Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria: una perspectiva renovada del campesinado para la construcción de paz en Colombia

 

Álvaro Acevedo-Osorio1, Sergio Schneider2

 

 

Recibido: 08 noviembre 2018 Aceptado: 14 abril 2019 Actualizado: 20 diciembre 2019

 

Doi: 10.17151/luaz.2020.50.7

 

Resumen           

 

El creciente interés por el campesinado en la etapa del pos-acuerdo en Colombia hace necesaria la reflexión teórica sobre sus características históricas y políticas. Objetivos. Se analiza el surgimiento de la categoría Agricultura Familiar y su relación con denominaciones anteriores como Pequeños Agricultores o Economía Campesina. Materiales y métodos. Este estudio recurrió a fuentes de información secundaria relacionadas al campesinado y los distintos abordajes teóricos, así como sucesos históricos que han marcado cambios importantes a nivel nacional. Resultados. Se resalta la denominación Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria (ACFC) propuesta en Colombia en relación con las discusiones mundiales sobre derechos del campesinado y la reflexión nacional sobre las condiciones necesarias para la construcción de paz. Conclusiones. El artículo resalta el carácter integrador de las características propias de los agricultores campesinos, indígenas, afrocolombianos y otros, y evidencia la enorme diversidad socio-cultural, económica y ambiental que caracteriza los territorios que construyen y ocupan. Se propone el enfoque agroecológico como estrategia para el fortalecimiento de las distintas formas de ACFC.

 

Palabras clave: Agricultura Familiar, pos-acuerdo, campesinado, RENAF, agroecología.

 

 

Peasant, Family and Community Farming: A renewed peasantry perspective for the peace in Colombia

 

ABSTRACT

 

The growing interest about the Colombian peasantry in the post-conflict stage makes it necessary a theoretical reflection on its historical and political characteristics. Objective. The emergence of the Family Farming category in Colombia and its relationship with previous denominations is analyzed.  Materials and methods. This study took into account Latin American sources of information in general and Colombian in particular, related to the peasantry and the different theoretical approaches as well as historical events that have marked important changes at the national level. Results. The designation of Farming, Family and Community Agriculture (FFCA) is highlighted as a category for Colombia in tune with the global discussions on peasantry´s rights and the national reflection on the necessary conditions for the peace building. Conclusions. The suggested definition is integrating the characteristics of peasants, indigenous, Afro-Colombians and others, and demonstrates the enormous socio-cultural, economic and environmental diversity that characterizes the territories that they build and occupy. The agroecological approach is proposed, as a strategy in order to strengthen the different forms of FFCA.

 

Keywords: Family Farming, posconflict, peasantry, RENAF, agroecology.

 


 

 

Introducción

 

En los años recientes las discusiones sobre desarrollo rural en Colombia han configurado un interés político y académico creciente por el campesinado (Machado y Botello, 2013). Las razones de este renovado interés se centran en acontecimientos internacionales recientes y factores propios del contexto nacional.

 

A nivel internacional, la agenda 2030 de la ONU sobre Objetivos de Desarrollo Sostenible reconoce la importancia estratégica de una agricultura dinámica, resiliente y sustentable para alcanzar dichos objetivos (Kanter et al., 2016); asimismo, las acciones mundiales de movilización campesina que permitieron la declaración del Año internacional de la Agricultura Familiar en 2014 por la ONU con amplio respaldo de la sociedad civil para reconocer su protagonismo innegable en aspectos como la seguridad y soberanía alimentarias, la adaptación y mitigación frente al cambio climático, la lucha contra la pobreza, la conservación de ecosistemas y culturas propias, entre otras (Toader & Roman, 2015; Graeub et al., 2016). La declaración de la ONU para el decenio de la Agricultura Familiar (Naciones Unidas. Asamblea General, 2018), abre nuevas perspectivas para que los países establezcan y fortalezcan políticas diferenciales en favor de la agricultura familiar.

 

En Colombia puede destacarse el Paro Nacional Agrario de 2013 que generó visibilidad de los campesinos (Montenegro, 2016), la firma del Acuerdo de Paz entre las FARC_EP y el Gobierno Nacional (Oficina del Alto Comisionado, 2016) y la resolución sobre Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria (Resolución 464 del MADR, 2017) que busca la implementación de aspectos abordados en el acuerdo de paz para superar la marginalidad histórica en la que han vivido las comunidades rurales.

 

Colombia es un país predominantemente rural y de agricultura en pequeña escala. El Informe del Índice de Desarrollo Humano (PNUD, 2011) estimó que el 75.5% de los municipios son rurales, cubren el 94.4% de la superficie del país y albergan el 31,6% de la población, es decir, unos 14.5 millones de habitantes. Para la Mesa Técnica de Agricultura Familiar (MADR, 2017), que elaboró los lineamientos de la resolución 464 de 2017, los agricultores campesinos, familiares y comunitarios representan el 74,1% del total de unidades productivas agropecuarias dispersas del país (sin cabeceras municipales y sin territorios étnicos) con una población total de 3.137.561 personas de acuerdo al censo agropecuario del 2014 (Departamento Administrativo Nacional Estadístico, 2014).

 

Tal vez la característica socio-económica que determina en mayor grado la condición marginal de la Agricultura Familiar en el país es la concentración de la tierra en pocos propietarios. En los últimos 54 años ha crecido el número de unidades menores de 5 ha, llegando al 70,5% del total en 2014 ocupando solo el 2,7% del área agropecuaria (DANE, 2014); en contraste con las unidades mayores de 500 hectáreas que llegan al 68,2% en 2014  (figuras 1 y 2).

 

 

 

Figura 1. Porcentaje del total de unidades productivas

Fuente: adaptada de OXFAM, 2017, a partir de datos del IGAC (2012) para 1960, 1984 y 2002 y del DANE (2016) para 2014.

 

 

 

 

Figura 2. Porcentaje del área agropecuaria ocupada

Fuente: adaptada de OXFAM, 2017, a partir de datos del IGAC (2012) para 1960, 1984 y 2002 y del DANE (2016) para 2014.

 

 

No obstante, el campesinado ha sido un sector de la economía de importante representación en el comportamiento del Producto Interno Bruto del país. Para Garay, Barberi y Cardona (2010), tomando datos de la Encuesta Nacional Agropecuaria (2005), la economía campesina en el 2005 ocupaba el 47% del área cultivada produciendo el 50% del total de cosechas de los cultivos transitorios; asimismo, al cultivar el 56% del área de cultivos permanentes cosechó el 48% de su producción total nacional. Forero (2010) reportaba que la economía campesina representaba el 60% de la producción agrícola nacional con el 62% del área agrícola nacional. En cuanto a empleo rural, la Meynard (2014) afirma que la agricultura en pequeña escala genera cerca del 57% del empleo rural en Colombia; mientras que para el Censo de 2014, el 66.6% del total de trabajadores permanentes pertenecen a unidades productivas menores de 5 ha.

 

Los documentos elaborados recientemente que destacan la situación de marginalidad de los agricultores del campesinado proponen estrategias para su fortalecimiento, estos son: el Informe de Desarrollo Humano (PNUD, 2011), el Tercer Censo Agropecuario (DANE, 2014), el Informe de la Misión para la Transformación del Campo Colombiano (DNP, 2014) y el Acuerdo de Paz (Oficina del Alto Comisionado, 2016).

 

A nivel académico se destacan los estudios que demuestran la viabilidad económica de la agricultura campesina (Forero et al., 2013; Leibovich, Botello, Estrada  Vásquez, 2013) y los que defienden su capacidad para aportar al crecimiento económico nacional si se re-asigna el gasto social de manera más favorable (Bejarano como se citó en Universidad Nacional de Colombia, 2011). Por otro lado, desde la sociología rural se ha analizado el contexto social y cultural en el que viven y luchan los agricultores por su sobrevivencia y autonomía (Fals-Borda , 1975), se reivindica la condición de lucha que los caracteriza frente a la marginación y el olvido del Estado (Salgado, 2004); también se ha analizado el conflicto de la propiedad de la tierra y otros problemas asociados como el destierro y despojo, relaciones entre narcotráfico, paramilitarismo y concentración de la propiedad (Fajardo, 2002a). Recientemente ha surgido en el país un foro académico de la Agricultura Familiar, con profesores e investigadores de nueve universidades que pretenden aumentar el grado de comprensión de este sector social, político y económico. Publicaciones recientes incluyen el interés por la Agricultura Familiar en el país y sus perspectivas socio-económicas (Barrientos-Fuentes y Torrico-Albino, 2014); el carácter mutifuncional y su aporte a la paz (Acevedo y Martínez, 2016); su capacidad de persistencia a pesar de las adversidades generadas por el modelo extractivista de desarrollo (Acevedo-Osorio,  Santoyo-Sánchez,  Guzmán  y Jiménez-Reinales, 2018) y un estudio realizado en la altillanura sobre la agricultura familiar y su viabilidad económica así como la dinámica ecosistémica en comunidades allí asentadas (Forero, Yunda, De Vargas, Rodríguez y León, 2015). Igualmente, se aborda la relación entre agroecología y agricultura familiar con la publicación de lineamientos que orienten una política pública para la agroecología (Vaca, Schneider y Cleves, 2014) y otra publicación con una detallada descripción de algunas experiencias agroecológicas relevantes del país con potencial para fortalecer la agricultura familiar, elaborada por más de 22 autores en una compilación realizada por Acevedo-Osorio y Jiménez (2019).

 

Todo lo anterior permite concluir un interés renovado y cada vez más relevante sobre la Agricultura familiar en Colombia, que hace necesaria una reflexion sobre sus características históricas, teóricas y políticas en un contexto de pos-acuerdo. El objetivo de este artículo es, por lo tanto, analizar  la trayectoria en la configuración de esta categoría, su representatividad y su potencialidad para aportar en la construcción del proyecto de país en paz de los colombianos.

 

En lo metodológico, los autores recurrieron a una ampia revisión de literatura a nivel latinoamericano y colombiano sobre el campesiando, su historia y los distintos abordajes teóricos. La revisión incluyó artículos científicos publicados en bases de datos bibliográficos, así como documentos de organismos multilaterales y normativa nacional sobre el tema.

 

El artículo está estruturado en seis partes, además de esta introdución. En la primera  parte se aborda la evolución del concepto para América Latina incluida una definición para la Agricultura Familiar; posteriormente se hace un recuento histórico sobre el campesinado en Colombia. La tercera parte corresponde al análisis de la Agricultura Familiar en la coyuntura política del pos-acuerdo. Los dos últimos apartados se dedican a la trayectoria del surgimiento de esta categoría, incluida una definción propia para el país y las alternativas para su fortalecimiento en la actual coyuntura política. Al cierre se presentan las principales conclusiones del artículo.

 


 

 

Discusión

 

Evolución del concepto Agricultura Familiar en América Latina

 

La Agricultura Familiar (AF) es una categoría política reciente en América Latina (Schneider y Escher, 2014) con una potencialidad destacada para Colombia dado el contexto de la implementación del acuerdo de paz. El término es todavía muy reciente, comparado con otros como “pequeño productor“ o “economía campesina“, pero viene afirmándose y ganando proyección, especialmente a partir de la importancia que tuvo con la realización del Año Internacional de la Agricultura Familiar (Salcedo, Campos y Guzmán, 2014; Schneider, 2016). La FAO (2013) viene realizando un esfuerzo importante en el sentido de desarrollar una definición operativa para la AF, definiéndola como una forma de organizar la agricultura y otras actividades agropecuarias que es administrada y operada por una familia y depende preponderantemente del trabajo familiar.

 

Existen diferentes maneras o posibilidades de definir la AF, siendo todas válidas y legítimas (Schneider y Escher, 2012; Paz, 2014). Según puso de relieve Wolf (1955) “debemos recordar que las definiciones son herramientas del pensamiento, y no verdades eternas” (p. 455).

 

Evolución de las formas de trabajo basadas en el trabajo familiar

 

Las unidades agropecuarias que se denominan hoy día como AF representan, al mismo tiempo, una ruptura y una continuidad con las denominaciones anteriores. Desde un punto de vista histórico esta categoría social tiene en su origen el campesinado y las comunidades indígenas desde 1940 hasta 1960 (Warman, 1988; Bengoa, 2003; Schneider y Escher, 2012). En este período, la discusión se centraba en la integración de grupos sociales específicos, como los indígenas y campesinos, en las sociedades modernas. Desde 1960 hasta 1970, las discusiones regresaron a los aspectos económicos y productivos, destacándose las cuestiones de las tecnologías y la inserción del campesinado en la modernización agrícola (Schultz, 1964; CEPAL, 1984). De otro lado, se discutía el papel del campesinado en los procesos de transformación agraria más radicales vía reforma agraria, tal como ocurrió en Chile, Bolivia y Perú (CIDA, 1966; Gómez, 1992; Kay, 2000; Acosta y Rodríguez, 2006). Los años 1980 y 1990 contribuyeron de forma importante a ensombrecer la presencia y el papel de la AF en el campo latinoamericano.

 

A partir de mediados de la década de los 1990, y de forma más fuerte a partir de los 2000, se retomó la cuestión sobre la AF, primero en Brasil y después en otros países. La Reunión Especializada sobre Agricultura Familiar (REAF) del MERCOSUR, creada en 2004, tuvo un rol importante para impulsar la definición de la agricultura familiar, que destaca su carácter diverso, sus sistemas de producción, sus modos de vida y su alto potencial y capacidad de equilibrar diferencias entre regiones y generar estabilidad política (REAF, 2006).

 

En este sentido, la difusión y adopción del término AF tuvo un fuerte impulso político, que llevó a algunas agencias internacionales, como FAO e IICA, a influenciar los gobiernos de algunos países para que adoptaran esta definición para sus políticas públicas y diseñaran programas de apoyo para campesinos (Sabourin & Grisa, 2018).

 

Economía campesina, pequeños productores y agricultores familiares

 

En varios países de América Latina y el Caribe, sobretodo en la región andina, un agricultor familiar tiende a ser identificado como un “campesino”. Pero es posible distinguir la agricultura familiar de la pequeña producción y del campesinado. No solo son palabras distintas, indiferentemente utilizadas en determinadas regiones o países diferentes. El uso de cada uno de estos términos tiene implicaciones tanto teóricas y políticas como en la identidad social de aquellos que así son denominados.

 

De forma general, la AF se caracteriza como una actividad productiva (agricultura) ejecutada por un grupo social (familia). Desde el punto de vista del tamaño y de la escala de producción, un agricultor familiar casi siempre es también un productor de pequeña escala. Pero el hecho de tener producción agro-silvo-pastoril o practicar la pesca artesanal o las condiciones precarias de su economía no resultan condiciones fundamentales ni suficientes para poder definirlo como AF, fundamentalmente porque los pequeños productores y los campesinos también tienen características similares, y por eso resulta que por este criterio productivo no se podría hacer una distinción entre ellas.

 

La denominación de pequeño productor se refiere a la gama de un determinado productor, frecuentemente asociada al tamaño del área de la tierra disponible (propia o no), o a la intensidad de uso de otros factores, especialmente tecnología o capital (CIRAD, 2013; Hazell, Poulton, Wiggins & Dorward, 2010). El uso del término AF, por el contrario, tiene la ventaja de ampliar el ámbito y alcance de la definición, pues supera el criterio cuantitativo del área de tierra y agrega la variable trabajo, que es el elemento decisivo para definir un agricultor familiar. Por lo tanto, un agricultor familiar es todo productor rural o campesino que utiliza fundamentalmente el trabajo de su familia para realizar las actividades en su emprendimiento y realiza la gestión como una unidad familiar, proyectándose en nuevos escenarios sociales y económicos.

 

En relación al término campesino o campesinado, la distinción es algo más compleja, pues los agricultores familiares de hoy no dejan de tener sus raíces campesinas.  Tiene razón Forero (2014), cuando dice que:

 

Si estamos hablando de una categoría económica que se refiere a un sistema de producción agropecuario en el cual parte de la mano de obra utilizada la aporta la familia y que tiene una escala tal que los procesos de producción son controlados directamente por la familia misma, la amplia gama de productores familiares presentes actualmente en nuestros campos no son esencialmente diferentes a los campesinos del siglo XIX o de la primera mitad del siglo XX. (p. 16)

 

No obstante, el campesinado presupone una comunidad rural y un modo de vida relativamente autónomo en relación a las ciudades y a los mercados. El sociólogo francés Henri Mendras, inspirado en Redfield, afirmó que la colectividad (comunidad) local y las relaciones de solidaridad y reciprocidad son centrales a la hora de caracterizar a las sociedades campesinas (Mendras, 2000). Ya el austro-americano Eric Wolf (1976) se refería a los campesinos como grupos sociales con poca diferenciación interna, reducida movilidad social y relaciones parciales con las ciudades y los mercados.

 

De esta manera, la distinción fundamental entre agricultores familiares y campesinado, como se ha construido en América Latina, es que los agricultores familiares están altamente integrados en la división social del trabajo y a la dinámica económica más general, vía mercados, instituciones financieras, acceso a las tecnologías, información, etc., mientras que los campesinos tienen una relación aún parcial e incompleta con la sociedad que abarca. La reproducción social de los agricultores familiares depende de la intensidad (más o menos autónoma) y de la forma (más o menos diversificada) en cómo se insertan en la economía de mercado y en la sociedad como un todo, mientras que la reproducción social de los campesinos depende de las condiciones y posibilidades de reproducción de su comunidad local. En síntesis se puede decir que la discusión en América Latina sobre estos términos ha permitido aclarar que, mientras el campesinado se caracteriza por ser un modo de vida, la AF, más allá de ese modo de vida, representa una forma social de trabajo, producción e inserción social y económica.

 

Definiendo la agricultura familiar en LAAM

 

Las discusiones en América latina sobre este tema se han desarrollado de manera central en el seno del Mercosur, de las cuales se puede concluir que la AF se refiere al ejercicio de una actividad económica (agricultura y otras actividades) por parte de un grupo social ligado por lazos de parentesco y sangre que forman una familia. Se trata de un grupo social que trabaja y produce utilizando la tierra y los demás factores de producción, de donde obtienen su propio sustento y producen mercancías para vender y/o intercambiar. Agricultores familiares son, por tanto, familias que trabajan en actividades agropecuarias.

 

Son cuatro los elementos centrales que definen al agricultor familiar para el Mercosur: (a) uso predominante del trabajo familiar en el proceso productivo en las actividades económicas a partir de las cuales la familia obtiene los recursos necesarios para su medio de vida; (b) la gestión de los emprendimientos y de la actividad familiar, lo que significa que no se basa fundamentalmente en contrataciones externas para las actividades; (c) los resultados de la producción, como las demás formas de ingreso de recursos son de propiedad colectiva, esto es, del grupo doméstico; (d) el acceso a los medios de producción en general se lleva a cabo por la transferencia del patrimonio familiar a través de herencia. De este modo, un emprendimiento de agricultura familiar es esencialmente un “negocio familiar”, sujeto a la cultura y a la forma de vida donde está inserta. El tamaño y la escala de estos emprendimientos varían, pero en general son pequeños, a veces hasta insuficientes.

 

El análisis tanto académico como político en Colombia sobre AF toma cierta distancia del Mercosur y rebate esta semejanza entre la AF y el “negocio familiar” y trata de entender esta nueva categoría de una manera más amplia justamente para ponerla a tono con las actuales discusiones internacionales sobre derechos del campesinado o los Objetivos de Desarrollo Sostenible y con el contexto político nacional de la construcción de paz. El resultado de dichos debates se resume en la construcción de una categoría denominada como “Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria” (ACFC) (MADR, 2017) como se muestra más adelante.

 

Una mirada histórica a la agricultura campesina en Colombia

 

La larga historia de inequidad y exclusión propia del desarrollo rural en Colombia (PNUD, 2011; Machado, Salgado y Naranjo, 2013; Jiménez, 2012; Forero, 2010) tiene su génesis en los procesos de apropiación de la tierra. Entre los indígenas de la pre-conquista, la tierra comunitaria no era delimitada por fronteras de propiedad. La primera reforma agraria de hecho se da en la época de la conquista española desde 1500 encabezada por los expedicionarios de la corona española, siendo este también el inicio de los conflictos entre nativos y conquistadores (Reyes, 1995) debido a la usurpación de extensas áreas para la fundación de poblados y explotación de recursos naturales. Se reconoce que el primer modelo de desarrollo agrario en Colombia correspondió al de la “modernización conservadora” (Tobasura y Rincón, 2007) caracterizado por la consolidación del latifundio mediante la titulación de tierras baldías a los terratenientes y la modernización de la hacienda tradicional. En esta etapa se consolidó el cultivo del café como principal producto de exportación, lo que contribuyó al surgimiento de la crisis del conflicto por la tierra debido a la presión de los empresarios colonos por aumentar sus áreas de cultivo (Berry, 2002).

 

Algunos intentos por la democratización de la tenencia fueron adelantados por los gobiernos reformistas de 1930 y 1960 que auspiciaron legislaciones encaminadas a desconcentrar la propiedad de la tierra (Jiménez, 2012). La Ley 200 de 1936 fue la primera que se promulgó con la idea de frenar el problema de dominio y concentración de la propiedad rural y realzar la función social de la tierra (Albán, 2011) para superar las tensiones entre colonos y grandes empresarios (Berry, 2002), tensión que contribuía poco a poco al escalamiento de una violencia rural que explotó una década más tarde.

 

Simultáneo al proceso de consolidación del latifundio se dio la movilización de las organizaciones indígenas y campesinas en procura de políticas justas de acceso a la tierra. A comienzos del siglo XX estas luchas eran locales destacándose la región del Sumapaz en Cundinamarca y la zona Caribe (Mondragón, 2003). Los campesinos de la región andina cafetera crearon el movimiento de las Ligas Campesinas (Fals-Borda, 1975) que reivindicaban el derecho a ocupar baldíos para sembrar café y establecer trapiches. Entre los indígenas se destaca el movimiento liderado por Manuel Quintín Lame, quien en 1914 planteó el levantamiento de los indígenas para constituir un territorio propio entre Cauca, Huila y Tolima (Núñez, 2008). En el movimiento campesino se destacan Erasmo Valencia, Juan de la Cruz Varela (Londoño, 2011) y Jorge Eliécer Gaitán junto a un movimiento de izquierda que defendió el campesinado con la tesis de que el bienestar de la nación dependía del campo, proponiendo una revolución agraria anti-imperialista y la intervención del Estado para generar bienestar social (Mondragón 2003).

 

Durante la violencia política del período 1940-1950, el país vivió una intensa represión al campesinado y una acelerada migración de población rural haciendo que la incipiente organización campesina sea prácticamente aniquilada. Este episodio de violencia política dio origen al movimiento guerrillero de las FARC_EP impulsado por campesinos que se alzaron en armas para reivindicar las trasformaciones socioeconómicas urgentes para el campesinado (Offstein, 2003).

 

La ley 135 de 1961 creó el Instituto Colombiano de Reforma Agraria (INCORA) para modificar el latifundio a través de medidas técnicas de redistribución que pusieran freno al proceso de acumulación; sin embargo, este propósito de redistribución tampoco fue alcanzado con dicha ley (Balcázar, López, Orozco y Vega, 2001) ya que, después de una década de gran esfuerzo, tanto el sistema político como su aparato administrativo fueron nuevamente dominados por los latifundistas (Jiménez, 2012). Bajo la Ley 135 se creó la figura de Unidad Agrícola Familiar (UAF) entendida como la extensión de tierra según características agrológicas propias de cada región y manejada por la fuerza de trabajo de una misma familia, que permitiera un ingreso superior o igual a 3 salarios mínimos (Gutiérrez, Lizcano y Asprilla, 2014). El concepto se generó con fines de focalización del naciente programa de reforma agraria.

 

En la década de 1970, el Gobierno creó la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC) para la interlocución formal con el Estado (Machado y Suárez, 1999; Archila, 2008). En 1971 surgió el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) inspirado en el pensamiento de su líder Manuel Quintín Lame (Núñez, 2008) para combatir las formas coloniales de dominación y reorientar la política agraria para los indígenas con demandas por la recuperación de las tierras (Galvis, 2014). Simultáneamente en esta década, se fortaleció la acción de las guerrillas, aparecieron grupos paramilitares y se intensificaron los cultivos de coca y marihuana, principalmente en las regiones de selva tropical amazónica y el Pacífico. Como consecuencia de esto, se agudizó la concentración de la propiedad de la tierra y se generó el fenómeno del desplazamiento forzado de los campesinos (Palou, 2008). La exportación de marihuana prevaleció entre los años 1970 y comienzos de 1980, mientras que la cocaína lo hizo desde las década de 1980 hasta la actualidad, siendo el soporte financiero de grupos al margen de la ley y penetrando diversas esferas del poder político (Jiménez, 2012).

 

La Ley 4 de 1973 pretendió concretar la idea de redistribución de tierras propuesta en la reforma de 1961, mediante la adjudicación de tierras y la penalización de su improductividad (Machado y Suárez, 1999). Se creó el Programa de Desarrollo Rural Integrado (DRI) con el objetivo de restablecer la convivencia pacífica, promover la participación ciudadana y desactivar el accionar de los grupos al margen de la ley (Fajardo, 2002b). No obstante, la reacción de los empresarios rurales no se hizo esperar y mediante el llamado “Pacto de Chicoral”, en 1973 los partidos de élite, los ganaderos y empresarios agrícolas, iniciaron acciones de contrarreforma agraria mediante acuerdos para incentivar la agricultura empresarial, la ganadería extensiva y fomentar la colonización. Comenzó así una larga tradición de subsidio a los gremios para la transformación del latifundio en empresa para la producción (Arévalo, 2011), concentrada en los valles interandinos (ganadería, caña de azúcar, cereales), región caribe (ganadería, cereales) y la región andina (café).

 

A finales de la década de 1980, el programa DRI llevó a la agricultura campesina a dominar la producción agraria nacional con un 88% del área, un 97% de la producción y 92.2% de su valor (Bejarano, 1988). Desde este programa, la idea de transformar al pequeño agricultor en empresario ha sido el eje central de las políticas rurales sobre campesinado (Jiménez, 2012; Tobasura, 2011).

 

En 1991 se gestó la carta constitucional que reemplazó la obsoleta constitución de 1886 (Noguera-Fernández y Criado de Diego, 2011). En esta se amplió el articulado de derechos sociales, económicos y culturales, y se reconocieron los derechos colectivos a las comunidades étnicas. A partir de esta nueva carta constitucional se crearon las figuras de propiedad colectiva sobre la tierra en forma de resguardos para los indígenas (Salcedo, Pinzón y Duarte, 2013) y como territorios colectivos de consejos comunitarios para los afrodescendientes según la Ley 70 de 1993 (Montenegro, 2016).

 

Con la introducción de las políticas neoliberales en el conteniente, se promulgó la Ley Nº 160 de 1994 que creó el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino y propuso cambios importantes en la manera de hacer la reforma agraria mediante el mercado de tierras (Jiménez, 2012; FAO, 1994) como forma de superar antiguas formas de acceso a la tierra que incluían arriendos, aparcerías, compañías, empeños y comodatos (FAO, 1994). Esta Ley también creó el Sistema Nacional de Transferencia de Tecnología Agropecuaria y los programas de asistencia técnica basados en la difusión de las tecnologías de Revolución Verde para modernizar la producción agrícola (Gutiérrez et al., 2014). Esta convulsiva década de 1990 dio origen a la agricultura de exportación, la intensiva participación del sector privado, el desmonte a las estrategias de protección sobre exportaciones y reducción de aranceles para importación de productos agropecuarios (Jiménez, 2012). Como consecuencia se reversaron los efectos positivos que el DRI había generado sobre la agricultura del campesinado; cae el PIB del sector, se reducen las áreas de siembra y se incrementan dramáticamente las importaciones de alimentos (Ocampo y Perry, 1995).

 

Al finalizar la década de los 90 el panorama de pobreza rural era desconsolador. Para enfrentar la grave problemática rural desencadenada con la apertura económica, se emitieron nuevas leyes agrarias en 1993 (Ley Agraria 101) y 1994 (Ley 160) enfocadas a la reactivación del sector, la competitividad, mayor equidad en las estructuras agrarias, mayor sostenibilidad y mayor eficiencia de la institucionalidad gubernamental (Jiménez, 2012). En ese período surgieron dos figuras trascendentales para el campesinado colombiano: los Consejos Municipales de Desarrollo Rural con la idea de descentralizar las decisiones de los gobiernos locales y las Zonas de Reserva Campesina (ZRC), como mecanismo para prevenir la concentración de la tierra en áreas de reciente colonización (Arévalo, 2011). Entre 1998 y 2003 se formalizaron 6 ZRC en un área total de 831.111 hectáreas (Silva, 2016).

 

La política agraria de la última generación en Colombia se ha enfocado en incentivar una mayor articulación de la agricultura al mercado internacional. Estrategias como las “cadenas agro-exportadoras” y las “Alianzas Estratégicas” o asociaciones de grandes y pequeños productores, apalancadas por comercializadoras de insumos y centros de investigación, trabajan en emprendimientos de alta competitividad internacional (Fajardo, 2006).  Simultáneamente el gobierno promovió la firma de tratados de libre comercio con varios países involucrando de manera desventajosa a la agricultura nacional.  Garay et al. (2010) afirman que los impactos de dichos acuerdos se expresan en la reducción entre 15 y el 55 % de los precios internos de productos agrícolas predominantemente campesinos, lo que ha desencadenado intensos cuestionamientos (Jiménez, 2012).

 

En las décadas de 1990 y 2000 se generaron procesos sin precedentes de expoliación de tierra por grupos paramilitares, estrategia táctica de guerra usada para conquistar y acaparar nuevos territorios (Balcells & Steele, 2016) superando los 4 millones de hectáreas con el desplazamiento forzado de más de 3.8 millones de campesinos. Buena parte de estos desplazamientos están vinculados al cultivo de especies para los biocombustibles (palma africana, yuca, caña de azúcar y remolacha) cuyas áreas de siembra reportan una rápida evolución desde 2010 producto de los altos subsidios que otorga el gobierno a los empresarios rurales (Castiblanco, Moreno & Etter, 2015). Solo en palma africana, en 2014 se reportaron cerca de 48.000 hectáreas sembradas lo que lleva al país a ser el primer productor en América y el cuarto a nivel mundial (Jiménez, 2012); con una proyección para el 2020 de poco más de 71.000 hectáreas (Castiblanco et al., 2015).

 

La agricultura familiar en la coyuntura política del pos-acuerdo

 

El Acuerdo de Paz firmado en noviembre de 2016 (Oficina del Alto Comisionado, 2016), propone como estrategia esencial la Reforma Rural Integral (RRI) que conduzca a la “superación de la pobreza y la desigualdad para alcanzar el bienestar de la población rural; y por otra, la integración y cierre de la brecha entre el campo y la ciudad” (Oficina del Alto Comisionado, 2016, p. 23). En su visión, la reforma rural integral hace explícito el reconocimiento del papel de la “Economía Campesina, Familiar y Comunitaria en el desarrollo del campo, la erradicación del hambre, la generación de empleo e ingresos, la dignificación y formalización del trabajo, la producción de alimentos y, en general, en el desarrollo de la nación” (Oficina del Alto Comisionado, 2016,  p. 11.) alineándose a los planteamientos de la Misión Rural  (DNP, 2015) y de la FAO con el año internacional de la AF.

 

Entre los aspectos importantes del Acuerdo está la democratización de la tenencia de la tierra, causa estructural de una guerra de más de 50 años en el país. Como alternativa frente al proceso de concentración, el Acuerdo de Paz estimula la creación de nuevas ZRC para garantizar los derechos del campesinado. Aunque la ZRC ha sido una figura políticamente controvertida (Borja, 2017), constituye sin duda una oportunidad importante para delimitar territorios para la Agricultura Familiar en el país frenando su eventual acumulación. Asimismo, el Acuerdo enuncia los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), cuya meta es transformar el ordenamiento de los territorios en concertación con las autoridades locales y las comunidades (Borja, 2017).

 

Los PDET pretenden a su vez el desarrollo de la economía campesina y  familiar, mediante estrategias de economía solidaria como las cooperativas, asociaciones y microempresas basadas en las formas propias de producción de las comunidades.

 

Para concretar la implementación de la RRI, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural promulgó la Resolución 464 del 29 de diciembre de 2017, que propone como objetivo planificar la gestión estratégica del Gobierno para el fortalecimiento de las capacidades de los agricultores campesinos, familiares y comunitarios mejorando su sostenibilidad y bienestar. La Resolución recoge varios de los planteamientos de la RRI en 10 lineamientos y 19 estrategias que fueron producto de amplia discusión con participación social que generó los lineamientos para la primera política diferencial para la AF en Colombia. El inicio de la era del presidente Duque coincide con el inicio de la implementación del Acuerdo de Paz y de la voluntad política que rija esta nueva era política, de ello depende el futuro de los agricultores familiares.

 

El surgimiento de la categoría AF en Colombia

 

Las circunstancias que han renovado el debate político y académico y propiciado las reflexiones sobre la categoría AF, se pueden resumir en 4 momentos:

 

Las movilizaciones agrarias

 

En la historia agraria reciente del país, se destaca el Paro Nacional Agrario de 2013 con participación de diversos sectores (campesinos, cocaleros, caficultores, mineros, sector salud, estudiantes, camioneros, etc.) que tuvo repercusiones en todo el territorio nacional debido a los bloqueos de carreras y el desabastecimiento alimentario de las ciudades. El paro nacional tuvo un fuerte apoyo urbano y constituyó un acontecimiento  político importante por el cuestionamiento de las organizaciones rurales sobre las condiciones de precariedad en que viven, la concentración de la tierra, la violencia y el modelo de desarrollo económico (Arias y Preciado, 2016). En el marco del paro agrario surgió una colación de organizaciones conocida como la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular, que desde entonces reivindica el reconocimiento político del campesinado colombiano (Montenegro, 2016).

 

También a comienzos de la década del 2010, el país conoció el resultado del Informe Nacional de Desarrollo Humano para el sector rural colombiano recopilado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 2011), que no solo demostró que lo rural del país era mucho más de lo que la sociedad colombiana consideraba, sino que catalogó el modelo de desarrollo rural de entonces como inequitativo, excluyente y principal detonante de los conflictos rurales.

 

Año Internacional de la Agricultura Familiar y primera resolución

 

En segundo lugar la declaración del Año internacional de la Agricultura Familiar se dio como resultado de una fuerte movilización de organizaciones rurales de todo el mundo que tuvo el apoyo de la FAO. En Colombia la campaña fue respaldada por el Comité Nacional de  Impulso de la Agricultura Familiar (CIN_AF, 2016) que se había gestado desde 2012 por más de 130 organizaciones agrarias indígenas y campesinas, centros de investigación, universidades, ONG´s, y otras entidades articuladas en 12 comités departamentales que, desde entonces, y ahora bajo el nombre de Red Nacional de Agricultura Familiar (RENAF) adelanta acciones de incidencia política, investigación, movilización y comunicaciones en favor de la AF. El 14 de julio de 2014 el Ministerio de Agricultura emitió la Resolución  267 que crea el primer programa de Agricultura Familiar en el país, con el propósito de combatir la pobreza en el sector rural, ampliar la clase media del campo y cerrar las brechas entre lo urbano y lo rural (MADR, 2014). Sin embargo, la resolución se diseñó bajo los mismos lineamientos de programas anteriores enfocados en los agricultores de los gremios más fuertes, la empresarización y los subsidios, desconociendo por completo las características y demandas propias de los agricultores familiares que quedaron nuevamente excluidos del interés político. Esta resolución fue prácticamente desconocida por el nuevo ministerio que inició pocos meses después. También en 2014 el país conoció el informe de la Misión Rural para la Transformación del Campo (DNP, 2014) que propuso una base robusta de lineamientos para políticas públicas que llevaran a la transformación rural en los siguientes 20 años bajo el enfoque territorial participativo, la inclusión social y productiva de los agricultores y el desarrollo rural competitivo, sostenible basado en la provisión de bienes públicos. La Misión Rural propuso una “Estrategia Nacional de Fortalecimiento de la Agricultura Familiar” (DNP, 2014), a la que define como un modo de producción y un modo de vida y reconoce su papel fundamental en el abastecimiento alimentario nacional. El documento sostiene que su fortalecimiento contribuiría decididamente a reducir la pobreza y tener un sector rural más eficiente y sostenible.

 

El Acuerdo de Paz y la normativa sobre AF

 

Varios acontecimientos políticos y académicos recientes en el país han tenido una función relevante en el posicionamiento de la AF. Sin duda uno de los hechos de mayor trascendencia ha sido la firma del Acuerdo de Paz entre el gobierno y la guerrilla de la FARC (Oficina del Alto Comisionado, 2016), que propuso como meta central reducir en un 50% los niveles actuales de pobreza rural en 10 años. El documento introduce la “Economía Campesina, Familiar y Comunitaria” para referirse a las distintas formas de producción del campesinado.

 

De otro lado, también en 2016 se publicó el resultado del Tercer Censo Nacional Agropecuario (DANE, 2016) que, después de 45 años del anterior censo, develó las cifras actualizadas y alarmantes de pobreza rural y concentración de la propiedad de la tierra.

 

Finalmente, se destaca el reciente esfuerzo en red de diversas organizaciones, liderado por la FAO, el Ministerio de Agricultura y la RENAF para la propuesta de lineamientos de política pública para la Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria, que culminó en la Resolución 464 del 29 de diciembre de 2017 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR, 2017) que adopta dichos lineamientos.

 

Esta resolución tal vez represente la primera normativa diferenciada para el campesinado del país, si se tiene en cuenta que las propuestas de Desarrollo Rural de manera general incorporaron a todos los agricultores sin distinción alguna, sobre la falaz idea de que lo que era bueno para los grandes agricultores, era también bueno para los pequeños. El hecho de que la resolución fuera construida con participación de organizaciones de agricultores reunidas en RENAF le da legitimidad entre muchas organizaciones de base. En efecto, muchas de las posiciones de la RENAF fueron acogidas en los 11 lineamientos estratégicos de política pública para la ACFC (Acevedo-Osorio et al., 2018), especialmente relacionados a  extensión rural como proceso de acompañamiento y generación de capacidades, dotación de bienes públicos, acceso y tenencia de la tierra, incentivos al financiamiento a partir de economía solidaria, sistemas productivos sostenibles incluyendo las semillas del agricultor, comercialización centrada en circuitos cortos o mercados de cercanía, incidencia y participación, entre otros (MADR, 2017)   

 

 

Sobre una definición de Agricultura Familiar para Colombia

 

A nivel académico el debate sobre el concepto de AF es aún incipiente. Se destacan estudios centrados en recomendaciones de política pública para la AF (Machado y Botello, 2013; Vaca et al., 2014), los estudios enfocados en demostrar la viabilidad económica de la agricultura familiar en la altillanura colombiana (Forero et al., 2015) y un estudio interdisciplinario enfocado en la multifuncionalidad de los sistemas propios de los Agricultores Familiares (Acevedo-Osorio y Martínez, 2016).

 

Estos documentos académicos defienden, en general, la idea de que más allá de un concepto técnico que obedezca a una tendencia política, es necesario generar una definición más integradora de las características propias de los agricultores familiares; en este sentido, un concepto analítico debe vislumbrar la enorme diversidad de características multidimensionales que les caracterizan. El foro académico de investigadores cercanos a RENAF propone un concepto genérico que dé cabida a construir tipologías más precisas de diversos grupos, entre ellos agricultores familiares empresariales, de subsistencia, comunidades étnicas, pescadores, neo-rurales, incluso agricultores urbanos. En tal sentido se define la Agricultura Familiar como:

 

Un sistema socioeconómico y cultural de producción y consumo a la vez, que se caracteriza por utilizar principalmente mano de obra familiar con una dependencia importante de los bienes y servicios que provee el entorno natural. La agricultura familiar asigna a los sistemas productivos múltiples funciones de tipo productivo, financiero, social, cultural y ambiental en diverso grado, desde formas de agricultura familiar más cercanas a los mercados y con desarrollo preponderante de funciones financieras, hasta formas de agricultura familiar diversificada, con predominio de funciones socioculturales y ambientales. La agricultura familiar produce alimentos y materiales a una escala pequeña o mediana altamente diversificada; se basa en buena medida en los conocimientos tradicionales; se apoya en extensas y fuertes redes familiares y comunitarias articuladas a la dinámica de desarrollo de su localidad y, a través de estrategias socioculturales y sociopolíticas, lucha permanentemente por su bienestar y su permanencia en el mundo rural. (Acevedo y Martínez, 2016, p. 253)

 

En esa línea la Resolución 464 de 2017 propone el término ACFC que, a diferencia del concepto acuñado en América Latina, integra dentro de la misma categoría la visión del campesinado y el agricultor familiar, y que define como

 

Sistema de producción y organización gestionado y operado por mujeres, hombres, familias y comunidades campesinas, indígenas, negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras que conviven en los territorios rurales el país. En este sistema se desarrollan principalmente actividades de producción, transformación y comercialización de bienes y servicios agrícolas, pecuarios, pesqueros, acuícolas y silvícolas que suelen complementarse con actividades no agropecuarias. Esta diversificación de actividades y medios de vida se realiza predominantemente a través de la gestión y el trabajo familiar, asociativo o comunitario, aunque también puede emplearse mano de obra contratada. El territorio y los actores que gestionan este sistema están estrechamente vinculados y coevolucionan combinando funciones económicas, sociales, ecológicas, políticas y culturales. (MARD, 2017, p. 3)

 

Las definiciones tanto académicas como políticas acá incluidas dejan ver un distanciamiento importante de los conceptos que desde MERCOSUR se han establecido para otros países de Suramérica, ya que se destaca un enfoque más integral o multidimensional en que se desenvuelve la ACFC, lo que a nivel de políticas abre la posibilidad a un abordaje distinto de los temas del campesinado más allá de las preocupaciones por la mera empresarización de los agricultores.

 

Alternativas para fortalecer la AF en el pos-acuerdo

 

Aunque la AF colombiana haya sido históricamente marginada, no está en riesgo de desaparecer ya que los agricultores campesinos, familiares y comunitarios, recurriendo a diversas estrategias productivas, culturales, ambientales, sociales y políticas, garantizan su sobrevivencia y continuidad en los territorios (Niño, 2016; Acevedo-Osorio, 2016).  Sobre esta circunstancia es posible y necesario construir propuestas que los potencie hacia nuevos escenarios. El desarrollo rural sustentado en la idea del agronegocio no solo no mejorará la situación de inequidad social, sino que tendrá fuertes impactos negativos sobre la biodiversidad, los recursos naturales y la seguridad alimentaria (Boron, Payán, MacMillan & Tzanopoulos, 2016). Enfoques como el territorial (Schejtman & Berdegué, 2003; Schneider, 2009), sistemas sostenibles de producción y alimentación (Dentoni, Waddell & Waddock, 2017) y soberanía alimentaria (Patel, 2009), constituyen enfoques importantes para pensar de otra manera el desarrollo rural en el pos-acuerdo, permitiendo una mayor vinculación de los consumidores con una posición incidente en aspectos que les concierne.

 

La racionalidad ecológica y económica propia de las agriculturas tradicionales (Acevedo-Osorio et al., 2018; Ploeg, 2008), facilitaría de manera importante la transición hacia modelos más sustentables de producción (Dentoni et al., 2017). Esta idea encuentra afinidad en los planteamientos de la agroecología que se posiciona como una propuesta de aprovechamiento más sostenible de los recursos naturales , socialmente más justa y económicamente más aceptable (Altieri, 2010). Para sus defensores, la forma de producción realizada por los agricultores tradicionales en todo el mundo, es la que más se acerca a los principios de la agroecología (Schneider y Escher, 2014). La Agroecología como ciencia, enfoque técnico metodológico y movimiento social (Wezel et al., 2009), puede potenciar las funciones sociales, ambientales y productivas que históricamente ha cumplido (Acevedo-Osorio, 2016).

 

En Colombia la conceptualización y práctica de la producción agroecológica han sido promovidas desde la década de 1980 principalmente por organizaciones no gubernamentales, asociaciones de agricultores, ambientalistas e instituciones académicas, con una marginal participación de las instituciones públicas (León-Sicard, Sánchez de Prager y Acevedo-Osorio, 2017).  Un estudio adelantado en Colombia para analizar experiencias de agricultura familiar de base agroecológica (Vaca et al., 2014) concluyó que sus principales aportes son la promoción de la seguridad y soberanía alimentarias, contribución al uso eficiente del suelo, conservación de la biodiversidad y provisión de servicios ecosistémicos.

 

Diversas evidencias y experiencias en Colombia permitirían afianzar la ACFC como categoría política en este momento histórico: a nivel práctico, la identificación de un nicho socio-técnico de agricultura familiar sustentable (Ortiz, Vilsmarier y Acevedo-Osorio, 2018) que se ha consolidado a nivel local.  A nivel político tanto el acuerdo de paz como la Resolución 464, que proponen la necesidad de trabajar en los enfoques de producción sostenible, agroecología, economía solidaria y fortalecimiento de organizaciones de productores. A nivel académico,  se avanza en la estructuración de programas de pregrado y posgrado en agroecología que apoyan la conformación de un grupo de científicos  para impulsar la investigación a partir de articulaciones interdisciplinarias y multidisciplinarias. Finalmente a nivel social, existe un interés creciente de los consumidores que se acerca a mercados locales para acceder a alimentos sanos que atiendan los problemas de desnutrición y malnutrición. Adicionalmente aumenta el interés de grupos de jóvenes urbanos que buscan nuevos caminos y otros mecanismos de abastecimiento, son entusiastas de la agroecología y buscan nuevas relaciones con lo rural.

 


 

 

Conclusiones

 

La historia política del campesinado en Colombia ha mostrado escasos resultados para transformar su difícil realidad. Sin embargo, la coyuntura política de implementación del Acuerdo de Paz constituye un contexto político único que debe ser aprovechado para visibilizar, reconocer y fortalecer distintas formas de agricultura tradicional.

 

La Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria se construye en el pos-acuerdo de paz como una categoría política emergente para mejorar las condiciones de bienestar y superar la marginalidad histórica  en que ha vivido el campesinado, pero al mismo tiempo como la oportunidad para atender  preocupaciones estructurales de la sociedad colombiana como la búsqueda de la paz, la soberanía alimentaria, la nutrición adecuada, la protección ambiental, la lucha contra la pobreza, la adaptación al cambio climático y superación de la inequidad social.

 

Más que un concepto técnico, esta categoría emergente requiere una definición analítica e integradora de las características propias de los agricultores campesinos, familiares y comunitarios que evidencie la enorme diversidad socio-cultural, socio-económica y socio-ambiental que les caracteriza. Para el caso colombiano, las definiciones tanto política como académicas tienden a reconocer la mutidimensionalidad de sus formas de vida y la multifuncionalidad de la agricultura que practican y los territorios que ocupan, dando un carácter más sociológico que economicista, lo que propicia el desarrollo de políticas públicas más adecuadas a sus necesidades y aspiraciones.

 

La Agroecología constituye un enfoque oportuno para convertir a los agricultores familiares en artífices de su transformación hacia una agricultura más sustentable que potencie su multifuncionalidad y proteja el legado social, cultural, ambiental y productivo propio de la agricultura nacional.

 


 

 

Referencias

 

Acevedo, Á. y Jiménez, N. (Comps). (2019). Agroecología. Experiencias comunitarias para la agricultura familiar en Colombia. Bogotá, Colombia: Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO; Editorial Universidad del Rosario.

 

Acevedo-Osorio, A., Santoyo-Sánchez, J. S., Guzmán, P. y Jiménez-Reinales, N. (2018). La Agricultura Familiar frente al modelo extractivista de desarrollo rural en Colombia. Gestión y Ambiente, 21(2), 144-154. DOI: 10.15446/ga.v21n2supl.73925.

 

Acevedo-Osorio, A. y Martínez, J. (Eds.). (2016). La agricultura familiar en Colombia. Estudios de caso desde la multifuncionalidad y su aporte a la paz. Bogotá, Colombia: Ediciones Universidad Cooperativa de Colombia, UNIMINUTO.

 

Acevedo-Osorio, Á. (2016). Contribuciones y retos de la agricultura familiar en Colombia. En A. Acevedo-Osorio. y J. Martínez-Collazos. (Eds.), La agricultura familiar en Colombia. Estudios de caso desde la multifuncionalidad y su aporte a la paz (pp. 33-45). Bogotá, Colombia: Ediciones Universidad Cooperativa de Colombia, UNIMINUTO.

 

Acosta, L. A. y Rodríguez, S. (2006). En busca de la agricultura familiar en América Latina. Santiago, Chile: FAO.

 

Albán, Á. (2011). Reforma y contrarreforma agraria en Colombia. Revista de Economía Institucional, 13 (24), 327-356. 

 

Archila, M. (2008). Idas y venidas, vueltas y revueltas, protestas sociales en COLOMBIA 1958 - 1990. Bogotá, Colombia: ICANH, CINEP.

 

Arévalo, K. A. (2011). Las reservas campesinas, una aproximación a las organizaciones campesinas desde su experiencia política. Bogotá, Colombia: Universidad Javeriana.

 

Arias, M. y Preciado, M. (2016). Paro Nacional Agrario: paradojas de la acción política para el cambio social. Iconos, Revista de Ciencias Sociales, (54), 107-123.

 

Balcázar, A., López N., Orozco, M. y Vega, M. (2001). Colombia: alcances y lecciones de su experiencia en reforma agraria. Santiago de Chile, Chile: Naciones Unidas, CEPAL.

 

Balcells, L. & Steele, A. (2016). Warfare, political identities and displacement in Spain and Colombia. Political Geography, 51, 15-29. doi: 10.1016/j.polgeo.2015.11.007.

 

Barrientos-Fuentes, J. C. & Torrico-Albino, J. C. (2014). Socio-economic perspectives of family farming in South America: cases of Bolivia, Colombia and Peru. Agronomía Colombiana, 32(2), 266-275. doi: https://doi.org/10.15446/agron.colomb.v32n2.42310.

 

Bejarano, J. A. (1988). Economía de la agricultura. Bogotá, Colombia: Tercer Mundo Editores,  Universidad Nacional de Colombia.

 

Bengoa, J. (2003). 25 años de estudios rurales. Sociologias, 5(10), 36-99.

 

Berry, A. (2002). ¿Colombia encontró por fin una reforma agraria que funcione? Revista de Economía Institucional, 4 (6), 24-70.

 

Borja, M. (2017). Perspectivas territoriales del acuerdo de paz. Análisis político, 90, 61-76.

 

Boron, V., Payán, E., MacMillan, D. & Tzanopoulos, J. (2016). Achieving sustainable development in rural areas in Colombia: Future scenarios for biodiversity conservation under land use change. Land use Policy, 59, 27-37. doi: 10.1016/j.landusepol.2016.08.017.

 

Castiblanco, C., Moreno, A. & Etter, A. (2015). Impact of policies and subsidies in agribusiness: The case of oil palm and biofuels in Colombia. Energy Economics, 49, 676-686. doi: 10.1016/j.eneco.2015.02.025.

 

CEPAL. (1984). Economía campesina y agricultura empresarial. Ciudad de México, México: Siglo XXI Editores.

 

CIDA. (1966). Tenencia de la Tierra y desarrollo socioeconómico del sector agrícola. Washington, D.C: Comité Interamericano de Desarrollo Agrícola.

 

CIRAD. (2013). Les Agricultores familiares du monde – définitions, contributions et politiques publiques. Montpellier: CIRAD.

 

Comité Nacional de Impulso de la Agricultura Familiar, CIN_AF. (2016). Hacia un programa de Agricultura Familiar (PAF) en Colombia. En A. Acevedo-Osorio. y J. Martínez-Collazos. (Eds.), La agricultura familiar en Colombia. Estudios de caso desde la multifuncionalidad y su aporte a la paz (pp. 229-250). Bogotá, Colombia: Ediciones Universidad Cooperativa de Colombia, UNIMINUTO. 

 

Dentoni, D., Waddell, S. & Waddock, S. (2017). Pathways of transformation in global food and agricultural systems: implications from a large systems change theory perspective. Current Opinion in Environmetal Sustainability, 29, 8-13. doi: 10.1016/j.cosust.2017.10.003.

 

Departamento Nacional de Planeación, DNP. (2014). El campo Colombiano: un camino hacia el bienestar y la paz. Informe detallado de la misión rural para la transformación del campo. Bogotá, Colombia: DNP.

 

Departamento Nacional de Planeación. (2015). Plan Nacional de Desarrollo. Todos por un nuevo país. Recuperado de: https://www.dnp.gov.co/Plan-Nacional-de-Desarrollo/Paginas/Que-es-el-Plan-Nacional-de-Desarrollo.aspx.

 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE. (2016). Censo Nacional Agropecuario 2014. Recuperado de http://www.dane.gov.co/index.php/Censo-Nacional-Agropecuario-2014.

 

Fajardo, D. (2002a). Para sembrar la paz hay que aflojar la tierra. Comunidades, tierras y territorios en la construcción de un país. Bogotá, Colombia: Universidad Nacional de Colombia, Instituto de Estudios Ambientales.

 

Fajardo, D. (2002b). La tierra y el poder político; la reforma agraria y la reforma rural en Colombia. Boletín FAO (Roma. Reforma agraria; colonización y cooperativas), 5-20.

 

Fajardo, D. (2006). Las reservas campesinas: otra experiencia en la brega por la tierra y la organización. Recuperado de http://www.prensarural.org/spip/spip.php?article302.

 

Fals-Borda, O. (1975). Historia de la cuestión agraria en Colombia. Bogotá, Colombia: Fundación Rosca de Investigación y Acción Social.

 

FAO. (1994). El mercado de tierras y la formación de propietarios en Colombia. Estudios de caso. Santafé de Bogotá, Colombia: Organización de las Naciones para la Agricultura, FAO.

 

FAO. (2013). International year of family farming 2014. Master plan. Recuperado de http:// www.fao.org/fileadmin/user_upload/iyff/docs/Final Master Plan IYFF 2014.

 

Forero, J. (2010). Economía campesina, pobreza, tierra y desplazamiento en Colombia. En J. Forero. (Ed), El campesino colombiano. Entre el protagonismo y el desconocimiento de la sociedad (pp 69-119). Bogotá, Colombia: Pontificia Universidad Javeriana.

 

Forero, J. (2014). Prefacio. En E.  Sabourin., M. Samper. y O. Sotomayor. (Eds), Políticas Públicas y agriculturas familiares en América Latina y el Caribe. Balance, desafíos y perspectivas (pp. 13-17). Santiago de Chile, Chile: FAO.

 

Forero, J., Garay, L. J., Barberi, F., Ramírez, C., Suárez, D. M. y Gómez, R. (2013). La eficiencia económica de los grandes, medianos y pequeños productores agrícolas colombianos. En J. L. Garay., R. Bailey., J. Forero., F. Barberi., C. Ramírez.,  M. D. Suárez., R. Gómez.,…  S. Perry. (Eds.), Reflexiones sobre la ruralidad y el territorio en Colombia. Problemáticas y retos actuales (pp. 69-113). Bogotá, Colombia: OXFAM.

 

Forero, J., Yunda, C., De Vargas, M., Rodríguez, C. S. y León, A. (2015). La viabilidad de la agricultura familiar en la altillanura colombiana. Análisis de su eficiencia económica - productiva y su dinámica ecosistémica en comunidades de Puerto López. Bogotá, Colombia: Pontificia Universidad Javeriana. Unillanos. CRECE. OXFAM.

 

Garay, L. G., Barberi, F. y Cardona, I. (2010). Impactos del TLC con Estados Unidos sobre la economía campesina en Colombia. Bogotá, Colombia: Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativos – ILSA.

 

Galvis, J. J. (2014). Del CRIC a la ONIC: fortalecimiento del movimiento indígena caucano en los años setenta del siglo XX. Bogotá, Colombia: Universidad Nacional de Colombia.

 

Graeub, B. E., Chappell, M. J., Wittman, H., Ledermann, S., Bezner, R. & Gemmill-Herren, B. (2016). The state of family farming in the world. World development, 87, 1-15. doi:  10.1016/j.worlddev.2015.05.012. 

 

Gómez, S. (1992). Dilemas de la sociología rural frente a la agricultura y el mundo rural en la América Latina de hoy. Revista Latinoamericana de Sociología Rural, 1, 75-87.

 

Gutiérrez, E. R., Lizcano, J. A. y Asprilla, Y. (2014). Las unidades agrícolas familiares (UAF) un instrumento de política rural en Colombia. Revista Tecnogestión, 11(1) 33-39. Recuperado de  file:///C:/Users/User/Downloads/8290-38830-1-PB.pdf.

 

Hazell, P., Poulton, P., Wiggins, S. & Dorward, A. (2010). The Future of Small Farms: Trajectories and Policy Priorities. World Development, 38(10), 1349-1361.

 

Jiménez, A. R. (2012). Política agraria y postración del campesinado en Colombia. Bogotá, Colombia: Ecoe Ediciones.

 

Kanter, D. R., Schwoob, M. H., Baethgen, W. E., Bervejillo, J. E., Carriquiry, M., Dobermann, A., Ferraro, B…,. & Soares, J. M. (2016). Translating the sustainable development goals into action: a participatory backcasting approach for developing national agricultural transformation pathways. Global Food Security, 10, 71-79. doi: 10.1016/j.gfs.2016.08.002. 

 

Kay, C. (2000). Latin America’s agrarian transformation: peasantisation and proletarianisation. En D. Bryceson., C. Kay. & L. Mooij. (Eds.). Disappearing peasantries? Rural labour in Africa, Asia and Latin America (pp. 123–138). London: Practical Action Publishing.

 

Leibovich, J., Botello, S., Estrada, L. y Vásquez, H. (2013). Vinculación de los pequeños productores al desarrollo de la agricultura. En J. J. Perfetti., A. Balcázar., A. Hernández. y J. Leibovich. (Eds). Políticas para el desarrollo de la agricultura en Colombia (pp. 187-226). Bogotá, Colombia: FEDESARROLLO, SAC, INCODER, FINAGRO, BANCO AGRARIO.

 

León-Sicard, T., Sánchez De Prager, M. & Acevedo Osorio, A. (2017). Toward a history of agroecology in Colombia.  Agroecology and Sustainable Food Systems, 41, 3-4, 296-310. doi: 10.1080/21683565.2017.1285843.

 

Londoño, R. (2011). Juan de la Cruz Varela: sociedad y política en la región de Sumapaz (1902-1984). Bogotá, Colombia: Universidad Nacional de Colombia.

 

Machado, C. A. y Suárez, R. (1999). El mercado de tierras en Colombia: ¿una alternativa viable? Bogotá, Colombia: Centro de Estudios Ganaderos y Agrícolas (CEGA), Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA).

 

Machado, A. y Botello, S. (2013). La Agricultura Familiar en Colombia. Informe del proyecto Análisis de la pobreza y de la desigualdad en América Latina Rural. Santiago de Chile, Chile: RIMISP.

 

Machado, A., Salgado, C. y Naranjo, S. (2013). Territorios para el desarrollo de las sociedades y economías campesinas. En L. J Garay, J.L., Bailey, R., Forero, J., Barberi, F., Ramírez, C., Suárez, D.M., Gómez, R., Castro, Y., Álvarez, J.M., Roldán, R., Sánchez, E., Machado, A., Salgado, C, Naranjo, S. y Perry, S. (Eds), Reflexiones sobre la ruralidad y el territorio en Colombia. Problemáticas y retos actuales (pp. 275-366). Bogotá, Colombia: Oxfam.

 

Mendras, H. (2000). L’invention de la paysannerie, un moment de l’histoire de la sociologie française d’après-guerre. Revue Française de Sociologie, 41 (3), 539-552.

 

Meynard, F. (2014). Colombia: la Agricultura Familiar recién descubierta. En E.  Sabourin., M. Samper. y O. Sotomayor. (Eds.), Políticas Públicas y agriculturas familiares en América Latina y el Caribe. Balance, desafíos y perspectivas (pp. 125-148). Santiago de Chile, Chile: FAO.

 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, MADR. (2014). Resolución 267. Programa de Agricultura Familiar. Recuperado de Link.

 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, MADR. (2017). Resolución 464. Lineamietnos Estratégicos para la Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria. Recuperado de Link.

 

Mondragón, H. (2003). Expresión y propuestas del campesinado. Recuperado de http://www.kus.uu.se/CF/politicas/actor_campesino.pdf.

 

Montenegro, H. C. (2016). Ampliaciones y quiebres del reconocimiento político del campesinado colombiano: un análisis a la luz de la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular (Cacep). Revista Colombiana de Antropología, 52(1), 169-195.

 

Naciones Unidas. Asamblea General. (2018). Decenio de las Naciones Unidas de la Agricultura Familiar (2019-2018). Recuperado de http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/72/239.

 

Niño, C. (2016). Aproximación teórica de la categoría “agricultura familiar” como contribución al análisis conceptual en la política pública de desarrollo rural en Colombia. En A. Acevedo-Osorio. y J. Martínez-Collazos. (Eds.), La agricultura familiar en Colombia. Estudios de caso desde la multifuncionalidad y su aporte a la paz (pp. 47-60). Bogotá, Colombia: Ediciones Universidad Cooperativa de Colombia, UNIMINUTO.

 

Noguera-Fernández, A. y Criado de Diego, M. (2011). La constitución colombiana de 1991 como punto de inicio del nuevo constitucionalismo en América Latina. Revista Estudios Socio-Jurídicos, 13 (1), 15-49.

 

Núñez, L. (2008). Quintín Lame: mil batallas contra el olvido. Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura, (35), 91-124.

 

Ocampo. J. A. y Perry, S. (1995). El giro de la política agropecuaria. Bogotá, Colombia: Tercer Mundo Editores.

 

Offstein, N. (2003). An Historical Review and Analysis of Colombian Guerrilla Movements: FARC, ELN and EPL. Desarrollo y Sociedad, (52), 99-142.   Recuperado de <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=169118076004> ISSN 0120-3584.

 

Oficina del Alto Comisionado. (2016). Acuerdo final para la  culminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Recuperado de Link.

 

Ortiz, W., Vilsmaier, U. & Acevedo-Osorio, A. (2018). The diffusion of sustainable family farming practices in Colombia: an emerging sociotechnical niche? Sustainability Sciencie, 13(3), 829-847. doi: 10.1007/s11625-017-0493-6.

 

Palou, J. C. (2008). Aproximación a la cuestión agraria: elementos para una reforma institucional. Bogotá, Colombia: Fundación Ideas para la Paz.

 

Patel, R. (2009). What does food sovereignty look like? The Journal of Peasant Studies 36(3), 663-676. doi: 10.1080/03066150903143079.

 

Paz, R. (2014). Agricultura familiar y sus principales dimensiones: la pampeanización del término. Revista Interdisciplinaria de Estudios Agrarios, 41, 1-33.

 

Ploeg, J. D. (2008). Camponeses e impérios alimentares: lutas por autonomia e sustentabilidade na era da globalização. Porto Alegre: Editora da UFRGS.

 

PNUD. (2011). Razones para la esperanza.  Recupeado de Link.

 

Reunión Especializada de Agricultura Familiar, REAF. (2006). Bases para o reconhecimento e identificação da agricultura familiar no Mercosul. Recuperado de <http://www.mda.gov.br/reaf/>.

 

Reyes, A. (1995). Obras completas de Alonso Reyes. Ciudad de México, México: Fondo de Cultura Económica.

 

Sabourin, E. & Grisa, C . (2018). A difusão de políticas brasileiras para a agricultura familiar na América Latina e Caribe. Porto Alegre: Escritos.

 

Salcedo, L., Pinzón, R. y Duarte, C. (2013). El Paro Nacional Agrario: un análisis de los actores agrarios y los procesos organizativos del campesinado colombiano. Recuperado de Link

 

Salcedo, S., Campos, A. y Guzmán, L. (2014). El concepto de agricultura familiar en América Latina y el Caribe. En S. Salcedo. y L. Guzmán. (Eds.), Agricultura Familiar en América Latina y El Caribe: recomendaciones de política (pp. 17–34). Santiago, Chile: FAO.

 

Salgado, C. (2004). Economías Campesinas. En A. Machado., C. Salgado. y R. Vásquez. (Eds.), La academia y el sector rural (pp. 105-150). Bogotá, Colombia: Universidad Nacional de Colombia.

 

Schejtman, A. y Berdegué, J. (2003). Desarollo territorial rural. Santiago de Chile, Chile: RIMISP.

 

Schneider, S. (2009). Território, Ruralidade e Desenvolvimento. En F. Velásquez., J. G., Medina. y Ferro. (Eds), Las Configuraciones de los Territorios Rurales en el Siglo XXI (pp. 67-108). Bogotá, Colombia: Editorial Pontificia Universidad Javeriana.

 

Schneider, S. (2016). Family Farming in Latin America and the Caribbean: looking for new paths of rural development and food security. Working Paper, 137. Recuperado de Link.

 

Schneider, S. y Escher, F. (2012). La Construción del concepto de agricultura familiar en América Latina. Santiago de Chile, Chile: FAO.

 

Schneider, S. y Escher, F. (2014). El concepto de Agricultura Familiar en América Latina. En C. Craviotti. (Ed). Agricultura Familiar en Latinoamérica. Continuidades, transformaciones y controversias (pp 25-56). Buenos Aires, Argentina: Ciccus ediciones.

 

Schultz, T. W. (1964). Transforming Traditional Agriculture. New Haven: Yale University Press.

 

Silva, D. (2016). Construcción de territorialidad desde las organizaciones campesinas en Colombia. POLIS, Revista Latinoamericana, 15 (43), 1-16.

 

Toader, M. & Roman, G. V. (2015). Family Farming, examples for rural communities Development. Agriculture and Agricultural Science Procedia, 6, 89-94. doi: 10.1016/j.aaspro.2015.08.043.

 

Tobasura, I. (2011). De campesinos a empresarios: la retórica neoliberal de la política agraria en Colombia. Espacio Abierto, 20 (4), 641-647.

 

Tobasura, I. y Rincón, F. (2007). La protesta social agraria en Colombia 1990-2005: génesis del movimiento agrario. Revista Luna Azul, 24, 42-51.

 

Universidad Nacional de Colombia. (2011). Antología Jesús Antonio Bejarano. Bogotá, Colombia: Universidad Nacional de Colombia.

 

Vaca, R., Schneider, F. y Cleves, J. A. (2014). Criterios generales para la Agricultura Familiar. Bogotá, Colombia: UPRA, UE, MINAGRICULTURA.

 

Warman, A. (1988). Los estudios campesinos veinte años después. Revista del banco de comercio exterior de méxico, 38(7), 653-658.

 

Wezel, A., Bellon, S., Doré, T., Francis, C.,  Vallod, D. & David, C. (2009). Agroecology as a science, a movement and a practice. A review. Agronomy for Sustainable Development, 29 (4), 503-515. doi: 10.1051/agro/2009004.

 

Wolf, E.  (1976). Sociedades Camponesas. Rio de Janeiro, Brasil: Zahar Editores.

 

Wolf, E. (1995). Types of latin american peasantry: a preliminary discussion. American antropologist, 57(3), 452-471.

 


 

 

1 Doctor en Agroecología. Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias Agrarias, Departamento de Desarrollo Rural y Agroalimentario. Bogotá – Colombia. ORCID: 0000-0003-2132-4891.

 

2 Doctor en Sociología. Universidade Federal Do Rio Grande do Sul. Departamento de Desarrollo Rural y Estudios Alimentarios. Porto Alegre – Brasil. ORCID: 0000-0002-4353-6732.

 


 

 

Para citar este artículo: Acevedo-Osorio, A. y Schneider, S. (2020). Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria: una perspectiva renovada del campesinado para la construcción de paz en Colombia. Revista Luna Azul, 50, 132-155. Doi: 10.17151/luaz.2020.50.7

 


 

Esta obra está bajo una Licencia de Creative Commons Reconocimiento CC BY 

 

Licencia de Creative Commons

 

 

Código QR del artículo

 

 

El paisaje arracachero en los entramados del poder colonial en el municipio de Cajamarca, Tolima1

 

Jorge Eduardo Londoño-Botero2, Leyson Jimmy Lugo-Perea3

 

 

Recibido: 07 noviembre 2018 Aceptado: 19 noviembre 2019 Actualizado: 18 diciembre 2019

 

DOI: 10.17151/luaz.2020.50.6

 

 Resumen

 

Uno de los aportes más valiosos del pensamiento decolonial ha sido la generación de una teoría crítica que ha permitido comprender, entre otros aspectos, las lógicas del poder colonial y sus efectos en las realidades que convergen en el Gran Sur, toda vez que se han puesto en evidencia los modos de control y dominio de cuerpos y territorios para articularlos al engranaje capitalista. Esto puede ser ampliamente visible en escenarios complejos como las agriculturas, por ejemplo, pues allí convergen unas relaciones de poder que las cosifica y, en consecuencia, las inserta en una rigurosa matriz industrial que responde a los designios del poder colonial, como se presenta en esta investigación. Objetivo: analizar los efectos que el poder colonial tiene sobre el cultivo de arracacha en Cajamarca, Tolima. Materiales y métodos: se aplicaron entrevistas a profundidad, encuestas estructuradas, registro en diario de campo y revisión de información secundaria. Resultados: la histórica constitución de Cajamarca bajo el discurso colonial de despensa agrícola de Colombia ha conllevado a la configuración de un paisaje arracachero orientado por una marcada racionalidad agrocapitalista que ha ejercido, entre otros aspectos, una notable ordenación ontológica y epistemológica del territorio, así como a la emergencia de reglas de juego informales para la aparcería, mediante las cuales el poder colonial constituye relaciones de poder y dominio en torno al cultivo de arracacha. Conclusiones: se han producido subjetividades, se han disciplinarizado espacios, se han instituido protocolos técnicos y se han definido arreglos institucionales mediante los cuales se ejercen relaciones de poder en torno al cultivo de arracacha, lo que sugiere la amplia necesidad de promover transformaciones tecnológicas que apunten hacia la sustentabilidad.

 

Palabras clave: arracacha, poder colonial, subjetividades, discurso, despensa agrícola.

 

The arracachero landscape in the framework of colonial power in the municipality of Cajamarca, Tolima

 

ABSTRACT

 

One of the most valuable contributions of decolonial thinking has been the generation of a critical theory that has allowed us to understand, among other aspects, the logic of colonial power and its effects on the realities that converge in the Great South, given that the control and domain modes of bodies and territories have been put in evidence to articulate them to the capitalist gear. This can be widely visible in complex scenarios such as agriculture, for example, as it is in there where power relations that reify them converge and consequently, insert them into a rigorous industrial matrix that responds to the designs of colonial power, just like it is shown in this research. Objective:  analyze the effects that colonial power has on the cultivation of arracacha in Cajamarca, Tolima. Materials and methods: there were applied interviews, structured surveys, field diary and secondary information review. Results: the historic constitution of Cajamarca under the colonial speech of Colombia's agricultural pantry, has led to the configuration of an arracachero landscape oriented by a marked agrocapitalist rationality that has exerted, among other aspects, a remarkable ontological and epistemological order of the territory, as well as the emergence of informal game rules for sharecropping, by means of which the colonial power constitutes relations of power and dominance around the cultivation of arracacha. Conclusions: subjectivities have been produced, spaces have been disciplined, technical protocols have been instituted and institutional arrangements have been defined by which power relations are exercised around the cultivation of arracacha, which suggests the wide need to promote technological transformations that aim towards sustainability.

 

Keywords: arracacha, colonial power, subjectivities, discourse, agricultural pantry.

 


 

 

Introducción

 

El poder colonial hace referencia a las relaciones de control y dominio que se ejercen mediante un referente económico constituido desde la lógica de la explotación, destrucción, contaminación, ocupación, violencia, imposición, así como la superioridad y la inferioridad epistémica y ontológica. De ahí que se le entienda como un dispositivo moderno occidental hegemónico, articulado a “todas las formas históricas de control del trabajo, de sus recursos y de sus productos, en torno del capital y del mercado mundial” (Quijano, 2005, p. 202). Dicho de otro modo, este poder se constituye desde la racionalidad económica occidental a partir de la cual controla y domina los cuerpos y los territorios, mediante la imposición de prácticas inscritas en sus lógicas.

 

Lo anterior permite considerar que uno de los “escenarios” donde mejor operan, intervienen y funcionan los efectos del poder colonial son las agriculturas, toda vez que estas han sido asumidas, por un lado, como simples mercancías insertas en una rigurosa y sistemática matriz capitalista y, por el otro, como una posibilidad para desplegar, a través de ellas, diversos modos de control y dominación de corporalidades, subjetividades y territorios articulados a las lógicas avasalladoras de dicho poder. En términos concretos, diríamos, entonces, que estos “escenarios” han sido focalizados como espacios estratégicos y oportunos para la reproducción del discurso colonial y, en consecuencia, la imposición de un conjunto de prácticas que permiten configurar agriculturas, desde símbolos modernos y congruentes con los designios del poder colonial.

 

Esto último es ampliamente visible en municipios como Cajamarca (Tolima), uno de los territorios históricamente considerados como “potenciales” para la producción agrícola, pues sus particularidades ecológicas y geográficas dan lugar a una serie de ecosistemas que posibilitan una estratégica multiplicidad agrícola, al punto de rotulársele, por cierto, como la “despensa agrícola de Colombia”.

 

En tal sentido, lo que pretendemos en este escrito es intentar comprender la manera como el poder colonial genera dinámicas de exclusión y dominación a partir de estas potencialidades y particularidades, al orientar una configuración agricultural en Cajamarca fuertemente articulada a sus lógicas. Para ello, se toma como referente apenas un “recorte” de la extensa trama agricultural cajamarcuna, esto es, el cultivo de la arracacha a través del cual se “da forma” al paisaje arracachero, y mediante el cual es posible apreciar el modus operandi del poder colonial. Estas consideraciones abren paso a la tesis que orientará el hilo de la discusión, esto es, que el cultivo de arracacha del municipio de Cajamarca se ha efectuado a partir de los presupuestos epistémicos y ontológicos del poder colonial, lo que ha conllevado a la configuración de paisajes arracacheros y, por tanto, a la constitución de subjetividades y la disciplinarización de espacios, obedientemente articulados al mercado capitalista.

 

La discusión que se propone en este escrito sigue la siguiente ruta: en primer lugar, se muestran algunas anotaciones sobre el cultivo de la arracacha en Colombia y Cajamarca; en segundo lugar, se exponen las claves decoloniales a partir de las cuales se comprenderá la operación del poder colonial; en tercer lugar, se aborda el discurso de “Cajamarca: la despensa agrícola de Colombia”, desde el cual el poder colonial promueve prácticas hegemónicas para la configuración de la arquitectura agrícola en el territorio en mención; en cuarto lugar, se toma como referencia el paisaje arracachero para comprender la colonización ontológica y epistémica del territorio y, por último, se toman tres reglas de juego informales en torno a la aparcería, para comprender las relaciones de poder y dominio en el marco de la producción arracachera.

 


 

Materiales y método

 

La investigación se llevó a cabo en las veredas Las Hormas y El Águila en el Cañón de Anaime. Es importante mencionar que el cañón de Anaime es el referente histórico y geográfico más importante de Cajamarca, pues allí nació su cabecera municipal a finales del siglo XIX y, además, es el lugar donde se concentra la mayor área de producción agrícola. El municipio de Cajamarca se encuentra ubicado en la Cordillera Central, en el centro occidente del departamento del Tolima. La población actual es de 19.626 habitantes, según el DANE4 (2005). El corregimiento de Anaime está situado a 7 kilómetros por carretera pavimentada de la cabecera del municipio de Cajamarca. Cuenta con una población de 1200 habitantes (Dane, 2005). Conviene indicar que las veredas Las Hormas y El Águila son ocupadas actualmente por 62 familias campesinas productoras de arracacha, de las cuales el 56%, esto es, 35 familias viven en el territorio en forma permanente, mientras que las demás corresponden a familias fluctuantes que abandonan el territorio luego de las cosechas. De ahí, entonces, que se haya escogido una muestra superior al 50% de las familias permanentes, correspondiente a 19 fincas campesinas en total. 

 

La metodología fue de corte cualitativo y cuantitativo y se estructuró de tal forma que permitiera analizar dos aspectos centrales. El primero de ellos relacionado con el origen del discurso Cajamarca: la despensa agrícola de Colombia y sus efectos en el territorio, en tanto disciplinarización de espacios rurales y producción de subjetividades para la configuración de un paisaje, en este caso arracachero, orientado por la racionalidad técnica agrocapitalista denominada revolución verde. El segundo aspecto tiene que ver con las relaciones de poder y dominio que se ejercen en torno al cultivo de arracacha mediante tres arreglos institucionales informales a través de los cuales opera un sistema de aparcería articulado a las lógicas del poder colonial. En tal sentido, se revisaron fuentes secundarias tales como: Planes de Desarrollo Municipal (PDM) y el Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT), en los cuales se encontraron elementos históricos que permitieron establecer el origen y el alcance del discurso en mención.

 

Aunado a ello, se hicieron 5 entrevistas a profundidad y 19 encuestas, se realizaron visitas y recorridos en fincas y mercados “arracacheros”, y se llevó registro permanente en diario de campo. Las entrevistas permitieron conocer, en voces de los sujetos arracacheros, 1) los métodos de siembra y administración del cultivo arracacha; 2) la comercialización; 3) los arreglos institucionales; entre otros; mientras que las encuestas permitieron obtener información relacionada con: 1) áreas cultivadas con arracacha por finca; 2) costos de producción; 3) mano de obra; 4) rentabilidad; 5) tipo y cantidad de agrotóxicos empleados; 6) modalidad de siembra, entre otros. Esta información permitió establecer la manera como se efectúa la colonización ontológica y epistémica a través del cultivo de arracacha y, en efecto, los modos de operación del poder colonial a través de la configuración del paisaje arracachero en el municipio de Cajamarca. 

 

Conviene agregar que la perspectiva crítica en la cual se inscribió esta investigación es el pensamiento decolonial, razón por la cual el diseño y el desarrollo de las técnicas de investigación antes reseñadas se hizo a partir de las siguientes cuatro claves decoloniales: colonialidad del poder, del saber, del ser y de la naturaleza. En suma, a partir de dichas claves se efectuó el análisis de la información cualitativa como referentes centrales para analizar el paisaje arracachero cajamarcuno como un constructo eminentemente colonial. En cuanto a la información cuantitativa, esta se analizó mediante estadística descriptiva, principalmente tablas. 

 

El motivo por el cual se escogió la arracacha como referente de análisis tiene que ver con dos aspectos centrales: el primero es la importancia de este cultivo para la dinámica económica regional y nacional; y el segundo el hecho de que Cajamarca haya sido históricamente considerado como el mayor productor de arracacha a nivel nacional. Como se verá en las anotaciones que siguen, ambos aspectos, aunados al imaginario de “la despensa agrícola de Colombia”, constituyen a Cajamarca, como se dijo antes, en un escenario potencial para el poder colonial en tanto haya logrado efectuar allí una ordenación ontológica y epistémica, así como la inscripción del cultivo de arracacha en sus exitosas pretensiones de control y dominio.

 

Aspectos preliminares

 

Anotaciones sobre la arracacha

 

La arracacha es una planta herbácea de origen andino, de porte bajo, aunque puede crecer hasta un metro y medio de altura (Parra, 2018). Se le atribuye ser una de las primeras plantas domesticadas y, por tanto, de las más antiguas en las prácticas agriculturales andinas. Su parte aérea está compuesta por flores moradas, brotes y hojas, de los cuales pueden derivarse nuevas plántulas mediante propagación vegetativa (Amaya y Julca, 2006). En su parte subterránea se encuentra la raíz, un tubérculo comestible comúnmente amarillo, aunque el color, la forma y el tamaño pueden variar según el material vegetal, el tipo de suelos y la variabilidad climática. Su ciclo vegetativo es bianual pero la producción de raíces es anual, de ahí que en plantaciones comerciales se realicen cosechas entre 10 y 12 meses de siembra antes de la floración (Amaya y Julca, 2006). El canon moderno occidental ordena llamarla universalmente Arracacia xanthorrhiza y la ubica en la familia apíaceae. Sin embargo, en los bordes o las fronteras del mundo occidental se le conoce bajo una multiplicidad de nombres según la complejidad y la sensibilidad local: racacha, apio criollo, viraca, zanahoria blanca, arrecate; rakacha, laquchu o huiasampilla en quechua; lakachu y lecachu en Aymara (Amaya y Julca, 2006).

 

Colombia es uno de los países andinos con mayor área de producción de arracacha, junto a Brasil, Ecuador y Venezuela. En el año 2016 se reportaron 6.478,69ha cosechadas a nivel nacional, distribuidas en 15 departamentos5, de las cuales 2.987,50 correspondían al municipio de Cajamarca (Tolima), cuya producción fue de 31.933 toneladas, esto es, una participación del 45,24% de la producción nacional6. La Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria (UMATA, 2018) reporta que en el año 2017 se sembraron 4.458 ha de arracacha, de las cuales se obtuvieron 49.038 toneladas. Esto convierte a Cajamarca en el municipio con mayor producción de arracacha del país, además de otros cultivos como fríjol, café, frutales y hortalizas, así como ganadería bovina, actividad que ocupa más del 60% del área rural. De hecho, Cajamarca ha sido históricamente considerada la “despensa agrícola de Colombia”, a lo que haremos amplia referencia más adelante.

 

Sin lugar a dudas, las condiciones ecológicas y las características del relieve han sido determinantes para constituir a Cajamarca en un referente potencial para la producción agrícola nacional, pues su ubicación sobre las estribaciones de la Cordillera Central colombiana da lugar a un amplio potencial hidrográfico, como a pisos térmicos que van desde los 1500 msnm a 3600 msnm, y le permite gozar de un variado régimen de lluvias, 1395 mm/año, como de temperaturas que oscilan entre 21°C en el piso más bajo y 6°C en el piso más alto. La variación altitudinal de Cajamarca hace que se presenten los cuatro pisos térmicos en el territorio: cálido, templado, frío, páramo bajo y paramo alto, por lo que se configura como un ecosistema propicio para el cultivo de la arracacha, entre muchos otros más, toda vez que esta se desarrolla mejor entre los 1000 msnm y 2000 msnm. A esto se añaden tres aspectos más como: la ubicación estratégica de la cabecera municipal, la cercanía a ciudades de importancia comercial y las óptimas vías de acceso a las mismas7.

 

Estos aspectos confieren a Cajamarca aquello que la racionalidad capitalista enuncia como ventajas comparativas y competitivas, representadas en las potencialidades anteriormente descritas y que resultan determinantes para la especialización agrícola, que es, en últimas, la intencionalidad de dichas ventajas, como ocurre en Cajamarca toda vez que se ha constituido en un “centro especializado” en la producción de arracacha, lo que ha conllevado a la configuración de paisajes productivos orientados por una racionalidad técnico instrumental y, en consecuencia, articulados a las lógicas de la racionalidad capitalista.

 

Estas anotaciones abren paso a la tesis central que se defenderá a lo largo de este escrito y que se expuso con anterioridad, la cual implica el abordaje de una perspectiva crítica que trascienda, por un lado, la mirada paradigmática y, por el otro, permita comprender las relaciones de poder en torno al cultivo de la arracacha más allá de la lógica capitalista, por lo que se abordarán algunas claves decoloniales como referentes de análisis, a las que haremos una breve referencia antes de proseguir la crítica. 

 

Claves decoloniales

 

Haremos una breve referencia a seis notas decoloniales propuestas8 a partir de las cuales se comprende el paisaje arracachero cajamarcuno como un constructo colonial, a saber:

 

Clave uno. La lógica Modernidad/Colonialidad hace referencia a dos caras: una visible y otra invisible, respectivamente. La primera se entiende como un recorte cultural eurocéntrico en el que se representa al sujeto occidental escindido de su mundo. Un sujeto dotado de razón para dar cuenta de un mundo que se le presenta como un ente, una externalidad, una objetividad dispuesta a él para su control y dominio. Sobre este dualismo ontológico se constituyó la racionalidad moderna occidental, esto es, el universal modo científico, económico y tecnológico de entender e intervenir el mundo, en detrimento de otras racionalidades no modernas, a partir de lo cual emergió el hegemónico proyecto civilizatorio moderno occidental, sustentado en presupuestos como el progreso y el bienestar, los cuales solo podrían ser alcanzados mediante la racionalidad moderna occidental.

 

La colonialidad es, a juicio de Mignolo (2000), el lado oscuro de la modernidad, si se tiene en cuenta que la primera oculta la crueldad que la segunda requirió, para la puesta en marcha de sus presupuestos civilizatorios. Así las cosas, la modernidad se entendería como progreso y bienestar, mientras que la colonialidad haría referencia a la violencia, la represión, el exterminio, la invasión, la degradación, la muerte, la contaminación y la destrucción que dicho progreso y tal bienestar han requerido para el repliegue de sus fuerzas. Como bien sugiere Mignolo (2000) “la colonialidad es una de las más trágicas ‘consecuencias de la modernidad’ y al mismo tiempo la más esperanzadora, en el sentido de que ha dado lugar a la marcha global hacia la descolonialidad” (p. 37). Es decir, a la ruptura con la racionalidad moderna occidental y la apertura a otros modos de ser, hacer y conocer.

 

El término colonialidad está ampliamente relacionado con los términos colonización y colonialismo. El primero se entiende, entonces, como aquel modo en que Occidente conquistó el tiempo y el espacio Latinoamericano (Mignolo, 2016), el segundo tiene que ver, en términos generales, con el modo como la cultura occidental se representa ante las culturas latinoamericanas como una cultura superior y, por tanto, como el modelo ideal a seguir (Castro-Gómez, 2005). En tal sentido, la colonialidad hace referencia, entre otros aspectos, a los efectos de la colonización y el colonialismo en el imaginario y la memoria del hombre latinoamericano, lo que garantiza la concreción exitosa del proyecto civilizatorio occidental toda vez que logra colonizar el poder, el saber, el ser y la naturaleza. En términos concretos, la colonialidad refiere “a la forma como el trabajo, el conocimiento, la autoridad y las relaciones intersubjetivas se articulan entre sí, a través del mercado capitalista mundial y de la idea de raza” (Maldonado-Torres, 2007, p. 131).

 

Clave dos. El proyecto Modernidad/Colonialidad (PM/C). El pensamiento decolonial es una perspectiva crítica latinoamericana que propone, entre otros aspectos, cuestionar el poder colonial y sus efectos en los sujetos y los territorios latinoamericanos. Dicha perspectiva se inscribe en el PM/C, entendido como un espacio no institucionalizado mediante el cual un grueso importante de intelectuales y activistas latinoamericanos proponen “una crítica de base histórico-cultural y epistemológica de la modernidad, y cuestionan las grandes narrativas interpretativas de esta (…)” (Alimonda, 2012, p. 61), impuestas desde la conquista española en 1492.  Esto es, la hegemonía de la racionalidad moderna occidental y sus efectos en la ordenación ontológica y epistémica del mundo. De ahí que el PM/C asuma una postura radical y, por tanto, distante de la racionalidad moderna occidental para visibilizar modos otros de ser y estar en los territorios, así como perspectivas otras no occidentales de comprensión de la multiplicidad de realidades por fuera de la lógica moderna. Algo a lo que Escobar (2003) se refiere como “otro espacio para la producción de conocimiento, una forma distinta de pensamiento, un paradigma otro” (p.53), ampliamente distanciado del paradigma hegemónico. En suma, el PM/C propone posturas contrahegemónicas que conlleven a transformaciones de orden político, epistémico, ontológico, entre otras.

 

Clave tres. La colonialidad del poder. Esta clave hace referencia a un patrón de poder mundial en torno a la idea de raza y el control del trabajo y los medios asociado a este. La invención de la idea de raza permitió a Occidente establecer una clasificación de las gentes en función del color de su piel, en la que la raza blanca ocuparía un lugar superior y las no-blancas un lugar inferior. En términos generales, la colonialidad del poder opera en una lógica de explotación y dominación articuladas a cinco ámbitos de existencia social, descritas por Quijano (2017) así: 1) el trabajo y sus productos; 2) en dependencia del anterior, la “naturaleza” y sus recursos de producción; 3) el sexo, sus productos y la reproducción de la especie; 4) la subjetividad y sus productos, materiales e intersubjetivos, incluido el conocimiento; 5) la autoridad y sus instrumentos de coerción en particular, para asegurar la reproducción de ese patrón de relaciones sociales y regular sus cambios. Estos planteamientos permiten entender a la colonialidad del poder como un ámbito discursivo mediante el cual se ejerce control, dominio, sometimiento, de corporalidades, subjetividades, territorialidades, como condición de posibilidad para garantizar la concreción del proyecto civilizador moderno occidental.

 

Clave cuatro. La colonialidad del saber. Esta clave refiere a una esfera del pensamiento decolonial mediante la cual se cuestiona la hegemonía de los saberes occidentales, en tanto únicos modos de conocimientos válidos, universales y verdaderos a partir de los cuales se puede “dar cuenta” del mundo, toda vez que los saberes occidentales han sido constituidos como “los patrones a partir de los cuales se pueden analizar y detectar las carencias, los atrasos, los frenos e impactos perversos que se dan como producto de lo primitivo o lo tradicional en todas las otras sociedades [no-occidentales]” (Lander, 2000, p. 10)9. La colonialidad del saber deja ver cómo el poder colonial no solo impone la racionalidad occidental como único lugar de enunciación universalmente válido, sino, además, cómo “inserta” los saberes occidentales en el imaginario y la memoria del sujeto latinoamericano, en detrimento de sus propios saberes por considerarlos atrasados, arcaicos. En definitiva, lo que denuncia esta clave decolonial es la disolución de los saberes locales, fuertemente inscritos en lógicas particulares y, por tanto, constituidos como marcos locales de comprensión dada la imposición de los saberes occidentales, supuestamente reconocidos y legitimados como referentes de universales.

 

Clave cinco. La colonialidad del ser. En modo concreto, esta clave decolonial permite entender la manera como la matriz colonial del poder ha influido en la producción de subjetividades congruentes con sus lógicas, ya que es en el ser donde recae la fuerza discursiva del poder y del saber hegemónico, pues la inferiorización ontológica y epistémica de los sujetos no-occidentales permite la constitución de un ser atado a las lógicas eurocéntricas o, lo que es lo mismo, un ser dispuesto a los designios de símbolos modernos como el capitalismo, por ejemplo. De este modo, la colonialidad del ser deja ver, entonces, a un ser en el que no solo recae un poder que lo domina y lo constituye, sino además de despojarlo, niega e invisibiliza sus prácticas, creencias, narrativas, experiencias, convicciones, historias. De ahí que “la invisibilidad y la deshumanización [sean] las expresiones primarias de la colonialidad del ser” (Maldonado-Torres, 2007, p. 150)10.

 

Clave seis. Colonialidad de la naturaleza. Esta última clave decolonial establece una crítica al modo en que la racionalidad moderna occidental concibe, representa y se apropia de la naturaleza. Como se mencionó en la clave uno, la concepción moderna de la naturaleza está sustentada en una escisión ontológica que constituye a la naturaleza como una imagen externa, lo que la convierte en un objeto que se transforma por la cultura. Esto es, una “división que suprime por completo la relación milenaria entre seres, plantas y animales como también entre ellos, los mundos espirituales y los ancestros (como seres también vivos)” (Losada y Trujillo, 2016, p. 58). La representación de la naturaleza como un ente cosificado, objetivado, ha sido fundamental para el proyecto hegemónico moderno, toda vez que se interviene sobre la misma mediante una racionalidad científica y técnica para transformarla según los designios e imperativos del capitalismo. Se trata de una colonialidad en la que se rompe toda relacionalidad de la vida, al tiempo que se niegan y se silencian otros modos no-occidentales de representar la naturaleza.

 

Como hemos visto a lo largo de estas seis claves, el poder colonial ha constituido discursos hegemónicos desde los ámbitos políticos (colonialidad del poder), epistémicos (colonialidad del saber) y ontológicos (colonialidad del ser), mediante los cuales ha logrado controlar y dominar los cuerpos y, en consecuencia, los territorios (colonialidad de la naturaleza). Estas claves permitirán, entonces, comprender la fuerza discursiva del poder colonial en el municipio de Cajamarca, mediante la reproducción de colonialidad del poder, del saber, del ser y de la naturaleza a través del cultivo de arracacha. 

 

 


  

Resultados y discusión

 

Cajamarca: la despensa agrícola de Colombia

 

En la clase del 14 de enero de 1976, Foucault afirmó que “no hay ejercicio del poder sin cierta economía de los discursos de verdad que funcionan en, a partir y a través de ese poder” (Foucault, 1997, p. 34). Esto es, poder y verdad son constitutivos y complementarios, el poder enuncia discursos con efectos de verdad del que se derivan prácticas inscritas en sus lógicas. Esto es ampliamente visible en el discurso de “Cajamarca: la despensa agrícola de Colombia”, mediante el cual el poder ha promovido un entramado de prácticas hegemónicas para configurar, en este caso, paisajes rurales insertos en las relaciones de control y dominio que el poder ejerce sobre las agriculturas. No obstante, cabría preguntarnos aquí, ¿por qué se origina este discurso? ¿A qué tipo de ordenamiento epistémico y ontológico ha conllevado? o, si se quiere, ¿qué tipo de prácticas y subjetividades ha constituido? Conviene señalar que no es pretensión de este escrito hacer un exhaustivo análisis crítico del discurso, sino, por el contrario, abordar diferentes aspectos que permitan intentar buscar una posible respuesta a estos interrogantes. Veamos.

 

En primer lugar, es importante anotar que las potencialidades ecológicas y geográficas del territorio de Cajamarca constituyen la estructura sólida sobre la cual se erige el imaginario de despensa agrícola de Colombia, pues, como se advirtió antes, la variabilidad de pisos altitudinales, el potencial hídrico y su privilegiada ubicación espacial fueron factores determinantes para que la matriz colonial del poder, a mediados del siglo XIX, visualizara un escenario potencial para sus intereses extractivistas, en este caso asociados al agronegocio, pues fue en esta época cuando los “visionarios” del agronegocio, provenientes de Antioquia inicialmente, así como de Boyacá y Cundinamarca, llegaron a Cajamarca, específicamente al Cañón de Anaime (EOT, 2000), seducidos por un “escenario” ecológico viable para la producción y comercialización agropecuaria; esto es, una despensa agrícola en la que se podrían configurar una serie de paisajes productivos, constituidos por un complejo mosaico de plantas de diferentes latitudes congregadas en un área de 10.214ha11.

 

Como puede verse, el discurso de la despensa agrícola de Colombia movilizó, y continúa movilizando, a agentes productores y comerciantes dentro y fuera del territorio para ocuparse de lo que dicho discurso implica: aprovechar las potencialidades ecológicas y geográficas para abastecer el sistema agroalimentario nacional. Es pertinente resaltar que la “modernización continua de la agricultura” (Kalmanovitz y López, 2006, p. 41), que se inició desde mediados del siglo XX, además de alentar consolidó la idea de despensa agrícola, para la cual se configuraría una arquitectura institucional con funciones de planificación, financiación, capacitación, dación de tierras y extensión en dicho proceso modernizador12, en la que la revolución verde sería la opción tecnológica más importante. Ya hablaremos de esto más adelante. Por ahora diremos que el discurso de la modernización de las agriculturas tendría amplia resonancia con el discurso de la despensa agrícola nacional, en tanto que lo primero contribuiría ampliamente con lo segundo, toda vez que la modernización sería un rasgo fundamental para que el discurso de la despensa desplegara su potencial productivo, y alentara las relaciones comerciales en torno a este.

 

El sentido que aquí se le otorga al término potencialidad es el de posibilidad, de ahí que las potencialidades ecológicas y geográficas de Cajamarca se entiendan como posibilidades ecológicas y geográficas que el poder colonial “identifica”, para orientar sus modos de apropiación del territorio mediante lógicas extractivistas, lo que conlleva, entre otros aspectos, a “imponer significados discursivos particulares [la despensa agrícola] a algún elemento de un entorno físico [lo ecológico y lo geográfico] en términos de relaciones locales, regionales o globales” (Liffman, 2009, p. 202). Las relaciones a las que se refiere el autor se entienden, para el caso que nos ocupa, como las conexiones que el poder colonial establece y controla, a través del paisaje productivo, en las dinámicas locales, regionales o globales. Estas posibilidades han sido ampliamente abordadas en el esquema de ordenamiento territorial (EOT) y los PDM, como estrategia para “dar fuerza” al discurso de la despensa agrícola. Si bien no es propósito de este escrito hacer un exhaustivo análisis del EOT y los PDM y su correspondencia con las dinámicas agroextractivistas de Cajamarca, vale la pena destacar algunos aspectos puntuales relacionados con la perspectiva crítica que se está planteando. Veamos, el EOT establece la imagen objetivo de Cajamarca así:

 

Para el desarrollo del Esquema de Ordenamiento Territorial, el compromiso común es hacer que la población de Cajamarca sea Despensa Agrícola, consciente de su condición de ruralidad y de la vocación agropecuaria de su territorio, dinamice el sistema de comercialización a partir de la eficiencia en la conectividad, asuma la responsabilidad de conservar su potencial hídrico y enfrente las amenazas naturales e inducidas que lo afectan. La finalidad es desarrollar las potencialidades y aprovechar las ventajas comparativas de que dispone el territorio con criterios de sostenibilidad y competitividad para mejorar la calidad de vida. (EOT, 2000, p. 4)

 

Como puede apreciarse, el discurso de la despensa agrícola es el principal determinante para orientar, en el presente y el futuro, la inducción de “nuevos” escenarios de desarrollo, uso y ocupación del territorio, en este caso, a partir de paisajes rurales consecuentes con la ruralidad, la vocación agropecuaria y las denominadas ventajas comparativas determinadas por las posibilidades ecológicas y geográficas del territorio. La imagen objetivo permite ver cómo, desde la racionalidad económica, se establece una lectura paradigmática y utilitarista del territorio cajamarcuno para ejercer sobre este modos de representación y apropiación del mismo a través del agronegocio, en consecuencia con el discurso de la despensa agrícola, lo que Leff (2002) entendería como un modo de internalizar lo ecológico como soporte de lo económico. El Plan de Desarrollo Municipal (PDM) actual está, naturalmente, articulado a esta imagen objetivo o, mejor aún, constituido desde la idea de despensa agrícola, de ahí el sentido de su denominación: “Agro y prosperidad por la continuidad 2017-2019”, para lo cual establece un programa de competitividad agropecuaria que pretende:

 

[abrir] la entrada a las oportunidades de mejoramiento integral del campo colombiano y desde la despensa agrícola de Colombia nos preparamos para un mejor futuro en la vida campesina. (PDM, 2017-2019, p.89)13 

 

Estas anotaciones permiten imaginar cómo dichos instrumentos de planificación institucionalizan el discurso de la despensa agrícola en Cajamarca para, a partir de ello, determinar las acciones que conlleven a la configuración de los paisajes rurales, esto es, el conjunto de estrategias institucionales que responden a las lógicas del poder colonial para garantizar “la participación de los productores cajamarcunos en organizaciones que promuevan el desarrollo agrícola y pecuario, en aspectos comerciales, productivos y sociales” (PDM, 2017,2019, p. 89).

 

Faltaría otro aspecto por añadir, constitutivo de esa base sólida sobre la que se erige el discurso de la despensa agrícola relacionado con el tamaño de las fincas. Actualmente, el 75.3% de los predios rurales tiene un área menor a 15 hectáreas14, lo que permite afirmar que la producción agropecuaria tiene lugar en pequeñas extensiones familiares campesinas. Esto, sin lugar a dudas, es una condición de posibilidad determinante para que el discurso de la despensa agrícola tenga realidad material e histórica en Cajamarca, pues, como lo sugiere la evidencia empírica, entre más pequeña la finca mayor es la diversificación agropecuaria, toda vez que los pequeños agricultores tienden a establecer sistemas agrícolas más complejos y, por tanto, obtienen más producción total por unidad de área (Rosset, 2000). 

 

Hasta este punto hemos intentado comprender la emergencia del discurso colonial hasta ahora expuesto: “Cajamarca: la despensa agrícola de Colombia”, a partir de unas posibilidades ecológicas y geográficas y, a su vez, de una propiedad rural típicamente campesina. Lo que pretendemos ahora es dar un paso más allá para comprender cómo, a partir de este discurso, el poder colonial opera desde la perspectiva del agronegocio. Esto se entiende mejor desde la perspectiva de los paisajes rurales o, si se quiere, paisajes productivos que el poder colonial ha configurado en el municipio de Cajamarca, mediante el discurso de la despensa agrícola, el cual ha constituido subjetividades y ha disciplinado espacios para insertarlos en la racionalidad capitalista y, en consecuencia, hacerlos dependientes de la misma. De ahí la fuerza discursiva de la despensa agrícola, no solo en la configuración de tales paisajes, sino, además, en la “forma de crear formas de “ser” humanos congruentes con (…) el proyecto cultural de la modernidad capitalista” (Giraldo, 2018, p. 16). Sobre esto también nos referiremos en párrafos posteriores.  De momento proponemos que, para efectos de una mejor comprensión sobre la forma como el poder colonial opera en la ruralidad de Cajamarca, nos centremos en el cultivo de la arracacha de la región de Anaime antes indicada, pues este retrata la imagen corporativa que desde el agronegocio se imprime a las agriculturas, atendiendo, por supuesto, a la tesis central antes expuesta.

 

El paisaje arracachero

 

El discurso de la despensa agrícola de Colombia ha conllevado a la constitución de Cajamarca como el mayor productor de arracacha del país, por lo que, en consecuencia, se ha sacado provecho de las ventajas comparativas y competitivas para especializarse en este cultivo. El paisaje arracachero actual tiene lugar en 4441 hectáreas distribuidas en 503 fincas, de las cuales se espera una producción superior a las 53 toneladas (UMATA, 2018). El paisaje arracachero es, reiteramos, un constructo del poder colonial a través del discurso de la despensa agrícola, para lo cual se han producido subjetividades y disciplinarizado espacios donde se efectúan prácticas agrícolas, visiblemente determinadas por la racionalidad agroextractivista. Dicho en términos decoloniales, el paisaje arracachero viene a ser el “escenario” donde se visibilizan los efectos del poder colonial, pues opera sobre los modos de ser, hacer, conocer y estar en los territorios para colonizarlos, moldearlos y acoplarlos al modelo del agronegocio, como se espera mostrar en las anotaciones siguientes.

 

Siembra de arracacha: un modo de colonización ontológica y epistémica 

 

En la actualidad en la vereda El Águila existen 474 has sembradas con arracacha, distribuidas en 46 fincas; mientras que en la verdea Las Hormas hay 129 has sembradas en 16 fincas. En la gráfica 1 se muestran las áreas de siembra de las 19 familias estudiadas.

 

 

Gráfica1. Área de siembra de arracacha por finca

Fuente: esta investigación

 

Las 19 fincas tienen un total de 89 has sembradas con arracacha distribuidas así: 46.5 en la vereda El Águila y 42.5 has en la vereda Las Hormas. El promedio de siembra por finca es de 4.9 has. En la gráfica 2 puede observarse que más del 50% de las fincas estudiadas dedican entre el 31% y el 54% de sus tierras para el cultivo de arracacha. Algunas, incluso, llegan a destinar el 75% y el 100%, respectivamente. El promedio de área por finca es de 38%. Esto, sin duda, deja ver la importancia de este cultivo en el territorio. 

 

 

Gráfica 2. Cobertura de arracachas en fincas

Fuente: esta investigación

 

El método común de siembra de arracacha es el sistema de monocultivo, aunque en algunas ocasiones puede hallársele asociada a otras plantas perennes, como el tomate de árbol, la mora o la curuba. Sin embargo, esto último no ocurre en las fincas estudiadas. Conviene recordar que el paisaje de alta montaña dificulta el acceso de maquinaria agrícola especializada, por lo que el cultivo demanda altas inversiones de mano de obra. La arracacha exige suelos sueltos, profundos, con buen drenaje y ricos en materia orgánica, aspectos que, pese a las características ecológicas y climáticas del territorio antes descritas, exigen un protocolo técnico riguroso que supla tales exigencias y, en consecuencia, permita los rangos de producción exigidos para el logro de rentabilidades económicas satisfactorias, como se mostrará en párrafos posteriores. A continuación se expondrá el protocolo de siembra y cosecha de arracacha, tomando como referencia la narrativa que sobre esto hace un joven arracachero entrevistado. 

 

Jhon Fredy Cardona tiene 21 años y desde que recuerda se ha dedicado al cultivo de la arracacha, oficio que aprendió y heredó de su padre. Además de conocer a cabalidad la racionalidad técnica que orienta el cultivo de arracacha, da cuenta detallada de los montos económicos que se generan en, desde y para este cultivo. Según nos explicó, el período de siembra y cosecha de arracacha comprende cuatro fases con diferentes grados de complejidad, como cualquier cultivo, a saber: preparación del suelo, siembra, administración y cosecha. La preparación del suelo es la fase más costosa en tanto requerimiento de mano de obra para efectuar dos técnicas fundamentales: la fumigada y la ahoyada. La primera consiste en randear el terreno. Randear es un término derivado del herbicida Roundup y hace referencia a la aplicación intensa de este o cualquier otro agrotóxico, con el propósito de “secar” el pasto y otras hierbas que han crecido espontáneamente, a las que se les rotula con el nombre de “malezas”. Jhon efectúa la randeada con una bomba de 20 litros, terciada en la espalda, con la cual asperja la totalidad del terreno sin hacer uso de los elementos mínimos de protección y seguridad15. La cantidad de herbicida a aplicar depende de la resistencia de las hierbas a eliminar.

 

Los herbicidas o “matamalezas” tardan, como mínimo, 15 días para “limpiar” el terreno hasta dejarlo libre de “malezas”. Justo ahí se da inicio a la fase de ahoyada, esto es, picar la tierra con azadón para luego encallar, como le dice Jhon al proceso de armar morros o montículos de tierra donde se sembrará la arracacha. La técnica de encallar permite evitar encharcamientos de agua que pudran la raíz. Jhon explica que la fumigada puede dejar el suelo duro o blandito. El suelo queda duro cuando la randeada no consigue “secar” una hierba conocida como grama morada, y blandito cuando únicamente predomina el cocuy, un pasto de fácil erradicación química. En consecuencia, la picada y la encallada se torna fácil en el suelo blandito y difícil en el duro, lo que implica mayor uso de mano de obra.

 

Luego del picado y el encallado se procede inmediatamente a la fase de siembra. El material de siembra corresponde a ramificaciones o brotes que salen de la cepa principal, comúnmente conocidos como colinos, los cuales se obtienen de las plantas más sanas y vigorosas durante la cosecha. Estos se someten a un proceso de defoliación y deshidratación y, por último, se empacan en bultos de cinco arrobas. Para sembrar una hectárea se necesitan cuatro o cinco bultos de colino. Por lo general, estos bultos se intercambian, se regalan o se comercializan entre productores a muy bajo costo. Las distancias óptimas de siembra son de 50 centímetros entre plantas y de 100 centímetros entre surcos, lo que sugiere un estricto y minucioso aprovechamiento del espacio. Tras dos días de intenso trabajo, se tiene como resultado un sembradío de dos mil colinos de arracacha, distribuidos en surcos rigurosamente trazados en curvas de nivel, a lo largo y ancho de la porción de montaña destinada a esta práctica agrícola.

 

Podría decirse que la fase de administración del cultivo comienza a los 30 días de siembra, tiempo en el que a los colinos les ha brotado algunas hojas. Justo en este momento “se hace la primer fumiga”, como dice Jhon refiriéndose al proceso de inmunización química que se hace a los colinos a base de insecticidas para protegerlos del ataque de hormigas o plagas. Esta “fumiga” se efectúa asperjando el insecticida en cada uno de los dos mil colinos16.  Además, se aplica un fertilizante químico foliar y un herbicida para erradicar las malezas que hayan surgido durante el primer mes de la siembra. Debido a que esto hace que “les vuele veneno a las matas de arracacha”, como explica Jhon, es necesario repetir la fumigación en cada planta para re-inmunizarla. De ahí en adelante se debe fumigar una vez cada mes. 

 

Tres meses después se procede a la fase de inyectada, procedimiento que consiste en disolver dos tipos de abonos químicos granulados, un insecticida líquido y un fertilizante soluble en una caneca con 200 litros de agua, los cuales se riegan en la plantación “para que la mata no pierda fuerza y avance”, explica nuevamente Jhon. Además, recomienda aplicar abono químico granulado seis u ocho meses después como estrategia de fertilización, más aún si en el terreno se han hecho varias siembras de arracacha, pues, como puede advertirse, el uso intenso de agroquímicos “empobrece” los suelos. Luego de este tiempo, las labores de mantenimiento consisten en cortar las “malezas” manualmente o con machete, práctica a la que se le conoce como guachapear, antes de fumigar cada una de las plantas, pues estas ya han alcanzado un tamaño que impide a las “malezas” crecer más de lo debido. Sin embargo, si las “malezas” son resistentes y persistentes conviene hacer una nueva aplicación de herbicidas, procurando no asperjar las plantas de arracacha.

 

Este proceso se repite cuantas veces sea necesario, hasta llegar a la fase de cosecha, la cual se efectúa 12 o 15 meses después17. Luego de la cosecha se deja “descansar” el terreno al menos un año, pues, como se dijo antes, el tratamiento químico y el cultivo mismo agota la estructura física y química del suelo, por lo que una siembra inmediata pondría en riesgo la inversión. Como dice Jhon, “en cada siembra de arracacha la cosecha disminuye por el maltrato que se hace a los suelos” (Jhon Fredy Cardona, comunicación personal, 27 de agosto de 2017).

 

Como puede verse, el protocolo de siembra de arracacha, practicado por la totalidad de productores estudiados, está constituido por una marcada racionalidad técnica que cosifica las plantas e instrumentaliza al sujeto arracachero, toda vez que los inserta en el modelo extractivista del agronegocio. Esta racionalidad técnica está ampliamente sustentada en el modelo de revolución verde, mediante el cual los arracacheros “han sido insertados a la lógica del paquete tecnológico” (Giraldo, 2018, p. 62), al extremo de considerársele una condición determinante para aumentar el rendimiento del cultivo y optimizar la rentabilidad económica, como se mostrará más adelante. De este modo, el paquete tecnológico se constituye en un signo natural, un elemento constitutivo, como el azadón o el colino mismo, en la cosmovisión del sujeto arracachero, de ahí que, por ejemplo, se signifiquen prácticas congruentes al recurrente uso de agrotóxicos, como es el caso de la randeada. De hecho, la racionalidad técnica ha logrado naturalizar una gramática que estos sujetos reproducen inadvertidamente, toda vez que se refieren, solo por poner un ejemplo, a “malezas” o “plagas”, enunciados que, desde una marcada racionalidad económica, niegan la función ecológica de algunos hierbas e insectos, respectivamente, y a su vez alientan el uso de herbicidas o matamalezas e insecticidas en clave de fumigada.

 

Para producir una hectárea de arracacha en Cajamarca suelen usarse, aproximadamente, el siguiente mosaico de agrotóxicos a lo largo del ciclo del cultivo18: 2 litros de fungicidas (Daconil y Carbendazim 50), 2 litros y un cuarto de insecticidas (Látigo-L, Insectrina y Monocrotofos 600), 2 kilogramos de herbicidas (trilla 800 SC y Gesaprim), 3 kilogramos de fertilizante (Master) y un litro de enraizador (Agrispon)19. Si se tiene en cuenta que las 4441 hectáreas que conforman el actual paisaje arracachero son orientadas por el instrumental técnico de la revolución verde, según lo afirman técnicos de la UMATA, podríamos inferir que durante un año se aplican, aproximadamente, cerca de 8.882 litros únicamente de insecticidas, ni qué decir de los fungicidas, herbicidas y fertilizantes. De hecho, la Corporación Semillas de Aguas (CSA) (2007) reporta que “cada año se vierten sobre los suelos y las aguas del municipio alrededor de 65 toneladas de producto comercial de agrotóxicos (…) [durante el ciclo del cultivo de arracacha], lo cual equivale a una auténtica bomba bioquímica” (p.17)20.

 

Sin lugar a dudas estas aproximaciones permiten imaginar el amplio arsenal de agrotóxicos que se depositan en plantas y suelos del paisaje arracachero21, así como la exposición de los agricultores a las mismas, cuyos efectos ambientales en la salud humana, animal y vegetal, han sido ampliamente demostrados por sendos estudios científicos, como bien lo indican Guzmán, Guevara, Olguín & Mancilla (2016) y Torres y Capote (2004).

 

Hasta ahora hemos visto cómo el poder colonial orienta el cultivo de arracacha a partir de un poderoso dispositivo técnico (revolución verde) que le ha permitido, como fin último, configurar un paisaje arracachero fuertemente articulado a los imperativos del capitalismo, para lo cual ha logrado modernizar las tradiciones campesinas mediante un recetario de insumos agrotóxicos con el que reduce el cultivo de arracacha a una actividad simple, homogénea, mecánica, lineal, monolítica, como históricamente lo ha exigido el agronegocio extractivista. Sin embargo, la implementación del paquete tecnológico en las prácticas discursivas de los sujetos arracacheros va más allá de instituir y naturalizar recetarios, pues lo realmente importante es “poner en marcha una serie de dispositivos (…) para que el poder termine disciplinando, no solo el espacio, sino también los cuerpos de los territorios” (Giraldo, 2018, p. 83). Es decir, la producción de subjetividades y el control de las tierras potencialmente útiles para el cultivo de arracacha. Veamos.

 

El paquete tecnológico hasta ahora expuesto puede entenderse como un hegemónico modo de representación epistémica ante los sujetos arracacheros o, dicho de otro modo, una representación de la racionalidad técnica moderna como el modo ideal para cultivar la arracacha y, por tanto, superior frente a la racionalidad campesina. Esto, en consecuencia, ha conllevado a una transformación epistémica y ontológica de los sujetos arracacheros, como puede apreciarse en el modo de siembra y administración del cultivo indicado en párrafos anteriores con lo cual se efectúa una colonialidad del saber y del ser, respectivamente, al adoptar un modo de producción convencional hegemónico, en congruencia con la visión corporativa de la arracacha, toda vez que se naturalizara en ellos un saber técnico en sus imaginarios y memorias quienes, a juicio del poder colonial, poseen saberes arcaicos, atrasados.

 

En síntesis, podría decirse que el paquete tecnológico de la revolución verde ha transformado radicalmente las estructuras cognitivas del sujeto arracachero, para crear un sujeto productor integrado a las dinámicas del agronegocio capitalista. Como bien indica Giraldo (2018) cuando señala que, en el caso de los agricultores,

 

Primero se destruyeron los saberes tradicionales mediante su inserción a las tecnologías de la revolución verde, y una vez despojados de su capacidad de dar forma y mantener su modo de vida a las condiciones ecológicas y culturales del lugar habitado, quedaron supeditados a ser (…) encadenados servilmente a los proyectos productivos del agronegocio extractivo (…). (p. 112)

 

Queda claro, entonces, que la racionalidad técnica moderna no solo impone un saber técnico, sino que, además, inferioriza los modos de hacer y conocer de los sujetos arracacheros, dada su supuesta “incapacidad” para conducir el cultivo de la arracacha por las sendas de la competitividad y la rentabilidad. Poco o nada funcional resulta, para la racionalidad económica, una tecnología campesina como la alelopatía, por ejemplo, frente al poderoso efecto de la Insectrina. Lo que queremos decir con esto es que los saberes tradicionales, a juicio del poder colonial, difícilmente se ajustarían a las exigencias “de un modelo de producción capitalista que busca el máximo beneficio y rendimiento en menor tiempo” (Román, 2015, p. 264)22. De ahí que el saber técnico se legitime y se acepte como la única forma de relacionarse con la tierra, en el caso que nos ocupa, para constituir el paisaje arracachero cajamarcuno. Se trata de un saber técnico que consiste, únicamente, en calcular y aplicar las cantidades de agrotóxicos en las diferentes etapas del cultivo, evaluar la efectividad, comparar los rendimientos, determinar las resistencias de “las plagas” y “las malezas”, entre otros. De hecho, sobre estas consideraciones se efectúa el diálogo de saberes entre sujetos productores, de lo cual resultan importantes recomendaciones técnicas gracias a la experiencia acumulada tras el excesivo uso de agrotóxicos.

 

La naturalización ontológica del saber técnico en los sujetos productores de arracacha, es, por tanto, una condición de posibilidad determinante para el poder colonial y su proyecto agroextractivista, reflejado en el paisaje arracachero, lo que permite entender su influencia en los modos de subjetivación en territorio cajamarcuno ya que, en suma, es en el control de la subjetividad “donde el poder se ejerce” (Mignolo, 2016, p. 60). Esto permite comprender, aún mejor, la necesidad que tiene el poder colonial de construir subjetividades que “respondan” articuladamente a sus lógicas extractivistas, como hemos advertido insistentemente al referirnos, por supuesto, al modo de subjetivación del sujeto arracachero atado a las lógicas del agronegocio capitalista, mediante el despojo de sus saberes y prácticas para conseguir, en consecuencia, la apropiación del saber técnico antes mencionado, algo que puede apreciarse en el relato mismo del sujeto arracachero antes expuesto, en el que obedientemente narra la manera como se apropia y pone en práctica una racionalidad técnica que promete optimización productiva sin importar, naturalmente, los efectos culturales y ambientales. La construcción de subjetividades arracacheras deja ver una eminente negación ontológica en la que “(…) el alter-ego queda transformado en sub-alter” (Maldonado-Torres, 2007, p. 150), toda vez que se despoja de sí mismo, de sus saberes, convicciones, historias, experiencias, visiones de mundo, para cosificarlo e instrumentalizarlo como un sujeto que encarna en su ser un protocolo corporativo que obedientemente sigue, en aras de modernizar la producción, optimizar los rendimientos y abrir las puertas de la competitividad.

 

Vemos, entonces, cómo el poder colonial produce subjetividades que, lejos de habitar, morar, transformar la tierra, ejerce sobre ella una relación de dominio y explotación, ya que el despojo de sus saberes, prácticas, creencias, historias, experiencias, narrativas, ritualidades, rompen los vínculos afectivos entre el sujeto arracachero y sus espacios de vida, a los que manipula, contamina, degrada mediante símbolos modernos como la revolución verde y el monocultivo de arracacha, por ejemplo.  Dicho monocultivo no da lugar a la emergencia ni “puesta en marcha” de saberes locales, por el simple hecho de hallarse atado al recetario técnico aplicado por sujetos que, inscritos en el aparato discursivo de la despensa agrícola que da forma al agronegocio extractivista, aprenden, piensan y actúan bajo presupuestos modernos.

 

El monocultivo de la arracacha deja ver, entonces, a unos sujetos aprisionados, como dice Alimonda (2012), “por un tipo de pensamiento único altamente especializado, [que] han perdido las habilidades y los conocimientos detallados de la naturaleza (…)” (p. 76)23. La crítica que hace este autor pudo verse ampliamente reflejada en la imagen que retrata el método de siembra de arracacha, en la que se ve a un sujeto concebido por el poder colonial como una máquina, en tanto individuo que obedientemente aplica el saber técnico y que, además, ni cuestiona ni se resiste ante la subjetivación moderna en clave de revolución verde, tal como puede verse en la población campesina estudiada la cual, en su conjunto, no solo lleva a cabo esta praxis sino que, además, no ve parte de su responsabilidad en los efectos ambientales de la misma.

 

Dejamos hasta aquí estas consideraciones no sin antes mencionar que la colonización de los cuerpos y los saberes de los sujetos arracacheros posibilitan, entre otros aspectos, la colonización de la tierra. Esto permite entender que la lógica del poder colonial en torno al cultivo de la arracacha opera así: se domestican los cuerpos y se producen subjetividades para que estas adecúan sus propias tierras, según los imperativos del agrocapitalismo. Para entender un poco mejor este planteamiento, abordaremos tres importantes arreglos informales que se cumplen en Cajamarca en torno a la aparcería, en los que pueden verse las relaciones de poder y dominio sobre la tierra, para disciplinarlos y constituir en estos las estéticas geométricas donde se erige el paisaje arracachero.

 

Relaciones de poder y dominio mediante reglas de juego informales para la aparcería

 

A las potencialidades o posibilidades ecológicas y geográficas que dan lugar a la producción de arracacha en Cajamarca podrían agregarse tres aspectos centrales que la motivan: primero, la racionalidad técnica que asegura el éxito del cultivo; segundo, su amplia rentabilidad y, por último, su comercialización garantizada bien sea en mercados locales, regionales o nacionales. Esto hace que una multiplicidad de “agentes”, con tierra o sin ella, se movilicen en torno a esta compleja y promisoria actividad, de la que obtienen ganancias superiores al 100% de la inversión, como se indica en la tabla 1.

 

TABLA 1. Costos y ganancias del cultivo de arracacha

 

Fuente: esta investigación

 

La cosecha24 se lleva a cabo manualmente a través de tres sencillos pasos: se afloja la tierra, se arranca la planta y se cortan las raíces, las cuales se empacan en bultos de 62.5 kg. Dos de estos bultos constituyen la denominada carga de arracacha. Una hectárea promedio produce alrededor de 12.5 toneladas equivalentes a 100 cargas, por lo que la cosecha exige el trabajo permanente de tres o cuatro personas durante una semana que dura la cosecha. El precio actual por carga es de $170.000. La venta de arracacha se efectúa cada domingo en “la esquina” y en la plaza de mercado del pueblo, dos emblemáticos sitios donde comerciantes25 y agricultores se dan cita para llevar a cabo una especie de subasta: los primeros ofrecen un precio por carga, los segundos deciden si aceptan o aguardan por una mejor oferta. Tras llegar a un acuerdo satisfactorio, el comerciante entrega a los agricultores una cantidad de costales suficientes para empacar la cosecha, quienes, a su vez, deberán trasladarla hasta un punto específico a la orilla de la carretera, donde pasará a recogerla el camión del comerciante para transportarla y comercializarla, por lo general, en la central de abastos de la ciudad de Bogotá. La cosecha acostumbra a efectuarse el mismo día acordado para la entrega para evitar poner en riesgo la calidad del tubérculo. El valor de la cosecha se paga hasta el siguiente domingo.

 

Estos aspectos permiten entender, a simple vista, por qué el cultivo de arracacha se constituye en un atractivo negocio que justifica no solo sus altos costos de inversión, sino también su inserción en una matriz técnica altamente degradante, pues, en últimas, la rentabilidad, por encima de la estructura y la dinámica ecológica del territorio de Cajamarca, es lo único que importa para las lógicas depredadoras del agronegocio capitalista. Se cumple aquí la exitosa pretensión del poder colonial, en cuanto al propósito de “pensar en la rentabilidad económica y preocuparse luego en cómo adaptar los ecosistemas a su lógica productivista” (Giraldo, 2018, p. 152); puesto que el monocultivo de la arracacha se acopla en la montaña orientado por una racionalidad técnica brusca, que no atiende las especificidades ecológicas.

 

La rentabilidad económica ha conllevado a la emergencia de tres modalidades de siembra y producción de arracacha, en el marco de tres arreglos informales de aparcería en los que no solo se aprecia la colonización ontológica y epistémica antes expuesta, sino también una forma en la cual el poder colonial se apropia de la tierra, incluyendo a sus dueños como parte del engranaje que hace posible la acumulación de capital. Estos arreglos se conocen como: a la quinta, en derecha y con ayuda. En todos tres se efectúan acuerdos entre el dueño de la tierra y un agricultor para la siembra de arracacha o, mejor aún, entre un agente que provee la tierra y un aparcero que, además de tener conocimiento, experiencia y dominio del cultivo, debe contar con capital financiero suficiente para cubrir la inversión. Es importante anotar que, salvo algunas excepciones, la arracacha se produce bajo estas tres reglas de juego. A continuación haremos una breve explicación de cada una.

 

A la quinta es una modalidad en la que el propietario de la tierra se limita a entregar una parte de la misma a un agricultor quien, además de cubrir la totalidad de la inversión y administración del cultivo, deberá reconocer al propietario la quinta parte de las ganancias correspondientes a las ventas de la cosecha, aunque también es costumbre entregar una de cada cinco cargas obtenidas. En la modalidad a la derecha, el propietario, además de proveer la tierra, deberá encargarse de la alimentación de los trabajadores que se requieren durante todo el ciclo del cultivo; mientras que en la modalidad con ayuda esta responsabilidad recae en el aparcero, para lo cual recibe una ayuda económica del propietario que bien puede efectuarse mensualmente, o bien entregarse en su totalidad al inicio del cultivo; en cualquier caso el propietario de la tierra se desentiende, en cierta medida, del cultivo toda vez que la responsabilidad por el mismo es asumida por el agricultor. La ayuda anual actual oscila entre dos millones y dos millones quinientos mil pesos por hectárea. Estas dos últimas reglas de juego comparten tres rasgos comunes: el primero es que las ganancias se reparten por mitad entre ambos “agentes”, bien sea en cosechas o en dinero; el segundo tiene que ver con la formalización del acuerdo, el cual se efectúa, por lo general, entre conocidos, verbalmente y con “estrechón de manos”; el último corresponde a la obligatoria presencia de ambos “agentes” el día de la cosecha. 

 

Como puede verse, estos arreglos informales ocurren comúnmente entre campesinos, unos propietarios de tierras con extensiones variadas, y otros expertos en el cultivo y con disponibilidad financiera, contrario a los modos de aparcería celebrados entre empresas y agricultores en las que predomina una relación desigual e injusta, en el contexto de otros cultivos insertos en las dinámicas agrocapitalistas, como el caso de la palma de aceite, solo por poner un ejemplo. No obstante, en el caso concreto de los sujetos campesinos estudiados, solo dos de estas reglas se cumplen así: el 75% siembra arracacha con ayuda y el 5% a la quinta. El 20% restante lo hace en terrenos propios. Esto se debe a la estabilidad del precio de la arracacha y, en consecuencia, a las ganancias obtenidas, por lo que la modalidad en derecha, comparadas con las demás, ha dejado de ser atractiva en términos de rentabilidad. Podría decirse que lo más convenientes sería sembrar en terrenos propios, pero los altos costos de siembra y sostenimiento impiden a muchas familias tomar esta iniciativa, por lo que resulta estratégica la alianza con otros sujetos que si bien carecen de tierra cuentan con el capital requerido. Sin duda, la vinculación de los “agentes” en cualquiera de los arreglos informales expuestos “depende solamente de una posibilidad de utilidad monetaria” (Gutiérrez, 2011, p. 216).

 

Esto último puede sonar bastante obvio, sin embargo, estos arreglos informales permiten dar cuenta, por un lado, de la visión utilitarista que la racionalidad económica provee a la tierra en términos extractivistas y, por el otro, permite visualizar la colonización que el poder hegemónico hace de la tierra para reestructurar los ecosistemas cajamarcunos, como respuesta al mercado arracachero.

 

En tal sentido, estas reglas de juego informales pueden asumirse como estrategias del poder colonial para movilizar “agentes” subjetivados por sus lógicas, para poner en marcha la re-configuración permanente del paisaje arracachero, lo que les apresura, año tras año, a buscar las mejores tierras, los mejores socios, los mejores trabajadores, los mejores comerciantes y los mejores agrotóxicos que confieran estabilidad, coherencia y sentido a la inversión y, por supuesto, la rentabilidad. Estas consideraciones visibilizan claramente la concreción del poder colonial en tanto ordenación ontológica y epistémica del territorio cajamarcuno para la configuración de la despensa agrícola constituida por paisajes como el arracachero, lo que, a la luz de la decolonialidad, deja ver un marcado proceso de colonialidad del saber y del ser a través de la racionalidad técnica, y de la naturaleza mediante reglas de juego informales que establecen los estándares exigidos por la lógica agroextractivista.

 

En suma, estas reglas de juego pueden concebirse como auténticas “tácticas de subjetivación puestas en marcha para subsumir las corporalidades al andamiaje institucional que está al servicio del sistema económico capitalista” (Giraldo, 2018, p. 12), si se tiene en cuenta la instrumentalización de los sujetos arracacheros y su conversión en “agentes” productores, la instrumentalización de la tierra en tanto recurso ideal para el agroextractivismo, así como la definición e implementación de una racionalidad técnica que instituye el procedimiento apropiado para encausar a la “despensa agrícola de Colombia” por las sendas de la competitividad indicadas por el discurso del desarrollo.

 


 

Conclusiones y recomendaciones

 

Dejamos hasta aquí estas consideraciones con las cuales esperamos haber dado una posible respuesta a los interrogantes inicialmente planteados, así como una aproximación a la tesis central que orientó el curso de este trabajo. Si bien quedan diferentes asuntos pendientes por discutir y analizar, asociados a las relaciones de poder en torno a la arracacha como a las agriculturas que conforman la totalidad de la “despensa agrícola”, esperamos que los resultados de este ejercicio sean un referente que contribuya en esta urgente y necesaria tarea, pues, como lo han expuesto algunas perspectivas latinoamericanas como la ecología política y el pensamiento decolonial, las agriculturas han sido insertas en unas relaciones de poder hegemónicas que las han subsumido en lógicas de control y dominación hasta convertirlas, gradualmente, en un importante símbolo capitalista, como pudo verse en el municipio de Cajamarca a través del cultivo de arracacha, toda vez que ha sido inscrito en una dinámica extractivista que, en consecuencia, la ha des-apartado de las tramas agriculturales campesinas que resisten a los embates de la modernidad.

 

Agregamos, además, que la lectura, tanto del territorio como de las agriculturas, desde una postura contrahegemónica como la perspectiva decolonial, permite una mejor comprensión de la naturaleza y el alcance del poder colonial en tanto fuerza discursiva que teje relaciones de poder, en este caso, en, desde y para cultivos como la arracacha. De ahí que algunas claves contrahegemónicas permitan “ver las cosas” más allá de la lógica en la que se inscriben, como se intentó hacer a lo largo de esta breve disertación, a tal punto de lograr des-ocultar estrategias como el dominio de corporalidades y la producción de subjetividades campesinas, por ejemplo, para la puesta en marcha de prácticas hegemónicas que sostienen los presupuestos del agronegocio capitalista desde el cultivo de la arracacha. Prueba de ello son, solo por mencionar un ejemplo, las reglas de juego informales mediante las cuales se pactan alianzas con las que se reproducen los procedimientos que instrumentalizan a los sujetos arracacheros y contribuyen, a su vez, a la ordenación y disciplinarización de los espacios o terrenos para la siembra y administración del cultivo de arracacha.

 

En línea con lo anterior, además de des-ocultar las estrategias antes mencionadas, a lo largo de este trabajo se intentó comprender, por un lado, el por qué y el para qué de las mismas en el contexto del cultivo de la arracacha en el municipio de Cajamarca y, por el otro, el hecho de que los “agentes” alrededor de este cultivo asuman dichas estrategias como un hecho normal, una consecuencia no solo natural sino también obligatoria frente a los imperativos de la racionalidad económica que permea el territorio de Cajamarca. Con esto último se está intentando decir que los sujetos arracacheros encarnan la subjetivación moderna, como si se tratara de un acto tan normal como necesario y obligatorio, o de lo contrario se quedarían por fuera de las bondades del “boom” arracachero, en tanto oportunidad para aumentar sus capitales financieros.

 

De acuerdo con lo anterior, diríamos que el discurso de “la despensa agrícola de Colombia” es uno de los principales aspectos mediante el cual el poder colonial establece una ordenación ontológica y epistémica en Cajamarca, por tanto, es necesario comprender sus lógicas, sus fuerzas, sus gramáticas, pues ello permitirá detectar los modos de hacer frente a las prácticas hegemónicas y hegemonizantes, al tiempo que permita re-orientar la configuración del paisaje arracachero desde una perspectiva que no solo transgreda la racionalidad técnica, sino que propenda por unas prácticas contrahegemónicas, esto es, modos de ser, hacer y conocer contrahegemónicos, que resignifiquen el cultivo de arracacha como una forma de habitar el territorio cajamarcuno más allá de los presupuestos modernos.

 

Esto último se constituye en un factor clave, pues la configuración del paisaje arracachero está “soportada” sobre una lógica devastadora dada la racionalidad técnica que lo sustenta, lo que sugiere la necesidad de promover una profunda transformación tecnológica que reoriente dicho paisaje a partir de otras lógicas que apunten a la sustentabilidad, como bien puede hacerse desde otras racionalidades como la agroecología, por ejemplo, aun reconociendo que las comodidades y facilidades que el poder colonial ofrece, así como sus mecanismos de control y dominación y, sobre todo, la “sumisión” de los agentes insertos en el negocio arracachero, hacen compleja y difusa las posibilidades de reorientar la actividad arracachera con fines de sustentabilidad, pues, en suma, impera la racionalidad económica por encima de la racionalidad de la vida. 

 

 


  

Agradecimientos

 

Los autores agradecen a los sujetos arracacheros por permitirnos conocer sus modos de ser, hacer y conocer. Además, se agradece al programa de Maestría en Desarrollo Rural de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad del Tolima por el permanente respaldo y acompañamiento a esta investigación.

 


 

 

Potencial conflicto de intereses

 

Los autores declaran que no existen conflictos de intereses en la realización de esta investigación.

 


 

 

Fuentes de financiación

 

Grupo de investigación Agroecologías, Ambientes y Ruralidades, adscrito al Instituto de Educación a Distancia de la universidad del Tolima.

 


 

 

Referencias

 

Alimonda, H. (2012). Una introducción a la ecología política latinoamericana. En R. Grosfoguel. y R. Almanza. (Ed.), Lugares descoloniales. Espacios de intervencion en las Americas. Bogota, D.C., Colombia: Sello Editorial Pontificia Universidad Javeriana.

 

Amaya, J. y Julca, J. (2006). Arracacha (Arracacia xanthoriza Bancroft). Gerencia regional de recursos naturales y gestión del medio ambiente. Trujillo, Perú: Gobierno Regional la Libertad.

 

Castro-Gómez, S. (2010). La hybris del punto cero. Ciencia, raza e ilustración en la nueva granada (1750-1816). Bogotá, Colombia: Editorial Pontificia Universidad Javeriana.

 

Corporación Semillas de Agua. (2007). Diagnóstico y plan de trabajo para reducir el impacto del uso de agroquímicos en el cultivo de arracacha. Cuenca alta del río Coello, Tolima. Cajamarca, Tolima: WWF-Colombia. Corporación Asesorías para el Desarrollo – ASDES.

 

Escobar, A. (2003). Mundos y conocimientos de otro modo. El programa de investigación de modernidad/colonialidad latinoamericano. Tabula Rasa, 1, 51-86.

 

Esquema de Ordenamiento Territorial del Municipio de Cajamarca. (2000). Proyecto de Acuerdo. Decreto 073 de 2000. Recuperado de Link.

 

 

Foucault, M. (1997). Defender la sociedad. Curso en el Collège de France (1975-1976). Buenos Aires, Argentina: Fondo de Cultura Económica.

 

Giraldo, O. (2018). Ecología política de la agricultura. Agroecología y posdesarrollo. Chiapas, México: Colegio de la Frontera Sur. ECOSUR.

 

Gutiérrez, A. (2011). Nueva aparcería en la producción de arracacha (arracacia xanthorrhiza) en Cajamarca (Colombia). Cuadernos de Desarrollo Rural, 8 (67), 205-228.

 

Guzmán, P., Guevara, R., Olguín, J. & Mancilla, O. (2016). Peasant perspective, poisoning by pesticide and agrochemical usage. Idesia (Arica), 34(3), 69-80.

 

Kalmanovitz, S. y López, E. (2006). La agricultura colombiana en el siglo XX. Bogotá, Colombia: Fondo de Cultura Económica.

 

Lander, E. (2000). Ciencias sociales: saberes coloniales y eurocéntricos. En E. Lander. (Comp), La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas Latinoamericanas (pp. 11-40). Buenos Aires, Argentina Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales –CLACSO. Unidad Regional de Ciencias Sociales y Humanas y América Latina y el Caribe. UNESCO.

 

Leff, E. (2002). Saber ambiental. Sustentabilidad, racionalidad, complejidad, poder. Ciudad de México, México.  PNUMA. Siglo XXI Editores. Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades.

 

Liffman, P. (2009). Territorialidad Discursiva. Lenguaje, Poder y Geografía. En M. Chávez, O. González, M. Ventura (Eds), Geografía Humana y Ciencias Sociales. Una relación reexaminada (pp. 201-225). Michoacán, México: El Colegio de Michoacán, Colección Debates.

 

Losada, J. J. y Trujillo, H. (2016). Extractivismo y tensiones del desarrollo en la Amazonía colombiana: lectura desde la economía ecológica y la decolonialidad. Bogotá, Colombia: Universidad de San Buenaventura. Editorial Bonaventuriana.

 

Maldonado-Torres, N. (2007). Sobre la colonialidad del ser: contribuciones al desarrollo de un concepto. En S. Castro-Gómez. y R. Grosfoguel. (Eds), El giro decolonial. Reflexiones para una diversidad epistémica más allá del capitalismo global (pp. 127-167). Bogotá, Colombia: Pontificia Universidad Javeriana-Instituto Pensar. Universidad Central-IESCO. Siglo XXI editores.

 

Mignolo, W. (2000). Historias locales/diseños globales. Colonialidad, conocimientos subalternos y pensamiento fronterizo. Madrid, España: Ediciones Akal.

 

Mignolo, W. (2016). Hacer, pensar y vivir la decolonialidad. Textos reunidos y presentados por comunidad psicoanálisis/pensamiento decolonial. Ciudad de México, México: Borde Sur. Ediciones Navarra.

 

Parra, M. (2018). Variabilidad genética de siete cultivares de arracacha (arracacia xanthorrhiza bancroft) producidos en los municipios de boyacá y turmequé (boyacá) utilizando marcadores microsatélites (trabajo de grado). Universidad Militar Nueva Granada. Bogotá, Colombia.

 

Quijano, A. (2017). Colonialidad del poder y clasificación social. En Sousa y Meneses (Eds), Epistemologías del Sur (Perspectivas), (pp. 67-107). Bogotá, D.C., Colombia. Ediciones Akal Cuestiones de antagonismo. 

 

Quijano, A. (2005). Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina. En E. Lander. (Ed.), La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Buenos Aires, Argentina: CLACSO.

 

Román, C. (2015). Sobre la aceleración del tiempo social en la sociedad capitalista contemporánea. Revista Civilizar Ciencias Sociales y Humanas, 15 (28), 263-276.

 

Rosset, P. (2000). En favor de las pequeñas fincas. Monitor Multinacional, 21 (7-8).

 

Torres, D. y Capote, T. (2004). Agroquímicos un problema ambiental global: uso del análisis químico como herramienta para el monitoreo ambiental. Ecosistemas, XIII (3), 0.

 

Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria. (2018). Producción de Cultivos en Cajamarca, Tolima. Documento Técnico. CORPOICA-Alcaldía Municipal.

 

 


 

 

1 Este artículo es resultado del proyecto de investigación titulado “Análisis de los sujetos campesinos y sus sistemas de producción de arracacha en las veredas Las Hormas y El Águila en el cañón de Anaime del municipio de Cajamarca, Tolima. Tesis. Maestría en Desarrollo Rural. Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad del Tolima. 

2 Economista. Especialista en Gestión y control de Calidad, MSc. Desarrollo Rural. Facultad de Medicina Veterinaria. Código ORCID 0000-0002-3075-698X

3 Ingeniero Agroecólogo. MSc. En Desarrollo Rural. Especialista en Filosofía Contemporánea. MSc. en Filosofía Contemporánea. Profesor de la Universidad del Tolima adscrito al Instituto de Educación a Distancia (IDEAD). Miembro del grupo de investigación en Currículo, Ambiente y Sociedad. Correo electrónico: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=es&user=CrVvwDcAAAAJ Código ORCID 0000-0001-5769-8591

4 Departamento Administrativo Nacional de Estadística.

5 Cesar, Risaralda, Casanare, Guajira, Caldas, Antioquia, Santander, Nariño, Cauca, Huila, Valle del Cauca, Cundinamarca, Boyacá, Norte de Santander y Tolima.         

6 Información obtenida en http://www.agronet.gov.co/estadistica/Paginas/default.aspx, consultado el 30 de septiembre de 2018.

7 Cajamarca está ubicado a una hora (35km) de Ibagué sobre la vía panamericana; 4 horas y 50 minutos (230,5km) de Bogotá; 2 horas (50,8km) de Armenia (Quindío); 4 horas y 48 minutos (231,4km) de Cali (Valle del Cauca). Como puede verse su ubicación le permite un acceso fácil al centro y occidente del país.

8 Estas claves decoloniales han sido propuestas por diferentes autores del programa de investigación Modernidad/Colonialidad tales como Aníbal Quijano, Arturo Escobar, Walter Mignolo, entre otros. 

9 Los corchetes son de los autores.

10 Los corchetes son de los autores.

11 Esta área comprende los siguientes cultivos: fríjol (3000ha), café asociado con plátano, banano, naranja y/o colicero (1255ha), tomate guiso (300ha), arveja (220ha), gulupa (200ha), curuba (150ha), maíz-chócolo (65ha), granadilla (50ha), tomate de árbol (50ha), pimentón (40ha), mora (50ha), papa fina (30ha), remolacha (30ha), repollo (20ha), cebolla bulbo (20ha), zanahoria (20ha), cilantro (15ha), uchuva (8ha), breva (8ha) (UMATA, 2018). Esto sin mencionar otros cultivos como limón y mandarina, así como una amplia gama de hortalizas de los cuales la UMATA no tiene el respectivo registro. 

12 Esta arquitectura institucional estaba constituida por el Ministerio de Agricultura, la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero; el Instituto de Recursos Naturales (INDERENA), el Instituto Colombiano de Reforma Agraria (INCORA), el SENA, secretarías de agricultura departamentales, el fondo DRI, entre otras.

13 El énfasis y los corchetes son de los autores.

14 Cifras del Departamento Nacional de Planeación basados en la información del Departamento Nacional de Estadística. https://terridata.dnp.gov.co/#/perfiles consultado el 6 de septiembre de 2018.

15 La Corporación Semillas de Agua (CSA) reporta que, para el año 2007, aproximadamente el 20% de las personas que aplicaban agrotóxicos en los cultivos de arracacha en Cajamarca presentaba algún grado de intoxicación.

16 Algunos arracacheros acostumbran a inmunizar los colinos unos días antes de la siembra.

17 La cosecha o “el arranque” de una hectárea de arracacha requiere el trabajo de cuatro a cinco personas, con 12 horas de trabajo por día, durante dos semanas. Este mismo número de personas se requieren para el periodo comprendido entre la siembra y la cosecha de arracacha. 

18 Los nombres de los productos corresponden a los comúnmente utilizados por algunos arracacheros de la vereda en la que se hizo este estudio. Esta es apenas una aproximación, pues los tipos y cantidades de agrotóxicos pueden variar de acuerdo a las alturas donde se siembre el cultivo. Para una información más detallada al respecto se recomienda leer el informe de la Corporación Semillas de Agua.

19 De hecho, los arracacheros acostumbran a habilitar un espacio para almacenar los agrotóxicos al que denominan “la pieza de los venenos”.

20 Los corchetes son de los autores.

21 Es importante tener en cuenta la amplia gama de frutas y hortalizas que se producen en Cajamarca como despensa agrícola, las cuales, por estar insertas en las lógicas capitalistas, son orientadas por el paquete tecnológico de la revolución verde, lo que sugiere un amplio uso de agrotóxicos. 

22 Recuérdese que luego de 12 meses la rentabilidad del cultivo de arracacha se ve amenazada.

23 Los corchetes son de los autores.

24 Se sabe que la planta ha llegado a su madurez no solo por el tiempo de la siembra, sino también por el amarillamiento y la posterior caída de sus hojas, o bien por un muestreo al azar de las raíces para evaluar el tamaño y el grosor, si esto último no es satisfactorio, la cosecha puede postergarse tres meses más hasta conseguir la raíz deseada.

25 Como se les llama comúnmente a los intermediarios.

 


 

Para citar este artículo: Londoño, J. E. y Lugo, L. J. (2020). El paisaje arracachero en los entramados del poder colonial en el municipio de Cajamarca. Revista Luna Azul, 50, 107-131. Doi: 10.17151/luaz.2020.50.6

 


 

Esta obra está bajo una Licencia de Creative Commons Reconocimiento CC BY 

 

Licencia de Creative Commons

 

 

Código QR del artículo

 

Aproximaciones a los conceptos de felicidad, bienestar y florecimiento humano en Latinoamérica*

 

Diana Hoyos Valdés**, Juan Alejandro Chindoy Chindoy***, Miguel Ángel Maya Bedoya****

 

 

Recibido: 02 octubre 2018 Aceptado: 03 diciembre 2019 Actualizado: 14 diciembre 2019

 

10.17151/luaz.2020.50.4

 

RESUMEN

 

Objetivo. El objetivo de este trabajo es explorar tres enfoques sobre las nociones de felicidad, bienestar y florecimiento humano desde Latinoamérica, en respuesta a la discusión académica y al interés global sobre tales nociones. Metodología. El artículo sigue una ruta metodológica interpretativa y un enfoque analítico. Así, se ofrece primero un estado del arte sobre la discusión filosófica acerca del bienestar humano, y luego una argumentación que señala la particularidad de los enfoques de nociones filosóficas sobre el bienestar, el florecimiento humano y la felicidad pensadas desde Latinoamérica. Resultados. Los resultados se presentan en tres partes; en la primera parte se discute la tesis del mexicano Julio Boltvinik, quien sostiene que el florecimiento humano debe fundamentarse en una concepción sobre la esencia de la vida humana. En la segunda parte se ofrece una comparación entre la noción aristotélica de Eudaimonia y la noción nativa de Sumak Kawsay (traducida como Buen Vivir), indicando tanto las similitudes como las diferencias entre ellas. En la tercera parte se ilustra, a modo de ejemplo, cómo celebra el Buen Vivir una comunidad nativa colombiana. Conclusiones. Las conclusiones de este trabajo señalan que una reflexión filosófica del bienestar humano desde Latinoamérica, si bien es contextual, es también una conceptualización tanto universal como particular de la humana preocupación por comprender en qué consiste vivir bien. 

 

Palabras clave del Tesauro Ambiental para Colombia: calidad de vida, culturas indígenas, conocimiento tradicional.

 

Palabras clave de los autores: florecimiento humano, Boltvinik, Sumak Kawsay, Buen Vivir, Kamëntšá, Bëtsknaté. 

 

Approaches to happiness, well-being, and human flourishing from a Latin-american perspective

 

ABSTRACT

 

Objective. The aim of this paper is to explore three approaches on the notions of happiness, well-being and human flourishing from a Latin-American perspective, in response to academic discussion and global interest in such notions. Methodology. The article follows an interpretative methodological route and an analytical approach. First, it offers an analytical summary of the philosophical discussion concerning human well-being, and then it presents the particularity of the approaches to the notions about well-being, human flourishing and happiness from Latin America. Results. The results are presented in three parts; in the first part, the paper discusses the thesis of the Mexican Julio Boltvinik, who maintains that human flourishing must be based on a conception of the essence of human life. The second part offers a comparison between the Aristotelian notion of Eudaimonia and the native notion of Sumak Kawsay (translated as good living), indicating both the similarities and the differences between them. In the third part it illustrates, by way of example, how Well Living is celebrated in a native Colombian community. Conclusions. The conclusions of this work point out that a philosophical reflection of human well-being from a Latin-American perspective, although contextual, also reflects a universal concern to articulate the meaning of human well-being.

 

Environmental Thesaurus for Colombia’s key words: quality of life, indigenous cultures, wisdom traditions.

 

Authors key words: human flourishing, Boltvinik, Sumak Kawsay, Well-Being, Kamëntšá, Bëtsknaté.

 


 

 

Introducción

 

Los conceptos de felicidad, bienestar y florecimiento humano1, con raíces en la filosofía antigua, han reaparecido en distintas disciplinas teóricas y prácticas del siglo pasado. La noción de florecimiento humano se ha discutido en teorías filosóficas sobre la virtud, principalmente en investigaciones sobre los rasgos de nuestro carácter que deberíamos cultivar para ser buenos en la búsqueda y la construcción de conocimiento (Sosa, 1992) o para ser buenos agentes morales (Anscombe, 1958; Hursthouse, 1999; Annas, 2011)2. En las ciencias humanas y sociales se han propuesto mediciones de la felicidad basadas en indicadores objetivos y subjetivos de satisfacción personal y calidad de vida3 con el propósito de comparar su concepción en diferentes culturas (Graham, 2008, 2005; Blanchflower, 2008). Junto a estas discusiones académicas hay un creciente interés en la política global sobre cómo estas nociones ampliarían las mediciones económicas de desarrollo de las naciones.4

La investigación sobre la felicidad, el bienestar y el florecimiento humano desde la perspectiva latinoamericana está aún en ciernes. En lo que sigue nuestro objetivo es presentar tres aproximaciones que contribuyen significativamente a esta discusión. En la primera parte exponemos la tesis de Julio Boltvinik, académico y político mexicano, quien sugiere estudiar el bienestar humano a partir de una concepción holística del florecimiento que vaya más allá del análisis económico. En la segunda parte comparamos las nociones indígenas andinas de Sumak Kawsay (en lengua Quechua) o Suma Qamaña (lengua Aymara), traducidas generalmente como Buen Vivir o Vida en Plenitud, y el concepto aristotélico de Eudaimonia. Ampliamos nuestra discusión sobre el Buen Vivir en Latinoamérica describiendo, en la tercera parte de este trabajo, cómo lo celebra una comunidad nativa colombiana asentada en el Valle de Sibundoy.  

 

 


 

 

Discusión

 

Boltvinik y la visión substantiva del florecimiento humano5

 

Julio Boltvinik (2003, 2005a, 2005b, 2007a, 2007b) sostiene que la comprensión de la pobreza humana requiere una cuidadosa discusión filosófica acerca de lo que somos. Más que reformular la antigua noción de florecimiento humano, Boltvinik propone recurrir a la antropología filosófica para resignificar la noción de pobreza elaborada por la economía clásica. Pese a la dificultad de concebir la humanización del trabajo en contextos en los que se establecieron condiciones capitalistas de producción, Boltvinik (2005a, 2005b, 2007a, 2007b) indica que, siguiendo las reflexiones de Marx (1980) y Gyorgy Markus, aún es posible comprender el trabajo humano como una actividad mediadora para la humanización. Y es así porque, a diferencia del trabajo animal que inmediatamente satisface la necesidad del organismo vivo, el trabajo humano crea cultura y forma una historia de acumulación no solamente de capitales, sino de capacidades, herramientas, significados, símbolos y rituales. A través del trabajo, indica Boltvinik, el ser humano se encuentra a sí mismo y se reconoce como parte de una comunidad, pues con su trabajo “convierte en objetos de su actividad, de sus capacidades y necesidades, toda la naturaleza y los objetos no naturales creados por él mismo” (Boltvinik, 2005a, p. 5).

 

Boltvinik considera la pobreza y la alienación como impedimentos para el florecimiento humano (2005a, 2005b, 2007a, 2007b). Satisfechas con la cobertura de requerimientos mínimos, las sociedades capitalistas niegan a las personas el sentido de realización humana que advirtió Marx, pues en tales sociedades el trabajo humano, que se supone creador y liberador, se convierte en fuente de recursos instrumentales para sobrevivir. Siguiendo a David Wiggins, Boltvinik sostiene que el ser humano también se instrumentaliza y queda atado a la satisfacción de necesidades básicas y privado de un desarrollo pleno. Partiendo de la jerarquía de las necesidades de Maslow, Boltvinik invita a pensar el florecimiento humano como la progresiva superación de la instrumentalización de necesidades básicas y que, siguiendo a Marx, tiene como eje fundamental las fuerzas esenciales humanas; es decir, las capacidades y las necesidades.

 

Maslow formula un listado de necesidades que cualquier ser humano debería satisfacer para alcanzar una vida plena. La jerarquía de necesidades en orden ascendente es: 1) fisiológicas, 2) de seguridad, 3) de amor y pertenencia, 4) de estima y 5) de autorrealización. Boltvinik (2005b) complementa el esquema agregando 6) necesidades cognitivas y 7) necesidades estéticas. Esta idea de progresión en el desarrollo de las necesidades implica “que cuando una necesidad (el hambre, por ejemplo) está insatisfecha, domina al organismo a tal grado que todas las demás necesidades desaparecen y el organismo en su conjunto se vuelve (en este caso) un organismo hambriento” (Boltvinik, 2005a, p. 6). Aunque Maslow indica que el avance progresivo de las necesidades se da por extensión y profundización, Boltvinik sugiere que el florecimiento humano se asemeja más a la cualificación de estas.

 

Boltvinik cree que el esquema de necesidades y el esquema de capacidades se complementan mutua y necesariamente. Su propuesta se puede relacionar con la de Nussbaum (1996, 2002, 2012), aunque existen elementos importantes que las distancian. Así, mientras Nussbaum (2002, 1996) parte de una antropología de corte aristotélico, nutrida por elementos marxistas, los supuestos iniciales de Boltvinik son los comentarios de Markus sobre Marx, así como lo planteado por el propio Marx en los Manuscritos económico-filosóficos. El funcionamiento y las capacidades humanas, conceptos centrales en la propuesta de la filósofa norteamericana, corresponden a la idea de ser en potencia de Aristóteles; en contraste, las necesidades y capacidades del modelo de florecimiento humano de Boltvinik (2005a, 2005b, 2007a, 2007b) provienen del concepto marxista de desarrollo de las fuerzas esenciales humanas, cuyo sentido viene dado por la tendencia a la universalidad del hombre.

 

Boltvinik propone que el concepto de pobreza se integre a este esquema de necesidades y capacidades humanas y cuestiona el hecho de que los métodos de medición usuales en los estudios económicos sobre la pobreza se basen “en solo una parte de las fuentes de bienestar6 de los hogares y que, por tanto, llegan a una identificación parcial y sesgada de los hogares pobres” (Boltvinik, 2005a, p.17). Su análisis en El Método de Medición Integrada de la Pobreza, una propuesta para su desarrollo (Boltvinik, 1992) resulta de combinar seis fuentes de bienestar (recursos, tiempo, conocimiento, habilidades, relaciones y actividades) para identificar carencias inmediatas y mostrar cómo funciona la pobreza: “Es pobre aquel hogar que, dadas sus fuentes de bienestar, no puede satisfacer sus necesidades por más eficientemente que las use” (MMIP). Así, Boltvinik señaló que la pobreza no implica la no obtención de medios de satisfacción, sino que es el eventual daño grave que podría padecer la existencia humana si llegase a carecer de lo necesario para realizarse en condiciones dignas.

 

La propuesta de Boltvinik se basa en una antropología que considera que a la existencia humana le corresponde una esencia, una idea genérica de humanidad. A diferencia de la economía tradicional que instrumentaliza el significado de necesidad y que considera la pobreza como el resultado de la satisfacción precaria o nula de las condiciones que mantienen vivos a los seres humanos, la perspectiva de Boltvinik se enmarca en una concepción que articula la esencia y el florecimiento humano. Según él, el bienestar humano implica condiciones óptimas en los ejes del florecimiento humano “elementos constitutivos: necesidades y capacidades vistos como totalidad y que son valiosos para el hombre” (Boltvinik, 2017, p. 3), y del nivel de vida, elementos determinantes: necesidades y capacidades en sentido económico. El florecimiento humano nos permite comprender la existencia humana en su totalidad, concibiendo necesidades y capacidades en la complejidad que implica una mirada holística. El nivel de vida: necesidades, capacidades y fuentes de bienestar que implican una perspectiva exclusivamente económica, es una visión parcial del bienestar humano.

 

El aporte fundamental de Boltvinik consiste en mostrar que cualquier análisis acerca del bienestar humano deberá integrar el florecimiento humano y el eje del nivel de vida. Así se lograría una lectura antropológica total. No obstante, serán numerosas y muy complejas las dificultades que tendrán que enfrentar las instituciones que se propongan cuantificar los niveles de pobreza, tanto en individuos como en comunidades, desde esta perspectiva amplia. ¿Cómo medir la satisfacción, por ejemplo, de necesidades estéticas? ¿Cómo calcular los niveles de cualificación de las necesidades y las capacidades, en relación con el esquema que Boltvinik presenta? Es razonable advertir que un concepto tan complejo de bienestar humano como el que propone puede problematizar la medición del fenómeno.

 

Sumak Kawsay o Suma Qamaña como Buen Vivir, Vivir Bien o Vida en Plenitud 

 

Es interesante que la queja de Boltvinik contra el concepto de pobreza ofrecido por la economía clásica busque redireccionar la mirada hacia una noción tan antigua como la de florecimiento humano, pues justamente la noción andina Sumak Kawsay o Suma Qamaña que analizaremos a continuación significa, en términos generales, «Buen vivir» o «Vida en Plenitud»7. Nociones similares de este concepto pueden encontrarse en el pensamiento de otras culturas nativas latinoamericanas8, y según Escobar (2014) el concepto de Buen Vivir puede encontrarse incluso como elemento articulador de algunas luchas reivindicativas de las comunidades afro en Colombia.9

Como veremos a continuación, esta noción se encuentra incluso en los albores de la filosofía occidental en el concepto de Eudaimonia. Así, un paralelo entre el Sumak Kawsay y la concepción aristotélica de Eudaimonia10 nos permitirá ver que la preocupación por el florecimiento es primordial en la vida humana, aunque difiera culturalmente.

 

En primer lugar, la noción de Sumak Kawsay coincide con el de Eudaimonia en definir el floreciemiento de forma no superficial y estable. Ambas nociones articulan tanto aspectos subjetivos y objetivos de lo que se considera una buena vida y ambas sugieren continuidad, permanencia y cierta afectación positiva entre los miembros de tales tradiciones. Aristóteles define Eudaimonia como algo que (1) debería ser buscado por sí misma (Aristóteles, 2014, p. 23); (2) ser de tal naturaleza que busquemos otras cosas en la medida en que estas nos acercan a ella (Aristóteles, 2014, p. 24); (3) ser tal que no la deseemos por otras cosas (Aristóteles, 2014, p. 24); (4) ser completa (teleion), lo cual significa que siempre vale la pena escogerla por ella misma (Aristóteles, 2014, p. 34); y (5) ser autosuficiente (autarkês), entendido como que cuando está presente en nuestra vida no nos falta nada (Aristóteles, 2014, p. 34-35).

 

Aunque no es fácil encontrar una definición sistemática o unificada del concepto de Sumak Kawsay de la forma como uno lee en los trabajos de Aristóteles, existen algunas publicaciones (Escobar, 2014; Gudynas, 2009; Quirola, 2009) que sugieren que el Sumak Kawsay o Suma Qamaña se conciben en términos muy similares a la idea aristotélica como el buen vivir que va más allá de la efímera satisfacción de placeres corporales o de tener dinero, sin por eso desconocer las condiciones objetivas que han de garantizar el buen vivir. 11

 

En segundo lugar, tanto el concepto de Eudaimonia como el de Sumak Kawsay consideran fundamental la vida en comunidad. Ambas tradiciones consideran que el ser humano es social por naturaleza y que la vida en comunidad es de fundamental valor para su pleno desarrollo. Implícita en estas concepciones hay una crítica contra la idea de que es posible entender al ser humano como si fuera un individuo aislado, independiente y autosuficiente, tal como lo presuponen algunos padres del contractualismo moderno (Locke, 1997; Hobbes, 1994).

 

Una tercera similitud entre ambas nociones es que son normativas, en el sentido de que apuntan no tanto (o no solo) a una definición sino a la búsqueda de una forma de vida. En términos aristotélicos, el fin último de estas nociones no es saber qué es una buena vida, sino cómo se vive una buena vida12. La búsqueda no es tanto teorética sino práctica (Aristóteles, 2014, p. 55-56; p, 59). Aristóteles afirma que Eudaimonia es vivir bien y actuar bien (Aristóteles, 2014, p. 38) y por eso requerimos cultivar nuestras virtudes morales e intelectuales (EN, libros I, II y VI fundamentalmente, pero esta idea atraviesa toda la EN).

 

El Suma Qamaña del pueblo Aymara ha guardado los siguientes principios para vivir bien o vivir en plenitud:

 

1. Suma Manq’ aña: saber comer y saber alimentarse, que no es lo mismo que llenar el estómago; es importante escoger alimentos sanos, cada luna nueva se ayuna; y en la transición del mara (ciclo solar) se debe ayunar cinco días (dos días antes y dos días después del Willka Ura (día del Solsticio de Invierno). En la cosmovisión andina todo vive y necesita alimento y por eso las ofrendas tanto a la Madre Tierra, a las montañas, a los ríos, son importantes. La Madre Tierra nos da los alimentos que requerimos, por eso debemos comer el alimento de la época y del lugar.

2. Suma Umaña: saber beber. Antes de beber se inicia con la ch’alla, dando de beber a la Pachamama, a los achochillas, a las awichas. Beber, tomar, ch’allar completarse (chuymar montaña, chuymat apsuña, chuymat sartaña jawirjam sarantañataki) entrar al corazón, sacar del corazón y emerger del corazón para fluir y caminar como el río.

3. Suma Thokoña: saber danzar, entrar en relación y conexión cosmotelúrica, toda actividad debe realizarse con dimensión espiritual.

4. Suma Ikiña: saber dormir. Se tiene que dormir dos días, es decir dormir antes de la media noche, para tener las dos energías; la de la noche y la de la mañana del día siguiente, la energía de dos días. En el hemisferio sur se tiene que dormir con la cabeza al norte, los pies al sur, en el hemisferio norte la cabeza al sur y los pies al norte.

5. Suma Irnakaña: saber trabajar. Para el indígena originario el trabajo no es sufrimiento, es alegría, debemos realizar la actividad con pasión, intensamente (Sinti pacha).

6. Suma Lupiña: saber meditar, entrar en un proceso de introspección. El silencio equilibra y armoniza, por lo tanto el equilibrio se restablece a través del silencio de uno (Amiki) y se conecta al equilibrio y el silencio del entorno (Ch’uju), y como consecuencia de esta interacción y complementación emerge la calma y la tranquilidad.

7. Suma Amuyaña: saber pensar. Es la reflexión, no solo desde lo racional sino desde el sentir; uno de los principios aymaras nos dice: jan piq armt’asa chuman thakip saranlañani (sin perder la razón caminemos la senda del corazón).

8. Suma Munaña, Munayasiña: saber amar y ser amado, el proceso complementario warmi chacha, el respeto a todo lo que existe genera la relación armónica.

9. Suma Ist’ aña: saber escuchar. En aymara ist’aña no solo es escuchar con los oídos, es percibir, sentir, escuchar con todo nuestro cuerpo; si todo vive, todo habla también.

 10. Suma Aruskipaña: hablar bien. Antes de hablar hay que sentir y pensar bien, hablar bien significa hablar para construir, para alentar, para aportar, recordemos que todo lo que hablamos se escribe en los corazones de quienes lo escuchan, a veces es difícil borrar el efecto de algunas palabras, es por eso que hay que hablar bien.

11. Suma Samkasiña: saber soñar. Partimos del principio de que todo empieza desde el sueño, por lo tanto el sueño es el inicio de la realidad. A través del sueño percibimos la vida. Soñar es proyectar la vida.

12. Suma Sarnaqaña: saber caminar. No existe el cansancio para quien sabe caminar. Debemos estar conscientes de que uno nunca camina solo; caminamos con el viento, caminamos con la Madre Tierra, caminamos con el Padre Sol, caminamos con la Madre Luna, caminamos con los ancestros y con muchos otros seres.

13. Suma Churaña, Suma Katukaña: saber dar y saber recibir. Reconocer que la vida es la conjunción de muchos seres y muchas fuerzas. En la vida todo fluye: recibimos y damos; la interacción de las dos fuerzas genera vida. Hay que saber dar con bendición, saber dar agradeciendo por todo lo que recibimos. Agradecer es saber recibir; recibir el brillo del Padre Sol, la fuerza de la Madre Tierra, fluir como la Madre Agua y todo lo que la vida nos da. (Fernando Huanacuni, 2015).

 

Pese a estas similitudes entre el Sumak Kawsay y la noción aristotélica de Eudaimonia, también hay diferencias importantes. En primer lugar, en las tradiciones nativas de América Latina en las cuales nos estamos centrando, el florecimiento no se refiere exclusivamente al florecimiento humano, sino de todo, incluido el entorno. Del mismo modo que para los griegos la noción de individuo por fuera de la polis no tiene sentido (de ahí su comunitarismo), la noción de ser humano por fuera de la naturaleza no tiene sentido en el Sumak Kawsay. La idea de fondo de esta filosofía es que no hay florecimiento humano si no hay florecimiento de toda la naturaleza (pachamama)13, y por esta razón puede vincularse con la lucha ideológica contra todo sistema económico y político que esté solo al servicio de los intereses de los hombres, y mucho más si es solo al servicio de unos cuantos. Escobar (2014) refiere estas nociones como centrales para filosofías que formulan críticas importantes a las ideas de desarrollo y progreso. Afirma que lo que promueven es lo que se ha dado en llamar “alternativas al desarrollo” (pp. 43-45) y explica que estas nociones promueven una economía no extractiva, no productiva sino reproductiva, solidaria, que busca desarrollar capacidades, oportunidades, bienestar y felicidad para todos. De forma similar se expresan Estermann (1998) y Gudynas (2009), quienes afirman que el Sumak Kawsay o Suma Qamaña promueven una ética cósmica.

 

Otra diferencia importante, vinculada a la anterior, es que la noción andina es más holista que la idea de Eudaimonia. Muchos críticos de la modernidad le reprochan a esta su individualismo y por eso abogan por el comunitarismo (MacIntyre, 2001; Taylor, 1989), por una visión que reconozca las conexiones necesarias y valiosas entre nosotros y nuestra comunidad, sin las cuales no somos lo que somos. Importantes críticas a la idea de identidad personal definida en términos puramente individualistas se han hecho en este sentido (MacIntyre, 2001; Ricoeur, 1996). Estas críticas, sin embargo, parecen haberse quedado cortas al conectar la identidad personal solo con las comunidades humanas. Los conceptos de Sumak Kawsay y Suma Qamaña extienden esos lazos hasta la naturaleza, invitándonos a pensar nuestra existencia en una significativa red mucho más amplia y compleja.

 

Una tercera diferencia tiene que ver con el lugar asignado a la razón en la tarea de encontrar la forma de vivir bien. Mientras que, en general, para la tradición occidental la razón juega un papel primordial14, para las tradiciones nativas que encarnan el Sumak Kawsay la razón es solo uno de los elementos necesarios para este fin. Mientras en la tradición occidental se ha pensado que la razón debe cumplir la labor fundamental de controlar las pasiones, los sentimientos y las emociones15, en las tradiciones nativas el sentir es tan importante como el pensar. No hay preeminencia de la razón sobre las emociones. De hecho, varios académicos que trabajan sobre el Sumak Kawsay hablan de “sentipensar” (Escobar, 2014), o “corazonar” (Guerrero, 2012; Rivadeneira, 2013) para referirse a esto.

 

Alguien podría objetar que un intento de traducción de estos términos andinos al castellano o a cualquier otra lengua comporta una pérdida substancial del sentido originario de los mismos, o implica una homologación poco justa entre otros términos occidentales y estos. Podría pensarse que el Sumak Kawsay surge y es posible en contextos muy distintos a los de la urbe, y que por lo tanto es problemático pensar que esta noción puede iluminar nuestra comprensión de lo que llamamos florecimiento humano, máxime si se trata de florecer en medio de ciudades. De la misma manera, podría decirse que la noción de eudaimonia es propia de una ciudad-estado pequeña con configuraciones muy distintas a las de las comunidades andinas. A pesar de estas objeciones, un intento de paralelo entre estas nociones es fructífero porque nos señala puntos de confluencia de rasgos valiosos y enriquecedores. Estos acercamientos, no obstante, deben emprenderse con cautela buscando establecer un diálogo real entre las diversas tradiciones de las cuales provienen las nociones. 

 

El Bëtsknaté y el Buen Vivir

 

En el apartado anterior mencionamos que, en general, las tesis del individualismo propias de la modernidad priorizan el bienestar individual con base en la libertad de elección. Contrario a esto, en dos comunidades indígenas del sur de Colombia se considera que el Buen Vivir depende fundamentalmente de la renovación cultural comunitaria, lo cual se expresa, entre otras cosas, a través de una danza ancestral16.

 

Los pueblos indígenas Kamëntšá e Inga del Valle de Sibundoy celebran el día de la danza del perdón –«Atún Puncha» en Inga, y «Betšknaté» en Kamëntšá– cada año, el lunes y martes antes del miércoles de ceniza. Consiste esta danza en unificar la profunda conexión familiar entre los integrantes a través de un baile comunitario que encarna el significado de la existencia misma tal como se manifiesta a estas culturas indígenas; una existencia marcada por el sufrimiento y la alegría, oscilando entre matices de libertad y opresión, con un pasado colonial fuerte y con la esperanza de un porvenir fructífero.17

 

Lo que fundamentalmente se celebra en la fiesta del perdón es lo recurrente del ciclo de la vida al cual las culturas indígenas del Valle de Sibundoy se han vuelto profundamente sensibles. Así, el nacimiento, el florecimiento y la muerte se personifican en la danza y se cristalizan en sus cantos. Más que una necesidad por satisfacer el bienestar individual, el vivir bien en estas culturas del sur de Colombia se entiende en términos de armonía comunitaria. Si bien son individuos los que participan en la danza, esta no es una expresión de la sumatoria de individualidades sino la condición en la que es posible entenderse como un ser humano completo. Desde sus orígenes míticos hasta nuestros días, Ingas y Kamëntšás conciben la danza como parte fundamental del Buen Vivir. Dos de las historias fundacionales del Bëtskanté sugieren que el ser humano se entiende completo sólo cuando está en relación armónica con el resto de la naturaleza de la cual hace parte.

 

La más antigua de las historias habla de un tiempo en el que las personas solo trabajaban, privadas de celebraciones y de un sentido de comunidad. La comida y la tierra eran abundantes, pero las artes no existían. Dice la historia oral que antes solo existían historias que se contaban de generación en generación y que gradualmente surgió un tiempo en el que las aves cantaron más temprano de lo normal, seduciendo a Šinÿe (el Padre Sol) para que despertara más temprano y brillara plácidamente. El padre sol, incapaz de resistir al clamor de sus criaturas, brilló más temprano. De Tsbatsanamamá (la Madre Tierra) nacieron coloridas flores que atrajeron la atención de aquellos antepasados. Ocupados en labrar la tierra, estos continuaron con su labor, intranquilos, como si algo les faltara y no lo supieran. Un día, el sonido de las aves se asemejó al sonido de las harmónicas, de las flautas y de los tambores. Confundidos, los antepasados indígenas dejaron de labrar y prestaron atención a los sonidos, trataron de imitarlos, pero sus trajes todavía permanecían sucios y desvencijados. Observaron entonces que por el oriente se acercaba un grupo de personas trajeadas con elegantes vestidos, con fajas tan perfectamente diseñadas y con cantos bastante contagiosos. Venían danzando, a veces en círculos, a veces en filas paralelas, e invitando a todos a danzar entonaban: «Tšams Kabunga, tšams bundatë, vida ora, joboijuam», queriendo decir, «puesto que somos de los mismos, estamos unidos, y mientras tengamos vida, danzaremos». Semejante invitación no se hizo esperar y todos empezaron a danzar, compartieron su arte y su música. Bebieron tanta chicha que cuando despertaron nadie recordaba con precisión qué pasó con los visitantes. Lo que sí recordaron fue que aquel sería el más grande de los días, uno que merecía un nombre propio; fue así como lo llamaron Bëtsknaté, que en el idioma Kamëntšá significa «el día grande».

 

La segunda historia fundacional del Bëtsknaté cuenta cómo el Bëtsknaté se denominó Clestrinӱë y cómo se introdujo un ritual, el ritual del perdón aún vigente. Según esta segunda historia, los ancestros de Sibundoy olvidaron cuándo debían danzar y permanecieron alienados por un tiempo, en un sentimiento de malestar comunitario. Un día, por los senderos más frecuentados surgieron hermosas flores violetas que crecían en abundancia. Aquel inusual color de las flores atrajo la atención de unos. Llamándolas Clestrinӱë, estos las arrancaron con cuidado y en el acto unos empezaron a recordar la música y el arte de danzar, pero otros no. Los desmemoriados sintieron vergüenza y sus caras se volvieron tan grisáceas como las nubes antes de un torrencial aguacero. En sus corazones reinaba todavía el sentimiento de vacío. Ante este escenario, los más memoriosos decidieron arrojar pétalos de aquellas flores sobre las cabezas de los olvidadizos de manera que la semilla de la danza y el baile se avivara de nuevo en todos. Con este ritual, dice la historia oral, todos finalmente recordaron cómo danzar, tejer y cantar, y finalmente todos lograron volver a danzar y a estar bien. 

 

A diferencia de la primera historia que enfatiza los orígenes de la danza, la segunda historia fundacional describe un ritual de reconciliación y memoria.18 Al llamar Clestrinӱë al Bëtsknaté, la cultura Kamëntšá revitalizó su sentido de armonía y bienestar. Tal como se entiende en la comunidad, una parte constitutiva del Buen Vivir es la memoria colectiva, su capacidad de recordar y reencontrarse con sus orígenes. Las flores en la danza son un símbolo que expresa la fragilidad de la memoria humana: su crecimiento y muerte simboliza la fragilidad de los recuerdos. Para uno estar bien dentro de la comunidad, necesita que en la danza le tiren flores en la cabeza, como un acto que le recuerde su condición humana.

 

Bien sea que uno enfatice la historia del comienzo de la danza y quiera llamarla Betšknaté o prefiera recordar el origen de un sentido de armonía y perdón colectivo a través del ritual de las flores, la danza del perdón es fundamental en el buen vivir de la comunidad. Vivir bien humanamente para un indígena de estas comunidades colombianas significa entender que el sufrimiento y la alegría, el olvido y la memoria hacen parte de la condición humana, y que hay que celebrarlos.

 

 Con orgullo cuentan hoy los indígenas del Valle de Sibundoy que el baile comienza y termina en el seno de cada familia, desde donde la armonía y el bienestar humano surgen. Cada familia Kamëntšá comienza la danza en su casa, solicitando a sus vecinos y familiares unirse al baile con la misma melodía que solían danzar los ancestros. Danzando, las familias se desplazan al lugar de concentración en la vereda Sagrado Corazón de Jesús, y con el sonido de cuernos, tambores, flautas y harmónicas, todos cantan y bailan.

 

Preside la danza el Matachín, un personaje que representa el sol. Con una máscara roja, símbolo del fuego, el Matachín danza lentamente. Lleva en su mano una campana con la que llama a todos a unirse a la danza. Cubre su cuello con varias vueltas de chaquira combinadas con colmillos de varios animales y en su cabeza descansa una corona llena de plumas y de fajas. Su lentitud hace referencia al tiempo primordial que lentamente queda en el olvido, y su ceremonial traje recuerda lo que es el sol para los antepasados, un símbolo de guía para las cosechas e iluminación para la vida. Inmediatamente después del Matachín danzan los Bandereros, los Yentsayauabinyanayëng, un grupo de doce personas escogidos por los líderes de la comunidad. Con banderas de distintos colores, estos personajes danzan en círculos, deteniéndose a veces para dar bendiciones a todos y a nadie. En seguida danzan los líderes políticos de la comunidad y luego los Sareguayes o Sarawayengä, un pequeño grupo entre cuatro y diez integrantes que representa los colonizadores blancos. Los Sareguayes llevan coronas en forma de trapecio cubiertas con espejos y algodones. Su danza es lenta, como si no supieran cómo bailar. Pavoneándose de trajearse distinto, de llevar pantalón y camisa blanca y una túnica roja, quieren ostentar alcurnia y abolengo. Sus espejos simbolizan las artimañas que los españoles y otros que se han creído españoles han usado para expoliar la tierra de los indígenas.

 

Después de los Saraguayes siguen los Sanjuanëng o San Juanes, los personajes más complejos de la danza que representan todas las formas de destrucción y de sufrimiento. Puesto que encarnan todo tipo de sufrimiento y todas las formas de destrucción, los Sanjuanëng son el único grupo de personas que no baila. Trajeados con pantalones y botas sucias, y cubriendo sus cabezas con unas máscaras negras feas, casi deformes, los Sanjuanes caminan tristemente, con la ayuda de un palo. En la parte superior de su máscara llevan pieles de animales y grandes cestas en la espalda. Su presencia en el baile es testimonio no solo del sufrimiento causado por la conquista europea, sino también porque representan las sanciones del mal comportamiento dentro de la comunidad, como el robo, el olvido y el daño a los demás. En la memoria colectiva del pueblo, se cree que estos personajes siempre han existido, mucho antes de la llegada de los conquistadores españoles, pero que su participación se incrementó con la llegada de los españoles a la región.

 

Participan después de los Sanjuanes un grupo de ancianas bailando alrededor de la imagen de la Virgen María. Cuando se les pregunta sobre el significado de su baile alrededor de la Virgen María, algunas de las ancianas dicen que les recuerda los tiempos en que la gente Kamëntšá solía viajar largas distancias para intercambiar algunos de los productos locales de la Madre Tierra. Después de estos distintos personajes sigue toda la comunidad, hoy conformada por propios y visitantes, todos bailando, cada persona vistiendo tan elegantemente como sea posible. Normalmente, todos los adultos guardan sus mejores prendas para esta ocasión. Inspirados por los hermosos paisajes de la región, los artistas crean cinturones, ruanas, collares, cascabeles y coronas (Barrera, 2015); algunos prefieren ver los colores que vieron nuestros antepasados y se preparan para participar en rituales de curación y purificación, pero esta práctica no es tan recurrente. En ningún otro momento puede uno ver a Kamëntšás preocuparse más por la armonía y el bienestar como humanos.

 

Entendido principalmente como una celebración de las dicotomías recurrentes de la existencia humana, el Bëtsknaté nos permite apreciar nuestras formas no discursivas del bienestar humano, esto es, entender que una parte constitutiva del bienestar humano depende de la armonía que seamos capaces de crear con nuestro entorno. Al comienzo de El Nacimiento de la Tragedia (1872), Friedrich Nietzsche indicó que una parte significativa de la vida humana se pierde cuando las ceremonias y rituales se ven con el ojo crítico de la razón, que ve en ellos nada más que ilusiones o representaciones de festividades. Las palabras de Nietzsche sobre las energías artísticas dionisíacas, impulsos de la naturaleza que los griegos actualizaron en su música y drama, encajan bastante bien en la descripción de Betšknaté. “Bajo el encanto del dionisiaco”, escribe Nietzsche (1967) “no solo se reafirma la unión entre el hombre y el hombre, sino que la naturaleza que se ha alienado, hostil o subyugada, celebra una vez más su reconciliación con su hijo perdido, el hombre”. (p. 37). Ernst Cassirer sugirió que el baile es mimesis, añadiendo que no es una mera representación del mundo externo, sino también de las fuerzas internas del ser humano. Escribió: “Tocar flauta o bailar son, después de todo, nada más que imitaciones; el flautista o el bailarín representan con sus ritmos los sentimientos más íntimos, sus hazañas y sufrimientos”. (Cassirer, 1967, p. 138). Ni Nietzsche ni Cassirer, sin embargo, desarrollaron la noción de baile como una representación de experiencias vitales del buen vivir en comunidad: ellos estaban interesados en señalar que ese aspecto no tan racional a los ojos de los ilustrados tiene un componente vital para el ser humano. Contra Cassirer, el baile indígena es más que una representación de los sentimientos particulares. Es una forma constitutiva de vida, pues nada es más significativo para la vida social de un Kamëntšá o una persona Inga que la participación en el baile: solo en el baile las vibraciones de sus corazones son sintonizadas espontáneamente con el resto de la comunidad y el resto de la existencia. Para un indígena Kamëntšá nada produce mayor bienestar, mayor sentimiento de completitud humana como la participación en un baile colectivo que ritualiza los sentimientos encontrados de alienación y autosuficiencia, de afirmación de la vida y la muerte, de colonización y supervivencia cultural. Para usar el lenguaje de un clásico de la filosofía del arte, John Dewey, el baile Kamëntšá es la forma intensificada de la experiencia colectiva (Dewey, 1934), el resultado de una interacción prolongada y acumulativa dentro de Tsabatsanamamá, la Madre Tierra.

 

Podría objetarse que la descripción anterior es tan idiosincrática que difícilmente serviría para de ella extraerse una idea general sobre el significado del Buen Vivir. Se podría, quizá con razón, suponer que la celebración de un carnaval indígena es solo la expresión de una cultura particular, la significación cualitativa de la cual no debería extrapolarse a otras latitudes ni menos suponerse como ejemplo de teorización sobre el Buen Vivir. En respuesta a una objeción de esta naturaleza consideramos razonable tener en cuenta dos aspectos: primero, si bien es cierto que la experiencia cualitativa de las personas que pertenecen a una cultura no se puede transferir a otras personas, es falso suponer que una manifestación cultural agota su significado en la cultura de la que emerge; si esto fuera así, carecería de sentido apreciar y valorar las manifestaciones artísticas de cualquier otra cultura que no sea la nuestra. Una prueba de que esto no es así es que leemos constantemente en otros idiomas y aprendemos de otras culturas. Segundo, debido a que nuestro interés está precisamente en mostrar otras formas de pensar el Buen Vivir, el ejercicio de comprensión acerca de las formas en la que los pueblos nativos conciben esta noción es una condición necesaria para una sólida discusión filosófica. Lo que logremos comprender sobre el carnaval de la comunidad Kamëntšá es una premisa esencial de nuestra tesis central, según la cual desde Latinoamérica sí hay concepciones significativas sobre lo que significa vivir bien como seres humanos.

 


 

 

Conclusiones

 

Los conceptos de felicidad, bienestar y florecimiento humano presentan un renovado interés tanto teórico como práctico, y es importante indagar cuidadosamente cómo se han pensado desde Latinoamérica.

 

El estudio riguroso de Julio Boltvinik nos muestra la centralidad del concepto de florecimiento humano para comprender de una manera más profunda lo que significa su contraparte, la pobreza humana. La formulación de la noción de florecimiento humano como “lo valioso para el ser humano” (Boltvinik, 2017a, p. 3) implica profundas revisiones de los supuestos teóricos de un conjunto muy amplio y variado de disciplinas que estudian al ser humano en su relación con los otros. Fundamentalmente, busca llamar la atención de la economía y de los instrumentos y conceptos con los que tradicionalmente ha intentado comprender, explicar y combatir la pobreza, obstáculo poderosísimo en el camino hacia el florecimiento de la vida humana. Volver a la filosofía para cimentar de nuevo las bases sobre las cuales deberían apoyarse las ciencias humanas y sociales del siglo XXI es uno de los esfuerzos más notables de la obra del autor mexicano. No obstante, la medición de la pobreza, por más que se base en elementos conceptuales que faciliten su comprensión, es un desafío que por ahora parece exceder los límites de las investigaciones en ciencias sociales.  Por un lado, las intenciones políticas y los intereses de los poderosos han popularizado una práctica que se está sirviendo de las redes sociales para incidir en la opinión pública: manipular la información sobre los hechos y generar islotes de realidad a partir de deformaciones de acontecimientos relevantes. Boltvinik (2017b) hace referencia a este fenómeno aludiendo a las implicaciones políticas que pudieron generar las variaciones en la medición de la pobreza en México durante la campaña electoral que llevó a AMLO a la presidencia de la República. Por otro lado, la mirada amplia de este fenómeno haría sumamente compleja esta tarea de cuantificación. La esfera del florecimiento humano refleja la presencia de fuentes de satisfacción que difícilmente se podrían representar a través de índices, porcentajes o tasas, pues, por su naturaleza, hacen parte de sensaciones, experiencias y emociones que no suceden en el espacio de lo medible. A pesar de que este no es un obstáculo insalvable, cuesta imaginar la operatividad real de una medición cuali-cuantitativa de la pobreza.

 

La noción de Sumak Kawsay nos recuerda la profundidad de las filosofías nativas de los Andes latinoamericanos y su fuerza para enseñarnos a vivir bien, a llevar una vida en plenitud. Al mismo tiempo, nos muestra que la inquietud por responder a preguntas vitales como ¿qué es una buena vida?, puede encontrarse en muchas y muy diversas latitudes y tiempos. Contrario a lo que expresan quienes afirman que esa preocupación es propia de la cultura moderna y una imposición artificial del capitalismo, el breve ejercicio de filosofía comparada que presentamos en este trabajo nos muestra que esta inquietud no es exclusiva de una cultura ni, mucho menos, de un tiempo. Si bien es cierto que ha sido usada, como muchas otras cosas, por el capitalismo, parece connatural a los seres humanos. La respuesta de los pueblos andinos se conecta en más de un sentido con la noción de Eudaimonia aristotélica, pero va más allá, vinculando no solo a los seres humanos sino a la tierra misma dentro de la idea del florecimiento. Por este motivo es una poderosa propuesta política que se presenta como alternativa a propuestas desarrollistas (Ibáñez y Aguirre, 2013).

 

Finalmente, el Betšknaté o Carnaval del Perdón de los Kamëntšá es una muestra de cómo se vive y se celebra ese buen vivir en comunidad, como una forma intensificada de experiencia comunitaria. La experiencia comunitaria incluye una conmemoración de aquellas experiencias significativas que se han cristalizado a través del tiempo y del espacio y que configuran un sentido de orientación en el presente. No se trata simplemente de una atávica celebración. Se trata de una manera explícita a través de la cual una comunidad del presente expresa la humana necesidad de vivir bien con otros humanos y con la naturaleza en general. Adicionalmente, el Betšknaté es un claro ejemplo de que la preocupación por cómo vivir bien no necesariamente ha sido teórica, entendiendo teoría en el sentido usado por Aristóteles, como una reflexión contemplativa de aquello que es eterno. La preocupación por el buen vivir también se ha manifestado de una forma no discursiva, de una forma vital, existencial, en una danza comunitaria en donde vivir bien es vivir en armonía con el pasado, con el presente y con una promesa de un porvenir en el que el ser humano pueda entenderse en equilibrio con la naturaleza.

 


 

 

Potencial conflicto de intereses

 

Los autores declaran no tener ningún conflicto de intereses.

 


 

 

Referencias

 

Anscombe, E. (2006). Filosofía Moral Moderna. En M. Platts (Ed), Conceptos éticos fundamentales (pp. 27-53). Ciudad de México, México: Universidad Nacional Autónoma de México.

 

Annas, J. (2011). Intelligent Virtue. New York: Oxford University Press.

 

Aristóteles. (2014). Ética a Nicómaco. Madrid, España: Editorial Gredos.

 

Barrera, G. S. (2015). Autonomía Artesanal: Creaciones y Resistencias del pueblo Kamsá. Bogotá, Colombia: Pontificia Universidad Javeriana.

 

Blanchflower, D. G. (2008). Happiness Economics. NBER Reporter Online, (2), 7-10.

 

Boltvinik, J. (1992). El método de medición integrada de la pobreza. Una propuesta para su desarrollo. Comercio exterior, 42 (4), 353-365.

 

Boltvinik, J. (2005a). Ampliar la mirada. Un nuevo enfoque de la pobreza y el florecimiento humano. Guadalajara, México: Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social-Occidente.

 

Boltvinik, J. (2005b). Ampliar la mirada. Un nuevo enfoque de la pobreza y el florecimiento humano.  Papeles de Población, 11 (44), 9-42.

 

Boltvinik, J. (2007a). Elementos para la crítica de la economía política de la pobreza. Desacatos, 23, 53-86.

 

Boltvinik. J. (2007b). Presentación: De la pobreza al florecimiento humano ¿teoría crítica o utopía? Desacatos, 23, 13-52.

 

Boltvinik, J. (2003). Florecimiento humano, pobreza y política de población. La necesidad de ampliar la mirada. Demos, 6-8.

 

 Boltvinik. J. (2017a). Economía moral. Recuperado de Link

 

Boltvinik. J.  (2017b). Economía moral. Recuperado de Link.

 

Bonilla, V. D. (2019). Siervos de Dios y Amos de indios: el Estado y la Misión Capuchina en el Putumayo. Popayán, Colombia: Universidad del Cauca.

 

Bristol, M. L. (1965). Sibundoy Ethnobotany (PhD thesis). Harvard University, Cambridge, United States.

 

Cassirer, E. (1967). An Essay on Man. New Haven: Yale University Press.

 

Choquehuaca, D. (2009). “Sumak Kawsay - el Buen Vivir”. Conferencia del Canciller David Choquehuaca sobre el Vivir Bien en Quito. En Vivir Bien. La Paz, Bolivia: Ministerio de relaciones interiores. 

 

Choquehuaca, D. (2011). Bolivia: hacia la reconstrucción del buen vivir. Recuperado de https://www.servindi.org.

 

Cuestas-Caza, J. (2017). Sumak Kawsay: el Buen Vivir antes de ser Buen Vivir. Recuperado de file:///Users/diana/Downloads/PonenciaSumakKawsaySevilla2017%20(1).pdf

 

Dávalos, P. (2008). Reflexiones sobre el sumak kawsay (el buen vivir) y las teorías del desarrollo. Recuperado de https://www.alainet.org/es/active/25617.

 

Dewey, J. (1934). Art as Experience. New York: Penguin Group.

 

Escobar, A. (2014). Sentipensar con la tierra. Nuevas lecturas sobre desarrollo, territorio y diferencia. Medellín, Colombia: Ediciones Anaula.

 

Estermann, J. (1998). Filosofía Andina. Estudio intercultural de la sabiduría autóctona andina. Quito, Ecuador: Ediciones Abya-Yala.

 

Garzón, O. A. (2004). Rezar, Cantar, Soplar: Etnografía de una Lengua Ritual. Quito, Ecuador: Ediciones Ayba-Yala.

 

Graham C. (2008) Happiness, Economics of. In: Palgrave Macmillan (eds) The New Palgrave Dictionary of Economics. Palgrave Macmillan, London.

 

Graham, C. (2005). The Economics of Happiness: Insights on Globalization from a Novel Approach. World Economics, 6(3), 41-58.

 

Gudynas, E. (2009). El mandato ecológico. Derechos de la naturaleza y políticas ambientales en la nueva Constitución. Quito, Ecuador: Ediciones Abya-Yala. 

 

Guerrero, P. (2012). Corazonar desde el calor de las sabidurías insurgentes, la frialdad de la teoría y la metodología. Recuperado de Link

 

Hobbes, T. (1994). El Leviatán. Barcelona, España: Ediciones Altaya.

 

Houtart, F. (2011). El concepto de sumak kawsay (buen vivir) y su correspondencia con el bien común de la humanidad. En: Ecuador Debate. Quito, Ecuador: Editorial CAAP.

 

Huanacuni, F. (2015). Sumak Kawsay: el Buen Vivir y sus 13 principios. Recuperado de: Link.

 

Hursthouse, R. (1999). On Virtue Ethics. New York: Oxford University Press.

 

Ibáñez, A. y Aguirre, N. (2013). Buen vivir, Vivir bien: una utopía en proceso de construcción. Colección Primeros pasos. Bogotá, Colombia: Ediciones desde abajo.

 

Jamioy, H. (2010). Bínÿbe oboyejuayëng: Danzantes del Viento. Bogotá, Colombia: Ministerio de Cultura.

 

Juajibioy, A. (2008).  Lenguaje Ceremonial y Narraciones Tradicionales de la Cultura Kamëntšá. Ciudad de México, México: Fondo de Cultura Económica.

 

Locke, J. (1997). Dos ensayos sobre el gobierno civil. Barcelona, España: Espasa libros.

 

MacIntyre, A. (2001). Tras la virtud. Barcelona, España: Editorial Crítica.

 

Marx, K. (1980) Manuscritos de economía y filosofía. Madrid, España: Alianza Editorial.

 

Nussbaum, M. (1996). Virtudes no relativas: un enfoque aristotélico. En M.C. Nussbaum y A. Sen (Comp.), La Calidad de Vida. Ciudad de México, México: Fondo de Cultura Económica.

 

Nussbaum, M. (2002). Las mujeres y el desarrollo humano. Barcelona, España: Herder.

 

Nussbaum, M. (2012). Crear capacidades: propuesta para el desarrollo humano. Barcelona, España: Ed. Paidós Ibérica.

 

Nietzsche, F. (1967). The Birth of Tragedy. New York: Vintage Books.

 

Nietzsche, F. (2011). Así habló Zaratustra. Madrid, España: Alianza Editorial.

 

Quirola, D. (2009). “Sumak Kawsay. Hacia un nuevo pacto

social en armonía con la Naturaleza”, en El Buen Vivir: una vía para el desarrollo. Quito, Ecuador: Ediciones Abya-Yala.

 

Ricoeur, P. (1996). Sí mismo como otro. Ciudad de México, Mexico: Siglo XXI.

 

Rivadeneira, G. (2013). El Sumak Kawsay en Sumpa, Santa Elena. Recuperado de Link.

 

Seijas, H. (1969). The Medical System of the Sibundoy Indians of Colombia (PhD thesis). Tulane University, New Orleans, United States.

 

Sosa, E. (1992). Conocimiento y virtud intelectual. Ciudad de Mexico, Mexico: Fondo de Cultura Económica.

 

Taylor, C. (1989). Sources of the Self: The Making of the Modern Identity. Cambridge: Cambridge University Press.

 

Zagzebski, L. (2017). Exemplarist Moral Theory. New York: Oxford University Press.

 


 

 

* Este texto es resultado del proyecto de investigación inscrito en la Vicerrectoría de Investigaciones y Posgrados de la Universidad de Caldas bajo el título Estudio sobre los conceptos de felicidad, bienestar y florecimiento humano en Latinoamérica (código 1324016). El proyecto fue aprobado el 9 de agosto de 2016, se encuentra vigente y está inscrito en el grupo de investigación Tántalo, categoría A en Colciencias. Es liderado por la profesora Diana Hoyos Valdés.

** Universidad de Caldas. Manizales, Colombia: E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. ORCID: 0000-0002-3940-7567. Google Scholar

*** Universidad de Caldas. Manizales, Colombia. E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ORCID: 0000-0003-1165-0933. Google Scholar

**** Universidad de Caldas. Manizales, Colombia. E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. ORCID: 0000-0002-6807-9339.  Google Scholar

 

1 Si bien en la literatura especializada hay una distinción entre estos términos, la preocupación central acá no es entrar en este debate. Brevemente, algunos estudiosos sugieren que el término felicidad puede interpretarse de una manera más superficial, porque suele denotar un estado subjetivo que no necesariamente se corresponde con las condiciones objetivas de vida del sujeto que lo siente. Por su parte, se dice que bienestar puede referirse más a las condiciones objetivas del sujeto, aunque este no siempre las perciba ni las disfrute, mientras que la expresión florecimiento humano puede ser más completa y denotar algo más profundo, en la medida en que se refiere tanto a condiciones objetivas como subjetivas. Esta noción evoca la imagen de una planta que se encuentra en buenas condiciones y florece como consecuencia. El ser humano, se dice bajo esta acepción, florece cuando puede desarrollar al máximo sus potencialidades. En este texto buscamos ver cómo estas nociones han sido pensadas desde Latinoamérica y de qué manera no son equivalentes.

2 Para lo primero, de acuerdo con Sosa (1992), debemos cultivar nuestras virtudes intelectuales; para lo segundo, de acuerdo con Anscombe (1958), Hursthouse (1999) y Annas (2011), entre otras, debemos cultivar nuestras virtudes morales.

3 El Reporte Mundial de la Felicidad (http://worldhappiness.report/), por ejemplo, está enmarcado en este enfoque.

4 Siguiendo el caso de Bután, donde se creó y aplicó el concepto de Gross National Happiness (GNH) (cuya traducción podría ser Felicidad Interna Bruta, por oposición a la idea de Producto Interno Bruto), en 2011 la ONU aprobó la Resolución 65/309 que incluye a la felicidad en la agenda del desarrollo global. Esta política de la ONU ha promovido investigaciones interdisciplinares que indagan qué tan felices son los países; cfr.: http://worldhappiness.report/; http://happyplanetindex.org.

5 Como se verá en este apartado, Boltvinik no discute sobre la noción de felicidad, sino sobre las nociones de bienestar y florecimiento humano, las cuales aunque relacionadas no son equivalentes.

6 Es importante distinguir entre «fuentes de bienestar» -recursos, tiempo, conocimientos, habilidades, relaciones y actividades- de «bienestar» utilizado en términos amplios. Este concepto sintetiza la propuesta de Boltvinik, pues implica la cuantificación y cualificación de necesidades y de capacidades, tanto en el eje del nivel de vida como en el eje del florecimiento humano.

7 Existe un interesante debate acerca de la traducción de estas nociones. Si bien de acuerdo con la mayoría de autores consultados (Dávalos, 2008; Choquehuanca, 2009; Houtart, 2017) esta traducción es más o menos adecuada, otros (Cuestas-Caza, 2017) afiman que Sumak Kawsay y Suma Qamaña solo deberían traducirse como Vida en Plenitud, ya que la noción de Buen Vivir hace parte de una tradición filosófica larga que podría incluso rastrearse hasta los clásicos y que incluye otros elementos como el ecofeminismo o la ecología profunda, por lo que no refleja plenamente la noción andina. Agradecemos a una de las personas que evaluó este trabajo por señalarnos este debate. Si bien comprendemos los argumentos para distinguir entre las nociones de Vida en Plenitud y Buen Vivir, consideramos que la noción regulativa de Vida en Plenitud también apunta a la idea de buscar la forma de vivir bien, estar bien… que estamos explorando. Por lo anterior, conservaremos la traducción de Buen Vivir.      

8 De acuerdo con  Houtart (2011) “existen nociones similares en otros pueblos indígenas, como los Mapuche (Chile), los Guaranís de Bolivia y Paraguay, que hablan de Ñande Riko (vida armoniosa) y de Tiko Kavi (vida buena) los Achuar (Amazonía ecuatoriana) citados por Eduardo Gudynas (2011), pero también en la tradición Maya (Guatemala), en el Chiapas (México), entre los Kunas (Panamá), etc. Así, el pueblo Tseltal habla de Lekil Kuxlejal...” (https://www.alainet.org/es/active/47004).

9 Él menciona lo que se ha llamado Proceso de Comunidades Negras (PCN) (Escobar, 2014, p. 64). 

10 Es importante aclarar que el concepto de eudaimonia hace parte del locus propio de la filosofía clásica griega, por lo que otros autores de la época también lo trabajaron. Entre ellos cabe destacar a Platón, por ejemplo, quien en La República responde a la pregunta acerca de qué es la justicia, afirmando que en el individuo es el equilibrio de las tres partes del alma (vegetativa, sensitiva y racional), y en la Polis es el equilibrio de las partes de la misma cuyos miembros obedecen a esas partes del alma (artesanos, soldados y gobernantes). De acuerdo con Platón, un alma y una ciudad equilibrada son virtuosas, y la virtud de la justicia es necesaria para la eudaimonia. Dados los propósitos y los límites de este artículo, sin embargo, hemos decidido centrarnos en el tratamiento aristotélico del concepto. 

11 En Aristóteles esas condiciones objetivas son la salud, la riqueza, una buena disposición corporal, familia, amigos y una buena comunidad (EN, Libros I, VIII, IX. La política). Este planteamiento es el que retoma Martha Nussbaum (2002, 2012) para plantear su propuesta de las capacidades humanas. La sensibilidad en torno a las condiciones objetivas de este florecimiento se ha convertido en parte de la política pública de Ecuador (2008) y Bolivia (2009).

12 Por oposición al concepto “vivir mejor” que remite a una idea de tener más cada día para estar y ser mejor (Choquehuanca, 2010).

13 Por esto la constitución de Bolivia, que adoptó como central en su formulación estos conceptos en el año de 2009, reconoce la naturaleza como ente de derechos. Ver https://www.oas.org/dil/esp/Constitucion_Bolivia.pdf . Según Pablo Dávalos, la idea de Sumak Kawsay trata de “una reintegración de la naturaleza en la historia, como inherente al ser social” (como se citó en Gudynas, 2011, p. 6).

14 Una excepción notable podría ser Nietzsche, 2011.

15 Aunque para ser virtuoso cuenta la motivación y esta se expresa como “tener razones para actuar” (Zagzebski, 2017), de acuerdo con Aristóteles las emociones pertenecen a la parte irracional del alma que puede escuchar a la razón y obedecerla como a un padre (Aristóteles, 2014, p. 50-51).

16 Conviene precisar aquí que para los pueblos indígenas del Valle de Sibundoy la idea de Buen Vivir o Vivir Bien se asemeja más en algunos rasgos a la idea del florecimiento humano (en concordancia con lo que vimos en el apartado anterior), y menos a las nociones de bienestar y felicidad. No es que el bienestar material o la felicidad se descarten, sino que pueden resultar insuficientes para caracterizar el sentido de lo que significa vivir bien para estos pueblos.

17 Foráneos que han visitado el Valle de Sibundoy han caracterizado esta danza tangencialmente, algunos asociándolo con la fiesta del Corpus Christi y otros con alguna festividad agrícola que denuncia el colonialismo (Bristol, 1962). Omar Garzón Chivirrí, un etnolingüista ecuatoriano, sostuvo que esta danza es una fiesta de perdón que marca el nuevo año para los indígenas de la región y que se puede interpretar como una crítica al colonialismo (Garzón, 2004, p. 25).  El registro de la herencia colonial española del Valle de Sibundoy es 1535; no obstante, la forma más aguda de colonización es de principios del siglo pasado. Para una documentada historia del colonialismo en el Valle de Sibundoy véase Bonilla (2019). 

18 Este cambio es interesante porque sugiere que la danza ha vitalizado la cultura desde tiempos inmemoriales. En el idioma Kamëntšá los sufijos juegan un papel fundamental en el sentido y significado de los sustantivos. La palabra Clestrinӱë contiene el morfema inӱë que connota despertar, claridad, iluminación y armonía. Inӱë está presente en palabras como bominӱë (ojos) Šinӱë, (Sol), ninӱë, (leña), y binӱë (viento). Viento tiene un significado más metafísico en la cultura Kamëntšá, pues la expresion binӱë wasjanjaná, que literalmente significa estar golpeado por un mal viento, implica que una persona está metafísicamente enferma, es decir en un estado de alienación por las fuerzas de la naturaleza. Con respecto a viento ver Jamioy (2010). Para un detallado análisis de los discursos rituales véase Juajibioy (2008). Para un estudio detallado de enfermedades metafísicas en relación con el viento véase Seijas (1969).

 

 


 

 

Para citar este artículo: Hoyos, D., Chindoy, J. A. y Maya, M. A. (2020). Aproximaciones a los conceptos de felicidad, bienestar y florecimiento humano en Latinoamérica. Revista Luna Azul, 50, 66-83. Doi: 10.17151/luaz.2020.50.4

 


 

Esta obra está bajo una Licencia de Creative Commons Reconocimiento CC BY 

 

Licencia de Creative Commons

 

Código QR del artículo

Estrategias para el fortalecimiento de la sostenibilidad ambiental (con enfoque agropecuario) y la seguridad alimentaria de la vereda Huerta Grande del municipio de Boyacá

 

Lorena Cuellar Higuera1Lizeth Manuela AvellanedaTorres2

 

Recibido: 06 octubre 2018 Aceptado: 17 diciembre 2019 Actualizado: 19 diciembre 2019

 

DOI: 10.17151/luaz.2020.50.5

 

RESUMEN

 

La sostenibilidad ambiental relacionada con el sector agropecuario y la seguridad alimentaria son temas relevantes en Colombia y particularmente en el departamento de Boyacá. Objetivo. Proponer estrategias para el fortalecimiento de la sostenibilidad agropecuaria y seguridad alimentaria de la vereda Huerta Grande del municipio de Boyacá. Materiales y Métodos. Se usaron  herramientas de investigación rural participativa, se analizó como caso tipo las prácticas agrícolas de la vereda Huerta Grande del municipio de Boyacá (Boyacá) desde una perspectiva ecosistémica y cultural. Se identificaron y caracterizaron las principales problemáticas en torno a la sostenibilidad agropecuaria y la seguridad alimentaria y se plantearon alternativas para su fortalecimiento en el corto, mediano y largo plazo. Resultados y Conclusión. La comunidad de la vereda Huerta Grande considera que las dos alternativas más viables para solucionar la problemática de esta investigación son la implementación de abonos orgánicos y huertas caceras.

 

Palabras clave: agricultura sostenible, conflicto ambiental rural, monocultivos, soberanía alimentaria.

 

 

Strategies for strengthening environmental sustainability (with an agricultural focus) and food security in the vereda Huerta Grande of the municipality of Boyacá

 

ABSTRACT

 

Environmental sustainability related to the agricultural sector and food security are relevant issues in Colombia and particularly in the department of Boyacá. Objective. Propose strategies to strengthen the agricultural sustainability and food security of the Huerta Grande village of the municipality of Boyacá. Materials and methods. Participatory rural research tools were used; the agricultural practices of the Huerta Grande village of the municipality of Boyacá (Boyacá) were analyzed as a type case from an ecosystemic and cultural perspective. The main problems around agricultural sustainability and food security were identified and characterized and alternatives were proposed for their strengthening in the short, medium and long term. Results and Conclusion. The community of the Huerta Grande village considers that the two most viable alternatives to solve the problems of this research are the implementation of organic fertilizers and home gardens.

Key words: sustainable agriculture, rural environmental conflict, monoculture, food sovereignty

 


 

 

Introducción

 

La agricultura es importante para el desarrollo económico de Colombia, ya que gran parte del territorio está conformado por zonas rurales. Según el DANE (2013), en el año 2012 en las áreas rurales del país vivían 12 millones de personas (26% de la población nacional) (Junguito, Perfetti y Becerra, 2014), allí el principal sustento para la población es la agricultura. Esta práctica es llevada a cabo de manera convencional en muchos lugares del país, es decir, se desarrolla bajo modelos de Revolución Verde con combinación de prácticas campesinas en diferentes niveles. Entre los aspectos más relevantes de la Revolución Verde está la aplicación de agroquímicos (fertilizantes de síntesis química y plaguicidas), monocultivo, abundante irrigación, mecanización excesiva y modificación genética de los cultivos (Altieri, 1999). Las principales problemáticas ambientales que genera la agricultura bajo modelos de Revolución Verde son la contaminación por metales pesados, emisiones de gases de efecto invernadero, eutrofización y degradación del suelo (Kabata - Pendias, 2004).

 

Otro factor que se ve afectado por el desarrollo de la agricultura bajo estos modelos es la seguridad alimentaria debido a que se disminuye la diversidad de alimientos a los que la población tiene acceso por la  intensificación del monocultivo, poniendo en riesgo las pautas establecidas en el Plan Nacional De Seguridad Alimentaria y Nutricional (PNSAN) 2012-2019, en el cual se acordó que toda persona debe tener acceso a una alta variedad de alimentos como: cereales, frutas, vegetales, hortalizas y tubérculos para contar con una nutrición adecuada (MADR et al., 2012).

 

El cultivo de papa en Colombia es una actividad que realizan más de 90.000 familias rurales colombianas que siembran alrededor de 130.000 ha, ubicadas en un 89% en los departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Cauca, Nariño y Antioquia los cuales concentran más del 85% de la producción (Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario - FINAGRO, 2019). En la vereda Huerta Grande el sustento de la mayor parte de los habitantes es el monocultivo de papa bajo un modelo de Revolución Verde lo que implica que se pongan en riesgo dos factores de gran importancia para la comunidad como lo son la sostenibilidad ambiental y la seguridad alimentaria.

Desde la agroecología que propone una visión de contexto,  es necesario abordar dinámicas participativas y  partir de sus resultados para generar investigaciones, transformaciones y cambios que respondan directamente a los intereses de los propios agricultores, allí la actividad investigativa deja de estar solo en manos del investigador para dar paso a la realización de actividades conjuntas entre  investigador y agricultores y al diseño participativo de acciones productivas y de cambio social (Sevilla, 2004).  De igual forma es pertinente resaltar que las  metodologías participativas garantizan mayor receptividad al cambio ya que los agricultores participarán activamente de soluciones propuestas por ellos mismos.

 

Así, esta investigación tuvo como objetivo principal proponer estrategias para el fortalecimiento de la sostenibilidad agropecuaria y seguridad alimentaria. Para dar cumplimiento a este objetivo, se plantearon como objetivos específicos los siguientes: i) caracterizar las prácticas agrícolas desarrolladas en la vereda Huerta Grande desde una perspectiva ecosistémica y cultural, ii) identificar los puntos críticos que generan vulnerabilidad para la sostenibilidad ambiental y seguridad alimentaria y iii) plantear estrategias para el mejoramiento de la sostenibilidad ambiental y seguridad alimentaria.

 


 

 

 

Metodología

 

Para la construcción de estrategias para el fortalecimiento de la sostenibilidad agropecuaria y la seguridad alimentaria en la vereda Huerta Grande del municipio de Boyacá, departamento de Boyacá, se implementaron herramientas del diagnóstico rural participativo que permiten que las comunidades realicen su diagnóstico e inicien su proceso de planificación y desarrollo de manera colectiva (Verdejo, 2003).

 

Se aplicaron de manera transversal herramientas como la observación participante y las entrevistas semi-estructuradas que permitieron comprender la perspectiva de la comunidad frente a estas temáticas (para lo cual se acordó con la comunidad revelar sus opiniones más no sus identidades), las cuales aportaron a la construcción de los tres objetivos específicos. Para el primer objetivo, las entrevistas semi-estructuradas se centraron en aspectos ecosistémicos relacionados con fuentes hídricas, condiciones climáticas, características del suelo, especies de flora y fauna y aspectos culturales relacionados con el nivel educativo, las principales actividades económicas y los principales cultivos, debido a que según (Altieri, 1999) para evaluar la sostenibilidad de un agroecosistema se deben tener en cuenta estos factores. También realizamos un corte transversal donde se identificaron las principales actividades desarrolladas y un calendario agrícola donde se identificó la disponibilidad de alimentos a lo largo del año, identificando las principales características de las prácticas agrícolas desde una perspectiva ecosistémica y cultural.

 

Para el segundo objetivo se realizaron preguntas enfocadas en identificar las principales problemáticas a causa de la agricultura desarrollada en la zona bajo modelos convencionales, así como lo impactos en cuanto a seguridad alimentaria. En más detalle, además se realizaron árboles de problemas, en los cuales se analizaron las principales problemáticas en cuanto a sostenibilidad agropecuaria y seguridad alimentaria. En estos se ubicaron las principales causas en las raíces, la problemática central en el tronco y las consecuencias potenciales en las hojas. Adicionalmente, para evaluar las condiciones de seguridad alimentaria se implementaron 57 cuestionarios estructurados, para evaluar los indicadores propuestos por la FAO (2015), en las cuales se analizaron aspectos de disponibilidad y acceso a los alimentos y se realizó un recordatorio dietario el cual permitió establecer los principales alimentos consumidos por la comunidad y se evaluó la frecuencia de consumo de alimentos, en la cual se estableció la periodicidad con la que consumen ciertos alimentos como: lácteos, frutas y verduras, carne, pollo y pescado, los cuales son parte fundamental para una adecuada alimentación.

 

Para el tercer objetivo específico se preguntó acerca de las alternativas para el mejoramiento de la sostenibilidad ambiental en el componente agropecuario así como alternativas para mejorar las condiciones de seguridad alimentaria. Adicionalmente, desarrollamos dos escenarios de alternativas donde se evaluaron las soluciones propuestas por la comunidad, identificando ventajas y desventajas de cada una de las alternativas propuestas, adicionalmente se estableció el tiempo en el cual se pueden implementar estas estrategias y así se determinaron las más viables para la comunidad.

 


 

 

Resultados y análisis

 

Características ecosistémicas y culturales

 

La vereda Huerta Grande se encuentra ubicada en el municipio de Boyacá (departamento Boyacá) entre las coordenadas geográficas 5°25'43.42"N-73°24'54.05"W, 5°25'31.73"N-73°24'39.02"W, 5°25'45.74"N-73°24'29.98"W y 5°25'59.93"N-73°24'43.89"W, a una altura promedio de 2698 msnm. Su temperatura varía desde los 13°C a los 16°C. El municipio de Boyacá se encuentra ubicado en la Cordillera Oriental de los Andes colombianos, por lo cual posee un conjunto de elementos topográficos constantes, así como montañas que varían entre los 2.200 y 2.900 m.s.n.m. (Plan de Desarrollo Municipal, 2016-2019).

 

A partir de las entrevistas semi-estructuradas se identificaron las siguientes fuentes hídricas: Quebrada Gira Lucia, quebrada El Colorado, quebrada Chiquita, quebrada La Rosa, quebrada Agua Monte, quebrada Palo de Hacha y los nacimientos Agua Blanca y Bellavista. De las quebradas identificadas por la comunidad únicamente la quebrada Palo de Hacha hace parte de las microcuencas de la vereda y solamente se tiene identificado el nacimiento Agua Blanca como parte de los nacimientos de la vereda (esquema de ordenamiento territorial del municipio de Boyacá, 2002), lo que implica que la comunidad no reconoce los límites geográficos de la vereda, a causa de que la comunidad tiene una visión más amplia del territorio que solo su vereda.

 

Cabe resaltar que los habitantes consideran que las quebradas “son pequeñas y se secan cada nada” (Entrevistado 6, comunicación personal, abril de 2017) y que “solo tienen agua cuando llueve” (Entrevistado 21, comunicación personal, abril de 2017). El uso que se le da al agua de las quebradas es para “el riego de cultivos y para sustento del ganado” (Entrevistado 12, comunicación personal, abril de 2017) y afirman que en ocasiones  “trancan las quebradas para regar los cultivos” (Entrevistado 5, comunicación personal, abril de 2017); asimismo, la red de distribución de agua que surte  a la población de la vereda Huerta Grande únicamente brinda este servicio cada tercer día por lo que las familias se ven seriamente afectadas por la falta de disponibilidad de agua para el consumo,   esto concuerda con lo expuesto por la FAO (2013) que indica que la agricultura es uno de los sectores económicos en el que la escasez del agua tiene alta relevancia, encontrándose que en la actualidad la agricultura es responsable del 70% de las extracciones de agua dulce y de más del 90% de su uso exhaustivo. Sin embargo, cabe resaltar que la agricultura realizada en la vereda Huerta Grande se da a pequeña escala y, a percepción de la comunidad, “nunca se padece por agua” (Entrevistado 6, comunicación personal, abril de 2017)

La comunidad identificó las especies de flora (nativas y foráneas) y fauna presentes como: Tuno (Opuntia ficus-indica), Encenillo (Weinmannia tormentosa), Arrayan (Myrianthes sp), Sauco (Sambucus nigrans), Mulato (Bursera simaruba), Mortiño (Hesperomeles goudotiana), Pino (Pinus sp), Borrachero (Weinmannia tormentosa), Eucalipto (Eucalyptus), Acacia (Robinia pseudoacacia), Ocal, Perdiz (Alectoris rufa), Siote, Copeton, Zorro (Vulpes vulpes), Armadillo (Dasypodidae) y Jara, todas estas especies de flora y fauna están oficialmente reconocidas por el Instituto Colombiano Alexander Von Humboldt (2018) y el Plan de Desarrollo Municipal (2016-2019) reconoce su presencia en el municipio de Boyacá. No obstante, la comunidad asegura que “en el municipio hay muy pocos árboles nativos por que los han talado y en cuestión de animales también muy pocos porque en un tiempo los cazaban” (Entrevistado 23, comunicación personal, abril de 2017), lo que ha generado que el número de especies nativas de flora y fauna haya disminuido significativamente.

 

Acerca de la calidad del aire la comunidad afirma que “es muy buena” (Entrevistado 28, comunicación personal, abril de 2017), sin embargo “a veces se ve afectada por la quema de basuras y por el uso de productos químicos usados en la agricultura” (Entrevistado 14, comunicación personal, abril de 2017); adicionalmente consideran que  “hay más contaminación que antes por los químicos y sus empaques que no se desechan correctamente” (Entrevistado 1, comunicación personal, abril de 2017),  esto concuerda con lo expuesto por Snyder et al. (2007) quien afirma que la agricultura convencional es vista como un gran contribuyente a las emisiones de gases de efecto invernadero, donde la principal causa son los fertilizantes nitrogenados utilizados en agricultura.

 

El 100% de la comunidad participante considera que el clima es “frio”; no obstante, aseguran “que la temperatura ha aumentado levemente con el tiempo y que los periodos secos y húmedos han aumentado su duración” (Entrevistados 2 y 23, comunicación personal, abril de 2017). Respecto al suelo consideran que se caracterizan por ser “tierra negra con alto contenido de materia orgánica” (Entrevistado 5, 23 y 25, comunicación personal, abril de 2016), “aptos para cultivar” (Entrevistado 26, comunicación personal, abril de 2017), esto concuerda con lo expuesto por Álvarez, Álvares, Steinbach, Salas y Grigera (2002) quien afirma que la materia orgánica es considerada como uno de los factores fundamentales de la fertilidad de los suelos.

 

La vereda Huerta Grande es la vereda más grande del municipio con una extensión de 12.33 Km2. Para el año 2016 contaba con un total de 1524 habitantes y 1578 predios. Adicionalmente cuenta con la Institución Tecnológica San Isidro que ofrece educación primaria, secundaria y los estudiantes se gradúan con un técnico en proyectos agrícolas. Actualmente se encuentran en funcionamiento tres jardines de Bienestar Familiar, los cuales atienden a 11 niños cada uno. Por otro lado, no se cuenta con centro de salud.

 

En cuanto al nivel educativo, el 71,43% de la población solo han cursado parte de la primaria, el 8,57% logró acceder a la educación secundaria y tan solo el 2,86% accedió a la educación superior. Esta cifra es alta en comparación con el analfabetismo en la población de la zona rural del país mayor de 15 años que es del 12,5%, y con el promedio nacional que es de 3,3%. Mientras que la tasa de permanencia en el sistema educativo en las zonas rurales es tan solo del 48%, en las zonas urbanas es del 82 % a nivel nacional (MEN, 2013).

 

El 65.7% de la comunidad reconoce que la agricultura es la principal actividad económica. La cual ha sido la principal fuerza que impulsa el desarrollo y la transformación de los territorios rurales (Perfetti, Balcázar, Hernández y Leibovich, 2013); esta cifra concuerda con lo expuesto por el DANE (2018) que expone que para el primer trimestre del año 2018 la población con empleo de los centros poblados y rural disperso fue 4,7 millones de personas, de las cuales el 64,4% se dedica a actividades de agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca. Adicionalmente concuerda con lo expuesto por Giraldo (2014) donde la población afirma  que en las zonas rurales de la localidad de Sumpaz la mayor fuente de ingresos lo constituye el trabajo por fuera (jornal), en labores de agricultura, en cultivos de papa.

 

Sumado a lo anterior, por medio del corte transversal (figura 1) se identificaron las características de las prácticas agrícolas desarrolladas. La mayoría de cultivos se desarrollan bajo monocultivo que comprende extensiones de tierra desde 0.5 ha hasta 1.5 ha. Sin embargo, se evidencia implementación de policultivo en extensiones de tierra más reducidas, estos cultivos son para el sustento de las familias, ya que según la comunidad para los cultivos que tienen como finalidad ser comercializados no resulta rentable hacer combinación de productos, debido a que se presentan pérdidas económicas pues “no todos los cultivos tardan el mismo tiempo en estar listos para cosechar” (Entrevistado 36, comunicación personal, diciembre de 2017),  los agricultores afirman que “si se siembra papa con arveja, al momento de sacar la papa la arveja se ve afectada ya que la arveja se demora aproximadamente un mes más que la papa y es ahí donde se pierde la plata” (Entrevistado 41, comunicación personal, diciembre 2017), esto es contradictorio con lo que afirma Norman (1977) quien dice que la rentabilidad económica neta de los policultivos es mayor que la de los monocultivos que crecen en áreas equivalentes. Se evidenciaron prácticas de ganadería de baja intensidad, la cual tiene como fin la producción de leche y carne. Se ordeña dos veces al día, de las cuales se obtiene en promedio de 5 a 7 litros/vaca/día, lo cual les aporta un ingreso de $750/litro; asimismo, el ganado es usado para la producción de carne, la cual se efectúa mediante un intermediario que se acerca a la vereda a realizar la compra del ganado, el cual tiene un valor de $80.000/arroba.

 

 

 

Haga clic sobre la imagen para ampliarla

 

Figura 1. Corte transversal vereda Huerta Grande. Diagrama descriptivo de las actividades agropecuarias presentes en la vereda según altitud y coordenadas.

Fuente: las autores

 

Seguido al corte transversal se realizó un Flujograma de producción (tabla 1) en el cual se identificaron actividades, costos, tiempos e insumos asociados a la producción de papa que es el cultivo más representativo.

 

Las actividades realizadas durante la producción de papa son: preparación del terreno (fumigación de pasto e insectos), esto se lleva a cabo al inicio del proceso, el insecticida usado es el Eltra, luego de esto se lleva a cabo el arado y la retobatiada del terreno, que es realizado con tractor durante 3 horas y tiene como fin “aflojar la tierra” para poder armar los surcos que es la siguiente actividad, esto se hace con la ayuda de un caballo. Luego de la etapa de preparación del terreno sigue sembrar la semilla, para una extensión de tierra de una fanegada se emplean 12 cargas de semilla, luego de regar la semilla se aplica cal viva para eliminar los ácidos y plagas del suelo. Ya en la segunda semana se aplican 12 bultos de abono, los más usados son: Nutrimon 13-26-10-3 (nitrógeno total 13%, fosforo asimilable 26%, potasio soluble 10% y azufre 3%), Nutrimon 15-15-15 (nitrógeno total 15%, fosforo asimilable 15% y potasio soluble 15%) y Nutrimon 13-26-6 (nitrógeno total 13%, fosforo asimilable 26% y potasio soluble 6%). Luego a la octava semana se realiza deshierbe con el fin de “eliminar la maleza y que el cultivo progrese” (Entrevistado 36 y 37, comunicación personal, diciembre de 2017) junto con esto se aplican nuevamente doce bultos de abono. En la novena semana se realiza la fumigación para eliminar el piojo y el mosco, en esta actividad se emplea el insecticida Furadan, asimismo se lleva a cabo el aporque para evitar la gota (Phytophthora Infestans), que “es un parasito que ataca al cultivo” (Entrevistado 39, comunicación personal, diciembre de 2017), para esto se usa el fungicida Mansate. Ya en la semana 18 se realiza la última actividad de la siembra de papa que es la  chuntaquiada en contra del gusano blanco y la polilla guatemanteca, el agroquímico usado en esta actividad es el Furadan. Finalmente en la semana 20 se realiza la sacanza o cosecha.

 

Para el proceso de siembra los costos son en promedio de $8.196.000, este valor puede variar “dependiendo el clima (precipitación), debido a que de esto depende la cantidad de fumigadas que se deben realizar” (Entrevistado 36, comunicación personal, diciembre de 2017). Los agricultores afirman que por cada carga de semilla sembrada se van a cosechar aproximadamente 30 cargas de papa, lo cual significa que de las 12 cargas de semilla sembrada se producirán 360 cargas de papa. Las ganancias dependerán del precio de la papa en ese momento, los agricultores aseguran que “son muy pocas las veces que logran vender a un buen precio sus cosechas” (Entrevistado 37, comunicación personal, diciembre de 2017), ya que en la mayoría de casos existe una gran cantidad de oferta de papa y por ende los precios serán bajos, sin embargo, consideran que en promedio las ganancias no superan los $5.000.000, “ya que generalmente se siembra en sociedad donde se involucran dos o más agricultores” (Entrevistado 36, comunicación personal, diciembre de 2017). De igual forma consideran que “los agricultores son los que realizan el mayor trabajo y los que menos se ven beneficiados de este” (Entrevistado 40, comunicación personal, diciembre de 2017), debido a que “todas las ganancias se las quedan los intermediarios con los que ellos hacen negocios, esto se debe a la falta de transporte que les impiden sacar su producto a las grandes plazas y comercializarlo” (Entrevistado 38, comunicación personal, diciembre de 2017), 

 

Tabla 1. Flujograma de producción de papa en la vereda Huerta Grande RV (Revolución Verde)

 

Fuente: las autoras

 

Igualmente se desarrolló un calendario agrícola (tabla 2), el cual permitió analizar la temporalidad en la cual la comunidad tiene a disposición los alimentos cultivados, tomando en consideración los periodos secos y periodos de lluvia. Los meses de mayor disponibilidad de alimentos son: enero, marzo, junio, septiembre, noviembre y diciembre, en los cuales se tiene cosecha de arveja, papa, maíz, zanahoria, ahuyama, mora, cebolla, habas, arracacha, cubios, pepino, guascas, calabaza, tallos y ciruela. Por el contrario, los meses de baja disponibilidad de alimentos son: abril, agosto y octubre, en los cuales no se cuentan con alimentos disponibles para el consumo.

 

 

Tabla 2. Calendario agrícola vereda Huerta Grande 

 

Fuente: las autoras

 

Puntos críticos que generan vulnerabilidad a la seguridad alimentaria

Entrevistas semi-estructuradas (seguridad alimentaria)

 

De acuerdo con la evaluación realizada por la misma comunidad, el 100% de entrevistados planteó que nunca habían escuchado el concepto de seguridad alimentaria, por lo que fue necesario realizar una introducción sobre el tema para que ellos mismos pudieran realizar su diagnóstico. Posterior a esto la comunidad afirmó que las condiciones de seguridad alimentaria son “malas porque la gente está acostumbrada a comer lo mismo siempre” (Entrevistado 1, comunicación personal, abril de 2017), aseguran que es “por falta de recursos lo que les impide alimentarse bien” (Entrevistado 23, comunicación personal, abril de 2017). Consideran que ellos comen suficiente pero variado y balanceado poco debido a que “siempre se come lo mismo” (Entrevistado 16, comunicación personal, abril de 2017) y que generalmente “solo se comen harinas” (Entrevistado 22, comunicación personal, abril de 2017). Al mismo tiempo aseguran que se deben desplazar a Tunja o los pueblos aledaños para conseguir la mayoría de alimentos que consumen, porque en la vereda “únicamente se encuentra la papa y algunas verduras” (Entrevistado 12, comunicación personal, abril de 2017). Lo que concuerda con Giraldo (2014) quien expresa que  la disponibilidad de alimentos en las zonas rurales del Sumapaz  es poca, en general en sus cultivos predominan la papa y la cebolla y las vías terciarias son vulnerables al clima de páramo y  las vías departamentales no son diferentes, la mayoría están sin pavimentar y sin señalización; en época de invierno sufren graves daños haciendo imposible el tránsito y por ende la compra de alimentos. Según los agricultores todos los alimentos en el municipio son cultivados de manera convencional “siempre se aplican químicos” (Entrevistado 6, comunicación personal, abril de 2017). Consideran que la mayor problemática en torno a los cultivos es que “se presenta mucha deserción escolar por irse a ganar un jornal” (Entrevistado 12, comunicación personal, abril de 2017) y que actualmente “hay algunos niños que trabajan para ayudarle a los papas” (Entrevistado 23, comunicación personal, abril de 2017).

 

Indicadores FAO (dimensiones de acceso y disponibilidad)

 

También se pusieron en consideración el conjunto de indicadores propuestos por la FAO (2015) que miden las dimensiones de la seguridad alimentaria a fin de permitir una evaluación integral. A continuación, se presentan los aspectos de las dimensiones de acceso y disponibilidad de alimentos. Se analizaron los ingresos mensuales (figura 2A), se observa que el 63% de la población cuenta con ingresos económicos que van desde $101.000 hasta $400.000, esto concuerda con las estadísticas del DANE (2015), en las cuales se establecen que los ingresos per cápita promedio para el año 2014 para los habitantes de las zonas rurales del país eran de $240.035. Los ingresos económicos son un determinante del acceso de alimentos e indirectamente de la seguridad alimentaria, porque dependiendo de la capacidad de compra que tenga cada persona, se hace posible llevar una alimentación adecuada (MINSALUD, 2015). Otro factor que influye en la seguridad alimentaria es el índice de precios al consumidor (IPC), debido a que este condiciona la cantidad de alimentos que se adquieren. La variación de IPC durante lo recorrido del año 2018 ha sido del 2.05%, el costo de los alimentos presenta un alza del 0,66%, por este motivo si se compara el valor de la canasta básica ($1.250.000-1.350.000) entendiendo que está constituida por alimentos, productos higiénicos, de salud y educativos, con el ingreso promedio mensual de los habitantes de la vereda, se evidencia que la población se encuentra por debajo de la línea de pobreza, la cual se entiende como el nivel mínimo de ingreso con el cual una persona podría satisfacer sus necesidades básicas, generando una alta vulnerabilidad a presentar inseguridad alimentaria.

 

El gasto destinado a la alimentación (figura 2B) define el porcentaje de los ingresos mensuales que es destinado a la compra de alimentos. De acuerdo con los resultados obtenidos en la presente investigación, el 46% de la comunidad destina del 50% al 75% de sus ingresos mensuales para la adquisición de alimentos, lo que repercute en la satisfacción de otras necesidades básicas como la educación, salud, vestuario, vivienda y recreación. Por este motivo, para los periodos de tiempo en los que no se cuenta con ingresos se tiene que recurrir a medios de abastecimiento diferentes (figura 2C), encontrándose que el 49% de la población tiene que acudir al crédito (fiado), para la adquisición de alimentos, esto concuerda con Fajardo (2018), quien expresa que en los últimos años el crecimiento sostenido de los precios de algunos  alimentos (en particular cereales, legumbres, café, caña de azúcar y cárnicos), se debe en gran parte  al desmantelamiento de economías campesinas y su reemplazo creciente por sistemas de abastecimiento organizados por grandes empresas transnacionales, lo que genera que se tenga que comprar menos alimentos o invertir más dinero. Asimismo, esta información es complementaria con lo reportado en torno a la producción en zonas cultivo de papa en los cuales el 59% se dirige a la compra de agroinsumos, entre los que se incluyen fertilizantes de síntesis química y los plaguicidas. El 36% se invierte en pago de jornales para el cultivo, siembra y recolección y 5% en transporte y empaque (Avellaneda-Torres, Torres y León-Sicard, 2014).

 

Además, el 56% de la población asegura que el principal impedimento que tiene al momento de sembrar alimentos para su consumo (figura 2D) y no tener que recurrir a estos créditos es la falta de tierra, esto se ve reflejado en la mayor parte de las zonas rurales del país. De acuerdo con Giraldo (2015), en la zona rural de la localidad de Sumapaz el 46% de la comunidad considera que el mayor limitante para el desarrollo de la producción pecuaria de su finca es la falta de tierra. De acuerdo al Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio de Boyacá (2002) el 71% de predios tiene un área inferior a 1ha, esto concuerda con lo expuesto por Perry (2010) quien indica que la concentración de la propiedad territorial y del escaso acceso de la mayoría de los habitantes rurales a este es un factor que influye en el desarrollo rural. Ya que la mayoría de las mejores tierras del país se encuentran en pocas manos, y que el acceso de la mayoría de los habitantes rurales a tierras de buena calidad, con disponibilidad de agua y buena ubicación frente a los mercados es muy limitado.

 

Según el IGAC y CORPOICA (2002) los propietarios mayores de 200 ha era el 3,8% de los propietarios y usufructuaban el 41,1% del área catastral del país, mientras el 39,3% de los propietarios, menores de 3 ha, poseían únicamente el 3,7% de la misma. Lo que conlleva a una brecha de inequidad en cuanto a la distribución de la tierra en el país.

 

 

 

Haga clic sobre la imagen para ampliarla

 

Figura 2. Condiciones de acceso y disponibilidad de alimentos en la vereda Huerta Grande

Fuente: las autoras

 

Con los resultados del cuestionario estructurado se evidencia que los productos de consumo en la Vereda Huerta Grande (tabla 3) son: papa, haba, maíz, arracacha, nabos, zanahoria, arveja, frijol, calabaza, tallos, cilantro criollas, ahuyama, calabaza, cebolla y pepino, de los cuales la papa, haba, maíz, arracacha, zanahoria, arveja, criolla, mora y leche son empleados para la venta. La comunidad considera que todos los alimentos, a excepción de los huevos y la leche, son temporales; alimentos como la papa, maíz, arracacha, zanahoria y criolla son usados como semillas para próximas cosechas, los habitantes aseguran que en la actualidad no se realiza intercambio o trueque de alimentos.

 

Tabla 3. Productos de consumo en la vereda Huerta Grande (P: Permanente; T: Temporal; CONS: Consumo; VENT: Venta; TRUE: Trueque; SEMI: Semilla

 

Fuente: las autoras

 

Asimismo, se determinó la frecuencia de consumo de alimentos (figura 3) que hacen parte de la dieta de una persona. Para el consumo diario se evidencia que el alimento más consumido es la papa con una frecuencia de 3 o más veces al día. Paralelamente se determinó que los alimentos de menor consumo diario son: mantequilla o manteca, aceite vegetal, kumis o yogurt, granos (frijol, lenteja y arveja), huevo, proteína animal, frutas, hortalizas, cereales, avena y pasta, con una frecuencia de consumo de 1vez por día. En cuanto el consumo semanal la población consume mantequilla o manteca con una frecuencia de 5 a 6 veces por semana, asimismo alimentos como la panela, el chocolate son consumidos por la población con una frecuencia de 3 a 4 veces por semana. Los alimentos de menor consumo semanal son el queso, cereales, hígado, bofe, pajarilla y corazón, con una frecuencia de consumo de una vez al día y para el consumo mensual se evidencia un consumo de pasta con una frecuencia de 3 o más veces por mes, en cambio se observa una frecuencia de consumo de una vez por mes para alimentos como: kumis o yogurt, mantequilla o manteca, queso, aceite vegetal, granos, huevo, proteína animal, frutas, hortalizas, cereales, avena y pasta.

 

 

 

Haga clic sobre la imagen para ampliarla

 

Figura 3. Frecuencia de consumo de alimentos en la vereda Huerta Grande

Fuente: las autoras

 

Indicadores FAO (dimensión de utilización)

 

Al continuar con los factores considerados por la FAO (2015) en cuanto a la dimensión de utilización se encontró lo siguiente: i) en la vereda Huerta Grande ningún niño presenta pérdida de peso involuntaria ii) el 4% de los niños menores de 5 años se encuentran por debajo de la línea promedio de crecimiento, iii) el 2% de los niños menores de 5 años se encuentran por debajo del peso recomendado para su edad, lo cual es bajo con respecto al 3.4% de niños por debajo del peso ideal a nivel nacional MPS y ICBF (2011), iv) el 11% de los adultos se encuentran por debajo del peso esperado para su estatura lo cual es una cifra alta comparada con el 2,8% a nivel nacional para el año 2010, MPS y ICBF (2011), v) ninguna mujer ha sufrido anemia durante el periodo de gestación, lo cual es un indicador bueno en comparación con las zonas rurales del país que para el año 2010 el 21,3% de las mujeres gestantes padecieron de anemia MPS y ICBF (2011)., vi) ningún niño menor de 5 años ha padecido anemia, lo que es bajo en comparación al departamento de Boyacá que para el año 2010 el 25,7% de la niñez sufría de anemia y a nivel del país el 27,5% MPS y ICBF (2011)., vii) el 25 % de los habitantes de la comunidad presentan algún problema de visión los cuales se asocian a la deficiencia de vitamina A, este porcentaje se encuentra por debajo del 39% de personas que carecen de vitamina A en el departamento de Boyacá, MPS y ICBF (2011).,  viii) el 2% de la población presenta problemas de hipotiroidismo y bocio, los cuales se asocian a la carencia de yodo.

  

 

Tabla 4. Indicadores FAO de seguridad alimentaria vereda Huerta Grande

 

Fuente: las autoras

 

Diagnóstico Rural Participativo (seguridad alimentaria)

 

En el árbol de problemas de seguridad alimentaria (figura 4), en el tronco del árbol (problema central), se ubicaron los malos hábitos alimenticios. La comunidad afirma que la mayoría de los habitantes “comen suficiente, pero muy poco variado y la mayoría de veces no es balanceado porque se come lo mismo” (Entrevistado 23, comunicación personal, abril de 2017). Posteriormente se ubicaron las principales causas en las raíces, la primera raíz identificada es la costumbre, debido a que siempre se ha tenido la cultura de comer bastante pero poco variado y balanceado. La segunda raíz es la falta de recursos económicos, aseguran que es la escasez de dinero uno de los impedimentos para la mejora de los hábitos alimenticios, debido a que “únicamente les alcanza para lo básico” (Entrevistado 23, comunicación personal, abril de 2017) y que muy pocas veces se pueden “dar el lujo de consumir verduras, vegetales o frutas” (Entrevistado 23, comunicación personal, abril de 2017). La tercera y última raíz tiene que ver con el difícil acceso a los alimentos y la falta de variedad de los mismos. La comunidad manifestó  que se debe desplazar hasta las plazas de mercado ubicadas en Tunja o en los municipios aledaños para adquirir ciertos alimentos, lo que muchas veces los limita al momento de consumir ciertos alimentos.

 

Luego se identificaron las consecuencias potenciales (ramas). La primera rama es problemas de obesidad, ya que el consumo de carbohidratos es elevado, aseguran que su dieta se basa en el consumo de tubérculos (papa) y harinas que pueden contribuir en el aumento de peso. La segunda rama es trastornos alimenticios. La tercera rama es la desnutrición, si bien en la mayor parte de la vereda “no se aguanta hambre”, en la actualidad se presentan casos de niños y adultos mayores que presentan un peso por debajo del recomendado para su talla o edad. La cuarta rama es problemas de salud, en general por los malos hábitos alimenticios que se tienen. La última rama es la deficiencia de nutrientes, esto a raíz de la baja ingesta de frutas, verduras y lácteos que son fuente de vitaminas y nutrientes esenciales para el buen funcionamiento del organismo.

 

 

Figura 4. Árbol de problemas seguridad alimentaria vereda Huerta Grande. Las raíces del árbol representan las causas del problema, el tronco es el problema central y las ramas las consecuencias.

Fuente: las autoras

 

Puntos críticos que generan vulnerabilidad a la sostenibilidad agropecuaria.

Entrevistas semi-estructuradas (sostenibilidad agropecuaria)

 

Con las entrevistas semi-estructuradas se identificaron como principales problemáticas a causa del modelo de Revolución Verde: la implementación de monocultivo, el uso de agroquímicos y el riego excesivo. El 42.8% de la población asegura que si se sigue desarrollando la agricultura bajo el modelo de monocultivo a largo plazo “se va a ver afectada la productividad de la tierra” (Entrevistado 29, comunicación personal, abril de 2017), esto concuerda con lo expuesto por Altieri (1995) quien asegura que la alta productividad está ahora cuestionándose ya que los campos no rinden como antes. Y el 45,7% considera que el recurso más afectado por el uso de agroquímicos es el suelo debido a que “todos los químicos usados tienen contacto directo con el suelo” (Entrevistado 23, comunicación personal, abril de 2017). El 11,43% considera que las fuentes hídricas se encuentran “secas” debido que “se emplea el agua para el riego de los cultivos” (Entrevistado 8, comunicación personal, abril de 2017), además aseguran que “siempre se padece por agua” (Entrevistado 1, comunicación personal, abril de 2017), ya que “nos llega el agua cada tercer día” (Entrevistado 6, comunicación personal, abril de 2017).

 

En cuanto a las otras características de la Revolución Verde como la mecanización excesiva y modificación genética de las semillas, la comunidad considera que no representan ningún impacto negativo. Con respecto a la mecanización excesiva el 68% de los entrevistados consideran que no se presenta ningún impacto debido a que en el proceso de la siembra únicamente se usa el tractor una sola vez y en cuanto a la modificación genética de las semillas la comunidad afirma que “las semillas empleadas son de cosechas anteriores” (Entrevistado 6, comunicación personal, abril de 2017), el único inconveniente relacionado con las semillas es “la pérdida de variedad de semillas nativas porque se tienen que comprar semillas certificadas las cuales ya no son tan productivas” (Entrevistado 17, comunicación personal, abril de 2017).

 

Diagnóstico Rural Participativo (sostenibilidad agropecuaria)

 

Para el árbol de problemas de sostenibilidad ambiental en el componente agropecuario (figura 5) en el tronco se ubicó la pérdida de productividad, que se ha visto reflejada en los últimos años, repercutiendo directamente en los ingresos económicos de las familias. Las causas identificadas se ubicaron en las raíces. La primera raíz es el uso de fertilizantes, debido a que se genera dependencia al uso de estos para conseguir un alto rendimiento de los cultivos. La segunda raíz identificada es la variación del clima, ya que la productividad y rentabilidad de los cultivos se ven directamente afectadas por las variaciones climáticas, lo que concuerda con lo expuesto por la FAO (1997) que considera que la variabilidad natural de las lluvias, de la temperatura y de otras condiciones del clima es el principal factor de la variabilidad de la producción agrícola. La tercera raíz es la baja calidad de las semillas, la comunidad tiene la percepción de que actualmente las semillas empleadas “no son de la misma calidad que las semillas de antes” (Entrevistado 23, comunicación personal, abril de 2017); adicionalmente aseguran que se han perdido gran variedad de semillas nativas de la región por motivos económicos ya que “siembran la variedad de papa que más les produzca” (Entrevistado 13, comunicación personal, abril de 2017). La cuarta raíz es la sobrecarga a la tierra, esto se presenta por no otorgarle al suelo periodos de descanso o por el uso de maquinaria pesada (tractor) para el alistamiento del terreno. La última raíz es la implementación de monocultivo, la mayoría de los cultivos se desarrollan bajo este modelo.

 

Seguido a esto la comunidad identificó las consecuencias que fueron ubicadas en las ramas del árbol, la primera rama es las pérdidas económicas, los agricultores consideran “que su bolsillo” se ve afectado por la pérdida de productividad que se ha presentado en los últimos años. La segunda rama es la erosión del suelo. La tercera rama es la contaminación de fuentes hídricas, debido a que muchas veces por causa de las lluvias los químicos usados son arrastrados a las fuentes hídricas. La cuarta rama es la pérdida de nutrientes. Y la última rama es la resistencia de las plagas a los herbicidas, debido a que al pasar el tiempo se ha tenido que “aumentar la cantidad de venenos que se le aplican a los cultivos” (Entrevistado 13, comunicación personal, abril de 2017).

 

 

Figura 5. Árbol de problemas sostenibilidad ambiental en el componente agropecuario vereda Huerta Grande. Las raíces del árbol representan las causas del problema, el tronco es el problema central y las ramas las consecuencias.

Fuente: las autoras

 

Análisis de las estrategias para el fortalecimiento de la seguridad alimentaria

 

En el escenario de alternativas ante la problemática de seguridad alimentaria (tabla 5) se conformaron tres grupos, en los cuales cada grupo propuso dos alternativas diferentes para el fortalecimiento de la seguridad alimentaria, se propusieron para implementación a corto y mediano plazo, debido a que la comunidad considera que no se requiere una inversión de capital y mano de obra elevada para la puesta en marcha.

 

La primera estrategia propuesta por el grupo 1 fue la implementación de huertas caseras, como ventaja se identificó el aumento de disponibilidad de alimentos y como desventaja la falta de tiempo para cuidar de estas, aseguran que esta medida se podría poner en marcha a corto plazo. La segunda alternativa fue el intercambio de alimentos, la ventaja de esta alternativa es el acceso a más variedad de alimentos, como desventaja se encuentra la falta de cultura ante esta práctica.

 

La primera estrategia propuesta por el grupo 2 es la implementación de policultivo, como ventaja identifican el aumento de alimentos disponibles para el consumo, a esta alternativa la comunidad no le encuentra ninguna desventaja. La segunda alternativa es la implementación de un banco de semillas, la ventaja de esta propuesta es la preservación de semillas nativas, ya que la comunidad afirma que se han venido perdiendo por la compra de semillas certificadas, como desventaja consideran que no cuentan con los recursos económicos necesarios para la implementación.

 

El grupo 3 propuso como primera medida sembrar más productos, la ventaja es que aumentaría la variedad y disponibilidad de alimentos y como desventaja identifican las condiciones específicas de cada cultivo, debido a que muchos alimentos requieren de condiciones de temperatura y riego especiales. La segunda alternativa fue la implementación de un mercado en la vereda, debido a que muchas veces se tienen que desplazar para conseguir los alimentos, como ventaja identificaron mayor acceso a los alimentos, como desventaja la falta de colaboración entre la comunidad.

 

Tabla 5. Escenario De Alternativas Seguridad Alimentaria vereda Huerta Grande

 

Haga clic sobre la imagen para ampliarla

 

 

Fuente: las autoras

 

Análisis de las estrategias para el fortalecimiento de la sostenibilidad ambiental en el componente agropecuario

 

En el escenario de alternativas ante la problemática de sostenibilidad agropecuaria (tabla 6) se conformaron tres grupos, los cuales propusieron alternativas a corto, mediano y largo plazo.

 

La estrategia a corto plazo del grupo 1 fue la implementación de abonos orgánicos, ya que consideran que así se reduciría el uso de los abonos químicos, la ventaja identificada es que la materia prima para la elaboración del abono orgánico se obtiene de los residuos orgánicos generados en las viviendas y la desventaja identificada es la falta de conocimiento acerca de las condiciones óptimas de funcionamiento del abono orgánico. La estrategia a mediano plazo es la reducción del uso de fertilizantes, porque ellos consideran que esta es la principal problemática en cuanto a los cultivos, la ventaja identificada es la disminución de la contaminación del suelo, como desventaja se consideró la dependencia que tiene el suelo al uso de fertilizantes químicos, lo que generaría pérdidas económicas para los agricultores. La estrategia propuesta para implementar a largo plazo es la implementación de lombricompuesto, la ventaja para esta alternativa es la disminución del uso de fertilizantes y la desventaja es el desconocimiento acerca de las condiciones de funcionamiento.

 

La estrategia propuesta para implementación a corto plazo por el grupo 2 es poner en práctica la labranza mínima, que busca incidir lo menos posible con los implementos mecánicos en su laboreo como forma de conservación del suelo (Aguirre, 2008). La ventaja de esta propuesta es la disminución de la mecanización y como desventaja se identifica la ineficiencia para alistar el terreno. La estrategia propuesta a mediano plazo es la implementación de biofertilizantes, la ventaja de esta medida es la reducción de la contaminación del suelo y la desventaja es la falta de efectividad del uso de biofertilizantes. Y por último la estrategia a largo plazo es la implementación de barreras vivas, la ventaja es la disminución de plagas en los cultivos y la desventaja es la pérdida de espacio productivo para sembrar.

El último grupo propuso como estrategia a corto plazo la rotación de cultivos, la ventaja es que se dejaría descansar el suelo y no identificaron ninguna desventaja de esta propuesta. La estrategia a mediano plazo fue la implementación de policultivo, la ventaja es la disminución de la presión sobre el suelo por sembrar siempre lo mismo y la desventaja es que no todos los cultivos funcionan al sembrarlos al tiempo. La estrategia a largo plazo fue la implementación de organismos eficientes, la ventaja es la disminución de sobrepresión en el suelo y la desventaja el desconocimiento de las condiciones óptimas de funcionamiento de estos organismos.

 

Tabla 6. Escenario de alternativas sostenibilidad agropecuaria vereda Huerta Grande

 

Haga clic sobre la imagen para ampliarla

 

 

Fuente: las autoras

 


 

 

Conclusiones

 

Los investigadores en conjunto con la comunidad caracterizaron las prácticas agrícolas desarrolladas en la vereda Huerta Grande desde una perspectiva ecosistémica y cultural y como estas han influido negativamente en la calidad del suelo, debido al uso de agroquímicos y la implementación de monocultivo. Asimismo, se determinó la afectación del recurso hídrico a causa del uso excesivo de este en las prácticas agropecuarias. Por otro lado, la comunidad analizó la manera en que influye la agricultura en las relaciones económicas presentes en la vereda y la dependencia que existe como único medio de sustento para los habitantes de la Vereda.

 

La comunidad identificó los principales impactos generados por el modelo de Revolución Verde implementado para desarrollar las prácticas agrícolas, se encontró que a raíz de la implementación del monocultivo y el uso de agroquímicos, el principal problema para la comunidad es la pérdida de productividad que ha venido aumentando con el pasar del tiempo, generando pérdidas económicas a los agricultores y a su vez ha ido aumentando la dependencia del suelo a los agroquímicos. En cuanto a la seguridad alimentaria la comunidad identificó que es a causa de los malos hábitos alimenticios que los habitantes de la vereda no cuentan con una seguridad alimentaria. Esto es causado por temas de costumbre al ingerir los mismos alimentos, dejando de lado la variedad y los alimentos balanceados. Muchos de estos casos se deben a la falta de disponibilidad de alimentos en la Vereda y la falta de recursos económicos para adquirirlos.

 

La comunidad propuso diversas alternativas para la solución de las principales problemáticas en torno a la sostenibilidad agropecuaria y la seguridad alimentaria, entre las que estuvieron la implementación de abonos orgánicos, reducción del uso de fertilizantes y rotación de cultivos. En cuanto a la sostenibilidad agropecuaria y para mejorar las condiciones de seguridad alimentaria propusieron la implementación de huertas caceras y de policultivo, así como sembrar más variedad de alimentos.

 


 

 

Conflicto de intéres

 

No existe ningún tipo de conflicto de interés con respecto a la publicación de este artículo, que fue escrito a partir de los resultados de un trabajo investigativo que tiene como título “Estrategias para el fortalecimiento de la sostenibilidad ambiental (en el componente agropecuario) y la seguridad alimentaria de la vereda Huerta Grande del municipio de Boyacá”.

 


 

 

Fuentes de financiación

 

Universidad Libre, autores.

 


 

 

Agradecimientos

 

Queremos expresar nuestro agradecimiento a la comunidad de la vereda Huerta Grande por su disposición, colaboración y valioso aporte en el desarrollo de este proyecto investigativo.

 


 

 

Referencias

 

Aguirre, M. A. (2008). Manual de capacitación en agricultura orgánica para los trópicos en labranza del suelo. Bonn, Alemania: Federación Internacional de Movimientos de Agricultura Orgánica.

 

Altieri, M. A.  (1995). Agroecología: principios y estrategias para diseñar sistemas agrarios sustentables. Ediciones Científica Americanas, 27-34

 

Altieri, M. A. (1999). AGROECOLOGÍA Bases científicas para una agricultura sustentable. Montevideo, Uruguay: Nordan–Comunidad.

 

Álvarez, R., Álvarez, C. R., Steinbach, H. S., Salas, J. M. y Grigera, S. (2002). Materia orgánica y fertilidad de los suelos en la pampa ondulada. Informaciones Agronómicas del Cono Sur, (14).

 

Avellaneda-Torres, L.M., Torres, E. y León-Sicard, T. E. (2014). Agricultura y vida en el páramo: una mirada desde la vereda El Bosque (Parque Nacional Natural de Los Nevados). Cuadernos de Desarrollo Rural, 11(73), 105-128.

 

Concejo Municipal. (2016). Plan de Desarrollo Municipal (2016-2019). Experiencia, Confianza y Compromiso por Boyacá. Recuperado de http://www.boyaca-boyaca.gov.co/planes/plan-de-desarrollo-20162019-experiencia-confianza-y.

 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE. (2013). Boletín mensual INSUMOS Y FACTORES ASOCIADOS A LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA. Recuperado de https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/agropecuario/sistema-de-informacion-de-precios-sipsa/componente-insumos-1/componente-insumos-historicos

 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE. (2015). INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2014. Recuperado de: Link

 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE. (2018). Boletín técnico. Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH). Recuperado de Link.

 

Fajardo, D. (2018). Agricultura, Campesinos Y Alimentos (1980-2010). Bogotá, Colombia: Universidad Externado de Colombia.

 

FAO. (1997). La agricultura y los cambios climáticos: la función de la FAO. Recuperado de: http://www.fao.org/Noticias/1997/971201-s.htm

 

FAO. (2013). Afrontar la escasez de agua. Un marco de acción para la agricultura y la seguridad alimentaria. Roma, Italia: Organización de las Naciones unidas para la alimentación y la agricultura.

 

FAO. (2015). Metodología para evaluar la seguridad alimentaria y los progresos realizados hacia la consecución de las metas internacionales respecto del hambre. El estado de la inseguridad alimentaria en el mundo. Roma, Italia: Organización de las Naciones unidas para la alimentación y la agricultura.

 

Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario – FINAGRO. (2019). Sector papero se prepara para aumentar el consumo de papa en Colombia. Recuperado de Link

 

Giraldo, O. L. T. (2014). Análisis de una estrategia de política pública de seguridad alimentaria implementada en la localidad del Sumapaz. Lincolin arsyad, 3 (2), 1–46.

 

IGAC – Corpoica. (2002). Zonificación de los conflictos de uso de las tierras en Colombia. Recuperado de https://repository.agrosavia.co/handle/20.500.12324/32802.

 

Instituto Alexander von Humboldt. (2018). Biodiversidad en cifras. Recuperado de https://sibcolombia.net/actualidad/biodiversidad-en-cifras/.

 

Junguito, R., Perfetti, J. y Becerra, A. (2014). Desarrollo de la agricultura colombiana. Cuadernos de Fedesarrollo, (48).

 

Kabata-Pendias, A. (2004). Soil-Plant Transfer of trace elements: An environmental Issue. Geoderma, (22), 143-149.

 

Ministerio de agricultura y desarrollo rural –MADR-, Ministerio de Salud y Protección Social, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo –MINCIT-, Ministerio de Educación Nacional –MEN-, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible –MADS-, Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, Departamento para la Prosperidad Social – DPS-, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF-, Instituto Colombiano de Desarrollo Rural – INCODER- Y Departamento Nacional de Planeación: DDS – DDRS. (2012).  Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (PNSAN) 2012 – 2019. Bogotá D.C., Colombia.

 

Ministerio de Educación Nacional – MEN. (2013). Programa para la Transformación de la Calidad Educativa. Bogotá D. C., Colombia.

 

Ministerio de la Protección Social –MPS–  y Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF–. (2011). Estudio Nacional de Situación Nutricional en Colombia 2010 - ENSIN. Bogotá D.C., Colombia.

 

Ministerio de Salud – MINSALUD. (2015). Encuesta nacional de la situación Nutricional en Colombia 2015- ENSIN. Bogotá D. C., Colombia.

 

Norman, D. W. (1977). La racionalización de cultivos intercalados. Medio ambiente africano, 97-109.

 

Perfetti, J., Balcázar, A., Hernández, A., Leibovish, J. (2013). Políticas para el desarrollo de la agricultura en Colombia. Bogotá, Colombia. La Imprenta Editores.

 

Perry, S. (2010). La pobreza rural en Colombia. Santiago, Chile: Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural RIMISP.

 

Sevilla, G. E. (2004). La agroecología como estrategia metodológica de transformación social. Recuperado de https://ilusionismosocial.org/mod/resource/view.php?id=424.

 

Verdejo, M. (2003). Diagnóstico rural participativo. Guía práctica. Santo Domingo, República Dominicana: Centro cultural Poveda.

 


 

 

1 Ingeniera Ambiental. Facultad de Ingeniería. Universidad Libre. Bogotá. Colombia. E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. ORCID: 0000-0002-1833-6771.

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=HwC97woAAAAJ&amp;hl=es

2 Química. Magíster Ciencias Químicas. PhD. Agroecología.

Docente investigadora. Programa de Ingeniería Ambiental. Instituto de Posgrados. Grupo de Investigación TECNOAMBIENTAL. Centro de Investigaciones Facultad de Ingeniería. Facultad de Ingeniería. Universidad Libre. Bogotá, Colombia. E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. ORCID: 0000-0002-8520-9123. Google Scholar:

https://scholar.google.es/citations?user=C-kY_TEAAAAJ&amp;hl=es

 


 

 

Para citar este artículo: Cuellar, L. y Avellaneda-Torres, L. M. (2020). Estrategias para el fortalecimiento de la sostenibilidad ambiental (con enfoque agropecuario) y la seguridad alimentaria de la vereda Huerta Grande del municipio de Boyacá. Revista Luna Azul, 50, 84-106. Doi: 10.17151/luaz.2020.50.5

 


 

Esta obra está bajo una Licencia de Creative Commons Reconocimiento CC BY 

 

Licencia de Creative Commons

 

 

Código QR del artículo

 

Análisis de la vinculación de organizaciones de recicladores al Sistema de Gestión Formal de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos en Bogotá D.C

 

Ingrid del Pilar Casas-Mercháni, Javier Toro-Calderónii

 

 

Recibido: 20 septiembre 2018 Aceptado: 28 abril 2019 Actualizado: 13 diciembre 2019

 

DOI: 10.17151/luaz.2020.50.3

 

RESUMEN

 

Anualmente en el mundo, los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) tienen un incremento significativo. Estos RAEE contienen sustancias peligrosas y su inadecuado manejo puede generar impactos ambientales y en salud negativos, por esta razón su gestión está sujeta a un control y normatividad específica. En la ciudad de Bogotá-Colombia, los recicladores de oficio han jugado un papel trascendental en la gestión de los RAEE, evitando su disposición en rellenos sanitarios. Sin embargo, debido a la reglamentación el rol que los recicladores desempeñan se ha invisibilizado y hasta criminalizado. Reconociéndose que el rol de los recicladores en la gestión de los RAEE puede contribuir en la prevención de la problemática ambiental, este trabajo tuvo como objetivo estudiar la vinculación de estos al Sistema de Gestión Formal, metodológicamente se llevó a cabo un análisis de las percepciones de los actores involucrados, siendo necesario una revisión documental y análisis directo con los actores. A partir de los resultados sobre la gestión formal e informal, los limitantes de vinculación social, económica e institucional, fue posible concluir que la implementación de estos esquemas en Colombia puede configurarse como una solución a los problemas de la gestión formal de los RAEE y una alternativa para dignificar la labor de los recicladores de oficio, garantizando ingresos dignos, disminuyendo la inequidad social e instaurando alianzas permanentes, replicables y rentables. Como recomendación se sugiere la implementación de esquemas de gestión que vinculen a la población recicladora, acompañada por una política participativa y programas de capacitación y de inclusión permanente que promueva la formalización de actores informales.

 

Palabras clave: recicladores, Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos - RAEE, gestión de residuos, inclusión, vinculación.

 

Analysis of the labour inclusion of waste pickers' organizations to the WEEE formal management system in Bogotá D.C

 

ABSTRACT

 

Annually in the world, Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) had been a significant increase. Due to the present of hazardous substances and that WEE inadequate management could have negative impacts to the environment and health, WEEE management have specific legislation. In Bogotá D.C, Colombia, waste pickers have played a transcendental role in the management of WEEE, preventing it´s disposition in the landfill. However, due to WEEE management regulation, the waste picker’s role has been made invisible and in many cases even penalized. Considering that waste pickers work could contribute to reduce environmental issue, the objective of this paper was study the labour inclusion of informal actors to the WEEE Selective Collection Systems. The methodology used at this study included the analysis of the key actors’ perceptions, a literature review and a direct analysis with the key actors. On the basis of the results obtained about formal and informal management, and economic, social and institutional inclusion limiting factors was possible to conclude that the implementation of these schemes in Colombia can be configured as a solution to formal management problems and as an alternative that dignifies the waste pickers’ work, guaranteeing decent income, diminishing social inequality, and establishing permanent, replicable and profitable alliances in waste management. Finally this paper recommends the implementation of management schemes with labour inclusion of waste pickers’ organizations, accompanied by a participative policy and training programs that will promote the formalization of informal actors.

 

Keywords: waste pickers, Waste Electrical and Electronic Equipment - WEEE, waste management, labour inclusion, linkage.

 


 

 

Introducción

 

En Colombia se considera RAEE a aparatos eléctricos o electrónicos1 cuando se desechan o descartan. Comprende componentes, consumibles y subconjuntos que forman parte del producto cuando se desecha, salvo que individualmente sean considerados peligrosos, caso en el cual recibirán el tratamiento para tales residuos (Ley 1672 de 2013).

 

Los RAEE pueden considerarse tanto un problema como una oportunidad de negocio debido a los altos volúmenes que se generan y al contenido de materiales tóxicos y materiales valiosos (Widmer, Oswald-Krapf, Sinha-Khetriwal, Schnellmann & Böni, 2005). En relación al volumen, de acuerdo con la metodología propuesta por Baldé, Wang, Kuehr & Huisman (2015), se generaron a nivel mundial 41,8 millones de toneladas métricas (Mt) de RAEE en el año 2014, de las cuales Colombia generó 252 mil toneladas. En contraste, estudios liderados por MAVDT estimaron una generación aproximada de 127 mil toneladas2 (MADS, 2016). Esta variación en los datos puede deberse a que “los diagnósticos en Colombia se centraron en un flujo de procedencia doméstica y no fueron analizadas todas las categorías que el estudio de la UNU contempla, además de una posible diferencia en la metodología de estimación” (MADS, 2016, p. 51).

 

No obstante la diferencia de datos, los RAEE representan una amenaza por la presencia de sustancias peligrosas como arsénico (As), cadmio (Cd), cromo (Cr), litio (Li), mercurio (Hg), níquel (Ni) y plomo (Pb), entre otros (Ewasteguide.info,  2009), cuyos impactos pueden ir desde reacciones alérgicas y daño cerebral hasta cáncer (Puckett et al., 2002).

 

En cuanto a los impactos ambientales y ocupacionales del reciclaje de RAEE, evidencias sugieren que los principales peligros están asociados con las etapas de reducción, separación de tamaños y tratamiento pirometalúrgico (Tsydenova & Bengtsson, 2011). Un peligro particular es la posibilidad de liberación accidental y derrame de sustancias peligrosas (como el Hg que se encuentra dentro de fuentes de luz), la generación de polvos de plásticos, metales, cerámicas y sílice que pueden representar un riesgo por inhalación (por ejemplo, de hidrocarburos aromáticos policíclicos), riesgo de exposición dérmica para los trabajadores y riesgo de contaminación ambiental (Lundgren, 2012). Estos impactos en la salud y en el ambiente son preocupantes porque la gestión formal en Colombia y en el mundo no es completamente eficiente y, por lo tanto, no gestiona la totalidad de los RAEE generados.

 

En el caso de Colombia, solo 3 subcategorías de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (AEE), –que representan el 14,9% del total de importaciones– están reguladas y son gestionadas a través de sistemas formales (MADS, 2016). Sin embargo, las cantidades recolectadas a través de estos sistemas no son significativas. Específicamente en Bogotá, la Secretaría Distrital de Ambiente reveló que en 2010 se generaron 21.959 toneladas de RAEE, de las cuales tan solo 1.400 (6%) fueron tratadas por empresas autorizadas (MADS, 2017a).

 

En Colombia los escasos estudios sobre la dinámica de la gestión informal3 de los RAEE evidencian un crecimiento del sector informal dedicado al aprovechamiento (MADS, 2016). Incluso la mayor parte de la recolección, desmontaje y comercialización de algunos tipos la realizan los recuperadores informales (MADS, 2017a). Este es el caso de los residuos de computadores, cuya gestión (desensamble manual y la posterior venta de las partes y materiales valiosos) por el sector informal, se estima en 54% y en 14% por compañías formales (León-Giraldo, 2010). Para el caso de la gestión de residuos de televisores, se concluyó que: “El canal de recolección informal maneja el 90% de los RAEE emitidos en Bogotá, el cual solo aprovecha el 10% de los materiales, que son llevados a través de una cadena de varios actores para lograr el aprovechamiento final” (Rodríguez, González, Reyes y Torres, 2013, p. 47).

 

No obstante, la alta participación y el rol que desempeña el sector informal en la gestión de RAEE, aún no se concretan estrategias que permitan integrar las ventajas sustanciales de la informalidad en los sistemas de gestión formal, generándose un caso de justicia ambiental al desconocer la función que desempeña el actor informal en la gestión.

 

La justicia ambiental es un principio en el que todas las personas y comunidades tienen derecho a la igualdad de protección de las leyes y regulaciones ambientales y de salud pública (Brulle & Pellow, 2006; Bullard, 1996). El trato justo significa que ninguna población, debido a un desequilibrio político o económico, se vea obligada a soportar una parte desproporcionada de los impactos negativos sobre la salud humana o el medio ambiente de la contaminación o las consecuencias ambientales que resultan de las operaciones industriales, municipales y comerciales o la ejecución de programas y políticas federales, estatales, locales y tribales (Brulle & Pellow, 2006).

 

Teniendo en cuenta lo anterior, este trabajo se propuso como objetivo analizar la vinculación de organizaciones de recicladores de oficio4 (OR) a los Sistemas de Recolección Selectiva de RAEE que operan en Bogotá. Para lo cual se identificó el papel que desempeñan los actores informales dentro de la gestión de RAEE, así como los limitantes percibidos por las OR, autoridades y empresarios a la vinculación de estas en la gestión formal de RAEE, a fin de proponer lineamientos que permitan superar dichas barreras. En la sección dos se presenta la metodología empleada para cumplir con los objetivos propuestos en la investigación, en las secciones tres y cuatro se presentan los resultados obtenidos y la discusión de estos y, finalmente, en la sección cinco se presentan las conclusiones y recomendaciones.

 


 

 

Metodología

 

Esta investigación usó un enfoque metodológico principalmente cualitativo que se desarrolló en tres fases: i) revisión documental, ii) trabajo de campo y iii) análisis de la información.

 

i) Revisión documental. Se realizó una revisión de información secundaria relacionada con normatividad ambiental legal vigente de gestión integral de RAEE, Organizaciones de Recicladores (OR), Programas Posconsumo (PP) y experiencias de gestión de RAEE con vinculación de recicladores. Asimismo, se remitieron derechos de petición a entidades públicas con el fin de indagar sobre los procesos de vigilancia y control y los retos que podría representar la puesta en marcha de un esquema con vinculación de OR.

 

ii) Trabajo de campo. Esta fase se dividió en dos etapas, una etapa preliminar en la que se buscó establecer actores representativos de las OR, el sector formal y las autoridades, para lo cual se participó de diez (10) mesas de recicladores en las diferentes localidades de Bogotá5 y se adelantaron cinco (5) reuniones con entidades y empresas. En estos espacios se aplicó una encuesta no probabilística con una muestra de juicio6 a representantes de las OR, a fin de recolectar elementos para la formulación de entrevistas a líderes identificados como representativos de la comunidad recicladora.

 

En la segunda etapa se indagó por las percepciones respecto a la gestión de RAEE y a los limitantes para la vinculación de OR a través de entrevistas semiestructuradas individuales y grupales a líderes de la comunidad recicladora de Bogotá, funcionarios y contratistas de las autoridades distritales y ambientales y representantes de los PP. Considerando que existe información a la que no era posible acceder mediante encuestas y entrevistas, se realizó el acompañamiento a la entrega, clasificación y comercialización de RAEE de una jornada de recolección de residuos promovida por la Secretaría Distrital de Integración Social7. Este acompañamiento permitió registrar prácticas comunes en la gestión de los RAEE dentro del canal informal y, en algunos casos, aspectos de la cotidianidad de recicladores y recicladoras de oficio.

 

iii) Análisis de la información. En la tercera fase se realizó un análisis de la información, con este fin se sistematizó la información recolectada en tres categorías: i) gestión formal, ii) gestión informal y iii) limitantes percibidos. La información referente a una categoría fue contrastada entre sí con el fin de identificar factores que dieran cuenta de las interacciones y de las características propias de las relaciones entre actores.

 


 

 

Resultados

 

Gestión formal

 

La revisión documental relacionada con la Gestión Formal de los RAEE permitió evidenciar que en Colombia estos residuos no son considerados convencionales, por lo que su gestión no se encuentra articulada con la prestación del servicio público de aseo, sino que se asemeja a la gestión de Residuos Peligrosos, pues se fundamenta en uno de sus principios diferenciadores: la responsabilidad extendida del productor.

 

Este principio implica que fabricantes e importadores de ciertos productos son responsables de establecer canales para que los consumidores puedan devolver dichos productos cuando se convierten en residuos (MADS, 2017c), lo que significa que los agentes económicos generadores, directos o indirectos, deben hacerse cargo de los costos asociados a prevención, aprovechamiento, tratamiento y disposición, siendo responsables de todas las etapas del ciclo de vida del residuo independientemente que hayan intervenido otros actores (MAVDT, 2007).

 

Con base en este principio, en el año 2010 se expidieron las Resoluciones 1297, 1511 y 1512, para garantizar la gestión integral de pilas, bombillas y computadores, a través de la implementación de Sistemas de Recolección Selectiva de Residuos Posconsumo o los denominados Programas Posconsumo (PP). Asimismo, con el interés de consolidar la gestión para todos los tipos de RAEE, en el año 2013 se expidió la Ley 1672 del 19 de julio de 20138.

 

Sin embargo, a pesar que existen estos programas y que son gratuitos para el consumidor final del Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), la mayoría de los RAEE no llegan a ser gestionados por el canal formal. Considerando la participación en peso9 de las diferentes corrientes estudiadas, respecto al total generado10 y la cantidad recolectada por los PP (DAASU - MADS, 2017), el canal formal solo gestionó 11,5% de residuos de computadores, 3,8% de pilas y 3,8 de bombillas (figura 1).

 

 

Figura 1.  Cantidad generada de las corrientes reguladas comparadas con la cantidad gestionada por los programas posconsumo activos para dichas corrientes.

 

Fuente: elaboración propia con datos obtenidos de DAASU - MADS (2017) y MADS (2017a).

 

Dentro de la gestión formal de RAEE también se contemplan programas dedicados al reúso, reutilización, reacondicionamiento y reparación, como el programa Computadores para Educar11 que desde el año 2000 y hasta el año 2013 recolectó y reacondicionó 194.000 equipos (3.880 toneladas) para las escuelas y colegios públicos del país y desde el 2007 al 2014, a través de CENARE12 ha gestionado cerca de 3.925 toneladas de residuos de computadores y periféricos procedentes del todo el país (MADS, 2017a) .

 

En cuanto a la gestión de RAEE, Colombia no posee tecnologías automatizadas para los procesos de valorización, por este motivo los gestores utilizan técnicas manuales para el desensamble y recuperación de materiales y las partes recuperadas se exportan para reciclaje y recuperación de materias primas a otros países (Torres et al., 2015).

 

Esta situación se evidencia con la información que maneja el MADS (2017a), que afirman que de las 36 empresas con licencia ambiental para almacenar, aprovechar (recuperar o reciclar), tratar o disponer finalmente los RAEE, trece (13) exportan las corrientes de materiales, componentes y partes recuperados a China (50,2 %),  Estados Unidos (8,5%), Hong Kong (8,2%), España (6,8%), Corea del Sur (4,9%), Holanda (4,1%), Taiwán (3,6%), Bélgica (2,1%) y otros 27 países (11,7%).

 

Gestión informal

 

En Bogotá D.C, la cadena de gestión informal empieza con la entrega del RAEE, por parte del generador, a los recicladores. Este generador puede esperar algún tipo de contraprestación, como es el caso de residuos de neveras, computadores, celulares, hornos microondas u otro tipo de residuos que tenían, cuando estaban en uso, un alto valor comercial; por esta razón, en muchos casos el reciclador termina pagando por el residuo o el generador termina almacenando dicho residuo por tiempo indefinido. Los demás residuos que tienen poco o ningún valor, como cables, pilas, y bombillas son entregados al reciclador o dispuestos con los residuos convencionales. Aquellos RAEE que no tienen mercado o que su valor es muy bajo, tienden a no ser recolectados, al no compensarse el esfuerzo de su recolección.

 

De acuerdo con lo manifestado por algunos representantes de OR, la preferencia del generador por el canal informal responde a diversos factores como el desconocimiento de la gestión formal de RAEE, la contraprestación o pago por los RAEE por parte de los recicladores y/o chatarreros, y la comodidad de la recolección directamente en el lugar de generación13.

 

Esta gran cobertura en la recolección se debe tanto al gran número de recicladores que trabajan en Bogotá como a su distribución por toda la ciudad. De acuerdo con datos de la UAESP, a septiembre de 2017 en Bogotá se encontraban registrados 20.459 recicladores de oficio14, cifra que difiere ampliamente de los 13.771 del censo de recicladores del año 201215. Debido a estas disparidades, aún no se puede hablar de un número exacto de recicladores de oficio, ni de tendencias de crecimiento o decrecimiento de esta población.

 

En cuanto a su presencia en las diferentes localidades de la ciudad de Bogotá, según el censo de 2012 las localidades con mayor presencia de recicladores fueron: Kennedy (2.728), Suba (1.431) y Ciudad Bolívar (1.348). A este respecto, se encontró que no necesariamente la localidad de residencia del reciclador corresponde con aquella en la que se trabaja, como en el caso de la localidad de Kennedy que tiene un mayor número de recicladores trabajando con respecto a los recicladores residentes y Ciudad Bolívar donde se presenta el caso inverso (figura 2). Esto puede deberse a la cantidad y calidad de material que una zona brinda (Usaquén) o que en dicha localidad se encuentran más o mejores lugares para la comercialización del material (Kennedy).

 

 

Haga clic sobre la imagen para ampliarla

 

Figura 2. Localidad en la que residen y trabajan los recicladores de oficio en Bogotá D.C.

Fuente: elaboración propia con datos de Castro (2014).

 

 

Las diferencias entre la localidad de residencia y de trabajo pueden generar largos desplazamientos caminando, en este aspecto un reciclador puede tener jornadas de trabajo extensas, incluso superiores a 18 horas y realizar recorridos mayores a 20 kilómetros en un día. Es posible encontrar recicladores provenientes de Ciudad Bolívar, Tunjuelito o incluso Usme que reciclan en la localidad de Usaquén16.

 

Asimismo, es posible encontrar Organizaciones de Recicladores por toda la ciudad. De acuerdo con datos del RUOR, en Bogotá existen 130 OR que se encuentran en proceso de formalización ante la SSPD17; difieren en cantidad de asociados (recicladores de oficio), con diferencias tan grandes como 10 a 500 o más y una misma organización puede tener presencia en diferentes localidades, dependiendo donde sus asociados presten el servicio de recolección de residuos o tengan bodegas.

 

Luego de la recolección, el proceso depende del conocimiento del reciclador o de la organización acerca del mercado que pueda tener el RAEE completo o sus partes y a la rentabilidad que este pueda representar para el reciclador. Las posibles rutas que sigue un RAEE dentro de la gestión informal se presentan en la figura 3.

 

Haga clic sobre la imagen para ampliarla

 

Figura 3. Esquema de actividades dentro de la informalidad en la gestión de RAEE.

Fuente: elaboración propia.

 

Es necesario señalar que el sector informal constituye el primer eslabón de la cadena de manejo de RAEE (recolección y desmonte), pero una vez se asciende, aparecen empresas semiformales y formales para el aprovechamiento. Como regla general, el flujo de componentes valiosos recogidos por los recuperadores informales llega hasta los gestores formales nacionales e internacionales para su aprovechamiento y recuperación. Este es un aspecto inevitable, debido a que el sector formal cuenta con la infraestructura para realizar el aprovechamiento y con el poder adquisitivo para comprar grandes volúmenes de RAEE, lo que no sucede con el informal que se ve limitado por la escasez de recursos (Rodríguez et al., 2010).

 

Limitantes a la vinculación

 

Para la implementación de un esquema con participación del sector informal de RAEE, y específicamente de organizaciones de recicladores que recolectan este tipo de residuos, pueden presentarse diversos tipos de barreras que pueden convertirse en factores que impidan su establecimiento o que representen un punto crítico en el futuro.

 

Con el fin de entender la dinámica y proponer una solución integral a la gestión de RAEE en la ciudad, en esta sección se presentarán las limitantes identificadas como resultado de contrastar las diferentes opiniones, percepciones y posiciones de los actores en la gestión de RAEE en Colombia, recicladores de oficio, organizaciones de recicladores, programas posconsumo y autoridades ambientales.

 

Considerando su tipo y origen, dichas barreras fueron clasificadas como limitantes sociales, económicas e institucionales y se analizaron considerando sus antecedentes, las percepciones que evidencian o dan cuenta de su existencia y como estas circunstancias puede configurarse en un limitantes. En la figura 4 se muestran las limitantes identificadas.

 

Haga clic sobre la imagen para ampliarla

 

Figura 4. Clasificación de limitantes identificadas

Fuente: Elaboración propia

 

Limitantes sociales:

 

Entendidas como aquellas circunstancias propias de los desarrollos culturales, las formas de vida, los imaginarios, las denominaciones y las apreciaciones que un actor determinado tiene frente a la vinculación a un esquema de Gestión Integral de RAEE o frente a los otros actores que lo componen.

 

Discriminación

 

Los recicladores de oficio como población económicamente activa existen hace más de 60 años, básicamente surgieron de la migración forzada, como consecuencia del conflicto en las zonas rurales y alto desempleo en las zonas urbanas, debido a esta situación un gran número de habitantes decidió buscar entre los residuos una alternativa digna para vivir (Consultores, 2011). Sin embargo, en la década de los 80 se prohibía la actividad del reciclaje en las principales ciudades del país al asociarse con invasión del espacio público, ilegalidad y delincuencia. Por tal motivo, a los recicladores se les atropellaba e impedía ejercer el oficio y la ciudadanía los identificaba como indigentes o “desechables” (Álvarez-Maya y Torres-Daza, 2003).

 

A pesar de que la situación ha ido mejorando, actualmente se hace evidente la discriminación hacia la comunidad recicladora. Estos no sienten que los perciben como pares o como iguales, y en el caso particular de las alianzas con actores institucionales y privados, consideran que sus peticiones no son tenidas en cuenta y no perciben garantías para la participación equitativa en convenios y proyectos.

 

Desconfianza

 

La discriminación histórica a la población recicladora ha motivado un sentimiento generalizado de desconfianza frente a otros actores de la sociedad y resistencia a la implementación de políticas que vulneraban su derecho al trabajo, promoviendo procesos de discriminación y sentimientos de desconfianza hacia la institucionalidad. Este sentimiento se configura en un limitante para la vinculación, teniendo en cuenta que los recicladores tienen prevenciones frente a la información que se suministra en los convenios y el uso que se pueda dar a esta información, pues perciben que los demás buscan para aprovecharse.

 

[…] han sido tantas las malas experiencias, han sido tantas las desconfianzas que no es tan fácil… que, si uno lograra percibir que no hay nada oculto, que tienda a amenazar, a afectar, normalmente uno confía, uno tiene por riesgo confiar, pero digamos que en el tema de negocios es tan complicado…no es fácil. (Entrevista 14. Entrevista líder de la organización de segundo nivel ARB, comunicación personal, 2 de octubre de 2017)

 

La desconfianza parece ser recíproca pues algunos trabajadores de entidades gubernamentales perciben a la comunidad recicladora como conflictiva, poco receptiva y con actitud a la defensiva, y a su vez los PP desconfían que se respete la integralidad de los residuos dentro de un esquema con participación de recicladores de oficio, es decir, temen que los residuos puedan ser objeto de despiece o sustitución de partes para venta como productos nuevos, poniendo en riesgo el reconocimiento de las marcas de AEE.

 

Representatividad

 

Debido a la heterogeneidad de la población recicladora y a los diferentes procesos de asociatividad, no es posible garantizar que el representante legal de la organización represente los intereses de sus asociados, considerando que algunas pueden tener más de 500 asociados. Asimismo, un reciclador de oficio puede pertenecer a diferentes organizaciones, dificultando así la consolidación de la cohesión dentro de las organizaciones y el fortalecimiento del sentido de pertenencia.

 

Te digo la verdad, no los representa para nada, porque…primero, es un negocio, y donde hay un negocio, siempre va a haber uno más avispado que los demás, el más avispado desinforma a los que no lo son, porque es un negocio. (Entrevista grupal 1. Hombre adulto. Gestor social de la UAESP, comunicación personal, 29 de Agosto de 2017)

 

Esta situación se configura en un limitante pues podrían establecerse vínculos con organizaciones de recicladores que no tienen recicladores de oficio, es decir, terceros que se aprovechan de la figura para obtener ventajas o con líderes que no representan los intereses de la comunidad sino los suyos propios.

 

Desconocimiento

 

La presencia de sustancias peligrosas, la exposición y manejo inadecuado de los RAEE o sus partes, pueden generar impactos negativos para la salud y el ambiente. Sin embargo, los recicladores de oficio no reconocen su peligrosidad debido, entre otras razones, al manejo cotidiano de los mismos. De acuerdo con la encuesta realizada durante el trabajo de campo, en promedio para las categorías de RAEE18, el 42% de los recicladores encuestados los perciben como residuos no peligrosos y el 40% no los clasifica dentro de ninguno de los niveles de peligrosidad.

 

Este desconocimiento se configura en un limitante al no reconocer estos residuos como peligrosos o como residuos que requieren una gestión diferenciada, no se evidencia la necesidad de modificar prácticas inadecuadas o de crear alianzas con actores formales que cuenten con la tecnología necesaria para el tratamiento de los RAEE.

 

Limitantes económicas:

 

Se definen como limitantes económicas las condiciones bajo las cuales se da la distribución del dinero y se establecen las relaciones comerciales entre los actores involucrados en la gestión de RAEE y que representan una barrera para la vinculación:

 

Valor del residuo

 

Esta percepción puede nacer desde el momento mismo en que se adquiere el AEE y estar relacionado con el precio que tienen los aparatos al adquirirse, el tiempo de uso y permanencia con el usuario, el tipo de aparato, la utilidad del mismo e incluso, en algunos casos, por el valor sentimental que el generador puede darle. Esta concepción del residuo puede condicionar la forma en la que el generador lo entrega. En este contexto el generador puede esperar recibir un porcentaje de lo invertido en la compra, o debido a su valor sentimental puede preferir mantenerlo en su poder o donarlo para su reúso. 

 

Esta circunstancia puede configurarse en una limitante porque algunos PP consideran que pagar por la recolección de los residuos podría enviar un mensaje equivocado: fortalecer el concepto del “valor” del residuo, la contraprestación económica obligatoria por el acceso y, por lo tanto, promover el mercado informal de RAEE.

 

Mercado de RAEE

 

Este mercado se compone de establecimientos que se dedican a la compra y venta de AEE usados y sus partes para reparación, reacondicionamiento o remanufactura o para venta como materia prima –extracción de metales–. Los precios por unidad, o por parte, dependen principalmente del tipo de residuo, potencial de reúso, contenido de metales, potencial de extracción de materiales y actualidad de la tecnología19.

 

Este mercado compite directamente con las retribuciones económicas que se darían en el marco de los esquemas con participación de organizaciones de recicladores y que no corresponden en ningún caso a un pago por el residuo, sino que retribuyen las actividades de gestión que se realizan dentro del sistema, creando así barreras para la conciliación de precios y pagos.

 

Participación de las ganancias

 

La adecuada gestión de RAEE tiene gran potencial económico dentro de la minería urbana20. Aunque existe una fracción de RAEE que tiene potencial de aprovechamiento, no se puede calcular la ganancia sin deducir los gastos correspondientes a la gestión de los no aprovechables21.

 

[…] a mí me gustaría un negocio en el que yo no sea solamente la labor inicial […] me gustaría más participar, que me paguen la recolección y el transporte y participar de algo en la cadena final […]. (Entrevista 14. Entrevista líder de la organización de segundo nivel ARB, comunicación personal, octubre 2 de 2017)

 

Esta condición es de vital importancia para el éxito de los esquemas con vinculación de OR, ya que los actores pueden decidir no participar de esquemas de gestión vinculantes, si perciben que no reciben el porcentaje de ganancias correspondientes a las actividades que desarrollan dentro de la cadena de gestión y al beneficio ambiental que su labor representa. La participación de las ganancias no solo se refiere a compensación económica, sino a transferencia de tecnología, intercambio de conocimientos, reconocimiento, promoción como empresa responsable y visibilización como actores transformadores de la sociedad.

 

Limitantes institucionales:

 

Entendidas como las condiciones bajo las cuales se formulan políticas públicas y las entidades oficiales ejercen su labor, y que representan una barrera para la implementación de esquemas con vinculación de recicladores de oficio, se identificaron las siguientes limitantes institucionales:

 

Participación en formulación de políticas públicas

 

Colombia es pionera en la formulación e implementación de políticas públicas en Latinoamérica, sin embargo, aún existen oportunidades de mejora. Específicamente en la gestión de residuos, las OR han tenido que hacer frente, desde principios de los años 90, a normativas nacionales y municipales que excluían, o incluso criminalizaban su labor (IRR, 2017), para ello han presentado diferentes acciones de defensa que han generado institucionalidad para la inclusión (Parra, 2015).

 

[…] Siempre existió ese mercado (el mercado del RAEE), siempre lo manejaron los recicladores, sino que un día, pues…eh…hubo una normatividad, que básicamente se hizo a espaldas de los recicladores y se promovió con la norma…digamos que ese tipo de normas no son gratuitas, ¿no?, viene con su veneno y el veneno era, pues, que se crearon las empresas gestoras, que además se iban a convertir en las únicas. (Entrevista 14. Entrevista líder de la organización de segundo nivel ARB. Fecha: Octubre 2 de 2017)

 

Fue posible evidenciar una falta de confianza en la participación para la formulación de políticas públicas. Los recicladores perciben que aunque participen en los espacios de formulación, algunas de sus propuestas no se ven reflejadas en las políticas públicas y que, además, algunas de estas se han construido con lineamientos que favorecen a ciertos actores. Asimismo, si no se garantiza la participación efectiva de las partes, pueden implementarse medidas que no son viables para la realidad del país o que no pueden ser vigiladas y controladas por la autoridad.

 

Definiciones e interpretaciones

 

En la norma se define a los RAEE como: aparatos eléctricos o electrónicos en el momento en que se desechan o descartan” (Ley 1672 de 2013). Esto significa que la clasificación como residuo depende directamente del usuario. Si es así, se está frente a un problema semántico: un aparato usado puede ser catalogado como “residuo” por un usuario o como “bien en desuso” por otro y por lo tanto ser sometidos a procesos diferentes (reúso o disposición).

 

Esto permite que RAEE sean vendidos para reparación, reacondicionamiento o remanufactura, sin que estas unidades tengan un seguimiento para asegurar su correcto tratamiento, ya que estas actividades no se encuentran contempladas dentro del licenciamiento ambiental; incluso existen casos de instituciones gubernamentales que subastan, donan, venden o entregan aparatos usados descartados a empresas privadas o fundaciones.

 

Esta condición se convierte en un limitante, ya que no establece límites claros para la gestión de los RAEE, dejando amplios espacios de actuación que incentivan y promueven la informalidad en la gestión y compiten directamente con la rentabilidad, eficiencia y eficacia de los esquemas formales.

 

Desarticulación

 

Durante la investigación fue posible evidenciar que, en algunas ocasiones, dentro de las entidades gubernamentales se desconocen los proyectos e iniciativas que se están llevando a cabo en la institución o en otras que tengan escenarios conjuntos por sus competencias y responsabilidades. Entidades que entregan los RAEE para ser manejados por los recicladores, aunque estos no cuenten con las licencias ambientales para hacerlo, pues se encuentran en el marco de sus programas de inclusión.

Esto puede constituir un limitante en la vinculación ya que en ocasiones una entidad gubernamental puede respaldar un comportamiento que otra puede sancionar, entregando un mensaje contradictorio a la comunidad.

 

Riesgo de corrupción

 

El riesgo de corrupción constituye uno de los factores más debilitantes de las instituciones públicas. El pago de cuotas políticas con cargos, o con contratos con las instituciones públicas, ha minado por completo el actuar de las entidades y por supuesto el alcance de los planes y proyectos, pues comprometen recursos importantes para el pago de personal que, muchas veces, no responde a las necesidades de la institución, ni corresponden a los perfiles solicitados.

 

Existe una nómina paralela representada en cuantiosos y millonarios contratos de prestación de servicios ejecutados y en ejecución, celebrados por la entidad con personas naturales y jurídicas,  a partir de enero del 2016” - “Preocupa que presuntamente los recursos públicos estén siendo utilizados para ejecutar dos veces unas actividades que ya se encontraban contratadas por la UAESP, yendo en contra de los principios que orientan la contratación estatal22 (Semana, 2016, párr. 9)

 

Esta circunstancia genera desconfianza entre los actores que establecen relaciones con las entidades, y compromete dineros que serían invertidos en capacitaciones y fortalecimiento a las poblaciones más vulnerables del país, en este caso, de los recicladores.

 

Formas de contratación

 

La masificación del uso de la “contratación por prestación de servicios” en las instituciones del estado ha dejado una puerta abierta para las cuotas políticas, ya que algunas actividades misionales que deberían ser prestadas por funcionarios públicos pueden estar siendo llevadas a cabo por contratistas. “El más viejo soy yo…desde marzo del año pasado. Es decir, año y medio. ¿Y el que menos lleva?, ¡soy yo! Un día” (Entrevista grupal 1. Hombre y Mujer, adultos jóvenes. Gestores sociales de la UAESP, comunicación personal, 29 de Agosto de 2017).

 

Debido al largo proceso de contratación se pueden presentan periodos de tiempo en los que no se cuenta con personal que mantenga la relación con la comunidad recicladores. Asimismo, estos constantes cambios de personal no les permiten a los recicladores crear vínculos de confianza y establecer espacios de participación efectivos con las instituciones.

 

Seguimiento y control

 

La comunidad recicladora ha manejado desde siempre el RAEE y aún después de la expedición de la norma lo sigue haciendo, evidenciando fallas en el control y seguimiento. Al indagar respecto a las multas o sanciones que la comunidad recicladora ha recibido debido al manejo de RAEE, solo una de las organizaciones encuestadas mencionó ser sancionada debido al almacenamiento.

 

Eso (la expedición de la norma) le limitó muchísimo a los recicladores el acceso a los RAEE, aunque no totalmente, habría que confesar, mea culpa, que los recicladores si nos encontramos una plancha, ¡la levantamos y suerte! (Entrevista 14. Entrevista líder de la organización de segundo nivel ARB, comunicación personal, octubre 2 de 2017)

 

Estas debilidades en el control también se presentan frente al seguimiento a las empresas importadoras de bombillas, computadores y pilas, que de acuerdo con la normatividad ambiental vigente deben tener un programa posconsumo, y a la fecha no lo tienen.

 

Esta deficiencia en el control se identifica como un limitante a la vinculación, teniendo en cuenta que al no haber sanciones, ni multas, la informalidad puede seguir actuando y, por lo tanto, no se evidencia la necesidad de modificar sus prácticas, ni establecer alianzas que les permitan migrar hacia la formalidad. En la tabla 1 se resumen los limitantes identificados y su afectación en los diferentes grupos de actores.

 

Tabla 1. Limitantes identificadas y su afectación en los diferentes grupos de actores.

 


 

 

Discusión

 

En el mundo se han presentado experiencias exitosas frente a la vinculación de actores informales dentro de la gestión de RAEE. En Brasil, por ejemplo, debido a los altos consumos de electricidad en el país y la alta incidencia de conexiones fraudulentas, el gobierno implementó el programa de intercambio de refrigeradores en las favelas, un proyecto piloto del Ministerio de Ambiente de Brasil con cooperación de GIZ23 de reciclaje integral para neveras y congeladores domésticos viejos (Lobnig, 2011).

 

Una de las mayores preocupaciones del gobierno de Brasil era integrar el sector informal (por ejemplo, los “catadores”), que solían recolectar refrigeradores viejos en las favelas y desmantelarlos para recuperar y vender cualquier material valioso como metales y plásticos, aunque durante el proceso buena parte de los gases de efecto invernadero del circuito de refrigeración y la espuma aislante escapaban a la atmósfera (Lobnig, 2011), en un nuevo sistema de gestión de residuos de manera que asegurara el sustento de los catadores e incluso mejorara sus habilidades y condiciones de trabajo.

 

Reconociendo estas prácticas, el programa de intercambio de refrigeradores exigía que el refrigerador se entregara con el circuito de refrigeración intacto, incluido el compresor. Si estaba dañado o faltaba alguna pieza, el refrigerador no se cambiaría por uno nuevo (Lobnig, 2011). Así, los “catadores” fueron entrenados para recoger y entregar a la planta de reciclaje los refrigeradores sin dañarlos, para que el CFC24 contenido no se escapara (Proklima Brazil, 2012).

 

Este se considera un ejemplo exitoso de vinculación de recicladores en la gestión integral de RAEE porque se tuvieron en cuenta todos los actores que participaban del proceso, sus prácticas tradicionales, sus motivaciones, limitaciones y prevenciones, lo que permitió establecer una estrategia que superara las barreras entre las diferentes formas de gestión, con el objetivo de maximizar los beneficios económicos y sociales de las partes y el beneficio ambiental para el país.

 

En el caso de Bogotá, a través del trabajo de campo, fue posible evidenciar la existencia de dos experiencias de vinculación de organizaciones de recicladores en la gestión formal de RAEE, una promovida desde el sector formal y otra desde las organizaciones de recicladores.

 

La iniciativa promovida desde el sector formal corresponde a un proyecto piloto del programa posconsumo Lúmina25 que evidencia un espacio de articulación con las organizaciones de recicladores en la exención de la licencia ambiental para el centro de acopio con una capacidad menor a 32m3 y en la flexibilidad para el transporte de residuos hasta el centro de acopio26 contemplada en la Resolución 1511 de 2010.

 

El PP ha firmado acuerdos de cooperación con OR de Engativá (2) y Usaquén (2)27, en los que los recicladores realizan la recolección de los residuos de luminarias en el sector domiciliario y los almacenan en contenedores instalados por el PP en las ECA28, para ser recolectados, por el gestor del PP.

 

El PP reconoce a la OR un pago por kilogramo de luminarias recolectadas de $150 COP (5 ¢ USD). Los pagos se realizan con una periodicidad establecida previamente a través de un bono que se entrega directamente a la organización y esta, a su vez, se encarga de dividir el pago entre sus asociados. El convenio contempla la capacitación a los recicladores de oficio sobre el manejo ambientalmente seguro de los residuos de bombillas y acompañamiento en las zonas de prestación del servicio para la sensibilización de la comunidad sobre la separación y entrega de estos residuos.

 

Aunque las OR vinculadas con el programa consideran que aún hay cosas por mejorar, como los tiempos de respuesta para la recolección de las luminarias, un incremento en el valor convenido y un mayor apoyo a la organización, también perciben este tipo de iniciativas como un paso hacia la consolidación de alianzas con el sector formal, que les permitiría ampliar su rango de acción y diversificación de su portafolio de servicios, por lo que se encuentran dispuestos a seguir siendo parte de ellos.

 

Por su parte, algunas OR decidieron crear su propia estrategia de gestión con vinculación al sector formal, mediante acuerdos y convenios con gestores debidamente autorizados para la gestión de RAEE. Las OR realizan la recolección y el acopio de los RAEE, para su posterior manejo por parte de la empresa con licencia ambiental para almacenamiento, aprovechamiento, tratamiento y disposición final de RAEE. Dependiendo del gestor y del convenio hay tarifas para la compra de RAEE, que van desde los $800/kg (27 ¢ USD/kg) de baterías de computador o celulares, hasta $36.000/kg (12.18 USD/kg) de tarjetas de celular29.

 

Sin embargo, al revisar esta estrategia en el contexto de la normatividad ambiental vigente y de acuerdo con la información brindada por el MADS30, estas prácticas podrían estar ignorando la clasificación de los RAEE y las restricciones que con esta se establecen para su gestión; pues si bien, las actividades de aprovechamiento, tratamiento y disposición final están siendo desarrolladas por empresas que cuentan con la licencia ambiental, aún quedaría pendiente el cumplimiento en las actividades de recolección y almacenamiento, porque debido a la presencia de elementos considerados peligrosos se debe cumplir el Decreto 1609 de 200231. Esto debido a que las excepciones para los RAEE se hacen en el marco de las resoluciones que aprueban los PP, y las OR al no estar vinculadas con estos programas, no habría lugar a la excepción32.

 

Considerando las experiencias, nacionales e internacionales,  de vinculación de recicladores y teniendo en cuenta el análisis realizado frente a las percepciones, limitantes y ventajas de la vinculación de recicladores de oficio dentro de la gestión formal de RAEE, como el incremento en la cobertura, la cercanía con el generador, la cohesión como comunidad y la efectividad de la recolección realizada por los recicladores de oficio, se espera que la implementación de este tipo de esquemas representen una estrategia para aminorar la brecha de desigualdad, disminuir la vulnerabilidad de la comunidad recicladora, y tener una incidencia positiva frente a las problemáticas asociadas a estos residuos.

 

En el caso del aumento de la generación de RAEE, estos esquemas pueden incidir en la reducción de la cantidad de residuos por las actividades de reparación, reacondicionamiento y reúso, que fueron evidenciadas como prácticas habituales en la gestión realizada por los recicladores, extendiendo la vida útil de los AEE y previniendo la generación de RAEE. Asimismo, la vinculación de OR permitiría disminuir la cantidad de RAEE que se gestiona informalmente pues, independiente de si el generador conoce o no la gestión formal, el RAEE terminaría siendo conducido hacia la gestión adecuada, gracias a la recolección puerta a puerta realizada por los recicladores de oficio.

 

En la figura 5 se muestran los cambios en el flujo de RAEE que se generan gracias a la implementación de esquemas con vinculación de recicladores de oficio, en contraposición con los actuales (figura 6). Esta ventaja reviste gran importancia si se considera que los programas educativos requieren de amplios periodos de tiempo, constancia y el uso de diferentes herramientas que logren el cambio cultural que se busca en el generador para la apropiación de la gestión adecuada de RAEE.

En lo concerniente a la presencia de metales pesados y sustancias peligrosas en los RAEE, si bien es cierto que no es posible solucionarlos a partir de los esquemas con participación de OR, su implementación sí podría garantizar la gestión ambientalmente adecuada de estos residuos, evitando la dispersión de sustancias tóxicas y los impactos ambientales y en salud que estas generan.

 

Sin embargo, es importante resaltar que la gestión informal de RAEE no se acaba por la vinculación de las organizaciones de recicladores dentro del esquema de gestión de RAEE, esto debido a la existencia del mercado de RAEE que sigue motivando la entrega de este tipo de residuos a los establecimientos que ofrecen una contraprestación económica; situación que se espera contrarrestar con el fortalecimiento de la institucionalidad.

                 

 

 

Figura 5. Flujos de RAEE en esquemas de gestión con vinculación de organizaciones de recicladores de oficio

Fuente: elaboración propia

 

 

 

 

Figura 6. Flujos de RAEE en el esquema de gestión actual.

Fuente: elaboración propia

 

 

Lineamientos para la implementación

 

Teniendo en cuenta los limitantes identificados y las necesidades evidenciadas por los diferentes actores para la funcionalidad de este tipo de esquemas, se proponen como lineamientos para su implementación:

 

Política participativa

 

Crear espacios de dialogo con los actores con el fin de identificar las necesidades normativas, de incentivos y de instrumentos de comando y control que respondan al sector, a las múltiples realidades y puedan implementarse efectivamente por las autoridades. A la vez que se promueve el desarrollo de nuevas capacidades de las OR que les permitan fortalecerse como prestadores del servicio de aprovechamiento de RAEE, como se realizó para el caso de los residuos ordinarios. Se recomienda:

 

i. Capacitación y certificación en el manejo de residuos peligrosos: establecer programas de capacitación para los recicladores de oficio en la gestión adecuada de RAEE, certificada por una entidad del Estado que permita el seguimiento y control de los actores involucrados en la gestión.

ii. Implementación de medidas de protección: fortalecer las organizaciones de recicladores, brindándoles garantías para el acceso a técnicas seguras para la gestión.

iii. Eliminación de prácticas inadecuadas en el manejo de RAEE: establecer como requisito la eliminación de prácticas inadecuadas de manejo de RAEE, implementando sistemas efectivos de control en las instalaciones de las organizaciones que decidan participar del esquema.

iv. Participación permanente de los espacios de concertación con los actores del esquema: establecer estrategias que permitan la participación efectiva de los grupos de actores involucrados, formuladas a partir del reconocimiento de las particularidades.

v. Claridad en el establecimiento de los roles de los diferentes actores, las prohibiciones, las sanciones y las multas: especificar las actividades que serán realizadas por los actores y los requisitos que se deben cumplir con el fin de garantizar la seguridad y la funcionalidad del esquema. Las definiciones deben ser claras, concisas y precisas, evitando la ambigüedad en la interpretación de la norma. Se deben incluir normas tendientes a regular la comercialización de partes de RAEE, y el control y seguimiento de las actividades de reparación, reacondicionamiento y reúso a fin de evitar que este mercado siga motivando la gestión informal en el país. 

vi. Fomento de la inclusión: establecer incentivos económicos, como la reducción de impuestos, para motivar a los programas de posconsumo a incluir a las organizaciones de recicladores dentro de los esquemas de gestión de RAEE en el país. 

 

Reconocimiento del reciclador

 

Fortalecer la cultura del reciclaje con recicladores a partir de la implementación de programas de educación que muestren los beneficios ambientales del ejercicio de la labor de los recicladores. Con el fin de crear lazos más estrechos con la comunidad, implementar programas de sensibilización a la comunidad dirigidos por los recicladores de oficio, acompañados y asesorados por las autoridades competentes.

 

Convenios equitativos y transparentes

 

Se recomienda la participación de la institucionalidad, que sirva de garante de los esquemas con OR. En los convenios se requerirá conocer detalladamente el valor agregado que cada una de las etapas suma al proceso, para determinar la mejor distribución de las ganancias obtenidas por la extracción de los metales. Se recomienda establecer cláusulas que busquen el fortalecimiento de las empresas locales y de las OR, mediante transferencia tecnológica, intercambio de conocimiento y demás estrategias que se contemplen.

 

Fortalecimiento de la institucionalidad

 

Es imprescindible para la implementación de esquemas con participación de actores informales fortalecer a la institucionalidad, toda vez que las medidas de control tomadas deben hacerse efectivas para promover el cambio de prácticas y fomentar el uso del canal de gestión formal. Aunque se reconoce que estas medidas se encuentran fuera del alcance, y que dependen en gran medida de la voluntad política, se considera necesario evidenciar esta situación.

 


 

 

Conclusiones

 

A partir de la investigación desarrollada se ha podido concluir que la informalidad sigue gestionando una parte de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) que se generan en la ciudad y que a pesar de la normatividad vigente que regula su actividad, estos aún siguen siendo entregados por los usuarios a los recicladores de oficio, para quienes estos residuos representan una buena parte de sus ingresos.

 

Se pudo identificar que la preferencia por la actividad informal responde a diversos factores, entre los cuales se resaltan la  amplia cobertura en la recolección, la cercanía con el generador y la cohesión como comunidad. Considerando estas ventajas sobre el canal formal, la implementación de esquemas de gestión de RAEE que logren articular a la población recicladora con la gestión formal, podría redundar en una disminución de RAEEs gestionados inadecuadamente y un mayor aprovechamiento de estos residuos.

 

Sin embargo, se evidenciaron una gran cantidad de limitantes percibidos tanto por los recicladores de oficio como por las autoridades y los gestores autorizados.

La implementación de esquemas de gestión de RAEE que vinculen a población recicladora debe estar acompañada por una política participativa que tenga como ejes centrales la eliminación de prácticas inadecuadas en el manejo de RAEE a través de programas de capacitación y certificación en el manejo de este tipo de residuos, y el fomento de la inclusión con participación e intercambio permanente de conocimiento que promueva la formalización de actores informales.

 


 

 

Referencias

 

Álvarez-Maya, M. E. y Torres-Daza, G. (2003). Los Recicladores y el Desarrollo Sostenible. Fundación Social.

 

Baldé, C. P., Wang, F., Kuehr, R. & Huisman, J. (2015). The Global E-Waste Monitor 2014. Bonn, Germany: United Nations University, IAS – SCYCLE.

 

Brulle, R. J. & Pellow, D. N. (2006). ENVIRONMENTAL JUSTICE: Human Health and Environmental Inequalities. Annual Review of Public Health, 27(1), 103–124. https://doi.org/10.1146/annurev.publhealth.27.021405.102124.

 

Brunner, P. H. (2011). Urban mining a contribution to reindustrializing the city. Journal of Industrial Ecology. https://doi.org/10.1111/j.1530-9290.2011.00345.x

 

Bullard, J. D. (1996). Symposium: the legacy of American apartheid and environmental racism. St John’s Journal of Legistative Comment, 9(2), 445–474.

 

Castro, F. (2014). Informe “ Caracterización de la población recicladora de oficio en Informe “ Caracterización de la población recicladora de oficio en Bogotá". Análisis de los datos Censo 2012*. Bogotá D.C. Recuperado de: www.uaesp.gov.co

 

Consultores, A. (2011). Historia del Reciclaje y los Recicladores en Colombia. Recuperado de Link.

 

DAASU - MADS. (2017). Taller Política Gestión Respel - MADS. In Grupo de Sustancias Químicas y Residuos Peligrosos. (Ed.), La paz está en nuestra naturaleza (pp. 15- 28). Medellín, Colombia: Área Metrolpolitana del Valle de Aburrá.

 

Ewasteguide.info. (2009). Hazardous Substances in e-Waste. Recuperado de http://ewasteguide.info/hazardous-substances

 

IRR. (2017). Análisis de políticas públicas para el reciclaje inclusivo en América Latina. Recuperado de Link

 

León-Giraldo, J. (2010). Análisis de flujos de residuos de computadores en el sector formal e informal en Colombia. Recuperado de Link.

 

Ley 1672 de 2013. (19 de julio), Por la cual se establecen los lineamientos para la adopción de una política pública de gestión integral de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) y se dictan otras disposiciones.

 

Lobnig, S. (2011). Refrigerator exchange programme in Brazil: f-gas out and hydrocarbons in. Recuperado de Link.

 

Lundgren, K. (2012). The global impact of e-waste: Addressing the challenge. Recuperado de Link.

 

MADS. (2016). Política Nacional Gestión Integral de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos - RAEE. Recuperado de Link

 

MADS. (2017a). Política nacional para la gestión integral de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). Bogotá D.C., Colombia: Ministerio de Salud y de la Protección Social, Ministerio de Minas y Energía, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

 

MADS. (2017b). Programa Posconsumo - información general. Recuperado de Link

 

MAVDT. (2007). Gestión Integral de Residuos o Desechos Peligrosos. Dirección de Desarrollo Sectorial Sostenible, 1(24), 186.

 

Parra, F. (2015). Reciclaje: ¡Sí, pero con recicladores! Gestión pública del aprovechamiento con inclusión de recicladores: Un nuevo paradigma en el manejo de los residuos en Bogotá. Recuperado de Link.

 

Proklima Brazil. (2012). Introduction of a Comprehensive Refrigerator Recycling Programme in Brazil. Recuperado de Link.

 

Puckett, J., Byster, L., Westervelt, S., Gutierrez, R., Davis, S., Hussain, A.,… Smith, T. (2002). Exporting harm: the high-tech trashing of Asia. The Basel Action Network, Seattle, 1-54.

 

Rodríguez, L., Gonzáles, N., Reyes, L. & Torres, A. (2013). Sistema de gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Enfoque de dinámica de sistemas. Revista S&T, 11(24), 39-53. Recuperado de: Link

 

Salinas-Meruane, P. & Cárdenas-Castro, M. (2009). Métodos de investigación social. Recuperado de https://biblio.flacsoandes.edu.ec/catalog/resGet.php?resId=55376.

 

Los millonarios contratos que enredan a la directora de la UAESP. (octubre de 2017). Semana. Recuperado de Link

 

Torres, D., Guzmán, S., Ruediger, K., Magalini, F., Devia, L., Cueva, A.,… Rivero-Basiniani, I. (2015). Gestión Sostenible de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos de América Latina. Recuperado de Link.

 

Tsydenova, O. & Bengtsson, M. (2011). Chemical hazards associated with treatment of waste electrical and electronic equipment. Waste Management, 31, 45–58. https://doi.org/10.1016/j.wasman.2010.08.014.

 

Widmer, R., Oswald-Krapf, H., Sinha-Khetriwal, D., Schnellmann, M. & Böni, H. (2005). Global perspectives on e-waste. Environmental Impact Assessment Review, 25, 436–458. https://doi.org/10.1016/j.eiar.2005.04.001.

 


 

 

Potencial conflicto de intereses:

 

No se evidencian conflictos de intereses.

 


 

 

Fuentes de financiación:

 

Este artículo es resultado del proyecto de investigación titulado “Análisis de la Vinculación Estratégica de Actores Informales Dentro del Sistema de Gestión Integral de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE)”, código Hermes 36070, financiado con recursos de la División de Investigación de Bogotá en el marco del primer corte de la Convocatoria Nacional de Proyectos para el Fortalecimiento de la Investigación de la Universidad Nacional de Colombia 2016-2018.

 


 

 

i Universidad Nacional de Colombia. Bogotá, Colombia. E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. ORCID:  orcid.org/0000-0002-6402-8569. Google Scholar: https://scholar.google.es/citations?user=ETx2ggEAAAAJ&amp;hl=es

ii Universidad Nacional de Colombia. Bogotá, Colombia. E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ORCID  orcid.org/0000-0001-6675-5148. Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=VxwPKuAAAAAJ&amp;hl=es.

 

1 Directiva 2012/19/UE: “Todos los aparatos que para funcionar debidamente necesitan corriente eléctrica o campos electromagnéticos, y los aparatos necesarios para generar, transmitir y medir tales corrientes y campos, y que están destinados a utilizarse con una tensión nominal no superior a 1.000 voltios en corriente alterna y 1.500 voltios en corriente continua”. Colombia adopta la definición pero sin especificar el voltaje de operación (MADS, 2016).

2 Este dato corresponde a la generación agregada de las corrientes de RAEE estudiadas por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial en Diagnóstico de Computadores y Teléfonos Celulares (Ott, 2008). Computadores; Análisis de Flujos de Residuos de Computadores en el Sector Formal e Informal en Colombia (León-Giraldo, 2010). Computadores; Diagnóstico de Computadores y Teléfonos Celulares (Ott, 2008). Teléfonos Celulares; Diagnóstico de Electrodomésticos y Aparatos Electrónicos de Consumo (Blaser, 2009). Neveras, Lavadoras, Televisores, Equipos de Video y Equipos de Audio; Gestión de los Residuos Posconsumo de Fuentes de Iluminación, Pilas primarias y Secundarias (MAVDT - UNAL, 2008).

3 Hace referencia a las actividades de gestión de RAEE (recolección, transporte, almacenamiento, tratamiento, aprovechamiento y/o disposición final) que se realizan sin cumplir con la totalidad de los requisitos contemplados en la normatividad. Cuando se hace referencia a gestión informal o actor informal no se equipara ni relaciona con la ilegalidad.

4 “Reciclador de oficio: persona natural que realiza de manera habitual las actividades de recuperación, recolección, transporte o clasificación de residuos sólidos para su posterior reincorporación en el ciclo económico productivo como materia prima; que deriva el sustento propio y familiar de esta actividad" (Decreto 516 de 2016).

5 Realizadas entre agosto y octubre de 2017 con la participación de organizaciones de recicladores de primer nivel, gestores sociales de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP, gestores de las alcaldías locales y, en algunas ocasiones, funcionarios y contratistas de Entidades Distritales tales como Secretaría Distrital de Salud - SDS y Secretaría Distrital de Integración Social - SDIS.

6 Es decir, aquellas en las que el investigador “define” la muestra de tal modo que esta refleje lo mejor posible al Universo “a su criterio” (Salinas-Meruane & Cárdenas-Castro, 2009).

7 La jornada de recolección se llevó a cabo en el mes de septiembre del año 2017 en una de las localidades de Bogotá D.C.

8 “Por la cual se establecen los lineamientos para la adopción de una política pública de gestión integral de Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), y se dictan otras disposiciones”

9 De acuerdo con el documento de Política Nacional de Gestión Integral de RAEE, la participación en peso es de 14% computadores, 8% pilas y 13% bombillas.

10 Para el año 2014 la generación agregada de las corrientes estudiadas se estimó en 127 mil toneladas.

11 Asociación integrada por Presidencia de la República, Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Ministerio de Educación Nacional, Fondo TIC y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA.

12 Centro Nacional de Aprovechamiento de Residuos Electrónicos.

13 A diferencia de la gestión formal en la que el generador residencial debe llevar sus residuos hasta un  punto de recolección.

14 Datos del RURO - Registro Único de Recicladores de Oficio. Oficio de respuesta 20175000132151, recibido el 3 de Octubre/2017.

15 Convenio Específico 001 de 2012, entre UAESP y Universidad Distrital Francisco José de Caldas, entre marzo y septiembre de 2012.

16 Reunión 4. Reunión de la localidad. Fecha: 25 de agosto de 2017

17 Registro Único de Organizaciones Recicladoras - Con el Decreto 596 del 11 de abril de 2016, se regula el régimen transitorio para la formalización de los recicladores de oficio: para la prestación del servicio público de aseo en la actividad de aprovechamiento se deberán registrar ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD), en conformidad con la Ley 142 de 1994.

18 De acuerdo con la Directiva 2002/96/CE los AEE se clasifican en 10 categorías: grandes electrodomésticos, pequeños electrodomésticos, equipos de informática y telecomunicaciones, aparatos de consumo, aparatos de alumbrado, herramientas, juguetes, equipos deportivos y de tiempo libre, aparatos médicos, instrumentos de vigilancia y máquinas expendedoras.

19 $12.000 COP por unidad de CPU y de $6.000 COP por unidad de pantalla, independiente si era funcional o no en el momento de la compra. Televisores LCD y Plasma es posible comercializarlos hasta por $100.000 COP o más dependiendo del tamaño y del estado.

20 Reutilización sistemática de materiales antropogénicos provenientes de áreas urbanas (Brunner, 2011)

21 Porcentaje de estos residuos no es aprovechable, pues no se cuenta con la tecnología para su aprovechamiento, no tiene mercado o no es rentable, por lo que dicha fracción debe desecharse o en algunos casos hasta pagar por su disposición final

22 En el transcurso de esta investigación, Beatriz Elena Cárdenas, directora de la UAESP fue denunciada ante la fiscalía y la procuraduría  por una supuesta contratación irregular en el Distrito. Para octubre de 2016, la UAESP había gastado en lo corrido en ese año más de 3.200 millones de pesos en contratos de prestación de servicios para asesorías jurídicas y según las denuncias radicadas en la Fiscalía y Procuraduría, “no contaron con procesos de licitación y fueron entregados a dedo”, ya que no se habría hecho licitación y fue un beneficio directo el que se otorgó.

23 GIZ: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit.

24 CloroFluoroCarbono

25 (más información en http://lumina.com.co/)

26 Pues no se hace explícito el cumplimiento del Decreto 1609 de 2002.

27 Datos hasta el día 14 de agosto de 2017.

28 Estaciones de Clasificación y Aprovechamiento.

29 Datos tomados en campo. Tabla de precios en bodegas de organizaciones de recicladores.

30 Reunión MADS. Funcionario DAASU. Octubre 17 de 2017.

31 Sección 8 del Decreto Único Reglamentario del sector transporte, Decreto 1079 de 2015 "Por el cual se reglamenta el manejo y transporte terrestre automotor de mercancías peligrosas por carretera".

32 Hace referencia a lo dispuesto en las Res. 1512, 1511 y 1297 de 2010 respecto a no requerir licencia ambiental los centros de acopio con capacidades menores a 50m3, 32m3 y 28m3 respectivamente, y a que no se encuentra explícito el cumplimiento del Decreto 1609 de 2002 para el transporte de residuos.

 


 

Para citar este artículo: Casas, I. y Toro, J. (2020). Análisis de la vinculación de organizaciones de recicladores al Sistema de Gestión Formal de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos en Bogotá D.C. Revista Luna Azul, 50, 40-65. Doi. 10.17151/luaz.2020.50.3

 


 

Esta obra está bajo una Licencia de Creative Commons Reconocimiento CC BY 

 

Licencia de Creative Commons

 

Código QR del artículo