialistas, de limitada transparencia y aislada del escrutinio público, no contribuye a la solución de los crecientes conflictos en torno al agua (Brown y Roa-García, 2016). Todo ello a pesar de la existencia de la GIRH y de toda una estructura de planificación en el sector (figura 1; figura 2).

Por otra parte, la Contraloría General de la República (2014) señaló algunas de las falencias de la PNGIRH que bien vale la pena tener en cuenta para evaluar la forma en la cual fue diseñada esta estrategia y los resultados que ha arrojado.

El primero de estos elementos tiene que ver con la carencia de enfoque de derechos humanos con la que se concibe la gestión del agua. Ya se ha hecho alusión a que, en el país, acceder al agua no es un derecho fundamental y que la Corte Constitucional ha reconocido esta prerrogativa, solo en los casos en los cuales se demande y estas peticiones estén sustentadas en hechos similares a los de las sentencias que reconocieron el mínimo vital de agua.

Pues bien, en lo que tiene que ver con el aseguramiento de la oferta en la gestión integral del recurso hídrico, es menester priorizar en el consumo humano y desarrollar estrategias para que el acceso sea una realidad.

El acceso al agua potable sigue siendo un desafío para el país que afecta no solo a apartados y pequeños centros poblados y áreas rurales, de cerca de 970 municipios, solo el 31 por ciento de ellos, es decir 400, cumple los requisitos mínimos de potabilidad, así mismo, ciudades capitales como Yopal o Santa Marta no cuentan con agua o su cobertura es minoritaria y en cuanto a calidad los resultados no son mejores: el 30.49 % de la población presumiblemente se abastece de agua con alguna deficiencia en su calidad dentro de los niveles de riesgo medio hacia arriba según la norma (medio, alto e inviable sanitariamente), según lo establece el Censo de Población realizado por DANE durante 2005. (Contraloría General de la República, 2014, p. 13)

El consumo humano también se ve debilitado por la preponderancia que tienen otros usos de agua sobre este y por los conflictos que ello genera. Ante lo anterior, la Contraloría –en el marco de la ya mencionada auditoría– verificó que las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible no disponen de información actualizada sobre los usuarios, los vertimientos y, por tanto, la cantidad y la calidad del agua en el país. Asimismo, que no implementan mecanismos de gestión que resulten eficaces frente a catástrofes naturales o impactos generados por actividades económicas como la sísmica para la extracción de hidrocarburos.

Los organismos de control también detectaron una falta de articulación de las entidades para hacer seguimiento a los objetivos de la Política Nacional de Gestión Integral del Recurso Hídrico, lo que genera incertidumbre en el avance de lo presupuestado. Otros tres aspectos de la PNGRH son resaltados como problemáticos por los entes de control, a saber: el manejo y ordenamiento de las cuencas hidrográficas, los vacíos en la implementación de los instrumentos de comando y control y la gobernanza (Contraloría General de la República, 2014).

De la gestión de las cuencas, los hallazgos encontrados revelan que es reducido el avance en la gestión de las macrocuencas, que tampoco se implementan en los Planes de Manejo y Ordenamiento de la Cuenca (POMCA) los componentes de planeación para la oferta, la demanda, la calidad, el riesgo y la gobernanza. Esto genera una fragmentación en la concepción de esta unidad de gestión, a lo que también se suma la dispersión de las responsabilidades entre las entidades competentes.

Sobre los instrumentos económicos, se requiere que estos sean más eficaces e incorporen dentro de sí los costos del deterioro ambiental sobre los cuerpos de agua. Igualmente, se hacen duras críticas por la poca representatividad y participación de las comunidades. A pesar de estar reglamentados los Consejos de Cuenca, estos solo han operado para 5 de estas unidades, esto es el 1.61 % de las cuencas inventariadas en el país (Contraloría General de la República, 2014).

Esto conlleva a la inexistencia de procesos vinculantes en la toma de decisiones de la gestión del territorio y del agua. Quizá, una de las razones que dé cuenta de ello sea la referida a las complicaciones en la identificación de actores de los componentes de la gobernanza del agua en los niveles nacional, regional y local. Es decir, no existen representantes de los ámbitos ambiental, económico, político y social relacionados con el agua en un sector dado del país.

Ante todo lo anterior, esta auditoría conjunta insiste en robustecer los organismos que tienen una misión sobre el agua en Colombia y, adicionalmente, revisar aquello que de la Política Nacional de Gestión Integral del Recurso Hídrico supone la disgregación de tareas.

Servicio público domiciliario de agua potable

La política de servicios públicos en Colombia históricamente ha tenido periodos diferenciados desde el modo privado de provisión local (1875-1930), el modo centralista de gestión local (1910-1950), el modo estatal asistencialista (1945-1988), el descentralizado de provisión de los servicios público y el de privatización (1980-1994) (Jaramillo, 1995).

Concretamente en lo que tiene que ver con el agua, el 11 de Julio de 1994 el Congreso sancionó la Ley 142 que desarrolla el Régimen de Servicios Públicos Domiciliarios. Esta legislación introdujo transformaciones en el sector hídrico del país, pues fomentó la libre competencia en materia de prestación de servicios públicos domiciliarios. Con ello, la nueva perspectiva del agua como servicio público se posicionó.

En el artículo 14 de esta ley que trata de las “Definiciones”, en el punto 14.22, se estipula el servicio público domiciliario de acueducto como:

Llamado también servicio público domiciliario de agua potable. Es la distribución municipal de agua apta para el consumo, incluida su conexión y medición. También se aplicará esta ley a las actividades complementarias tales como la captación de agua y su procesamiento, tratamiento, almacenamiento, conducción y transporte (Congreso de la República de Colombia, 1994, p. 34).

Adquiriendo el agua el carácter de servicio, presenta los siguientes atributos

(Manrique et al., 2008)

1. Una actividad explotable económicamente de la cual se obtiene beneficio económico para el privado, dada la producción del bien o del servicio que realiza en el mercado.

2. Esto permite concluir que si esta utilidad no se percibiera no sería viable que un tercero tuviera motivaciones para llevarla a cabo.

3. Una actividad que pueda ser concesionada: este es el principal elemento que define el servicio público, puesto que la prestación del servicio de agua potable se encontraba antes bajo la titularidad del Estado.

4. Una actividad vigilada: la continuidad, la regularidad y la eficacia son supervisadas, puesto que esto garantiza que el particular cumple con la misión que tiene el Estado.

El Estado tiene la obligación de garantizar el acceso de sus ciudadanos a este líquido, pero a condición de que sea a través de la fijación de un parámetro que posibilite el disfrute de la oferta, este parámetro es la tarifa.

Si bien, con anterioridad a la Ley 142 de 1994, el Estado no garantizaba que una buena parte de su población pudiera abastecerse del líquido vital, la delegación de funciones estatales en actores del sector privado y la modificación del esquema tampoco generaron ni aportaron a la solución de fondo para las problemáticas de acceso al agua.

Por otra parte, la satisfacción de esta necesidad en el mercado se efectúa partiendo de inequidades que, aunque traten de resolverse a través de mecanismos como los subsidios, revela falencias del principio de la igualdad en la garantía de los mínimos básicos para la vida humana.

Como se ve, se construye una figura jurídica que circunscribe la vinculación de los ciudadanos a esta actividad, al ámbito del control social y no a la toma de decisiones. En términos de cómo se entiende la gobernanza del agua como servicio público, esto tiene dos implicaciones. La primera, que el prestador determina las condiciones en las cuales entregará el producto al interesado y, la segunda, que el ciudadano es un cliente y, por tanto, tendrá que presentar reclamaciones en caso de no satisfacción por el servicio que adquiere, pero si tiene inconformidad general podrá escoger otro prestador de servicio público.

En ese esquema, las tarifas se encuentran en un segundo lugar. Posteriormente, recursos del Sistema General de Participaciones. Otras fuentes son los dineros de regalías y de las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible. Existe también la posibilidad de realizar préstamos, de recibir donaciones internacionales y, más recientemente, de dar cabida a las alianzas público – privadas.

En contravía a lo que se pretendía con la revolución del sector agua potable en el país, las fuentes de financiamiento de esta actividad, en primer lugar, son de la Nación que en los últimos años ha hecho una mayor inversión para la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado, lo que ha posibilitado su evolución (Cardona, 2012) y no por el ingreso de la empresa privada. Entre 2010-2014 se terminaron 603 proyectos de acueducto, alcantarillado y aseo con una inversión superior a los $775.000 millones. Adicionalmente, se ejecutaron 90 obras por $4.2 billones en los 32 departamentos del país (CRA, 2014). No obstante, Colombia no alcanzó la meta de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) sobre agua potable entre 1990 y 2015, la cual era reducir a la mitad la proporción de la población sin acceso a una fuente de agua mejorada. Sin embargo, tuvo un progreso moderado en el abastecimiento (OMS y UNICEF, 2016).

De la constitución política de 1991 y la Ley 142 de 1994 a la transformación del sector del agua potable en Colombia

Uno de los hitos en el ordenamiento del servicio de agua potable contemporáneo en el país está situado en la libertad económica que se promueve con la Constitución de 1991. Allí se observa que el acceso a los servicios públicos domiciliarios constituye una herramienta para cumplir los fines sociales estatales y mejorar la calidad de vida y bienestar general de la población y se advierte que el Estado está obligado a asegurar la prestación de los servicios mas no a prestarlos como tal.

Por consiguiente, la gobernanza que otrora se ejercía, se reforma para germinar en un tipo de gobierno que tiene al sector empresarial por su principal agente en el entendido de que este podrá llevar a cabo reajustes en materia de precios, calidad y cobertura que redundarán en favor de las zonas con mayores dificultades para el acceso al agua. “Esa intervención clásica del Estado que se materializaba a través de la prestación directa de servicios, en la actualidad ha mutado hacia la vigilancia y control de la prestación que otros agentes desarrollan” (Isaza, 2014, p. 25).

De manera paralela al reajuste que sufrió el sector público, hay que mencionar que esta Constitución, asimismo, pretendió la construcción de un Estado social de derecho, lo que significa la satisfacción de derechos individuales y colectivos; contempló también los mecanismos para la exigibilidad de esos derechos, como la acción de tutela o las acciones de grupo o populares.

Lo anterior hace que el Estado, ineludiblemente, deba velar por la vida digna de sus ciudadanos y promover la justicia social. Sin embargo, aun esas medidas impulsadas para la protección de los derechos continúan siendo insuficientes. Esto, quizá, por una contraposición que subyace en la Carta Magna:

La Constitución de 1991 lleva en sí misma una contradicción flagrante entre la proclamación del Estado social de derecho y la ampliación de los derechos sociales, de un lado, y el cuadro propicio para la formulación de un modelo económico y social neoliberal, del otro. (Villar, 2007, p. 93)

Con el acceso al agua potable, esto es claramente perceptible.

En la Constitución igualmente se reglamentan los derechos económicos, sociales y culturales, así como los colectivos y ambientales, pero en ninguno de estos apartados se funda el derecho al agua. Más bien, han sido otras fuentes de jurisprudencia en Colombia las que han avanzado en el establecimiento del contenido y alcance de este (Isaza, 2014).

Desde los primeros fallos sobre la materia, la Corte Constitucional ha pretendido delimitar el alcance del acceso al agua potable como derecho de carácter fundamental, inicialmente de forma indirecta, resaltando la relación íntima que tiene el acceso al agua potable para consumo humano con derechos fundamentales expresamente reconocidos como la vida o la dignidad humana y luego de forma directa, refiriéndose expresamente al agua como un derecho. Posteriormente, el alto tribunal desarrolló el concepto de mínimo vital de agua, para la materialización del derecho mencionado. (Isaza, 2014, p. 12)

Resulta entonces contradictorio que el hecho de acceder al agua potable sea fundamental para preservar la vida y, al mismo tiempo, este servicio público esté supeditado al libre juego del mercado.

Así quedó contenido en el régimen de los servicios públicos domiciliarios, esto es la Ley 142 de 1994, al estipularse que cualquier empresa de servicios públicos legalmente constituida pueda desarrollar su objeto social y, por ello, cobrar un precio a través del cual recupere los costos y obtenga utilidades. En la legislación también se determina que el acceso al servicio de agua es posible para los usuarios únicamente a través del pago.

Lo mencionado hasta acá permite razonar que los pilares de la gobernanza que se apuntalan para el sector hídrico, a partir de estas reformas, están guiados por el hecho de que el Estado delega la prestación del servicio público y con ello permite la percepción de ganancias para particulares. Por ende, insólitamente la garantía del acceso a agua potable –esencial para la vida– depende de la capacidad adquisitiva de cada ciudadano. Otros de los criterios para el nuevo gobierno del agua, se refieren a la eficiencia económica y la suficiencia financiera, los cuales determinan las reglas para la sujeción de los precios por parte de los prestadores del servicio.

Modificaciones relevantes que introduce la Ley 142 de 1994 tienen que ver con: a) en adelante, los municipios serán los responsables de la prestación del servicio de acueducto, alcantarillado y aseo; b) la organización de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, como ente encargado de hacer control y vigilancia de las empresas prestadoras de servicios públicos y c) la estructuración de comisiones de regulación independiente para cada servicio. Para el agua potable es la Comisión del Agua Potable y el Saneamiento Básico.

Finalmente, y en lo que concierne a las personas que no pueden hacer los pagos para contar con agua, la ley estima el otorgamiento de subsidios a partir de las tarifas que paguen los usuarios con mayor renta. Para ello se instituyen los Fondos de Solidaridad y Redistribución de los Ingresos, administrados por los municipios y departamentos.

De otro lado, un elemento que se pone de relieve en el análisis de los fundamentos de la nueva gobernanza del agua en Colombia está vinculado al rol de la banca multilateral, pues así como en otros países de la región, su concurso ha sido determinante para implementar las modificaciones institucionales (Terán, 2007).

La perspectiva hegemónica de la gobernanza del agua fue instalándose en Colombia, y en 1997 y 2001 se recibieron créditos del Banco Mundial (Contraloría General de la República, 2011) para la asistencia en la reforma del sector agua potable, la adecuación del marco regulatorio y la promoción de la participación privada.

Estuvo involucrada también la banca en los Planes Departamentales de Agua, estrategia para el sector agua potable del Plan Nacional de Desarrollo 2002 – 2006 “Hacia un Estado comunitario” en la cual los departamentos accedieron a préstamos para realizar inversiones en infraestructura.

Conviene subrayar que estos empréstitos y otros gastos que realizó el Estado tenían como meta el acondicionamiento para la entrada de operadores especializados. Es decir, construir el escenario para que las empresas pudiesen cumplir con su papel. Como ejemplo de ello se encuentran los proyectos piloto de los Planes Departamentales de Agua ejecutados en los departamentos de Cesar, Magdalena y Guajira. Allí se demuestra que los recursos para la inversión provenían de los entes territoriales (Sistema General de Participación y Regalías), de la Nación (Presupuesto General de la Nación) y de bancos nacionales e internacionales (Contraloría General de la República, 2011).

En esencia, los Planes Departamentales de Agua pretendían:

Mejorar las condiciones de cobertura, calidad y eficiencia de los servicios de acueducto y alcantarillado en cada uno de los departamentos, impulsando los esquemas regionales de prestación de servicios por medio de mercados aglomerados con una estructura compacta y una mejor distribución de los recursos. (Guerrero, 2010, p. 136)

Empero, estas adaptaciones que se proponían, iban en contravía de una realidad que se observaba a diez años de implementada la Ley 142 de 1994, ya que solo una baja proporción de empresas asumía la gestión del agua potable, pues de esta todavía se encargaban los municipios.

Los Planes Departamentales de Agua presentaron incongruencia entre los parámetros que se sugerían para la gestión del líquido vital y lo que en la práctica ocurría. Mientras que en varias zonas del país predominaba la dispersión de prestadores del servicio, dadas las condiciones geográficas y las formas tradicionales de abastecimiento de agua, desde el gobierno central se impulsaba la centralización de la gestión a nivel del departamento. Ello implicaba aglomerar mercados y diseñar la gestión del agua potable desde la economía de escala.

Intrínsecamente, los Planes Departamentales de Agua encerraban una disputa por la autonomía en la toma de decisiones entre el municipio y el departamento por la gestión del agua potable. Como ya se mencionó, la Ley 142 de 1994 otorgó al municipio la potestad de decidir sobre la prestación del servicio, pero con los Planes Nacionales de Desarrollo 2002 – 2006 y 2006 – 2010 el departamento tenía primacía (Defensoría del Pueblo de Colombia, 2012).

En este breve recuento es primordial mencionar que, ni aún con su segunda fase, los Planes Departamentales de Agua consiguieron completar la transferencia empresarial. Para el 2011, el déficit en cobertura de acueducto era de 3,7 millones de personas y la de alcantarillado de 5,8 (Defensoría del Pueblo de Colombia, 2012), lo cual indicaba que este programa había sido poco eficaz en el cumplimiento de la meta relacionada con el bienestar de la población, con el desarrollo de los objetivos del milenio y con la asociación de operadores especializados.

En la evaluación que realizó la Defensoría del Pueblo en diciembre de 2012 sobre la satisfacción del Derecho Humano al Agua, halló que las nociones rectoras para la gestión del agua en el país se cimentaron en una alineación del aprovisionamiento de agua potable en relación con la estrategia de desarrollo urbano y la política de vivienda. En esa medida, es razonable una ausencia de metas sobre la calidad del agua, precarias reflexiones sobre la asignación de subsidios y una visión costo – beneficio en el acceso al agua potable.

En noviembre de 2011, con el Plan Nacional de Desarrollo “Prosperidad para todos” se dan por finalizados los Planes Departamentales de Agua. Se arguye la poca flexibilidad en la estructura operativa de los mismos y en la adecuación a las características regionales específicas (Urrea, 2013).

La denominación de lo que antes eran los Planes Departamentales de Agua es ahora el Programa Agua y Saneamiento para la Prosperidad Planes Departamentales para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento (Consejo Nacional de Política Económica y Social, 2014).

Este nuevo programa les da continuidad a las fuentes de financiación existentes en el programa anterior. Así lo deja ver el CONPES 3715 de 2011 que contiene el concepto favorable a la nación de un préstamo de 60 millones de dólares, cuya destinación será empleada en financiar parcialmente el programa de abastecimiento de agua y manejo de aguas residuales en zonas rurales.

¿Cuál es entonces la diferencia entre la política para el agua potable entre uno y otro Plan Nacional de Desarrollo?, a juicio de los especialistas ninguna (Urrea, 2013) salvo la denominación.

Ya en el CONPES 3810 de 2014 se actualiza el diagnóstico de la situación del servicio público de agua potable en el país. Como problemáticas se describen la desarticulación de las acciones institucionales, la necesidad de un enfoque diferenciado para el área rural, la baja capacidad institucional de los municipios, la no sostenibilidad de las inversiones en esquemas de suministro de agua potable y las falencias en la gestión de los aspectos ambientales (Consejo Nacional de Política Económica y Social, 2014).  En el mismo documento, “se estimó que existían aproximadamente 11.500 prestadores y/o proveedores de los servicios de agua y saneamiento, de los cuales 90,5 % son comunitarios” (Consejo Nacional de Política Económica y Social, 2014, p. 20).

Para la superación de estas dificultades en el CONPES 3810 de 2014 se propone el fomento de estructuras sostenibles para el abastecimiento de agua, esto es, superar la atomización y elevado número de prestadores, en su mayoría comunitarios.  De la misma forma, las inversiones en infraestructura, la articulación institucional y la mejora en la calidad del agua. Se refiere en el documento que la financiación proviene del Presupuesto General de la Nación, el Sistema General de Regalías y el Sistema General de Participación para el Departamento y el Municipio.

En apariencia, desaparece la banca multilateral como origen de recursos. Pero el último elemento de análisis tiene que ver precisamente con inversionistas privados. Una de las regulaciones más recientes para la inversión en el sector agua potable tiene lugar con la Ley 1508 de 2012 que reglamenta las asociaciones público – privadas. Estos son mecanismos que:

Establecen la posibilidad de vinculación de capital privado a través de un contrato, con distribución de riesgos entre una entidad estatal y una persona natural o jurídica de derecho privado, en proyectos que pueden surgir por iniciativa pública o privada, con mecanismos de pago como la explotación económica de la prestación del servicio y vigencias futuras del presupuesto nacional, por medio de una sociedad fiduciaria que garanticen la remuneración de los inversionistas. (Portafolio, 2015)

Difiere este régimen de los precedentes en que viabiliza la eventual presentación de una empresa privada para una alianza con una pública, aun cuando esta no haga parte del ramo del agua potable o el saneamiento, como lo establece el Decreto 063 de 2015 que adhiere esta modificación a la Ley 142 de 1994.

Diferentes gestiones del agua

En Colombia, en las últimas décadas, coexisten tres tipos de gobiernos del agua. El público y el comunitario, cuyas historias son de larga data en el país y el privado que empieza a afianzar su participación en la década de los noventa. Puede afirmarse que, con la mayor incursión de la empresa privada, el Estado transformó su rol de ser el prestador del servicio de acueducto a ser su regulador, como se fijó con la Constitución de 1991 y la Ley 142 de 1994.

A partir de este suceso han empezado a distinguirse tres modalidades a través de las que avanza la privatización de la gestión del líquido vital en el país. En primer lugar, una que se materializa en la venta por parte de los gobiernos a empresas privadas del servicio de tratamiento y abastecimiento de agua potable. De otra parte, con la concesión de licencias para el suministro de agua, el mantenimiento del sistema y el cobro a los ciudadanos y, finalmente, a través de la contratación que hace el gobierno de una empresa que provee el servicio y recibe un precio administrativo (Quintana, 2008).

La modificación surtida en el Estado por la inserción de operadores particulares estuvo a tono con lo que ocurría en otros sectores de la economía. Pero conforme a lo que han observado los analistas, el esquema público de prestación de servicio de acueducto no gozaba de solidez y, a lo largo del siglo XX, se caracterizó por tener una dinámica de oscilación entre la centralización y la descentralización en la toma de decisiones (Jaramillo, 1995). Conforme lo plantea la Contraloría General de la República (2011), para la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento el país ha mantenido una alternancia entre los modelos público y privado. Como ya se ha aludido, es en los noventa cuando se adopta masivamente el esquema privatizado. Sumado a lo anterior, se constataron con frecuencia crisis institucionales por la falta de inversión en el sector, la urbanización no planificada, la dependencia del país de políticas externas y la dispersión de la política de agua (Castro, 2007).

Con respecto a los acueductos o sistemas de distribución comunitarios de agua, se registra el primer antecedente en 1939 en el municipio de Dosquebradas y en las décadas de los sesenta y ochenta del siglo XX con las Juntas de Acción Comunal, las Juntas Administradoras de los Acueductos o Asociaciones de Usuarios (Gómez, 2014) que empezaron a proliferar con cierto grado de formalización como respuesta ante la carencia de bienes y servicios necesarios en entornos rurales.

Consideraciones finales

El agua es un elemento esencial en la organización de las sociedades. A lo largo de la historia las colectividades han gestionado su provisión a través de variadas estrategias. De esta forma, existen acueductos que abastecen pequeñas y grandes áreas urbanas y también sistemas de distribución de agua en zonas rurales que hacen lo propio en contextos mucho más pequeños.

Al indagar acerca de las formas de gestión, emerge la inquietud por el carácter que los seres humanos le otorgan al agua. Desde hace algunos años esta ha empezado a ser concebida como un bien económico, lo que implica que es escasa y limitada y que por ella debe pagarse un precio en el mercado. Entre tanto, las agrupaciones que la han gobernado autónomamente tienen por lo general un razonamiento sobre la misma que se aleja de concebirla como una mercancía. La anterior contradicción igualmente se ve reflejada en la diferenciación entre las categorías con las que es designada el agua, bien sea como recurso natural o bien común natural, aspecto que cobra importancia porque deja ver la relación social que se configura en torno a esta.

En la actualidad, además de los acueductos y sistemas de distribución de agua comunitarios, la defensa del agua como bien común intenta materializarse en estrategias que se oponen a la privatización. Estas se fundamentan en la noción de que el acceso al líquido vital es un derecho humano y en el presupuesto de que el agua, a diferencia de cualquier commodity, es insustituible.

Contrastando la anterior concepción, se aprecia que la regulación del agua potable en el mundo se desenvuelve a partir de la idea del bien económico, para el que debe asumirse un régimen de propiedad privada. Es así como se evidencia una incongruencia en tanto se instituye el acceso universal al agua en acuerdos internacionales y se exige a los Estados la vinculación a la normatividad, pero existen otros organismos que promueven la mercantilización en detrimento de quienes no pueden solventar económicamente el consumo (Iñigo, 2011).

En el contexto en el que el agua no es un derecho fundamental en el país, vale la pena rescatar el impacto de estrategias como el mínimo vital de agua potable en Bogotá que, entre otras cosas, de acuerdo con Herrera y Rodríguez (2015) posibilitó:

* El acceso a niveles mínimos de agua potable para 2,5 a 3 millones de ciudadanos de estrato 1 y 2 en la ciudad.

* Los ingresos que antes destinaban estas personas para cubrir el pago del servicio tenían otra finalidad, lo que impactaba positivamente en la calidad de vida de aquellos que residen en los sectores más marginados de la ciudad.

* La normatividad de la prestación del servicio de agua potable debería desarrollar mayores estrategias de articulación como la prevista para la gestión integral del recurso y, así, motivar a la ciudadanía a que genere otras formas de relacionarse con el entorno.

Esta fue una de las premisas de las cuales partió la gobernanza del agua en Bogotá (2012 – 2015) que motivó que, en espacios deliberativos, las personas participaran de la toma de determinaciones respecto de los cuerpos hídricos de la capital. Asimismo, fortaleció la gestión de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá y la de asociaciones de usuarios que prestan el servicio de agua en la zona rural de la capital. Lo anterior, en el supuesto de un territorio que debe ordenarse alrededor del agua, proteger los cuerpos hídricos de su zona urbana y su ruralidad y con esto mitigar impactos como los del cambio climático y una vida de espaldas al entorno natural en Bogotá (Montoya-Domínguez, 2017).

Como se expresó con anterioridad, la normatividad para la gestión del recurso hídrico en el país se encuentra fragmentada. Por un lado, todo lo relativo a cómo administrar el agua en su cuenca y cómo asegurar disponibilidad de la oferta. La otra parte de la legislación se encarga de regular el abastecimiento como servicio público domiciliario de agua potable.

Por lo que se refiere a la Ley 142 de 1994, la privatización de las empresas o de parte de las actividades del abastecimiento de agua potable, generó otra relación con el líquido vital, mediada por el intercambio económico y por una participación limitada de los beneficiarios del servicio.

Por otra parte, perviven problemas como la falta de infraestructura para la provisión de agua potable en algunas zonas del país. La desigualdad también se refleja en el elevado porcentaje que deben disponer de su renta para el pago de tarifas los sectores más desfavorecidos.

Sobre la normatividad del agua en Colombia se requieren soluciones más estructurales, como la pertinencia de introducir un enfoque que propenda por la equidad en la provisión de agua, la necesidad de que el recurso hídrico sea entendido como una unidad y el imperioso fortalecimiento que debe desarrollar el sector público descentralizado en el país, para que así promueva una gestión ambiental coordinada y participativa.

Agradecimientos

Las autoras agradecen a los profesores de la Maestría en Medio ambiente y Desarrollo y al Instituto de Estudios Ambientales por su apoyo en esta investigación, a July Franco y a Alicia Hernández por sus palabras de aliento y por sus contribuciones particulares en este trabajo.

Potencial conflicto de intereses:

Sobre esta contribución no existe conflicto de intereses ni real ni potencial, pues es un artículo de reflexión que no compromete terceros sino a las autoras.

Fuentes de financiación

Este trabajo es derivado de la tesis de la primera autora de la Maestría en Medio Ambiente y Desarrollo del Instituto de Estudios Ambientales (IDEA), Universidad Nacional de Colombia, entre los años 2013 y 2016. Este trabajo se llevó a cabo con el apoyo de la convocatoria Jesús Antonio Bejarano de la Facultad de Ciencias Económicas y del programa de Estímulos para la Investigación, Thomas van der Hammen del Jardín Botánico de Bogotá.

Bibliografía

Brown, S. y Roa-García C. (2016). Equidad y sostenibilidad en la asignación de concesiones de agua en Colombia. Revista Gest. Ambient., 19, (2), 332-355.

Cardona, A. (2012). Política pública sectorial de agua y saneamiento básico en Colombia: una mirada crítica. Recuperado de http://www.bdigital.unal.edu.co/11277/1/08905083.2012.pdf.

Castro, J. (2007). La privatización de los servicios de agua y saneamiento en América Latina. Nueva Sociedad. Democracia y Política en América Latina, 93–112. Recuperado de http://nuso.org/media/articles/downloads/3408_1.pdf.

Comisión Nacional de Regulación de Agua Potable (CRA). (2014). 20 Años de Regulación de los Servicias Públicos Domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y Asea en Colombia. Recuperado de Link.

Consejo Nacional de Política Económica y Social. (2014). Documento Conpes 3810 Política para el suministro de agua potable y saneamiento básico en la zona rural.  Recuperado de http://www.minvivienda.gov.co/conpesagua/3810 - 2014.pdf.

Conferencia Internacional sobre el Agua y el Medio Ambiente: El desarrollo en la perspectiva del Siglo XXI. (1992). Declaración de Dublín sobre el Agua y el Desarrollo Sostenible. Recuperado de http://www.uc.org.uy/ambiente/di0192.htm.

Contraloría General de la República. (2011). Evaluación de la política de planes departamentales para el manejo empresarial de los servicios de agua y saneamiento. Recuperado de Link

Contraloría General de la República. (2014). Auditoría Coordinada. Política Nacional de Gestión Integral del Recuso Hídrico. PNGIRH. Recuperado de

Link

Congreso de la República de Colombia. Régimen de Servicios Públicos Domiciliarios. (1994). Colombia. Recuperado de http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=2752.

Defensoría del Pueblo de Colombia. (2012). Evaluación del cumplimiento del Derecho Humano al Agua. Recuperado de Link.

Gómez, I. (2014). La acción colectiva del agua en Colombia y el referendo como acercamiento de democracia directa. Análisis Político, 27. Recuperado de http://revistas.unal.edu.co/index.php/anpol/rt/printerFriendly/45615/47030.

Guerra, E. (2011). El impacto local de las políticas internacionales de agua y su relación con los organismos multilaterales: el caso de Puebla. Recuperado de Link.

Guerrero, L. (2010). Colombia: Planes Departamentales de Agua: incoherencia, retos y oportunidades. En Justicia hídrica. 7 ensayos como aporte para articular las luchas (pp. 122–147). Cali, Colombia: Merlín.

Herrera, C., y Rodríguez, L. (2015). Impacto de la medida de mínimo vital en la capacidad de gasto de los hogares bogotanos. Febrero 2012 - octubre 2013. Bogotá, D.C. Recuperado desde Link.

Iñigo, J. (2011). ¿Un mercado para los bienes comunes? Inclusión y liberalización del agua como mercancía de la OMC. En G. Capaldo. (Ed.), Gobernanza y manejo sustentable del agua (pp. 337–258). Buenos Aires, Argentina: Editorial Mnemosyne.

Iza, A. (2006). El contexto global. En A. Iza. y M. Rovere. (Eds.), Gobernanza del agua en América del Sur: dimensión ambiental (pp. 1–24). Gland, Suiza : Unión Mundial para la Naturaleza.

Isaza, G. (2014). El derecho al agua y el mínimo vital en el marco del servicio público domiciliario de acueducto en Colombia. Recuperado de http://repository.urosario.edu.co/handle/10336/10499.

Jaramillo, S. (1995). Ciento veinte años de Servicios Públicos en Colombia. Bogotá, Colombia: CINEP.

Manrique, F., Ospina, J. y Martínez, A. (2008). La salud: ¿servicio público o derecho fundamental? Salud, Historia, Sanidad Online, 3, 14. Recuperado de http://revistas.uptc.edu.co/index.php/shs/article/view/1839.

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (2010a). Creación y actuación de los organismos de cuenca en la planificación y gestión. Caso Colombia. Recuperado de Link.

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Política Nacional de la Gestión Integral del Recurso Hídrico (2010b). Colombia. Recuperado de Link

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la República de Colombia. (2014). Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico. Recuperado de Link

Montoya-Domínguez, E. (2017). Los acueductos y sistemas de distribución de agua comunitarios en el área rural de Bogotá y la gobernanza del agua en la ciudad. Bogotá, Colombia: Universidad Nacional de Colombia.

Montoya-Domínguez, E. y Rojas-Robles R. (2016). Elementos sobre la gobernanza y la gobernanza ambiental. Revista Gestión y Ambiente, 19(2), 304-319. DOI: http://dx.doi.org/10.15446/ga.v19n2.58768.

OMS y UNICEF. (2016). Panorámica de los progresos en saneamiento en Colombia entre 1990 y 2015. Recuperado de Link. Consultado Mayo 2019.

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. (2016). El agua. Recuperado de http://www.fao.org/docrep/006/w1309s/w1309s06.htm.

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (2008). El agua, una responsabilidad compartida. Segundo Informe de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos en el Mundo. Recuperado de http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001495/149519S.pdf.

Portafolio, R. (2015). Regulación de las APP en el sector agua potable. Recuperado de Link.

Quintana, A. (2008). El conflicto por la gestión del servicio de acueducto en Dosquebradas (Risaralda - Colombia). Un estudio desde la Ecología Política. Recuperado de Link.

Terán, J. (2007). Las quimeras y sus caminos. La gobernanza del agua y sus dispositivos para la producción de pobreza rural en los andes ecuatorianos. Buenos Aires, Argentina: Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales.

Urrea, D. (2013). Aguas, cooperación y relaciones urbano - rurales en Colombia: ¿prosperidad para quién? En Amigos de la Tierra Internacional. (Ed.), Agentes económicos de la financierización del agua (pp. 36–40). Bogotá, D.C., Colombia: Imprescala.

Villar, L. (2007). Estado de derecho y Estado social de derecho. Derecho Del Estado, 20, 73–96. Recuperado desde Link

1 Sociologa, Magister en Medio Ambiente y Desarrollo. Investigadora Observatorio de Conflictos Ambientales, Instituto de Estudios Ambientales (IDEA), Universidad Nacional de Colombia. E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ORCID: 0000-0003-1318-8412.

2 Bióloga, Magister en Ecología, Doctora en Ciencias-Biología. Instituto de Estudios Ambientales (IDEA), Universidad Nacional de Colombia.  E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; ORCID: 0000-0002-9010-6188

Para citar este artículo: Montoya, E. y Rojas, R. (2019). Normatividad del agua en Colombia ¿democratización o privatización? Revista Luna Azul, 49, 126-145 DOI: 10.17151/luaz.2019.49.7.

Esta obra está bajo una Licencia de Creative Commons Reconocimiento CC BY 

Código QR del artículo

LA EDUCACIÓN AMBIENTAL EN ESCOLARES CON DISCAPACIDAD   INTELECTUAL

Natacha Coca Bernal¹  , Pablo Ángel Martínez Morales²  , Marieta Álvarez Insua³  

Recibido: 31 de mayo de 2018, Aceptado: 16 de mayo 2019, Actualizado: junio 26 de 2019

DOI: 10.17151/luaz.2019.49.8

RESUMEN

Introducción. La percepción acerca del riesgo en una población vulnerable con discapacidad intelectual, es indispensable para elevar la calidad de vida de todos sus habitantes. Educar a las personas con discapacidad intelectual en la reducción, reutilización y el reciclaje de los desechos de su hogar repercute en una conciencia medioambientalista de toda la comunidad. Para esta investigación se realizó una caracterización medioambiental del municipio de Placetas, Villa Clara, Cuba, así como un análisis crítico de la Educación Ambiental en el mundo, en especial en Cuba, y la forma en que influye en la calidad de vida de estas personas. Objetivo. Este artículo tiene como objetivo construir, como resultado de una investigación-acción-participativa, un sistema de medios y conocimientos para la Educación Ambiental en los escolares del primer ciclo con discapacidad intelectual en la escuela Camilo Cienfuegos Gorriarán. Metodología. La metodología que se usó fue de tipo cualitativo, los  métodos empleados para la investigación fueron: el diario del investigador, mapa temporal,  análisis de documentos,  prueba pedagógica, productos de la actividad, grupos informales de discusión y el estudio de caso. Con estos métodos y técnicas se pudo detectar la baja percepción del riesgo ambiental y el ineficiente reciclaje de los desechos del hogar. Resultados y Conclusiones. La investigación aplicada por cuatro años tuvo los siguientes resultados: demostró que la Educación Ambiental de escolares con discapacidad intelectual es un tema de interés en la comunidad y en el país; las familias cambiaron sus modos de actuación en relación con los desechos del hogar; se comportaron receptivos ante la capacitación de los docentes; las clases contemplaban desde la interdisciplinariedad los problemas de su localidad y las vías educativas de solución; los escolares con discapacidad intelectual se encontraban más atentos y motivados ante la temática por lo que desarrollaron la imaginación y la creatividad con la utilización de los medios propuestos.

Palabras claves: educación ambiental, escolares con discapacidad intelectual.

ENVIRONMENTAL EDUCATION FOR STUDENTS WITH INTELLECTUAL DISABILITIES

ABSTRACT

Introduction: The perception of risk in a vulnerable population, with intellectual disabilities is essential to rise the quality of life of all its inhabitants. Educating people with intellectual disability in the reduction, reusability and the recycling of household wastes has an effect on  the environmental awareness  of the entire community. An environmental characterization of the Municipality of Placetas, Villa Clara, Cuba was made for this research,  as well as a critical analysis of Environmental Education in the world, especially in Cuba, and how it influences the quality of life of these people. Objective: This article aims to build, as a result of a participative-action- research approach, a system of means and knowledge for Environmental Education for the first cycle students with intellectual disabilities. Methodology:  The methodology used was of qualitative type and the methods used for the research were researcher diary, a temporary map, document analysis, a pedagogical test, products of the activity, informal groups of discussion and case study. With these methods and techniques, it was possible to detect the low perception of the environmental risk and the inefficient recycling of household waste. Results and conclusion: The research, which was developed during four years, had the following results: it demonstrated that Environmental Education of schoolchildren with intellectual disabilities is a subject of interest in the community and in the country; families changed their ways of acting in relation to household waste; the family was receptive about the qualification of the teachers training; the classes included interdisciplinarity  of their locality problems  and the educational ways of solution; schoolchildren with intellectual disabilities were more attentive and motivated facing the subject, reason why they developed imagination and creativity with the use of the proposed means.

KEY WORDS: environmental education, schoolchildren with intellectual disability.

INTRODUCCIÓN

Características medioambientales del municipio de Placetas Villa Clara

El municipio de Placetas tiene una superficie de 600.2 KM2, es una meseta elevada a 200 metros sobre el nivel del mar, posee un clima fresco con una humedad relativa que oscila entre los 77.78 %,  los vientos predominantes son de rumbo noreste, la temperatura media  oscila entre 20.9 grados Celsius en  enero y 28.2 grados Celsius en junio. Las redes de agua superficiales son 30,  pertenecientes a las cuencas hidrográficas (Saura y Osés, 2016).

El paisaje de Placetas se caracteriza por tener llanuras depurativas. Los suelos son generalmente áridos debido a la constitución geológica del territorio. La vegetación está caracterizada por la palma real. Existe diversidad de árboles frutales y  abundan los árboles maderables como el laurel, que identifica y simboliza a Placetas por su abundancia en parques y paseos, por esto se le denomina la Villa de los Laureles. En las extensas sabanas crecen diferentes variedades de hierbas: la guinea, la pangola, pequeños arbustos y aroma (Ladrón de Guevara, 1986).

Satélite (Cartographer) (2017). Mapa del pueblo de Placetas.  

Los sembrados que predominan en el municipio son: cultivos varios, la caña, tabaco, frutales y forestales. Desde  el Proyecto de Innovación Agrícola Local (PIAL) el municipio cuenta con cuatro fincas agroecológicas que son insuficientes para abastecer de estos productos a una población 68.394 habitantes, de ellos 34 231 varones y 34.173 hembras; asimismo, es un municipio eminentemente agropecuario. Los oficios más representativos son ganadería, manufactura y agricultura (Cuba, 2017).

Lo más representativo en cuanto a la contaminación del agua es la cuenca del Rio Zaza, la carga contaminante orgánica generada por las cochiqueras con una demanda bioquímica de oxígeno de  862 Kg/d por tonelada y la pasteurizadora  55 Kg/d   por tonelada (CITMA, 2017). La contaminación del suelo de la planta procesadora de oro. La contaminación del aire de las 40 fundiciones que arrojan SO2, NOx, PM2 y CO en 24 horas a 300 metros con baja calidad del aire según la norma cubana 1020 y 2015, según diagnóstico y caracterización de la calidad del aire como resultado de las emisiones de las fundiciones en el municipio de Placetas 2015. El municipio cuenta con amplias calles y avenidas que permiten la circulación del aire contaminado.

Existe en los hogares de Placetas los siguientes problemas medioambientales constatados a través de la observación participante y las entrevistas a profundidad:

1.            Se presenta baja percepción del riesgo ambiental.

2.            No realizan el  reciclaje de los desechos de su hogar.

3.            No se utiliza eficientemente el desecho orgánico.

4.            No realizan un tratamiento seguro de los productos químicos.

5.            Realizan quema de los residuos de su hogar aún y cuando no está permitido.

6.            No todas la aguas albañales tienen un tratamiento correcto.

7.            La población del municipio tiene un alto nivel educacional.

Todas las casas tienen fluido eléctrico, el 60 % posee acueducto y las restantes cuentan con pozos que abastecen sus hogares en el período seco. El 95 % tiene baño dentro de su hogar y realizan la cocción de los alimentos con fluido eléctrico; igualmente, el fondo habitacional es bueno, la mayoría cuenta con una vivienda de mampostería y tejas. Las casas tienen tendencia a tener 2 habitaciones.

La Educación Ambiental, vía para la solución de los problemas medioambientales en el mundo

La Educación Ambiental surge como un llamado de alerta para enfrentar los problemas medioambientales en Estocolmo en 1972 en el marco de las Naciones Unidas, allí surge el Programa Internacional de Educación Ambiental. A su vez, La Educación Ambiental “no debe convertirse en una palabra de moda, sino en un punto de partida que deberá dar cabida, cada día más, y en  primera instancia, a los problemas regionales de protección del medio que hasta ahora sólo se han insinuado de una forma muy discreta en nuestra comunidad” (Toro, 2006).

El Seminario Internacional de la Educación Ambiental de Belgrado en 1975 fue concebido como una plataforma de lanzamiento del Programa Internacional de la Educación Ambiental,  el cual se centró en tres líneas fundamentales: la formación de una conciencia de la necesidad de la Educación Ambiental, el desarrollo de conceptos y metodología y la incorporación de la dimensión ambiental en el sistema educativo de los diferentes países.

Este Programa Internacional de Educación Ambiental fue declarado fallido en Ahmadadad en el 2007 en el IV  Congreso Internacional sobre Educación Ambiental y se suplió por la Educación para el Desarrollo Sustentable (González y Ortega, 2009).

En la actualidad  el Programa de Acción Mundial de Educación para el Desarrollo Sostenible, como seguimiento al Decenio de las Naciones Unidas de la Educación para el Desarrollo Sostenible del  2014, tiene entre sus objetivos reorientar la educación y el aprendizaje para que todas las personas tengan la oportunidad de adquirir conocimientos, competencias, valores y actitudes con los que puedan contribuir al desarrollo sostenible.

Cuba, desde la Cumbre de Río de Janeiro, ejemplificó la importancia de un país alfabetizado, culto, preparado, consciente; con la infraestructura tecnológica para llevar a cabo esta tarea de la Educación Ambiental para el Desarrollo Sostenible.

El  Ministerio de Ciencia Tecnología y Medio Ambiente (CITMA) en coordinación  con el Ministerio de Educación en Cuba  delimita el Programa Nacional de Educación Ambiental (2016-2020)

Principios más acuciantes en Cuba, las formas de solución y capacitación desde los diferentes currículos:

1.            Cambio climático

2.            Gestión de riesgos de desastres

3.            Uso sostenible de Recursos hídricos

4.            Uso sostenible de la diversidad biológica

5.            Manejo sostenible de tierras

6.            Lucha contra la contaminación del medio ambiente

7.            Manejo seguro de los productos químicos y desechos peligrosos

8.            Consumo y producción sostenible

9.            Manejo de la zona costera

10.          Derecho y participación ciudadana

11.          Protección del patrimonio natural y cultural

12.          Uso sostenible de la energía

13.          Economía ambiental y ecológica

14.          Manejo de cuencas hidrográficas

15.          Legislación ambiental

16.          Seguridad alimentaria

17.          Equidad social con estilos de vida sanos y saludable

Para lograr una  Educación Ambiental para el Desarrollo Sostenible en Cuba, se debe tener en cuenta el desarrollo local en aquellos lugares donde se van a impartir estos contenidos, así como sus necesidades, limitaciones, ecosistema y paisajes.

En primer lugar tiene que comprenderse que “la participación política no puede percibirse como un problema impuesto y que a la vez complica la gestión”  (Zarrilli, 2015). La gestión ambiental de un país es orgánica y está de acuerdo con sus intereses como nación.

La Educación Ambiental en centros educacionales  para  escolares con discapacidad intelectual

Los contenidos de la Educación Ambiental  en la educación especial  están regidos por las asignaturas incluidas en el currículo general y las actividades socioeducativas que desarrolla la escuela, ajustados al entorno y las relaciones productivas y  orientados al dominio de los aprendizajes  que permitan a los escolares  el funcionamiento en  los ambientes naturales y sociales y puedan adaptarse a ellos sin dañarlo y sin recibir a cambio los efectos nocivos del  entorno.

La Educación Ambiental para escolares con discapacidad intelectual está fomentada por las organizaciones estudiantiles y juveniles  representadas en la escuela  y/o comunidad; para ello se utiliza el entorno donde se encuentra enclavada la escuela atendiendo a  las necesidades y potencialidades de los escolares (Santos, Bálaez, Soler, Llopiz y Marín, 2013).

Las temáticas ambientales que se trabajan con los escolares con discapacidad intelectual son:

1.            El amor a la naturaleza y la sociedad en que vivimos

2.            La pertenencia al entorno de los escolares con discapacidad intelectual

3.            Independencia  personal, económica y social

4.            Conservación, ahorro y uso racional de los recursos

5.            El ambiente y la vida con calidad de las personas con discapacidad intelectual

6.            La comunidad y la búsqueda de las soluciones a los problemas ambientales

7.            Conservación del patrimonio cultural

8.            Cultura ambiental  por especialista

La Educación Ambiental en el proceso de enseñanza aprendizaje de los escolares con discapacidad intelectual se encuentra en perfeccionamiento. Los libros de texto y otros medios didácticos son obsoletos,  muy pocos abordan esta temática.

Por otra parte, la utilización de la informática en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los escolares con discapacidad intelectual actualiza los programas, igualmente, es un medio novedoso que le brinda a los escolares y a los docentes medios de enseñanza alternativos.

Las especialidades en el proceso de enseñanza aprendizaje de los escolares con discapacidad intelectual cumplen una función correctora y/o compensadora de los procesos del pensamiento afectados en estos escolares. Estas especialidades, como pueden ser Psicopedagogía y Logopedia, inciden con sus didácticas especiales de una forma integral para lograr la inclusión social de los escolares con discapacidad intelectual, lo cual puede ser utilizado y potenciado para la Educación Ambiental (Verdugo, 2002).

En el sistema educacional  en Cuba se define que

La Educación Ambiental en la Educación Especial contribuye a la formación de los niños, adolescentes y jóvenes con Necesidades Educativas Especiales, orientada al dominio de los aprendizajes  que les  permitan el funcionamiento en  los ambientes naturales y sociales  y  puedan adaptarse a ellos sin dañarlo y no reciban a cambio los efectos nocivos de los entornos (Santos et al., 2013, p.13).

El Perfeccionamiento de la Educación especial plantea como una exigencia utilizar el entorno para trabajar la Educación Ambiental en sus diferentes temáticas, atendiendo al carácter de las necesidades educativas especiales.

En Cuba las escuelas especiales que atienden a escolares con discapacidad intelectual tienen como fin lograr el máximo desarrollo integral posible de  los escolares con discapacidad intelectual, en cualquier contexto, que les permita enfrentar con  diversos niveles  de independencia su inclusión social.

La Escuela Especial Camilo Cienfuegos Gorriarán del municipio de Placetas, enclavada en la zona urbana, atiende a escolares con discapacidad intelectual leve y moderada en edades comprendidas desde los 6 a 17 años de edad, cuenta con una matrícula de 110 escolares. Como resultado de visitas a clases, muestreo de documentos oficiales, participación en reuniones del sistema en el centro, intercambios con docentes, especialistas y personal no docente, familias y agentes de la comunidad, así como el intercambio con los escolares con discapacidad intelectual, visitas a talleres de formación laboral a los que están vinculados escolares de la escuela, se pudieron constatar, respecto al conocimiento y comportamientos, los siguientes hechos: 

1.  Los escolares no aman su entorno y lo descuidan

2. No se perciben como entes capaces de transformar su medio ambiente y sentirse parte de él

3. Ocasionan daños de forma voluntaria o involuntaria al ambiente

4. No utilizan los recursos renovables de manera eficiente, lo que se traduce en que estos no se degradan en el medio ambiente.

5. La bibliografía de la temática para los escolares no es suficiente y no responde a sus necesidades según su diagnóstico

6. Los medios de enseñanza creados por los docentes no reflejan la temática de Educación Ambiental

7. Los docentes no realizan la interdisciplinariedad de la temática con las asignaturas priorizadas

8. Los softwares educativos existentes tampoco satisfacen las necesidades de esta categoría de escolares respecto a la temática

Objetivo general:  construir como resultado de una investigación acción participativa, un sistema de medios y conocimientos para la Educación Ambiental en los escolares del primer ciclo con discapacidad intelectual.

MATERIALES Y MÉTODOS

En la investigación se utilizaron técnicas de investigación-acción-participativa descritas en la estrategia investigativa de Kemmis (1988) “ basada en la noción de una espiral de autorreflexión de ciclos de planeamiento, acción, observación y reflexión. Expresa un compromiso al perfeccionamiento de las prácticas y es colaborativa” (p. 23)

Se aplicó el análisis de documentos dirigido a valorar aspectos del contenido de los programas, orientaciones metodológicas, adecuaciones curriculares de la Educación Especial, expedientes psicopedagógicos, planes de clases, así como la bibliografía existente de la temática de Educación Ambiental.

La observación participante durante toda la investigación en las etapas de diagnóstico,  planificación, ejecución, control y evaluación, se utilizó para recopilar datos en el escenario con los escolares con discapacidad intelectual, familia, docentes y especialistas.

El diario del investigador se utilizó para recopilar datos cualitativos detallados en cada una de las etapas, facilitando su posterior análisis. Se registró de forma  cronológica (a través de hipervínculos a los documentos, vídeos y fotos recopilados en 30 DVD de evidencia gráfica)  el progreso de los escolares con discapacidad intelectual, su imaginación y creatividad.

La prueba pedagógica donde se constató el dominio de los escolares del primer ciclo con discapacidad intelectual en cuanto al tema sobre Educación Ambiental, su imaginación y creatividad, se aplicó  en cada uno de los subsistemas y en cada uno de los ciclos. Fueron grabadas en video con un hipervínculo al diario del investigador.

Los productos de la actividad se utilizaron para constatar el dominio de los conocimientos sobre Educación Ambiental en los escolares con discapacidad intelectual desde la imaginación y la creatividad: dibujos, expresiones artísticas, manualidades y juegos de roles.

Los grupos informales de discusión para recolectar datos cualitativos de la construcción de la Estrategia Educativa sirvieron para capacitar  metodológicamente a los docentes en cuanto a la formación de las nociones elementales sobre agricultura sostenible; vincularlos afectivamente con los objetivos, misiones y acciones propuestos tomando en cuenta sus experiencias  para determinar las debilidades, fortalezas y  dar  sugerencias. Asimismo, se utilizaron para conformar el mapa temporal de la etapa.

El mapa temporal se usó para reflejar las dimensiones temporales captadas en el transcurso de la vida en la Escuela Especial. A su vez, refleja los horarios y los requerimientos tecnológicos para la construcción de la Estrategia Educativa y hace un hipervínculo al diario del investigador, a los expedientes académicos, a las evidencias gráficas y las notas de campo. Est permitió establecer el ritmo y la carga docente necesaria de forma bimensual.

El estudio de caso ayudó a evaluar dado que permite evidenciar la expresión interna del escolar con discapacidad intelectual desde una totalidad tanto en tiempo como en espacio; asimismo, ayudó a captar la dinámica familiar y facilitó la interpretación de la conducta del escolar con discapacidad intelectual desde la interdisciplinariedad de los agentes educativos que lo llevaron a cabo en la Educación Ambiental.

La Escuela Camilo Cienfuegos Gorriarán del municipio de Placetas cuenta con una población   de  todos los escolares con discapacidad intelectual del primer ciclo del municipio. Se seleccionó una población de 29 escolares con discapacidad intelectual leve y moderada de forma intencional y no probabilística en cuatro grupos de primero a cuarto grado debido a que responde a las particularidades del desarrollo de la personalidad de estas edades, sus gustos y motivaciones. El diseño tuvo en cuenta el desarrollo sensorial de estas edades, así como la imaginación y el componente afectivo-volitivo, el desarrollo del control muscular de estas edades, las habilidades a desarrollar,  las asignaturas de estos grados, ya que incide de forma directa en el currículo. Esta se correspondió con los objetivos de cada ciclo.

Primer ciclo (2014-2015), 29 escolares con discapacidad intelectual de primero a cuarto grado de la Escuela Camilo Cienfuegos Gorriarán del municipio de Placetas, Villa Clara. Lo que permitió la elaboración, en dependencia de las esferas del desarrollo de la personalidad de los escolares con discapacidad intelectual del primer ciclo.

Segundo ciclo (2015-2016), 6 escolares con discapacidad intelectual del segundo grado de la Escuela Camilo Cienfuegos Gorriarán del municipio de Placetas. Tuvo el objetivo de evaluar la efectividad en el segundo grado.

Tercer ciclo (2016-2017) 8 escolares con discapacidad intelectual del tercer grado de la Escuela Camilo Cienfuegos Gorriarán del municipio de Placetas. Tuvo el objetivo de evaluar la efectividad en el tercer grado.

Cuarto ciclo (2017-2018), 7 escolares con discapacidad intelectual del cuarto grado de la Escuela Camilo Cienfuegos Gorriarán del municipio de Placetas. Tuvo el objetivo de evaluar la efectividad en la culminación del ciclo de la escuela especial con un estudio de caso.

RESULTADOS

En la Fase preparatoria se realizó un estudio de los expedientes psicopedagógicos, lo cual arrojó  que no se diseñaba desde la estrategia de intervención de los escolares con los problemas medioambientales de su zona de residencia. No existía la interdisciplinariedad de la Educación Ambiental con las asignaturas priorizadas de lengua española y matemática. Los grupos informales de discusión arrojaron que los docentes no se encontraban preparados en la temática medioambiental aun contando con los recursos didácticos, pues no eran empleados  de forma eficiente. Los productos de la actividad evaluados a los escolares con discapacidad intelectual arrojaron que se encontraban motivados ante la utilización de desechos para la creación de obras de arte, lo que fue inversamente proporcional al conocimiento que poseían de la contaminación de su municipio, debido a la baja frecuencia de las actividades impartidas por los docentes. Todo fue registrado en el diario del investigador de forma digital y cuenta con 30 DVD de evidencia gráfica para su posterior análisis.

La autora se afilia a Valledor y Ceballo (2005) cuando define la planificación como:

la participación no puede significar espontaneidad y desorganización. Debe  proyectarse cuidadosamente el proceso, aunque de modo flexible y dialéctico, ofreciendo un espacio para las vías y caminos alternativos…definir la instrumentación de métodos y técnicas, planificar el análisis y la reflexión, así como determinar los objetivos.  Flexibilidad en la selección y empleo de métodos y técnicas: debe tenerse en cuenta para qué, con quiénes y para quiénes se realiza la  investigación. (p. 75)

En este momento se planificaron cuidadosamente los recursos humanos,  materiales, metodológicos y el tiempo necesario para cumplir con los objetivos de la etapa de planificación. Apoyándose en la delimitación del estado actual y el estado deseado, en la etapa anterior en cuanto a la Educación Ambiental en escolares con discapacidad intelectual del primer ciclo.

Esta etapa se ciñó a un plan previamente elaborado en coordinación con los docentes para que incidieran de forma directa en los escolares del primer ciclo con discapacidad intelectual. Este plan fue flexible y retroalimentado por los informantes y los grupos informales de discusión que fueron la vía para la capacitación metodológica y recogida de datos. Cuando este grupo no fue suficiente se realizaron intercambios individualizados con los docentes que lo necesitaran a petición propia o llamados de atención de los informantes, lo que permitió optimizar tiempo y recursos en la adopción de diferentes vía de capacitación metodológica.

En este momento se delimitaron pasos a seguir como secuenciación de acciones y elementos tácticos y logísticos: diseño, confección, mapeos y delimitando responsabilidades. De forma tal que se pudieran prever, modificar  la ampliación y enriquecimiento de los esquemas cognoscitivos de los escolares con discapacidad intelectual. En la medida que se  fue rigurosamente fiel al plan ceñido, se obtuvieron logros inmediatos en la solución del problema planteado.

Desde la estructuración e inserción en el currículo de la Escuela especial, la planificación de una estrategia educativa útil y coherente con un enfoque sistémico, en que todos los agentes intervinieran con una carga docente semejante. En la investigación se realiza una degradación de objetivos medioambientales por grado y asignatura, para lo cual se planificó una carga docente en cuanto a tiempo de forma diaria, para que los escolares con discapacidad intelectual del primer ciclo se apropiaran de los contenidos.

Esta etapa conllevó a un análisis detallado de los elementos hasta llegar por síntesis, abstracción y generalización al significado global; en el estudio de los programas y orientaciones metodológicas que permitiría y viabilizaría  el proceso de enseñanza y aprendizaje.

Se redactaron los objetivos a mediano y largo plazo. Se precisaron las personas implicadas con la responsabilidad que conllevaba la proyección de la ejecución de las mismas y el tiempo. Se divulgaron los resultados y se comprometió a los docentes a su ejecución.

La fase de trabajo de campo se comenzó en el curso 2014-2015 al 2017-2018 con una duración de 4 cursos, el tránsito de primer ciclo de una escuela especial, en los que se tomaron datos cualitativos y cuantitativos que enriquecieron el estudio. La investigadora fue la encargada de tomar los datos en un diario del investigador donde se registraron los progresos, aciertos y desaciertos de la etapa de forma crítica y exhaustiva.

Diferentes autores hacen referencia a los componentes no personales del proceso de enseñanza y aprendizaje (Klingberg, 1987; Labarrere y Valdivia, 1988; Álvarez, 1999; Guerra  et al.,2005). Las tareas fueron ejecutadas por los docentes que atienden el primer ciclo desde su desempeño profesional, dentro del horario docente previsto, con la utilización de los medios diseñados en la etapa anterior, con los objetivos medioambientales.

Contenidos: tiene un carácter histórico social y refleja los fenómenos de la realidad en conceptos, juicios y razonamientos de los fenómenos, particularizados por disciplinas o ramas del saber que posee a su vez  conceptos que les identifican. Están regulados por leyes que reflejan las relaciones entre los fenómenos.

Objetivos: están estrechamente relacionados con los contenidos, se establecen dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje y están concebidos en programas, orientaciones metodológicas y planes de clases.

Métodos: son series de acciones y modos conductuales metodológicos del maestro, cadenas lógicas de pensamiento que relacionan las formas de organización del proceso de enseñanza aprendizaje de forma coherente en relación con el diagnóstico de sus escolares.

Medios de enseñanza: es el medio propicio para la visualización de la Educación Ambiental y tiene una estrecha vinculación con los componentes anteriores. Por ello, se utilizan los documentos normativos del trabajo en el Ministerio de Educación, los programas y orientaciones metodológicas, folleto de psicopedagogía, folleto de títeres y folleto de manualidades.

Se crearon para esta investigación los medios siguientes: folleto logopedia, folleto de recetas de cocina, folleto de educación física, cuadernos de lengua española, matemática, mundo en que vivimos. Posturas, herbario, conjuntos de matemática. Juegos de mesa: dominó, parchís, cartas, rompecabezas. Cuentos, pantomimas, obras de teatro. Canciones, vídeos infantiles, vídeos de los especialistas y software educativos.

Formas de organización: fueron atractivas dado que garantizaron la vinculación con su entorno. Fomentando el trabajo independiente,  la dinámica de grupo, la investigación según el diagnóstico.

Evaluación: fue planificada de forma sistémica, se diseñó de forma tal que fuera atrayente y dinámica, favoreciendo los procesos del pensamiento que se encuentran afectados en los escolares con discapacidad intelectual para obtener de forma fidedigna la mayor calidad de datos posible. Fue procesual, holística, contextualizada, formativa, cualitativa, cuenta con los niveles de ayuda precisos para cada escolar con indicadores que garantizan su objetividad.

Los métodos empíricos que se utilizaron para la recogida de los datos en los escolares con discapacidad intelectual fueron las pruebas pedagógicas con el objetivo de constatar el nivel de conocimiento alcanzado por los escolares con discapacidad intelectual.

Las expresiones artísticas permitieron recolectar datos cualitativos: la imaginación, creatividad, comportamiento grupal y los modos de actuación responsables. El conocimiento y el comportamiento responsable están indisolublemente ligados (Camacho y Jaimes, 2006). Las expresiones artísticas con los desechos de la agricultura permitieron una concientización en los escolares de los productos del campo, en todos los casos de fincas atendidas por sus padres. En la recolección de los objetos de la naturaleza desarrolló la motórica fina, permitió el intercambio social en las exposiciones realizadas, elevó la autoestima de los escolares con discapacidad intelectual al percibir las obras de arte realizadas. Las expresiones artísticas que tenían calidad fueron comercializadas de forma módica lo que ingresó a su economía, percibieron las artesanías como un posible sustento adicional. Se intercambiaron expresiones artísticas por el día de las madres, del educador y por fin de año; objetos bellos realizados con sus propias manos con gusto y una estética, un presente apropiado que contribuye al saneamiento del entorno y a la concientización de la necesidad de reutilizar.

El trabajo en el huerto se dosificó con dos frecuencias semanales, las actividades realizadas fueron las de riego, escalde, guataquea y poda. Se creó un vivero de plantas maderables que fueron sembradas en terrenos yermos. Para los limitados físicos motores la carga de ejercicio físico fue supervisada de forma cuidadosa que desarrollara su musculatura con los apoyos y recursos necesarios debidos. Las técnicas de agricultura sostenible fueron  debidamente seleccionadas para que aportaran nutrientes al suelo y no se utilizaron productos químicos. Los escolares con discapacidad fueron capaces de percibir  desde la agricultura el cuidado del medio ambiente y de su salud.

Las excursiones se realizaron con una frecuencia mensual a las fincas de los campesinos productores del municipio, un total de nueve excursiones en el curso. Largas caminatas dosificadas en cortos tramos caminadas en una marcha lenta para que estimulara la circulación en los escolares con discapacidad. Los productores agrícolas sostenibles del municipio son adultos mayores del grupo y brindaron su finca como medio de enseñanza para la capacitación de los contenidos agrarios. Se realizaron recorridos por la finca donde los escolares con discapacidad pudieron recolectar ejemplares de plantas y frutales. Se hacían brindis con plantas medicinales, aromáticas y se degustaban frutas, lo que repercutió en la alimentación sana del grupo. Tanto los productores como los docentes tenían una retroalimentación, un ambiente sano en contacto con la naturaleza que les permitió disminuir los niveles de estrés, aspecto que propició la Educación Ambiental en estos escolares.

El saneamiento del entorno, se realizaron recorridos para la recolección de materiales no degradables con los debidos medios de protección. Estos objetos fueron convertidos en medios de enseñanza por los escolares con discapacidad intelectual que se intercambiaron en exposiciones. Se creó una brigada de ahorro de agua y electricidad donde fueron capaces en compañía de un docente de comunicar de forma sencilla la importancia del ahorro y la repercusión para el planeta.

En la fase informativa se realizó el estudio de caso en un período de un año en el curso 2017-2018. Para lo cual se realizaron reuniones bimensuales para diseñar, coordinar y planificar las acciones del grupo multidisciplinario encargado de acometer el estudio de caso. En las mismas se seleccionó a un escolar con discapacidad al cual se le realizaría el estudio de caso. Las técnicas  utilizadas en dependencia del diagnóstico del escolar fueron: la observación participante para identificar los modos de actuación responsable ante el entorno y en colectivo, una guía de observación para delimitar el comportamiento responsable en el escolar con discapacidad intelectual; entrevista a profundidad: identificar en el hogar los modos de comportamiento responsable, pruebas pedagógicas: constatar el nivel de conocimiento del escolar ante el entorno. El estudio de caso arrojó que el escolar con discapacidad intelectual y su familia poseían modos de comportamiento responsables con el medio y, estos a su vez, fueron modificados en cuanto al diagnóstico inicial, no obstante necesitan  llamados de atención en su hogar.

El estudio de caso fue un método exhaustivo y contó con un equipo multidisciplinario y abierto que lo realizó de forma fluida. Los instrumentos poseen validez. Se realizó una comparación entre el diagnóstico inicial y el estado actual en cuanto a análisis cuantitativo y/o cualitativo de los datos arrojados. Existieron cambios significativos en cuanto a la percepción del riesgo ambiental. El reciclaje de los desechos del hogar no resultó satisfactorio, comprendían su importancia, aún así persistieron modos de actuación inadecuados. La reducción controlada de productos en el hogar se realizó por un saneamiento de la vivienda. Se pudo  reutilizar y reducir el plástico, cartón y cristal en la creación de objetos útiles. La reutilización de subproductos agrícolas fue eficiente con la vinculación de productores del municipio. La utilización eficientemente de los desechos orgánicos se creó abono orgánico con el desecho de la comida pero los cambios no fueron significativos ya que requería de una inversión económica, el tratamiento seguro de los productos químicos fue insuficiente, conocían los daños de los productos pero consideraban necesaria su utilización; el ahorro del agua y energía fue significativo.

Análisis del estudio de caso

Haga clic sobre la imagen para ampliarla

DISCUSIÓN

La Educación Ambiental de escolares con discapacidad intelectual es un tema de interés en nuestro país y la comunidad.

La comunidad donde está enclavada la escuela modificó los modos de actuación con respecto a los desechos de su hogar.

A través del estudio de caso se pudo constatar en el hogar que la familia había cambiado sus modos de actuación en relación con los desechos del hogar. Que era más receptiva ante la capacitación de los docentes.

Los docentes registraban de forma sistemática las actividades relacionadas con la temática medioambiental en los expedientes psicopedagógicos. Sus clases contemplaban desde la interdisciplinariedad los problemas de su localidad y las vías educativas de solución.

Los escolares con discapacidad se encontraban más atentos y motivados ante la temática. Desarrollaron la imaginación y la creatividad con la utilización de los medios propuestos.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El análisis de los antecedentes y las investigaciones teóricas sobre La Educación Ambiental en primer lugar, se apreció cómo  la Educación Ambiental en escolares con discapacidad intelectual aún atraviesa por limitaciones y desafíos no resueltos en la actualidad, a tono con las transformaciones y perspectivas de la Educación Especial y en segundo lugar, determinar las bases científicas que sustentan este proceso a partir de los postulados del Enfoque Histórico Cultural.

El estudio realizado reveló que la Educación ambiental en escolares del primer ciclo con discapacidad intelectual requiere resolver la insuficiencia en los métodos, los procedimientos, medios utilizados por los docentes, las formas de organización y evaluación; el enfoque integral, positivo, personalizado y desarrollador,  reflejado en las caracterizaciones psicopedagógicas; la correspondencia de las acciones de las estrategias educativas con las características del escolar; la consideración de las características de las etapas de diagnóstico, planificación,  ejecución y control.

El estudio realizado reveló que en el proceso de la Educación ambiental en escolares del primer ciclo con discapacidad intelectual, los docentes poseen experiencia en la enseñanza y en el trabajo con los escolares junto a un marcado amor por su trabajo, motivación por la actividad que desempeñan, compromiso con la institución y su localidad. Por lo que las actividades que desarrollan están en correspondencia con el fin, los objetivos del nivel y de los programas.

Los resultados de los estudios realizados en el campo de investigación, la Educación Ambiental en la escuela especial, así como las acciones de reflexión colectivas permitieron la construcción de un sistema de conocimientos y medios para transformar el proceso de enseñanza aprendizaje de los escolares con discapacidad intelectual.

La aplicación del sistema de conocimientos para escolares del primer ciclo con discapacidad intelectual, que asisten a la institución Camilo Cienfuegos Gorriarán del municipio de Placetas, Villa Clara, permitió confirmar, a través de un estudio de caso, la factibilidad práctica de la propuesta en las condiciones concretas en que se desarrolló la investigación.

AGRADECIMIENTOS:

A los escolares de la Escuela Camilo Cienfuegos Gorriarán del municipio de Placetas, sobre todo a Dairon y su familia que me enseñan cada día. Gracias por brindame su tiempo y esfuerzo en la realización de esta investigación

A los trabajadores de la escuela por hacer suya de una forma u otra esta investigación.

FUENTES DE FINANCIACIÓN:

La presente investigación no requirió de fuentes de financiación para su aplicación, fue suficiente con el empeño y dedicación de los docentes y escolares con discapacidad intelectual para llevarla a término.

REFERENCIAS:

Álvarez, C. M. (1999). La escuela en la vida. La Habana, Cuba: Pueblo y Educación.

Camacho, D. E. y Jaimes, N. E. (2006). Relación entre actitudes y comportamientos ambientales en estudiantes de enfermería. Luna Azul, 24, doi: 10.17151/luaz.2016.43.15.

CITMA. (2017). Estrategia Ambiental Nacional provincia de Villa Clara Cuba 2017-2020. Medioambiente. Recuperado de: http:// www.patrimoniociudad.cult.cu.

Cuba. (2017). Anuario estadístico de Cuba 2017. Población. Oficina Nacional de Estadística. Recuperado de: http://www.one.cu/aec2016/03 Poblacion.pdf

González, E. G. y Ortega, M. Á. (2009). La educación ambiental institucionalizada: actos fallidos y horizontes de posibilidad. Horizontes, 31(15).

Guerra, S. (2007). Necesidad del perfeccionamiento de la educación de escolares con retraso mental en las condiciones actuales del desarrollo educacional. La Habana, Cuba: Editorial  MINED.

Kemmis. (1988). Educational research, methodology and measurement, an international handbook. Exeter Wheaton & Co. Recuperado de: Link

Klingberg, L. (1987). Introducción a la didáctica general. La Habana, Cuba: Editorial Pueblo y Educación.

Labarrere, G. y Valdivia, G. E. (1988). Pedagogía. La Habana, Cuba: Editorial Pueblo y Educación.

Guevara, R.  (1986). Historia  de  Placetas. Placetas. Manuscrito.

Oficina Nacional de Estadísticas Cuba. (2017). Recuperado de www.onei.cu/EstadisticaPoblacion.

Santos, A. I., Bálaez, T. B., Soler, D., Llopiz, K. G. y Marín, L. L. (2013). Perfeccionamiento de la Educación Ambiental para el Desarrollo Sostenible desde el Sistema Nacional de Educación. Villa Clara, Cuba: Ministerio de Educación Dirección de Ciencia y Técnica del MINED.

Satélite (Cartographer). (2017). Mapa del pueblo de Placetas.  Recuperado de http://www.gosur.com/map/cuba/?satellite=1&lang=es

Saura, G. y Osés, R. (2016). Boletín de la vigilancia del clima. Centro Meteorológico de Villa Clara.

Toro, D. (2006). Ecología, ecologismo y Medio Ambiente. Luna Azul. Recuperado de http://vip.ucaldas.edu.co/lunazul/downloads/Lunazul1_9.pdf.

Valledor, R. F. y Ceballo, M. P. (2005). Metodología de la Investigación Educacional Para estudiantes de los Institutos Superiores Pedagógico. Cuba: Editorial Pueblo y Educación.

Verdugo, M. Á. (2002). Análisis de la definición de discapacidad intelectual de la Asociación Americana sobre retraso mental de 2002. Revista Española sobre Discapacidad Intelectual, Vol. 34 (1), Núm. 205. Recuperado de:http://scampus.usal.es/inicoinvestigacioninvesinicoAAMR_2002.pdf

Zarrilli, A. (2015). Política, medio ambiente y democracia, un debate que apenas comienza. Luna Azul,  41, 1-4.doi: 10.17151/luaz.2015.41.1.

1 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Profesora de Computación en la Facultad de Economía. Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas, Cuba. ORCID: 0000-0002-3321-2742.

2 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Doctor en Ciencias Pedagógicas. Profesor del Departamento de Educación Especial. Facultad de Educación Infantil. Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas.  Perfil de Google Scholar:ttps://scholar.google.es/citations?user=SbfxmdAAAAAJ&hl=es

3 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Doctor en Ciencias Pedagógicas. Profesor del Departamento de Educación Especial. Facultad de Educación Infantil. Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas.

Para citar este artículo: Coca, N., Martínez, P. A. y Álvarez, M. (2019). La educación ambiental en escolares con discapacidad intelectual. Revista Luna Azul, 49, 146-161. DOI: 10.17151/luaz.2019.49.8.

Esta obra está bajo una Licencia de Creative Commons Reconocimiento CC BY 

 Código QR del artículo

LOGROS Y DESAFÍOS DE LA RED UNIVERSITARIA REDMA: POR LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN CUBA

Tania Merino Gómez¹ 

Recibido: 5 de abril de 2018, Aceptado: 2 de abril de 2019, Actualizado: 24 de junio de 2019

DOI: 10.17151/luaz.2019.49.6

RESUMEN

Entre los temas más citados que hacen parte de las preocupaciones del mundo actual están la sostenibilidad ambiental y el desarrollo, no solo desde la reflexión de teóricos, humanistas, políticos y otros, sino también desde las agendas y agencias internacionales que los han posicionado como prioridad básica a ser atendida como salvaguarda de la vida en el planeta, en este sentido, la internacionalización de la economía y de los problemas socioculturales como la crisis ambiental y de valores, se tornan en asuntos medulares a considerar en la formación de profesionales. Desde la Educación Superior cubana, el logro de los fines mencionados está estrechamente relacionado con la capacidad de movilización colectiva y de proyección responsable de acciones que ofrece el trabajo en redes, de ahí que el objetivo de la presente disertación sea exponer los principales avances y resultados que ofrece hoy la Red de Medio Ambiente del MES (REDMA), en sus más de 20 años de conformada donde, desde la investigación y el intercambio científico, se integran procesos y políticas en la gestión del conocimiento y la innovación en favor del medioambiente, la prevención de riesgos y peligros, y la adaptación al cambio climático; las vías utilizadas para la compilación y selección de las mejores experiencias fueron el registro de información y la sistematización; los resultados expuestos evidencian sus contribuciones a la formación integral y multifacética de profesionales comprometidos con el desarrollo económico-social y sostenible del país.

Palabras claves: educación, desarrollo sostenible, medioambiente, redes

ACHIEVEMENTS AND CHALLENGES OF THE REDMA UNIVERSITY NETWORK: FOR THE ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY OF HIGHER EDUCATION IN CUBA

ABSTRACT

Among the most cited issues that are part of the concerns of today's world are environmental sustainability and development, not only from the reflection of theorists, humanists, politicians and others, but also from international agendas and agencies which have positioned them as a basic priority to be addressed as a safeguard of life on the planet. In this sense, the internationalization of the economy and socio-cultural problems, such as the environmental and values crises, become core issues to be considered in the training of professionals. From the Cuban Higher Education, the achievement of the aforementioned purposes is closely related to the capacity of collective mobilization and responsible projection of actions offered by networking. Hence, the objective of this reflection is to present the main advances and results offered today by the Environment Network of the MES (REDMA), in its more than twenty years of formation where, from research and scientific exchange, processes and policies are integrated into knowledge management and innovation in favor of the environment, the prevention of risks and dangers, and the adaptation to climate change. The routes used for the compilation and selection of the best experiences were the registration of information and systematization. The exposed results show their contributions to the comprehensive and multifaceted training of professionals committed to the economic-social sustainable development of the country.

Keywords: education, sustainable development, environment, networks

Introducción

Los cambios en la concepción del mundo que se representa el hombre como resultado de la experiencia acumulada, así como el impacto del descubrimiento de nuevos hechos y fenómenos en la actividad, ha permitido la transformación de la experiencia histórico-social en cultura, la cual se enriquece con el propio desarrollo de la humanidad.

En tal sentido, la educación desempeña un papel esencial dada su propia dinámica y se le asume según Martínez et al. (2004) como “proceso de socialización, de enseñanza-aprendizaje, de formación y desarrollo de la personalidad en dependencia del nivel de generalización con que se analice” (p.13).

En la definición, se hace especial énfasis en las relaciones educación, instrucción, enseñanza, aprendizaje y desarrollo, las que, llevada al plano de la formación ambiental de profesionales, han de materializarse mediante un proceso pedagógico de la educación superior centrado en la preparación para la vida y la profesión; distinguido a su vez por su carácter integral, renovador y contextualizado, en el cual se articulan a los contenidos de enseñanza, los aprendizajes resultantes del desarrollo científico técnico y de la historia local.

De igual forma, la dimensión ambiental de este proceso según Díaz (1999), Roque, (2003), McPherson (2005), Merino (2010), Leff (2010), Lugo (2012) y Carvalho, Cavalari y Silva (2015), coloca al estudiante en posición de comprender las relaciones de interdependencia con su entorno a partir del conocimiento reflexivo y crítico de la realidad biofísica, social, política, económica y cultural y que, derivado de este análisis, se generen en él actitudes de valoración y respeto por el medio ambiente, las cuales deben estar marcadas en criterios para el mejoramiento de la calidad de vida y el desarrollo sostenible.

La visión de concebir y proyectar el desarrollo sobre la base de la resiliencia ecosistémica y la salvaguarda de la herencia cultural de los pueblos, reclama una verdadera transformación del saber ambiental no solo en el sentido de las exigencias en el manejo integral de los recursos naturales sino en el de la aparición de una nueva ética estructurada esencialmente en nociones, conceptos y actitudes de convivencia armónica, responsabilidad, austeridad, respeto, equidad, sostenibilidad y solidaridad.

En Cuba asumir el compromiso con la Agenda al 2030 implica no desestimar el esfuerzo interinstitucional que se puso en pie para alcanzar los objetivos de Desarrollo del Milenio, asimismo constituye una fortaleza que los criterios de desarrollo para nuestro país coincidan en muchos sentidos con los ODS y sus metas. En este sentido, en Cuba se comparten muchos esfuerzos con otros países de la región latinoamericana y del caribe para “consolidar la educación superior como un bien público social, un derecho humano y universal y un deber del Estado, siempre al servicio del progreso de nuestros pueblos” (IESALC-UNESCO, 2008, p.1).

La Educación Superior cubana se centra en la formación de un profesional de perfil amplio dotado de una formación básica que lo prepara para resolver los problemas más generales y frecuentes que se presentan en su objeto de trabajo. Las principales fortalezas que apoyan el proceso y sus resultados, radican en la prioridad dada a la educación en nuestra sociedad, la creciente solidez de alianza con las empresas, organismos e instituciones sociales, la preparación del claustro y el trabajo cooperado en redes desde las que se gestiona el conocimiento científico.

La visión de procesos universitarios orientados al Desarrollo Sostenible, según Alarcón (2016)

[…] compatibiliza la satisfacción de las necesidades, opciones y capacidades del ser humano como protagonista del desarrollo, garantizando la cultura, distribuyendo adecuadamente los costos ambientales y ampliando la participación social. Todo ello exige la aplicación integral de políticas económicas, sociales y ambientales y el protagonismo de los actores a los niveles: local, regional, nacional y global. Ese modelo pone gran énfasis en los temas de equidad e inclusión social. (p.3)

En las universidades, las redes académicas representan un medio de comunicación con una estructura compleja, en la que cada nodo es un usuario del sistema. Estas, según Reynaga, y Farfán (2004), permiten una interesante sinergia mediante interacciones entre sus miembros debido a que " […] comparten intereses, fuerzas y puntos de apoyo con el propósito de dialogar, encontrar respuestas, construir conocimientos y unirse en la búsqueda o creación de soluciones respecto a una temática o problema" (p.3).

La Red de Medio Ambiente del Ministerio de Educación Superior (REDMA), con más de 2o años de experiencia y labor, aglutina a los principales líderes científicos que organizan y conducen procesos y acciones asociadas a la investigación, la gestión y la educación ambiental universitaria como elemento básico de la vinculación universidad–sociedad–empresa y desarrollo sostenible.

En sus inicios como red académica en la que investigadores y líderes científicos de varias universidades comienzan a intercambiar experiencias que, fundamentalmente en la actividad investigativa, se comenzaban a acumular; se centró en la formación de recursos humanos y en el despliegue de una labor educativa encaminada a la concientización de los estudiantes desde una ambientalización curricular y sus vínculos comunitarios desde el extensionismo universitario.

Hoy día, por la connotación que la problemática ambiental del país ha tomado en los procesos políticos, económicos y sociales, se tornó como necesidad el redimensionamiento de sus metas como vía para la interacción dinámica entre los actores de la gestión y la educación ambiental, de modo que se fortaleciera la cultura ambiental hacia dentro y fuera de los campos universitarios.

En sus más de 20 años de conformada, su misión y visión se ampliaron y atemperaron a las prioridades que el desarrollo socioeconómico del país y el contexto internacional fueron exigiendo del profesional cubano en temas de formación ambiental, pero siempre bajo la consideración del ambiente como un sistema complejo y dinámico de interrelaciones ecológicas, socio-económicas e histórico-culturales que condicionan el proceso. Por ende, las directrices que guían el trabajo de REDMA entre las universidades cubanas se han encaminado hacia una formación ambiental profesionalizada con la finalidad de

• Facilitar y gestionar procesos para la instrumentación de políticas y estrategias ambientales en universidades y entidades de ciencia como elementos básicos de la gestión del conocimiento ambiental, el aporte de tecnologías y la innovación
• Recomendar a actores claves de la sociedad civil y del Estado sobre la gestión del conocimiento ambiental universitario para el desarrollo sostenible 
• Integrar los procesos universitarios al sistema multisectorial de vinculación universidad–sociedad–sector productivo y de servicios en función de desarrollar planes conjuntos de acción orientados a metas comunes que respondan a prioridades nacionalmente establecidas 
• Internacionalizar estrategias, modelos y buenas prácticas ambientales para promover una educación de calidad entre universidades y redes académicas de la región

Al concluir el año 2016, termina el proceso de integración de las universidades y, como resultado, se aportan nuevos contextos tanto cualitativos como cuantitativos diferentes con fortalezas que se tornaron en líneas bases para perfeccionar el trabajo y funcionamiento de REDMA encaminado al fortalecimiento institucional, la gestión de la ciencia y la innovación en la actividad ambiental mediante la asesoría, el acompañamiento y la formación de capacidades.

El presente trabajo muestra un análisis de los principales resultados alcanzados en el pasado año, momento que coincide además con la aprobación y puesta en marcha de la nueva estrategia ambiental sectorial para el período 2017-2021. El objetivo fundamental radica en promover valoraciones y reflexiones que renueven los procesos de desarrollo sostenible de la educación superior basados en la movilización e integración de recursos potenciales y propios de cada universidad y ECTI.

Metodología

La planificación y evaluación de un nuevo ciclo estratégico para el período 2016-2020, se llevó a cabo desde una metodología de construcción colectiva entre los coordinadores regionales de REDMA, la consulta al consejo de especialistas y su aprobación final como política. El proceso inició con la identificación de las fortalezas y debilidades declaradas por cada entidad y desde cada proceso universitario durante el período 2011-2015. La guía utilizada en la autoevaluación (se muestra en el anexo 1). 

Una vez determinada la línea base sobre la cual comenzar la planificación del nuevo ciclo estratégico (MES, 2015), se procedió, mediante el estudio documental, a la definición de principios y objetivos encaminados al desarrollo de una formación ambiental de calidad en una universidad innovadora e integrada, en este proceso se consideraron como rectoras las prioridades de la Educación Superior cubana y de cada una de ella se derivaron los objetivos de trabajo de REDMA desde una nueva estrategia ambiental, lo que quedó de la siguiente forma:

1. “Incorporar creadoramente la innovación apoyada en el conocimiento y en la transformación pertinente y sostenible de los procesos sustantivos universitarios”; para ello en la estrategia ambiental 2016-2020 se propuso desarrollar procesos de coordinación e intercambio que potencien la integración interdisciplinaria y transdisciplinaria de la educación ambiental a las funciones sustantivas en las universidades, los centros universitarios municipales, las entidades de ciencia tecnología e investigación.
2. “Proyectar la integración social pertinente de toda la educación superior innovadora hacia el desarrollo sostenible del país, los sectores productivos, los territorios y las comunidades, con expresión en la calidad, pertinencia e impacto de todos los procesos universitarios en los diferentes objetivos de trabajo”, su reflejo en la estrategia ambiental 2016-2020 se evalúa en la formación de un profesional consciente de que el uso racional de los recursos naturales, sociales y económicos, así como la conservación de los ecosistemas, constituyen la base de la sostenibilidad del desarrollo. 
3. “Gestionar con pertinencia macroproyectos complejos y relevantes articulados con la política de desarrollo económico y social hasta el 2030, con resultados de alto impacto que requieran explícitamente una integración sostenible”, en este sentido, la estrategia orienta hacia la gestión, aprobación y ejecución de proyectos de I+D+i que, articulados con la política de desarrollo económico y social hasta 2030 y con los escenarios nacionales e internacionales, alcancen impactos significativos en la gestión integral de los recursos naturales y los ecosistemas, el enfrentamiento al cambio climático, la producción de alimentos, la disminución de fuentes contaminantes y la mejora de la calidad de vida en los asentamientos humanos. 
4. “Desarrollar y aplicar un sistema de gestión orientado a la calidad basado en la integración gradual de los procesos y en la sostenibilidad de la educación superior” para este caso se propone perfeccionar la gestión ambiental hacia el interior y exterior de las entidades de la educación superior.

La construcción y aprobación definitiva de la estrategia y sus metas pasó por un proceso de consulta con especialistas de las direcciones que rectoran los diferentes procesos universitarios; así como por su análisis en las reuniones regionales y nacionales de la red en cuestión, lo que permitió que investigadores, docentes y especialistas en la temática enriquecieran el documento y aportaran criterios valiosos para el programa de implementación y evaluación anual. En estos intercambios se definió la necesidad de establecer nuevas líneas bases, toda vez que a partir del proceso de integración, los contextos universitarios son completamente diferentes a lo evaluado en el cierre de la estrategia 2011-2015.

La autoevaluación por cada entidad, el estudio documental y la consulta a especialistas, permitieron la conformación de la versión definitiva de estrategia ambiental en la que se definieron, por cada objetivo, las líneas de acción priorizadas y los indicadores para su evaluación. Para la valoración general del trabajo de REDMA en 2017 se siguió la misma metodología apoyada en los métodos de autoevaluación, consulta y presentación-aprobación ante consejos científicos y administrativos. Seguidamente, se presentan los principales resultados constatados por cada una de las áreas de trabajo, así como por los objetivos y metas propuestas.

Resultados y discusión

Objetivo 1: “Formar un profesional consciente de que el uso racional de los recursos naturales, sociales y económicos, así como la conservación de los ecosistemas, constituyen la base de la sostenibilidad del desarrollo”.

• En este objetivo se trabajó en la actualización de contenidos ambientales del perfil de cada carrera y se han derivado por año de formación según disciplinas y asignaturas. Se reorientaron las estrategias curriculares de formación y educación ambiental. 
• En la planificación e implementación de los planes de estudio E se ampliaron y diversificaron los contenidos ambientales a partir de ofertar asignaturas optativas/electivas, orientadas hacia las particularidades de cada profesión. 
• En las direcciones de Formación del Profesional y Extensión Universitaria se elaboraron instructivos metodológicos para la implementación de acciones encaminadas a la mitigación y adaptación al cambio climático como parte de las acciones de Tarea Vida. 
• Se incrementaron los proyectos educativos ambientales con impacto en las comunidades desde la extensión universitaria y la práctica laboral. Al finalizar el año 2017 se pudo evaluar la ejecución de 285 proyectos socio-comunitarios desarrollados en el 92 % de los municipios del país. 
• En todas las universidades existen uno o varios grupos científicos que profundizan en la problemática ambiental local y su impacto en los procesos socio-económicos, igualmente se incrementan en número los trabajos de curso y de diploma. Crecieron los trabajos premiados en fórums estudiantiles de Ciencias técnicas y Ciencias Agropecuarias y por las BTJ que tratan la temática medioambiental. 
• Se incrementó en un 12 % el número de investigadores y profesores con categoría docente superior que investigan en temas de educación y gestión ambiental. Se capacitó en temas de la legislación vigente que regula el uso y almacenamiento seguro de sustancias peligrosas a especialistas de medioambiente y vicerrectores que atienden la investigación y el postgrado. 
• Se incrementó la preparación ambiental del claustro universitario en actividades de seguridad nacional, reducción de desastres y cambio climático mediante ciclos de conferencia y otras modalidades de postgrado. 
• Se planificaron nuevos temas de tesis doctorales que integran la actividad ambiental en correspondencia con el desempeño profesional y la sistematización de resultados. 
• Se satisfizo en más del 90 % las demandas de capacitación y postgrado solicitadas por entidades nacionales y territoriales. Los programas académicos de Maestría y Doctorado están certificados y avalados como de excelencia por la Junta Nacional de Acreditación, tal y como muestra la tabla 1.

Tabla 1. Programas académicos en ejecución con atención al tema ambiental 

Fuente: Prontuario Estadístico de la Educación Superior. Curso 2016-2017 (MES, 2017).

• Se capacitó a productores locales para la introducción de buenas prácticas que favorecen el uso sostenible de recursos naturales y la minimización de daños ambientales. 
• En los trabajos finales de los Diplomados y Especialidad de Administración Pública y Dirección y Gestión Empresarial se incrementó la consideración del tema ambiental para la toma de decisiones en procesos organizacionales y de gestión.

Objetivo 2: “Gestionar la aprobación y ejecución de proyectos de I+D+i sobre recursos naturales y los ecosistemas, la adaptación al cambio climático, la producción de alimentos, la disminución de fuentes contaminantes y la mejora de la calidad de vida en los asentamientos humanos”.

• Se crearon espacios para la sistematización de experiencias de educación ambiental en la formación profesional, la actividad de ciencia, tecnología e innovación, la extensión universitaria y el postgrado. Las universidades y entidades de ciencia organizaron talleres para la socialización de resultados de proyectos ambientales en las convenciones y eventos científicos que organizan. 
• En el congreso Universidad 2018 el Taller sobre Medioambiente y Energía ofertó dos cursos pre-congresos, conferencias magistrales y tuvo mayor número de ponencias con respecto a la edición anterior. 
• Se incrementaron las publicaciones en revistas científicas y la producción de fondos bibliográficos para la integración de la dimensión ambiental en la formación de profesionales y la investigación científica. 
• Se incrementaron con respecto al año anterior el número de resultados de I+D+i con impactos significativos en las diferentes áreas de atención de la actividad ambiental (biodiversidad, manejo de suelo-agua-bosques, adaptación al cambio climático, zona costera, contaminación y educación-sensibilización ambiental) (anexo 1). 
• Todas las universidades y entidades de ciencia son portadoras de reconocimientos provinciales y nacionales que otorga el Ministerio de Ciencia Tecnología y Medioambiente por sus contribuciones al medioambiente. Del total de premios otorgados por la Academia de Ciencias en el año 2017, 19 de ellos hacen alguna contribución al tema ambiental. 
• Se logró el aporte de tecnologías y las capacidades de absorción correspondientes en varios municipios con peso en la producción de alimentos, el uso de fuentes renovables de energía y el hábitat bajo condiciones de adaptación al cambio climático. Estas están siendo incorporadas para su generalización en el Plan nacional de Enfrentamiento al Cambio Climático (Tarea Vida). 
• Se impartieron diplomados y cursos a equipos de dirección de gobiernos municipales, a colectivos gestores y emprendedores locales para la formación de capacidades en la gestión y desarrollo de Programas Integrales de Desarrollo Municipal con énfasis en medioambiente y educación ambiental.

Objetivo 3. “Perfeccionar la gestión ambiental hacia el interior y exterior de las entidades de la educación Superior”.

• Hay una participación de universidades y entidades en los planes de manejo de los ecosistemas naturales y productivos de su entorno. 
• Mediante la implementación de resultados de proyectos de I+D+i y en alianzas con centros de investigación y gobiernos, las universidades se insertaron en planes de manejo de los ecosistemas naturales y productivos de su entorno (PIAL, Manglar vivo, Hábitat 2, OP-15, Bioenergía, BIOFIN, en particular Tarea Vida y otros). 
• Se incrementaron las capacidades de monitoreo y garantía para el uso racional y productivo del agua y control a la contaminación provocada por el vertimiento de residuos líquidos y sólidos en la población universitaria y en cada institución. 
• Se hizo el diagnóstico de las instalaciones y redes hidrosanitarias para la identificación de pérdidas. Se sustituyeron muebles hidrosanitarios, herrajes, equipos de bombeo, válvulas y fluxómetros; se impermeabilizaron tanques y cisternas y se dio mantenimiento a redes interiores y exteriores. 
• Se confeccionaron y evaluaron el cumplimiento de planes de acción para la eficiencia energética y el enfrentamiento a la sequía, el vertimiento de residuales y la contaminación en los campos universitarios. 
• Para tener disposición de recursos humanos y financieros para el mantenimiento, restauración y/o rehabilitación de los paisajes y ecosistemas naturales y urbanísticos de los campus universitarios se ajustó el presupuesto, que también incluyó la implementación del plan de acciones asociado a la Tarea Vida. 
• Sobre el perfeccionamiento del registro y control en el almacenamiento, utilización y eliminación de los productos químicos y desechos peligrosos, según orienta la legislación vigente, se aprobó por las autoridades competentes y se pusieron en marcha planes de medidas para la disminución de las sustancias ociosas presentes en las entidades. 
• Se actualizaron los inventarios de sustancias peligrosas en regular y mal estado presentes en las universidades luego de culminado el proceso de integración. Hubo un incendio derivado, hasta el momento, por estas sustancias, en la Universidad de Oriente aunque se estudian las causas. 
• En cuanto a la actualización y consulta permanentes de los resultados de los Estudios de Peligro, Vulnerabilidad y Riesgo (PVR) en cada territorio y su consideración en la ejecución de los procesos universitarios , se aprobaron por el consejo asesor de la Agencia de Medioambiente los estudios de PVR para desastres tecnológicos, epizootias, epifitias e inundaciones de las provincias Las Tunas, Holguín, Villa Clara, Camagüey y Santiago de Cuba, con presencia significativa de profesores y estudiantes de universidades y entidades de ciencia en los colectivos de autores.

Objetivo 4: “Fortalecer la Red de medioambiente del MES como núcleo coordinador y facilitador de procesos y acciones que se deriven de los objetivos anteriores hacia dentro y fuera del organismo”.

• Relativo al fortalecimiento de nodos, la Universidad de La Habana, la Universidad Agraria de La Habana, el Instituto Superior Minero Metalúrgico de Moa, la Universidad Central Marta Abreu de las Villas, la Universidad de la Isla de la Juventud y la Universidad de Cienfuegos, funcionaron durante 2017 como centros coordinadores de las principales acciones desarrolladas por la REDMA. 
• Los nodos central y occidental incrementaron la planificación y desarrollo de actividades conjuntas que los refuerzan como red. 
• En cuanto a la conexión entre líderes científicos para la ejecución de proyectos integrados en el contexto nacional, se fortalecen las relaciones de REDMA con las redes de Formación Ambiental y Mapa Verde, así como con las redes de energía y prevención de desastres sanitarios (propias del MES) y en el contexto internacional se firman nuevos convenios con redes como REIMA y RUITEN que refuerzan la conexión entre líderes científicos.

Conclusiones

El análisis y valoración del trabajo de REDMA por área de resultado clave y objetivos de trabajo permitió la identificación de las principales fortalezas con que cuentan hoy las instituciones del MES y la propia red en sí, para continuar perfeccionando los procesos universitarios, así como el redimensionamiento de estos hacia la sostenibilidad ambiental y el desarrollo.

El diseño y puesta en marcha de un sistema de comunicación entre los diversos actores dirigido a mantener la interacción y la creatividad en los elementos fundamentales de la cultura ambiental universitaria a través de los recursos que se disponen en cada entidad, facilitarán la planificación, seguimiento y la evaluación sistemática de acciones y proyectos integrados que perfeccionen la formación ambiental de profesionales y el vínculo universidad-sociedad-empresa y desarrollo sostenible.

El trabajo en redes, y en especial el desarrollado por REDMA, ha permitido el desarrollo y la consolidación de capacidades en las temáticas ambientales con énfasis en el acompañamiento de procesos y la formación de profesionales, de modo que se facilite la participación y el empoderamiento de los actores en los contextos universitarios y fuera de este para la toma de decisiones y la generación de propuestas de soluciones a problemáticas ambientales de diferente índole.

Referencias

Alarcón, R. (2016). Universidad innovadora por un desarrollo humano sostenible: mirando al 2030. Conferencia Inaugural del Congreso Universidad 2016, La Habana, Cuba.

Carvalho, L. M.,  Cavalari, R. M. y Silva, D.  S. (2015). Ambientalização nas Instituições de Ensino Superior: as teses e dissertações em Educação Ambiental desenvolvidas no Brasil. In A. F. S. Guerra. (Org.), Ambientalização e Sustentabilidade nas Universidades: subsídios, reflexões e aprendizagens. País: Brasil editorial UNIVALI.

Díaz, R. (1999). Hacia una didáctica del medio ambiente. Soporte digital. Las Tunas, Cuba: Instituto Superior Pedagógico Pepito Tey.

IESALC-UNESCO. (2008). Declaración final de la conferencia Regional de Educación Superior de América Latina y el Caribe. Recuperado de http://www.oei.es/hitorico/salactsi/cres.htm.

Martínez, M. et al (2004). Reflexiones teórico- prácticas desde las ciencias de la Educación. Ciudad de La Habana, Cuba: Pueblo y Educación.

McPherson, M. (2004). La dimensión ambiental en la formación inicial de docentes en Cuba. Una estrategia metodológica para su incorporación (tesis doctoral). Instituto Central de Ciencias Pedagógicas, Ciudad de La Habana, Cuba.

Merino, T. (2010). Estrategia pedagógica de educación ambiental para el preuniversitario (tesis doctoral). Universidad de Ciencias Pedagógicas, La Habana, Cuba.

Ministerio de Educación Superior – MES. (2015). Objetivos de trabajo de la organización para el año 2016. La Habana, Cuba: Editorial Universitaria Félix Varela.

Ministerio de Educación Superior – MES. (2017). Prontuario Estadístico de la Educación Superior. La Habana, Cuba: Editorial Universitaria Félix Varela

Reynaga, O. y Farfán, F. (2004). Redes académicas… potencialidades académicas. Ponencia presentada en el Cuarto Congreso Nacional y Tercero Internacional “Retos y expectativas de la Universidad”. Universidad de Guadalajara, Guadalajara, México.

Roque, M. (2003). Estrategia educativa para la formación de la cultura ambiental de los profesionales cubanos de nivel superior, orientada al desarrollo sostenible. (tesis doctoral). Instituto Superior Pedagógico Enrique José Varona, Ciudad de La Habana, Cuba.

1 Máster en Didáctica de la Biología y Doctora en Ciencias pedagógicas, Ministerio de Educación Superior, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., 0000-0002-7129-3715

Anexos:

Anexo 1. Indicadores para la determinación de fortalezas y debilidades de la actividad ambiental en los procesos universitarios.

Asociado al funcionamiento de las actividades de formación, postgrado, investigación y desarrollo local a la que se vinculan los grupos o centros de estudio de medio ambiente en las diferentes entidades de la educación superior, se proponen un sistema de indicadores a considerar para la determinación de fortalezas y debilidades en consonancia con los objetivos de la estrategia ambiental sectorial del período 2011-2015.

         1. Sobre la formación de profesionales:

• Estado de actualización de los contenidos ambientales en planes y programas de las disciplinas por carreras (especificar tratamiento transversal o asignaturas específicas según el caso).
• Cantidad y temática de los cursos optativos-electivos que se desarrollan asociados a temas ambientales
• Estudiantes y/o grupos estudiantiles que investigan en temas ambientales. Especificar modalidad: extracurricular, de alto aprovechamiento (estudiantes de tercer año en adelante), grupo o sociedad estudiantil y asociados a proyectos (especificar el nombre del proyecto).

         2. Sobre la superación y el postgrado:

• Modalidad y nombre de las formas de superación ejecutadas en el año (especificar público meta).
• Programas de maestría en ejecución y graduados en el año (especificar sectores favorecidos).
• Programas de doctorado en ejecución y graduados en el año (especificar sectores favorecidos).

   3. Sobre la actividad de I+D+i

• Participación de especialistas en la investigación (profesores, adiestrados y reservas científicas según sea el caso).
• Participación en programas científico-técnicos (título de los programas, proyectos que se ejecutan según Resolución 44/2012 del CITMA, resultados en el año y comprometidos para 2016, especificar financiamiento y fuente).
• Participación en grupos de trabajo temporales de interés nacional o territorial (tareas comprometidas y resultados obtenidos).
• Creación y/o participación en espacios de socialización (eventos científicos precisando nombre y lugar, seminarios, talleres, conferencias, trabajo en redes científicas y académicas, otros).
• Publicaciones científicas en el año (artículos publicados en Cuba, artículos publicados en el extranjero, artículos publicados en revistas de alto impacto, libros, monografías, otros).
• Reconocimientos y premios (investigaciones premiadas en Fórum de Ciencia y Técnica separando estudiantes y profesores, Premios Academia, reconocimientos del CITMA, otros).
• Contribución económica de la actividad científica desarrollada (aporte económico por valor de los servicios científico-técnicos, las tecnologías y/o la producción; ingresos obtenidos según sea el caso).

  4.  Sobre el trabajo articulado con los CUM de modo que se impacte en el desarrollo local.

• Aportes en la gestión del conocimiento y la innovación a partir de la integración de los procesos sustantivos de la universidad con el entorno económico, social y ecológico local.
• Contribución al fortalecimiento de capacidades en función de un desarrollo local sostenible.
• Participación en proyectos extensionistas que favorecen la gestión y educación comunitaria en materia de medioambiente y desarrollo local (especificar título del proyecto y resultados alcanzados en el año).

   5. Sobre el estado de cumplimiento de las metas comprometidas en la estrategia ambiental.

• Se contribuye a la reducción de la carga contaminante de origen orgánico e inorgánico, así como de las sustancias agotadoras de la Capa de Ozono que se dispone al medio ambiente con particular atención en los ecosistemas priorizados (montaña, cuencas hidrográficas y bahías).
• Se actualiza el inventario de las instalaciones que manejan productos químicos peligrosos (según declaraciones anuales al CICA y al CNSQ).
• Se actualiza y controla el plan de educación y divulgación sobre el manejo seguro de sustancias químicas con alcance a la comunidad.
• Se planifican y gestionan medidas de enfrentamiento al cambio climático resultantes de la implementación de las Directivas del Macroproyecto.
• Se contribuye a la ejecución de las acciones necesarias para la recolección y almacenamiento de desechos con contenido de mercurio, plomo y otros derivados de la actividad científica-económica de la entidad.
• Se consolidan los procesos de educación ambiental y su impacto en la formación de profesionales, en los ecosistemas priorizados y en la solución o mitigación de los problemas ambientales en la esfera de su competencia.
• Se fortalecen los procesos de comunicación ambiental para el desarrollo de capacidades en los medios de comunicación, comunidades e instituciones que contribuyan a la sensibilización, toma de conciencia y participación de la población en la protección del medioambiente y la disminución de indisciplinas sociales.

Anexo 2. Principales resultados científicos en tema ambiental alcanzados en 2017 

Conservación de la diversidad biológica: vegetación de pinares de Alturas de Pizarras ; Lista Roja de la Flora de Cuba, amenaza de los arrecifes de coral cubanos, catálogo de hongos y Myxomycetes; caracterización genética de poblaciones naturales, identificación de nuevas familias en ecosistemas costeros, dulceacuícolas, agro-ganaderos-productivos y con categorías especiales de manejo; rescate de herbario de la Escuela de Agronomía; monitoreo y control de especies exóticas invasoras; identificación de las causas del deterioro de poblaciones de especies endémicas y amenazadas; monitoreo de tortugas marinas en áreas protegidas; caracterización poblacional de Huertea cubensis y Juglans jamaicenses en el Parque Nacional Turquino; incremento de la diversidad biológica y el manejo agroecológico de plagas con incremento en la producción de alimentos; valoración de bienes y servicios ecosistémicos en zonas de interés nacional.

Protección de los suelos, agua y bosques: determinación del índice de peligro de incendios forestales; aforador portátil para riego eficiente, sensores para estimar la compactación de suelos, riesgo agroambiental por uso de tecnología en el cultivo de la papa; plantas autóctonas para bosques y jardines martianos, soluciones locales para el acceso al agua potable en poblaciones vulnerables; evaluaciones de impacto ambiental por procesos productivos; gestión del riesgo ante la seguía, aplicación de métodos de labranza para la conservación del suelo; impacto ambiental por la degradación de suelos ferralíticos rojos lixiviados.

Adaptación al cambio climático: herramienta metodológica para los análisis en el estudio del tiempo y el clima; alternativas tecnológicas sostenibles áreas ganaderas de Mayabeque; modelos de gestión costera para el cambio climático.

Disminución de agentes contaminantes: digestión anaerobia de residuos como recurso energético y ambiental; bioles para la sustitución de fertilizantes químicos; diseño de buque limpia-bahía; tecnologías de descontaminación de aguas con compuestos orgánicos persistentes; prácticas de producción más limpia; evaluación del riesgo ambiental por contaminación con mercurio en río Sagua la Grande, alternativas de tratamiento para residuales líquidos de minerales auríferos de Placetas, estudios ecotoxicológicos, biomonitoreos y evaluación de parámetros físico-químicos del agua para residuales, estudio contaminación del aire a escala local; evaluación físico química e impacto ambiental de las condiciones geo-ambientales de las aguas y sistema costero.

Divulgación y educación ambiental: mayor impacto de las universidades en la Jornada Pachamama Game Jam, con dos ediciones en el 2016; incremento de investigaciones de educación ambiental en escuelas, universidades, comunidades y empresas.

Para citar este artículo: Merino, T. (2019). Los logros y desafíos de la Red Universitaria REDMA: por la sostenibilidad ambiental de la evaluación superior en Cuba. Revista Luna Azul, 49, 109-125. DOI: 10.17151/luaz.2019.49.6.

 Esta obra está bajo una Licencia de Creative Commons Reconocimiento CC BY 

 Código QR del artículo