Manejo, valoración y atención de la fauna silvestre en el departamento del Valle del Cauca, Colombia
Carolina Morales-David1
Recibido: 18 febrero 2020 Aceptado: 07 septiembre 2021
DOI: 10.17151/luaz.2021.52.6
Resumen
La captura y el comercio de animales silvestres vivos es un problema grave en Colombia por su alta biodiversidad, al igual que el manejo y atención en centros de valoración y rehabilitación de los animales que son rescatados de estas actividades ilícitas. El objetivo del estudio fue evaluar los procesos de manejo de los ejemplares de fauna silvestre realizados en el Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre San Emigdio de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CAV-CVC). Se documentó el ingreso, mantenimiento y liberación de especímenes durante el período de 2011 a 2016. Se registró el ingreso de 3171 individuos, correspondientes a 193 especies. Los grupos con el mayor número de ingresos, por individuos y especies respectivamente, fueron las aves (43.8%, 51.8%), los reptiles (37.6%, 19.7%) y los mamíferos (13.8%, 25.9%). También se registraron 148 individuos de diferentes especies de invertebrados. Ingresaron 834 ejemplares de fauna silvestre por rescate, 555 por entregas voluntarias y 97 por decomisos. De acuerdo con la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), corresponden a especies de las categorías: Preocupación Menor (78.5%), Vulnerable (6.8%), Casi Amenazada (3.1%) y En peligro crítico o En Peligro (2.6%). Los mamíferos, y en particular los primates fueron el grupo taxonómico con mayor tiempo de permanencia dentro del CAV-CVC, y entre las aves, el orden Psittaciformes fue el que tuvo mayor permanencia al final del período de estudio. El mayor porcentaje de salidas lo representaron las liberaciones (39.0 %), las muertes (27.0 %) y la entrega a otras instituciones (7.0 %). No hubo información sobre el sitio de liberación para el 96% de los individuos. En los registros de salida de los ejemplares no se detalla la realización de evaluación sanitaria, pruebas paraclínicas y exámenes específicos para agentes patógenos, ni la utilización de marcajes para actividades de seguimiento y monitoreo de los individuos liberados. En conclusión, se evidenciaron aspectos en el manejo y atención para la vida silvestre en el CAV-CVC que requieren mayor atención y mejora, especialmente en relación a la atención veterinaria y a los protocolos de liberación y seguimiento de ejemplares rehabilitados y liberados.
Palabras clave: Conservación, tráfico ilegal de fauna, reintroducción, manejo de fauna silvestre.
Management, evaluation and care of wildlife in the Department of Valle del Cauca, Colombia
Abstract
The capture and trade of live wild animals is a serious problem in Colombia due to high biodiversity, as well as the management and care in assessment and rehabilitation centers of the animals that are rescued from these illegal activities. The objective of the study was to evaluate the management processes of the wild fauna specimens carried out in the San Emigdio Center for Attention and Assessment of Wild Fauna of the Regional Autonomous Corporation of Valle del Cauca (CAV -CVC). The entry, care and release of specimens at the CAV-CVC were documented from 2011 to 2016. The entry of 3171 individuals corresponding to 193 different species was recorded. The groups with the highest number of entries, by individuals and species respectively, were birds (43.8%, 51.8%), reptiles (37.6%, 19.7%) and mammals (13.8%, 25.9%). Also, 148 individuals of different species of invertebrates were recorded. A total of 834 specimens of wildlife were entered as rescue, 555 as voluntary deliveries, and 97 as confiscation. According to the International Union for the Conservation of Nature (IUCN) these are species of the categories: Least Concern (78.5%), Vulnerable (6.8%), Near Threatened (3.1%) and Critically Endangered or Endangered (2.6%). Mammals, and in particular primates, were the taxonomic group with the longest permanence within the CAV-CVC and, among birds, the order Psittaciformes was the one that had the longest permanence at the end of the study period. The highest percentage of exits was represented by releases (39.0%), deaths (27.0%) and delivery to other institutions (7.0%). There was no information on the release site for 96% of the individuals. In the output records of the specimens there was neither details of a sanitary evaluation, paraclinical tests and specific tests for pathogens carried out, nor records of the use of markings for activities of monitoring and tracking of released individuals. In conclusion, aspects in the management and care for wildlife in the CAV-CVC that require greater attention and improvement were evidenced, especially in relation to veterinary care and the release and monitoring protocols of rehabilitated and released specimens.
Keywords: Conservation, illegal wildlife trade, reintroduction, wildlife management.
Introducción
Dentro del comercio legal e ilegal de animales silvestres como mascotas se capturan anualmente millones de ejemplares de todos los taxones de vertebrados (Alves et al., 2016; Silva-Souto et al., 2017). Can et al. (2019) destacan que la base de datos de comercio CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres3) contiene registros de cerca de 11.6 millones de individuos silvestres exportados de 1316 especies a 189 países diferentes, entre 2012 y 2016.
Igualmente, los valores monetarios involucrados en su comercio, así como el número de individuos extraídos de la naturaleza en regiones tropicales, son alarmantemente altos (Roe, 2008; Silva-Souto et al., 2017). Sin embargo, para el comercio ilegal de vida silvestre es difícil obtener información veraz sobre las especies usadas, el origen y número de especímenes, el movimiento de dinero, así como de los impactos sobre las poblaciones naturales (Destro et al., 2012; Nascimento et al., 2015).
El comercio ilegal de vida silvestre tiene consecuencias de gran alcance sobre la biodiversidad y genera efectos ecológicos en cascada derivados de la pérdida de especies y del deterioro de los servicios ecosistémicos (Petrossian et al., 2016). Es por esto por lo que el conocimiento acerca de la magnitud del tráfico de animales puede ser un instrumento importante para la conservación, para la concienciación ambiental y para la implementación de medidas de cumplimiento y control (Freitas et al., 2015).
Colombia alberga más del 10 % de las especies vivientes del planeta, lo cual ha convertido al país en un centro importante del comercio ilegal de vida silvestre (Mendivelso & Montenegro, 2007; Mancera-Rodríguez & Reyes-García, 2008; Mancera-Rodríguez & Álvarez-León, 2008) y ha generado una alta extracción de ejemplares objeto de tráfico para su comercialización como mascotas, afectando las poblaciones naturales (Choperena-Palencia & Mancera-Rodríguez, 2016). De acuerdo con la Estrategia Nacional para la Prevención y Control del Tráfico Ilegal de Especies Silvestres, entre 2005 y 2009 se decomisaron un total de 211571 animales vivos en Colombia (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2012). Sin embargo, se estima que el número de decomisos puede representar solamente del 1-10% del total de animales comercializados (Mancera-Rodríguez & Reyes-García, 2008). La actividad de comercialización de especímenes vivos, así como el comercio de su carne o productos derivados se realiza con mayor frecuencia durante los períodos vacacionales y fines de semana, donde se presenta un aumento en el número de decomisos con respecto al resto del año (Baquero & Baptiste, 2003; Mojica et al., 2012).
El decomiso de ejemplares de fauna silvestre es realizado por diferentes entidades policivas y ambientales, y los individuos son entregados a las diferentes Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) que actúan como Autoridades Ambientales a nivel regional en Colombia. Estas Corporaciones manejan los Centros de Atención, Valoración y/o Rehabilitación (CAV) de Fauna Silvestre que se encargan del manejo, rehabilitación y destino final de los ejemplares que llegan por decomisos, entregas voluntarias o rescates, provenientes del tráfico ilegal (Choperena-Palencia & Mancera-Rodríguez, 2016).
Los datos recolectados por las entidades ambientales y los diferentes CAV en el país sobre animales rescatados, rehabilitados y liberados pueden proporcionar muchas oportunidades de investigación por el alto número de especímenes involucrados. Pyke y Szabo (2018) sugieren que estas bases de datos proporcionan una enorme riqueza de información que debe estar disponible para con su análisis mejorar el conocimiento y la toma de decisiones en los programas de conservación de especies.
A pesar de esto, son pocas las evaluaciones de los procedimientos técnicos y administrativos que se tienen en cuenta en el manejo posterior a los decomisos y en la recopilación de la información sobre el número de ingresos y el destino final de los animales (Asprilla et al., 2013; Carrascal et al., 2013; Rojas-Briñez et al., 2013; Suárez-Giorgi, 2016; Choperena-Palencia & Mancera-Rodríguez, 2016; Cáceres-Martínez et al., 2017; Choperena-Palencia & Mancera-Rodríguez, 2018). Por lo anterior, este artículo tiene por objetivo evaluar los diferentes procesos de manejo de los ejemplares de fauna silvestre, desde el ingreso de los ejemplares, su permanencia y su salida o destino final, realizados en el CAV-CVC, ubicado en el municipio de Palmira, Colombia, durante el periodo comprendido entre enero de 2011 a septiembre de 2016.
Materiales y métodos
Área de estudio
El estudio se llevó a cabo en el CAV-CVC, el cual es administrado por la Fundación para la conservación de la biodiversidad y el desarrollo sostenible del campo Colombiano (BIODESS), ubicado a 3º32’55’’ N - 76º12’03’’ O, y a 1269 m.s.n.m. en el corregimiento La Zapata, del municipio de Palmira, departamento de Valle del Cauca, Colombia. La zona registra una precipitación media anual de 1100 mm y una temperatura promedio de 23 °C. A dicho centro son dirigidos todos los ejemplares de fauna silvestre decomisados en las ocho Direcciones Ambientales Regionales (DAR) en que se divide la jurisdicción de la CVC.
Recopilación de información y análisis de datos
Con base en la información de registros diarios de ingreso, permanencia y egreso de ejemplares de fauna silvestre en el CAV-CVC, se generó una base de datos en hojas de cálculo del software Microsoft EXCEL® en la que se integró la información de cada individuo que ingresó al centro durante el período de enero de 2011 a septiembre de 2016. Todos los datos fueron clasificados en tres fases:
I. Ingreso: incluyó número de ejemplares y clasificación taxonómica (clase, orden, familia, especie y nombre común), fecha de ingreso, sexo y edad, tipo de marcaje realizado en el CAV (microchip usado en mamíferos, aves y reptiles, y anillo en aves Psittaciformes), código de identificación generado en el CAV, Dirección Ambiental Regional (DAR) que entrega y tipo de ingreso (decomiso, entregas voluntaria y rescate), la categoría de amenaza a nivel mundial según las listas rojas de especies amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y a nivel nacional según la Resolución 0192 expedida por el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible (2014) y los libros rojos de especies amenazadas de Colombia (Rodríguez-Mahecha et al., 2006; Renjifo et al., 2014; Morales-Betancourt et al., 2015), y el Apéndice de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES).
II. Permanencia: procesos de cuarentena, situación y ubicación de los ejemplares a septiembre de 2016.
III. Egreso: se conformó por la fecha de salida, destino final de los ejemplares, y observaciones particulares del ejemplar que se consignaron en los registros de salida. Por el tipo de datos obtenidos, se realizaron análisis descriptivos, se realiza comparación con información de otros centros de valoración de fauna en el país y se discuten las implicaciones para la conservación de las especies que llegan al CAV.
Resultados
Ingreso de ejemplares al CAV-CVC
Entre enero de 2011 y septiembre de 2016 ingresaron 3171 individuos, correspondientes a 193 especies. El grupo con mayor número de ingresos fue las aves, seguido de los reptiles y los mamíferos (Tabla 1).
Tabla 1. Número de ejemplares por grupo taxonómico ingresados al Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CAV-CVC) entre 2011 y 2016 * Datos de enero a septiembre de 2016. Fuente: elaboración propia.
En aves, los órdenes con mayor número de ejemplares ingresados al CAV fueron: Pelecaniformes (29.2%), Psittaciformes (28.1%), Strigiformes (11.7%), Accipitriformes (7.5%), y Falconiformes (7.5%) (Tabla 2).
Tabla 2. Número de ejemplares por clase y orden taxonómico ingresados al Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CAV-CVC) entre 2011 y 2016 * Datos de enero a septiembre de 2016. Nota: en paréntesis se presenta el número de ejemplares correspondientes a cada año que permanecían a septiembre de 2016. Fuente: elaboración propia.
En mamíferos los órdenes Primates (28.4%) y Carnivora (28.4%) fueron los que presentaron mayor número de ingresos. Para el Orden Primates las especies con más ingresos al CAV fueron Cebus albifrons, Lagothrix lagotricha lagotricha y Ateles fusciceps, y para el orden Carnivora fueron Potos flavus, Cerdocyon thous y Leopardus pardalis. Otros órdenes con un número importante de ingresos fueron Didelphimorphia (15.5%) y el orden Pilosa (10.9%) (Tabla 2).
En reptiles, los órdenes con mayor número de ejemplares fueron: Testudines (86.2%) y las especies con mayor número de ingresos fueron Chelonoidis carbonaria, Kinosternon lecostomum, y Trachemys callirostris; el orden Squamata (11.3%) y el orden Crocodylia (2.5%) (Tabla 2).
Durante el período evaluado se observó un incremento en el ingreso de ejemplares durante los años 2014 a 2016 con un promedio entre 62.2 y 72.8 individuos al mes, con relación a los años 2011 a 2013 donde osciló entre 18.8 y 31.5 ejemplares al mes (Tabla 1). Durante 2014 se presentó el mayor ingreso de reptiles, mientras que para 2015 y 2016 se incrementó el ingreso de mamíferos de los órdenes Carnivora, Didelphimorphia y Primates, y de aves de los órdenes Pelecaniformes y Psittaciformes (Tabla 2).
De acuerdo con los registros, el 16.1% del total de ejemplares ingresados fueron hembras y el 16.2% machos. El 67.7% fueron indeterminados debido a que algunas especies como los Psittacidos no presentan dimorfismo sexual, y en el caso de reptiles como tortugas o serpientes se requiere de experiencia para su determinación. La mayor cantidad de individuos ingresaron como adultos con un 59.6%, como juveniles el 27.5%, como crías el 8.4%, y del 4.5% de animales no se tiene dato de edad. En el caso de las crías, el personal del CAV-CVC debió realizar un proceso de crianza artificial con condiciones ambientales, dietas especiales y alimentación asistida teniendo en cuenta la biología y comportamiento natural de cada especie en estado de libertad, lo cual dificultó la supervivencia y el éxito de rehabilitación de estos ejemplares. De los 3171 ejemplares evaluados, 1092 (34.4%) se registra que fueron marcados con microchip, 82 ejemplares (2.6%) con anillo y de los restantes 1997 ejemplares (63.0%) no se reporta su marcaje en los registros. Los ejemplares que fueron marcados correspondieron a aquellos que según el criterio del equipo profesional permanecerían en el centro por un tiempo mayor a un mes, por lo que aquellos que ingresaron con las condiciones aptas para la liberación inmediata o menor a un mes no fueron marcados.
El 86.4 % de los individuos que ingresaron al CAV-CVC fueron entregados por las ocho Direcciones Ambientales Regionales (DAR) de la jurisdicción de la CVC, el 11.3% por el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente de Cali (DAGMA), y los demás llegaron como producto de reubicación desde otros CAV de diferentes Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) del país.
De acuerdo con los datos registrados en la hoja de vida o acta de ingreso del espécimen, reportada por la entidad que lo entrega, 834 ejemplares ingresaron por rescate, 555 por entregas voluntarias, 97 por decomisos, y un reingreso de un animal que había sido liberado (Tabla 3). De 1684 ejemplares no se tiene información del tipo de ingreso. De los ejemplares ingresados por rescate el 70.5% fueron aves, el 17.7% reptiles y el 11.8% mamíferos (Tabla 3). En entregas voluntarias, el 41.6% fueron aves, el 42.9% fueron reptiles en su mayoría del orden Testudines, y el 15.5% mamíferos (Tabla 3). Por último, en decomisos, el 56.7% fueron aves, el 28.9% mamíferos y el 14.4% fueron reptiles (Tabla 3).
Tabla 3. Número de ejemplares registrados entre 2011 y 2016 de acuerdo al tipo de ingreso en el Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CAV-CVC), Colombia Fuente: elaboración propia.
El estado de conservación de las especies ingresadas al CAV-CVC de acuerdo con las categorías de la UICN, mostró que el 78.5% de especies correspondieron a Preocupación Menor (LC), el 6.8% a Vulnerable (VU), el 3.1% a Casi Amenazadas (NT), el 2.6% a especies En Peligro Crítico (CR) y el 2.6% en peligro (EN) (Tabla 4). En la categoría En Peligro Crítico (CR) ingresaron 15 ejemplares de mono araña de tres especies diferentes (Ateles fusciceps, A. belzebuth y A. hybridus), seis ejemplares de tití de cabeza blanca Saguinus oedipus y un ejemplar de mono churuco Lagothrix lagotricha lugens. En la categoría En Peligro (EN) ingresaron 250 individuos de tortuga morrocoy Chelonoidis carbonaria, 10 ejemplares de titi gris Saguinus leucopus, cuatro de tortuga palmera Rhinoclemmys diademata, tres de guacamaya verde limón Ara ambigua y uno de pava caucana Penelope perspicax. En categoría Vulnerable (VU) ingresaron 13 especies de las que se destaca el ingreso de 149 ejemplares de tortuga hicotea Trachemys callirostris y 73 de tortuga charapa Podocnemis unifilis, y en la categoría Casi Amenazado (NT) cinco especies de las que se destaca el ingreso de 133 individuos de tortuga palmera Rhinoclemmys melanosterna (Tabla 4).
Tabla 4. Número y porcentaje de especies por categoría de amenaza de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) según el grupo taxonómico ingresadas entre 2011 y 2016 en el CAV-CVC, Colombia. Fuente: elaboración propia.
Un 19.3% de las especies que ingresaron al CAV-CVC están en alguno de los tres Apéndices para el control de comercialización de especies silvestres de la Convención CITES. En el Apéndice I que incluye las especies en peligro de extinción y de las cuales su comercio está restringido y sólo se autoriza bajo circunstancias excepcionales (CITES, 2017), se registraron seis especies (3.1%), de las cuales ingresaron 3 ejemplares de tigrillo Leopardus tigrinus, uno de tortuga marina amarilla Lepidochelys olivacea, tres de nutria Lontra longicaudis, un titi del chocó Saguinus geoffroyi, 12 de titi gris Saguinus leucopus y seis titi pielroja Saguinus oedipus. En el Apéndice II figuran especies que no están necesariamente amenazadas de extinción pero que podrían llegar a estarlo a menos que se contrale estrictamente su comercio (CITES, 2017), de este apéndice ingresaron 26 especies (13.6%), de las cuales se destaca el ingreso de 132 ejemplares de búho currucutú Megascops choliba, y 96 de loro cabeciazul Pionus menstruus; y en el Apéndice III figuran las especies incluidas a solicitud de una Parte que ya reglamenta el comercio de dicha especie y necesita la cooperación de otros países para evitar la explotación insostenible o ilegal de las mismas (CITES, 2017), ingresaron cinco especies (2.6%), de las cuales se destaca el ingreso de 44 individuos de perro de monte Potos flavus, 12 de hormiguero Tamandua mexicana y 9 de cusumbo Nasua nasua (Tabla 4).
Permanencia de ejemplares en el CAV-CVC
De acuerdo con los protocolos del CAV, al ingreso de cada ejemplar se debe realizar una valoración biológica y clínica en la que se analiza el comportamiento del animal, su estado de salud, incluyendo una valoración zootécnica en la que se observa el estado nutricional y se establecen condiciones de alimentación adaptadas a cada especie. Sin embargo, en los registros del CAV no se obtuvo información detallada de los individuos o especies a los que se realizó toma de muestras para exámenes paraclínicos ni genéticos.
Por razones sanitarias, posterior al ingreso, los animales pasan por un período de cuarentena que consiste en el aislamiento preventivo. Se determinó que 653 de los 3171 ejemplares reportaron una cuarentena cumplida, 444 no cumplieron con este parámetro ya que fueron liberados o ingresaron en mal estado y se aplicó eutanasia, y del resto no se obtuvo información detallada en los registros.
Durante la permanencia, el procedimiento contempló la realización de procesos de crianza artificial y cuidados especiales a ejemplares que así lo requirieron, etogramas grupales e individuales, adecuación y enriquecimiento de espacios de confinamiento, seguimientos de peso, tratamientos y exámenes paraclínicos específicos, reajustes de alimentación y algunos procesos de rehabilitación. Sin embargo, no existen registros de en cuales ejemplares fueron realizados, lo que impide relacionarlos con un correcto procedimiento de rehabilitación previo a las liberaciones.
De acuerdo con la evolución de cada individuo durante su permanencia, el equipo técnico del CAV realizó las recomendaciones sobre el destino final que debió tener cada ejemplar. Para el mes de septiembre de 2016, un total de 563 animales permanecían en el CAV. De estos, el 50.6% corresponde a reptiles, el 29.9% a aves y el 19.5% a mamíferos. En reptiles el orden taxonómico que representó la mayor cantidad de individuos fue Testudines con 267 ejemplares, principalmente de Chelonoidis carbonaria y Trachemys callirostris, con individuos que permanecen en el CAV desde el año 2012 (Tabla 2). En aves permanecían 166 aves, principalmente de Amazona ochrocephala, Ara ararauna y Amazona amazónica, con ejemplares que permanecen desde 2011, aunque la mayoría ingresaron entre 2015 y 2016. En mamíferos permanecieron 104 ejemplares en su mayoría de orden Primates, principalmente Cebus albifrons, Ateles fusciceps y Lagothrix lagotricha lagotricha, y del orden Carnivora con 23 ejemplares principalmente de Potos flavus y Leopardus pardalis, algunos de los cuales están allí desde 2011 (Tabla 2).
La permanencia de los animales fluctuó entre un día en caso de ser candidato a liberación inmediata, y varios años si no se contaba con las condiciones para ser liberados. En aves, el orden Psittaciformes fue el que mayor permanencia presentó. De este orden se registraron 392 ingresos en los seis años de estudio y el 38.3% de ellos se mantuvo en las instalaciones hasta el final del período evaluado, y de ellos 21 ejemplares permanecieron dos o más años. En mamíferos los órdenes con mayor permanencia fueron Primates con 125 ingresos en los seis años de estudio y el 48.8% de ellos se mantuvo en las instalaciones hasta el final del período evaluado, y de ellos 32 ejemplares permanecieron dos o más años; el orden Carnivora registró 125 ingresos y el 18.4% de ellos se mantuvo en las instalaciones hasta el final del período evaluado, y de ellos 8 ejemplares permanecieron dos o más años. Por último, en reptiles, el orden Testudines fue el que presentó mayor permanencia, de los 1028 individuos que ingresaron el 26% se encontraba allí al final del período y 67 ejemplares permanecieron por dos o más años.
Egreso de ejemplares del CAV-CVC
Durante el periodo evaluado se registró la salida del 82.2% de los ejemplares ingresados con diferentes destinos. El mayor porcentaje de salidas lo representan las liberaciones con un 39.0%, seguida de muertes con un 27.0% y la entrega a otras instituciones con 7.0% (Tabla 5).
Tabla 5. Número de ejemplares de acuerdo al tipo de destino final en el Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CAV-CVC), Colombia. Fuente: elaboración propia.
De los 1232 animales liberados no se pudo establecer información del sitio de liberación en 1183 de ellos. Existe registro de la liberación de 40 ejemplares en el bosque del municipio de Palmira, cinco en el municipio de Buenaventura, dos en el humedal Vidales en el municipio de Guacarí y dos más en otros lugares del Departamento del Valle de Cauca. De estas, seis corresponden a liberaciones duras (en las que el animal que esté sano mantenga su comportamiento natural y se encuentre en su área de distribución se libera sin permitirle ningún período de aclimatación a su nuevo ambiente), de dos ejemplares de Iguana iguana, dos de Bubulcus ibis, uno de Didelphis marsupialis y uno de Chelydra acutirostris. Las otras corresponden a 27 individuos de Chelonoidis carbonaria y cinco de Chelonoidis denticulata, que tuvieron un tiempo de permanencia en el CAV superior a un año. Otras liberaciones corresponden a seis ejemplares de Megascops choliba, tres de Milvago chimachima, y un ejemplar de Dasyprocta punctata, de Potos flavus, de Rhinoclemmys melanosterna y de Ara severus.
Las entregas de ejemplares realizadas a instituciones corresponden a 221 ejemplares, de los cuales en 199 de los registros (90.0%) no aparece información de a que institución fueron entregados. Nueve ejemplares de Amazona ochrocephala fueron reubicados en el CAV Montelindo, en el municipio de Manizales y un ejemplar de Geranoaetus melanoleucus en el Centro de Rehabilitación para Aves San Isidro (Crarsi) de la fundación Águilas de los Andes, en el municipio de Pereira. Así mismo, tres individuos de Pionus menstruus, uno de Amazona autumnalis, uno de Ara severus, uno de Ara ambigua y uno de Dendrocygna autumnalis, fueron entregados al Aviario Nacional de Colombia. En zoológicos se relaciona la entrega de un ejemplar de Leopardus pardalis y uno de Cebus capucinus al Zoológico de Santa Cruz, en el departamento de Cundinamarca; de un ejemplar de Amazona farinosa al zoológico de Barranquilla, y uno de Ara ambigua al Zoológico Santa Fe en el municipio de Medellín. Los registros incluyen 39 ejemplares entregados en el Programa Red de Amigos de la Fauna y a Tenedores de Fauna, pero no se menciona a quienes en particular se les hizo entrega de éstos.
En los registros de salida de los ejemplares no se detalla la realización de evaluación sanitaria, pruebas paraclínicas y exámenes específicos para agentes patógenos que hayan sido realizados a los ejemplares liberados. Tampoco se relaciona la utilización de marcajes para un posterior monitoreo en libertad, ni actividades de seguimiento y monitoreo de los individuos liberados.
Discusión
Durante el periodo evaluado se evidenció un incremento paulatino en el número de ejemplares ingresados al CAV-CVC, esto debido a que en los años 2015 y 2016 se intensificaron las operaciones de rescate y decomisos con el trabajo en conjunto realizado entre la policía ambiental y la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca. Lo anterior, ha permitido una acción más eficaz en la lucha contra el comercio ilegal de fauna silvestre, viéndose reflejado en la cantidad de ejemplares que llegan anualmente al centro. Adicionalmente, el CAV-CVC ha ampliado su capacidad de recepción, gracias a las mejoras en infraestructura que han permitido más y mejores espacios para el mantenimiento de los ejemplares mediante la construcción de nuevos espacios de confinamiento y ampliación de los existentes.
Se destaca que desde el año 2015 la Administración del CAV y los profesionales que allí laboran han implementado importantes mejoras en el registro de información de los individuos que ingresan al Centro desde su recepción hasta su destino final, generando un registro más completo de la historia clínica y los diferentes tratamientos a los que son sometidos los ejemplares. Esto se evidenció en que los registros anteriores al año 2015 no cuentan con información que permita hacer un análisis más detallado del manejo de los ejemplares. Por ejemplo, más de la mitad de los registros de individuos realizados entre los años 2011 y 2014 no presentan datos del tipo de ingreso, y también se evidencia que es muy posible que el número de decomisos este subestimado, ya que se presentó un alto ingreso de especies usadas como mascotas y que son objeto de comercio ilegal en la región, pero que en los procesos de decomiso, la autoridad ambiental puede realizar el reporte como entrega voluntaria o rescate para evitar el proceso sancionatorio por tenencia ilegal de fauna silvestre.
Las clases Aves y Reptilia fueron las que presentaron mayor número de ingresos al CAV-CVC, lo cual coincide con lo presentado por Suárez-Giorgi (2016) para los Centros de Atención, Valoración y Rehabilitación de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAV-CAR). Así mismo, estos dos grupos de fauna silvestre han sido reportados como los más decomisados por comercio ilegal en el país (Mancera-Rodríguez & Reyes-García, 2008; Asprilla et al., 2013).
Para el presente estudio el mayor ingreso de aves correspondió al orden Pelecaniformes y en particular de Bubulcus ibis y Theristicus caudatus. El alto número de ingreso de estas especies se debe a que son comunes y con abundancia alta en las zonas ganaderas del departamento del Valle del Cauca, y llegaron al centro principalmente como producto de operativos de rescate y/o control de fauna por parte de los funcionarios de la CVC en áreas en proceso de urbanización o ya pobladas, así como en zonas donde se presenta cambios de uso de suelo de bosques a zonas de ganadería. Se destaca que la mayoría de ejemplares de B. ibis que ingresaron murieron en días siguientes a su recepción, debido al mal estado de los animales al momento de su llegada al CAV.
El orden Psittaciformes fue el segundo en número de ingresos, como resultado de decomisos, rescates y entregas voluntarias, evidenciando una gran presión de extracción de ejemplares provenientes de diferentes regiones del país y la consecuente disminución del tamaño de sus poblaciones naturales. La gran importancia de ingresos de ejemplares de este orden coincide con lo reportado por Suárez-Giorgi (2016) y por Carrascal et al. (2013) quienes reportaron que son el grupo de aves con mayor número de ingresos en otros CAVs del país, lo cual está asociado a su tenencia como mascotas lo que ha incentivado su comercialización a través del mercado ilegal (Cabrejo-Bello, 2010; Rojas-Briñez et al., 2013; Renjifo et al., 2014; Restrepo-Rodas & Pulgarín-Restrepo, 2017).
En el estudio se observó una alta mortalidad de psitácidos asociada con el estado de salud en los que llegan muchos de individuos, el estrés que sufren los ejemplares al ser sometidos a un nuevo entorno y por el alto número de ejemplares que llegan al CAV, lo que no permite tener un adecuado cuidado de cada individuo que ingresa. Así mismo, se observó que la posibilidad de rehabilitación y liberación de estas especies fue baja y del total de ejemplares recibidos en el CAV-CVC, cerca del 40% continuaban en el CAV al finalizar el estudio, y más de la mitad de ellos llevaban uno o más años allí.
Lo anterior, se debe a que muchos individuos de especies como Amazona ochrocephala, Ara ararauna, Amazona amazonica y Ara macao, provienen de áreas de distribución geográfica diferente al Valle del Cauca (Hilty & Brown, 1986) y para ser liberadas se requiere de articulación con otras autoridades ambientales que reciban los ejemplares y recursos económicos para los gastos de traslado hacia las zonas de origen. A esto se suma que ejemplares de especies como A. ochrocephala y A. amazonica que poseen la capacidad de imitación de la voz humana llegan altamente improntados con el ser humano, lo que dificulta su rehabilitación. Restrepo-Rodas & Pulgarín-Restrepo (2017) destacan que muchos loros no sobreviven en los CAV o no logran volver a su medio natural debido a la complejidad que representa la rehabilitación de algunas de estas especies.
Del orden Strigiformes fue importante el ingreso de la especie Megascops choliba (Búho currucutú) producto de rescates y entregas voluntarias principalmente en las épocas de cría donde los polluelos caen de los nidos, y se evidenció que la especie está sometida a comercio ilegal para su uso como mascota. Se observó también un alto ingreso de las especies Milvago chimachima (Pigua) y Rupornis magnirostris (gavilán caminero). Para este grupo, se observó una mayor posibilidad de rehabilitación de ejemplares que llegaron en buenas condiciones de salud y que luego de un proceso de recuperación de condiciones de vuelo fueron liberados. En los casos en que los ejemplares llegaron en mal estado de salud estos murieron en los días siguientes al ingreso o fueron sometidos a eutanasia si no presentaron una respuesta favorable en sus condiciones generales.
En reptiles, se evidenció un alto número de ingresos de tortugas al CAV-CVC durante el periodo de estudio, el cual se debe a que son un grupo de alto interés en el comercio ilegal de fauna silvestre en especial para su tenencia como mascotas y el consumo de su carne o la venta de sus caparazones con altos volúmenes de aprovechamiento y comercialización en todo el país (Mancera-Rodríguez & Reyes-García, 2008), y coincide con lo reportado por Arroyave-Bermúdez et al. (2014) quienes encontraron a las tortugas hicoteas y morrocoy dentro de los grupos con más decomisos por parte de las diferentes autoridades ambientales del país. Sin embargo, en un alto número de registros del CAC-CVC no aparece información del tipo de ingreso de los ejemplares recibidos.
En mamíferos los órdenes que presentaron mayor número de ingresos al CAV fueron Carnivora y Primates, producto de rescates o de entregas voluntarias, aunque para más de la mitad de mamíferos no hay registro de información del tipo de ingreso de los ejemplares recibidos. Este alto ingreso de primates puede estar relacionado con que son especies susceptibles de ser capturadas aprovechando su característica de formar grupos sociales, por lo que son blanco de comerciantes ilegales que los venden como mascotas (Rodríguez-Mahecha et al., 2006). Otros estudios, han encontrado también que los primates representaron la mayor cantidad de mamíferos que hacen parte de los decomisos en los controles contra el comercio de fauna ilegal y/o que ingresaron a los CAV en diversas regiones de Colombia (Cabrejo-Bello, 2010; Rojas-Briñez, 2011; Chacón-Pacheco et al., 2015; Suárez-Giorgi, 2016), y en los Centros de Tenencia y Manejo de Fauna Silvestre de la provincia de Pastaza en Ecuador (Noboa-Melo, 2013).
La permanencia de los animales dentro del CAV-CVC dependió de varios factores, entre ellos la procedencia y el área de distribución geográfica de la especie, su estado físico, sanitario y nutricional, su comportamiento o capacidad de supervivencia en el medio. En caso de no poder ser liberado, se evaluó la disponibilidad de otros centros para su reubicación en zoológicos, instituciones, centros de educación ambiental, tenedores de fauna o red de amigos. Sin embargo, no existe información completa y detallada de los sitios ha donde fueron reubicados los ejemplares, en especial en aquellos registros anteriores al año 2015.
El grupo de reptiles que presentó mayores tiempos de permanencia en el CAV-CVC fue también el de las tortugas, aunque un alto porcentaje de ellas fueron liberadas. En el caso de los ejemplares de los órdenes Crocodylia y Squamata presentaron cortos períodos de permanencia y fueron liberados en su mayoría.
En mamíferos, los grupos Carnivora y Primates son los que presentan un mayor tiempo de permanencia en el CAV-CVC y la salida de éstos, se dio principalmente como reubicaciones en zoológicos y en centros de educación ambiental. Sin embargo, en el caso de los primates, cerca de la mitad de ejemplares que ingresaron entre 2011 y 2016 permanecían en las instalaciones al final del tiempo evaluado, lo que demuestra la poca posibilidad de rehabilitación de este grupo para volver a la vida silvestre. La principal razón de esta alta permanencia es que los individuos llegan altamente improntados con el ser humano luego de haber sido tenidos como mascotas, lo que dificulta su rehabilitación.
Un buen número de ejemplares de especies que están en los Apéndices I y II de la Convención CITES que presentan mayor amenaza por comercio de especies amenazadas corresponden al orden Primates. De igual manera, las especies en la categoría En Peligro Crítico (CR) de extinción que ingresaron al CAV-CVC corresponden exclusivamente al orden Primates, entre estos de los 15 ejemplares de mono araña que ingresaron 4 fueron enviados a zoológicos y los demás individuos permanecían en el CAV-CVC al final de la evaluación, de los seis ejemplares de tití de cabeza blanca Saguinus oedipus, cinco murieron en cautiverio. Todas estas especies enfrentan un riesgo extremadamente alto de extinción en estado silvestre en el futuro inmediato, los cuales hacen parte del comercio ilegal de fauna silvestre, incrementando el riesgo de pérdida de poblaciones naturales. Por su parte, de las especies en la categoría En Peligro (EN), los 10 ejemplares de titi gris Saguinus leucopus en su mayoría murieron en cautiverio y los ejemplares de tortuga morrocoy Chelonoidis carbonaria, y de tortuga palmera Rhinoclemmys diademata, en su mayoría permanecían en el CAV-CVC al final de la evaluación. Lo anterior muestra las limitaciones que tiene el rescate y rehabilitación de fauna como una acción de conservación propiamente dicha, ya que buena parte de los ejemplares de especie en mayor riesgo de extinción tienen poca posibilidad de retornar a sus hábitats naturales.
Las liberaciones de ejemplares correspondieron principalmente a aves y reptiles, ya que en su mayoría estos llegan con menor grado de impronta, exceptuando los Psittacidos, conservan su comportamiento silvestre y cuentan con las capacidades de supervivencia en el medio. El 35.7 % de los ejemplares ingresados durante los seis años evaluados fue liberado. Las decisiones de liberación fueron tomadas por el comité de destino final conformado por el equipo de Biólogos de las Direcciones de Gestión y de Técnica Ambiental de la CVC, en el que determinan que animales serán reubicados, liberados o sometidos a eutanasia, así como el lugar de destino, el transporte y logística para ello. Sin embargo, los registros de aves, reptiles y mamíferos que han sido liberados no tienen información sobre los lugares donde ha sido realizada la liberación y no se evidencia que se haya realizado seguimiento posterior para evaluar su éxito.
De acuerdo a información del CAV-CV, previo a las liberaciones o entrega de ejemplares, se realizaron exámenes paraclínicos como perfiles hemáticos y pruebas bioquímicas en los individuos. Sin embargo, no existen registros precisos de sobre que ejemplares fueron realizados. Igualmente, el CAV-CVC relaciona que las liberaciones se realizaron según distribución geográfica, y fueron coordinadas por la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC), pero en la mayoría de los casos no existen registros precisos de los sitios donde se realizaron, ni del estado de los ejemplares liberados. Por esta razón la principal recomendación para la entidad y en general para los diferentes CAV del país es la necesidad de implementar protocolos claros de seguimiento de los procesos de liberación y post-liberación que garanticen poder hacer evaluación del éxito de las liberaciones de fauna silvestre rehabilitada.
Si bien las liberaciones de ejemplares corresponden a áreas de distribución geográfica natural, ya sea zonas donde se encuentra la especie actualmente o donde hubo registros de la misma en el pasado generando reintroducción de estas, se debe garantizar la realización de pruebas genéticas para establecer con exactitud la procedencia de los ejemplares, pruebas clínicas para definir el estado de salud y tener la certeza de que en los sitios donde se realiza la liberación se garantice la oferta de alimento, refugio y conectividad de sus hábitats. De lo contrario, se puede generar una afectación sobre las poblaciones receptoras por introducción de ejemplares no adaptados a las condiciones del lugar, generando problemas de exogamia, así como la posible introducción de patógenos, y el incremento de competencia por recursos. La liberación de animales puede generar problemas en los hábitats receptores, puede transmitir enfermedades o alterar la diversidad genética y evolución de las poblaciones naturales (Griffith et al., 1993; Steele et al., 2005; Weeks et al., 2011).
En su mayoría se realizaron liberaciones duras, y no se relaciona la utilización de marcajes para un posterior monitoreo en libertad, ni actividades de seguimiento y monitoreo de los individuos liberados, debido principalmente a la falta de recursos económicos que garanticen la continuidad de los mismos, que impide conocer el éxito de estas liberaciones, lo cual es bastante grave. Tampoco se tiene certeza de que se realicen estrategias de divulgación en las áreas de liberación, ni intervenciones en el proceso. Solo en uno de los casos de liberación ejecutado en la Amazonía hubo comunicación con las comunidades indígenas y campesinas de la región para tener una idea del éxito de esta, pero no se tienen datos registrados de esta actividad.
Estos resultados coinciden con lo expuesto por Choperena-Palencia y Mancera-Rodríguez (2016; 2018) quienes encontraron en diferentes procesos de seguimiento y monitoreo post-liberación de fauna silvestre rehabilitada en Colombia, que de la mayoría de animales no se conoce su destino una vez son liberados al medio y tampoco puede predecirse el impacto que estas liberaciones pueden tener sobre las poblaciones nativas.
En los parámetros evaluados y de los cuales se obtuvo información a partir de los registros de ingreso, permanencia y egreso, se encontró un alto porcentaje de datos ausentes, posiblemente por no reporte en el conducto regular desde el momento de decomiso, rescate o entrega de los ejemplares previo al ingreso al CAV-CVC, pero también a que no ha habido un adecuado y permanente registro de la información y actualización de la misma en bases de datos. Es importante que, así como se implementaron mejoras en el registro de la información desde el año 2015, el CAV-CVC realice una adecuada y permanente sistematización de los datos que ayude a generar indicadores para facilitar la toma de decisiones.
Es de destacar que la falta de controles sistemáticos del tráfico ilegal de especies silvestres, afecta el manejo post decomiso que se realiza con los ejemplares que llegan a los diferentes CAV en el país. A lo que se suma el alto ingreso de animales a los diferentes CAV producto del tráfico ilegal, la poca disponibilidad de recursos económicos y de personal capacitado suficiente para un adecuado manejo de los ejemplares que allí llegan, así como de centros especializados en la rehabilitación de especímenes en el país (Choperena-Palencia & Mancera-Rodríguez, 2018).
Agradecimientos
A las Direcciones de Gestión y de Técnica Ambiental de la CVC, a la Fundación para la conservación de la biodiversidad y el desarrollo sostenible del campo colombiano (BIODESS) y al equipo de profesionales del CAV, por suministrar información valiosa para el desarrollo de esta investigación.
Potencial conflicto de intereses
Los autores declaran que no existe conflicto de interés alguno por la realización y publicación de la presente investigación.
Fuentes de financiación
La investigación se realizó en el marco de una pasantía entre la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín y la Fundación para la conservación de la biodiversidad y el desarrollo sostenible del campo colombiano (BIODESS).
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2. Doctor en Biología. Profesor Titular Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín. Departamento de Ciencias Forestales, Grupo Ecología y Conservación de Fauna Silvestre, Medellín, Colombia. Correo: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., ORCID: 0000-0002-7325-9588. https://scholar.google.es/citations?hl=es&user=j84ODa4AAAAJ&view_op=list_works
3. https://trade.cites.org
Para citar este artículo: Morales-David, C. y Mancera-Rodríguez, N. J. (2021). Manejo, valoración y atención de la fauna silvestre en el departamento del Valle del Cauca, Colombia. Revista Luna Azul (On Line), 52, 105-125. https://doi.org/10.17151/luaz.2021.52.6
Esta obra está bajo una Licencia de Creative Commons Reconocimiento CC BY
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Construcción de un indicador socioeconómico y espacial para el análisis del Desarrollo Económico Territorial del departamento del Meta (2005-2015)a
Jorge Alessandri Romero Novoab
Recibido: 08 de octubre 2019 Aceptado: 12 de octubre 2021
DOI: 10.17151/luaz.2021.52.5
Resumen
El presente artículo es producto del ejercicio realizado (conceptual y metodológicamente) al Desarrollo Económico Territorial (DET) como una Dimensión del Desarrollo, mediante el análisis de información estadística disponible en el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (2015), con relación al cruce de diferentes variables de índole política, económica, social y geográfica. El objetivo que se persigue consiste en referenciar multidimensionalmente el desarrollo como una representación social que va más allá de su alcance económico. Es un ejercicio que se realiza en los 29 municipios del departamento del Meta (Colombia), a través de diferentes variables que representan atributos de los campos político, económico, social y geográfico, mediante la construcción de un indicador sintético que las relacione. Las variables son agrupadas en cuatro (4) Dimensiones y operadas entre sí; son normalizadas por medio del uso del software SPSS para obtener igual número de índices dimensionales: Índice de la Dimensión Política (IDiPo), Índice de la Dimensión Económica (IDiE), Índice de la Dimensión Social (IDiS) e Índice de la Dimensión Geográfica (IDiG), los cuales, a su vez, son representados otorgando un peso a cada dimensión (IDeMet por porcentajes) y, además, por el promedio de sus valores finales (IDeMet por promedio). Los resultados de los índices son representados y analizados en el mapa político-administrativo del departamento, identificando, por una parte, un cierto patrón en la distribución geográfica del índice, desde el centro hacia el perímetro departamental; y por la otra, un comportamiento reticular y en red de los territorios que son producidos, en las dos últimas décadas, en el marco del Desarrollo Económico Territorial del Meta.
Palabras clave: análisis espacial, indicador socioeconómico, desarrollo económico, desarrollo territorial.
Construction of a socioeconomic and spatial indicator for the analysis of the Territorial Economic Development of the Department of Meta (2005-2015)
Abstract
This article is the product of the exercise carried out (conceptually and methodologically) to Territorial Economic Development (TED) as a Development Dimension, through the analysis of statistical information available in the National Administrative Department of Statistics (2015), in relation to the crossing of different variables of a political, economic, social and geographical nature. The objective is to refer multidimensionally development as a social representation that goes beyond its economic scope. It is an exercise carried out in the 29 municipalities of the Department of Meta (Colombia) through different variables that represent attributes of the political, economic, social and geographical fields through the construction of a synthetic indicator that relates them. The variables are grouped in four (4) Dimensions and operated with each other. These Dimensions are normalized through the use of SPSS software to obtain the same number of dimensional indices: Political Dimension Index (IDiPo), Economic Dimension Index (IDiE), of the Social Dimension Index (IDiS) and of the Geographical Dimension Index ( IDiG), which in turn, are represented by giving a weight to each dimension (IDeMet by percentages) and, in addition, by the average of their final values (IDeMet by average). The results of the indices are represented and analyzed on the political-administrative map of the Department, identifying, on the one hand, a certain pattern in the geographic distribution of the index from the center to the departmental perimeter and, on the other hand, a reticular and network behavior of the territories that are produced in the last two decades, within the framework of the Territorial Economic Development of Meta.
Key words: spatial analysis, socioeconomic indicator, economic development, territorial development
Introducción
Es impreciso considerar que el desarrollo económico territorial (DET) es una dimensión meramente económica, toda vez que, entender que los procesos productivos inciden en la configuración (permanente) de los territorios a través de procesos económicos que se manifiestan en el poder, el control y el conflicto (Haesbaert, 2004; Matteo, 2011), deja de lado aspectos que trascienden escenarios sociales y geográficos, y que se originan en el territorio (Favareto et al. 2015). En este entendido, el territorio aparece como un elemento fundamental que se integra a la actividad económica y a las relaciones sociales que subyacen, con un vínculo que no solo se relega a los procesos productivos (Matteo, 2011); permite asumir de una manera más integrada los sistemas sociales, su orden y su relacionamiento. Esto es, entender que los procesos en torno al desarrollo en la actualidad, materializados en la organización del territorio, requieren una mirada (o una lectura) que secuencie los procesos productivos multiescalarmente (espacio local y regional1) y la distribución de elementos socioeconómicos con los órdenes sociales (preexistentes), puesto que “cada uno crea formas específicas de organización espacial del proceso productivo” (Matteo, 2011, p. 80).
Vale la pena considerar de entrada que existen múltiples acepciones de la palabra desarrollo y, a su vez, diversas interpretaciones como discurso que se deriva de la concepción economicista del mundo. Empero, es un proceso que se puede comprender desde diferentes dimensiones que configuran el territorio, el cual varía en función de diversos cambios del entorno social.2 Al respecto, Escobar (2007) señala que el ‘desarrollo’, como pilar del control de los actores y de los territorios, sobre todo de los países del Tercer Mundo, entra en escena a mediados del siglo XX. Este discurso, fundado en principios afines a las ideas de progreso y creado por los expertos del Primer Mundo, tenía un propósito económico ambicioso y era alcanzar en cada país “altos niveles de industrialización y urbanización, tecnificación de la agricultura, rápido crecimiento de la producción material y los niveles de vida, y adopción generalizada de la educación y los valores culturales modernos” (p. 20); lo que resulta de cierta manera discutible en la actualidad si se tiene en cuenta que el control político de los Estados es determinante en el desarrollo de los territorios.
Así mismo, aspectos políticos, sociales y económicos relacionados con el desarrollo son abordados por autores como Sen (1999), Bordieu (2001), North et al. (2009; 2012) y relacionados con la actualidad mundial. La articulación entre lo político y lo social es explicada por Bordieu a partir de las realidades (históricas) sociales presentes en el pensamiento económico, y desde la multidimensionalidad de las acciones e instituciones económicas. De manera similar, Sen hace referencia a la interdependencia que existe entre el desarrollo (económico) y la libertad (política y social)3. El desarrollo (como sostiene la autora) se concibe como un proceso en donde las prácticas de la sociedad deben darse desde la ‘libertad’, conjugando diferentes factores, determinantes y visiones que se institucionalizan. La misma autora señala que al restringirse el acceso de la sociedad a las prácticas económicas y, complementada por North et al. (2012) al no integrarse de manera precisa las teorías de la economía, las instituciones políticas y el comportamiento social surge la pobreza, la escasez y la violencia como manifestaciones (históricas) del poder político y la regulación económica en el orden social. En este sentido, el énfasis (ahora) es en la persona, en los modos de gobernarse, en la evolución histórica de los territorios, en el orden social que han establecido las instituciones económicas y políticas sobre los procesos del desarrollo.
Por lo tanto, referirse a los procesos de desarrollo que configuran los territorios a través de un proceso económico controlado por un poder político que modela a la sociedad (Acemoglu & Robinson, 2012) aleja la capacidad y representatividad de la base social y geográfica que les soporta. Esto resulta estratégico de comprender, puesto que son las estructuras sociales aquellas que determinan la multiescalaridad y multifuncionalidad de las acciones económicas (Bordieu, 2001), y el poder político aquel que, como producto social que se debe a la libertad social, política, cultural del ser humano, debe propiciar el acceso al desarrollo (Sen, 1999). Restringir o condicionar ese derecho del orden social (individual o colectivo) a la producción económica, es una forma de segregar y originar la pobreza (una forma de violencia), de promover diferencias en el desarrollo de los territorios y de expresar en la institucionalidad, resistencias, jerarquías y poderes de la organización política y económica del Estado (North et al., 2009). Así, por ejemplo, la sociedad, sus prácticas económicas, su organización territorial, su representación política y sus lugares de ubicación, pueden considerarse todos como hechos territoriales4 relacionados con el desarrollo y con la producción del territorio (Haesbaert, 2004). El DET puede ser ese enfoque, un argumento en el que desarrollo, sociedad y territorio adquieren una disposición como concepciones, procesos, perspectivas y realidades que se plantean en el tiempo y en el espacio (Haesbaert, 2004; Pecqueur, 2005; Matteo, 2011).
El DET mantiene un vínculo sociopolítico que no solo se relega a los procesos productivos sino, además, a las condiciones socioeconómicas de las comunidades e individuos que producen territorios. Este enfoque se fortalece en el ámbito local y regional que protagoniza el desarrollo a finales del siglo XX y se explica (en la actualidad) interdependientemente a los sistemas sociales, el orden social y la producción social del espacio. Sin embargo, definir el territorio exclusivamente desde el poder y el control, como lo deja entrever Haesbaert (2004), y reconocerlo en el desarrollo local5 como desarrollo territorial, como lo comenta Pecqueur (2005, pp. 297-298), genera una perspectiva que reduce los aportes de la Geografía Humana en el último siglo y subraya los de la economía, la antropología y la sociología. Es cierto que se ha reivindicado el territorio al desarrollo económico y que se ha tornado la mirada política y económica a los diversos ordenes sociales, pero es algo que se entiende en la espacialidad geográfica y en la producción social del territorio, algo que la geografía crítica estudia.
El DET, entonces, se debe abordar como un proceso histórico multidimensional y multiescalar que se expresa a partir de diferentes dimensiones territoriales. Al respecto, Favareto et al. (2015) señala que (el desarrollo) es “multidimensional porque no solo importan los ingresos entre niveles de gobierno y las múltiples fuerzas sociales; y multiescalar porque no deriva del Estado sino más bien de una trama compleja de diversas interdependencias” (p. 17). Y se expresa en el territorio toda vez que define las formas de organización territorial que soportan dinámicas y cambios en las estructuras políticas, culturales y económicas del territorio. De tal manera que los vínculos entre el desarrollo y el territorio se han enmarcado en procesos y organizaciones que privilegian el estudio económico y la regulación política sobre la comprensión de los sistemas sociales. Es aquí donde radica el interés de medir el desarrollo económico territorial a partir de un indicador que integre las dimensiones política, social, cultural y geográfica a la económica6. Como señalan Lindón y Hiernaux (2012), considerar dimensiones que no relevan sólo la materialidad de los procesos geográficos permite incorporar variables que permiten el análisis y no sólo la descripción de hechos físicos.
Así, el presente artículo busca representar las ideas y dinámicas señaladas del DET a través de la relación y jerarquización de los 29 municipios del departamento del Meta (Colombia) mediante un índice multidimensional que se construye desde información estadística municipal. El escenario territorial del trabajo aquí realizado se enmarca en la investigación doctoral titulada «Relación entre los regímenes de desarrollo y el proceso de configuración territorial de la ciudad de Villavicencio (Colombia), entre 1936 y 2019», que el autor adelanta en el Doctorado en Estudios Territoriales de la Universidad de Caldas (Colombia), en el Grupo de Investigación Territorialidades y en la línea de Investigación «Territorialización de las acciones y procesos de metropolización». De esta manera, las referencias, los análisis y los resultados alcanzados asumen el desarrollo como una representación social que va más allá de su alcance económico y que permite considerar (diferentes) variables de orden político, económico, social y geográfico cuyos datos presumen la ‘libertad y acceso’. Es decir, cada variable se considera como una referencia de base social y geográfica que resulten ser indicadores del acceso al desarrollo económico.
En virtud de lo anterior, el articulo relaciona y analiza diecisiete (17) variables agrupadas en cuatro (4) dimensiones (Política, Económica, Social y Geográfica) para construir un indicador que operacionaliza doce (12) de estas; esto es, articula el nivel de representatividad del desarrollo económico territorial dentro de cada dimensión mediante la cuantificación y distribución municipal del indicador en el mapa de la división política del departamento del Meta, mostrando el ‘estado de bienestar’ por municipio, a través de un rango que esta entre 0.0 y 1.0 (el menor y mayor grado, respectivamente). Los resultados son agrupados inicialmente como índices por cada dimensión territorial (IDiPo, IDiE, IDiS y IDiG) y posteriormente por los cálculos realizados con las variables normalizadas (por promedio y por porcentajes). De tal manera que en cada cálculo se muestra la distribución geográfica del valor alcanzado por cada municipio. Es desde esta idea donde se cumple el objetivo del presente artículo que consiste en referenciar y representar multidimensionalmente el desarrollo como una representación social que va más allá de su alcance económico a través de cruzar una serie de datos de manera simultánea y de diferentes variables que representan atributos de los campos político, económico, social y geográfico, mediante la construcción de un indicador sintético7 que las relacione. Todos estos elementos enmarcados en conceptos como el desarrollo, el territorio y el orden social.
Materiales y método
Representar el DET a través de una medida, en este caso, un indicador sintético ÍDeMet, se asume como el producto de la selección y organización jerarquizada de variables que se corresponden entre sí y se enmarcan en las siguientes dimensiones territoriales: Dimensión Política, Dimensión Económica, Dimensión Social y Dimensión Geográfica8; las cuales se analizan considerando su localización, interacción y distribución en cifras, a través de algunas particularidades territoriales del departamento del Meta; análisis que puede aplicarse y extrapolarse a otros municipios y departamentos del país. Cada una de las variables y dimensiones aporta elementos estructurantes en la búsqueda del índice, como una medida de la unidad espacial en torno al DET por municipio (Alfonso, 2017); por lo que, al interior de cada una, se definen y agrupan variables que permiten representar un ‘estado de bienestar’ por municipio a través de medir en un rango que esta entre 0.0 y 1.09, el nivel de representatividad dentro de cada dimensión.
La construcción del indicador parte de la revisión de los datos con que cuenta el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE) (2015), los cuales consideran treinta y seis (36) variables agrupadas en seis (6) dimensiones relacionadas con Desastres, Ambiente, Fiscal-Político, Demografía, Seguridad y Social, mediante las cuales se caracterizan los municipios de Colombia. Posteriormente, se realizó la selección de 14 variables que representan rasgos municipales sobre lo local, lo individual y lo territorial (Tabla 1), de las cuales se seleccionan 9 y las otras cinco se toman como referencia para la construcción de tres variables más. Finalmente, se establecen 12 variables esenciales para la construcción inicialmente, de cuatro índices de dimensiones territoriales en los campos político, económico, social y geográfico10 y, posteriormente, la integración en un indicador sintético que representa el desarrollo económico territorial de los municipios del departamento del Meta.
Tabla 1. Variables definidas para las Dimensiones Territoriales Fuente: elaboración propia.
En concordancia con lo anterior, a cada dimensión se le construye un indicador propio, producto de la articulación entre las 12 variables aquí definidas. Cada una de ellas es estandarizada mediante el uso del software Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) y, a su vez, es correlacionada entre sí, a partir de la asignación de un porcentaje dimensional no superior al 25% (con lo cual se busca señalar la incidencia de cada dimensión, por igual, en el cálculo del indicador11) y un peso proporcional para cada variable que, parafraseando a Pecqueur (2005), según el “vínculo sociopolítico que no solo se relegue a los procesos productivos sino, además, a las condiciones socioeconómicas de las comunidades e individuos que producen territorios” (p. 313); algo mencionado anteriormente. Cada conjunto de datos y variables son normalizados mediante el uso de la fórmula:
Posteriormente, son calificados y, finalmente, operados para cada dimensión territorial. De tal manera que resulta esencial recordar que estas variables asumen aspectos municipales que se articulan entre sí. Variables como Estatalidad, Dependencia Demográfica, Pobreza Marginal, Deserción de la Educación, Dinámicas de Urbanización y distancia a Bogotá, por ejemplo, permiten asumir el ‘estado de bienestar’ como un escenario que va más allá de la calidad de vida ‘económica’ y que se puede representar a través de su correlación de orden entre los municipios del departamento del Meta. Así, se operacionaliza el enfoque territorial mediante la construcción de un indicador para cada dimensión12 según registre la mayor sensibilidad de la información socioeconómica y la relación con su distribución espacial municipal en el departamento (Reilly, 1931); luego se sintetiza en uno final, el Índice de desarrollo económico Departamental-IDeMet (Tabla 2).
Tabla 2. Propuesta de un índice de Desarrollo Departamental Fuente: elaboración propia.
Con todo lo anterior, se cuantifica la ‘libertad y acceso’ a las variables definidas, asumiendo el desarrollo como bienestar social y “como un proceso de expansión de las libertades reales que disfrutan los individuos”, según señala Sen (1999, p. 19). Cada una involucra información relevante y estratégica para medir (o por lo menos comprender) el DET del departamento del Meta. Así, para alcanzar mayor sensibilidad en el valor de los índices de las dimensiones territoriales, se realizan dos cálculos para obtener cada índice: por un lado, promediando los datos normalizados de las variables y, por el otro, otorgando el peso porcentual asignado a cada variable normalizada (Tabla 1); de tal manera que se determina un índice de desarrollo departamental con los resultados obtenidos por promedio y por el peso porcentual de las variables; resultados que permiten comparar la distribución geográfica del DET en los municipios del departamento y así, analizar el significado de dicha distribución.
Los valores en cada dimensión territorial son organizados de mayor a menor y son explicados empezando por el índice que tiene mayor rango de representatividad (un mejoramiento considerable y que propicia el desarrollo). Con ello se asume, de entrada, una respuesta social apoyada en la libertad, acceso e interdependencia que tiene la persona con las variables seleccionadas, en cada uno de los 29 municipios del departamento del Meta. Los órdenes definidos en algunas dimensiones como la política (IDiPo) y la social (IDiS), dan cuenta de un comportamiento esperado para algunos municipios como Villavicencio, Restrepo, Cumaral, Guamal, Castilla La Nueva y Acacias, entre otros; cuyas características urbanas y de infraestructura dan cuenta de una planificación que redunda en percepciones de buen mejoramiento; contexto que se continúa en los resultados obtenidos mediante el promedio y el peso porcentual de las variables normalizadas y la reducción de las dimensiones a un indicador sintético.
Resultados y discusión
A partir de la normalización de los datos y la operacionalización de las variables se obtuvieron resultados que, como se indicó anteriormente, constituyen un índice de DET que mejor combina características Políticas, Económicas, Sociales y Geográficas para cada municipio del departamento del Meta. En esto, las Dimensiones representan el comportamiento particular y articulado de cada grupo de variables, de tal manera que visualizan la relación existente entre la posición geográfica de cada municipio, su productividad, su vínculo con actividades institucionales y algunas particularidades poblacionales (tasa de envejecimiento, abstención electoral, promedio recaudo predial, tasa de deserción de la educación, densidad poblacional), entre otras.
En virtud de lo anterior, resulta importante insistir en lo señalado desde un comienzo en el presente artículo; aquí, el DET se entiende como algo más que un proceso económico con control político y aplicado en los diversos ordenes sociales y como un escenario que se propone desde el orden nacional. Es una representación económica que se integra desde lo local, desde los individuos y las territorialidades, desde su interdependencia con la sociedad, a los procesos de desarrollo. Como se dijo en las primeras páginas, el énfasis es en la persona, en su decisión, en los modos de gobernarse, en la participación de los territorios, en el orden social que se relacionan con las instituciones económicas y políticas, entre otras variables, que permiten “medir” el alcance del desarrollo en los municipios del departamento del Meta.
Finalmente, los resultados se muestran en dos momentos: el primero, a través de los índices de las dimensiones territoriales (IDiPo, IDiE, IDiS y IDiG), los cuales representan el comportamiento municipal de las variables utilizadas en el cálculo de cada índice. El segundo, el cálculo del IDeMet, representa la distribución municipal del indicador que integra desarrollo, territorio y orden social. Es importante señalar que, para cumplir con el objetivo aquí propuesto, el cálculo se muestra comparando los dos cálculos realizados con las variables normalizadas tanto por promedio como por porcentajes, permitiendo una mayor sensibilidad en el análisis.
Índice de las dimensiones territoriales
Las dimensiones territoriales dan muestra de una tendencia más o menos marcada en cada índice calculado; por ejemplo, el IDiS y el IDiG contienen los valores más altos entre todos (0,97 y 0,96; 0,94 y 0,89, respectivamente) y el IDiE el que presenta los valores más bajo de todos los indicadores y un orden diferente de los municipios (tradicionalmente) con mejores resultados. Así mismo sucede con los municipios como Castilla La Nueva, Puerto Gaitán, Puerto López y Granada, los que ocupan los primeros puestos por su productividad per cápita y baja tasa de envejecimiento (que redunda en potencial humano para el trabajo), y a su vez, bajos puestos en torno a la deserción por educación básica y media, Estatalidad o tasa de urbanización. Rasgos particulares como estos son interpretados para aquellos municipios que se destacan del resto en cada dimensión territorial, asumiendo dicho comportamiento como una representación del mejoramiento, bienestar, comodidad13 o satisfacción en torno a ciertas características consideradas como vitales por cada municipio.
A continuación, se presentan algunas particularidades de cada índice y su relación de cambios en el orden que tienen los 29 municipios citados.
• Índice de la Dimensión Política IDiPo
Este índice considera la representatividad que para la población tienen las dinámicas político-administrativas del municipio, relacionadas con la eficiencia que el sector público (o las burocracias) tiene en torno a sus capacidades en el manejo de recursos y actividades municipales. De tal manera que, además de la capital del departamento, municipios como Restrepo, Puerto López, Castilla La Nueva, Puerto Gaitán, Cumaral, Guamal y Acacías, se ubican (nuevamente) en los primeros puestos (Tabla 5), señal de un mejoramiento notable en el manejo que las instituciones han realizado de las dinámicas señaladas.
Municipios como Cabuyaro, San Martín de Los Llanos y San Carlos de Guaroa encajan en estos primeros lugares, posiblemente por el manejo político asociado con el posconflicto y producto de los acuerdos de paz firmados en el año 2016, un contexto que ‘habilitó’ políticamente a municipios que permanecían al margen de la presencialidad y autonomía institucional. Dicho contexto ha permitido que las dinámicas asociadas con la estatalidad y la participación ciudadana propicien el mejoramiento en la oferta de actividades culturales y turísticas asociadas con el folclor llanero. Al revisar los municipios que, contrariamente, se ubican en los puestos más bajos, como es el caso de Mesetas, Puerto Rico, La Uribe, San Juanito, La Macarena, Vistahermosa, Puerto Concordia y Mapiripán (Tabla 3), salta a la vista un anillo periférico que bordea la frontera Orinoco-amazónica, son territorios cuya configuración ha estado trazada desde mediados del siglo XX por la baja presencia estatal, las dinámicas sociales asociadas al conflicto armado y el aumento paulatino de colonos y desplazados (campesinos e indígenas) de regiones del Guaviare, Caquetá, Vaupés y Guainía.
Tabla 3. Resultados Dimensión Política (IDiPo)
Fuente: elaboración propia.
• Índice de la Dimensión Económica IDiE
Este índice representa la relación que tienen la productividad per cápita con la capacidad productiva de la población asociada con la edad (tasa de envejecimiento y dependencia demográfica), una lectura que se referencia al igual que los demás índices a rasgos poblacionales14 de los municipios del departamento del Meta. Aquí, los resultados obtenidos son los más bajos del ejercicio realizado y son asumidos como un nivel de representatividad (y aceptación, por qué no) que le otorgan los habitantes de cada municipio al alcance que actividades económicas como la extracción del petróleo, los cultivos de palma y la industria turística, han logrado en los territorios.
El orden y distribución obtenido por el índice de cada municipio permite considerar que el alcance social de las actividades económicas es significativo en el desarrollo local, es decir, municipios como Castilla La Nueva, Puerto Gaitán, San Carlos de Guaroa y Puerto Lleras han reorganizado las actividades agropecuarias y dirigido su atención a la tercera economía de las actividades relacionadas con el turismo. La vecindad entre territorios, la infraestructura vial, las relaciones interinstitucionales con el sector privado y con el nivel departamental, juegan un papel determinante en la economía municipal, toda vez que relacionan los sistemas productivos con el acceso a la educación y con la inversión pública, potenciando así la generación de empleo y de alternativas de emprendimiento que redundan en la terciarización de las economías locales.
Tabla 4. Resultados Dimensión Económica (IDiE) Hacer clic sobre la imagen para ampliarla Fuente: elaboración propia.
Los municipios que aparecen ‘relegados’ de un buen índice, como sucede con El Castillo, San Martín de Los Llanos, San Juan de Arama, Mapiripán, Lejanías, Mesetas y Puerto Concordia, responden con datos asociados a la empleabilidad y productividad en el primer y segundo sector, principalmente, y a la recuperación paulatina de la confianza inversora, producto del conflicto armado; una situación que ha sido constante en más de medio siglo en el Departamento. No obstante, llama la atención encontrar en estos lugares municipios como Restrepo, Guamal y Cumaral los cuales tienen una dinámica en el tercer sector asociada con el área Metropolitana de Villavicencio y algunos fenómenos de rururbanización y gentrificación por la movilidad constante de recursos y poblaciones en fiestas, celebraciones y eventos relacionados con la cultura y el medio ambiente local. La primera, según Beatriz Nates (2018) es un proceso que se articula en el encuentro que tiene lo urbano y lo rural “en cuyo movimiento y territorialización se generan espaciotemporalmente rururbanidades” (p. 17); el habitante urbano se traslada con sus comportamientos a escenarios tradicionalmente rurales y el habitante rural adopta tradiciones urbanas en suelo rural. Y la segunda, Glass (1964) citado por Nates (2018, p. 23), lo plantea como un concepto predominantemente urbano con el que describe un proceso en el cual capitales privados son inyectados en sectores tradicionales generando un desplazamiento de los habitantes originarios. Sin embargo, éste se extiende al contexto rural y autores como Beatriz Nates (2008), lo abordan como un proceso nuevo en el que “el aumento de atracción y del entusiasmo de las zonas rurales descentradas (…)” (p. 264) son signos reconocidos en el territorio de gentrificación.
• Índice de la Dimensión Social (IDiS)
Este índice, como ya se señaló, presenta los valores más altos de todos; muestra la mayor representatividad que tienen las variables en los municipios con una alta satisfacción de características consideradas como vitales y una mayor participación de la educación básica y media, como es el caso de Villavicencio, Restrepo, Guamal y Cumaral, quienes ocupan las primeras posiciones. Una situación que bien podría estar estimulada por la terciarización de la economía en las dos últimas décadas asociada con la actividad petrolera y turística; cuyas dinámicas urbanas y productivas se continúan en municipios como Castilla La Nueva, Acacías, Puerto López y Cubarral. Llama la atención que municipios como El Dorado, San Juanito, El Calvario y San Martín de Los Llanos, participen de estas posiciones, toda vez que la información asociada a estos se concentra en el manejo del conflicto y su transición a escenarios de paz; posiblemente se reconozca una oportunidad (y potencial) de desarrollo económico en el territorio si se asume un mejoramiento en el acceso a la educación.
Municipios como El Castillo, Vista Hermosa, Puerto Rico, Puerto Gaitán, Puerto Lleras y Puerto Concordia presentan un IPM normalizado muy bajo, por debajo de 0, 3, y La Uribe con tan solo 0,07; y a su vez, un mejoramiento considerable en torno a la educación básica y media, el cual supera el 0,69 del valor de la variable en estos municipios (salvo Vistahermosa y El Castillo que está en 0,4). Esto último puede responder a valores que se van atenuando en la medida en que existe mayor distancia a la capital del Meta; por ejemplo, hacia el Sur en municipios como El Castillo, La Uribe y Vistahermosa; hacia el oriente como Puerto López y Puerto Gaitán; y hacia el suroriente con municipios como Puerto Lleras, Puerto Rico, Puerto Concordia y Mapiripán.
Es importante considerar que existen particularidades en la distribución que el indicador muestra. Tal es el caso del municipio de Mapiripán que, al ser uno de los más distantes (con cerca de 352 Km de distancia), presenta el penúltimo lugar del índice (0,32), o el caso del municipio de San Carlos de Guaroa que, pese a estar a 89 Km de Villavicencio, tiene la más baja representatividad (0,31); dos municipios que coinciden en obtener los dos últimos lugares del IDiS (28 y 29). La situación puede ser generada por las limitantes que están asociadas con problemas de orden público, accesibilidad de carga y pasajeros, y la representatividad del estado en el territorio. En la Tabla 5. se muestran los resultados ordenados de mayor a menor representatividad (mejoramiento).
Tabla 5. Resultados Dimensión Social (IDiS) Hacer clic sobre la imagen para ampliarla Fuente: elaboración propia.
• Índice de la Dimensión Geográfica IDiG
Este índice resultó estratégico para visibilizar la relación existente entre las dinámicas poblacionales y urbanas de los municipios del departamento del Meta con la capital de Colombia, comentada anteriormente. Entendiendo que existe una incidencia directa de viajeros en la permanencia y residencia de personas en los municipios, como sucede con los municipios como San Martín de Los Llanos, Acacías y Granada que, después de Villavicencio, presentan una alta tasa de urbanización y de población total (Tabla 6). Situación previsible si se considera que las dinámicas turísticas, en las últimas dos décadas, son propiciadas por la vía al llano sobre la vía del orden nacional Villavicencio-Acacias-Guamal-San Martín-Granada. Entendidas como el flujo de personas que ingresan o salen del departamento del Meta en fechas que se ofrecen fiestas y celebraciones, redundando en un aumento considerable de personas en áreas urbanas y rurales que demanda mejoras importantes en la infraestructura turística definida por cada municipio.
Los antecedentes poblacionales y urbanos de los municipios del Meta, como es el caso de Villavicencio, muestran una tendencia en dar la espalda a los llanos y mirar hacia la capital de Colombia (Salamanca, 2009) a través de procesos migratorios generados desde finales del siglo XIX y concentrados en la segunda mitad del siglo XX (Espinel, 1989); situación que favorece –o por lo menos que facilita– las movilidades de pasajeros entre uno y otro lugar. Este contexto resulta estratégico para materializar la relación directa que tiene Bogotá en la dinámica propia de municipios como Granada, Acacias, Restrepo y Cumaral, por ejemplo.
Tabla 6. Resultados Dimensión Geográfica (IDiG) Hacer clic sobre la imagen para ampliarla Fuente: elaboración propia.
Llama la atención que municipios como Puerto Gaitán, Puerto Concordia, Lejanías, San Juan de Arama y Barranca de Upía, por ejemplo, tengan una distancia a la capital que, aunque supera los 200 Km (e incluso los 300 km), coincidan con un mejoramiento en la tasa de urbanización considerable (por encima del 0,40). Situación que coincide con las dinámicas económicas que ha producido la actividad agroindustrial y minera en municipios aledaños.
Índice de Desarrollo Departamental
Los resultados anteriores mostraron algunas tendencias que cada dimensión adopta con relación a los cambios (significativos o sustanciales) que tienen las variables asociadas con cada municipio. Los índices visibilizaron la posición que cada municipio ocupó en el total departamental; por lo que ahora resulta estratégico (y a la vez importante) alcanzar el objetivo planteado mediante la construcción de un indicador sintético que relaciona las diferentes variables, articula los cuatro (4) índices de dimensiones territoriales (IDiPo, IDiE, IDiS e IDiG) y representa el DET en el departamento del Meta. El IDeMet, calculado de esta manera, se consigna en dos tablas: en la Tabla 8, a partir de la relación de los valores promedio de las variables estandarizadas y en la Tabla 9, a partir de la relación de los valores porcentuales asignados a cada variable estandarizada; en ambos casos, los resultados fueron ordenados de menor a mayor valor y, para que logrará una mayor representatividad espacial por municipio, son agrupados en cinco (5) rangos que permiten diferenciar el nivel de desarrollo municipal alcanzado en el departamento, utilizando la variable visual de color15 (Tabla 7).
Tabla 7. Rangos de valores del IDeMet y variable visual de color Fuente: elaboración propia.
En virtud de lo anterior, los resultados de la Tabla 8 y la Tabla 9 muestran el orden que cada municipio adquiere respecto al valor de su índice; una correspondencia geográfica que resulta adecuada para la relación aquí propuesta (en cifras) entre desarrollo, territorio y orden social; la cual se espacializa en el mapa del departamento del Meta, asociando el valor del IDeMet al rango de valor y representándolo con la variable visual de color Mapa 1.
Tabla 8. IDeMet calculado a partir del promedio de las variables estandarizadas Hacer clic sobre la imagen para ampliarla Fuente: elaboración propia.
Mapa 1. Distribución geográfica del Índice de Desarrollo Departamental (IDeMet por Promedio) Fuente: elaboración propia.
Tabla 9. IDeMet calculado a partir del valor porcentual de las variables estandarizadas Hacer clic sobre la imagen para ampliarla Fuente: elaboración propia.
Mapa 2. Distribución geográfica del Índice de Desarrollo Departamental (IDeMet por Porcentaje)
Fuente: elaboración propia.
Al analizar la agrupación de municipios en cada tabla, se observa un cambio en la cantidad de municipios agrupados en un tipo de desarrollo bajo, el cual pasa de 2 a 5 e intercambia de posiciones La Macarena y la Uribe (municipios vecinos en el extremo sur del departamento). De manera similar sucede con los municipios que quedan agrupados en un tipo de desarrollo regular, los cuales se reducen de 12 a 9, pero mantienen como mejor posición la 8ª y 9ª (en ambas el municipio de Puerto Gaitán). Lo propio sucede con municipios como Restrepo, Cumaral, Acacias, Guamal y Puerto López, los cuales intercambian posiciones entre sí, pero mantienen un tipo de desarrollo medianamente bueno. De igual manera, se observa que el municipio de Restrepo desciende del 3º al 5ª puesto mientras que el municipio de Granada asciende del 13º al 9º producto de cambios similares en el IDiPo, para el primero y el IDiE e IDiS, para el segundo.
El rango alcanzado por el índice de valores promediados está entre 0,34 y 0,72, mientras que el calculado a partir de porcentajes estuvo entre 0,32 y 0,71. Los valores son similares entre sí, sin embargo, al mirar la distribución geográfica del primero, éste propone un escenario departamental con un desarrollo económico aceptable, puesto que veinte (20) municipios alcanzan un desarrollo entre regular y muy bueno, dentro de los cuales se destacan ocho (8) municipios cuyo índice es superior al 0,6 (señalados con color verde en el Mapa 1). Llama la atención la distribución geográfica que tienen en el norte del departamento, sobre una isolínea que va de occidente a oriente y, desde la cual, se disponen en cerca del 50,8% del territorio; esto, posiblemente, por su articulación directa con la ciudad de Villavicencio. Lo propio sucede con los valores del segundo, el cual aumenta de 9 a 13 la cantidad de municipios con un tipo de desarrollo inferior al regular (un 31% más en el total de municipios). Situación que puede ser resultado por un bajo nivel de estatalidad, debido a las dinámicas del conflicto sociopolítico generado desde mediados del siglo XX.
Figura 1. Premapa del DET en el Departamento del Meta Fuente: elaboración propia.
El ÍDeMet realizado por porcentajes, pone en consideración un desarrollo económico del departamento irradiado desde la capital, Villavicencio, sobre los ejes viales (del orden Nacional) y a partir de las funcionalidades alcanzadas en las últimas décadas por la liberalización del comercio (Romero, 2011); el cual se adentra paulatinamente en áreas urbanas de municipios cercanos, disminuyendo su intensidad en los bordes del departamento (Figura 1). El IDeMet por promedio marca un cambio sustancial en los municipios del sur del departamento, el cual consiste en concentrar un desarrollo medianamente bajo hacia el suroccidente y un desarrollo bajo hacia el suroriente. Un comportamiento que trasciende el límite departamental y configura territorios sobre el departamento del Guaviare. De tal manera que, desde este punto de vista, la articulación intermunicipal explica la representatividad y funcionalidad que existe sobre el DET. Un escenario que resulta estratégico para el objetivo planteado en el presente artículo.
Se identifica cierto patrón de dispersión que, como se ha señalado, se origina en Villavicencio y se dirige hacia afuera, configurándose una zona de influencia que toma rumbo hacia el sur (municipios de Acacias, Guamal y San Luis de Cubarral) y hacia el oriente (municipios de Restrepo, Cumaral y Puerto López) (Figura 1). Esta zona es producto de la relación socioeconómica propiciada por la red vial; describe una ‘geometría del poder’16 en la que las áreas con mayor integración son definidas por municipios cuya localización municipal (soportada en la infraestructura vial del orden Nacional) tiene distancias que no superan los 30 km; una vecindad a la ciudad de Villavicencio que se fortalece desde la funcionalidad político-económica enmarcada en el petróleo y el turismo del siglo XXI. Las áreas de menor integración se debilitan en el perímetro territorial del departamento.
Conclusiones
Es posible (y válido) representar las ideas del Desarrollo Económico Territorial (DET) y sus dinámicas a través de la relación y jerarquización de variables Políticas, Económicas, Sociales y Geográficas mediante la construcción de un índice multidimensional con información estadística municipal. Esto es, asumir el desarrollo como una representación social que trasciende lo meramente económico y se opera en el ámbito territorial a través de considerar en las variables de orden político, económico, social y geográfico, un conjunto de datos con los que se presumen la ‘libertad y acceso’ de los individuos y colectividades que representan. De tal manera que, la espacialización de los análisis y los resultados, se considere como una referencia de base social y geográfica que redunde en el acceso al desarrollo económico; en este caso para cada municipio del departamento del Meta.
El haber tomado como referencia 39 variables, seleccionado 17, correlacionado 12 y agregado tres, y haberlas integrado en cuatro dimensiones territoriales, permite representar de manera más completa, el comportamiento multidimensional del DET. La incorporación de datos y cifras estadísticas territoriales y su operacionalización mediante relaciones y secuencias asociadas a la geograficidad de la información logró que los resultados mostraran algunas tendencias asociadas a cada dimensión; es decir, el comportamiento que adoptan los datos con relación a los cambios (significativos o sustanciales) que tienen las variables asociadas con cada municipio. Los índices visibilizaron la posición que cada municipio ocupó en el total departamental. La distribución geográfica de los valores representada en el mapa de división político-administrativa del departamento del Meta y con los colores de los rangos establecidos en la Tabla 7, muestra la correspondencia que el IDeMet tiene; corrobora que la distancia a Villavicencio y a la capital, más la articulación por vecindad entre los municipios, son determinantes en las dimensiones política, social y geográfica con la que se evalúo el DET; y permite comprender el desarrollo departamental como un conjunto de territorios reticulares y territorios en red cuyos intersticios representan menores integraciones municipales que las alcanzadas con la capital. Así, el escenario socioeconómico que mantienen los municipios desde poco más de medio siglo se corresponde con la jerarquización de los territorios municipales configurada desde Villavicencio hacia el eje Restrepo-Cumaral y hacia Acacias-Guamal-San Martín-Granada, y el fraccionamiento que representa la ‘periferia’ de municipios con colindancia en Guaviare y Vichada.
El análisis realizado da cuenta de una isocronía del desarrollo, es decir, un comportamiento tendencial en el que existe una correspondencia espacio-temporal en la distribución del IDeMet, la cual, como se mencionó anteriormente, se origina en Villavicencio y, a través del conocimiento histórico previo, se reconoce en los años noventa que toma dirección por el Oriente hacia Puerto López y Puerto Gaitán para que luego, comenzando el nuevo milenio, dirija su atención hacia Acacias, Guamal, San Martín y Granada y, en la última década, hacia el nororiente (hacia Retrepo y Cumaral) (Figura 1). Esto le da sentido a ciertas dinámicas territoriales que han surgido en el departamento en torno a la terciarización de la economía en Villavicencio, Acacías, Restrepo, Cumaral y Guamal, entre otras; el fortalecimiento del ecoturismo, agroturismo u otras expresiones similares, en los municipios perimetrales a los ya señalados; y, también, a migraciones (o desplazamientos) rururbanos e intermunicipales. Todos estos eventos propiciados por el sector petrolero, el cultivo de la Palma de Aceite y las dinámicas asociadas con el conflicto y acuerdos de paz.
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a Este artículo está asociado al proyecto de investigación doctoral «Relación entre los regímenes de desarrollo y el proceso de configuración territorial de la ciudad de Villavicencio (Colombia), entre 1936 y 2018», que el autor adelanta en el Doctorado en Estudios Territoriales de la Universidad de Caldas (Colombia), en el Grupo de Investigación Territorialidades y en la línea de Investigación «Territorialización de las acciones y procesos de metropolización».
b Doctorando en Estudios Territoriales; MSc. en Geografía; Especialista en Ecología y Medio Ambiente; Especialista en Gerencia de Recursos Naturales; Ingeniero Catastral y Geodesta. Docente de la Facultad de Ingeniería Ambiental de la Universidad Santo Tomás. Correo electrónico: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
1 Aquí son asumidos desde el ámbito municipal, el primero, y el departamental con alcance regional, el segundo.
2 Los valores que sustentaban las ideas del desarrollo se han transformando a lo largo del siglo XX, de la misma manera que los países del primer mundo, con sus transformaciones sociales, han servido como modelos en las formas de gestión de los territorios.
3 En el entendido que la segunda es el fin de la primera.
4 Las ideas de Zambrano (2017) permiten asumirlo como aquel conjunto de acciones producidas por relaciones de consenso entre distintos actores y que se materializan en el territorio.
5 Hace dos décadas se hablaba del Desarrollo Local como un reconocimiento a las relaciones entre los individuos y el mercado, mediante la adaptación a las perspectivas de la economía mundial; frente a lo cual Pecqueur (2005) señala que lo local debe ser entendido por lo territorial.
6 En palabras de North et al. (2009), una teoría del desarrollo es una teoría de cambios sociales que se producen desde la multidimensionalidad de los territorios, por lo que debe involucrar las teorías de la economía, la política y el comportamiento social. De otra manera explicar el desarrollo económico territorial, en algunos casos, separando relaciones y características de los órdenes sociales, controles políticos y actividades económicas, redundará en una perspectiva progresista que poco permitirá identificar caminos para alcanzarlo.
7 Aquí es asumido como aquel que resume (o integra) múltiples variables o dimensiones en un solo indicador, obtenido a partir de dos procesos: normalización (o estandarización) de variables y reducción de dimensiones.
8 Las cuales son referenciadas en los componentes general, urbano y rural por parte de los instrumentos de planificación y ordenamiento territorial, en el marco de la Ley 388 de 1997.
9 Mediante la normalización, se ajustaron los valores del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, a una escala común (de 0.0 a 1.0), con la cual la representatividad se consideró como el nivel de mejoramiento que cada municipio presenta en torno a la variable considerada; así, los que se acercaron a valores de cero puntos cero (0.0) tienen un mejoramiento insuficiente y los que se acercaron a uno punto cero (1.0) tienen un mejoramiento suficiente.
10 En el marco de la planeación municipal y el desarrollo territorial.
11 Esta proporción fue definida a partir del alcance conceptual que tiene el Desarrollo Económico Territorial; es decir, aquí es entendido como un proceso multidimensional que se articula en las cuatro (4) dimensiones señaladas, sin dar prelación o preponderancia a alguna de ellas.
12 Cuatro campos territoriales sobre los que se articula el desarrollo territorial (Favareto et al. 2015).
13 Aquí definida o asumida como “estar de acuerdo con” como bien se puede entender en las ideas de Sen (1999).
14 Cuyo énfasis es en la persona, en su decisión, en los modos de gobernarse, en la participación de los territorios y su interdependencia con la sociedad.
15 Las variables visuales son entendidas como el conjunto de elementos visuales que permiten crear mapas capaces de representar la información que se va a transmitir y que representa la realidad espacial contenida en el producto cartográfico.
16 Una expresión que se fundamenta en las referencias que hacen autores como Doreen Massey (2004), Saskia Sassen (2000), Carlos Reynoso (2018) y Catalina Banko (2008), por citar algunos, en donde es la identidad del lugar (lo Local) la que resulta ser arraigable en el espacio social, concreta en los territorios y construida por relaciones de interdependencia con otros lugares, es aquí cuando adquiere ese sentido esa distribución del ‘poder’ (económico y político).
Para citar este artículo: Romero Novoa, J. A. (2021). Construcción de un indicador socioeconómico y espacial para el análisis del Desarrollo Económico Territorial del departamento del Meta (2005-2015). Revista Luna Azul (On Line), 52, 76-104. https://doi.org/10.17151/luaz.2021.52.5
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Valoración económica y percepción social de la contaminación atmosférica en Villavicencio, Colombia
Alejandra González-Pérez1
Recibido: 18 julio 2019 Aceptado: 07 septiembre 2019
DOI: 10.17151/luaz.2021.52.3
Resumen
El presente estudio buscó determinar la percepción social y el valor económico de los efectos ocasionados por contaminación atmosférica sobre la salud de los habitantes, en cinco sectores de Villavicencio, Colombia. Por medio del método de transferencia de beneficios de la disposición a pagar (DAP) y 400 entrevistas semi-estructuradas, se logró obtener un valor total de disposición a pagar de COP$5.842 millones anuales para disminuir la contaminación atmosférica en la ciudad, la cual podría llegar a evitar, mediante estrategias de descontaminación, 6.318 casos de afectaciones respiratorias, 73.455 casos anuales de Infección Respiratoria Aguda –IRA, de los cuales 28.168 corresponden a menores de 5 años. Asimismo, más del 60% de la población percibe el estado de calidad del aire en la ciudad como regular y el 98% considera que ésta afecta la calidad de vida. Más del 59% reconoce el transporte como el principal problema de contaminación atmosférica, y se identificó que los ciudadanos poseen un escaso empoderamiento ambiental, ya que más del 79% de la población no identifica la autoridad ambiental encargada, ni reconoce ninguna medida de seguimiento y control. Los resultados permitieron corroborar el impacto que perciben los habitantes por contaminación atmosférica, además de reconocer que se está fallando en el elemento más importante de participación ciudadana, la cual puede ser usada eficientemente para lograr acciones dentro de la política pública y mejorar la condición ambiental de la ciudad.
Palabras clave: Calidad del aire, política ambiental, valoración económica del medio ambiente, participación ciudadana
Economic valuation and social perception of air pollution in Villavicencio, Colombia
Abstract
This study aimed at determining the social perception and the economic value of the effects caused by air pollution on the health of the inhabitants in five sectors of Villavicencio, Colombia. Through the Benefit Transfer method of the Willingness to Pay (WP) and 400 semi-structured surveys, a total of COP$5.842 million was obtained to reduce the air pollution annually in the city which could, through decontamination strategies, get to avoid 6,318 cases of respiratory affectation and 73,455 annual cases of Acute Respiratory Infection (ARI) of which 28,168 correspond to children under 5 years of age. Likewise, more than 60% of the population perceives the air quality in the city as fair and 98% considered that it affects quality of life. More than 59% recognize transportation systems as the main air pollution problem, and it was identified that citizens have a little environmental empowerment since 79% of the population does not identify the environmental authority in charge, nor do they recognize any monitoring and control measures. The results allowed corroborating the impact that the inhabitants perceive due to air pollution in addition to recognizing that the most important element of citizen participation is failing, which can be used efficiently to achieve actions within public policy and improve the environmental condition of the city.
Keywords: Air quality, environmental policy, economic valuation of the environment, citizen participation.
Introducción
La mayoría de los estudios en el campo de la contaminación del aire y su relación con los efectos en la salud son realizados principalmente por países desarrollados, sin embargo, a medida que la calidad del aire en las ciudades latinoamericanas se deteriora, esta temática se ha tornado cada vez más importante. La valoración de estos impactos permite proveer elementos importantes a los tomadores de decisiones para la eficiente implementación de políticas públicas y adecuadas medidas de control de la contaminación (Castillo, 2010). En Colombia, la autoridad ambiental ha logrado promover la ejecución de estas valoraciones, así como su incorporación a la evaluación de proyectos, pero ésta se ha visto limitada ya que en el país existe una escasez de información base para aplicar las metodologías de valoración (Conpes, 2005), ineficiente capacidad de gestión por las entidades ambientales, así como el limitado conocimiento del problema por la población. Es por ello que surge la necesidad de generar acciones encaminadas al seguimiento y al control de la contaminación atmosférica, además del adecuado planteamiento y ejecución de estrategias de gestión de la calidad del aire, por medio del impulso de procesos de participación en torno al conocimiento de la percepción de la comunidad frente a los problemas de contaminación del aire en su sector. Al mismo tiempo que se busque orientar procesos de participación ciudadana, en especial en los ámbitos de toma de decisiones, así como en la propuesta y el seguimiento de políticas públicas sobre la calidad del aire, ya que la participación social es un elemento importante para la construcción colectiva de la solución (Ariza et al., 2014).
Dado el contexto anterior, el presente estudio se llevó a cabo en la ciudad de Villavicencio, Colombia, específicamente en los barrios Alborada, Multifamiliares los Centauros, Montecarlo, Manantial, y Centro, debido a la concentración de industrias, la malla vial, el núcleo poblacional y la presencia de contaminantes atmosféricos que exceden las normas de calidad ambiental vigentes (Cormacarena, 2013). Como aproximación a la comprensión de esta compleja problemática ambiental se ha planteado como objetivo de la investigación determinar el valor económico de los efectos ocasionados por la contaminación del aire sobre la salud, así como la percepción social de los habitantes en los barrios ya mencionados.
Materiales y métodos
Valoración económica
La primera fase consistió en la recolección de información primaria y secundaria para implementar la metodología de transferencia de beneficios por disposición a pagar en la ciudad. La información de los niveles de contaminación atmosférica en Villavicencio fue solicitada ante la corporación ambiental encargada del área a la cual pertenece, es decir, la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial de la Macarena – Cormacarena, la cual brindó los resultados obtenidos en el monitoreo del año 2013, siendo éste el monitoreo de calidad del aire más reciente realizado por la Corporación al momento de iniciar la investigación. El contaminante analizado en el presente estudio fue Partículas Suspendidas Totales (PST), por ser uno de los contaminantes con mayor nivel de concentración en los muestreos, al superar el límite de concentración establecido por la normatividad colombiana. Además, se tomaron cinco de los seis barrios establecidos en los monitoreos, debido a que uno de ellos hace parte de la zona rural de la ciudad y no presenta altos niveles de material particulado. Los barrios objeto de estudio fueron: Alborada, Multifamiliares los Centauros, Montecarlo, Manantial, y Centro.
Asimismo, se tomó la información epidemiológica proporcionada por la Secretaría de Salud de Villavicencio para el mismo periodo. Dentro de esta información, se tuvo en cuenta la morbilidad y la mortalidad por Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) en adultos y menores de 5 años. Los datos de población fueron tomados de la proyección poblacional desarrollada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) a partir del censo realizado en 2005 para los años 2010-2020.
Para esta fase se consultó la mayor cantidad de estudios de valoración de la calidad del aire calculados a partir de información primaria con metodologías como valoración contingente y costos de viaje, así como metodologías disponibilidad a pagar (DAP), debido a que permite valorar elementos intangibles como la pérdida de bienestar asociada con el dolor y el sufrimiento de la enfermedad, además de su importancia en términos de evaluación de políticas públicas e inversión de proyectos ambientales (Ariza et al., 2014).
Así pues, mediante una revisión bibliográfica detallada se permitió conocer que el estudio realizado por Pardavé y Jerez (2014) en la ciudad de Bucaramanga con metodología de Disposición a Pagar, es el más apropiado para la transferencia de valores al municipio de Villavicencio, puesto que comparten cierta similitud poblacional, económica, ambiental y cultural. Esta adecuada selección genera mayor confiabilidad de los resultados obtenidos en la transferencia de valores del presente estudio, la cual consiste en trasladar o extrapolar un valor económico calculado a partir de uno o varios estudios desarrollados en un entorno con condiciones sociales y económicas similares a las de Villavicencio (Carriazo, 2000; Castillo, 2010).
Debido a que la metodología de dicho estudio fue aplicada en el año 2013, se realizó una indexación de valores a partir del Índice de Precios al Consumidor estimado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE, 2019), la cual consiste en llevar un valor económico en un punto del tiempo a otro (VH), tomando el interés o índice de crecimiento (IPC) para efectuar una correcta equivalencia económica por medio de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC, 2012). Se utilizó la ecuación (1) para transferir el valor.
Por otro lado, Brouwer muestra que es posible calcular la diferencia o el error entre el valor del estudio base y el valor transferido, a partir del valor transferido (Vti) y el valor inicial (Vpj) de la ecuación (2) (Brouwer, 2000).
Una vez aplicadas estas fórmulas, se prosiguió a transferir el valor a la ciudad de estudio. Al tener en cuenta los valores calculados por el estudio base y las variables seleccionadas, se estimó el valor dispuesto a pagar por la población de Villavicencio de manera lineal, es decir, multiplicando el valor obtenido por la indexación de valores por la población urbana de Villavicencio.
Adicionalmente, se utilizó la ecuación brindada por Matos Barrionuevo (2010), la cual determina el número de casos de malestar pulmonar, es decir, enfermedades respiratorias como ataques asmáticos y enfermedades vías aéreas, en relación con la concentración de Partículas Suspendidas Totales (PST). Así pues, la ecuación (3) toma una muestra en específico del contaminante, el estándar del contaminante según la normatividad colombiana y la muestra poblacional como variables para estimar el número de casos.
Percepción social
Para la segunda fase del proyecto, la cual consiste en conocer la percepción social de la contaminación del aire en la ciudad, se requirió el diseño y la aplicación de dos instrumentos de entrevistas para distintos objetos de estudio debido a su ventaja de mayor obtención de información. El primer instrumento fue una entrevista semi- estructurada a partir de muestreos de aleatoriedad simple, la cual fue realizada a personas que están relacionadas directamente con la problemática que aborda el proyecto. Estas encuestas fueron aplicadas a la comunidad perteneciente a los barrios donde se tomaron las muestras del estudio por Cormacarena y las cuales en su mayoría superan los niveles permitidos de material particulado. Éstas estuvieron orientadas a la caracterización de la población, así como el conocimiento de la contaminación atmosférica y la percepción del entrevistado sobre la calidad del aire en su entorno y su impacto en la salud. Asimismo, se incluyeron preguntas sobre el seguimiento de cada persona a las acciones y las políticas del control de la contaminación del aire en la ciudad. Las preguntas fueron de tipo abiertas, cerradas como dicotómicas (sí – no), en escala Likert (bueno – regular – malo), y mixtas. Durante el diseño de las encuestas, se realizó una prueba piloto en una zona diferente a los barrios de estudio lo cual permitió corroborar que las preguntas estuvieran relacionadas con los objetivos de estudio, además de lograr ser entendidas por la persona encuestada.
Para la muestra poblacional se tomó la información específica brindada por los presidentes de Juntas de Acción Comunal, ya que los datos de población de la alcaldía municipal no logran abarcar el número de habitantes por barrio, por lo que los líderes comunitarios representaron la fuente más confiable en este caso. De esta manera, se aplicó el método probabilístico de muestreo aleatorio simple para el total de la población que suma los cinco barrios seleccionados. Este método se caracteriza por su simpleza y conservación de la aleatoriedad en grupos pequeños, con el fin de obtener una muestra de menor tamaño, pero de igual forma representativa. Para realizar las encuestas el personal se debió desplazar a los lugares con gran afluencia de personas que facilitara la aleatoriedad de la muestra, tales como parques públicos, mercados, y zonas comerciales (Ariza et al., 2014).
Toda la información obtenida de estas encuestas fue reunida y estandarizada en un solo formato de base de datos para su ingreso en el software estadístico PASW (SPSS Inc., 2009). A partir de esta base, se realizó un análisis de estadística descriptiva como frecuencias y tablas de contingencia, lo que permitió establecer los resultados estadísticos de cada una de las variables y su posterior análisis.
Entrevistas a investigadores
El segundo instrumento usado fueron entrevistas abiertas, las cuales se aplicaron a personas que indirectamente estaban relacionados con la problemática del proyecto. Para ello, se identificaron los investigadores que trabajaron en temas de contaminación atmosférica en el municipio a partir de la revisión bibliográfica realizada, pero debido a que en la ciudad esta temática es escasamente investigada, se decidió ampliar el foco de estudio a investigadores ambientales, específicamente en el área de gestión ambiental. Así pues, se decidió aplicar el muestreo no probabilístico de bola de nieve o en cadena, el cual consiste en pedirle al sujeto que sugiera otros profesionales que puedan estar interesados y que concuerden con un perfil similar. Esta técnica es muy práctica y eficiente porque además de disminuir los costos y lograr acceder a personas de difícil identificación, genera confianza con los sujetos ya que el entrevistador es recomendado dentro de las redes de contactos del entrevistado (Blanco & Castro, 2007).
Así pues, se realizaron cinco entrevistas a investigadores en la temática de gestión ambiental y calidad del aire. Se establecieron cinco preguntas de tipo abierta, dicotómica y mixta, dirigidas principalmente a la percepción de la contaminación del aire en la ciudad y sobre el seguimiento a políticas públicas en el tema. Estas entrevistas fueron realizadas de manera presencial y grabadas para la posterior elaboración de un análisis semántico en el software ATLAS.ti (ATLAS.ti Scientific Software Development GmbH, 2011), el cual permitió analizar las palabras claves de mayor repetición entre los entrevistados y por ende, las de mayor importancia en torno a la temática. Una vez transcritas las entrevistas a formato de texto para su ingreso al software, se prosiguió a segmentar en formato de citas la información brindada por los entrevistados. Luego, se realizó la codificación de las categorías, la cual viene representada por una palabra o frase corta que representa en esencia una porción de la información (Saldaña, 2009). Cada código fue vinculado con otros códigos para establecer sus relaciones y poder generar una red conceptual, brindando así la posibilidad de establecer un análisis semántico a partir de la información brindada por los entrevistados.
Resultados
Valoración económica
Para el cálculo de la valoración económica se tomó el valor que la mayor parte de la población del estudio de Pardavé y Jerez (2014), en la ciudad de Bucaramanga, estaría dispuesta a pagar por mejorar la calidad del aire en la ciudad, el cual fue de $10.000 pesos per cápita. Este valor fue la cifra base de la DAP para este mismo tipo de iniciativa en Villavicencio. Se seleccionó el estudio mencionado, considerando las similitudes existentes entre ambas ciudades en lo que respecta a la similitud poblacional, así como económica, ambiental y cultural.
Al considerar que el valor de la disposición a pagar fue calculado en el año 2013, empleando los valores de variación del IPC para Colombia entre ese año y 2019 (DANE, 2019), se realizó un ajuste por inflación con la ecuación (1) desde mayo de 2013 hasta mayo de 2019, dando como resultado un valor de $11.071, correspondiente al valor per cápita dispuesto a pagar en la ciudad de Villavicencio.
Ahora bien, para conocer el valor total de la disponibilidad a pagar para la ciudad de Villavicencio, se tomó la población de la ciudad y se multiplicó de manera lineal con el valor a transferir. Así pues, de acuerdo con proyecciones del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) para el año 2019, la población de Villavicencio es de 527.668 habitantes (DANE, 2005), y el valor a transferir para el año 2019 es de $11.071; obteniendo así, un valor aproximado de $5.842 millones de pesos anuales correspondientes al valor general que la población estaría dispuesta a pagar para disminuir la contaminación atmosférica en la ciudad. Así pues, se calculó la diferencia o el margen de error entre el valor transferido a Villavicencio y el valor inicial en Bucaramanga con la ecuación (2), dando como resultado una diferencia del 10 %, el cual se atribuye directamente al cambio por inflación en el tiempo.
Adicionalmente, se estimó el número de casos de malestar pulmonar al año que podría generar las partículas suspendidas totales en la ciudad de Villavicencio con la ecuación (3), dando como estimación 6.318 casos de malestar pulmonar tanto en niños como en adultos. Asimismo, los datos de la Secretaría de Salud de la ciudad reportan para el 2014 36 muertes anuales y 73.455 casos de IRA anuales, de los cuales 28.168 corresponden a menores de 5 años (Secretaría Local de Salud, 2013). Es decir que, la disposición a pagar que tiene la población de Villavicencio por disminuir la contaminación atmosférica, podría llegar a evitar los casos anteriormente mencionados si se implementaran medidas de reducción y control para que los niveles del contaminante cumplan con la normativa colombiana.
Percepción social
A partir de la información brindada por los presidentes de Junta de Acción Comunal de los barrios de estudio y el promedio de personas (DANE, 2008) por vivienda, se calculó una muestra de 387 personas, la cual fue aproximada a 400 personas para facilitar la distribución de las encuestas entre los barrios de estudio y el personal encuestador. La prueba piloto de este instrumento fue de 20 encuestas realizadas de forma aleatoria a habitantes de una zona con alta presencia de tráfico vehicular. A partir de esta prueba, se logró ajustar algunas preguntas mejorando su coherencia, lenguaje y estructura para finalmente tener el instrumento de encuesta adecuado. Así pues, cada encuesta estuvo conformada por 17 preguntas y se realizaron 80 encuestas por barrio, es decir un total de 400 encuestas.
En cuanto a la caracterización de la población encuestada se registró que, en la distribución de edad, el porcentaje más alto es en personas mayores de 55 años con un 23%; sin embargo, se presenta una gran similitud entre las demás edades, manteniendo la muestra de una manera casi homogénea, entre 17% y 21%. A nivel socioeconómico, predominan los estratos 2 y 3, ya que los barrios de estudio en su mayoría pertenecen a estos estratos. De igual forma, se destaca que el 78% de la población encuestada reside o trabaja en la zona de estudio, por lo que permanece una importante parte del día en el sector.
En cuanto a la sección de la encuesta sobre conocimiento de la contaminación del aire, el 85% de las personas encuestadas afirmaron conocer el término, además de conocer tanto las causas como los efectos de este tipo de contaminación, con 88% y 96% respectivamente. Estos resultados parecen ser una constante independiente del lugar de estudio al que pertenecían los encuestados, ya que los resultados se mantuvieron prácticamente de manera homogénea en cada uno de los barrios según los porcentajes conseguidos sobre conocimiento de la contaminación atmosférica.
En cuanto a las causas de la contaminación atmosférica, la población identificó el sector del transporte urbano como la principal problemática atmosférica con un 60%. Es decir que en cada uno de los barrios el sector transporte fue señalado como la causa de mayor afectación de la calidad del aire con más del 50 % de la población por sector; sin embargo, el 82% de la población encuestada identificó a las industrias como el factor más cercano a sus lugares de permanencia. A pesar que el tránsito pesado fue señalado como un factor constante en los cinco lugares de estudio (62%), las personas podrían estar identificando al transporte sobre las industrias por ser este un factor con el que están en contacto en su día a día.
En la sección de salud, la mayoría de las personas encuestadas afirmaron no haber presentado ninguna afectación respiratoria en el último mes, tan solo el 27% de las personas señalan haber tenido alguna. En cuanto a la calidad de vida, el 96% de la población afirmó creer que la contaminación del aire afecta la calidad de vida, puesto que en muchos casos identificaron este recurso como vital para poder vivir tanto con buena salud como en un entorno equilibrado.
Por su parte, el 60% de la población calificó en términos generales a la ciudad de Villavicencio con una calidad del aire regular, seguida con la calificación de malo con el 22% y 18% como aire bueno. Entre las personas que lo calificaron de bueno, pusieron a la ciudad en comparación con ciudades de mayor escala como Bogotá o Medellín, puesto que éstas presentan serios problemas atmosféricos, como afectaciones a la salud, mientras que, para la población, Villavicencio no llega aún a ese límite. Asimismo, aquellos que la calificaron de regular, declararon que la ciudad no está en un estado de calidad del aire malo como aquellas ciudades mencionadas, pero tampoco buena como hace varios años. Por último, la población que señaló a la ciudad con un estado de calidad del aire malo, manifestó su constante afectación por los diferentes factores cercanos a su lugar de permanencia. Así pues, la Figura 1 y la Figura 2 representan la percepción de los habitantes que aseguraron conocer el concepto de contaminación del aire, discriminados por factores influenciadores y por barrio de estudio.
Figura 1. Influencia de otros factores sobre la percepción del estado de la calidad del aire Fuente: elaboración propia.
Figura 2. Percepción del estado de la calidad del aire por barrio Fuente: elaboración propia.
Por otra parte, se indagó sobre el conocimiento de la autoridad ambiental, las políticas públicas o medidas aplicadas y sobre su gestión en la temática. La mayoría de la población (79%) señaló no conocer la autoridad ambiental en la ciudad, lo cual demuestra tanto la baja visibilidad que tiene la autoridad ambiental como el bajo interés de la población por conocer a sus autoridades ambientales. Así pues, del 21% que afirmó conocer la entidad, el 80 % señaló a Cormacarena como la autoridad encargada del área ambiental en la ciudad, seguida de la Secretaría de Ambiente y la Policía Ambiental con porcentajes iguales.
Asimismo, se les preguntó por el conocimiento de alguna medida implementada para regular la contaminación atmosférica u otras políticas públicas, a lo que el 83% aseguró no conocer ninguna medida en calidad del aire. Cuando se les preguntó al 17% de la población que afirmó conocer las medidas, en su mayoría respondían con la medida de restricción vehicular del pico y placa que se implementó en la ciudad hace un año; sin embargo, esta medida tiene como principal fin disminuir la congestión vehicular en horarios de mayor afluencia de tráfico y no la disminución de la emisión de gases de efecto invernadero producidos por los automóviles. Por último, se les pidió a aquellos que sí conocían la autoridad ambiental competente en la ciudad, que evaluaran desde su percepción el desempeño en cuanto a la temática de calidad del aire, el 55% la evalúo con un desempeño deficiente, asegurando que la autoridad realmente no realiza ninguna prevención para evitar que se contamine.
Entrevista a investigadores
La Figura 3 y la Figura 4 representan los mapas de relacionamiento semántico a partir de las entrevistas realizadas a cinco investigadores de calidad del aire y gestión ambiental en la ciudad. La Figura 3 agrupa las preguntas sobre percepción de la calidad del aire, la necesidad de conocer el valor económico de los efectos contaminantes del aire, y el relacionamiento entre las enfermedades respiratorias y la contaminación atmosférica. Así pues, cuando se les preguntó a los investigadores sobre la calidad del aire en la ciudad, manifestaron ser relativamente buena si es comparada con otras ciudades como Bogotá o Medellín. A pesar de no señalar el estado de la calidad del aire como mala, señalaron estar disminuyendo en varios puntos de la ciudad, puesto que existe presencia de chimeneas, molinos, quema de llantas/basura y, por último, tráfico vehicular, el cual fue señalado como el de mayor influencia por los entrevistados. Asimismo, se describió la presencia de partículas suspendidas en el ambiente a partir de las causantes mencionadas, así como la presencia de metales pesados en las zonas con afluencia de talleres automotores.
haga clic sobre la imagen para ampliarla Figura 3. Mapa de análisis semántico sobre contaminación atmosférica (CA: Calidad del aire; VE: Valoración económica) Fuente: elaboración propia.
Por otra parte, el total de los entrevistados destacaron la valoración económica de los efectos de la contaminación del aire como un conocimiento necesario para la aplicación de medidas de restricción, además de ser un factor que motiva a generar cambios en las personas. Adicionalmente, señalaron la salud humana como el principal factor para la ejecución de metodologías de valoración de efectos contaminantes en el aire, haciendo hincapié en las afectaciones en la salud como el IRA. Asimismo, manifestaron la importancia de valorar los efectos de la contaminación atmosférica sobre la oferta de los servicios ambientales y los costos económicos con afectación en el PIB. En cuanto a la sección de salud, todos los entrevistados manifestaron una alta relación entre los efectos de la contaminación atmosférica y la salud humana.
En cuanto a la Figura 4, se agrupan las preguntas de planes, proyectos, programas o políticas que se deberían aplicar para mejorar la calidad del aire en la ciudad y la opinión frente al desconocimiento de la autoridad ambiental y la falta de conocimiento de las medidas de participación ciudadana. Así pues, se pueden observar las diferentes posiciones de los expertos con respecto a las políticas públicas. Por una parte, la totalidad de los expertos afirman que ya existen planes, programas, políticas, normatividad y demás en términos de calidad del aire, pero que ésta no es aplicada de manera eficiente sobre la población. Como se observó en la Figura 3, el tránsito vehicular fue el de mayor presencia en los diálogos entablados con los entrevistados, es por ello que el control automotor es identificado en este mapa como parte de la normatividad que se debería aplicar.
Otra temática abordada fue la prioridad que tienen las entidades gubernamentales con respecto al área ambiental a la hora de gestionar proyectos, planes, y políticas, ya que según los investigadores intervenidos, la temática ambiental todavía es puesta en segundo plano; sin embargo, los entes territoriales proponen en los Planes de Desarrollo Municipal ciudades verdes o ciudades sostenibles, lo cual, según los investigadores de estudio, es incoherente con la aplicación de las medidas y proyectos que realmente se generan.
Asimismo, los participantes en el estudio manifestaron la necesidad de realizar un diagnóstico de la situación actual de la ciudad en todos los recursos ambientales. Este diagnóstico debe ir de la mano con la investigación ambiental, generando lazos entre las entidades, las instituciones y la comunidad. Además, señalaron diferentes herramientas e instrumentos con desempeños exitosos en ciudades colombianas que, según los expertos entrevistados, podrían llegar a aplicarse en la ciudad de Villavicencio para prevenir una situación grave a futuro.
En cuanto a la sección de desconocimiento de la autoridad ambiental y de las medidas de participación ciudadana en la ciudad, la totalidad de los investigadores entrevistados manifestaron que la situación de desconocimiento es ocasionada por las dos partes, aunque aún más por la población. Por un lado, señalan como no adecuada la gestión de la Corporación ambiental puesto que tan solo establece medidas de corrección, mas no de prevención. Asimismo, señalaron la posible baja visibilidad que tiene la Corporación por el uso de medios de comunicación no eficientes. De igual manera, señalan que la autoridad ambiental debería ser más abierta al público, generando una interacción constante con la comunidad.
Finalmente, la escasa participación y compromiso ciudadano con el ambiente representa según los expertos, el componente de mayor importancia, puesto que, a pesar de existir un desconocimiento ambiental, es también obligación como ciudadano conocer la autoridad ambiental y los procesos para participar activamente en ella.
Haga clic sobre la imagen para ampliarla Figura 4. Mapa de análisis semántico sobre políticas públicas Fuente: elaboración propia.
Análisis de variables
Para el análisis de las variables trabajadas en el presente documento fue revisada la coherencia entre los resultados obtenidos en las fases anteriores. Así pues, con respecto a la percepción social, se puede observar que el estado de la calidad del aire percibido por la población –el cual es regular en su mayoría– tiene coherencia con lo registrado por entidades oficiales, ya que en los monitoreos realizados por la Corporación ambiental para los años 2013-2014, se muestra que los contaminantes Material Particulado de 10 µm –PM10 y Partículas Totales Suspendidas (PST) superan la norma en dos puntos de la ciudad (Alborada y Manantial), llegando incluso a duplicar lo máximo permitido de 50 µg/m3 y 100 µg/m3, respectivamente (Tabla 1). Sin embargo, cuando se indagó sobre la percepción del estado de la calidad del aire, las personas en su mayoría lo calificó de regular, independientemente de los barrios donde se encontraban, es decir que la percepción de la contaminación del aire en la ciudad por los habitantes de los barrios con altos niveles de partículas suspendidas es igual a la de los barrios con bajos niveles, por lo que no está dirigido directamente a los factores de contaminación cercanos que producen estas emisiones, sino que es una percepción del estado de la calidad del aire homogéneo en la ciudad.
Tabla 1. Promedio de concentraciones por contaminante y estación para el 2013 Fuente: adaptado de Cormacarena, 2013.
De igual manera, a partir de las entrevistas a actores expertos, se identificó la coherencia entre los niveles registrados por la Corporación ambiental y sus percepciones, puesto que establecen una “decadencia en la calidad del aire, pero que en general se conserva relativamente bueno”, lo cual puede estar atribuido a los registros de los dos contaminantes mencionados con algunos picos que superan la norma en dos estaciones de muestreo, pero a nivel general de la ciudad no se registran niveles altos de los contaminantes monitoreados.
Por otra parte, la valoración obtenida correspondiente con la disposición a pagar de los habitantes por mejorar la calidad del aire en la ciudad se relaciona con lo establecido por las entrevistas a expertos, donde establecen la necesidad de conocer los efectos en la salud de la contaminación atmosférica en valores económicos, siendo estos los verdaderos determinantes para la toma de decisiones tanto a nivel personal como institucional y gubernamental. El valor obtenido de disposición a pagar permite obtener un breve diagnóstico sobre el valor que está dispuesto a pagar la población, como lo recolectado anualmente para implementar alguna estrategia de disminución de la contaminación y, por ende, los posibles casos de hospitalización o muerte evitados al año por dirigir el dinero recolectado por la disposición a pagar hacia las estrategias de una calidad de aire más limpia.
Cabe destacar que el valor obtenido es una aproximación teórica de lo que la población podría llegar a pagar, sin embargo, en lo evidenciado a partir de las encuestas semi-estructuradas a la población, se pudo observar el bajo interés en las autoridades ambientales y las políticas para la reducción de la contaminación. Esto podría convertir una posible disponibilidad a pagar en una estrategia de baja efectividad, en una población que no está ambientalmente educada, que desconoce o no confía de la autoridad ambiental, ni cuenta con el conocimiento básico para generar una participación en la construcción de políticas para mejorar la calidad ambiental de la ciudad.
Discusión
La valoración económica realizada por transferencia de beneficios posee un margen de error del 10 %, debido a que es una metodología que hace uso de estudios realizados en otra ciudad, extrapolados a Villavicencio, sin embargo, este estudio representa una aproximación oportuna a la temática de calidad del aire en la ciudad. Osorio Múnera (2006) establece que los valores transferibles no reemplazan por completo el estudio original y su validez, por lo que en muchos casos no se conocerá acertadamente si la estimación transferida fue eficiente hasta que se obtengan los recursos económicos para lograr realizar una investigación completa. Asimismo, Brouwer (2000) explica que el rango de error entre los estudios de transferencia de beneficios puede oscilar entre 4 % al 39 %, o incluso del 1 % al 239 %, lo que permite demostrar el cuidado que se debe tener al momento de tomar mediciones basadas en la metodología de transferencia de beneficios. Es por ello, que el resultado en el presente trabajo permitió brindar una alternativa muy útil para conocer el valor económico dispuesto a pagar por la población de Villavicencio, bajo limitaciones de recursos económicos, de información y de tiempo.
En cuanto a la percepción social, se logró observar, con respecto a las cifras obtenidas, que la población en su mayoría desconoce las políticas públicas que inciden en el control de la calidad del aire en la ciudad, así como el alto desconocimiento sobre la autoridad ambiental competente. Por lo tanto, se destacan varias de las limitaciones que posee la población independientemente del nivel de estudio o estrato donde se realizó la encuesta, puesto que la participación ciudadana se entiende como un elemento principal en los procesos de política pública en torno a la generación y seguimiento de acciones para el mejoramiento de la calidad ambiental en la ciudad. Sin embargo, estas limitaciones impiden la ejecución de procesos activos con la comunidad, y Ariza et al. (2014) manifiesta en su estudio de percepción en Bogotá que en un futuro no muy lejano, el éxito en la implementación de las políticas públicas para el mejoramiento de la calidad del aire dependerá en gran parte del compromiso que los ciudadanos puedan llegar a establecer con estas políticas para realizar cambios en su comportamiento y construir colectivamente una solución. Es por ello, que es importante conocer cómo se encuentra la comunidad con respecto a estas temáticas y así establecer planes y programas que aborden específicamente estas limitaciones, ayudando no solo en la educación ambiental básica de la población sino al empoderamiento de la comunidad con respecto a su participación en la toma de decisiones de políticas públicas ambientales.
Conclusiones y recomendaciones
Los resultados planteados constituyen el análisis de la valoración económica y la percepción social de los habitantes sobre el efecto de la contaminación del aire en Villavicencio en la dimensión salud. La valoración realizada permitió conocer aproximadamente la disposición a pagar que tienen los habitantes de Villavicencio para disminuir la contaminación del aire en la ciudad, así como los posibles casos de morbimortalidad evitados al año; sin embargo, se identificó que el método DAP podría no ser una estrategia eficiente puesto que los resultados de percepción muestra una población apática ante la Corporación ambiental, así como un desconocimiento a las medidas de control que se implementan en la ciudad.
Los resultados de la percepción social sugieren que en los barrios estudiados se tiene una percepción regular del estado de la calidad del aire en la ciudad. A pesar de este resultado, la población ejerce de forma limitada su derecho a participar en las problemáticas ambientales, ya que la mayoría de encuestados no identificaba la autoridad ambiental competente en el tema, ni tenía conocimiento de las medidas de seguimiento y control para regular la calidad del aire en la ciudad. Esto quiere decir que se está fallando en uno de los elementos más importantes de empoderamiento ciudadano y la gobernanza ambiental, el cual puede ser usado de manera eficiente para lograr acciones dentro de los procesos de política pública con el fin de mejorar la condición ambiental de la ciudad.
Por su parte, los investigadores entrevistados manifestaron percibir una disminución en la calidad del aire de la ciudad, atribuyendo este problema principalmente al tránsito vehicular. Asimismo, establecen la limitada educación ambiental que existe en la población como la principal causante de la escasa participación ciudadana.
En consecuencia, es posible concluir que es necesario generar estrategias que permitan aplicar eficientemente las políticas y programas para regular la contaminación del aire en la ciudad, así como el trabajo mancomunado entre el gobierno, las instituciones de investigación y la comunidad para lograr implementar herramientas e instrumentos que sirvan para prevenir una situación de contaminación atmosférica de mayor peso.
Se recomienda que la información de morbimortalidad registrada en el municipio se logre especificar por comuna o incluso por barrio dependiendo de su cercanía a un centro de salud. Esto con el fin de que se genere una base de datos más robusta con respecto a consultas, visitas a salas de urgencia y hospitalizaciones de enfermedades como la Infección Respiratoria Aguda (IRA) o Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) a una escala más pequeña. Este fortalecimiento de las bases de datos de salud, no sólo brindará la posibilidad de analizar la dinámica de morbilidad por sectores para los informes de Secretaría de Salud, sino que dará la información base para un análisis directo de concentración-respuesta entre estos casos de enfermedad y los monitoreos de calidad del aire, además de futuras investigaciones de contaminación ambiental y sus efectos en la salud.
A pesar que en este trabajo no se tomó información de la actual red de monitoreo de calidad del aire en la ciudad por ser recientemente puesta en ejecución, se recomienda ampliar el número de estaciones de monitoreo de forma representativa para todo el municipio. Esto logrará monitorear los contaminantes de la ciudad con una mejor distribución en el área urbana y valoraciones con mayor número de datos. Incluso, esto permitiría ejecutar metodologías de valoración con respecto a los beneficios en la salud con respecto a la disminución de contaminantes calculado a partir de proyecciones a futuro de la base de datos actual.
Al considerar las limitantes de recursos económicos, tiempo e información en la investigación, se recomienda en la temática de valoración económica implementar la metodología de valoración contingente para conocer la disposición a pagar (DAP), en especial con un mercado hipotético alrededor del transporte urbano, pues ésta fue la problemática identificada por la comunidad e investigadores ambientales como la de mayor afectación en la calidad del aire de la ciudad. Además que la comunidad está en constante interacción con la problemática de calidad del aire por medio del transporte.
Agradecimientos
A la población del municipio de Villavicencio por su amabilidad y receptividad. A las administraciones locales y a la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial de la Macarena –Cormacarena. A los investigadores y profesionales por su apoyo y gestión. A la Facultad de Ingeniería Ambiental de la Universidad Santo Tomás sede Villavicencio.
Referencias
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1 Ingeniera Ambiental. Universidad Santo Tomás, Villavicencio-Colombia. Correo electrónico: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., Autor para correspondencia.
2 Economista, Magíster en Gestión Ambiental Sostenible. Universidad Santo Tomás, Villavicencio-Colombia. Correo electrónico: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Para citar este artículo: González-Pérez, A. y Ariza-Marín, L. J. (2021). Valoración económica y percepción social de la contaminación atmosférica en Villavicencio, Colombia. Revista Luna Azul (On Line), 52, 41-57. https://doi.org/10.17151/luaz.2021.52.3
Esta obra está bajo una Licencia de Creative Commons Reconocimiento CC BY
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Ayuntamiento y escuela en pro de valores ambientales y ciudadanos. Análisis del programa educativo “Olvera es verde”
Olga Moreno-Fernández1
Recibido: 26 de agosto de 2019 Aceptado: 22 junio 2021
DOI: 10.17151/luaz.2021.52.4
Resumen
La crisis socioambiental en la que está inmersa el planeta está poniendo de relieve, cada vez con mayor crudeza, las consecuencias de la globalización: se acentúan las desigualdades socioeducativas, higiénico-sanitarias, económicas, medioambientales, etc. Cuestiones que plantea necesariamente una nueva forma de entender y relacionarse con el planeta, donde la educación tiene un papel esencial. Objetivos. El presente estudio tiene como objetivos, por una parte, conocer que percepción tiene el alumnado de Educación Primaria participante en el programa educativo “Olvera es verde” sobre el medioambiente, y la relación del ser humano con este una vez finalizado el programa, y por otro lado valorar la satisfacción del alumnado con la formación recibida. Materiales y Métodos. La investigación adoptó un enfoque mixto; se realizó un seguimiento de las sesiones del programa, se realizaron grupos de discusión y se administró un cuestionario al finalizar la experiencia. Los participantes han sido 88 alumnos y alumnas de la Etapa de Educación Primaria de dos centros escolares de la localidad de Olvera (Cádiz, España). Resultados. El análisis de los resultados dejo ver algunos aspectos significativos que podrían ser útiles para la mejora de este tipo de experiencia educativa. Los resultados obtenidos ponen de manifiesto que el programa favorece la integración de temáticas socioambientales en el contexto escolar, favoreciendo la educación ambiental y la educación ciudadana e inculcando valores cívicos a través de sus contenidos. Conclusiones. La realización de este tipo de programas favorece la integración de temáticas socioambientales en el contexto escolar. Sin embargo, se ha detectado que el alumnado de esta etapa aún relaciona el concepto de medioambiente con el de medioambiente natural, siendo necesario para futuras investigaciones explorar cómo pasar de ese concepto de medioambiente natural a un concepto de medioambiente social.
Palabras clave: educación ambiental; medioambiente; desarrollo territorial; participación ciudadana.
Local government and school in favor of environmental and civic values. Analysis of the educational program "Olvera is green"
Abstract
The socio-environmental crisis in which the planet is immersed is highlighting, more and more starkly, the consequences of globalization: socio-educational, hygienic-sanitary, economic, environmental, etc. inequalities are accentuated. These issues necessarily raise a new way to understand and relate to the planet in which education plays an essential role. Objectives: This study aims, on the one hand, at knowing the perception elementary school students participating in the educational program "Olvera is green" have about the environment and the relationship of human beings with it once the program is finished and, on the other hand, at assessing the satisfaction of the students with the training they have received. Materials and Methods: The research adopted a mixed approach. The sessions of the program were monitored, discussion groups were held and a questionnaire was administered at the end of the experience. The participants were 88 students from the Elementary Education stage of two schools in the town of Olvera (Cádiz, Spain). Results: The analysis of the results revealed some significant aspects that could be useful for the improvement of this type of educational experience. The results obtained show that the program favors the integration of socio-environmental issues in the school context, favoring environmental education and citizenship education and instilling civic values through its contents. Conclusions: The implementation of this type of program favors the integration of socio-environmental issues in the school context. However, it has been detected that students at this stage still relate the concept of the environment to that of the natural environment, and it is necessary for future research to explore how to move from the concept of natural environment to that of social environment.
Keywords: environmental education; environment; territorial development; citizen participation.
Introducción
La crisis socioambiental en la que está inmersa el planeta está poniendo de relieve, cada vez con mayor crudeza, las consecuencias de la globalización: se acentúan las desigualdades socioeducativas, higiénico-sanitarias, económicas, medioambientales, etc., cuestiones que inciden directamente en el empobrecimiento de la población y la degradación de los ecosistemas (Kaza et al., 2018; González-Gaudiano y Meira-Cartea, 2020; Moreno-Fernández, 2020; Reis y Ballinger, 2020). Estos problemas socioambientales son en gran parte el resultado de cómo cada uno de nosotros a nivel individual nos relacionamos con el entorno, de nuestros hábitos y acciones cotidianas que, aunque a pequeña escala, influyen en el planeta. Es necesario, por tanto, entender que nuestros hábitos y acciones cotidianas no repercuten solo a nuestro entorno cercano en el que vivimos, no nos repercuten solo a nosotros “aquí y ahora”, sino que afectan a nivel global, ya que compartimos el mismo espacio para vivir. Por tanto, y como señalan Bravo y Rivera (2020), estas cuestiones socioambientales “tienen un estrecho vínculo con la sociedad, y tener acceso a los servicios ecosistémicos pueden ser un derecho pero también implica obligaciones, las cuales se ejercen a través del cuidado, concientización y participación” (p. 160).
Unas obligaciones en las que la escuela tiene un papel esencial, ya que desde un punto de vista educativo, la relación que se establece entre el alumnado y su entorno debe favorecer una relación que tenga como objetivo el generar una conciencia crítica y reflexiva. Una conciencia que les permita ser capaces de construir soluciones y alternativas a los problemas socioambientales actuales, para lo que sin duda son necesarias acciones educativas comprometidas que tengan como finalidad la mejora de la calidad de vida de la comunidad en particular, y del planeta en general (Berríos y González, 2020; Díaz-Salazar, 2016; Martínez-García, 2018; Moreno-Fernández, 2015; Moreno-Fernández y García-Pérez, 2018; Murga-Menoyo, 2017; Pérez-Briones, 2018). Un compromiso que, sin duda, pasa por entender al alumnado como parte de la ciudadanía desde la infancia, lo que obliga a redefinir nuevos escenarios educativos en los que no solo participe el alumnado, sino también el profesorado, las instituciones locales y la comunidad local, entendiendo la educación como un método de acción transformadora (Freire, 1974).
Estos nuevos escenarios educativos que están propiciando ese trabajo conjunto entre comunidad escolar e instituciones locales están poniéndose de manifiesto tanto a nivel nacional como internacional con ejemplos como “Parlamento Joven”, “Seguro que te mueves”, “¡Olvera es verde!”, “Ecoescuela”, “Bandera Azul”, “Kioto Educa”, o “Agenda 21” (Agraso y Jiménez, 2003; Berkes, 2004; Corney & Reid, 2007; Bermúdez y De Longhi, 2008; Conde y Sánchez, 2008). Estos programas incorporan ese compromiso de participación ciudadana con el entorno glocal (local-global). Una educación socioambiental comprometida con los problemas de nuestro mundo que no puede estar limitada al hecho de abordar contenidos conceptuales, ya que, como señalan Moreno-Fernández y García-Pérez (2018), este compromiso educacional “implicaría promover otra forma analizar, pero también de sentir el mundo, más adecuada para afrontar los problemas sociales y ambientales que nos rodean” (p. 907). Un reto educativo al que es sin duda necesario dar una respuesta acorde a las problemáticas del mundo en el que vivimos.
Partimos del supuesto de que es necesario educar ciudadanos y ciudadanas comprometidos como una de las vías esenciales para intentar cambiar la situación de emergencia planetaria a la que nos hallamos abocados, y de la urgencia de adquirir un enfoque en el “modo de pensar los problemas” que permita programar acciones sostenibles con una ética de acción comprometida (Gil-Pérez y Vilches, 2017; Vilches y Gil-Pérez, 2016). Ya hay estudios previos que evidencian que la participación del alumnado desde los primeros cursos escolares fortalece la formación de una ciudadanía responsable con el medio ambiente y sus problemáticas (Gómez-Huertas, 2020; Pabón-Figueras y Pino-Mejías, 2019; Rubio et al., 2019). Y es aquí donde entra el programa educativo que se presenta.
Contexto y objetivos de la investigación
La presente investigación se realiza en la localidad andaluza de Olvera, situada en la comarca de la Sierra de Cádiz y con una población aproximada de 8.124 habitantes. La mayoría de sus tierras son de uso agrícola, principalmente dedicadas al cultivo del olivo. Además, por su término municipal pasa la Vía Verde de la Sierra, la única ruta declarada de interés turístico de Andalucía y la reserva natural del Peñón de Zaframagón que destaca por ser la mayor anidación de buitres leonados de Andalucía y una de las mayores de Europa. El programa “Olvera es verde” se propone desde el Ayuntamiento de Olvera (Cádiz) a los centros educativos de Educación Primaria de la localidad con la finalidad de sensibilizar al alumnado acerca de la importancia que tienen nuestras acciones individuales en el entorno a escala global. La Asociación de Educación Ambiental y Participación Sociocultural (Hyla) será la encargada de ponerlo en marcha en los centros. Esta fuerte vinculación relación entre la localidad y su entorno hace de la educación ambiental un centro de interés primordial de las instituciones locales, que han hecho un esfuerzo por poner en marcha programas educativos que tienen su base en el desarrollo transversal de contenidos socioambientales y que favorecen la acción e implicación ciudadana en el entorno. Por tanto, la investigación se centra en el seguimiento de las actividades de educación ambiental realizadas en el programa que ofrece el ayuntamiento de Olvera a los centros educativos de la ciudad del mismo, así como la evaluación del mismo.
El presente estudio tiene como objetivos, por una parte, conocer qué percepción tiene el alumnado de Educación Primaria participante en el programa educativo “Olvera es verde” sobre el medioambiente y la relación del ser humano con este una vez finalizado el programa, y por otro lado valorar la satisfacción del alumnado con la formación recibida.
Metodología
Se realizó un estudio de caso, con un enfoque mixto, en el que se abordaron los datos tanto cuantitativa, como cualitativamente. Asimismo, el estudio se basó en una investigación cuasi-experimental, ya que los sujetos no fueron asignados al azar a los grupos participantes, sino que dichos grupos estaban conformados antes del experimento, son “grupos intactos” (Hernández et al., 2010). El proyecto tuvo una duración total de un curso académico y se organizó a nivel didáctico en cuatro fases; las tres primeras correspondientes a cada uno de los trimestres escolares y la cuarta fase, al análisis y evaluación de resultados (Tabla 1).
Tabla 1. Fases del proyecto educativo
Previo al inicio del curso, durante los meses de mayo y junio, se contactó con los tutores de las cuatro clases que participarían en el proyecto (2 clases de tercer curso por centro educativo, clasificadas en 3ºA y 3ºB) con la finalidad de conocer al profesorado y poner en común con él el proyecto y las sesiones de trabajo con el alumnado. La primera fase ocupa el primer trimestre del curso (septiembre-diciembre). En este periodo se realizó una sesión inicial para conocer que entendía el alumnado por medio y ambiente, asimismo, se trabajó cuestiones relacionadas con la biodiversidad y los recursos naturales.
La segunda fase (enero-marzo) abordó el tema de la energía, el agua como recurso necesario para la vida y la contaminación. En cuanto a la tercera fase (abril-mayo), trató temas como el cambio climático o el transporte sostenible. A lo largo de las distintas sesiones se realizaron cuadernillos elaborados específicamente para la actividad (Figura 1), se reflexionó en gran grupo y se realizaron actividades prácticas encaminadas a dar respuestas a problemas locales detectados y relacionados con cada una de las sesiones de trabajo.
Figura 1. Imagen ejemplo de cuadernillos ideas previas utilizados en las sesiones Fuente: elaboración propia.
Para finalizar, la cuarta fase consistió en celebrar conjuntamente el Día del Medioambiente (Figura 2), terminando con una evaluación de lo aprendido.
Figura 2. Imagen de la celebración del Día del Medioambiente Fuente: elaboración propia.
En la investigación participaron un total de cuatro aulas del tercer curso de Primaria de los dos centros públicos existentes en la localidad, el CEIP San José de Calasanz y el CEIP Miguel de Cervantes. Siendo los participantes 88 alumnos y alumnas en edades comprendidas entre los ocho y los nueve años (Tabla 2). Toda la información contenida en este documento se ha obtenido y presentado de acuerdo con las normas académicas y los aspectos éticos. La investigación presentada se realizó con el consentimiento informado de todos los participantes antes de la recolección de datos.
Tabla 2. Alumnado participante
A nivel investigativo la recolección de datos se realizó en tres etapas. En la primera etapa se realizaron cuatro grupos de discusión. Un grupo de discusión en cada una de las clases participantes en una sesión inicial para conocer sus ideas previas sobre las temáticas a abordar en el programa educativo que se iba a desarrollar a lo largo del curso. Estos grupos de discusión conllevaron gran complejidad, ya que en cada una de las cuatro aulas participantes se llevó a cabo con el total del alumnado presente, que osciló entre los veinte y los veintitrés participantes en función del aula. Estos grupos de discusión fueron grabados para facilitar su posterior transcripción y categorización. Esta etapa se corresponde con la primera sesión programada en las fases del proyecto educativo (véase Tabla 1).
La segunda etapa consistió en un seguimiento de las sesiones del programa, las cuáles fueron grabadas en audio y documentadas a través de material fotográfico, así como anotaciones en base a lo que estaba sucediendo en el espacio facilitado por los centros para desarrollar las sesiones del programa, ya que como señalan Hernández et al. (2010), “la observación cualitativa no es mera contemplación; implica adentrarnos en profundidad a situaciones sociales y mantener un papel activo, así como una reflexión permanente. Estar atento a los detalles, sucesos, eventos e interacciones” (p. 411). Esta etapa se aborda de la segunda a la novena sesión programada en las fases del proyecto educativo (véase Tabla 1). Algunos documentos gráficos recogidos en esta etapa se presentan en las figuras 1 y 2.
En la tercera y última etapa de la investigación que fue llevada a cabo en la sesión final del programa, se aplicó un cuestionario con la finalidad de valorar el proceso a nivel de comprensión de cuestiones básicas relacionadas con el medioambiente y actitudes personales declaradas. Este cuestionario fue validado a partir de una prueba piloto y posteriormente mediante expertos, dando lugar al cuestionario final. Este cuestionario consta de una presentación en la que se les explica a los participantes su finalidad y se les solicita que señalen edad y el sexo al que pertenecen. El cuestionario final se estructuró en torno a cuatro preguntas abiertas y dos preguntas de opción múltiple que complementaban a las preguntas anteriores que se van explicitando en la presentación de los resultados. Para finalizar se realizaron otros cuatro grupos de discusión en la sesión de evaluación, uno por cada clase participante, en el que se valoraron los aspectos relacionados con el desarrollo del proyecto en cuanto y en los cuáles el alumnado pudo destacar que valoración hacía del mismo, qué actividades les había parecido más interesante, así como si consideraban que hubiera sido de utilidad. Son los resultados obtenidos en esta etapa de la investigación los que se presentan en el presente informe de investigación.
Una vez recogida y transcrita la información de todas las fuentes, se ha procedido a la codificación de los mismos. El análisis de la información se ha realizado a partir de una tabla de Excel para el caso de los cuestionarios y del software de análisis cualitativo Atlas.Ti, en su versión 6.2, para los grupos de discusión. Para la codificación se han asignado códigos descriptivos que garantizaran la confidencialidad de los datos de los participantes. Así, se utilizaron las iniciales “AEP” (Alumno Educación Primaria) seguido del acrónimo dado a cada centro participante (SJC: Colegio de Educación Primaria San José de Calasanz y MDC: Colegio de Educación Infantil y Primaria Miguel de Cervantes) y del número asignado a cada una de las encuestas recogidas. De este modo “AEP-MDC-4” hace referencia a los datos recabados del alumno de Educación Primaria del Colegio Miguel de Cervantes asignado con el nº4. La utilización de diversos instrumentos nos permitió una mayor profundización del análisis de la información obtenida y un acercamiento más real a la situación con respecto a la educación ambiental en la escuela primaria. Además, la utilización de diferentes métodos para la obtención de los datos nos ha permitido validar la investigación a través de la triangulación, dotando de mayor fiabilidad a las conclusiones alcanzadas (Denzin, 1970).
Resultados
A continuación, se presentan y describen los resultados obtenidos a partir del cuestionario y de los grupos de realizado en la etapa final de la experiencia educativa llevada a cabo.
En la primera pregunta del cuestionario, de carácter cualitativa, se le presentaba al alumnado dos imágenes. En una primera imagen aparecía un paisaje natural, sin intervención del ser humano, en el que solo se veían animales y plantas, en la segunda imagen se podía apreciar la misma escena, pero con la intervención del ser humano presente. En base a estas dos imágenes se le solicitaba al alumnado que indicara cuál de ellas pensaban que definía mejor el medioambiente y por qué.
El medioambiente es un concepto complejo que implica la interconexión de múltiples factores y que suele asociarse a la naturaleza. Como señalan Calixto y Hernández (2012), “el medioambiente comprende un conjunto de ambientes interrelacionados en un constante cambio en el que están integrados los sujetos” (p.17). Es decir, no se entiende el medioambiente sin el ser humano y viceversa. En este sentido el 92,05% del alumnado asoció medioambiente a la naturaleza en su estado natural, a lo que se puede llamar medioambiente natural, sin la intervención del ser humano. Sólo el 7,95% consideró que el medioambiente es un conjunto de elementos que establecen vínculos entre sí (Gráfico 1).
Gráfico 1. Representación del medioambiente Fuente: elaboración propia.
En cuanto a las justificaciones de porqué se han decantado por una u otra opción, la elección de la primera imagen, la relacionada con el medioambiente sin intervención humana, la mayor parte del alumnado señala haberla elegido porque no hay presencia de contaminación del entorno por parte del ser humano, entendiendo que todo aquello en donde se establezcan carreteras, puentes, casas, es un entorno degradado que no puede ser considerado como medioambiente. Ejemplo de estas respuestas son:
AEP-MDC-3: Porque no tiene la zona de carreteras ni nada, solo hay vegetación y animales. AEP-SJC-50: Porque en la segunda hay carretera y por la carretera pasan coches que echan humos y contaminan. AEP-SJC-88: Porque sin el puente no pasarían coches y no contaminaría tanto y el hombre no mataría ni molestaría a los animales.
En cuanto a la elección de la segunda imagen, las respuestas se pueden agrupar en dos niveles. Por un lado, aquellas que hacen alusión al ser humano como necesario para que la naturaleza salga adelante, en las cuáles se entiende que los animales y plantas necesitan del cuidado del ser humano; ejemplo de estas respuestas encontramos en las siguientes unidades de información:
AEP-MDC-10: Porque en la primera no hay seres humanos y así ellos cuidan de la naturaleza y nosotros también. AEP-SJC-45: Porque el hombre está cuidando los animales, hay agua para que los animales beban.
Y un segundo nivel en el cual se hace referencia a una interrelación entre varios elementos, incluido el ser humano. Ejemplo de ello es AEP-SJC-61: Define mejor el medioambiente porque hay personas, animales y puentes para que pasen los coches o AEP-MDC-39: Define mejor el medioambiente porque hay más vegetación y animales, las plantas y las personas.
La segunda cuestión les planteaba una pregunta de opción múltiple en la que se les pedía que señalaran qué relación pensaban que tenía el ser humano con la naturaleza. En cuanto a la relación que el ser humano tiene con la naturaleza, el 90.90% del alumnado participante considera que el ser humano no es el dueño de la naturaleza y no debería hacer con ella lo que quiera. Un 4,55% piensa que, aunque no sea su dueño, puede hacer con ella lo que quiera, y otro 4,55% considera que es el dueño y por eso puede actuar como mejor considere (Tabla 3).
Tabla 3. Relación ser humano/naturaleza
En la tercera pregunta se solicitó al alumnado que reflexionara sobre si cuidar el medioambiente era una cuestión que influía o no en nuestra calidad de vida. En general, el alumnado considera que cuidar el medioambiente influye en que se viva mejor, aunque se pueden diferenciar cinco niveles de opiniones (Tabla 4). Sólo un 6,82% de las respuestas no han podido ser analizadas al haber sido dejadas en blanco por parte del alumnado participante.
Tabla 4. Influencia del medioambiente en nuestras vidas
Para el nivel 1 se han clasificado todas aquellas respuestas en las que el alumnado considera que sí que influye, pero no profundiza en su respuesta, como pueden ser AEP-MDC-3: Si creo que influye. Este nivel es el que menos respuestas ha concentrado, teniendo una representación del 6,82%.
En el segundo nivel se han agrupado aquellas respuestas que hacen referencia a que cuidar la naturaleza hace que esta esté mejor y podamos vivir bien tal. Este nivel es el que mayor representación tiene con un 37,5% de las respuestas analizadas. Ejemplo de respuestas de este nivel son:
AEP-MDC-17: Así se vive mejor AEP-SJC-71: Si cuidamos el medioambiente podemos estar felices porque estamos cuidando una parte de la naturaleza. AEP-SJC-48: Si cuidamos el medioambiente podemos estar felices porque estamos cuidando una parte de la naturaleza.
En un tercer nivel, con una representación del 15,90%, se han clasificado aquellas respuestas en las que se ha relacionado el cuidado del medioambiente con el abastecimiento de recursos como pueden ser:
AEP-MDC12: La naturaleza tiene cosas que necesitamos como fruta, aire, árboles … AEP-MDC-23: Nos podemos quedar sin comer y no podríamos vivir AEP-SJC-44: Si no cuidamos el medioambiente no podríamos por ejemplo comer las frutas que nos da la naturaleza.
Por último, en un cuarto nivel se han agrupado las unidades de información en las que se relaciona el cuidado del entorno con la salud debido a la contaminación que genera el ser humano y a la cual hay que dar respuestas útiles para ponerle freno, con una representación del 32,96% y del cual se extraen las siguientes unidades de información a modo de ejemplo:
AEP-MDC-16: Cada vez que arrojamos basura a la naturaleza hace más calor porque está atravesando la capa de Ozono. AEP-MDC-35: Si no cuidamos el medioambiente contaminamos el aire que respiramos y podría afectar a nuestra salud.
A continuación, en la cuarta pregunta, se le planteaba al alumnado una pregunta de opción múltiple. Concretamente se les planteaba que indicaran a quién consideraban que perjudicaba el malgastar los recursos naturales con los que contamos. En este sentido, un 18,18% cree que solo perjudica a la naturaleza, mientras que el 5,68% considera que es solo al ser humano a quién perjudica. El 71,59% del alumnado participante considera que gastar recursos sin control termina afectando tanto a la naturaleza como al ser humano (Tabla 5).
Tabla 5. Uso excesivo de los recursos y afectación
El quinto punto del cuestionario les solicitó que reflexionaran sobre todas aquellas cosas que tenemos gracias a los recursos de la naturaleza. Esta cuestión partió de lo respondido en la pregunta anterior. Si profundizamos en las respuestas obtenidas, detectamos que el alumnado que ha señalado que malgastar recursos solo perjudica a la naturaleza (18,18%), se centra principalmente en los combustibles fósiles, incidiendo en el uso de vehículos de motor como principal contaminante de la naturaleza. En cuanto a las respuestas categorizadas como que el uso excesivo de los recursos solo perjudica al ser humano (5,68%), se han centrado en poner de relevancia que son necesarios para la vida y que sin ellos nos moriríamos, por lo que al final seríamos los únicos perjudicados (AEP-MDC-34: Solo perjudica al ser humano ya que si nos quedaríamos sin recursos naturales y nos moriríamos).
El 71,59% de los participantes considera que perjudica por igual a la naturaleza y al ser humano. En este sentido identifican que hay una relación directa entre el uso que hacemos de los recursos, el estado en que queda la naturaleza y cómo esto afecta al ser humano, siendo ejemplo de ello respuestas como:
AEP-MDC-14: Perjudica a los dos porque si la naturaleza se muere nosotros también porque necesitamos los recursos que nos da. AEP-MDC-33: Perjudica a los dos porque si se gastan muchos recursos nos moriríamos y la naturaleza ya no existiría. AEP-SJC-49: Las personas tenemos que cuidar de la naturaleza y la naturaleza cuidar de las personas para poder vivir.
Por último, se les preguntó qué consideraban podían aportar ellos para mejorar el planeta. En este sentido, el alumnado reflexionó sobre sus acciones diarias, poniendo en valor aquellas actitudes que consideraron contribuían a deteriorar el medioambiente. También reflexionaron sobre aquellas acciones que podían llevar a cabo que favorecieran un mejor y mayor cuidado del entorno. Entre las acciones que pueden llevar a cabo en su vida diaria y que contribuyen a mejorar el entorno, destacan el hecho de no tirar basura al suelo, utilizando los recipientes puestos para tal fin (42.5%); el uso excesivo de vehículos a motor (31,7%), que aunque en un principio señalaron que el uso de los vehículos a motor era una cuestión que dependía de sus padres, sí reflexionaron sobre cómo ellos podían sensibilizarlos para no usar estos vehículos para trayectos cortos; el hecho de no reciclar y la importancia de hacerlo (21,3%), así como la importancia de cuidar de la flora y la fauna que nos rodea (4,5%). Acciones a pequeña escala que favorecen una educación orientada al compromiso activo de la ciudadanía (Murga-Menoyo, 2018).
A continuación, se presentan los resultados referidos a las percepciones del alumnado en torno a la experiencia realizada, manifestadas en los grupos de discusión realizados tras la realización del cuestionario. Para ello, se han detallado los elementos descriptivos categorizados según las unidades textuales con mayor frecuencia, en relación a las principales valoraciones del alumnado sobre la utilidad y funcionalidad del programa desarrollado. En relación a sus actitudes frente a la educación medioambiental, podemos ver cómo el alumnado participante ha valorado muy positivamente el desarrollo del proyecto y su participación en él (Gráfico 2). Hay estudios previos similares al presentado que coinciden en que este tipo de programas son bien recibidos por parte del alumnado (Dyg y Wistoft, 2018; Moreno-Fernández y García-Pérez, 2015, 2018; Suárez-López et al., 2021).
Gráfico 2. Valoración del programa por parte del alumnado Fuente: elaboración propia.
Las actividades que han sido mejor valoradas por el alumnado han sido las que implicaban un desarrollo práctico y funcional de contenidos y actitudes como, por ejemplo, el reciclaje de material para elaborar adornos navideños, los juegos prácticos como el de los tapones o el paraguas para trabajar los recursos, el desarrollado en el patio de “linces y conejos” para trabajar la biodiversidad, las cuáles implican salir fuera del aula para su realización, y dramatizaciones en grupo sobre cuestiones ambientales (Gráfico 3).
Gráfico 3. Valoración de las actividades realizadas por parte del alumnado Fuente: elaboración propia.
El alumnado considera que el trabajo realizado en el programa ha sido positivo y ha favorecido entender cuestiones relacionadas con las temáticas trabajadas que antes no se había planteado, sensibilizándose con la necesidad de hacer de su entorno un lugar más limpio y respetuoso con el medioambiente (Gráfico 4).
Gráfico 4. Valoración cambio actitud medioambiental por parte del alumnado Fuente: elaboración propia.
Discusión y conclusiones
Como señala Gonzaga-Figueroa (2018), “la educación ambiental atañe a toda la sociedad, debe tener un enfoque amplio, para potenciar un pensamiento crítico e innovador, que sea capaz de formar una opinión acerca de los problemas socioambientales” (p. 305). El presente estudio contribuye a conocer las creencias que el alumnado de tercero de educación primaria que participa en un programa educativo específico donde se abordan cuestiones relacionadas con el medioambiente y la ciudadanía tiene. Se observa una actitud positiva hacia el entorno, lo que concuerda con otros estudios relacionados con las actitudes hacia el medioambiente (Álvarez y Vega, 2009; Amérigo, 2006; Murga-Menoyo, 2008; Pérez-Franco et al., 2018; Trobat et al., 2005; Vázquez y Manasseros, 2005).
En este sentido, el alumnado de los dos centros participantes del programa educativo valora de forma positiva el trabajo realizado. La experiencia les ha generado sensaciones positivas, y las actividades planteadas les han parecido enriquecedoras, poniendo de manifiesto que las actividades realizadas al aire libre, en contacto con el entorno, son las que más les han gustado. Este discurso positivo parece indicar el potencial de este tipo de experiencias educativas para fomentar la vinculación emocional del alumnado con el resto de compañeros y su entorno (Ozer, 2007).
El análisis de los resultados permite concluir que el programa educativo ¡Olvera es verde! favorece la integración de temáticas socioambientales en el contexto escolar, favoreciendo la educación ambiental y la educación ciudadana e inculcando valores cívicos a través de sus contenidos. Fomenta el trabajo de contenidos conceptuales (conocimientos relativos a temas como el agua, la biodiversidad, la energía o los residuos), contenidos procedimentales (reciclar, ahorrar agua a través de distintas herramientas o ahorrar energía a través de un uso adecuado de los recursos) y actitudinales a través del compromiso con el entorno, resultados que coinciden con el análisis realizado a otros programas educativos en otras investigaciones (Moreno-Fernández y García-Pérez, 2015).
Asimismo, se ha detectado que el alumnado de esta etapa relaciona el concepto de medioambiente con el de medioambiente natural, lo que también se ha puesto de manifiesto en investigaciones anteriores (Calixto y Hernández, 2012), siendo necesario para futuras investigaciones como pasar de ese concepto de medioambiente natural a un concepto de medioambiente social.
Como limitación, reseñar que el alcance del programa educativo fue limitado por el número de sesiones (10), y en consecuencia hubo problemáticas socioambientales de gran relevancia actualmente que, o bien no pudieron ser tratadas -como es el caso de la alimentación-, o bien no pudieron ser tratadas en profundidad -como el tema del cambio climático al que se le dedicó una sesión de trabajo y que es un tema complejo-, cuestiones de gran relevancia y que sin duda tienen un estrecho vínculo en cuanto a afectación social (Bravo y Rivera, 2020).
Sin embargo, y sobre la base de los resultados obtenidos, podemos afirmar que la experiencia planteada es una buena semilla para profundizar y promover competencias ciudadanas; como señala Zambrano (2018) “esto conlleva un desarrollo como ser en el instante en que interactúa con otros y con la naturaleza, requiriendo del individuo conocimientos, habilidades y valores para lograr su compromiso y responsabilidad ante dilemas de la sociedad” (p. 70), desarrollo para lo que estas experiencias son un buen punto de partida.
Agradecimientos
Agradecimientos al Ayuntamiento de Olvera, al CEIP San José de Calasanz, del que han participado las Profesoras Antonia Ortega Partida y María Isabel Cruces Moreno, y al CEIP Miguel de Cervantes, del que han participado el Profesor Francisco Torrejón González y la Profesora Clementa Pernía Escot.
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1 Doctora en Estudios medioambientales. Profesora Titular de la Universidad de Sevilla, España. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 Magíster en Educación Ambiental. Licenciada en Biología. Empresa Hyla. Formación ambiental y proyectos socioeducativos. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Para citar este artículo: Moreno-Fernández, O. y Benítez-Rodríguez, A. M. (2021). Ayuntamiento y escuela en pro de valores ambientales y ciudadanos. Análisis del programa educativo “Olvera es verde”. Revista Luna Azul (On Line), 52, 58-75. https://doi.org/10.17151/luaz.2021.52.4
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Prácticas y saberes de intervención del Trabajo Social en el escenario ambiental desde la experiencia de los departamentos Antioquia y Caldas
Gloris Rocío Tobar Carreño1
Recibido: 11 junio 2019 Aceptado: 07 septiembre 2021
DOI: 10.17151/luaz.2021.52.2
Resumen
Este estudio tiene como objetivo develar otras prácticas y saberes de trabajadores sociales que enriquecen la intervención profesional en un escenario que plantea desafíos interdisciplinarios entre las ciencias sociales y humanas, la ciencia jurídica y las ciencias naturales y exactas, para mitigar el deterioro ambiental. Para tal fin, se realiza una interpretación de la información arrojada desde algunos fundamentos de la ecología social, la ecología política, la normatividad ambiental colombiana vigente y la metodología de intervención del trabajo social. El diseño de la investigación se basa en el paradigma cualitativo con un enfoque interpretativo de las narrativas de 9 trabajadores sociales que se desempeñan profesionalmente en diferentes instancias del área ambiental en los departamentos de Antioquia y Caldas. Se utiliza la técnica de entrevista estructurada y revisión documental para la recolección de información, y el análisis de discurso en la interpretación de la misma. Como resultado está que el trabajo social por ser una disciplina que tiene métodos propios de intervención como son los de grupo y comunidad, lo posiciona como una profesión que articula, facilita y media en los procesos de gestión ambiental y territorial para la realización de actividades como la identificación y análisis de actores estratégicos, la lectura de territorio, la generación del vínculo y cohesión social, la planeación territorial y la planeación ambiental.
Palabras clave: Trabajo social, naturaleza, gestión ambiental, planificación territorial, participación comunitaria.
Practices and knowledge of intervention of Social Work in the environmental scenario from the experience of the Departments of Antioquia and Caldas
Abstract
This study aims to unveil other practices and knowledge of social workers that enrich professional intervention in a scenario that poses interdisciplinary challenges between social and human sciences, legal science and natural and exact sciences, to mitigate environmental deterioration. For this purpose, an interpretation of the information generated from some foundations of social ecology, political ecology, current Colombian environmental regulations, and the social work intervention methodology was carried out. The research design is based on the qualitative paradigm with an interpretive focus on the narratives of nine social workers who worked professionally in different instances of the environmental area in the Departments of Antioquia and Caldas. The structured interview and document review technique for the collection of information are used, as well as discourse analysis in their interpretation. As a result, social work, because it is a discipline that has its own intervention methods such as group and community methods, is positioned as a profession that articulates, facilitates and mediates environmental and territorial management processed to carry out activities such as the identification and analysis of strategic actors, the reading of the territory, the generation of bonds and social cohesion, the territorial planning and the environmental planning.
Keywords: Social work, environmental management, territorial planning, community participation.
Introducción
El método de intervención del trabajo social en el escenario ambiental es un dispositivo que contiene procesos, técnicas e instrumentos que coadyuvan a las transformaciones microsociales para el fortalecimiento de las relaciones sociedad-naturaleza, la sustentabilidad del territorio y la justicia medioambiental. En palabras de Caraballeda (2012), “lo microsocial implica una mirada a lo local y una búsqueda de la singularidad del escenario de acuerdo con sus propias características y su relación con lo macro social” (p.120). Desde esta lógica, el entorno natural es interpelado por las comunidades que, desde sus necesidades e intereses, demandan la configuración de prácticas que permitan su subsistencia en los territorios. De igual manera, los territorios son tensionados por proyectos que tienen intereses económicos en los que se prioriza una mirada extractivista de los recursos naturales.
En esta relación, pensar lo microsocial implica transversalizar una mirada desde la ecología social para abordar los territorios, las cuencas y microcuencas hidrográficas y sus singularidades (flora, fauna, vegetación, cuerpos de agua, suelo), páramos, zonas de reservas, bosques, en una relación de complementariedad y sostenibilidad en la que haya un respeto, no sólo por los recursos naturales, sino por las personas y comunidades que habitan en los diferentes escenarios ambientales. Como se puede ver en la pluralidad de contextos, hay diferentes intereses y perspectivas sobre el uso y apropiación de los territorios. En ellos, las y los profesionales en trabajo social cumplen un papel importante como mediadores, educadores, y facilitadores de la gestión y planeación participativa, como se verá más adelante.
Ahora bien, desde una perspectiva de justicia ambiental, estos profesionales tienen la responsabilidad ética de garantizar la participación de las comunidades en los procesos de concertación, definición y concreción de las políticas públicas. Esto implica además una reflexión crítica, para que su quehacer no sea una práctica que se reduzca a una racionalidad instrumentalista de los intereses de un determinado grupo e instancia económica o política. A lo anterior se agregan los postulados de ecología social y de ecología política, los cuales hacen una crítica al modelo económico actual que siguen los gobiernos progresistas en los que la naturaleza es un recurso que se explota generando contradicciones sociales manifestadas en la pobreza y la desigualdad social. Lo que pretenden estas posturas es incluir la relación sociedad, naturaleza y cultura desde una perspectiva integradora y no antropocéntrica, la cual busca la explotación indiscriminada de la naturaleza.
Así, en este artículo se presenta un acercamiento comprensivo del quehacer del trabajo social desde la voz de las y los profesionales que en este caso son protagónicos, con la exposición de prácticas y escenarios de intervención del trabajo social en el área ambiental en las que se manifiestan procesos, contradicciones, retos y desafíos. En consecuencia, el artículo está organizado en 5 apartados. El primero plantea la caracterización y lectura de territorio como una práctica fundamental y transversal de la praxis del trabajo social en lo relacionado con los proyectos de gestión ambiental. En el segundo se describe la importancia de la gestión para la participación comunitaria, como eje articulador de los procesos socioambientales, aquí se abordan dos aspectos importantes que son el vínculo social como elemento que genera sostenibilidad de las dinámicas asociativas y la gobernanza como el involucramiento de diferentes actores en la gestión de los territorios. En el tercero, se aborda el programa Mejoramiento Integral de Barrios como una estrategia de planificación territorial en donde el aspecto socioambiental se integra con el físico y espacial. En el cuarto apartado se desarrolla la iniciativa de las tiendas de paz como una manera de promover formas alternativas de producir, comercializar y consumir semillas, verduras, hortalizas y frutos locales para generar sostenibilidad. En el quinto apartado se presenta una reflexión crítica desde diferentes posturas frente a la manera como se realiza la participación en el control y seguimiento de licencias ambientales y se evidencian las contradicciones que enfrentan los y las trabajadoras sociales, además los desafíos que deben asumir en este ámbito.
Metodología
El desarrollo metodológico de este estudio es cualitativo, en tanto que es un proceso de interpretación realizado con el propósito de descubrir conceptos y relaciones entre las narrativas de un grupo de trabajadoras y trabajadores sociales que se desempeñan en diferentes medios ambientales. Aquí se sustituye la teoría explicativa, de predicción y control respecto de las prácticas de intervención profesional específicas, para comprender intencionalidades y procesos latentes que están limitados por un contexto político y económico.
Es de enfoque hermenéutico, pues busca develar las formas particulares de intervención del trabajo social en el contexto ambiental mediante la articulación sistemática de las estructuras de significado subjetivo que rigen sus maneras de actuar. Desde esta perspectiva, dichas prácticas y escenarios de intervención se configuran en un constructo social que se manifiesta a partir de la experiencia y narrativa de los propios sujetos (Bautista, 2011, p.14).
Para el análisis de los datos se tuvieron en cuenta las siguientes categorías: procesos, logros, contradicciones, retos y desafíos de la intervención del trabajo social en el escenario ambiental, de las cuales emergieron otras específicas: participación y mediación comunitaria, vínculo social, lectura de territorio, relación binomio sociedad-naturaleza, cultura-naturaleza que son finalmente las que guiaron la construcción del presente artículo. En consonancia con lo anterior, se realizó un análisis de discurso mediante un estudio sistemático y estructurado de las narrativas con el fin de comprenderlas, describir hechos significativos y procesos que contribuyen a la producción de conocimiento para la disciplina de Trabajo social.
La principal técnica de generación de la información fue la entrevista a profundidad semiestructurada, realizada a profesionales de trabajo social del departamento de Caldas y de Antioquia que ejercen en diferentes instancias; esto permitió comprender perspectivas, significados y sentidos en los diversos escenarios de intervención. Se seleccionaron profesionales de trabajo social que tuvieran mínimo dos años de ejercicio en el tema de estudio en ámbitos públicos y privados, en los departamentos de Caldas y Antioquia.
Figura 1. Esquema componentes de la investigación Fuente: elaboración propia.
Por otra parte, se realizaron nueve entrevistas dado que se evidenció un nivel de saturación de la información; se consideró suficiente la repetición de coincidencias en opiniones y posiciones frente a lo indagado. Como instrumento de generación de información, se desarrolló un guion con preguntas direccionadas en los siguientes ejes o temas: escenarios y campos de acción de las personas entrevistadas, intencionalidades de su quehacer, sustento teórico de la intervención del trabajo social en el campo ambiental, logros, contradicciones, retos y desafíos que enfrenta el y la trabajadora social.
Asimismo, se utilizó la estrategia revisión documental en bases de datos de revistas digitales de las facultades de Trabajo social de Colombia; igualmente, en Scopus desde el año 2012, en la cual no se halló información relevante del tema de estudio. Luego se indagó en GREEN file, la cual arrojó información de desarrollo global y sociedad. Se continuó la búsqueda en ScienceDirect, sus temas están focalizados en procesos de investigación ambiental desde las ciencias naturales. En la búsqueda en Scimago, se registra la Revista International Social Work, que particulariza el tema de la intervención del trabajo social en lo ambiental. También se consultan libros de autores latinoamericanos que abordan el tema ambiental desde miradas alternativas como la ecología social y la ecología política; y finalmente se realizó una revisión de la política pública y la legislación ambiental colombiana. Las fases para la realización de la investigación fueron: revisión documental; trabajo de campo; organización, categorización y análisis de la información. Se finaliza con un aporte conclusivo acerca de los hallazgos emergentes del discurso.
Resultados y discusión
Caracterización y lectura de territorio
La caracterización territorial brinda elementos de análisis a los y las trabajadoras sociales para realizar la pertinente lectura de territorio y así plantear estrategias que sean coherentes con el contexto; de ahí la importancia, como lo manifiesta una de las entrevistadas:
de hacer un recorrido in situ del territorio para conocer vías de acceso, maneras de vivir de las poblaciones, seguridad, clima, ríos, quebradas importantes, infraestructura vial e institucional y de vivienda, principales actividades económicas como el cultivo de café, la ganadería, la minería y también el reconocimiento de los actores sociales para el proyecto y a veces a los trabajadores sociales nos correspondía realizar georreferenciación, es decir reconocimiento de coordenadas en lugares estratégicos de los territorios. (TS8)
Para la realización de estos recorridos, expresa uno de los profesionales del área social, se diligenciaba “una ficha en donde se consignaba la información de manera descriptiva con los aspectos mencionados” (TS8) y de allí se derivaba un análisis para la construcción de la estrategia participativa; asimismo se constituyó en una guía para que los profesionales técnicos se acercaran a las comunidades y así realizar diagnóstico técnico en lo ambiental (TS8). Es así como la lectura de territorio facilita el conocimiento micro social de lo local a partir de la medición cualitativa de los indicadores sociales en lo particular de la comunidad que se va a intervenir (Caraballeda, 2012,). Por eso, se constituye en una herramienta de comprensión y análisis de contexto para el equipo social y técnico. Además, la lectura de territorio configura un mapa social, la cual es considerada por Herrera (2016, p. 181) como metodología para la planeación participativa y la producción de conocimiento sobre una realidad social.
Otra experiencia en la que se resalta la importancia de caracterizar el territorio es la de una trabajadora social que acompañó el proyecto de Tiendas de paz. Ella relata que visitaba los municipios de Cocorná, San Francisco, Granada y San Luis, en el departamento de Antioquia, cuyo propósito era levantar una caracterización en las comunidades para determinar en qué condiciones estaban, cómo se podrían implementar las Tiendas de paz y generar espacios para la autogestión (TS6). Así mismo, un profesional señala que uno de los elementos fundamentales de la lectura del territorio es la identificación de los actores sociales “que están en un territorio, identificar cuáles son las relaciones, las funciones que hay allí, para conocer muy bien las particularidades del contexto y elaborar una caracterización” (TS2).
Es fundamental reconocer en los actores sociales, la red de relaciones y las características organizativas locales, sus formas de reciprocidad e intercambio (Caraballeda, 2012), es decir, relacionar aquellos que tienen mayor influencia pero menor interés, y viceversa, en los procesos de gestión socioambiental, tal como se observa en la Tabla 1, ya que a partir de esto se planean acciones que convoquen a la participación activa, especialmente para los que no tienen interés pero su influencia es esencial en la toma de decisiones. En consecuencia, es primordial “implementar técnicas de elaboración de mapas de actores en donde se identifiquen cuáles son los aportes que hacen cada uno frente al tema ambiental e identificar las posturas y llegar a consensos” (TS3).
Tabla 1. Ejemplo de mapa de actores según intereses, influencia y poder por punto de monitoreo de Riogrande Hacer clic sobre la imagen para ampliarla Fuente: mapa de actores realizado por Trabajadora social (TS8). Cortesía. Corporación Autónoma Regional del Centro Antioquia, & Universidad Pontificia Bolivariana. (2015).
A lo anterior se añade que es relevante para el conocimiento del territorio y la intervención social recuperar los saberes ambientales configurados por la comunidad de acuerdo a las vivencias cotidianas que construyen una sabiduría popular enriquecida de deseos, temores y modos de asumir su relación con la naturaleza. Este proceso es nombrado por otra trabajadora social como una “lectura crítica y reflexiva de las realidades” que permite “articular lo social con lo que se quiere hacer, este es el paso a paso para intervenir la comunidad” (TS4). Dicha afirmación se relaciona con lo que plantea Leff (2009):
La complejidad ambiental abre una nueva reflexión sobre la naturaleza del ser, del saber y del conocer; sobre la articulación de conocimientos en la interdisciplinariedad y sobre el dialogo de saberes, donde se entretejen intersubjetividades, valores e intereses en la toma de decisiones y en las estrategias de apropiación de la naturaleza. (p.245)
Gestión para la participación comunitaria
La Constitución política de Colombia (1991) pregona el derecho que tienen los ciudadanos a organizarse y a participar. A la fecha, las comunidades han avanzado en el tema de participación porque lo han asumido como derecho ciudadano, que les permite asociarse en escenarios como la formulación de proyectos, la generación de nuevos liderazgos sociales, la integración de nuevos actores sociales y la toma de decisiones en los procesos de planificación territorial, entre otros (Contreras Santos, 2007, p.131).
La participación en la gestión socioambiental es un tema clave porque permite la toma de decisiones en la planificación, la gestión del riesgo en lugares vulnerables por acciones antropogénicas y biogénicas, la viabilidad en la ejecución de proyectos que afectan la comunidad y el entorno, y la configuración de nuevos saberes ambientales que fortalecen las diadas cultura- naturaleza, sociedad-naturaleza. Como se desarrollará más adelante la participación comunitaria se hace evidente desde diferentes instancias en donde “las comunidades comienzan a posicionarse como actores capaces de incidir en lo público, aportando así con sus propios saberes para poner en juego estrategias de poder en la lógica local” (Díaz y Morales, 2010, p. 86).
Bajo esta perspectiva el o la profesional en trabajo social facilita la participación de la comunidad con acciones que la convoquen y la cautiven; de igual modo genera espacios en donde las personas se sientan escuchadas en sus intereses, preocupaciones y demandas; además de facilitar la construcción de alternativas, posibilitando que los diferentes actores interactúen de manera horizontal y reciban información concreta y veraz acerca de los procesos de gestión ambiental que serán adelantados en el territorio. Por eso, la función del profesional en trabajo social, en palabras de una de las entrevistadas “trasciende la transferencia de información, para generar empoderamiento de las comunidades en los procesos ambientales” (TS2), a través de la vinculación social y el compromiso por parte de las comunidades hacia los logros de las transformaciones que se pretenden. Asimismo, ante los daños ambientales inminentes en el mundo, de alguna manera se ha generado conciencia ambiental que “impulsa el hecho de que las organizaciones sociales reclamen y promuevan una mayor participación, una política ambiental, y un marco jurídico que permita resolver los conflictos que se vienen presentando” (Rodríguez, 2016, p. 24).
En este sentido, cada profesional en trabajo social tiene una importante labor de mediación, a partir de la escucha de las múltiples voces de actores e instituciones, tales como la gobernabilidad local, líderes comunitarios, comunidades indígenas, comunidades de pescadores y campesinos, entre otros. Esto se hace relevante en los procesos de planificación de cuerpos de agua (Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico), de microcuencas (Plan de Ordenamiento y Manejo de Microcuencas) y de los territorios (Plan de Ordenamiento Territorial); es una condición sine qua non la participación de la comunidad en el desarrollo de sus fases. Como lo plantea la Federación Internacional de Trabajadores Sociales (IFSW, por sus siglas en inglés) (2021),
(…) la participación tiene varios componentes a ser considerados y se establecerá con un enfoque de toda la sociedad e integrará a la sociedad civil, los agricultores y pequeñas empresas, los pueblos indígenas y los diversos intereses locales / regionales basados en los principios de equidad, igualdad y no discriminación. (párr. 11)
Otro ejemplo de mediación se da en torno a los conflictos por el uso del agua con las comunidades rurales de campesinos y pescadores en el Magdalena centro,
(…) donde se logró impulsar unas alternativas ciudadanas de turismo de naturaleza de pescadores asociados a huertas comunitarias, después de varios años de un conflicto social en torno al agua. Esta experiencia se convierte en una estancia de desarrollo local importante. (TS1)
Un escenario en el que intervienen las y los profesionales de trabajo social es el de la consulta previa que se propicia en “la construcción de una hidroeléctrica, de una carretera, de un plan de ordenamiento de microcuencas o como en mi caso, en el relacionamiento social con las comunidades afros e indígenas” (TS1).
En lo referente al tema de las comunidades indígenas y negras, la legislación ambiental colombiana establece mediante el Decreto 1320 de 1998 la Consulta Previa, para que dichas comunidades tomen decisiones tanto en la planificación como en la construcción y así no afecte los recursos naturales de su territorio. En este sentido, el trabajo social lleva a cabo procesos de mediación y comunicación entre las dos instancias, la institucional y la comunitaria, para la construcción conjunta de alternativas que impulsen el desarrollo local, como dice uno de los trabajadores sociales entrevistados, “de ahí que sea importante establecer códigos comunicativos que nos permitan avanzar en la generación de acuerdos con los grupos étnicos” (TS1), en tanto que
los pueblos indígenas tienen una forma de ver el mundo y nosotros tenemos otra en lo relacionado con el medio ambiente, pero hemos logrado conciliarnos, y hacer agendas conjuntas, entendiendo que hay unos lineamientos diferentes dentro de los resguardos: por ejemplo en el oriente de Caldas se han podido establecer formas productivas sin afectar los ecosistemas, como los bosques leñeros bio-ecosistémicos, donde la gente no quema, no tumba montes, sino que ya tiene unos cultivos para eso. (TS1)
En este contexto, siguiendo la propuesta de la IFSW (2021), “los trabajadores sociales tienen la habilidad necesaria para facilitar entre las comunidades y los funcionarios públicos y deben ser reconocidos por ello. El trabajo social debe considerarse un servicio esencial para posibilitar el derecho al desarrollo” (párr. 10). En consecuencia, es importante valorar que el trabajo social hace parte de la articulación entre lo cultural y sociopolítico en los procesos de consulta previa; las comunidades étnicas con la institución representada por el profesional social, construyen vínculos sociales (Díaz y Morales, 2010) mediados por el diálogo de saberes, el respeto a las diferentes cosmovisiones, alrededor de la toma de decisiones para llegar acuerdos incluyentes que honren el entorno natural de los territorios. Ser un facilitador del proceso vinculante cultura-naturaleza constituye un desafío para el trabajo social, en tanto que dichas relaciones son obstaculizadas por las lógicas imperantes de la economía capitalista desarrollista y extractivista que en su instauración va generando conflictos sociales y ambientales.
El vínculo social elemento articulador entre el trabajo social y la participación
La tarea del trabajo social en la participación comunitaria, es la consolidación asociativa como eje articulador en la gestión socioambiental en las siguientes instancias: los consejos de cuenca, consejos de desarrollo sostenible, las mesas ambientales, los veedores ambientales y los veedores del agua. Es así como, “en estos procesos de desarrollo local se refleja la incidencia y la participación de las comunidades, que finalmente son los actores que conocen un territorio” (TS2). En el departamento de Caldas hay una experiencia de 8 Concejos de cuenca, en los cuales uno de los expertos manifiesta:
(…) trato de superar la norma e insistir mucho a los actores comunitarios de que tenemos que ser proactivos y buscar independencia. Aunque son creados por norma los consejos de cuenca, también puede sugerir dentro de su planificación alternativas para su sostenibilidad. (TS1)
Para el fortalecimiento del vínculo social cada profesional crea espacios pedagógicos in situ con perspectiva social, en tanto motiva, acompaña y fomenta el diálogo de saberes en torno a las prácticas ambientales en su territorio; así se ilustra en una de las experiencias de un Concejo de cuenca en el departamento de Caldas, “(…) programamos dos recorridos por cuenca de tal manera que vamos con todos los concejeros; es una actividad muy lúdica porque es estar en el río, en la montaña, los sitios sagrados, en fin en donde se pueda estar con la comunidad y así se genera un conocimiento de primera mano” (TS1).
Bajo este contexto, el trabajo social favorece el espacio propicio de vinculo social sostenible que suscita poder para que “sea utilizado en su sentido transformador, es decir, como capacidad para trabajar con otros lo que ha de fortalecer la participación y la posición del grupo en su proceso de constitución como sujetos sociales” (Díaz y Morales, 2010, p. 90), en la toma de decisiones y liderazgo en el diseño de propuestas de contenido ambiental. En este mismo orden de ideas, el trabajo social está llamado a impulsar acciones desde la perspectiva del trabajo en red, en tanto posibilita un capital en términos humanos y financieros de cara a la sostenibilidad del grupo y su proyección socioambiental,
como sucede en la cuenca del río Chinchiná en el departamento de Caldas en donde se creó el Pacto por la cuenca, se unieron 10 o 12 entidades y se conformó el Fondo del Agua. En este momento tiene un patrimonio de diez mil millones de pesos y es la que está orientada a conservar y garantizar la participación de los actores sociales para los próximos 10 años. (TS1)
De esta manera, es el vínculo de asociación como el Pacto por la cuenca donde ha de concentrarse el potencial social para promover dinámicas de autogestión; sucede igual con la conformación del Fondo de agua, pues su aparición en el espacio local tiene una intencionalidad de cooperación y liderazgo con lo ambiental, desde la cual pueden gestar en su interior relaciones y redes de trabajo colectivo susceptibles a favorecer transformaciones (Díaz y Morales 2010) en las relaciones sociedad-naturaleza.
De manera similar se identifica la experiencia de una trabajadora social con el proyecto mejoramiento integral de barrios, en donde los actores sociales construyen un vínculo común y de pertenencia a la comunidad, características que implican procesos de co-gestión, “que comprende que los diferentes actores se identifiquen, se reconozcan y estén dispuestos a trabajar en red, de manera dinámica y fuerte para que a través del tiempo los territorios se sostengan” (TS7). Como se ha mostrado en los anteriores párrafos respecto a la participación comunitaria y el vínculo social, se revela
(…) un nuevo vínculo entre lo público y lo privado, entre la sociedad civil y el Estado, en donde el sujeto más que ser un mero receptor de las políticas sociales, pasa a ser administrador de ellas, es decir, su participación en el Estado comienza a hacerse a través de una relación que promueve un asociacionismo crítico, vinculante y partícipe de las decisiones. (Díaz y Morales, 2010, p. 91)
De lo anterior se genera un desafío para las comunidades y grupos que participan de manera asociativa y activa en los espacios de mejoramiento integral de barrios, consulta previa, construcción de centrales hidroeléctricas, carreteras, y viviendas; en los procesos de planificación, tales como el plan de ordenamiento del recurso hídrico, plan de ordenamiento de microcuencas hidrográficas y planes parciales; e iniciativas de paz ambiental como las tiendas de paz.
De ahí la importancia de la gestión de estrategias locales para generar sostenibilidad en el territorio, mediante el cuidado y la protección del patrimonio natural que redunde en transformaciones de comportamiento, hábitos y costumbres que contribuyan a la mitigación de los conflictos ambientales y el riesgo biopsicosocial. De igual manera en,
(…) ilustrar una nueva mirada sobre los procesos sociales en las disputas por la naturaleza y el territorio, comprendidos como una “agencia social” que hace visible una situación ambiental conflictiva en los procesos de apropiación de los territorios y la reivindicación de los derechos ambientales de las poblaciones afectadas e interesadas. (Leff, 2010, p. 20)
La promoción en el relacionamiento responsable con el patrimonio natural y la gobernanza
La normatividad colombiana, incluye el tema de gobernanza ambiental, la cual facilita la formación de consensos, potencia la participación ciudadana y la democratización mediante el fortalecimiento de los movimientos sociales, estimula la educación y la conciencia ciudadana ambiental, fomenta el acceso a la información, facilita la adaptabilidad del esquema institucional, y contrarresta las lógicas particulares, entre otras virtudes (Barriga Milka et al. citados en Flórez et al., 2010, p.10).
Bajo esta perspectiva se hace necesario incluir la intervención del trabajo social en el tema de gobernanza para fomentar la corresponsabilidad de la sociedad civil en el cuidado, protección y conservación del ecosistema, que redunde en la reivindicación de los derechos ambientales y en la reducción de conflictos, de manera que posibiliten el fortalecimiento en la relación sociedad-naturaleza.
Una delimitación conceptual de gobernanza la realiza Brower (2016), quien pone énfasis a “los procedimientos que posibilitan la interacción horizontal entre el ámbito público, el privado y los actores sociales, en el contexto más amplio de una institucionalidad que permita avanzar sobre grandes acuerdos sociales” (p.153), es decir, promueve el diálogo concertado y facilita la toma de decisiones que afectan un territorio determinado. Asimismo, propone un trabajo en red que promueve la democracia y la participación de la sociedad en los asuntos públicos (Montoya y Rojas, 2016) impulsado por el liderazgo de comunidades organizadas “quienes son los garantes de que la gobernanza se pueda dar, entendida como corresponsabilidad a la que están llamados asumir en los procesos de transformación territorial” (TS1).
De esta manera, la gobernanza ambiental se convierte en un tema preponderante para las comunidades en tanto instancia generadora de poder para el diseño de propuestas que mengüen los daños ambientales; para el ejercicio de veeduría en la toma de medidas de control para la tala de árboles indiscriminada y la práctica extractivista que conlleva a la escasez de los recursos naturales. De igual manera, la gobernanza es fundamental en el uso adecuado del agua y del suelo propuestos por los planes de ordenamiento del recurso hídrico, los planes de ordenamiento y manejo de microcuencas, y los planes de ordenamiento territorial. Finalmente, es importante mencionar que la gobernanza se constituye en una instancia de construcción conjunta, entre sociedad y Estado, de políticas y estrategias que salvaguarden el ambiente de manera efectiva y transparente. Todas estas acciones contribuyen a la promoción responsable y cuidado del patrimonio natural hacia la sostenibilidad urgente del hábitat ecológico.
Mejoramiento Integral de Barrios
Para comprender la relación del Mejoramiento Integral de Barrios (MIB) como uno de los escenarios de intervención del trabajo social en correspondencia con lo ambiental, se presenta a continuación la definición que plantea el Consejo Nacional de Política Económica y Social -CONPES-3604 (2009), expedido por el entonces denominado Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial: “estrategia para reducir la pobreza urbana, a través del conjunto de acciones físicas, sociales, ambientales, económicas y jurídico-legales para la integración e inclusión de los asentamientos precarios dentro de la estructura funcional y productiva de la ciudad” (p. 1). Al incorporar los aspectos de pobreza urbana, inclusión, acciones sociales y ambientales, es menester la implicación del trabajo social en el desarrollo de estrategias para el logro del bienestar y la calidad de vida de los individuos, grupos, comunidades y familias. Bajo esta perspectiva en el MIB, como lo manifiesta una de las entrevistadas,
(…) es fundamental la intervención desde el método de trabajo social con comunidad, que, en el ejercicio profesional, nos permite acercarnos a la realidad e interpretarla y hacer propuestas concretas de transformación, mediante estrategias que se vuelven actividades con tareas, objetivos y metas cuantificables y alcanzables, de las cuales podemos medir el impacto más adelante. En actividades muy puntuales se utilizan técnicas del trabajo social de grupo, pero en esencia es el trabajo social con comunidad. (TS6)
Asimismo, el programa de Ciudad sin tugurios define el MIB como “el conjunto de acciones para el mejoramiento físico, social, económico, organizacional y ambiental de asentamientos precarios de manera cooperativa y a escala local entre ciudadanos, grupos comunitarios, sector privado y autoridades locales” (CONPES, 2009, p. 6). Como se observa, esta definición integra dos componentes que no están en el anterior y que atañe a la intervención del trabajo social: la cooperación entre los diferentes actores. Aspecto fundamental entre lo público y la comunidad, es decir, la comunidad recibe inversión económica mediante el MIB y dispone de una contraparte que se hace latente en el compromiso y tiempo que utiliza para las reuniones, las capacitaciones, la información relevante que entrega al equipo profesional. Por otro lado,
(…) está el tema de solidaridad entre los vecinos que se organizan en convites y prestan el servicio de bodegaje, es decir, guardan los muebles, electrodomésticos y demás entre las casas de unos y otros, mientras hacen mejoras en las viviendas, como el arreglo de un techo por ejemplo. (TS6)
Además, mediante el Programa Ciudad sin tugurios, el CONPES (2009), señala que el MIB
Es una acción urbana integral, abarca entre otras acciones la instalación o mejoramiento de infraestructura básica, conexión a redes de agua, provisión de servicios de saneamiento básico, rehabilitación de áreas para la circulación y espacios públicos, construcción de drenajes, reducción y prevención de riesgos, provisión de servicios de electricidad, regularización y formalización de la tenencia a través de procesos de legalización urbanística y de titulación predial. (p. 9)
Bajo este contexto se afirma que el MIB está relacionado con “la calidad del hábitat colectivo y la intervención del trabajo social debe estar dirigida al cumplimiento corresponsable de la sociedad y el Estado de los derechos habitacionales de la población en un territorio” (TS6). Ahora bien, el MIB como escenario de intervención del trabajo social en el tema ambiental entreteje dos especificidades importantes: La primera es la integral, porque como lo expone una de las trabajadoras sociales:
(…) aborda todas las dimensiones de un territorio y en esa medida deben participar múltiples disciplinas, como la ambiental que está íntimamente relacionada con todas las demás e incluye la estructura ecológica, la red hídrica, las fuentes de agua, las coberturas vegetales, la calidad del aire y la gestión del riesgo, elemento determinante en la calidad del hábitat urbano. (TS6)
Análogamente el CONPES (2009) establece respecto a la recuperación, protección ambiental y manejo de áreas no susceptibles a ser urbanizadas, que los suelos de riesgo no mitigable deben ser sometidos a la clasificación de suelos de acuerdo con la ley, para delimitar los de protección, los cuales deben ser manejados por la autoridad ambiental competente. La segunda especificidad consiste en la relación indisoluble entre lo ambiental y lo social en este contexto de planificación territorial como lo expone la entrevistada las comunidades:
(…) no sólo alteran lo ambiental con sus hábitos, sino que también pueden transformar el territorio para que sea ambientalmente sostenible; por eso la insistencia de que el trabajo social aporte en el diseño de estrategias de fortalecimiento comunitario y educación ambiental. (TS6)
De manera similar, el CONPES (2009) establece que “las acciones del MIB, deben estar acompañadas de programas que garanticen la apropiación del proyecto por parte de la comunidad a través de actividades de capacitación y educación ambiental” (p. 46).
Implementación de procesos de economía solidaria y mercados campesinos
Las comunidades campesinas han estado por décadas afectadas por la violencia y subsumidas en el abandono estatal, no obstante, muchas de ellas han creado procesos de resiliencia y de organización que les han permitido a muchas familias seguir en los territorios, y a otras que se habían desplazado a la ciudad a retornar a sus tierras con la esperanza de reconstruir la vida. Uno de los propósitos de las familias es poder activar la economía de subsistencia a través de la producción y comercialización de productos agrícolas y pecuarios, sin embargo, se saben los altos costos que genera la comercialización de los productos del campo, por el mal estado de las carreteras y el precio elevado del transporte. De estas necesidades son conscientes diferentes entidades públicas y privadas como el SENA, la Corporación Interactuar, Cornare, Prodepaz, entre otras entidades, que conocen la importancia de generar circuitos para el comercio de los productos en los que se utilicen al mínimo los intermediarios.
Como lo plantea una trabajadora social, es fundamental acompañar a las comunidades para que organicen sus procesos productivos y de comercialización empezando por una buena gestión de sus recursos, el trabajo solidario entre vecinos y regiones, la implementación de las huertas caseras, la transformación de los productos. Así, las tiendas comunitarias en cada vereda tienen un papel central en el acopio de productos, a la vez, se hace necesario potenciar redes de trueque y mercados campesinos para el intercambio de los mismos. La trabajadora social manifiesta que este proceso,
(…) necesita de la voluntad económica y política de diferentes sectores, puesto que son regiones que requieren de un acompañamiento integral que les permita activar su vocación productiva, organizativa, formativa y técnica, con miras a la generación y sostenimiento de cadenas productivas económicas solidarias, en las que es importante la recuperación de semillas, prácticas, saberes y experiencias de las familias en torno al campo. (TS7)
En este sentido, el trabajo social tiene un papel importante en promover prácticas para la generación de modelos de producción económica socialmente más equitativas, como el trueque y las tiendas de paz, que son una alternativa para la comercialización de los productos que se siembran en las huertas de hogares campesinos. Esto genera acciones solidarias y de fortalecimiento del vínculo social entre productores, comerciantes y consumidores, toda vez que se da la reconstrucción social de comunidades golpeadas por la violencia; además se promueven procesos de paz y se incentiva el consumo responsable, que redunde en sostenibilidad ambiental y en la conservación de productos y semillas locales.
El control y seguimiento en licencias ambientales
Las licencias ambientales se establecen para responder a la necesidad de prevenir, mitigar, corregir, compensar, manejar y controlar los impactos al ambiente, generados por la actividad humana, en aras de establecer la forma en que puedan ser gestionados de manera responsable con la protección del ambiente (Rodríguez, 2011, p. 2). Para dichos otorgamientos participa el profesional en trabajo social en la elaboración de la evaluación de impacto ambiental de los proyectos que se van adelantar en un territorio determinado; o desde la autoridad ambiental con el control y seguimiento para que las licencias ambientales cumplan con todos los requerimientos establecidos por la ley. Sin embargo, frente a estas evaluaciones de impacto y licencias ambientales, se encuentra un tema álgido que tiene que ver con la participación de la comunidad, que en muchos proyectos no es tenida en cuenta, es mínima y “se limita solo a dar información mediante una reunión de socialización de un proyecto” (Rodríguez y Muñoz citados en Rodríguez, 2011, p.13).
Al respecto, una trabajadora social entrevistada lo confirma, “la norma exige que los proyectos tengan una socialización, esa socialización es muy amplia y ambigua porque muchas empresas entienden una socialización como una reunión e informar a la gente acerca del proyecto por medio de diapositivas” (TS9). Desde esta perspectiva, Rodríguez (2011) señala que,
(…) la participación ciudadana que se da a través de las audiencias públicas ambientales, las consultas previas y la intervención en los procesos administrativos ambientales, exige tener presente que los proyectos pueden generar diferentes expectativas e intereses y que sobre ellos se pueden presentar propuestas, opiniones y objeciones que deben ser tomadas en cuenta para la toma de la decisión final. (p.12)
En este sentido la profesional lo ratifica,
(…) la comunidad evalúa también el impacto ambiental, se entera de lo que va a ocurrir antes, durante y después de la ejecución del proyecto; de igual manera, arroja información, da su opinión y algunas orientaciones en cuanto los impactos ambientales. Así la evaluación de impacto va en doble vía y es acertada de acuerdo a un contexto determinado. (TS9)
Es así que, “cuando los mecanismos de participación son ejecutados conforme a la normativa aplicable, los niveles de conflictividad tienden a desaparecer constituyéndose entonces la participación en un elemento de paz para nuestro país” (Rodríguez, 2011, p.12). Sin embargo, aunque la legislación ambiental colombiana exige la garantía del derecho a la participación de la comunidad en los proyectos, la Contraloría General de la Nación evidencia lo contrario cuando evidencia “debilidad por parte de las autoridades ambientales en la generación de canales y estrategias de interacción proactiva con las comunidades y los diferentes actores sociales, limitándose a generar una información general sin la debida y oportuna socialización y divulgación” (Rodríguez, 2011, p.13). Desde este contexto el trabajo social está llamado a asumir un compromiso ético-político con las comunidades y el ambiente, en la perspectiva de comprender la sostenibilidad desde una postura humanista como lo plantea Amartya Sen, quien señala:
Es cierto que las personas tienen necesidades, pero también tienen valores y, en especial, atesoran su habilidad para razonar, apreciar, elegir, participar y actuar. Ver a la gente tan sólo desde el punto de vista de sus necesidades puede ofrecernos una visión más bien pobre de la humanidad. Es necesario incluir la intervención humana constructiva a través de una participación positiva en el proceso de desarrollo y de detención de la destrucción ambiental, y en este sentido se valora la capacidad de poder que debe tener la ciudadanía para preservar y enriquecer el medio ambiente. (Sen citado en Villanueva et al., 2018, p. 222)
Aun así, el trabajo social se encuentra en una disyuntiva entre generar nuevas propuestas de acción en donde prevalezcan los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en una comunidad, y actuar en la lógica instrumentalista que obliga el paradigma de desarrollo sustentable y economicista en donde la naturaleza es un recurso que, si bien hay que proteger y cuidar, los beneficios económicos de las multinacionales imperan sobre el bien común de un territorio y sobre los mismos derechos ambientales. Esto se evidencia en lo que afirma una trabajadora social respecto a un proyecto, “en donde se tuvieron que talar árboles con el permiso de aprovechamiento forestal, pero esa misma cantidad talada fue reforestada y recuperada, obviamente no en las condiciones iniciales” (TS9).
Otro caso que devela la racionalidad operativa del trabajo social es el de los procesos sociales o de relacionamiento comunitario que se llevan a cabo en las actividades de extractivismo en un proyecto minero X ubicado en un municipio del oriente antioqueño. Así lo manifiesta la trabajadora social entrevistada,
(…) debía monitorear la relocalización de la comunidad porque vive en el lugar de explotación de material. La idea es que el nuevo espacio en donde se sitúen cumpla con unas condiciones parecidas a las del sitio de origen y se conserve la estabilidad económica, social, familiar y cultural. (TS9)
Sin embargo, estudios informan que en los países en donde se da la práctica extractivista como Colombia, enfrentan bajos niveles de desarrollo humano e indicadores sociales manifestados en alta incidencia de la pobreza y limitaciones en el acceso a la alimentación (Gudynas, 2009, p. 192). A lo anterior se añade los fuertes impactos sociales y ambientales que generan dichas prácticas, desde el aumento de la desigualdad hasta la pérdida de la biodiversidad (Gudynas, 2009, p. 204). En este sentido afirma Rodríguez (2016),
La actividad del ser humano ha suscitado significativas alteraciones al medio por múltiples factores, entre los que se destacan el aumento en las obras de infraestructura, en las actividades productivas y en los grados de consumo que prevalecen y promueven mayor producción y generación de residuos. Con ese modelo de desarrollo, aumentan la contaminación (atmosférica, de suelos, hídrica) y los vertimientos que van especialmente a los ríos, cambia el uso de los suelos, disminuyen especies y se presenta desequilibrio ambiental, con los residuos que surgen de dichas actividades. En este sentido, se ocasionan impactos sociales y se producen conflictos ambientales. (p. 36)
Aquí hay un desafío importante para el trabajo social y la autoridad ambiental como lo plantea una de las expertas, en tanto que “no es suficiente la compensación con los planes de inversión representado en el 1% del valor total del proyecto, a partir de la construcción de parques infantiles, acueductos, alcantarillados suministro de agua potable” (TS9). En esta misma línea Rodríguez (2011) agrega que,
(…) para el otorgamiento de licencias ambientales se deben evaluar no solo los impactos que los proyectos generan en el me- dio (biótico, físico y social y económico), sino que la evaluación debe valorar cuantitativa y cualitativamente las afectaciones en otros ámbitos con el fin de establecer medidas preventivas o de protección en el ámbito social cultural. La evaluación debe ser integral y rigurosa, cubriendo todos los tópicos con relación a los proyectos. Es necesario entonces, establecer una metodología de valoración de impactos sociales y culturales además de la forma de compensación cuando ellos no puedan prevenirse o mitigarse. (p.13)
También es importante definir estrategias de desarrollo alternativo que generen un impacto social en los desafíos que se sustentan desde la justicia medioambiental y el bien común; lo cual implica un trabajo conjunto y de voluntad política de la academia, la sociedad civil, el gobierno, la empresa nacional y extranjera, para reconfigurar prácticas culturales en consonancia con el cuidado, respeto y preservación de la naturaleza. Por lo tanto, se espera que “el trabajo social trascienda su dimensión instrumental y avance hacia una dimensión comprensiva basada en la reflexión” (Castañeda, 2014, p. 69), también de evaluación de impacto en los diferentes escenarios de intervención que demanda el contexto contemporáneo que es complejo y así mismo interpelado por las nuevas dinámicas sociales. En consecuencia, el trabajo social tiene una importante labor de mediación, así como lo plantea uno de los entrevistados:
(…) es darle ese carácter formal a la relación con la naturaleza apoyados en unas normas y en unas disposiciones estatales. Nosotros somos los mediadores para eso, obviamente vamos para un norte concreto con respecto a las políticas ambientales dadas en el Estado. (TS1)
Este testimonio refleja que el papel del trabajador y la trabajadora social en lo ambiental es interpelado por la normatividad, las decisiones gubernamentales y por las dinámicas y expectativas comunitarias en su relación con el entorno natural.
Conclusiones
Por tradición, el trabajo social ha realizado su intervención en espacios de asistencia en donde el método individual, familiar, grupal y comunitario han sido la bandera metodológica que han guiado las acciones para contribuir al bienestar y calidad de vida de las poblaciones. Sin embargo, los problemas contemporáneos plantean nuevos desafíos que posibiliten la generación de transformaciones en lo microsocial. Dentro de esos nuevos problemas sociales se encuentran los generados por los conflictos y daños ambientales, lo cual ha impulsado a Colombia y diferentes organismos internacionales a crear normativas y pactos en aras de cuidar y conservar el medio ambiente desde una lógica sostenible y sustentable. Términos que desde la ecología política y social sostienen posturas críticas en tanto el desarrollo sustentable refuerza las prácticas extractivistas, no genera mitigación de los daños ambientales, al contrario, con el lema del progreso, permite el crecimiento de la desigualdad social.
Bajo este escenario, el trabajo social tiene como desafío trascender la intervención funcionalista, a prácticas reflexivas y críticas que promuevan en la comunidad fuerzas de poder y control mediante la utilización de mecanismos y creación de alternativas que permitan en los territorios la justicia ambiental. De igual manera, los y las profesionales en trabajo social tiene un papel central en la gestión de la participación comunitaria porque son quienes convocan pero también vinculan y generan lazos de solidaridad y cohesión en la conformación de los grupos que son la base en la planeación territorial y los diferentes escenarios de la planeación ambiental; y así garantizar que programas del Mejoramiento Integral de Barrios o los diferentes proyectos de los planes de ordenamiento del recurso hídrico, entre otros, tengan viabilidad y sostenibilidad territorial.
Por eso, es esencial que las y los profesionales en trabajo social sean de los primeros actores que entren al territorio en donde se vaya a ejecutar un proyecto ambiental, porque son quienes deben realizar un estudio sistemático y articulado a la lectura de territorio para comprender las dinámicas sociales e identificar los diferentes actores sociales y sus motivaciones, para desde allí conciliar y diseñar estrategias de convocatoria y participación contextualizadas en lo cultural y social. En este sentido el trabajador o trabajadora social es arista humana y articula el diálogo de saberes entre la comunidad y el equipo profesional multidisciplinario que ejecuta un proyecto de carácter ambiental. Asimismo, es voz y media para que las actividades que están en el marco de un proyecto no estén en contra vía de las comunidades respecto a sus creencias, hábitos, modos de concebir la naturaleza; y, en consecuencia, no sean vulneradas, si no más bien incluidas y reconocidas por su saber y participación.
De otro lado, el trabajo social fundamentado en la praxis de la ecología social y la ecología política está en la capacidad de llevar a cabo en los diferentes escenarios de intervención en el área ambiental, acciones que concilien la dicotomía entre sociedad- naturaleza, cultura-naturaleza que se sostiene en el tiempo por la mirada antropocéntrica en la relación con la fauna, la flora, los bosques, el agua, las aves, la tierra y la vegetación. Dichas acciones son un desafío para el trabajo social en tanto pueden entrar en pugna con intereses de índole político y económico. Aun así, asume una postura dialéctica y sus estrategias se dirigen a socializar a las comunidades las prácticas que causan los daños y conflictos ambientales; y, en un trabajo mancomunado con ingenieros sanitarios o ambientales se realizan ejercicios de medición de la calidad del aire y del agua para diagnosticar en prospectiva su situación a corto, mediano y largo plazo.
Todo lo anterior para argumentar que aunque el trabajo social realiza una función importante en la educación ambiental y algunos lo asocian con un profesional que incide en el desarrollo sustentable; su intervención en el escenario ambiental trasciende dichos calificativos, a una práctica reflexiva, crítica y en constante movimiento, con aportes importantes en los temas de planeación, gobernanza, economía solidaria, lectura de territorio, identificación de actores sociales estratégicos, gestión para la participación comunitaria, evaluación de impactos ambientales, control y seguimiento de las licencias ambientales, y fortalecimiento del binomio sociedad-naturaleza, cultura-naturaleza. Aún existen más prácticas y saberes, es un compromiso de la academia develarlos para que la profesión continúe en un posicionamiento importante en la interacción con otras disciplinas, y tribute a la construcción de nuevos conocimientos.
Agradecimientos
Un buen trabajo de investigación es fruto del esfuerzo, dedicación e ideas que otros desde sus conocimientos y experiencias brindan. En primer lugar, deseo expresar mi agradecimiento especial a Gloria Beatriz Ríos Martínez y Angélica María Gómez Rendón, profesoras de la facultad de ciencias jurídicas y sociales de la Universidad de Caldas, quienes desde su conocimiento orientaron la temática y formulación en el proyecto de investigación. Asimismo, a las y los trabajadores sociales de las corporaciones ambientales de Cornare, departamento de Antioquia y Corpocaldas del departamento de Caldas, quienes desde sus experiencias buscan aportar al conocimiento disciplinar del Trabajo Social desde el área ambiental. Por último, a la Universidad Católica Luis Amigo, como financiador del proyecto de investigación
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1 Magíster en Educación y desarrollo social de la Universidad Pedagógica Nacional. Docente de la Universidad Católica Luís Amigó. Coordinadora y docente del área socio-comunitaria-ambiental del programa de Trabajo Social. Medellín, Colombia. Correo electrónico: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 Doctora en Antropología social de la Universidad Iberoamericana de México. Docente investigadora del Tecnológico de Antioquia Institución Universitaria. Integrante del grupo de investigación Observatos. Medellín, Colombia. Correo electrónico: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Para citar este artículo: Tobar Carreño, G. R. y Velásquez Velásquez, A. M. (2021). Prácticas y saberes de intervención del Trabajo Social en el escenario ambiental desde la experiencia de los departamentos Antioquia y Caldas. Revista Luna Azul (On Line), 52, 22-40. https://doi.org/10.17151/luaz.2021.52.2
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