EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA ETNIA DE LOS QUILLACINGAS

Armando José Quijano Vodniza¹, Luz Elena García García²

Recibido: 28 de abril de 2017, Aceptado: 18 de mayo de 2018, Actualizado: 28 diciembre 2018

DOI: 10.17151/luaz.2018.47.11

RESUMEN

El presente artículo de investigación tiene como objetivo realizar una lectura etnográfica de las estrategias comunitarias que los cabildos indígenas quillacingas del municipio de Pasto han implementado para adaptarse y mitigar los efectos nocivos generados por el cambio climático sobre el paisaje cultural (geografía sagrada). El texto se enfoca en los efectos de este fenómeno sobre el buen vivir y el etnodesarrollo.

La investigación adelantada corresponde al enfoque cualitativo de carácter hermenéutico, en donde se aplicó el método etnográfico, utilizándose las siguientes técnicas de recolección de la información: la entrevista, el taller y la observación participante. La unidad de trabajo estuvo conformada por doce integrantes de los cuatro cabildos quillacingas, para un total de cuarenta y ocho participantes entre miembros, líderes y personas mayores de 40 años que por su conocimiento del medio ambiente local se consideraron como informantes clave.

El estudio permitió establecer que el cambio climático está generando efectos adversos sobre el buen vivir en la etnia de los quillacingas, especialmente debido a las alteraciones en la concepción del tiempo y en el manejo del territorio respecto a los ciclos de producción agrícola, los ritos estacionales, las labores tradicionales y las prácticas comunitarias, así como el consecuente desplazamiento de algunos miembros de la familia hacia las ciudades en búsqueda de oportunidades de vida que son esquivas para ellos. Todo esto ha contribuido a aumentar la pobreza y la miseria, la desprotección, la inseguridad y la violencia, el desarraigo hacia sus territorios y la pérdida de identidad cultural.

PALABRAS CLAVE

Cultura, territorio, cambio climático, etnografía y medio ambiente.

EFFECTS OF CLIMATE CHANGE ON THE QUILLACINGAS ETHNIC GROUP

ABSTRACT

The objective of this research paper is to make an ethnographic reading of the community strategies that the Quillacingas ethnic group councils of the Municipality of Pasto have implemented to adapt and mitigate the harmful effects generated by climate change on the cultural landscape (sacred geography). The text focuses on the effects of this phenomenon on good living and ethno-development.

The research carried out corresponds to the qualitative approach of hermeneutical nature, where the ethnographic method was applied using the following techniques of information gathering: the interview, the workshop and the participant observation. The work unit consisted of twelve members of the four Quillacingas councils, for a total of forty-eight participants among members, leaders and people over 40 years of age who, because of their knowledge of the local environment, were considered as key informants.

The results allowed establishing that climate change is generating adverse effects on the good living in the Quillacingas ethnic group, specially due to the alterations in the conception of time and in the management of the territory regarding the cycles of agricultural production, seasonal rites, traditional tasks and Community practices, as well as the consequent displacement of some family members to the cities in search of life opportunities that are elusive for them. All this has contributed to increasing poverty and misery, lack of protection, insecurity and violence, uprooting towards their territories and the loss of cultural identity.

KEY WORDS

Culture, territory, climate change, ethnography and the environment.

INTRODUCCIÓN

El cambio climático es concebido como una alteración del clima por causas naturales o antrópicas que modifican la composición de la atmósfera de la Tierra. Se manifiesta como un calentamiento global o incremento progresivo de la temperatura del planeta, producto del aumento en las emisiones de los gases de efecto invernadero en la atmósfera (especialmente dióxido de carbono, metano y óxido nitroso) atribuidos a la quema de combustibles fósiles realizada desde la Revolución Industrial en el siglo XVIII y a la deforestación.

Como consecuencia de dicho calentamiento global, en el transcurso del siglo XX, “el incremento de la temperatura hizo que el nivel de los océanos subiera entre 10 y 20 cm, a causa de la expansión térmica del agua y la descongelación parcial de los casquetes polares” (Oficina Colombiana para la Mitigación del Cambio Climático, 2003, p. 6); así mismo, en los próximos cien años se prevé un aumento en el nivel del mar entre 9 y 88 cm (IPCC, 2014) y una elevación de la temperatura, que de acuerdo con los pronósticos de los expertos en el período 1990-2100, estará entre 1,4 y 5,8 ºC, lo que “no tiene precedentes en los últimos 10.000 años” (Oficina Colombiana para la Mitigación del Cambio Climático, 2003, p. 5); de igual manera, la Organización Meteorológica Mundial (OMM) estableció que la década comprendida entre los años 2000 y 2009 ha sido la más calurosa “desde que comenzaran los registros climáticos instrumentales en 1850” (2010, p. 1).

El calentamiento global ocasiona que los fenómenos climáticos como La Niña y El Niño se hagan más frecuentes e intensos (IDEAM, 2007). Es así como entre 2010 y 2011, gran parte de Colombia fue afectada por el fenómeno climático de La Niña, caracterizado por una ola invernal que superó en muchos lugares del país la intensidad y la duración de las lluvias; mientras que entre 2015 y 2016, el país fue azotado por el fenómeno de El Niño.

Las proyecciones anuncian graves repercusiones sobre el clima planetario, que a la vez impactan de manera considerable a los ecosistemas, la biodiversidad y los glaciares, con la consecuente disminución del agua y de las cosechas, afectando por consiguiente la seguridad alimentaria (Oficina Colombiana para la Mitigación del Cambio Climático, 2003).

Los eventos catastróficos, como las inundaciones y los deslizamientos de tierra, serán más agudos; además de las incidencias sociopolíticas debido a la pérdida y división de los territorios ancestrales, la marginación política (Aubad, 1996) y la migración de las comunidades vulnerables como las indígenas, campesinas y afrocolombianas hacia los centros urbanos. Estas situaciones traen como consecuencias el aumento del desempleo, la presión sobre los recursos naturales y los servicios básicos, la precarización de las condiciones de vida, el incremento en los índices de morbilidad y mortalidad y la violación de los derechos a una vida digna y sustentable.

Precisamente, a raíz de los últimos desastres naturales ocurridos en diferentes partes del mundo, especialmente después del tsunami de diciembre de 2004 que afectó a varios países asiáticos en el océano Índico, diferentes instituciones y algunos investigadores a nivel internacional comenzaron a interesarse por los conocimientos tradicionales para afrontar las catástrofes naturales (Rungmanee y Cruz, 2005). Por otro lado, la XV Conferencia sobre Cambio Climático, organizada por la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático en diciembre de 2009 en Copenhague, ratificó la importancia del papel que juegan las comunidades locales en la adaptación al cambio ante la incertidumbre que generan los gobiernos de los países industrializados de no acatar la reducción de la emisión de los gases de efecto invernadero.

En el caso de la comunidad de los quillacingas que habita en el municipio de Pasto, departamento de Nariño (suroccidente de Colombia), se observa que esta también ha recibido los embates del cambio climático como –por ejemplo–, a través del fuerte invierno acaecido en el 2011, el cual ocasionó inundaciones, derrumbes y avalanchas, muchas veces con pérdidas de seres humanos. Ante el desconocimiento de los efectos reales que este fenómeno natural de origen antrópico está generando en esta población indígena, surge la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuáles son las consecuencias que el cambio climático ha originado en el territorio y en la vida de las comunidades quillacingas del municipio de Pasto? La relevancia de estudiar los impactos del cambio climático radica en el enfoque comprensivo que la academia, en su responsabilidad social y ambiental, aporta para conocer qué está sucediendo con las comunidades frente a este fenómeno; esto implica la construcción de esquemas sociales que ellas mismas estructuran e incorporan como comportamientos colectivos (Aguirre, 2013).

Considerando las particularidades de la cosmovisión indígena de la naturaleza para el estudio de los impactos del cambio climático se incorporó como fuente teórica principal el desarrollo a escala humana de Max-Neef, quien propone dos categorías fundamentales: (i) necesidades existenciales de ser, tener, hacer y estar; (ii) necesidades axiológicas de “subsistencia, protección, afecto, entendimiento, participación, ocio, creación, identidad y libertad” (Max-Neef, Elizalde y Hopenhayn, 1993, p. 40).

Max-Neef profundiza en la visión que tienen los pueblos originarios de América Latina a través de un pensamiento crítico del desarrollo; al igual que otros autores que abordan este tema desde categorías como la integralidad (Tibán, 2000), cosmogonía (Batzin, 2005), etnodesarrollo (Velasco, 1999) o buen vivir (Acosta, 2012), para articular las dimensiones del ser humano y la naturaleza, no como “recurso económico, sino como un valor integral y espiritual, la vida misma” (ONIC, 1999, párr. 19). Así, fundamentada en la cosmogonía indígena, en donde la naturaleza es concebida “como un todo, que abarca lo material, lo espiritual y humano” (Tibán, 2000, p. 36), la propuesta del buen vivir³ es comprendida por los indígenas como un enaltecimiento a la vida, ya que como lo expresa Mujica: “el desarrollo no puede ser en contra de la felicidad, tiene que ser a favor de la felicidad humana, del amor a la tierra, de cuidar a los hijos, de tener amigos, de tener lo elemental” (Varela, 2012).

El buen vivir es “la vida del ser humano en armonía consigo mismo, con el resto de los seres humanos” (Acosta, 2012) y “una ética que parte del principio yo soy, si tú eres” (Dussel, como se citó en Ortega, 2013); de ahí que sea una afirmación, valoración y compromiso con la vida. El investigador indígena Huanacuni, de la comunidad Aymara, concibe al buen vivir como: saber vivir, que implica una armonía interna, y saber convivir alrededor con los demás, pues, si sabes vivir, convives con los demás en armonía y en equilibrio (Huanacuni, como se citó en CAOI, 2012). Sin embargo, fenómenos como el cambio climático son considerados como una ruptura del equilibrio del hombre con la Tierra y una desconexión con el universo, lo que a la vez afecta la convivencia.

Antecedentes de la investigación

El cambio climático se constituye en un problema que ocupa la atención de las agendas sociales y políticas nacionales e internacionales. Algunos autores, como Lampis (2013), señalan el problema que encubre al fenómeno en relación con las políticas, las formas de adaptación y mitigación, así como los impactos sobre el desarrollo en correspondencia a una “agenda unívoca” o “dobles agendas” en las que entran en tensión los diferentes intereses de las comunidades científicas, políticas y ancestrales que terminan privilegiando aquellas que detentan el poder económico. Por su parte, Ulloa y Prieto (2013) hacen un llamado de atención “tanto en escenarios académicos como políticos internacionales y nacionales, a entender la diversidad de concepciones y acciones frente a la variabilidad climática en contextos específicos” (p. 71), frente a uno de los principales escollos que es la falta de datos e información detallada de las localidades y la inaplicabilidad de propuestas generales de adaptación a particularidades geográficas y culturales.

En este sentido, Ulloa (2011) señala la conexión existente entre el fenómeno del cambio climático y la cultura. Por lo tanto, la comprensión de las cosmovisiones de los pueblos puede contribuir a la generación de estrategias que permitan afrontar este fenómeno, por lo que es necesario volcar la mirada a los saberes de los pueblos indígenas y campesinos, reconocer sus prácticas y estrategias (Ulloa y Prieto, 2013) y articular los diversos elementos como la naturaleza, los territorios, los cuerpos, las agriculturas y las acciones. Mediante ello se puede reconocer la “tecnología indígena” (Altieri y Nicholls, 2008), basada en estrategias comunitarias “que respondan a contextos históricos, culturales y políticos […] situados en espacios y territorios específicos” (Ulloa y Prieto, 2013, p. 72) y en formas de interacción “mucho más cercanas a una perspectiva sustentable con la naturaleza” (Ruiz, 2009, p. 123) para hacer frente al cambio y a la variabilidad climática (Gyampoh et al., 2009).

Para el caso latinoamericano se reconocen las acciones de adaptación de las comunidades étnicas, especialmente los cambios sociales, culturales y tradicionales que han estado ocurriendo por el cambio climático (Cunningham, Mairena y Pacheco, 2010). De esta manera los estudios e investigaciones incorporan cada vez más la cultura al conocimiento del fenómeno como caminos para afrontar sus impactos y orientar el diseño de estrategias.

Contexto de la investigación

La investigación se realizó en el territorio de la etnia de los quillacingas, la cual está conformada por un grupo de comunidades indígenas que han habitado desde tiempos prehispánicos el territorio del actual municipio de Pasto y gran parte del nororiente del departamento de Nariño. De acuerdo con Zúñiga (1996), los quillacingas fueron agricultores muy avanzados y debido a su ubicación geográfica ocuparon distintos pisos térmicos, lo que redundó en una producción abundante y variada. Los cultivos tradicionales más importantes de esta comunidad han sido el maíz, la papa y el fríjol.

La evidencia más temprana sobre el poblamiento de este territorio por la etnia de los quillacingas proviene del Libro Primero de Cabildos de Quito, en donde se muestra de manera indiscutible que el intento predecesor de colonización de la actual ciudad de San Juan de Pasto se realizó en 1537 en territorio quillacinga: “cuando Pedro de Puelles, nombrado teniente de Quito por ausencia de [Sebastián de] Belalcázar, llevó a su vez una expedición a poblar, en la provincia de Quillacinga, un asiento de españoles cuyo nombre había sido escogido de antemano: la Villa Viciosa de la Concepción de Pasto” (Cabildo de Quito 1537, citado en Romoli 1978, p. 16).

Posteriormente, el cronista español Pedro de Cieza de León -quien recorrió los Andes del actual departamento de Nariño alrededor del año 1544- registró en su obra La crónica del Perú que el Valle de Atríz y los poblados que circundaban este territorio estaban habitados por comunidades quillacingas: “dije que la villa de Pasto está fundada en el valle de Atris, que cae en la tierra de los quillacingas […]” (1553, p. 121), los cuales se extendieron al norte de la etnia de los Pastos sobre la banda derecha del río Guáitara, la mayor parte del valle del río Juanambú, y siguiendo las estribaciones de la Cordillera Central, hasta llegar a las partes altas y medianas del río Mayo.

Los quillacingas tenían jerarquías y rangos escalonados, en una organización sociopolítica basada en el cacicazgo. En el tiempo de la Colonia, los poblados quillacingas fueron organizados en resguardos; una entidad creada por Felipe II, a mediados del siglo XVI, para proteger a los indígenas de los atropellos a que habían sido sometidos por los conquistadores españoles durante el establecimiento de las encomiendas. Dichos resguardos estuvieron vigentes hasta mediados del siglo XX, cuando fueron declarados arbitrariamente inexistentes por el Ministerio de Economía Nacional, según el Decreto-Ley 1421 de 1940; sin embargo, con la expedición de la Constitución de 1991, los pueblos indígenas de todo el país ―incluyendo los quillacingas― iniciaron un proceso de recuperación de sus tradiciones, territorios y antigua organización sociopolítica; de tal manera que hoy en el municipio de Pasto existen cinco resguardos quillacingas oficialmente reconocidos por el gobierno nacional a través de la Dirección de Asuntos Indígenas, Minorías y ROM del Ministerio del Interior, ubicados en: El Encano, La Laguna, Obonuco, Genoy y La Laguna de Pejendino; con una población estimada de 3294 indígenas (DANE, 2010).

MATERIALES Y MÉTODO

La investigación se realizó desde el enfoque cualitativo, aplicando el método etnográfico, y buscó comprender el cambio climático y el buen vivir “a partir de la lógica y el sentir de sus protagonistas, por ende, desde sus aspectos particulares y con una óptica interna” (Sandoval, 2002, p. 11). La etnografía permitió describir la realidad social vivida y reconocida por la comunidad, lo que implicó dar voz a las personas que están afectadas por el problema. La unidad de análisis comprendió en el marco de la investigación general, las estrategias implementadas para la adaptación y mitigación del cambio climático; mientras que la unidad de trabajo se conformó con cuarenta y ocho (48) personas: doce (12) por cada uno de los cuatro cabildos en Obonuco, La Laguna de Pejendino, El Encano y Genoy; teniendo en cuenta los siguientes criterios: ser mayor de 40 años y miembro del cabildo indígena, así como líder de la comunidad.

Las técnicas de recolección de información aplicadas fueron: cuatro (4) talleres con la participación de cuarenta y ocho líderes (48) indígenas quillacingas, mediante el diálogo colectivo de saberes de los participantes, y doce (12) entrevistas por cabildo. Estas técnicas permitieron acopiar testimonios y reflexionar sobre los impactos del cambio climático en el buen vivir. Asimismo, se aplicó la observación participante para aprehender momentos importantes en la vida de la comunidad como son: fiestas religiosas y ancestrales que forman parte del calendario, especialmente vinculadas con el solsticio de junio, cuando se realiza la cosecha de los productos tradicionales; rituales asociados a los vestigios arqueológicos, especialmente lugares con arte rupestre; momentos importantes del ciclo agrícola vinculados al maíz; actos culturales, como la posesión de la nueva autoridad indígena; y visitas participativas a entornos naturales para identificar problemas de tipo ambiental por causa del cambio climático y a sitios en los que se practican rituales que vinculan a los indígenas con la naturaleza. Las diferentes observaciones se registraron en el diario de campo.

Una vez sistematizada la información primaria se procedió a la categorización; posteriormente, durante el proceso de interpretación, se buscó poner en diálogo la realidad, la teoría y el investigador, mediante el proceso de “triangulación interpretativa” (Ágreda, 2005), cuya importancia radica en que “constituye en sí misma el ‘momento hermenéutico’ propiamente dicho, y por ello es la instancia desde la cual se construye conocimiento nuevo” (Cisterna, 2005, p. 70). Los resultados se compartieron y retroalimentaron con las autoridades indígenas y los informantes clave.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Significado del cambio climático con base en la cosmovisión de los quillacingas

Desde el punto de vista de la cosmovisión de la etnia de los quillacingas, el cambio climático es interpretado por la comunidad como un rompimiento o una desarticulación del cosmos para dar con ello paso a las fuerzas del caos con todas las implicaciones nefastas para la vida de los seres vivos, incluyendo el planeta Tierra: “Para nosotros, lo que está pasando con el clima lo vemos como expresión del caos, al contrario del orden del cual nos hablaban nuestros mayores, debido a nuestra forma equivocada de actuar con la Madre Tierra” (entrevista, 13 de septiembre de 2013).

Para poder comprender esta aseveración de la comunidad de los quillacingas sobre el cambio climático es importante considerar los aportes de Estermann y Peña (1997), quienes resaltan que para las comunidades indígenas que han habitado los Andes desde tiempos precolombinos el cosmos siempre ha sido considerado como un sistema ético; un sistema en el que “todo está (éticamente) relacionado con todo” (p. 11). Solo cuando se respeta debidamente las relaciones entre el ser humano y el cosmos, la naturaleza produce y es fértil. Si estas relaciones naturales son negadas o hasta violadas, la Tierra se rehúsa a cumplir con su papel maternal; con el efecto de que la muerte aparezca de diferentes maneras tales como sequía, hambre, enfermedades y epidemias (Estermann y Peña, 1997).

Lo realmente interesante de esta visión ancestral de las comunidades indígenas del cosmos como un sistema de relaciones múltiples es que prácticamente coincide con el planteamiento de autores contemporáneos como Capra y Commoner. Efectivamente, Capra (2000), en su libro El tao de la física, narra su experiencia en donde pudo ver-sentir el complejo sistema de interrelaciones e interconectividad del universo: “[…] Ví cascadas de energía que llegaban del espacio exterior […] Ví los átomos de los elementos y los de mi cuerpo participando en aquella danza cósmica de energía” (p. 4). A partir de esta experiencia, Capra trató de reconciliar los postulados de la física moderna con las enseñanzas espirituales de Oriente.

Algunas de las principales ideas de su obra se refieren a la “razón esencial de las presentes crisis sociales, ecológicas y culturales” (Capra, 2000, p. 8) debido a la separación “de la naturaleza y de nuestros congéneres humanos” (Capra, 2000, p. 8), lo que ha generado “una distribución enormemente injusta de los recursos naturales, creando el desorden político y económico, una creciente ola de violencia […] y un feo y contaminado medio ambiente (Capra, 2000, p. 8). Esta forma de concebir el universo en la que el mundo es considerado como un conjunto de objetos separados de los sujetos no permite que seamos “conscientes de esta unidad de todas las cosas, [siendo] una abstracción idealizada por nuestro intelecto discriminador” (Capra, 2000, p. 52), cuando en realidad, todas las cosas y sucesos están conectadas e interrelacionadas, son interdependientes e inseparables, pues: “la realidad fundamental es la inseparable interrelación cuántica de todo el universo” (Capra, 2000, p. 55).

La concepción indígena de la Madre Tierra y la obra de Capra, basada a partir de los desarrollos teóricos y experimentales del nuevo paradigma de la física, permiten entender mucho mejor las leyes o principios rectores de la ecología planteados por el biólogo norteamericano Commoner (Medellín, 1998), tal como se puede evidenciar en las siguientes líneas:

(i) Todo está relacionado con todo lo demás: En un ecosistema todos los organismos están conectados; así lo que le afecta a uno, afectará a todos los demás.

(ii) Todo va a dar a algún lado: Las partículas del universo están conectadas de tal manera que cualquier cosa que le suceda a una de ellas afecta a todas las demás, no importando a qué distancia se encuentren dichas partículas, pues su efecto es inmediato, no necesitando del tiempo para transmitirse.

(iii) Nada es gratis o no hay comida de balde: Toda acción del hombre sobre la naturaleza ocasiona procesos generalmente irreversibles, los cuales tienden al desorden; es decir a aumentar la entropía de dichos ecosistemas.

(iv) La naturaleza es más sabia o sabe lo que hace: Esta ‘inteligencia’ es lo que permite que el planeta Tierra se comporte como un sistema autorregulador, siendo dicha energía consciente; por este motivo, las comunidades indígenas de América Latina han denominado desde la antigüedad al planeta Tierra como Madre Tierra o Pachamama.

De manera más específica, el rompimiento o desarticulación del cosmos que genera el cambio climático en la visión de los quillacingas ―ocasionando con ello la manifestación de las fuerzas del caos― se concibe como el rompimiento del Axis mundi; es decir, del eje simbólico que integra los tres mundos: el mundo de arriba (el mundo estelar y de los fenómenos atmosféricos); el mundo del medio (en donde acontece la organización de las actividades que la comunidad fija en el tiempo) y el mundo de abajo (habitado por los difuntos, los ancestros y los espíritus de la naturaleza). En este sentido, el hecho de que el verano, las lluvias y los vientos se presenten en épocas inusuales genera un impacto en todo el multiverso que integra los tres mundos de la cosmovisión de los quillacingas.

Por otro lado, como buenos observadores de la naturaleza, los quillacingas han percibido los efectos del cambio climático a través de los siguientes fenómenos: en primer lugar, la presencia de días inusualmente calurosos, especialmente en los últimos cinco años, en zonas entre los 2.700 y 3.000 m.s.n.m. que siempre se habían caracterizado por ser frías: “Sí, el calor ahora es más fuerte, porque antes uno podía trabajar en camiseta en la jornada de trabajo, por ejemplo, el ‘paleo’ [cavar la tierra], pero ahora ya no se aguanta, y le toca protegerse más” (entrevista, 5 de mayo de 2013). La variabilidad climática altera la temperatura del cuerpo y produce afectaciones como, por ejemplo, problemas en la piel de las personas expuestas al Sol.

En segundo lugar, la época del año cuando tradicionalmente comenzaba el invierno se ha desplazado, e incluso las lluvias no han llegado a fertilizar los campos o, viceversa, en la época de mediados del año, históricamente relacionada con el verano, se presentan lluvias inesperadas: “Ahora está dañado el tiempo, ya no es el tiempo de antes. Ahora llueve cuando quiere y llega el verano cuando no se lo espera, de tal manera que para la agricultura está malo el tiempo” (entrevista, 5 de mayo de 2013).

En tercer lugar, la presencia de lluvias torrenciales que duran poco tiempo, afectando a los cultivos y a la infraestructura de las localidades, especialmente las viviendas y las vías rurales. Esto ha sido más notorio para la comunidad de Obonuco, en especial en 2012: “El otro año ocurrió en una tarde un gran aguacero que cubrió gran parte de la vía de acceso y el agua se entró a las casas ubicadas en la parte más baja” (entrevista, 5 de mayo de 2013); de igual manera para los habitantes de El Encano, quienes vivieron una inundación de la laguna de La Cocha en el primer semestre de 2013: “A inicios de este año tuvimos una gran inundación en La Cocha, al punto que el agua se desbordó y entró a gran parte de las casas que quedan cerca del puerto” (entrevista, 20 de octubre de 2013).

En cuarto lugar, los vientos alisios de verano, típicos en la zona desde finales de junio hasta principios de septiembre, que hace unos veinte años eran una característica del clima de la región, han comenzado a mermar su frecuencia e intensidad hasta desaparecer por completo, pero presentándose en épocas inusuales, en forma de vendaval fuerte y repentino: “Los vientos, por lo regular, sí han cambiado, pues antes eran entre julio y agosto y ahora se han pasado entre octubre y noviembre” (entrevista, 5 de mayo de 2013); “Sí se han sentido vientos con fuerza en épocas diferentes a la estación tradicional y da miedo” (entrevista, 5 de mayo de 2013).

Este impacto involucra a “cada uno de los miembros de una comunidad, ya no como espectador pasivo de su propia realidad, sino como sujeto activo en la decisión sobre sus procesos de desarrollo” (IDEAM, 2011, p. 21). De allí la pertinencia de incorporar la concepción de Max-Neef, Elizalde y Hopenhayn (1993) sobre un desarrollo que transcienda la condición de objeto al centrarse en las personas en relación con la naturaleza y los territorios que habita.

Efectos del cambio climático en el sistema de necesidades

A continuación se presentan los efectos que el cambio climático está originando en los principales satisfactores de la comunidad de los quillacingas según las categorías de: necesidades existenciales (ser, tener, hacer y estar) y necesidades axiológicas (subsistencia, protección, afecto, entendimiento, participación, ocio, creación, identidad y libertad), propuestas por Max-Neef, Elizalde y Hopenhayn (1993). De acuerdo con estos autores, la subcategoría ser tiene que ver con los atributos que son propios de la comunidad indígena; la subcategoría tener registra instituciones, normas, mecanismos y leyes que orientan a dicha comunidad; la subcategoría hacer presenta acciones colectivas y la subcategoría estar registra espacios y ambientes en los que se realizan las acciones de la comunidad.

Tabla 1. Matriz síntesis de los principales satisfactores de desarrollo social y humano afectados por el cambio climático en la comunidad de los quillacingas del municipio de Pasto

Fuente: elaboración propia por parte de los autores.

Necesidad de subsistencia

Como se observa en la tabla 1, uno de los efectos significativos que la comunidad de los quillacingas ha percibido en la naturaleza como consecuencia del cambio climático es la disminución de las fuentes de agua, a tal punto que en los meses de verano algunas de ellas prácticamente se quedan sin caudal para abastecer las actividades domésticas, agrícolas y ganaderas: “La cantidad de agua de las quebradas ha mermado bastante, por ejemplo, la quebrada que pasa por aquí se secó en el otro verano y ahora medio se ha recuperado, pero no está como era antes” (entrevista, 5 de mayo de 2013).

De hecho, el PNUD (2010) prevé que en Colombia la escasez hídrica será uno de los principales problemas que se presentará en las partes altas de la cordillera debido al cambio climático. Más aún, en las visitas realizadas se pudo observar que ya comienza a presentarse cierta disputa por el agua entre los propietarios de las fincas y la comunidad indígena de algunos de los cabildos (como, por ejemplo, en el caso de Obonuco); pues ante la disminución de este recurso natural tan importante para la vida, los foráneos que llegan al territorio indígena están tomando el agua para llevarla a sus fincas; afectando de manera significativa a la comunidad rural que durante siglos se abasteció de manera gratuita de este preciado líquido.

Por otro lado, en los últimos años, también se ha presentado una disminución de la productividad agrícola de la chagra⁴ puesto que los quillacingas reconocen que su sementera produce menos de lo esperado cuando hay variaciones en el ciclo estacional. Asimismo, en varias oportunidades, se han presentado casos con la pérdida total de los cultivos por causa de la variación del clima:

Por ejemplo con las papas, cuando el tiempo está bueno y hay lluvia, alcanza a botar [producir] del 18 al 20 %, de lo contrario no llega ni al 10 %, y con el 10 % y con los precios tan malos que hay en el mercado, esto nos tienen hecho ‘churo’ [de brazos cruzados]. (Entrevista, 5 de mayo de 2013)

Yo, el año que pasó [2012], perdí plata [dinero] en la papa y en la alverja. En el caso de la papa, el tiempo fue veranoso [seco] y por lo tanto no produjo y la papa se quedó delgada. Es decir, con el cambio del tiempo algunos cultivos se dañan. (Entrevista, 5 de mayo de 2013)

Esta situación también se está dando con la producción de animales domésticos como conejos y cuyes⁵, en especial cuando acontecen veranos muy largos, como los ocurridos en 2012, que afectan la hierba de alimento para estas especies, atrasando su crecimiento y ocasionando su muerte: “El año pasado, por el verano que hubo, se tuvo que acabar con los animales pequeños: todo el mundo tuvo que coger los cuyes y los vendió a cualquier precio, pues todo [el forraje] estaba seco” (entrevista, 5 de mayo de 2013).

De alguna manera, para tratar de mitigar en cierta medida esta situación, algunas personas han tomado la decisión de reemplazar el alimento natural de los animales domésticos por concentrado que se compra en la ciudad de Pasto, aunque ello implica un incremento en los costos de producción: “El año anterior, debido a que no había buena hierba para los animales, a los cuyes y a los conejos les cambié la hierba por concentrado” (entrevista, 5 de mayo de 2013). Esto ha llevado a que varias personas de la comunidad hayan abandonado la práctica tradicional de sembrar la huerta casera y los alimentos que antes producían en la chagra.

La comunidad ahora compra a mayor precio en los supermercados de Pasto, con el consecuente cambio en la disponibilidad de fuentes de alimentos tradicionales. Por lo general, lo que se consigue en dichos supermercados corresponde a productos provenientes de otras regiones de Colombia y/o productos del exterior que llegan al país como consecuencia del proceso de globalización comercial que propician los diferentes tratados de libre comercio que el gobierno ha firmado. En este caso, los alimentos que llegan a la mesa de las familias indígenas no tienen nada que ver con su tradición milenaria.

Ante esta situación algunos miembros de la comunidad han optado por cambiar su actividad laboral, especialmente abandonando la agricultura y buscando otras fuentes de ingreso en la ciudad de Pasto. Debido a que los nuevos trabajos generalmente exigen dedicación de tiempo completo, varios de los miembros de la comunidad indígena terminan migrando a la capital y viviendo en barrios marginales con muchas dificultades económicas. Precisamente, uno de los aspectos de interés de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) es profundizar en “los vínculos [que existen] entre la migración, el cambio climático y el medio ambiente” (2014, p. 2). Esta organización reconoce que una de las principales causas que ha incrementado en la actualidad el fenómeno social de la migración en el mundo es el cambio climático.

La migración a las ciudades por parte de los indígenas también genera otra serie de dificultades sociales, siendo la más relevante para ellos la discriminación a la que se ven sometidos. Al respecto, el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas (2009) manifiesta que “al emigrar lejos de sus tierras tradicionales suelen ser víctimas de una doble discriminación: por migrantes y por indígenas” (p. 4). Según Matijasevic (2014), la migración del campo, producto de los cambios climáticos, genera un círculo vicioso: al llegar a las ciudades las personas contribuyen al desordenamiento de las urbanizaciones, lo que favorece el cambio climático y, a la vez, es causa de nuevas migraciones.

Por su parte, aquellos que se han quedado en sus lugares de origen perciben que la afectación de las actividades agropecuarias por causa de este fenómeno está incrementado el desempleo, la desintegración de la sociedad y la violencia. Se comienza a percibir una competencia perniciosa entre los mismos miembros de la comunidad con el propósito de poder sobrevivir, así se evidencia en los siguientes testimonios: “Cuando hay mucho verano, ya no se siembra y los lotes quedan ahí, abandonados, y no hay trabajo para la gente, entonces toca buscar otra forma del sustento” (entrevista, 5 de mayo de 2013).

En los últimos años, algunas personas del pueblo, en vista que no tienen trabajo, se han unido con personas que vienen de otras partes para robar los animales domésticos que se dejan en los corrales o incluso se han entrado en las viviendas para robar las pertenencias de las familias. (Entrevista, 18 de agosto de 2013)

Esta serie de aspectos han hecho que los quillacingas entrevistados reconozcan que poco a poco han ido perdiendo su vínculo sagrado con el territorio, especialmente los más jóvenes “quienes ya no se sienten a gusto con el campo y se dedican a imitar a los jóvenes de la ciudad” (entrevista, 5 de mayo de 2013), lo que influye en la pérdida de su identidad cultural.

Necesidad de protección

En lo relacionado con los componentes de salud y seguridad, la comunidad expresa que el cambio climático también está generando problemas de salud, en especial de tipo respiratorio (gripas) y en la piel de las personas que permanecen mucho tiempo en las labores del campo expuestas a los intensos rayos solares que ahora son más frecuentes:

Una gripa brava que nos dio a todos apenas está pasando. Antes esta gripa solamente se presentaba cuando más frio hacía, por los meses de junio y julio; pero ahora, debido al cambio del clima, la gripa da en cualquier momento, pues por la mañana hace sol y por la tarde llueve. Ahora, la gripa se adelantó y apenas está pasando. (Entrevista, 5 de mayo de 2013)

Nos estamos ‘quemando’ mucho la piel, eso puede influir para que se dé el cáncer en la piel por recibir mucho sol. Por ejemplo, en mi caso, cuando he trabajado en el terreno, en la noche no puedo dormir, porque me da fiebre o dolor de cabeza por el calor recibido en el día. También están las gripas, pues muchas veces está haciendo sol y al rato menos pensado llueve, es decir, uno está con calor y de pronto se moja y así se enferma. (Entrevista, 5 de mayo de 2013)

Las situaciones ante mencionadas ―aunadas a la contaminación del aire y del agua, alimentos insuficientes y vivienda insegura ante fenómenos extremos del clima― permiten a la Organización Mundial de la Salud (OMS) expresar que “los efectos del cambio climático para la salud serán probablemente muy negativos” (2013, p. 5), siendo las poblaciones más vulnerables (como las indígenas) las más susceptibles al impacto del cambio climático, incrementando “la inequidad en salud con efectos adversos en los determinantes sociales de salud sobre los pobres en los países subdesarrollados” (Oloukoi, Bob y Jaggernath, 2014, como se citó en Salazar et al., 2016, p. 105).

Como consecuencia de las afectaciones a la salud, algunos de los quillacingas han tenido que buscar atención médica en centros más especializados de la ciudad de Pasto; atención mucho más costosa que la que anteriormente recibían, ya sea mediante plantas medicinales conocidas desde tiempos prehispánicos (suministradas por los taitas), o asistiendo a los centros de salud de primer nivel que existen en cada uno de los corregimientos (Centro de Salud Genoy, Centro de Salud La Laguna, Centro de Salud El Encano y Centro de Salud Obonuco).

En lo que respecta al componente de seguridad de la comunidad indígena, los períodos de intensa sequía han favorecido el incremento de incendios forestales que afectan bosques primarios, animales salvajes y domésticos, así como algunas viviendas ubicadas cerca de los focos de incendio: “En […] 2012 aquí en Genoy hubo varios incendios forestales grandes que afectaron las zonas más altas del corregimiento, los cuales por su difícil acceso duraron varios días y dañaron muchos árboles y animales y una que otra chocita [casa]” (entrevista, 18 de agosto de 2013).

Según CORPONARIÑO (2011), la ocurrencia de incendios forestales en el departamento de Nariño está directamente relacionada con las prácticas inadecuadas de utilización de los recursos naturales, especialmente por las quemas que realizan los agricultores antes de la siembra, siendo una amenaza que “se encuentra fuertemente influenciado por el comportamiento cíclico del Fenómeno del Niño, el cual resulta impredecible” (p. 100). Por otro lado, en los períodos de intensa lluvia, influenciados por el cambio climático como el acontecido en abril de 2011, también se han afectado las viviendas de la comunidad asentada en el resguardo “Refugio del Sol” de El Encano: “Ahora cuando llueve, lo hace con tal intensidad que la laguna de La Cocha se desborda e inunda las casas ubicadas cerca de la Cocha” (entrevista, 18 de agosto de 2013). Esta situación se ha vuelto a repetir en 2014, como lo asevera la Dirección para la Gestión de Riesgo de Desastres de la Alcaldía de Pasto en uno de sus comunicados, cuando menciona que “se han reubicado temporalmente 21 familias con vivienda afectadas por el invierno en el corregimiento de El Encano” (2014, p. 3).

Desde el punto de vista institucional estos aspectos están afectando el derecho a la salud de los quillacingas, pues como lo expresa la OMS: “El goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano” (2013, p. 1). De igual manera el cambio climático está menoscabando el derecho de algunas personas de tener una vivienda digna, tal como se puede leer en el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios” (ONU, 1948); situación que enfatiza en la importancia de “reconocer la relación existente en la construcción de los conceptos de hábitat y vulnerabilidad a partir de las relaciones estructurales que el ser humano teje con su entorno” (Jiménez, 2013, p. 197).

Por otro lado, a partir del punto de vista de los atributos más profundos de la comunidad indígena, los impactos que genera el cambio climático en la salud y en las casas autóctonas se ven reflejados por un cuestionamiento a la medicina tradicional ante la aparición de enfermedades de difícil o nulo tratamiento por los procedimientos convencionales heredados de generación en generación: “Ahora, ya no sólo se presentan las gripas estacionales, sino problemas respiratorios que requieren a veces de hospitalización, pues no se curan con las hierbas y plantas que conocíamos de nuestros abuelos” (entrevista, 13 de octubre de 2013). Además, la pérdida de la vivienda como escenario substancial para la transmisión de las tradiciones de los padres a los hijos, especialmente alrededor del fogón y la chagra, reconociendo que para el indígena en la casa “no sólo se desarrolla la vida privada de las personas, sino también es un espacio de reunión, de convivencia, protección y cuidado de las familias y comunidades. En una palabra, es una necesidad básica de la condición humana” (Ayala, 2010, p. 1).

Necesidad de afecto

Con respecto a este satisfactor, los miembros de la comunidad expresaron que como consecuencia de los efectos del cambio climático sobre su chagra, algunas personas han salido del territorio indígena buscando mejores condiciones laborales en la ciudad de Pasto. No obstante, al llegar allí, se enfrentan con toda una serie de dificultades; una de ellas la de encontrarse con una forma de vida caracterizada por ser individualista, muy diferente a la visión de colectividad que habían conocido en sus lugares de origen: “Al llegar a la capital, uno se da cuenta que cada quien busca ‘salvarse’ como pueda, pues uno se siente que es un extraño para todos los demás” (entrevista, 13 de septiembre de 2013). La indiferencia a la que suelen ser sometidos los indígenas en las ciudades termina afectando su forma de comportarse ante la misma comunidad de la que proviene, con la consecuente pérdida del sentido comunitario de la vida.

Necesidad de entendimiento

Desde el punto de vista del conocimiento cultural la práctica ancestral de los quillacingas denominada el tiempo de las cabañuelas, que fue utilizada para la predicción del clima de un año completo a partir de la observación del clima que se presenta en los primeros días de enero, ha comenzado a perder vigencia, puesto que “el ciclo de las estaciones está muy cambiado, y por eso las cabañuelas ya no sirven” (entrevista, 5 de mayo de 2013). El concepto de las cabañuelas se fundamenta en la cosmovisión indígena de que el tiempo es cíclico y no lineal (como en la concepción Occidental) y que contiene ciclos menores (12 y 6 días de cabañuelas grandes y cabañuelas pequeñas respectivamente) dentro de un ciclo mayor (el ciclo solar anual de 1 año).

Sí, en eso si se ha percibido el cambio de clima, porque por lo regular siempre desde octubre hasta los primeros días de enero la estación es húmeda, es decir, hay lluvias. Ahí se espera el tiempo de las cabañuelas, las cuales ya no se cumplen, lo que antes sí sucedía, ya que los 6 primeros días anunciaban las cabañuelas pequeñas y los primeros 12 días de enero eran las cabañuelas grandes. Esto ya no se da, por ejemplo, el año anterior casi no llovió, únicamente fue en diciembre, y ahora prácticamente ha seguido el periodo seco. Estos cambios se vienen presentando aproximadamente hace unos treinta años, pero cada vez se van haciendo más fuertes. (Entrevista, 5 de mayo de 2013)

De esta manera, hoy en día, las personas que se dedican a las labores del campo tienen dificultades para hacer pronósticos del tiempo; por esta razón, realizan las actividades agropecuarias sin certeza de las condiciones ambientales que se tendrán:

Uno siembra los productos en la misma época del año, confiando que va a llover en el momento propicio para los productos, pero no siempre ocurre así, y es ahí donde vienen los problemas. Por ejemplo, uno sabe que hasta abril se puede sembrar, porque todavía hay humedad, y si ya viene junio, julio y agosto, en ese tiempo no se siembra, por cuanto no hay humedad y el producto se pierde. (Entrevista, 5 de mayo de 2013)

Esta situación está alterando la relación del ser humano con los otros elementos que conforman la naturaleza en la concepción indígena, ya que “se han sucedido modificaciones en actividades sociales y rituales que tienen que ver con ritmos, calendarios y prácticas espirituales, ligadas a ciclos ambientales” (Ulloa, 2008, p. 20), con lo que se termina afectando uno de los aspectos sobre los que se sostiene la cosmovisión indígena: la visión ordenada del universo.

Asimismo, según Novión y Estrada (2011), como consecuencia del cambio climático, las personas:

[comienzan a] percibir un entorno cambiante, ‘descontrolado’, fuera de las posibilidades de acción concreta, [… lo cual] se acompaña de una disminución del bienestar asociado a esta sensación de control […]. Por tanto, un aumento en la percepción de cambio climático significa una disminución del bienestar psicológico. (p. 100)

Necesidad de participación

Además de la deforestación, la sobreexplotación de los recursos naturales y la contaminación, entre otras actividades humanas, el cambio climático está contribuyendo a que cada vez más la comunidad tenga menos recursos naturales para garantizar la seguridad alimentaria y la salud; tal como acontece en el cabildo de Obonuco con el escaso suministro de agua en época de verano. Esto ha ocasionado que en algunas oportunidades se haya dado una competencia desleal entre algunos de sus habitantes, pretendiendo acceder a dichos bienes que ya no son tan abundantes como en antaño, sin importar que se afecte a otros miembros de la comunidad.

Debido a que el servicio de acueducto en Obonuco es muy barato, algunas familias para poder regar los cultivos están empleando mangueras que funcionan como un sistema de riego casi permanente, pero que disminuye el caudal para toda la población, especialmente cuando llega el verano. (Entrevista, 15 de septiembre de 2013)

Esta situación, sin lugar a dudas, genera enemistades entre los vecinos y es motivo de violencia tanto verbal como física. En el caso de los cabildos quillacingas, desde el punto de vista de su cosmovisión, estos aspectos están contribuyendo a la pérdida del sentido comunitario de la vida que habían heredado de sus antepasados prehispánicos; en especial en lo que respecta a “los manejos colectivos y procesos organizativos propios” (Ulloa, 2008, p. 30).

De hecho, el IPCC (como se citó en Sevillano, 2014) hace un llamado de atención en el sentido de que dicho fenómeno ―además de los efectos ya mencionados como el descenso de las cosechas, el incremento de las enfermedades y la degradación de los ecosistemas― puede llegar a generar a mediano plazo conflictos violentos o guerras civiles.

Necesidad de ocio

Un aspecto poco tratado por los expertos que analizan las diferentes consecuencias del cambio climático tiene que ver con el ocio, relacionándolo principalmente con el turismo en lo que respecta a los peligros que pueden sufrir los visitantes cuando se dan eventos climáticos extremos y al impacto ambiental que dichos turistas pueden ocasionar sobre los ecosistemas que se encuentran afectados por este fenómeno (Schatan, Montiel y Romero, 2010).

Sin embargo, para la comunidad quillacinga, el cambio climático está ocasionando una disminución del tiempo que antes tenían las familias indígenas para el ocio, pues ahora se requiere recuperar el trabajo afectado o perdido por la variabilidad climática:

Anteriormente, después de la cosecha del maíz, a mediados del año, teníamos tiempo para descansar y dejar descansar a la Madre Tierra, y podíamos ir a visitar a nuestros parientes o ir a sitios del corregimiento; sin embargo, ahora hay que continuar trabajando, pues ya no es seguro cuando se tendrá lo necesario para sobrevivir. (Entrevista, 13 de septiembre de 2013)

De este modo, los habitantes ya no respetan los días en los que el calendario ritual-agrario indica que no es prudente trabajar, lo que está generando: en primer lugar, desintegración familiar, pues ya no hay tiempo para que los padres compartan con los hijos: “si, ahora debido a que tenemos que estar más tiempo en la chagra produciendo, pasamos menos tiempo con los hijos” (entrevista, 13 de septiembre de 2013). En segundo lugar, esta situación también está incrementando las enfermedades por exceso de trabajo: “ahora las personas permanecen más tiempo al descubierto, lo que genera más problemas respiratorios y de la piel, además de agotamiento” (entrevista, 13 de septiembre de 2013). Y, en tercer lugar, desde el punto de vista ambiental, el incremento de la actividad agrícola está ocasionando pérdida de la capacidad regenerativa del suelo:

Prácticamente durante todo el año se está en las actividades de laboreo del suelo, empleando animales o herramientas mecánicas y abonos químicos, por lo que se ha notado que la tierra en los últimos años ya no es tan productiva. (Entrevista, 13 de septiembre de 2013)

En última instancia, la que se está afectando es la visión cíclica del tiempo que tenían los quillacingas como un componente fundamental de su cosmovisión. Una visión ancestral que enfatiza que debe haber un tiempo para el trabajo y otro tiempo para el ocio (Herrera, 2012).

Necesidad de creación

Algunas personas de la comunidad que se dedican a las artesanías, los tejidos, la música tradicional y otras actividades de creación (siendo trabajos que no generan muchos recursos económicos) han tenido que ocupar parte del tiempo que anteriormente dedicaban a estas labores para atender los efectos del cambio climático sobre la chagra:

De lo que he podido conocer, el cambio en el clima afecta mucho los cultivos, especialmente la papa. En este sentido, ahora tenemos que dedicar más tiempo a las labores del campo, descuidando otras actividades que nos gusta y que han formado parte de nuestra tradición, como es el caso de las artesanías que llevábamos a vender a Pasto. (Entrevista, 3 de septiembre de 2013)

Esto ha ocasionado que las actividades de creación poco rentables, aunque de gran valor cultural, estén siendo reemplazadas por labores de subsistencia que muchas veces no tienen nada que ver con las prácticas tradicionales de la comunidad; ello, irremediablemente, lleva a un detrimento de las prácticas artísticas y a la pérdida del mundo simbólico original de los quillacingas transmitido de generación en generación.

Ahora bien, algunas de las personas que llegan a los centros urbanos poco a poco dejan de practicar sus valores y cultura propia e introducen elementos de otras culturas o definitivamente se dejan absorber por los “no lugares” en los que se han convertido las ciudades (Augé, como se citó en Becerra, 1996); quebrantándose todo vínculo cultural con su territorio de origen, especialmente en el caso de los más jóvenes que finalmente terminan sintiéndose no identificados con la tradición indígena.

Esto genera una pérdida de identidad cultural en los quillacingas, entendida dicha identidad como una representación social sobre las maneras de pensar y construir la realidad que tiene una etnia (González, 2012), constituida principalmente por elementos de carácter simbólico que no solo permiten a sus miembros adquirir y reproducir el conocimiento, sino que da la capacidad de dotar de sentido a la realidad social al transformar lo desconocido en algo familiar. Esto significa que un grupo humano al perder la identidad cultural como consecuencia del cambio climático también pierde los sistemas de creencias, las opiniones y los valores que orientan las actitudes de las personas al operar como códigos normativos y ordenadores que regulan su vida (González, 2012) y queda sujeto a modelos de desarrollo que dejan al margen las necesidades de los territorios y las comunidades.

Necesidad de libertad

Esta necesidad se encuentra ligada al derecho de autodeterminación, resaltándose que en el caso de las comunidades indígenas de América Latina es un hecho que:

[Las] nociones de desarrollo, progreso y crecimiento ilimitado, [hacen parte de los] paradigmas que la modernidad Occidental y el imperialismo, tejieron con sangre, fuego y promesas de paz e igualdad en menoscabo de las soberanías y el derecho de autodeterminación de los pueblos. (Agudelo, 2016, p. 3)

Los miembros de la comunidad quillacinga coinciden con el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas (2009) en el planteamiento abierto de una denuncia sobre la “falta de participación plena y efectiva de los indígenas en la toma de decisiones y en la generación de estrategias que desde sus perspectivas estén dirigidas a confrontar el cambio climático” (p. 4), a pesar de la envergadura del fenómeno. En este sentido, resulta primordial que las personas que participan en la toma de decisiones sean protagonistas y aporten con su creatividad a las soluciones que se necesitan (Zarrilli, 2015). Esto está afectando el derecho a la autodeterminación de la etnia de los quillacingas, ya que falta reconocimiento de los derechos de los indígenas, dado que la visión Occidental de la naturaliza que impera actualmente no considera sus perspectivas: “Sí, a nosotros nunca nos han llamado a compartir nuestros conocimientos en beneficio de la naturaleza” (entrevista, 29 de septiembre de 2013).

Al afectarse este derecho de los quillacingas –como sucede prácticamente con todos los pueblos indígenas de Colombia–, estos dependen exclusivamente de la ayuda oficial para su supervivencia (la cual no siempre llega), lo que origina que continúen marginados política, económica y socialmente (Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas, 2009). Esta situación resulta paradójica, teniendo en cuenta que “la necesidad de generar conciencia ambiental y social en las comunidades [es] un elemento estratégico en la toma de decisiones para cualquier política asociada con el cambio climático en la región” (Guerrero, Flórez y García, 2014, p. 143).

En síntesis, el cambio climático está afectando varios satisfactores de la comunidad quillacinga del municipio de Pasto que se consideran como una condición sine qua non para alcanzar su etnodesarrollo; es decir, para hacer realidad su buen vivir. Esto confirma lo que varias entidades internacionales han venido manifestando en los últimos años: “En todo el mundo, la gente vive el calentamiento global como una grave amenaza a su bienestar” (PNUD, 2010, p. 33); convirtiendo a este fenómeno en un factor condicionante importante del desarrollo social y humano de los pueblos. Además, y como lo plantean Max-Neef, Elizalde y Hopenhayn (1993), el cambio climático está generando pobrezas en las comunidades debido a que “cualquier necesidad humana fundamental que no es adecuadamente satisfecha revela una pobreza humana” (p. 43).

CONCLUSIONES

La investigación permitió establecer que el cambio climático está generando repercusiones profundas y significativas en la cosmovisión de la etnia de los quillacingas, especialmente en las relaciones con la naturaleza, en la concepción del tiempo y en el manejo del territorio, considerando las necesidades y satisfactores propuestos por Max-Neef. En la necesidad de subsistencia se da una disminución del recurso hídrico que genera disminución de la producción agrícola, escasez de alimentos para el consumo humano y de los animales, desaparición de especies, migración del campo a la ciudad y conflictos entre indígenas y foráneos. Además de la pérdida del vínculo sagrado con el territorio y la identidad cultural en los más jóvenes, quienes son atraídos por otras culturas; mientras los adultos buscan oportunidades en la ciudad; ocasionando que las familias indígenas cambien sus ritos, prácticas culturales y en algunos casos se desintegren.

En cuanto a la necesidad de protección, el fenómeno afecta a la salud a través de la aparición de nuevas enfermedades, la incredulidad en los saberes medicinales ancestrales y la vulneración del derecho a una vivienda digna. Todo ello contribuye a la pérdida de la diversidad y la cultura, dado que desaparecen las reuniones tradicionales alrededor del fogón y la chagra, los mitos y sus símbolos. La contaminación de los valores naturales y culturales genera desprotección, inseguridad y desesperanza. Sobre la necesidad de entendimiento, el cambio climático altera las concepciones del tiempo y del espacio asociadas a la pérdida de vigencia de las creencias alrededor de las cabañuelas, produciendo una alteración en la relación ser humano-naturaleza. En cuanto a la necesidad de participación la comunidad reconoce su ausencia en las decisiones, organizaciones, colectivos y estrategias para atender el cambio climático que tanto les afecta.

Respecto a la necesidad de creación, debido a la dedicación a otras actividades que absorben el tiempo en el trabajo, los indígenas dejan de lado las prácticas culturales (artísticas y artesanales) generando una pérdida del mundo simbólico. Esto afecta la identidad cultural a través de la modificación que opera en el sistema de creencias en los valores y en las prácticas a raíz de la desvinculación de la cultura con su territorio. En la necesidad de libertad el cambio climático incide en la capacidad de autodeterminación y autorreconocimiento y en el aumento de la dependencia hacia el Estado para su subsistencia. De igual manera, la cosmovisión indígena tiende al detrimento en los modos de vida, valores y en general del buen vivir al introducirse otros lenguajes y prácticas culturales basadas en la lógica de la explotación y la acumulación, lo que origina que los vínculos entre los seres humanos y la Tierra se vayan diluyendo o transformando.

AGRADECIMIENTOS

Los autores agradecen a la Universidad de Manizales y a la Institución Universitaria CESMAG; así como a los miembros de las comunidades indígenas de los cabildos quillacingas de Obonuco, la Laguna de Pejendino, Genoy y El Encano, especialmente a los señores gobernadores.

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1. Magíster en Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente. Director del grupo de investigación Inti Rumi y docente adscrito a la Vicerrectoría de Investigaciones de la Institución Universitaria CESMAG, Pasto, Colombia. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. ORCID: 0000-0002-2795-5128. Google Scholar: Link. 
2. Doctora en Conocimiento y Cultura en América Latina. Docente investigadora en la línea de “Desarrollo social y humano”, Maestría en Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente y del grupo de investigación en Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible (CIMAD), Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Administrativas, Universidad de Manizales, Manizales, Colombia. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. ORCID: 0000-0003-3889-1163. Google Scholar: Link. 
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Para citar este artículo: Quijano, A.J. y García, L.E. (2018). Efectos del cambio climático en la etnia de los quillacingas. Revista Luna Azul, 47, 196-220. DOI: 10.17151/luaz.2018.47.11. http://lunazul.ucaldas.edu.co/index.php/component/content/article?id=303

Esta obra está bajo una Licencia de Creative Commons Reconocimiento CC BY  

VALORACIÓN ACTITUDINAL PROAMBIENTAL: UN ANÁLISIS GLOBAL EN ESTUDIANTES DE ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA Y TERCIARIA

Marta Fuentealba Cruz¹

Recibido: 9 de junio de 2016, Aceptado: 3 de diciembre de 2018, Actualizado: 28 diciembre 2018

DOI: 10.17151/luaz.2018.47.9

RESUMEN

El objetivo del presente estudio fue analizar y comprender la forma en que la valoración condiciona los elementos tanto cognitivos como afectivos (de los ámbitos contextual y personal) en la conducta de los estudiantes de enseñanza primaria, secundaria y terciaria con el entorno. Las preguntas orientadoras fueron ¿cuál es la valoración que los estudiantes de diferentes niveles de enseñanza otorgan a temas ambientales? ¿Existe diferencia en la valoración de los estudiantes entre el ámbito personal y el ámbito contextual al interior de las variables actitudinales? ¿Existe diferencia en la valoración de los estudiantes entre el ámbito de contaminación y el ámbito de conservación al interior de las variables ambientales? Para el análisis actitudinal se aplicó la escala de actitudes ambientales de Moreno et al. (2005) a 367 estudiantes. Se confirmó una adecuada consistencia interna de la escala, α Cronbach = 0,776. Se detectó que las mayores diferencias ocurrieron en las variables actitudinales correspondientes al marco personal y las menores diferencias se presentaron en las variables del ámbito contextual. Los resultados fueron relevantes debido a que indicaron que las variables pertenecientes al ámbito contextual son las que se deben reforzar, lo que puede materializarse robusteciendo el currículum a través del fortalecimiento de la educación ambiental. Las mayores valoraciones de las variables ambientales ocurrieron diferencialmente en los estudiantes de enseñanza terciaria, secundaria y primaria respectivamente; igual tendencia se dio en las variables actitudinales, detectándose en su interior que el ámbito contextual obtenía la menor valoración en los tres niveles educativos.

PALABRAS CLAVE

Actitud proambiental, educación ambiental, medio ambiente.

ATTITUDINAL PRO-ENVIRONMENTAL ASSESSMENT: A GLOBAL ANALYSIS IN PRIMARY, SECONDARY AND TERTIARY EDUCATION STUDENTS

ABSTRACT

The aim of the present study was to analyze and understand the way in which as-sessment  both cognitive and affective elements (contextual and personal) condition  the behavior of primary, secondary and tertiary education students with their environment. The guid¬ing questions were: What is the assessment that students of different levels of education give to environmental issues? Is there any difference in the assessment of students between the contamination and the preservation scope within environmental variables? The environmental scale of attitudes by Moreno et al., (2005) was applied to 367 students for the attitudinal analysis. An adequate internal consistency of the Scale,  α Cronbach = 0,776 was confirmed. It was detected that the greatest differences occurred in the attitudinal variables corresponding to the personal framework and the smallest differences occurred  in the variables of the contextual scope. The results were relevant because they indicated that the variables belonging to the contextual scope are the ones that must be reinforced which can be materialized by strengthening the Curriculum through the emphasis in environmental education. The highest assessment of the environmental variables occurred differentially in students of tertiary, secondary and primary education respectively. The same tendency was observed in the attitudinal variables, detecting in its interior that the contextual scope obtained the lowest assessment in the three educational levels.

KEY WORDS

Environmental attitude, environmental education, environment.

INTRODUCCIÓN

El interés que despierta la problemática ambiental representa la ocupación de gobiernos, organizaciones, instituciones educativas, científicos y ciudadanos, derivando en una serie de acciones en beneficio del ambiente (Zúñiga y Fuentealba, 2001; Goleman, 2009; Ministerio del Medio Ambiente de Chile, 2009; Mendieta y Gutiérrez, 2014). Para hacer frente a estos problemas es requisito fundamental comprender no solo los fenómenos físicos causantes del problema, sino también las determinantes sociales que caracterizan el comportamiento ambiental (Ministerio del Medio Ambiente de Chile, 2013). Por ello buena parte de la investigación desarrollada en los últimos años sobre comportamientos ambientales se ha focalizado en la teoría del comportamiento ambiental responsable; la cual se refiere a aquel comportamiento humano que conscientemente busca proteger, preservar y/o minimizar los impactos negativos sobre el medio ambiente y que se ha orientado en algunas acciones como reciclaje de productos, reducción de residuos, conservación de la energía, reducción de la contaminación entre otros; sin embargo existen dificultades para la implementación de estas acciones como, por ejemplo, las condiciones del medio y/o la cultura de las poblaciones (Dietz, Stern and Guagnano, 1998; González y Amérigo, 1999; Vining and Ebreo, 1992; Hines, Hungerford and Tomera, 1987; Taylor and Todd, 1995; Stern, 2000; Pérez, Pérez y Quijano, 2009).

Al respecto, numerosos autores han señalado que para lograr una comprensión adecuada de los problemas ambientales se requiere de un buen nivel de información que promueva el interés y la voluntad de colaborar en actividades ambientales (Mendieta y Gutiérrez, 2014; González-Gaudiano, 2005; Strobl, 2005; Espejel y Castillo, 2008; CONAMA, 2009; Rivarosa, Astudillo y Astudillo, 2012; Fuentealba y Soto, 2016; Fuentealba et al., 2017). Correa y Rodrigo (2001) señalan que el conocimiento previo sobre el medio ambiente es fundamental en la representación del comportamiento ambiental de los seres humanos, pero que también es necesario analizar los otros factores contextuales que inciden en ese proceso. Por su parte Calixto y Hernández (2012) reportan elementos que explican la relación entre las creencias y las actitudes, predominando el componente cognitivo fundamentado en experiencias escolares. De igual manera los resultados de la investigación de Hernández et al. (1997) ponen de manifiesto la contribución de los conocimientos previos sobre la relación persona-ambiente a la hora de explicar la conducta proambiental, señalando la necesidad de incorporar este concepto tanto en el ámbito de la explicación teórica como en el de la intervención profesional; ya que la conjunción de los conocimientos previos con la intención conductual constituye una manera eficaz de predecir la conducta. Análogamente Corral-Verdugo, Fraijo-Sing y Tapia (2008) encontraron una correspondencia directa entre una creencia y la acción, en un estudio sobre el consumo de agua. Desde otro punto de vista Pato, Ros y Tamayo (2005) afirman que las creencias sirven como una estructura que guía los procesos cognitivos y motivacionales al contribuir a la comprensión de cómo los valores, las actitudes y los comportamientos se relacionan y de las condiciones en que estos permanecen o se transforman; de tal modo que estas pueden indicar la forma en que las personas se vinculan con el medio ambiente y su predisposición de actuar de manera proambiental. Esto daría lugar a que las creencias ambientales serían una de las principales motivaciones para emprender una acción proambiental (Torres-Hernández, Barreto y Rincón, 2015).

Así pues, si las creencias sobre el medio ambiente contribuyen a determinar el actuar sobre el entorno, la educación ambiental surge como una herramienta clave para entender nuestra relación con él (Calixto y Hernández, 2012). La educación ambiental es fundamental para la formación de ciudadanos con estilos de vida que fomenten un entorno sostenible a través de conductas sustentables que podrían desencadenar acciones sostenibles, lo que implica el uso responsable de los recursos naturales (UNESCO, 2004; González-Gaudiano, 2005; CONAMA, 2009; Fuentealba, 2011; Camacho-Rodríguez y Jaimes-Carvajal, 2016).

Por tanto, si lo que se persigue como fin último en un estudio de carácter ambiental es modificar o instar nuevas actitudes proambientales, es necesario indagar sobre las actitudes de las personas frente al problema ambiental.

REFERENTE TEÓRICO

La temática ambiental es de importancia central para el bienestar humano, ya que cualquier alteración influye directamente en la salud y/o calidad de vida de las personas y en consecuencia los problemas hacia el medio ambiente emergen como necesidades sociales que deben ser cubiertas (Iglesias y Meira, 2007).

Por otra parte analizar las actitudes y percepciones ambientales de los estudiantes permite conocer el tipo de educación ambiental que reciben, además ayuda en el conocimiento que le otorgan a la calidad del entorno en que viven y a descubrir aspectos sobre la relación de los diferentes niveles de enseñanza con el medio ambiente, esto puede ser utilizado como indicador en los planes de estudios formativos (Ministerio del Medio Ambiente de Chile, 2013).

La percepción que tenemos del medio ambiente influirá considerablemente en la orientación y regulación de nuestras acciones hacia el mismo. Además de la percepción, las actitudes entregan información sobre la relación de las personas con el medio ambiente; entendido este en su dimensión local (entorno urbano natural) y global (la naturaleza en general) (Ministerio del Medio Ambiente de Chile, 2010). La concepción más extendida sobre las actitudes identifica otros dos componentes: las cogniciones y las emociones; las cuales motivan y orientan las respuestas (Moser, 2003). Para Holahan (2006), las actitudes se conceptualizan como los sentimientos favorables o desfavorables que se tienen hacia alguna característica del medio o hacia un problema relacionado con él. Asumimos, la definición de actitudes dada por Pérez, Quijano y Pérez (2005) según la cual “una actitud es una idea cargada de emotividad que predispone una clase de acciones a una clase particular de situaciones sociales” (p.29); esta definición incluye numerosas ideas de otros autores y engloba el enfoque particular que ha de considerarse en un sistema formativo como es el educativo (Escámez y Ortega, 1989; González y Amérigo, 1999). La atención que se debe prestar a las actitudes se justifica al ser consideradas una categoría superior del aprendizaje humano, ya que tienen como referente los valores y las normas que poseen un carácter relativamente estable y multidimensional y ayudan a adaptarnos a nuestro medio ambiente (Pérez et al., 2009). Por ello una actitud observable hacia un fenómeno deberá ser expresada en los sentimientos, el conocimiento y la tendencia a actuar sobre el fenómeno a estudiar (Mendieta y Gutiérrez, 2014).

El comportamiento proambiental es definido por Castro (2002) como “aquellas acciones que realizan los individuos o grupos de personas para el cuidado del entorno natural que logran calidad medioambiental” (p. 108). Corral-Verdugo y de Queiroz (2004) señalan que la conducta proambiental es “el conjunto de acciones deliberadas y efectivas que responden a requerimientos sociales e individuales que se reflejan en la protección del medio” (p. 7); por esto, es relevante fomentar la realización de comportamientos más respetuosos con el medio ambiente. Por su parte Kaiser, Wölfing y Fuhrer (1999) definen el comportamiento proambiental como “las acciones que contribuyen en la preservación y conservación del medio ambiente” (p. 3). Entretanto Corral (2006) afirma que el comportamiento proambiental se realiza de manera predeterminada y forma parte del modo en el que vive el individuo. El planteamiento desde esta postura es que la intención de conducta antecede a la conducta; es decir que previamente a la realización de una conducta hay una intención de realizarla (Castro, 2002); por tanto, las actitudes afectan al comportamiento de manera indirecta a través de la intención de actuar. En este sentido las opiniones que tienen las personas acerca del cuidado del medio ambiente y de la conservación de los recursos naturales preceden al comportamiento proambiental (Corral, 2006).

Tikka, Kuitunen y Tynys (2000) plantean que la crisis medio ambiental que viven muchos países se debe fundamentalmente al comportamiento y a patrones de pensamiento que tienen las personas. Por ello las mayores soluciones a los problemas ambientales pasan por una modificación del comportamiento humano donde es necesaria una estrategia de educación que logre un equilibrio entre el hombre y la naturaleza, fomentando la consciencia ambiental entre las nuevas generaciones (Pliego et al., 2004; Sosa et al., 2010; Fuentealba, 2011; Mendieta y Gutiérrez, 2014). Es en ese contexto que la educación ambiental juega un rol fundamental dado que está dirigida a “la formación de una ciudadanía que reconozca valores, aclare conceptos y desarrolle las habilidades y las actitudes necesarias para una convivencia armónica entre seres humanos, su cultura y su medio bio-físico circundante” (Ley 19300, art. 2, h).

Es imprescindible desarrollar un proceso educativo que se oriente al cambio de valores, concepciones y actitudes de la humanidad con el medio ambiente. De este modo la educación en la responsabilidad ambiental puede alentar diversos comportamientos que tienen una incidencia directa e importante en el cuidado del ambiente para lograr reducir el uso de plásticos, reducir la generación de residuos sólidos domiciliarios (RSD), separar en origen los RSD, reutilizar, reciclar, reducir el consumo de agua, incentivar el consumo responsable, proteger y valorar las especies endémicas entre otros (González-Gaudiano, 2005; CONAMA, 2009; Castillo y Fuentealba, 2014).

Si se quieren lograr cambios profundos hay que tener presente que los paradigmas de pensamiento realmente influyen en el comportamiento, por lo que se deben realizar esfuerzos por incorporar una visión sustentable en todos los ámbitos de la formación de ciudadanos consientes para que puedan configurarse como agentes de cambio y de transformación social (Fuentealba, 2011). Por su parte Corral y Domínguez (2011) indican que la práctica de conductas sustentables ―incluida como parte de los currículos escolares en los programas de educación ambiental― tendría consecuencias positivas en la satisfacción, motivación intrínseca, felicidad y bienestar psicológicos.

Concomitantemente Fuentealba y Soto (2016), aplicando la escala de actitudes de Moreno et al. (2005), detectaron una mayor valoración en las variables actitudinales correspondientes al marco personal (valoración y obligación moral) respecto a la valoración de las variables del ámbito contextual (normas sociales, facilitación e información), atribuyendo esta diferencia al nivel de conocimientos en temas ambientales de los estudiantes encuestados.

En el presente trabajo se analiza cómo se comportan las variables de los ámbitos personal y contextual al interior de las variables actitudinales y ambientales en estudiantes pertenecientes a educación primaria, secundaria y terciaria, aportando conocimientos que puedan incluirse en los contenidos de los proyectos de intervención de educación ambiental.

A partir de lo mencionado se plantean las siguientes preguntas: ¿cuál es la va¬loración que los estudiantes de diferentes niveles de enseñanza otorgan a temas ambientales? ¿Existe diferencia en la valora¬ción de los estudiantes entre el ámbito personal y el ámbito contextual al interior de las variables actitudinales? ¿Existe diferencia en la valoración de los estudiantes entre el ámbito de contaminación y el ámbito de conservación al interior de las variables ambientales?, con el objetivo de analizar y comprender la forma en que la valoración condiciona los elementos tanto cognitivos como afectivos (de los ámbitos contextual y personal) en la conducta de los estudiantes de enseñanza primaria, secundaria y terciaria con el entorno.

METODOLOGÍA

La investigación es un estudio no experimental, ya que se centró en observar los ámbitos que componen la actitud sin realizar ninguna manipulación sobre los estudiantes al aplicar el instrumento (Hernández, Fernández y Baptista, 2010).

El grupo de estudio consistió en 367 estudiantes, a quienes se les aplicó una encuesta, incluyendo estudiantes de: enseñanza primaria (43 alumnos de octavo año), secundaria (209 alumnos de segundo año) y terciaria (115 alumnos de primer año de universidad) de la ciudad de Talca, Chile, durante mayo y junio de 2011.

Se utilizó la escala de actitudes hacia temas ambientales de Moreno et al. (2005) con modificaciones; la cual consta de 50 ítems donde cada uno aporta una medida específica, relevante y complementaria de la consciencia ambiental. Las respuestas se miden solicitando el grado de acuerdo para cada ítem en un formato tipo Likert de 4 puntos: (1) nada o casi nada, (2) algo, (3) bastante y (4) mucho o totalmente (Ospina et al., 2005).

Las variables actitudinales del instrumento son organizadas en dos ámbitos: (i) el ámbito contextual del individuo, que incluye (i.1) “Facilitación de la conducta proambiental” (considera aquellas condiciones externas que facilitan, restringen e inhiben una acción proambiental determinada), (i.2) ‘Información’ (contiene afirmaciones de consenso científico que pretenden medir el conocimiento de un problema ambiental dado), (i.3) “Norma social” (hace referencia a las reglas percibidas por los individuos de la comunidad); y (ii) el ámbito personal, que abarca (ii.1) “Obligación moral o norma personal” (indica el sentimiento de obligación para asumir cierta responsabilidad ante los problemas ambientales) y (ii.2) ‘Valoración’ (se basa en el juicio que el individuo realiza sobre la seriedad del problema).

Las variables ambientales incluyen 10 tipos de problemas agrupados en 2 ámbitos: (i) contaminación, que integra problemas regionales y globales (como los productos químicos o el efecto invernadero) y de ámbito local (como el transporte, las basuras y el ruido en las ciudades) y (ii) el ámbito de conservación (que aborda el uso y estado de recursos como la energía y el agua, la conservación de áreas naturales, biodiversidad y reciclaje).

RESULTADOS

El coeficiente alfa de Cronbach que mide la fiabilidad de la escala de medición fue de 0,776, lo cual demuestra que el instrumento de medición es fiable.

Al clasificar las variables ambientales de la escala como los porcentajes de la suma de las categoría ‘bastante’ y “mucho o totalmente” se encontró que la población encuestada conocía de manera general los problemas ambientales en ambos ámbitos, detectando que las preguntas del bloque de conservación presentaron un mayor valor promedio en la escala de Likert que las preguntas del bloque de contaminación en los tres niveles de educación; no obstante, la diferencia no fue significativa (p > 0,01) (tabla 1, figura 1). En el bloque de conservación destacaron los temas de áreas naturales y energías renovables; en el bloque de contaminación los tópicos de efecto invernadero, gestión de RSD y transporte alcanzaron los más altos porcentajes de respuestas; es importante destacar que en educación primaria las variables reciclaje, áreas naturales y efecto invernadero fueron las que alcanzaron los porcentajes más bajos de respuestas (tabla 2, figura 2).

Tabla 1. Variables ambientales de los ámbitos de contaminación y conservación a través de una escala de Likert

Fuente: elaboración propia por parte del autor.

Fuente: elaboración propia por parte del autor.

Figura 1. Variables ambientales de los ámbitos de contaminación y conservación.

Tabla 2. Variables ambientales y su valoración a través de una escala de Likert

Fuente: elaboración propia por parte del autor.

Fuente: elaboración propia por parte del autor.¹

Figura 2. Porcentaje de valoración de las variables ambientales.

Al clasificar las variables actitudinales de la escala como los porcentajes de la suma de las categoría ‘bastante’ y “mucho o totalmente” se detectó que las correspondientes al marco personal (valoración y obligación moral) fueron las que alcanzaron los más altos porcentajes en los tres niveles educativos (tabla 3, figura 3).

Tabla 3. Variables actitudinales y su valoración a través de una escala de Likert

Fuente: elaboración propia por parte del autor.

Fuente: elaboración propia por parte del autor.

Figura 3. Porcentaje de valoración de las variables actitudinales.

Al comparar el grado de acuerdo de las preguntas del ámbito personal con las del ámbito contextual se detectó que las primeras obtuvieron una mayor valoración que las segundas en los tres niveles educativos (tabla 4, figura 4) (diferencia estadísticamente significativa t (α=99, gl=366)= 5,754, p < 0,001), esto demuestra que existe una sensibilidad ecológica subjetiva latente dado que se reveló una actitud de alta valoración del tema ambiental.

Tabla 4. Variables actitudinales de los ámbitos personal y contextual a través de una escala de Likert

Fuente: elaboración propia por parte del autor.

Fuente: elaboración propia por parte del autor.

Figura 4. Variables actitudinales de los ámbitos personal y contextual.

DISCUSIÓN

Si bien la literatura muestra interés por el estudio a nivel específico de las actitudes ambientales (Castañedo, 1995; Manassero y Vázquez, 2001; Manzanal, Rodríguez y Zamora, 2006; Olave de Amigo, 2006; Álvarez y Vega, 2009; Rivera-Jacinto y Rodríguez-Ulloa, 2009; Hernández y Jiménez, 2010; Vargas et al., 2010; Vargas-Mendoza et al., 2012; Zamorano et al., 2012) en Chile existen pocos reportes al respecto.

Destaca el trabajo realizado por Cerda et al. (2007) que plantea que los estudiantes universitarios tenían una intención conductual neutra frente al medio ambiente dado que, a pesar de poseer normas personales positivas, su comportamiento frente al medio ambiente era negativo. Por su parte Barazarte et al. (2014), en su estudio sobre colegios certificados por el programa del Sistema Nacional de Certificación Ambiental de Establecimientos Educacionales (SNCAE), reportaron que los colegios del grupo socioeconómico medio-alto y del tipo de dependencia particular muestran un mayor conocimiento ambiental y un mejor comportamiento proambiental en comparación con los colegios de grupo socioeconómico medio-bajo y tipo de dependencia municipal. Pavez-Soto, León-Valdebenito y Triadú-Figueras (2016) afirman que los jóvenes demostraron una alta preocupación por el medio ambiente tanto del entorno urbano local como de la naturaleza en general, pero que las actitudes positivas y los comportamientos proambientales eran escasos y ambiguos.

Considerando lo anterior, el presente trabajo es un aporte a la comprensión de la consciencia ecológica que muestran los jóvenes; la cual debería ser considerada al momento de diseñar programas de protección ambiental, programas educativos, incorporando temas relacionados con educación ambiental como respuesta a la responsabilidad de formar ciudadanos íntegros con alta valoración por el medio ambiente y protección de los recursos naturales (Zúñiga y Fuentealba, 2001; Sosa et al., 2010; Fuentealba y Soto, 2016). Así, la educación ambiental se presenta como una alternativa para generar valores que se traducen en conductas y actitudes favorables para promover el desarrollo equilibrado en armonía con el entorno circundante; incrementando capacidades plenas en las diversas dimensiones del ser humano como la intelectual, moral y espiritual, lo que irremediablemente se reflejará en el ámbito actitudinal de las personas (Fuentealba, 2011; Mendieta y Gutiérrez 2014; Ministerio del Medio Ambiente de Chile, 2009; Monroe and Fien, 2005). Frente a ello Parker y Muñoz (2012) señalan que existe una necesidad de incorporar la educación ambiental en los distintos niveles de educación, en especial en la educación terciaria, para superar el déficit en políticas públicas en este aspecto. En este sentido cabe un rol preponderante a las universidades para avanzar en la formación de los estudiantes en términos de una ciudadanía activa y crítica capaz de enfrentar los desafíos del desarrollo humano, equitativa y sustentablemente (Heyl, Moyano y Cifuentes, 2013), ya que a estas les corresponde un involucramiento más dinámico en la formación de profesionales que posean mayor capacidad de análisis a la hora de emprender acciones que puedan provocar deterioro al medio ambiente. Asimismo, hay que considerar que en la enseñanza terciaria es donde las nuevas generaciones y líderes de opinión deben obtener formación integral acerca del medio ambiente y los problemas conexos que en este se generan (Vargas et al., 2011). Análogamente Pavez-Soto et al. (2016) ponen de manifiesto la necesidad de implementar estrategias de educación ambiental en todos los programas curriculares universitarios como un contenido transversal y permanente, independiente de la carrera o el tipo de universidad en que se estudie.

Los resultados del presente estudio demuestran que las mayores diferencias significativas se produjeron en las variables actitudinales correspondientes al marco personal (que incluyen valoración y obligación moral); y las menores diferencias se presentaron en las variables del ámbito contextual (que abarcan las normas sociales, facilitación e información). Además las mayores valoraciones de las variables ambientales (contaminación y conservación) ocurren diferenciadamente en los estudiantes de educación terciaria, secundaria y primaria respectivamente. Igual tendencia se da en las variables actitudinales, detectando al interior de estas que el ámbito contextual obtiene la menor valoración en los tres niveles educativos; ello nos lleva a inferir que las estrategias sociales no están generando los espacios para que dichas actitudes puedan ser  llevadas a la práctica.

Esto es relevante debido a que nos indica que las variables pertenecientes al ámbito contextual son las que se deben reforzar, lo que puede materializarse robusteciendo el currículum a través del fortalecimiento de la educación ambiental; comenzando con la introducción de aspectos ambientales para que los estudiantes obtengan bases científicas para fundamentar el conocimiento acerca de la problemática ambiental (Sauvé, 2010); de este modo se incrementará el acervo cognitivo sobre el medio ambiente, lo cual normalmente tiene alta influencia en la conducta proambiental. En este sentido Dietz, Stern y Guagnano (1998) afirman que las variables de contexto tendrían una influencia directa sobre la conducta, actuando ya sea como facilitadoras o como inhibidoras de su puesta en marcha y también tendrían un efecto indirecto a través de las influencias socioculturales que configuran los procesos cognitivos.

Por su parte numerosos autores (Alea, 2006; Duerden and Witt, 2010; Félonneau and Becker, 2008; Stern, 2000; Taylor and Todd, 1995) han señalado que a mayor nivel de conocimiento que posean los individuos sobre temas ambientales, habría una mayor tendencia hacia actitudes proambientales. Hess y Waló (2001) argumentan que el poseer conocimiento ambiental parece ser una característica de las personas que se involucran en actividades de protección del medio ambiente, por lo que el conocimiento ejerce un efecto directo sobre ese comportamiento. Asimismo, Meinhold y Malkus (2005) reportan que estudiantes que han tenido cursos especializados en medio ambiente desarrollan mayores actitudes proambientales en comparación con quienes no los han tenido. Al respecto, Sandoval (2012) indicó que no solo se debe enfatizar en la formación de conocimientos y actitudes proambientales en el diseño e implementación de programas de educación proambiental o sustentable, sino en el desarrollo de patrones de comportamiento acordes con los objetivos asociados con la protección y cuidado del mismo.

Gifford (2014), quien revisó los resultados arrojados por 4 metaanálisis que se llevaron a cabo desde hace aproximadamente 30 años, evidenció la importancia del conocimiento de las personas sobre los problemas ambientales, sus estrategias de solución, actitudes y el sentido de responsabilidad en relación con la predicción de la intención de comportamiento proambiental; planteando que las estrategias de intervención basadas en información están soportadas en los cambios internos de la persona, es decir, en las actitudes, el conocimiento y la motivación frente al comportamiento proambiental.

Ante la necesidad de abordar de manera sustentable los distintos problemas ambientales herramientas como la educación ambiental surgen como un campo de trabajo que apuesta por acciones analíticas, críticas y reflexivas de las actividades cotidianas que impactan el medio ambiente. De aquí surge la importancia del fortalecimiento de la educación ambiental en la educación formal tanto en la capacitación del profesorado como de los estudiantes en todos los niveles educacionales (González-Gaudiano, 2005; Strobl, 2005; Espejel y Castillo, 2008; CONAMA, 2009; Fuentealba, 2011; Rivarosa et al., 2012; Muñoz-Pedreros, 2014; Fuentealba y Soto, 2016), contribuyendo a fomentar actitudes y valores proambientales; cobrando especial relevancia la enseñanza axiológica desde la primera infancia, ya que los docentes desde las aulas pueden modificar y/o acuñar hábitos y estilos de vida sustentables.

CONCLUSIÓN

A la luz de los resultados obtenidos podemos inferir que las estrategias sociales, no están generando los espacios para que las actitudes proambientales puedan ser desarrolladas adecuadamente; es decir falta una praxis ambiental ciudadana, lo que puede ser reflejo de insuficiente información de los problemas ambientales, lo cual podría subsanarse fortaleciendo la educación ambiental en la enseñanza primaria, secundaria y terciaria.

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Para citar este artículo: Fuentealba, C.M. (2018). Valoración actitudinal proambiental: un análisis global en estudiantes de enseñanza primaria, secundaria y terciaria. Revista Luna Azul, 47, 159-176. DOI: 10.17151/luaz.2018.47.9. http://lunazul.ucaldas.edu.co/index.php/component/content/article?id=301

Esta obra está bajo una Licencia de Creative Commons Reconocimiento CC BY  

LA GOBERNANZA AMBIENTAL EN LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS MEXICANAS: UNA REFLEXIÓN DESDE EL ENFOQUE DEL CAPITAL SOCIAL ESTRUCTURAL

Erika Cruz Coria¹, Judith Alejandra Velázquez Castro²

Recibido: 26 de mayo de 2017, Aceptado: 28 de agosto de 2018, Actualizado: 29 diciembre 2018

DOI: 10.17151/luaz.2018.47.10

RESUMEN

En este trabajo se realizan algunas reflexiones sobre los recursos sociales que facilitan la construcción de estructuras de gobernanza ambiental para la gestión de las áreas naturales protegidas ―ANP―. Ante la presencia dominante del Estado en estos territorios, el objetivo es identificar los mecanismos sociales que pueden facilitar la vinculación de los actores sociales a favor de estructuras sociales descentralizadas. Se enfatiza en el enfoque del capital social estructural como marco de análisis de las redes y los patrones de organización social. Si bien se señala la presencia de comunidades fuertes que gestionan los recursos de las áreas naturales protegidas, se destaca la necesidad de construir estructuras sociales complejas basadas en la vinculación de actores sociales de escalas y territorialidades distintas que faciliten los procesos de gobernanza ambiental. Se presenta una visión positiva y causal en torno al capital social estructural y la gobernanza; no obstante, se identifican algunas limitantes de dicho enfoque como marco de análisis para la comprensión de las relaciones sociales en territorios complejos como las áreas naturales protegidas. Metodológicamente este trabajo responde a un proceso de revisión bibliográfica y a un análisis de tipo inductivo donde el insumo principal es la evidencia empírica obtenida en trabajos previos realizados por las autoras. El análisis del capital social estructural desde el enfoque estructural puede dar cuenta de la morfología de las relaciones, no así de los vínculos entre actores sociales como un conjunto de relaciones de conflicto, tensiones y desacuerdos; de ahí que se proponen otras perspectivas.

PALABRAS CLAVE

Áreas protegidas, gestión ambiental, recursos naturales, desarrollo territorial, sociedad civil.

ENVIRONMENTAL GOVERNANCE IN MEXICAN PROTECTED NATURAL AREAS: A REFLECTION FROM THE APPROACH OF STRUCTURAL SOCIAL CAPITAL

ABSTRACT

Some reflections on social resources that facilitate the construction of environmental governance structures for the management of protected areas (PA) are made in this paper. Given the dominant presence of the State in these territories, the objective is to identify the social mechanisms that can facilitate the linking of social actors in favor of decentralized social structures. Emphasis is placed on the approach of structural social capital as a framework for analyzing networks and patterns of social organization. Although, the presence of strong communities that manage the resources of protected natural areas is highlighted, the need to build complex social structures based on the linking of social actors of different scales and territorialities that facilitate environmental governance processes. A positive and causal vision around social capital and governance is presented. However, some limitations of this approach are identified as an analytical framework for the understanding of social relations in complex territories such as natural protected areas. Methodologically, this work responds to a process of literature review and to an inductive type analysis where the main input is the empirical evidence obtained in previous studies carried out by the authors. The analysis of the structural social capital from the structural approach can account for the morphology of relationships, but not for the links between social actors as a set of conflict relationships, tensions and disagreements, hence other perspective are proposed. 

KEY WORDS

Protected areas, environmental management, natural resources, territorial development, civil society.

INTRODUCCIÓN

Desde el enfoque territorial, el desarrollo rural es un proceso de transformación productiva e institucional que busca mejorar las condiciones socioeconómicas de los actores involucrados en el aprovechamiento de los recursos de un territorio (Schejtman y Berdegué, 2004). Este trabajo de investigación aborda la gobernanza como un elemento fundamental en la transformación institucional, en especial en aquellos territorios cuya gestión se hace más compleja a medida que convergen diversos actores sociales que pretenden incidir en la toma de decisiones; este es el caso de las áreas naturales protegidas ―ANP― de algunos países de América Latina como, por ejemplo, México.

La gobernanza ambiental es un tema de creciente interés, principalmente en aquellas ANP donde la gestión centralizada de los recursos ha acentuado los conflictos y las problemáticas socioambientales. Este trabajo presenta algunas argumentaciones ―que se desprenden de los trabajos de investigación realizados por las autoras― en relación a los recursos sociales que posibilitan la vinculación y la conformación de estructuras sociales que facilitan la toma de decisiones y el aprovechamiento sustentable de los recursos en estos ecosistemas reconocidos como territorios multiactores.

Si bien se plantea la necesidad de liderazgos fuertes y la existencia de una estructura productiva como factores que determinan el grado de solidez de la gobernanza ambiental, la reflexión se centra en la conformación de redes de actores sociales como condición para la organización social. Para ello se retoma la categoría analítica de capital social estructural debido a que permite explicar la incorporación de los actores sociales en la toma de decisiones y en el aprovechamiento de los recursos; pero no como individuos sino como redes de grupos que dan cauce al flujo e intercambio de información, conocimientos y demás recursos que fortalecen la organización social para la gestión de los recursos naturales.

A lo largo del trabajo se reflexiona en torno a los tipos de capital social (CS) que le permiten a las comunidades locales y al resto de los actores que convergen en las ANP constituir estructuras sociales basadas en núcleos de toma de decisiones, de reivindicación o de manejo de los recursos naturales con la finalidad de descentralizar dichos procesos medulares en la construcción de la gobernanza. De esta manera los argumentos se centran en las ‘propiedades’ del CS de unión (bonding social capital), de puente (bridging social capital) y el de enlace (linking social capital) (Woolcock, 2000) como recursos para el fortalecimiento de la gobernanza ambiental.

La reflexión que se presenta en este trabajo se desprende de una serie de observaciones realizadas por las autoras en algunas ANP del sur y centro de México (Cruz, Albrecht and Briones, 2016; Cruz et al., 2013); no obstante, la intención no es establecer generalizaciones a partir del referente empírico sino argumentar en torno a los recursos sociales que pueden contribuir a la construcción de estructuras de gobernanza ambiental para la gestión de estos territorios. Metodológicamente este trabajo responde a un proceso exhaustivo de revisión bibliográfica que permitió identificar aquellos elementos de naturaleza social que inciden en el fortalecimiento de la gobernanza. De igual manera es un trabajo de tipo inductivo cuyo insumo principal es la evidencia empírica obtenida de trabajos previos realizados por las autoras, misma que permitió colocar en el centro de la discusión al capital social estructural.

Aunque en los primeros apartados el trabajo ofrece una visión positiva y causal del capital social estructural se identifican algunas limitaciones que el análisis de la estructura social a través de estas categorías presenta en contextos socialmente tan complejos como las ANP. La intención es incorporar algunos elementos y dimensiones que contribuyan a la conformación de un análisis más complejo en lo que se refiere al estudio de la gobernanza ambiental en ANP.

GOBERNANZA Y ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS

Desde el enfoque territorial, el desarrollo rural apuesta por la emergencia de nuevos actores sociales capaces de generar mecanismos de participación en la toma de decisiones y de intervención sobre los recursos en el entorno rural (Schejtman y Berdegué, 2004; Rist et al., 2007). Este enfoque prioriza un cambio en el desarrollo que ―alejado del control jerárquico y la centralidad del Estado― se caracterice por un mayor grado de cooperación e interacción entre los actores del sector público y privado.

En la base de la transformación institucional se encuentran procesos como la gobernanza, la cual se entiende como la capacidad que tienen las sociedades humanas para conformar “redes interorganizacionales organizadas” (Rhodes, 1996) conformadas por actores gubernamentales y no gubernamentales orientadas a establecer dinámicas que escapan a la lógica simplificadora y burocrática establecida por el Estado (Farinós, 2005). En este trabajo se retoma la idea de las redes como una forma específica de gobernanza; es decir como un mecanismo específico para movilizar los recursos políticos en situaciones en las que los recursos están ampliamente dispersos entre los actores públicos y privados (Börzel, 1998).

En el ámbito de la gestión de los recursos naturales el término de gobernanza ambiental se usa para referirse al conjunto de procesos, mecanismos y organizaciones a través del cual los actores sociales (el Estado, comunidades, empresas y organizaciones no gubernamentales) influyen en la toma de decisiones sobre los recursos naturales de los territorios de su injerencia (Lemos and Agrawal, 2006).

La gobernanza es un elemento esencial de transformación institucional, en especial en entornos donde la gestión de los recursos se hace más compleja a medida que convergen actores sociales con distintos intereses y se combina la propiedad estatal, común y privada de los mismos (Ostrom, 1990; Paavola and Adger, 2005); un ejemplo claro de ello son las ANP en algunos países de América Latina como es el caso de México.

Las ANP son un instrumento de política pública ampliamente utilizado para fines de conservación; no obstante, sus alcances han sido bastante limitados básicamente por la resistencia y los conflictos que han generado entre los actores sociales (Karki, 2013; Ho et al., 2014; Bennett and Dearden, 2014); principalmente en aquellos territorios donde el Estado aún mantiene la facultad real (y absoluta) de ejercer poder en relación al aprovechamiento de los recursos naturales de estos ecosistemas.

En México, el formato de gobernabilidad para la gestión de las ANP está estrechamente relacionado con la presencia de un Estado dominante en la toma de decisiones y en el ejercicio del poder. A diferencia de la gobernanza, la gobernabilidad se refiere a la capacidad para implementar e imponer decisiones tomadas por las autoridades gubernamentales (Brenner y Vargas, 2010). La centralización de las decisiones supone ―en la mayoría de las áreas― la prohibición o restricción de ciertas formas tradicionales de aprovechamiento de los recursos naturales (Laborde, 2007; Brenner y Vargas, 2010), el desarrollo de relaciones clientelares y corporativistas y la implementación de políticas de conservación que han dejado de ser viables debido a la heterogeneidad social presente en estos territorios (Zurbriggen, 2011; Durand, Figueroa and Trench, 2014).

De acuerdo con el Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB) (1992) la ausencia de estructuras de gobernanza es uno de los obstáculos que impiden alcanzar los objetivos de las áreas protegidas no solo por el rol central que desempeña el Estado, sino también por los conflictos que surgen en relación a la toma de decisiones y por la participación poco equilibrada en los beneficios asociados al aprovechamiento de los recursos naturales (pagos por conservación, aprovechamiento turísticos, empresas locales entre otros) (Feyerabend et al., 2014).

Al respecto otros autores (Lemos and Agrawal, 2006; Martínez y Espejel, 2015) señalan que las problemáticas y los conflictos ambientales han ejercido una importante presión social, a tal grado que han comenzado a surgir instituciones y organizaciones dedicadas a la gobernanza ambiental. Desde un enfoque crítico se argumenta que la diversidad de intereses en relación a los recursos naturales con un valor estratégico en el mercado de materias primas y servicios ha incentivado el accionar de la sociedad civil y de los actores privados para propiciar cambios en las formas centralizadas de gestionar los recursos en estos territorios (Brenner, 2010; Gudynas, 2010; Sabbatella, 2010).

Si bien es importante identificar y analizar los factores que han permitido colocar la gobernanza en el escenario de la conservación ambiental, para este trabajo resulta de interés comprender los recursos y/o mecanismos sociales que facilitan la construcción de estructuras de gobernanza en territorios tan complejos como las ANP.

Algunos trabajos de investigación (Tosun, 2000; Yüksel, Bramwell and Yüksel, 2004; Cohen, 2013) señalan al proceso de descentralización como el factor clave para alcanzar esquemas de gobernanza efectiva. Aunque es un aspecto importante, en el caso de las ANP mexicanas, la descentralización del Estado tradicional se ha traducido en la creación de múltiples estructuras políticas y administrativas que le han permitido mantener el monopolio de los recursos naturales (Duomulin, 2007).

Por su parte el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) (1997) establece algunos principios fundamentales que posibilitan la gobernanza tales como la legitimidad y representatividad, orientación, eficiencia, rendición de cuentas y equidad. Sin embargo otros autores (Natera, 2005; Paz, 2008) colocan a la distribución del poder, la construcción de ciudadanía y a la democracia como los factores que estimulan la gobernanza en territorios socialmente diversos.

Aunque son diversas las posturas al respecto, la gobernanza ambiental descentralizada en las ANP transmite la idea de un proceso de cooperación, de negociación de reglas, de participación social, de conformación de redes, de flujo de recursos (financieros y no financieros) y de acción colectiva (Lin, 1999; Kimbu and Ngoasong, 2013). En este sentido consideramos que la discusión en torno a los factores que posibilitan la construcción de procesos de gobernanza en las ANP debe centrarse en las relaciones y vínculos a nivel horizontal y vertical que conforman estructuras sociales basadas en el intercambio de información, conocimientos y otros recursos que faciliten la gestión y la toma de decisiones sobre los recursos naturales.

Para algunos autores, estos aspectos se sintetizan en la noción de CS (Natera, 2005; Grafton, 2005; Ishihara and Pascual, 2009) debido a que esta categoría reúne los activos socioestructurales (confianza, normas y redes) individuales y colectivos (Coleman, 1990) para ejercer influencia sobre la gestión ―en este caso― de entornos naturales donde convergen una diversidad de actores sociales. Para Grafton (2005), el CS está conformado por tres elementos: la confianza; el compromiso cívico y la cooperación y las redes. Los científicos sociales reconocen que son las redes sociales y las relaciones interpersonales los elementos que conforman lo que ha sido tipificado como CS.

En el marco de la gobernanza y los recursos naturales se destacan las redes ―como una forma particular de CS― por su capacidad para dar explicación a las formas de organización social, la descentralización del poder, la responsabilidad y a las relaciones interactivas (formales e informales) de coordinación y cooperación entre los actores sociales que pueden dar respuesta a las problemáticas de deterioro ambiental y gestión de los recursos naturales en estos territorios (Pomeroy and Douvere, 2008; Brenner, 2010).

El capital social y la gobernanza ambiental en ANP

Sin duda alguna el decreto de un ANP supone el establecimiento de nuevas reglas en torno al uso, manejo y aprovechamiento de los recursos naturales; esto no solo modifica la relación que sus habitantes mantienen con estos ecosistemas, sino también propicia el surgimiento de intereses y conflictos diversos especialmente cuando los recursos naturales adquieren un valor de mercado a través del desarrollo de actividades como el turismo, agroforestería, actividades pecuarias entre otras.

En este sentido la gobernanza apunta al desarrollo de estructuras y procesos que faciliten a las comunidades locales y a los actores políticos y sociales interesados en la conservación y aprovechamiento de estos territorios llevar a cabo prácticas efectivas de intercambio, coordinación, control, vinculación y toma de decisiones. Para Bercovich (2005) y otros autores (Bodin and Crona, 2008; Crona, Gelcich and Bodin, 2017) algunos de los factores que condicionan el grado de solidez de la gobernanza ambiental es la existencia de liderazgos fuertes, una estructura productiva vinculada al conglomerado local y el CS.

En este trabajo se retoma al CS por su capacidad para crear y sostener relaciones sociales y patrones de organización social (Turner, 2000). Como categoría de análisis permite explicar la conformación de estructuras sociales a partir del accionar individual, además de la dinámica de las relaciones entre los actores sociales y políticos que inciden en un territorio. El CS es un valioso facilitador de las relaciones entre los individuos que actúan en diferentes escalas de la estructura social (micro-meso-macro); por tanto, permite la comprensión de los mecanismos que hacen posible la cooperación entre individuos y a la vez de los recursos que actúan en la construcción de estructuras sociales complejas (intercambio, cooperación, subordinación entre otros) a partir de relaciones verticales y horizontales.

Fuente: Berkes (2007).

Figura 1. Ejemplo de las estructuras de las relaciones en un ANP.

En esta reflexión se retoma, por un lado, la perspectiva culturalista del CS al referirse a los atributos individuales que se pueden inculcar en las personas (Putnam, 1993) que conforman los grupos u organizaciones en un territorio. Por otro, el enfoque estructuralista que considera los aspectos de la estructura de las relaciones entre los actores sociales y políticos que convergen en territorios complejos como las ANP. En el primero el CS se visualiza como un recurso individual y en el segundo como un recurso de carácter colectivo entre los individuos, los grupos y la sociedad; por ello es un elemento que se encuentra enraizado en el nivel micro, meso y macro de la estructura social.

Este trabajo hace énfasis en la segunda postura, ya que claramente el desarrollo de estructuras de gobernanza no depende de los atributos individuales de los sujetos sino del CS desde la perspectiva de las relaciones e intercambios entre los actores del territorio. La movilización de los recursos a favor de una gobernanza efectiva depende, en gran medida, de los recursos enraizados en la estructura social a los que se accede y a su movilización a través de acciones intencionadas y colectivas (Foronda y Galindo-Pérez, 2012).

Es necesario incluir al CS como categoría explicativa en torno al éxito o fracaso de los procesos de gobernanza en las ANP; comprender la escena social a partir de esta categoría permite reconocer la existencia de cierta “infraestructura social” entre los actores sociales que no proviene de modelos exclusivamente económicos o de naturaleza ambiental sino que se producen en el seno de las interrelaciones entre los agentes de interés.

La dinámica relacional y la gobernanza ambiental en las ANP

A manera de referencia empírica, organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) reconocen la superposición de las ANP con los territorios de comunidades campesinas e indígenas, en especial en los países de América Latina. Por ejemplo se ha encontrado que de 802 áreas protegidas decretadas en los países de América del Sur hasta 2010, el 27 % coincidían con territorios indígenas (Cisneros y McBreen, 2010). En el caso de México: de las 152 áreas de conservación decretadas hasta 2005, el 34 % correspondían parcial o totalmente con los territorios de pueblos indígenas (CONANP, 2005).

Desde la creación de las primeras ANP en América Latina, la gestión de sus recursos naturales ha estado bajo el dominio de dos usuarios básicos: los Estados y las comunidades que viven al interior o en torno a las áreas de conservación. En la mayoría de los casos, los intereses entre ambas partes no han sido complementarios; por su parte se observan las políticas, las estrategias y las prácticas burocráticas del Estado para alcanzar la conservación; mientras que las comunidades rurales con sus costumbres y formas de producción tradicionales han desarrollado diferentes formas de resistencia, resiliencia y adaptación (Joaqui y Figueroa, 2014) para hacer frente a los decretos gubernamentales.

La valorización económica de la naturaleza y su exitosa inserción comercial en los mercados internacionales de bienes y servicios es uno de los factores que explican el interés de actores sociales de diferentes niveles e incluso de distintos contextos territoriales sobre los recursos que albergan las ANP en el mundo (Santos, 1996; Cruz et al., 2013); los vaivenes internacionales también juegan un papel importante en el surgimiento de actores sociales que buscan incorporarse a la dinámica económica de estos territorios. Pese a ello las comunidades rurales que habitan en estas áreas han mantenido un protagonismo social y económico sustentado en el aprovechamiento histórico y tradicional de estos territorios, en los regímenes de tenencia social de la tierra y en la conformación de sociedades civiles fuertes (Botelho, 2008; Moyano, 2001).

La gestión de las ANP no puede explicarse como una acción pilotada unilateralmente desde el centro tradicional del poder político. En muchos casos los integrantes de las comunidades que habitan estos territorios han sido capaces de autorganizarse, generar reglas y normas sociales para mitigar el grado de ineficiencia del Estado en aquellos casos donde impera la gobernabilidad; a tal grado de constituirse en núcleos con poder de decisión y liderazgo y con capacidad de articularse con otros grupos para conformar actores de naturaleza asociativa, de defensa y reivindicación de intereses.

En este sentido ¿qué recursos sociales han permitido a las comunidades rurales convertirse en importantes núcleos de toma de decisiones, de reivindicación o de manejo de los recursos naturales en las ANP? Aunque se reconoce que el régimen de la tenencia de la tierra es un factor material que contribuye ―junto con otros elementos de tipo cultural― a la determinación de las comunidades sobre las ANP, este trabajo de reflexión se enfoca en los recursos que operan en el plano social; específicamente en los activos sociales presentes en las relaciones entre los individuos de las comunidades y entre estos y otros actores sociales.

Para algunos autores (Natera, 2005; Bodin and Crona, 2008; Crona et al., 2017) el recurso que favorece la conformación de comunidades fuertes en entornos de alta diversidad social es el CS. Desde el enfoque culturalista puede ser abordado como un fénomeno subjetivo compuesto por “los valores éticos y sociales de los individuos que determinan cómo se relacionan unos con otros” (Foronda y Galindo-Pérez, 2012, p. 48); por tanto, es un componente cognitivo ligado a los procesos mentales que llevan a los integrantes de una comunidad a actuar con base en su “juicio moral”. No obstante, por su propia naturaleza, este tipo de CS carece de potencial para inducir a los individuos a actuar de manera colectiva; si bien establece en ellos una predisposición, permanece en el plano de sus emociones y estados psicológicos sin transitar al plano de la acción colectiva, es un recurso intrínseco al individuo pero no una acción per se.

Es necesario que en el seno de la gobernanza ambiental se encuentre la vinculación de la gente en acciones colectivas que lleven a la formulación de decisiones conjuntas para el adecuado manejo y conservación de las ANP. El CS relacional constituye el principio y el fin de la gobernanza ambiental en términos de los recursos sociales para el fortalecimiento de las redes e instituciones (formales e informales, horizontales y verticales) que dan cauce a la organización social. Siendo así en el estudio de la gobernanza en las ANP deben ser visualizadas aquellas formas de CS que facilitan las relaciones, los vínculos y las redes para la conformación de organizaciones sociales con capacidad para el intercambio intracomunitario y con grupos u organizaciones de niveles y territorialidades múltiples.

El enfoque estructuralista reconoce en el CS el elemento de asociatividad como un importante motor en la movilización de los recursos para la concreción de objetivos comunes en el ámbito local y regional (Arriagada, 2003). Esta postura rescata los elementos estructurales de las relaciones sociales que facilitan la confiabilidad entre los actores, pero en términos de cooperación y reciprocidad (Hardin, 2002; Ostrom and Ahn, 2003). Esta postura reconoce al CS relacional que se gesta al interior de un grupo o comunidad (CS de unión o bonding), el que se manifiesta entre grupos o comunidades similares (CS de puente o bridging) y aquel que se establece con grupos externos a la comunidad (CS de enlace o linking).

Retomando la pregunta inicial de este apartado se reconoce el rol fundamental del CS de unión (bonding) en esquemas de gobernanza comunitaria, al referirse a las relaciones basadas en elementos culturales y normas compartidas que se establecen a nivel intracomunitario. La población indígena y campesina presente en las ANP encuentra en su devenir histórico y en el propio territorio la fuente de su identidad colectiva y cohesión social; son estos algunos elementos donde el CS de unión adquiere las condiciones para su reproducción.

Algunos autores (Jicha et al., 2011) señalan que este tipo de CS es un recurso altamente funcional en la organización comunitaria, pues facilita el desarrollo de estrategias que dan lugar a la conformación de instituciones y organizaciones locales de cooperación y cogestión (cooperativas, comités turísticos, asociaciones entre otras) entre los individuos en condiciones sociales similares que ocupan un mismo territorio. Aunque este trabajo busca señalar la importancia del CS relacional en su nivel más elemental (de unión), esta es una categoría analítica que “no alcanza” para dar explicación a los mecanismos que posibilitan la interacción entre los actores de distintas escalas en la estructura de las relaciones.

Si bien fortalece las relaciones al interior de la comunidad, cualquiera de las formas adoptadas por la gobernanza requiere que el CS enraizado en las relaciones intracomunitarias transite hacia otras formas de capital (de puente y de enlace) que posibiliten relaciones extracomunitarias (Leonard, 2004) y la conformación de estructuras sociales que faciliten el flujo de recursos (información, conocimiento, poder entre otros) a nivel horizontal y vertical.

Para Eden y Hampson (1997) las estructuras de gobernanza conformadas por actores sociales de diversos niveles (gobernanza multinivel) se concretan a través de instituciones y organizaciones capaces de establecer procesos, determinar objetivos, reducir las posibilidades de conflictos y resolver disputas entre los actores sociales. Lo anterior, sobrepasa las relaciones interpersonales diádicas a nivel comunitario y sugiere que la gobernanza en las ANP es un proceso más complejo que contempla la conformación de redes de actores y organizaciones cuyas relaciones estén mediadas por reglas robustas y equitativas de acceso y distribución de los recursos naturales (Ostrom and Ahn, 2003; Ostrom, 2008; Loft, Mann and Hansjürgensc, 2015).

En los esfuerzos por comprender la escencia de la gobernanza en las ANP este trabajo centra su atención en formas de CS que contribuyen a la conformación de redes de relaciones, oportunidades de negociación y lugares de reunión para que los individuos y las organizaciones puedan movilizar los recursos a favor de la conservación y demás acciones sobre estos ecosistemas. Esto rescata, de la postura estructuralista, el CS de puente y de enlace como formas de capital que implican inversiones y que por lo tanto aumentan la probabilidad de retorno de esas inversiones; en otras palabras, promueven la reproducción de conductas de reciprocidad y cooperación.

A diferencia del abordaje culturalista del CS, el estructuralista coloca estas formas de capital en el plano de la conducta y del sistema de relaciones y no en el plano abstracto de la cultura simbólica. Esta postura rescata algunos principios de la teoría de juegos al identificar en esta tipología de CS a la propiedad de facilitar la cooperación y reciprocidad entre actores sociales a diversas escalas y niveles como resultado de la repetición frecuente de interacciones en las que es posible confiar o traicionar (Ahn and Ostrom, 2002).

La importancia de estas formas de CS para mantener la vinculación o conexión producida entre los individuos u organizaciones, no radica en la preocupación de unos por otros sino más bien en su capacidad generadora de incentivos para cooperar; incentivos que tienen sus raíces en las expectativas sobre las ganancias que la reciprocidad mutua puede generar en el largo plazo (Ostrom and Ahn, 2003; Ostrom, 2008). Bajo estas premisas, el CS de puente y de enlace contribuyen al establecimiento de entendimientos compartidos entre los actores sociales que actúan a favor de la sinergía social y a la construcción de la institucionalidad  local (formal e informal) como elementos fundamentales en las relaciones de gobernanza. Para el caso de las ANP es necesario el desarrollo de estos tipos de CS, pues constituyen la base para altos niveles de vinculación entre los actores sociales necesarios a la hora de hablar de gobernanza multinivel; la existencia de esta tipología de CS permite avanzar hacia un proceso de apertura de las comunidades y organizaciones locales para el fortalecimiento de las relaciones a nivel meso y macro.

Aunque el CS de unión evita la presencia de comunidades con escasa o nula capacidad para vincularse con el entorno a través de redes externas, su predominio tiene como resultado comunidades aisladas con una fuerte articulación interna que puede derivar en mecanismos de dominación como las redes clientelares (Durston, 2002; Noguera, 2016). Así las cosas, la gestión de los recursos naturales en las ANP requiere de la identificación y fortalecimiento del CS de puente y de enlace para la generación de escenarios más dinámicos conformados por mecanismos y estructuras de cooperación a favor de la conservación y aprovechamiento adecuado de los recursos naturales.

DISCUSIÓN FINAL: DESAFÍOS EN EL ESTUDIO DEL CAPITAL SOCIAL EN ANP

Si bien este trabajo ofrece una visión positiva y causal en torno al análisis del CS estructural como componente esencial en la construcción de estructuras de gobernanza, lo cierto es que reflexionar sobre sus potencialidades analíticas necesariamente conlleva a reconocer algunas de sus limitaciones que en contextos socialmente tan complejos como las ANP adquieren cierta particularidad.

Para algunos autores (Jiménez, 2009; Harvey, 2005) el posicionamiento de los recursos naturales como nuevos ejes de acumulación del actual estadio capitalista tiene su reflejo en la configuración de los territorios a nivel local. La lógica de creación de las ANP en diversas partes del territorio nacional y del mundo, responde más a criterios económicos que a la comprensión de estos territorios como espacios socioculturales; lo anterior, ha multiplicado las tensiones sociales entre los individuos y grupos sociales interesados en su aprovechamiento y ha dado lugar a la aparición de movimientos sociales y fuerzas que se manifiestan a través de la acción, la resistencia e incluso de la lucha en términos reales y simbólicos.

Las ANP son territorios que se colocan en el centro de múltiples intereses, por lo que la conformación de las estructuras de gobernanza para la gestión pública de estos ecosistemas no puede considerarse un proceso neutral y equilibrado; es decir se construyen como procesos de relaciones asimétricas y de poder. En una estructura social tan compleja como la de estos territorios confluyen diferentes individuos, comunidades, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales y organismos internacionales que han sido capaces de conformar relaciones materiales y simbólicas de poder para controlar, autogestionar, significar y de manera general movilizar los recursos naturales que se encuentran en las ANP a favor de determinados intereses.

En la práctica, no se puede ignorar la existencia de estructuras sociales estratificadas o jerarquizadas donde ciertas ‘élites’ políticas o empresariales (De la Rosa, Cruz y Porras, 2016) utilizan la propia red de relaciones para ‘orientar’ las decisiones o el diseño de políticas públicas a favor de beneficios individuales (ventajas fiscales, concesiones, favores especiales entre otros) e incluso grupos que buscan el control de los recursos naturales; por ejemplo, en el caso de la actividad turística se prioriza el dominio de aquellos espacios de mayor atracción a través de concesiones.

En este sentido el enfoque estructural del CS puede dar cuenta de la dirección en la que se dan los intercambios en las relaciones de los patrones que mantienen esos intercambios , de la densidad de los vínculos entre actores autónomos y entre las redes de organizaciones y de la posición que ocupan esos actores en la estructura de las relaciones; en general hace posible la comprensión de los patrones, las estructuras y los escenarios sociales que emergen de las relaciones facilitadas por las formas de CS. Sin embargo es una forma de intepretación funcionalista que entiende al CS únicamente como un flujo de recursos y no como un aparato regulador (o generador) de conflictos, tensiones y acuerdos entre individuos y grupos en el proceso de la construcción de redes de gobernanza (Martínez, 2004).

La incorporación de abordajes fenomenológicos, hermenéuticos y críticos pueden aportar marcos para la articulación de los motivos y las fuerzas intersubjetivas que actúan en las relaciones con las modalidades objetivas de aparición de las formas sociales (redes) que influyen en la conformación de la estructuras de gobernanza en un territorio. De esta manera el enfoque estructuralista del CS aunado a otros de tipo intepretativo podrían contribuir a comprender por qué territorios tan complejos como las ANP se configuran como espacios de relaciones de poder y confrontación con su respectiva territorialidad.

Existen otros enfoques relacionados con el CS ―tales como el económico, cultural, simbólico e incluso político― que se centran en el conflicto y en la reproducción de las relaciones de poder para imponer, subordinar, contraponer sus intereses en las estructuras de gobernanza. Por ejemplo, para Bourdieu (2002) existen otros capitales o “poderes sociales fundamentales” que ―al igual que el CS― son propios de los grupos y contribuyen a determinar su posición en la estructura de las relaciones; son mecanismos de poder ‘acumulados’ por los diferentes actores sociales para ejercer influencia en la toma de decisiones, para este caso sobre las formas de gestión del territorio. Este tipo de enfoques también se enmarcan en el análisis relacional del CS, pero abordan esas relaciones en un doble sentido: por un lado como relaciones objetivas (flujo, redes) y por otro recurrren a la dimensión atributiva y al enfoque culturalista al considerar al CS como una estructura incorporada e intersubjetiva.

Por su parte la visión utilitarista bajo la cual es comúnmente tratado el enfoque estructuralista del CS convella a ignorar la manifestación fenoménica y expresiva de este recurso desde los cambios sociohistóricos (Martins, 2009). Refiriéndose a las redes como una forma particular de CS, se observa que estas que no son estáticas ni permanentes; por el contrario, son altamente dinámicas en relación al factor tiempo; de tal forma que pueden evolucionar desde vínculos de amistad hasta redes organizadas para un fin. Estos cambios pueden analizarse a partir de la posición que ocupan los actores sociales en la red; aunque ya se identifican algunos modelos de análisis que pueden representar la dinámica de las redes en función de su transformación en el tiempo (Thomson and McLeod, 2015; Ryan and D’Angelo, 2018), la capacidad explicativa de ambas propuestas se encuentra enmarcada por el enfoque estructuralista del CS.

A pesar de los avances, estos enfoques encuentran dificultades metodológicas para explicar la estructura de las relaciones como esquemas engendrados en el devenir histórico de la sociedad. En estas líneas se destaca particularmente la ausencia de la perspectiva temporal; desde el enfoque estructuralista resulta complejo comprender la conformación del CS como un proceso de relación dialéctica entre estructura social, territorio, tiempo y poder. La constante y cambiante relación entre los actores sociales a través del tiempo puede dar lugar a la comprensión de las estructuras sociales generadoras de formas particulares de apropiación, organización y explotación del territorio y sus recursos; lo anterior, resulta particularmente útil para la identificación de estructuras de poder en sus formas más atrasadas y en sus manifestaciones presentes.

En el caso de las ANP este aspecto resulta de suma importancia debido a que algunos de estos territorios han estado dominados por estructuras añejas como el caciquismo local y gubernamental, las redes clientelares y el autoritarismo perverso que lejos de contribuir a la construcción de redes de gestión y alianzas entre actores han acentuado los conflictos en materia ambiental. Si bien la discusión en este apartado se centra en las limitaciones que el enfoque estructuralista del CS presenta en función de las relaciones de poder y el rol del devenir histórico para la conformación de la estructura de las relaciones en territorios complejos como las ANP, ese enfoque puede presentar algunas otras limitaciones en función de las propias necesidades de cada investigación. Lo cierto es que este apartado propone abandonar el análisis reduccionista con el que se está utilizando este enfoque en la mayoría de las investigaciones y sugiere incorporar elementos y dimensiones que permitan un análisis complejo en lo que se refiere al estudio de la gobernanza en las ANP.

CONCLUSIONES

En México, y en diversas partes del mundo, la gobernanza ambiental en las ANP es un tema de creciente interés. La diversidad de conflictos e intereses en torno a estos territorios devela la necesidad de estructuras sociales descentralizadas generadoras de mecanismos que faciliten la participación en la toma de decisiones de los diferentes actores sociales que confluyen en los parques nacionales, reservas de la biosfera, reservas forestales y otras modalidades de conservación.

La construcción de capacidades de gobernabilidad en la gestión de las ANP ha orientado a los investigadores a indagar sobre los diferentes recursos sociales que facilitan, impulsan, motivan y facultan a los actores sociales para conformar estructuras sociales (organizacionales) e institucionales que incentiven la participación social, el flujo de conocimientos, la reciprocidad y la cooperación a fin de alcanzar alianzas estratégicas para la conservación y el aprovechamiento sustentable de los recursos presentes en las ANP. Esta búsqueda se ha convertido en un campo científico emergente donde las relaciones de poder, el contexto histórico y económico, además de los intereses y los recursos (materiales y no materiales) de los actores sociales se sitúan en el centro de la discusión.

El CS se devela como uno de los recursos importantes que incentiva el desarrollo de estructuras de gobernanza ambiental. El diagnóstico de la dinámica relacional en territorios tan complejos como las ANP mexicanas se presenta como una herramienta que puede orientar las dinámicas de desarrollo en espacios donde la presencia de diversos actores sociales genera procesos complicados de concertación de intereses.

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1. Dra. en Ciencias Ambientales. Profesora-investigadora Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Pachuca de Soto, México. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. ORCID: 0000-0001-7984-0069. Gogle Scholar:  Link. 
2. Dra. en Estudios Turísticos. Profesora-investigadora Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Pachuca de Soto, México. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. ORCID: 0000-0001-7138-9293. Gogle Scholar: Link. 
3. De acuerdo con Borrini-Feyerabend, Kothari y Oviedo (2004) en un ANP se pueden identificar cuatro tipos de gobernanza en función del actor social o actores sociales dominantes en la toma de decisiones: la gestión gubernamental (Government management); la gestión multiple (Multi-Stakeholder management); la gestión privada (Private management) y la gestión comunitaria de los recursos naturales (Community management). 
4. Desde las teorías de la elección racional, el CS es visto como un recurso que emerge de la interacción entre agentes racionales; destacando la dimensión contractual del mismo, en el sentido de que los individuos cooperan entre sí solo porque consideran que es bueno para sus intereses hacerlo; por tanto, es un comportamiento racional. En cambio, el enfoque relacional contempla al CS desde las relaciones sociales y su potencial para facilitar a los individuos determinados tipos de acciones colectivas (Moyano, 2001). 
5. Desde la perspectiva de la nueva economía institucional se entiende por institucionalidad al conjunto de reglas formales e informales y sus mecanismos de ejecución que inciden sobre el comportamiento de los individuos y del conjunto de actores que persiguen colectivamente unos objetivos comunes (Ramos y del Mar, 2002).
6. De acuerdo con Polanyi (1957), los intercambios en las relaciones pueden ser de tres tipos: recíprocos, que se dan entre individuos con carencias y recursos similares en un contexto de sociabilidad; de tipo redistributivo, se producen entre individuos de diferentes jerarquías con recursos desiguales y de mercado, donde la ciruclación de bienes y servicios se hace a través del mercado y sus leyes.

Para citar este artículo: Cruz, E. y Velázquez, J.A. (2018). La gobernanza ambiental en las áreas naturales protegidas mexicanas: una reflexión desde el enfoque del capital social estructural. Revista Luna Azul, 47, 177-195. DOI: 10.17151/luaz.2018.47.10. http://lunazul.ucaldas.edu.co/index.php/component/content/article?id=302

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EVALUACIÓN DE LA SUSTENTABILIDAD CULTURAL Y AMBIENTAL DE LA MINERÍA TRADICIONAL EN QUINCHÍA, RISARALDA. CASO DE ESTUDIO CORPORACIÓN ÁREA DE RESERVA ESPECIAL MINERA (CORPOARE)

Yuliana Salazar Duque²⁵

Recibido: 8 de septiembre de 2016, Aceptado: 23 de noviembre de 2018, Actualizado: 27 diciembre 2018

DOI: 10.17151/luaz.2018.47.8

RESUMEN

La minería tradicional constituye una de las principales actividades económicas del municipio de Quinchía, localizado en el departamento de Risaralda. El municipio con una riqueza mineral en el 60 % de su territorio alberga 13 asociaciones mineras que, bajo la perspectiva neoliberal reflejada en aspectos como el neoextractivismo, han sido señaladas como insostenibles por sus efectos sobre los ecosistemas y los deficientes aportes a la economía nacional. Este es el contexto territorial que condujo a la investigación: “Evaluación de la sustentabilidad cultural y ambiental de la minería tradicional en Quinchía, Risaralda. Caso de estudio Corporación Área de Reserva Especial Minera (CORPOARE)”.

La investigación tuvo como objetivo analizar la minería tradicional del municipio de Quinchía hacia la evaluación de la sustentabilidad cultural y ambiental de la actividad. Para tal fin se definieron trece indicadores culturales y ambientales, nueve de ellos orientados a evaluar la sustentabilidad cultural y ambiental de la minería tradicional desarrollada por CORPOARE; una organización agrominera, conformada por 83 mineros tradicionales, localizada en un área de 584 hectáreas del municipio de Quinchía. Estos indicadores, orientados por el referente teórico sustentabilidad cultural y ambiental, permitieron concluir que la actividad minera desarrollada por CORPOARE en el contexto del desarrollo local es sustentable en los aspectos culturales, sociales y ambientales.

PALABRAS CLAVE

Sustentabilidad cultural y ambiental, minería, indicadores.

EVALUATION OF THE CULTURAL AND ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY OF TRADITIONAL MINING IN QUINCHÍA, RISARALDA. CASE STUDY: SPECIAL MINING RESERVE AREA (CORPORACIÓN ÁREA DE RESERVA ESPECIAL MINERA- CORPOARE)

ABSTRACT

Traditional mining is one of the main economic activities of the Municipaliy of Quinchía, located in the Department of Risaralda.  This Municipality, with a mineral wealth in 60% of its territory, houses 13 mining associations that, under the neoliberal perspective reflected in aspects such as neo-extractivism, has been identified as unsustainable due to their effects on ecosystems and the defficient contribution to the national economy.

The objective of the research was to analyze the the traditional mining of  the Municipality of Quinchía towards the evaluation of the cultural and environmental sustainability of the activity. To this end, thirteen cultural and environmental indicators were defined, nine of them aimed at assessing  the cultural and environmental sustainability of traditional mining developed by to Special Mining Reserve Area Corporation (CORPOARE for its acronym in Spanish). This is an agro-mining organization conformed by 83 traditional miners, located in an area of 584 acres in the Municipality of Quinchía. These indicators, guided by the theoretical reference of cultural and environmental sustainability, allowed concluding that the mining activity developed by CORPOARE in the context of local development is sustainable in the cultural, social and environmental aspects.

KEY WORDS

Cultural and environmental sustaintability, mining, indicators.

INTRODUCCIÓN

El municipio de Quinchía se encuentra ubicado al nororiente del departamento de Risaralda y limita al norte con el municipio de Riosucio, al sur con Anserma, al oriente con los municipios de Filadelfia y Neira (Caldas) y al occidente con el municipio de Guática (Risaralda). El municipio posee una extensión territorial de 141 km² (14100 hectáreas), de los cuales el área urbana ocupa 0,798 km² (79 hectáreas) (figura 1).

Fuente: elaboración propia por parte de la autora

Figura 1. Localización geográfica del municipio de Quinchía.

Quinchía, con el 80 % de territorio rural, es uno de los municipios de Risaralda con alta riqueza y diversidad natural. Este territorio se ha caracterizado por su potencial minero aurífero extraído en 26 veredas; razón por la cual confluyen diversas motivaciones asociadas a la presencia de una zona de reserva especial dedicada a la extracción de carbón por COOCARBOQUÍN, 13 asociaciones dedicadas a la extracción del patrimonio aurífero entre ellas la Corporación Área de Reserva Especial Minera ―CORPOARE― (integrada por siete asociaciones), y dos multinacionales extractivas (Batero Gold Corporation y la Metminco Limited)¹.

La existencia del patrimonio natural aurífero en Colombia, y en particular en el municipio de Quinchía, ha estimulado la implementación de políticas enfocadas en la productividad y competitividad del sector minero; afianzando la presencia de agentes transnacionales que se legitiman mediante el discurso de la sostenibilidad con prelación sobre actividades mineras de larga tradición, de bajos ingresos económicos y tecnología artesanal basada en una economía de subsistencia.

En este contexto surgió la investigación “Evaluación de la sustentabilidad cultural y ambiental de la minería tradicional en Quinchía, Risaralda. Caso de estudio Corporación Área de Reserva Especial Minera (CORPOARE)”, orientada por el supuesto: la minería tradicional implementada por CORPOARE es cultural y ambientalmente sustentable. En respuesta a esta hipótesis en el presente artículo se presentan, en primer lugar, algunas consideraciones sobre la realidad minera del territorio de Quinchía; en segundo lugar se da paso a la discusión sobre la sostenibilidad frente a la sustentabilidad; para finalmente aplicar los indicadores culturales y ambientales enfocados a evaluar la sustentabilidad de la minería tradicional de CORPOARE.

Para tal efecto, la investigación tuvo como referentes teórico-metodológicos los conceptos de sustentabilidad cultural y sustentabilidad ambiental que orientaron la construcción de los indicadores culturales y ambientales.

EL CONTEXTO MINERO DEL MUNICIPIO DE QUINCHÍA

En Colombia la noción de desarrollo, ahora fuertemente aunada a la visión neoextractivista, ha penetrado territorios rurales como Quinchía; lugar de riqueza natural, cultural y social que ha estado inmerso en disputas territoriales que subyacen a causas históricas tales como la distribución inequitativa de la tierra, el abandono del campo por parte de agentes gubernamentales, la violencia bipartidista vivida durante las décadas de los 40 y 50 sumada a la presencia de agentes armados como el Capitán Venganza², el Ejército Popular de Liberación ―ELN―, Los Magníficos³, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia ―FARC― y las Autodefensas Unidas de Colombia ―AUC―.

A partir del siglo XXI, nuevas pugnas se hacen presentes en el territorio de Quinchía. Esta vez asociadas a la aplicación de estrategias políticas⁴ de control territorial a causa del patrimonio natural minero que atrae capital multinacional como el de las empresas Sociedad Minera Quinchía SAS, filial de la Batero Gold Corporation (ubicada en la vereda La Cumbre del corregimiento de Naranjal), y Metminco Limited (localizada en las veredas Dosquebradas y Miraflores del corregimiento de Irra); esta última con intención de iniciar la fase de explotación en un área de 150 hectáreas donde tradicionalmente se ha realizado la actividad minera por parte de dos asociaciones locales con técnicas artesanales⁵.

Igualmente en Quinchía sobresalen conflictos entre comunidades indígenas y zonas mineras. Además de otras disputas asociadas a los más de 20 títulos mineros que abarcan 17 hectáreas distribuidas entre 9 titulares⁶ (Catastro Minero Colombiano, 2014) y a la apropiación del patrimonio natural donde destaca un precedente sobre la comercialización de 2000 m³ de agua de consumo humano por parte de la empresa Seafield Resources, la afectación de fuentes hídricas que abastecen acueductos comunitarios y la reclamación de propiedades en zonas mineras por víctimas acogidas a la Ley 1448 de 2011⁷.

En este contexto ―de múltiples presiones territoriales― se ha desarrollado la minería tradicional por parte de los moradores de Quinchía, quienes se han apropiado material y simbólicamente del patrimonio natural minero mediante distintos métodos de extracción aurífera como son las explotaciones de tipo aluvial⁸ y tipo filoniano o veta; formas tradicionales de extraer la riqueza mineral con técnicas empleadas desde la época prehispánica que se han ido tecnificando a través del tiempo.

Entre las formas asociativas de desarrollar la minería en el municipio de Quinchía se encuentra CORPOARE, configurada de acuerdo al artículo 31 de la Ley 685 de 2001⁹; el cual permite mediante la combinación de prácticas tradicionales, y las exigencias técnicas y tecnológicas demandadas en la normativa ambiental, ejercer de forma organizada la apropiación colectiva del patrimonio natural minero a través de la conformación de un área de reserva especial minera. Asimismo, CORPOARE posibilita la continuidad de proyectos de extracción a manos de pequeños mineros tradicionales que en la mayoría de los casos emplean esta actividad como estrategia de subsistencia.

El área de reserva especial comprende 584 hectáreas y beneficia a cerca de 83 asociados que hacen parte de 7 asociaciones agrupadas en CORPOARE, ubicadas sobre las veredas: El Guamo, Juan Tapao, Minarica, La Peña, Buenavista, Pomesia, Cartagueño, Las Trojes y Sardinero. Esta zona a la vez tiene presencia de las parcialidades indígenas¹⁰ emberá chamí (situada sobre las veredas Cartagüeño y Pomesia) y emberá karambá (localizada en las veredas Buenavista, Juan Tapao, Minarica y Callao); ambas comunidades dedicadas fundamentalmente a la agricultura y a la pequeña minería.

Fuente: elaboración propia por parte de la autora¹¹.

Figura 2. Zonas de extracción aurífera y asentamientos de comunidades indígenas.

El corazón del proyecto CORPOARE se encuentra ubicado sobre la vereda Minarica, caracterizada por fuertes pendientes, donde se realizan actividades de extracción tipo filón o veta. Este frente de trabajo cuenta con 15 asociados que se dedican a actividades como el arranque del material, cargue, transporte, molienda y procesamiento o beneficio.

Sin embargo, vale la pena aclarar que el desarrollo de la minería tradicional implementada durante décadas en el municipio de Quinchía también genera impactos sobre el patrimonio natural tales como la remoción de estériles, deforestación y contaminación por lodos y colas. En el caso de CORPOARE estos efectos se evidencian en las 7,95 hectáreas que comprenden tres zonas de intervención, dos de ellas con algunas restricciones ambientales por parte de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda ―CARDER―. Igualmente el desarrollo minero de CORPOARE altera las condiciones fisicoquímicas de la microcuenca Juan Tapado (receptora de aguas de mina, residuales y servidas entre otros efluentes).

Es en este contexto  se consideró pertinente analizar la minería tradicional del municipio de Quinchía hacia la evaluación de la sustentabilidad cultural y ambiental de esa actividad. Para ello se tomó como referencia a CORPORARE, un caso emblemático de desarrollo minero tradicional en el municipio y el departamento.

SUSTENTABILIDAD CULTURAL Y AMBIENTAL DE LA MINERÍA TRADICIONAL DE QUINCHÍA, CASO DE ESTUDIO CORPOARE

La sostenibilidad como un concepto aunado a la noción de desarrollo ha motivado debates de carácter económico, social y ambiental. Tras la marcada preocupación de los países del “primer mundo” por los efectos ambientales que se visibilizaron con fuerza a partir de la década de los 70 se consolidaron discusiones sobre la visión de desarrollo. En este sentido el informe Los límites del crecimiento, elaborado por el Club de Roma en 1972, postulaba que la ausencia de restricciones al modelo de desarrollo (basado en el incremento poblacional, el crecimiento económico, la industrialización, explotación de recursos naturales, la producción de bienes y servicios) ponía en riesgo la permanencia de la humanidad.

Posteriormente, en 1987, la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo lanzó Nuestro futuro común; un informe que contrasta la visión del desarrollo con la necesidad de preservación del ambiente. Fue esta comisión, también llamada Comisión Brundtland, la que definió el término desarrollo sostenible como “la satisfacción de las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades” (ONU, 1987); el cual se fortaleció tras la Cumbre de Río en 1992.

Pero a medida que se implementó en diferentes esferas supranacionales la visión de desarrollo sostenible surgieron cuestionamientos sobre la visión estratégica que prevalecería: el crecimiento ilimitado para satisfacer las necesidades de la humanidad o la dimensión natural a la vez esencial para la existencia de los seres vivos. Así pues,

el desarrollo sostenible puede ser entendido de manera global como el mantenimiento de las condiciones de calidad del sistema de interrelaciones sociedad-naturaleza. Para que estas relaciones sean sostenibles deberá definirse en la práctica qué es lo que se pretende sostener: si el nivel de desarrollo de la sociedad (independiente del impacto ambiental que se genere, pues la riqueza material proveerá los recursos para la protección ambiental), o la base ecológica, a través del respeto a las leyes de la naturaleza, como condición para mejorar la calidad de vida de la sociedad y de los mismos. (Pérez, Rojas y Ordoñez, 2010, p. 37)

Los diversos enfoques de la sostenibilidad han estado sujetos a múltiples discusiones concentradas fundamentalmente sobre la necesidad o no de continuar con un modelo de desarrollo que ha ocasionado impactos sobre la naturaleza y profundizado las desigualdades sociales. De igual manera la discusión se extiende hacia los procesos productivos, el papel de la tecnología y el desarrollo científico, la visión neoextractivista entre otros pilares del crecimiento económico.

En lo que respecta a la visión neoextractivista tras la década de los 90 con el Consenso de Washington diversos países de América Latina, entre ellos Colombia, concentraron sus esfuerzos en la adopción de políticas para la liberalización económica; consecuencia de ello el país ha diseñado estrategias orientadas a la atracción de agentes internacionales para la inyección de capital, que afianzan un modelo de desarrollo de carácter competitivo enfocado en el crecimiento monetario.

En Colombia la noción de desarrollo, fuertemente ligada a la visión neoextractivista, se transforma en el principal argumento para la aplicación de estrategias geopolíticas de control territorial y de flexibilización de normas regulatorias y económicas que promueven la inversión de agentes privados y transnacionales para el desarrollo minero. Decisiones políticas que trastocan las dinámicas ecológicas y socioculturales de los territorios con riquezas minerales (Fierro, 2012).

El neoextractivismo minero impulsado desde agentes gubernamentales y transnacionales como pilar de crecimiento económico ha sido categorizado como desarrollo sostenible. Tras este manto discursivo para

mayo de 2000 y abril de 2005 el número de títulos mineros se incrementó en un 61% al pasar de 3,770 a 6,078. A 31 de diciembre de 2010 el número de títulos inscritos en el Registro Minero Nacional fue de 9,011 cifra que representa un incremento del 48% con respecto a abril de 2005. (Ponce, 2012, p. 39)

Así, para 2011 se advertía que el “40% del territorio colombiano se encontraba concesionado o solicitado por empresas multinacionales para realizar proyectos de extracción de minerales e hidrocarburos” (PBI Colombia, 2011, p.4).

El incremento de títulos mineros otorgados principalmente a empresas transnacionales, bajo el argumento de impulsar el desarrollo sostenible, prontamente configuró conflictos ambientales; pues, para 2012, 37 títulos mineros se encontraban al interior de parques nacionales naturales y 643 títulos en ecosistemas de páramo. Asimismo, para mayo de 2009, el 29,25 % de los territorios afrodescendientes y el 16,51 % del área de resguardos indígenas se hallaban solicitados. Un año después, en octubre de 2010, 27 resguardos de comunidades indígenas se hallaban titulados en más del 50 % de su área y 14 habían sido titulados completamente (Fierro, 2012).

Esto sin contar que muchos de los títulos han sido otorgados a multinacionales en los más de 15 departamentos colombianos en los que existe minería de oro pequeña y artesanal. Situación que afecta a más de 15000 familias afrodescendientes, campesinas e indígenas que realizan la minería tradicional como un medio para la subsistencia de sus grupos familiares (Defensoría del Pueblo, 2010).

Ante las discusiones de los efectos socioambientales del desarrollo surgen cuestionamientos sobre la pertinencia de hablar de desarrollo sostenible, situación que incide en la configuración de nuevas realidades discursivas que promueven el uso del término sustentable.

De acuerdo con García y Guerrero (2006) tres enfoques principales son reconocidos en mención del desarrollo sostenible: el primero que enfatiza en la necesidad de sostener un crecimiento económico a partir de la incorporación de los costos de degradación y agotamiento de los recursos naturales que dicho crecimiento impone. El segundo asociado al concepto de necesidades básicas que propone al desarrollo sustentable como un medio para alcanzar el bienestar social a través del reconocimiento de una serie de condiciones ecológicas que son necesarias para sustentar la vida humana. El tercer enfoque, más estructuralista, que critica el acceso y control inequitativo de los recursos naturales que caracterizan los patrones contemporáneos de desarrollo y propone un paradigma que reformula los medios y fines del desarrollo basándose en los principios de equidad y justicia social.

Por su parte Leff (2008) señala que los discursos sustentables buscan

incorporarse en nuevas subjetividades, amalgamarse en nuevas identidades, formar nuevas técnicas y generar nuevos procesos productivos fundados en los potenciales ecológicos y la creatividad de los pueblos […]. La nueva economía debe basarse en una articulación entre cultura y naturaleza, es decir de la capacidad creativa del ser humano, de la productividad cultural asociada a la productividad ecológica del planeta y cada uno de sus ecosistemas. (p. 48)

Así pues, la sustentabilidad ambiental en oposición a la sostenibilidad económica reclama la prelación de la relación cultura-naturaleza sobre la noción de crecimiento económico. Y afirma el papel de las comunidades locales en la construcción de nuevas relaciones productivas fundamentadas en los saberes y conocimientos dotados de diversos símbolos culturales identitarios.

Del mismo modo Gudynas (2011) menciona que la sustentabilidad súper-fuerte

no puede contentarse con el concepto de Capital Natural, sino que utiliza como alternativa la idea de Patrimonio Natural. Este es definido como un acervo que se recibe en herencia de nuestros antecesores, que debe ser mantenido y preservado […]. La postura súper-fuerte es sustancialmente distinta en tanto se protege a la Naturaleza no por su posible utilidad, sino por sus propios valores; y jerarquiza el principio de precaución, y utiliza siempre que sea posible las tecnologías apropiadas y localmente adaptadas. (p. 82-84)

Simultáneamente la sustentabilidad “debe responder al carácter integral y multidimensional de los ecosistemas y de las prácticas de apropiación de estos por las comunidades” (Escobar, 1999, p. 142). Acorde con esto, algunos requisitos sugeridos en la presente investigación para la implementación del término sustentabilidad ambiental en el desarrollo de la minería son: (i) que el desarrollo de la actividad minera tradicional no sobrepase la capacidad de resiliencia de la dimensión biofísica; (ii) que el desarrollo de la actividad minera tradicional no altere de forma significativa sistemas productivos agrícolas existentes; (iii) que el desarrollo de la actividad minera tradicional proponga alternativas hacia la reducción de los impactos negativos en la dimensión biofísica y social.

Partiendo de lo anterior, para efectos de la presente investigación, se implementa el referente sustentabilidad cultural y ambiental que permite evaluar la interrelación sociedad-naturaleza producto de la actividad minera en el municipio de Quinchía con el caso de estudio CORPOARE. En este sentido la sustentabilidad ambiental (como forma de apropiación del patrimonio natural por medio de procesos productivos desarrollados en la minera tradicional) demanda el análisis de la cultura.

Por su parte la cultura contenida y representada en las formas de apropiación del territorio “constituye maneras particulares de acceder, conocer, ser y existir en el Mundo” (CNMH, 2013, p. 279). Estas características culturales definen los medios de los mineros tradicionales y otras comunidades de intervenir la naturaleza apropiándosela material y simbólicamente mediante formas sociales y procedimientos tradicionales y tecnológicos entre otros; así:

uno de los más importantes componentes de la cultura es el saber, el conocimiento, que constituye un […] poder social, que permite a la sociedad desarrollar sus relaciones con el medio, transformarlo y ser transformada por él y, también, controlar y manejar sus propias relaciones sociales. (Vasco, 2010, p.1)

Con base en ello es imprescindible reiterar que, en la presente investigación, la cultura también emana de las formas de apropiación del patrimonio natural reflejadas en un espacio y tiempo determinado. En palabras de Marx (1989): “el modo de producción de la vida material condiciona el proceso de la vida social, política y espiritual” (p. 8); argumento manifiesto que alude brevemente a las maneras y relaciones de producción en el desarrollo de la actividad minera de CORPOARE.

Finalmente se define sustentabilidad cultural y ambiental en el desarrollo de la minería tradicional como la capacidad de un grupo humano de apropiarse del patrimonio natural minero en su territorio como fundamento para sus procesos económicos y sociales a través de formas organizativas, normativas, culturales y tecnológicas que a la vez permiten reducir impactos significativos sobre la dimensión biofísica y la población.

PRECISIONES METODOLÓGICAS CON RELACIÓN A LA CONSTRUCCIÓN DE LOS INDICADORES

Posterior a la discusión teórica, para la definición del referente teórico-metodológico sustentabilidad y la identificación de las similitudes o diferencias con relación a la noción de sostenibilidad, se recurrió a técnicas de investigación que posibilitaron el análisis del contexto territorial del municipio de Quinchía hacia una aproximación a su realidad minera; entre las técnicas se encuentran la revisión de literatura, entrevistas semiestructuradas, observación participante y triangulación de la información.

Por su parte los indicadores culturales y ambientales fueron construidos hacia la evaluación de la sustentabilidad de la minería tradicional, partiendo de la comprensión que los “indicadores son estadísticas seleccionadas por su capacidad de mostrar […] el estado, la evolución y las tendencias de un fenómeno que interesa monitorear” (Quiroga, 2009, p. 19). Para el desarrollo de los indicadores de sustentabilidad cultural y ambiental se acudió a la asesoría con expertos y a la implementación de hojas metodológicas sugeridas en los documentos: Guía metodológica para desarrollar indicadores ambientales y de desarrollo sostenible en países de América Latina y el Caribe propuesta por la CEPAL en 2009 y Hojas metodológicas de indicadores mínimos de gestión elaborada por el Ministerio de Ambiente de Colombia en 2008.

Estas guías proporcionaron insumos para la construcción de indicadores culturales y ambientales acordes con los intereses investigativos orientados a evaluar la sustentabilidad de la minería tradicional de CORPOARE.

De esta manera, partiendo de la definición de sustentabilidad cultural y ambiental, se procedió a la construcción de trece indicadores (tabla 1) de los cuales nueve fueron efectivamente implementados en CORPOARE.

Tabla 1. Síntesis de indicadores

Fuente: elaboración propia por parte de la autora.

La medición de los indicadores y las cifras estadísticas relevantes para el análisis de la sustentabilidad cultural y ambiental también fueron obtenidas de cuatro fuentes secundarias: Omega & Asociados Ltda. (2013), Montoya (2013), Escobar et al. (2013) y Alcaldía Municipal de Quinchía (2001 & 2004)¹⁵.

Todos estos documentos de orden regional y local proporcionaron información tanto cualitativa como cuantitativa que posibilitó la implementación de nueve indicadores para la evaluación de la sustentabilidad cultural y ambiental de la minería tradicional hecha por CORPOARE. Estos indicadores también obedecen a la realización de hojas metodológicas (tabla 2).

Tabla 2. Indicadores de sustentabilidad cultural y ambiental implementados

Fuente: elaboración propia por parte de la autora.

ANÁLISIS DE LOS INDICADORES DE SUSTENTABILIDAD CULTURAL Y AMBIENTAL

A continuación, se presenta el análisis de los resultados de los indicadores propuestos para esta investigación. Para ello se inicia con la evaluación de la dimensión cultural compuesta por dos subdimensiones (socioeconómica y sociocultural) en las que se consideraron aspectos como: población ocupada por actividad económica en Quinchía (indicador cultural C1); población ocupada en minería tradicional aurífera en Quinchía por asociaciones mineras (indicador cultural C2); cobertura de salud de los mineros tradicionales (indicador cultural C3); relevo generacional en el desarrollo de la actividad minera (indicador cultural C4); formas de aprender el desarrollo de la minería aurífera (herencia cultural) (indicador cultural C5); tiempo de desarrollo de la minería aurífera por parte de mineros tradicionales (indicador cultural C6).

Seguidamente se analiza el componente ambiental en el que se valoran indicadores de tipo normativo e impacto ambiental como son: cumplimiento de los componentes del plan de manejo ambiental (indicador ambiental A1); impacto sobre las fuentes hídricas (indicador ambiental A2); impacto sobre la calidad del aire (indicador ambiental A3).

Indicador cultural (C1): población ocupada por actividad económica en Quinchía

De acuerdo con el Plan de Desarrollo Municipal (2004-2007) aproximadamente 12582 personas se desempeñaban laboralmente en alguna actividad económica del sector primario, secundario o terciario. Cerca de 8656 personas, es decir el 68,81 % del total de la población ocupada, se dedicaban a actividades agropecuarias y 1526 (12 %) al desarrollo de la minería; seguidas de otras actividades como comercio (7 %), industria manufacturera (5,4 %) entre otras. Es importante mencionar que el desarrollo de la minería tradicional en Quinchía se ha caracterizado por ser una actividad que se alterna con la agricultura (figura 3).

Fuente: elaboración propia por parte de la autora.

Figura 3. Población ocupada por actividad económica en Quinchía.

Asimismo, es necesario mencionar que al día de hoy el municipio no cuenta con estadísticas actualizadas sobre la población ocupada por actividad económica.

Indicador cultural (C2): población ocupada en minería tradicional aurífera en Quinchía por asociaciones mineras

La minería aurífera desarrollada por 13 asociaciones de mineros tradicionales es una de las principales fuentes económicas del municipio de Quinchía. De los 1526¹⁸  mineros del municipio, el 17 % (257)¹⁹ pertenecen a la Asociación de Barequeros de Miraflores y el 6 % (86) a CORPOARE (integrada por otras 7 asociaciones); en suma, ambas asociaciones conforman el 28 % del total de mineros del municipio (figura 4).

Fuente: elaboración propia por parte de la autora.

Figura 4. Población ocupada en minería tradicional aurífera en Quinchía por asociaciones mineras.

El resto de la población minera aurífera se encuentra vinculada a otras asociaciones de las que no existen datos estadísticos precisos sobre su número de integrantes. Estas asociaciones son: Asociación Mineros Aguas Claras; Asociación de Mineros de Miraflores; Mina de Guayacanes; Mina La Manta-Navarrete; Asociación de Mineros de Mandeval; Asociación de Mineros de Vendeagujal; Asociación de Mineros La Vega; Asociación de Mineros La Montaña; Mineros de Chuscal Alto; Mineros de Chuscal Bajo y Mina Los Alacranes.

Indicador cultural (C3): cobertura de salud de los mineros tradicionales

La exposición a diversos riesgos que afectan la salud humana es una de las preocupaciones en el desarrollo de la actividad minera. Cumplir con exigencias legales que permitan garantizar la protección de la salud debe ser uno de los propósitos centrales en el desarrollo de esta actividad (figura 5).

Fuente: Omega & Asociados Ltda. (2013).

Figura 5. Régimen de salud de los asociados de CORPOARE.

Según la encuesta realizada por la consultora Omega & Asociados Ltda., en 2013, el 100 % de los asociados de CORPOARE (68) se encuentran afiliados a algún régimen de salud ya sea privado o público. Del total de los asociados, el 66 % pertenecían al régimen subsidiado y el 33 % al contributivo²⁰.

Indicador cultural (C4): relevo generacional en el desarrollo de la actividad minera

La apropiación del patrimonio natural minero por parte de los moradores de Quinchía es una práctica que se ha conservado gracias a la herencia cultural. El relevo generacional es una forma de garantizar la continuidad del desarrollo de la minería tradicional en el municipio (figura 6).

Fuente: Omega & Asociados Ltda. (2013).

Figura 6. Rango de edad de los asociados de CORPOARE.

El 73 % de los 68 asociados de CORPOARE se encuentran en un rango de edad entre 30 y 60 años, el 14 % de los mineros es mayor a 60 años de edad y el 13 % está entre 18 y 30 años.

Indicador cultural (C5): formas de aprender el desarrollo de la minería aurífera (herencia cultural)

La forma en la que ha sido transmitida la herencia cultural minera permite analizar si su desarrollo es una práctica tradicional. Este indicador mide si la actividad minera ha sido enseñada por grupos familiares, procesos organizativos e individuales como alternativa de sustento socioeconómico y apropiación territorial por parte de algunos pobladores del municipio.

Para la evaluación del presente indicador se asume como referencia el estudio de Escobar et al. (2013), que analiza una muestra poblacional de 43 mineros distribuidos en seis asociaciones que integran la corporación de la siguiente manera: Mina Santa (14); La Soledad (10); Pomesia (10); La Peña (4); La Camelia (4) y La Carmelita (1). Según este estudio existen cinco formas de aprender la minería aurífera (figura 7).

Fuente: Escobar et al. (2013).

Figura 7. Formas de aprender la minería aurífera.

De las 43 encuestas realizadas a mineros tradicionales de CORPOARE el 49 % (21) dicen haber aprendido el desarrollo de la minería tradicional a través del grupo familiar, el 26 % (11) por otros mineros, el 9 % (4) por una asociación, el 9 % (4) empíricamente y el 7 % (3) no contestó. Es importante mencionar que de los mineros entrevistados ninguno (0 %) respondió haber aprendido la actividad por una empresa minera.

Indicador cultural (C6): tiempo de desarrollo de la minería aurífera por parte de mineros tradicionales

El arraigo a la tradición minera es influenciado por el tiempo de un grupo humano de apropiarse material y simbólicamente de la riqueza mineral en su territorio. Tiempo que a la vez es un requisito para la solicitud de formalización de un minero tradicional como lo  señala el Código de Minas, Ley 685 de 2001. De acuerdo a esto, el presente indicador tiene como propósito identificar el tiempo dedicado al desarrollo de la minería aurífera por parte de mineros tradicionales.

Sin embargo es necesario anotar que el carácter de subsistencia de la minería de hecho implica la inexistencia de documentación técnica y financiera que sustente el tiempo de desarrollo. Con base en Escobar et al. (2013), el tiempo promedio de desarrollo de la actividad minera de los 43 mineros tradicionales de CORPOARE encuestados es de 13,63 años. Cifra que no solo evidencia el arraigo a la tradición minera, sino también el cumplimento del tiempo estipulado en el Código de Minas.

Ahora bien, después de analizar los indicadores de tipo cultural, a continuación, se examinaran los indicadores ambientales de tipo normativo y de impacto.

Indicador ambiental (A1): cumplimiento de los componentes del plan de manejo ambiental

El plan de manejo ambiental ―PMA― está integrado por una serie de componentes de obligatorio cumplimiento. El PMA del proyecto minero permite a la autoridad ambiental competente y a los mineros tradicionales hacer un seguimiento sobre los impactos generados en el ambiente y la efectividad de las estrategias propuestas para reducir y evitar dichos impactos. El cumplimiento de los componentes del PMA permite a un grupo de mineros tradicionales apropiarse del patrimonio natural minero a través de una serie de medidas normativas y ambientales orientadas a reducir los efectos negativos de la actividad minera sobre la dimensión biofísica y social.

Para el análisis del presente indicador se tomó como referencia el estado de avance del PMA de CORPOARE, evaluado por Omega & Asociados Ltda. (2013). Datos que fueron complementados con información primaria y mediante los resultados del “Proyecto de Producción Más Limpia en la Minería Artesanal del Oro, Quinchía”, así como el estudio la Resolución 2617 de 2012 de la CARDER (por medio de la cual se otorga una licencia ambiental y se dictan otras disposiciones).

De acuerdo a lo anterior, se logró evaluar el cumplimiento de este indicador conformado por 23 componentes; de los cuales no fue posible analizar tres de ellos debido a la ausencia de información primaria y secundaria que la soporte. Del mismo modo tres de los componentes se clasificaron en la categoría “No aplica” dado que el proyecto CORPOARE, en 2014, aún no se encontraba en fase de explotación²¹. Ahora bien, de los 17 componentes restantes, se concluyó que el 64,70 % (11 componentes) tenían algún nivel de avance o habían sido cumplidos y el 35,29 % (6 de ellos) se encontraban sin implementar.

A continuación, en la tabla 3, se describen cada uno de los componentes del PMA y su estado de cumplimiento.

Tabla 3. Estado del PMA de CORPOARE

Fuente: elaboración propia por parte de la autora.

Indicador ambiental (A2): impacto sobre las fuentes hídricas

El análisis del indicador se efectuó para la microcuenca Juan Tapado cuyas dinámicas naturales son perturbadas por el desarrollo de la minería de CORPOARE. El índice de escasez de agua (fórmula 1 del indicador), según el uso y los cambios fisicoquímicos (fórmula 2 del indicador) por el desarrollo minero, se analizó mediante información contenida en Montoya (2013). Conviene señalar que este estudio analiza el índice de escasez basado en la demanda hídrica para uso doméstico, agrícola e industrial, así como la medición de doce parámetros fisicoquímicos antes y después del vertimiento en puntos de muestreo específicos.

De acuerdo a esta información fue posible evidenciar que los meses de marzo (25,5 %), junio (32,4 %), julio (46,5 %), agosto (32,0 %), septiembre (22,4 %) y diciembre (24,2 %) presentaban un índice de escasez ‘medio’. Mientras tanto los meses de enero (65,3 %) y febrero (69,2 %) reflejaron un índice de escasez ‘alto’. Situación que pudo estar relacionada con la época de verano y no solo con la demanda de caudal mensual total, que no superó los 7,50 litros por segundo (l/s).

Fuente: Montoya (2013).

Figura 8. Índice de escasez mensual en la microcuenca Juan Tapado.

Por otra parte dentro de los parámetros fisicoquímicos analizados en Montoya (2013) se encuentran: demanda bioquímica de oxígeno (DBO); demanda química de oxigeno (DQO); sólidos suspendidos totales (SST); sólidos totales (ST); sólidos sedimentables, oxígeno disuelto, sulfatos, alcalinidad, acidez, dureza, mercurio y cianuro. La medición de estos parámetros permitió identificar cambios en las condiciones fisicoquímicas de la fuente superficial de Juan Tapado en dos puntos de muestreo aguas arriba de la Bocamina (N05º20’36’’ y W075º41’18’’) y aguas abajo de la Bocamina (N05º20’34’’ y W074º41’ 15’’).

Para Montoya (2013) las altas concentraciones de SST y ST se deben a deslizamientos de tierra causados por el invierno. Asimismo, los valores de DBO y DQO (con un valor <5 y <20 mg/L) indican que la fuente tiene bajos niveles de contaminación por la presencia de materia orgánica. Además, la investigación señaló que el incremento de los valores de sulfatos (65,5 mg SO4-2/L) y acidez (10,9 mg CaCO3/L) del punto aguas abajo de la bocamina probablemente se deben al efluente de la mina vertido en la quebrada Juan Tapado. No obstante, es importante señalar que el estudio no reportó contaminación por cianuro o mercurio.

De igual manera, para la fuente hídrica Juan Tapado, no se han establecido objetivos de calidad de acuerdo al artículo 9 del Decreto 3930 de 2010; el cual establece siete usos del agua pertinentes para el presente caso de estudio. Aspecto que limita la realización de un análisis efectivo sobre el impacto de las actividades desarrolladas por CORPOARE según la priorización de usos de la fuente.

Indicador ambiental (A3): impacto sobre la calidad del aire

Para el análisis del presente indicador se tomó como referencia la información de los resultados del muestreo del impacto del aire por PM10 señalados en Montoya (2013). Estos muestreos fueron realizados durante 24 horas bajo una temperatura entre 18 y 32 ºC.

Debido a los bajos niveles de PM10 detectados no fue necesario aplicar la fórmula de índice de calidad del aire, pues el promedio de PM10 fue de -308,06 µg/m3 (Montoya, 2013). Cifra que permitió concluir en el estudio que no existía una afectación considerable sobre la calidad del aire. No obstante, los bajos niveles de material particulado que se evidenciaron se deben a que las actividades implementadas en la bocamina de Mina Rica durante las mediciones eran: extracción manual de material y descarga; carga de arena por semovientes y quema de costales de fibra.

EVALUACIÓN DE LA SUSTENTABILIDAD CULTURAL

Por último, para evaluar la sustentabilidad cultural y ambiental de la minería tradicional desarrollada por CORPOARE, se recurrió a la evaluación numérica de cada uno de los indicadores de acuerdo a unos rangos de calificación (tabla 4).

Tabla 4. Rango de calificación de la sustentabilidad

Fuente: elaboración propia por parte de la autora.

Estos mismos valores numéricos, entre 5 y 1, fueron asignados a una serie de criterios construidos por indicador (tabla 5). Así, por ejemplo, para el indicador cultural (C1) se diseñaron cuatro criterios a los que se les otorgó una calificación entre 1 y 5. De esta manera al criterio de mayor grado de cumplimiento o importancia le fue asignado un valor de 5 y al de menor cumplimiento 1.

Es decir que el indicador C1, denominado “población ocupada por actividad económica en Quinchía”, permite identificar que tan importante es la actividad minera para la subsistencia de los habitantes del municipio. Por esto, y como la minería representa el segundo renglón económico, se le asignó un valor de 4: que corresponde a una sustentabilidad medianamente alta.

A continuación, se describen los criterios construidos por cada uno de los indicadores y los rangos de calificación asignados para evaluar la sustentabilidad.

Tabla 5. Evaluación de la sustentabilidad por rango de calificación

Fuente: elaboración propia por parte de la autora.

La figura 9 representa la sustentabilidad cultural y ambiental de la minería tradicional desarrollada por CORPOARE. Cada eje representa un indicador, en este caso: 9 ejes, 6 de ellos culturales y 3 ambientales. De esta manera cada eje que representa un indicador cambia de 1 hasta 5, siendo los rangos de valoración: nula sustentabilidad=1; baja sustentabilidad=2; media sustentabilidad=3; sustentabilidad medianamente alta=4 y alta sustentabilidad=5. Así pues, la figura está divida en dos áreas: una de indicadores culturales y otra de indicadores ambientales. Entre más grande sea el área dibujada mayor sustentabilidad representa y entre más baja será menor.

Fuente: elaboración propia por parte de la autora.

Figura 9. Evaluación de la sustentabilidad cultural y ambiental de CORPOARE.

Con base en los seis indicadores valorados para la evaluación de la sustentabilidad cultural, el indicador C4 fue de “media sustentabilidad”. Entretanto los indicadores C1, C2²⁴, C6 fueron “moderadamente altos” en sustentabilidad, en contraste con los indicadores C3 y C5 que fueron de “alta sustentabilidad”.

Asimismo, la evaluación de la sustentabilidad ambiental permitió concluir que es “medianamente alta”. Sin embargo este resultado, atribuido a indicadores como impacto sobre el agua y el aire, se debe a que el núcleo minero de Mina Rica a 2014 no se encontraba desarrollando actividades de explotación. En este sentido es necesario considerar que una vez se inicie con las actividades de explotación los impactos sobre el agua y el aire incrementarán.

No obstante, es imprescindible señalar que con la intención de dar cumplimiento a los requerimientos normativos, CORPOARE ha avanzado en la implementación de los componentes del PMA (indicador A1). Esto ha permitido reducir y mitigar los impactos generados en la actual fase que comprende la adecuación y alistamiento del montaje minero (preparación de los frentes mineros e instalación de las obras principales, servicios, equipos y maquinaria fija) necesario para iniciar y adelantar la extracción o captación de los minerales, su acopio, su transporte interno y su beneficio.

Este PMA es un instrumento de gestión orientado, además, a evitar o disminuir los impactos que serán producidos en el proceso de explotación del yacimiento aurífero. En consecuencia,

gracias a la implementación del PMA se han cerrado una cantidad de bocaminas que han generado impactos significativos en el tiempo, así mismo la implementación de otras actividades tendientes a mitigar los impactos generados con anterioridad (por ejemplo, la inadecuada disposición de colas contaminadas con mercurio). (Omega & Asociados, 2013)

Aunque es importante recordar que en la zona se ha realizado de forma histórica la minería tradicional. Igualmente CORPOARE cuenta con un plan de trabajos y obras ―PTO― que suministra la base técnica, logística, económica y comercial en concordancia con el medio ambiente para tomar la decisión de invertir y desarrollar un proyecto minero.

Sumado a lo anterior, los mineros tradicionales de CORPOARE han venido siendo capacitados en prácticas de producción más limpia con el propósito de desarrollar un proceso productivo que pueda adquirir la Certificación de Minería Justa Fairmined; un estándar de buenas prácticas para los mineros artesanales y de pequeña escala.

CONSIDERACIONES SOBRE LA APLICACIÓN DEL MODELO DE EVALUACIÓN DE LA SUSTENTABILIDAD CULTURAL Y AMBIENTAL

Esta investigación fue desarrollada bajo el supuesto: la minería tradicional desarrollada por CORPOARE es cultural y ambientalmente sustentable. Para tal fin, se construyeron indicadores de sustentabilidad cultural y ambiental que permitieron concluir que el desarrollo de la minería tradicional en su etapa de adecuación y montaje es ambiental y culturalmente sustentable. Sin embargo esta apreciación se encuentra condicionada por la inexistencia de un censo poblacional minero municipal, razón que condujo al uso de datos estadísticos de dos planes de desarrollo municipal (2004 y 2007) y tres documentos académicos realizados entre 2012 y 2013. Los estudios académicos muestran información ambiental y las características socioeconómicas de una fracción considerable de los asociados de CORPOARE.

En este sentido es importante propender por procesos tendientes a la evaluación de los indicadores mediante información ambiental que muestre periodicidad en el seguimiento de las condiciones fisicoquímicas del suelo, agua y aire; dimensiones biofísicas afectadas a causa de la actividad minera.

A pesar de la escasez de datos estadísticos en términos ambientales, sociales y culturales que caracterizan la minería tradicional de Quinchía, se logró la construcción de indicadores pertinentes para su implementación en otras asociaciones mineras en el municipio y en otros contextos territoriales. Esos indicadores orientados por el referente de sustentabilidad cultural y ambiental fueron construidos a partir de la aproximación a la realidad minera del municipio.

Por otra parte, con el propósito de que la valoración de la sustentabilidad cultural y ambiental de CORPOARE obtenga resultados más representativos, se sugiere actualizar las estadísticas concernientes a las condiciones socioeconómicas de los mineros tradicionales. Además se requiere la actualización y levantamiento de información estadística de la población de Quinchía y asociaciones mineras, actividad minera y parámetros ambientales.

De igual manera se sugiere establecer objetivos de calidad de acuerdo al Decreto 3930 de 2010, que establece siete usos del agua pertinentes para la microcuenca Juan Tapado y otras fuentes hídricas afectadas por la actividad minera. Los objetivos de calidad obligan establecer parámetros permisibles de contaminación y permiten la implementación de medidas preventivas para conservar el patrimonio hídrico.

Finalmente se recomienda el desarrollo de un censo poblacional minero de Quinchía y la construcción y seguimiento de una línea base sobre los impactos generados por la explotación minera. Así, se contará con insumos pertinentes para la planificación del territorio de Quinchía.

CONCLUSIONES

En el siglo XXI la promoción e implementación de un modelo de desarrollo neoextractivista que responda a la lógica del mercado globalizado mediante estrategias geopolíticas de control territorial viene agudizando la situación del territorio de Quinchía; un municipio rural históricamente afectado por el conflicto político, social y armado donde ahora existen diferentes tensiones asociadas a intereses contrapuestos frente a la apropiación de la riqueza minera.

La intervención de organismos internacionales como la ONU, Canadian Energy Research Institute ―CERI― y Canadian International Development Agency ―CIDA―, en la legislación ambiental minera (Fierro, 2012), ha estado orientada a encaminar la economía nacional hacia un modelo de desarrollo eficiente y competitivo basado en el extractivismo. Cuestiones que se ven reflejadas en el actual Código de Minas ―constituido mediante ayuda canadiense e instancias gubernamentales nacionales― que tienen consecuencias directas sobre los territorios locales, fundamentados principalmente en economías mineras de subsistencia.

Sumado a lo anterior, las dinámicas locales también han estado condicionadas por políticas nacionales promotoras del desarrollo minero energético sostenible como principal motor de la economía. El discurso del desarrollo sostenible ciertamente anida nuevas contradicciones, pues se transformó en un dispositivo adoptado por el modelo de acumulación capitalista como un sofisma de distracción que busca generar la idea de que el crecimiento económico ilimitado puede estar emparentado con una lógica proteccionista del ambiente.

En respuesta a ello diversos agentes sociales han apelado a otras adjetivaciones como el término sustentable, una noción que busca reevaluar las implicaciones de la racionalidad económica dominante y así proponer nuevas acepciones que privilegien el valor de la vida por encima del apetito voraz de la acumulación capitalista.

En consecuencia, el modelo de desarrollo minero en Quinchía se concreta desde dos visiones contrapuestas: la primera promotora de la minería sostenible liderada por empresas canadienses como la Batero Gold Corp y Metminco Limited; la segunda basada en las cosmovisiones, costumbres y tradiciones de los pobladores del municipio. Ambos modelos se enfrentan por la dominación de un territorio que hoy se caracteriza por la existencia de 20 títulos mineros para la extracción de metales preciosos en manos de 9 titulares y 51 solicitudes, 18 de las cuales son de legalización y 33 de adquisición de contratos de concesión (Catastro Minero Colombiano, 2014).

En este sentido tras la promoción de un modelo de desarrollo minero-energético-sostenible se ha otorgado ventajas competitivas a la minería a gran escala sobre la pequeña minería, esta última recurrentemente tildada de ilegal y criminal. Es por ello que el presente artículo tuvo como propósito evaluar la sustentabilidad cultural y ambiental de la minería tradicional de Quinchía a partir de un caso de estudio emblemático: CORPOARE; una asociación agrominera basada en una economía de subsistencia que pugna por el desarrollo de proyectos mineros extractivos en manos de pequeños mineros tradicionales.

AGRADECIMIENTOS

La investigadora expresa sus agradecimientos al Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación ―COLCIENCIAS― por su soporte como institución que exhorta a la realización de estos procesos investigativos; al grupo de investigación “Gestión en Cultura y Educación Ambiental” de la Facultad de Ciencias Ambientales de la Universidad Tecnológica de Pereira, en especial al docente León Felipe Cubillos, a la línea de investigación en “Estudios Socioculturales y Problemática Ambiental” y a la estudiante del Doctorado en Ciencias Ambientales Martha Yazmín Valencia por su apoyo y contribución académica; finalmente, y no menos importante, agradecimientos a los moradores de Quinchía que hicieron posible la realización de este proyecto.

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1. En 2005, la multinacional Sociedad Kedahda S.A. (filial de la empresa sudafricana AngloGold Ashanti) adquiere títulos mineros en el municipio de Quinchía. En 2007, la canadiense B2Gold Corporation los adquirió y a finales de 2009 pasaron a manos de otras dos canadienses: Batero Gold Corp. y la Minera Seafield Resources. Esta última recientemente adquirida por la multinacional Metminco Limited. 
2. Ante la violencia conservadora de los llamados ‘pájaros’ contra el pueblo de Quinchía surgen figuras como la de Medardo Trejos conocido también como Capitán Venganza, un campesino de tendencias liberales que sería asesinado por el Ejército Nacional en 1961.
3. Los Magníficos, una especie de paramilitares presentes en Quinchía entre 1984 y 1990, impusieron un nuevo orden militar y político que hizo del municipio uno de los más hostiles en el departamento de Risaralda.
4. Dentro de las principales estrategias políticas de control territorial impulsadas durante el siglo XXI se encuentran: el Código de Minas, Ley 685 de 2001 y su proyecto de reforma (Ley 1382 de 2010); proyecto de Integración de la Infraestructura Regional Suramericana ―IIRSA― de 2000; Política de Defensa y Seguridad Democrática de 2003; Política de Mejoramiento de la Productividad y la Competitividad; Política de Promoción del País Minero; Política de Administración del Recurso Minero; Colombia País Minero (Plan Nacional de Desarrollo Visión 2019) y diferentes planes nacionales de desarrollo como “Hacia un Estado Comunitario” (2002-2006), “Todos por un Nuevo País. Paz, Equidad y Educación” (2014-2018). Asimismo, sobresalen apuestas normativas como el Decreto 2041 de 2014, el Decreto 0276 de 2015 y el Decreto 2691 de 2014 que reglamenta el artículo 37 de la Ley 685 de 2001 y se definen los mecanismos para acordar con las autoridades territoriales las medidas necesarias para la protección del ambiente sano; en especial sus cuencas hídricas, el desarrollo económico, social, cultural de sus comunidades y la salubridad de la población en desarrollo del proceso de autorización de actividades de exploración y explotación minera.
5. La Asociación de Mineros Tradicionales de Miraflores y la Asociación de Barequeros de Miraflores.
6. Entre los que se destacan Seafield Resources, Sociedad Minera Quinchía SAS, AngloGold Ashanti, Mónica María Uribe, Negocios Mineros y CORPOARE, esta última conformada por 7 organizaciones mineras.
7. Es importante aclarar que el presente artículo no pretende ahondar y describir los conflictos ambientales presentes en el municipio de Quinchía, pues se compromete con la evaluación de la sustentabilidad cultural y ambiental de la asociación agrominera CORPOARE como aporte a la defensa de la minería tradicional.
8. También existe el método tradicional de laboreo denominado cúbico, que consiste en una minería realizada a las orillas del río Cauca y sus afluentes.
9. El artículo 31 de la Ley 681 de 2001 hace referencia al reconocimiento de las reservas especiales. Este señala que: “el Gobierno Nacional por motivos de orden social o económico determinados en cada caso, de oficio o por solicitud expresa de la comunidad minera, en aquellas áreas en donde existan explotaciones tradicionales de minería informal, delimitará zonas en las cuales temporalmente no se admitirán nuevas propuestas, sobre todos o algunos minerales. Su objeto será adelantar estudios geológico-mineros y desarrollar proyectos mineros estratégicos para el país destinado a determinar las clases de proyectos mineros especiales y su puesta en marcha. En todo caso, estos estudios geológico-mineros y la iniciación de los respectivos proyectos no podrán tardar más de dos (2) años. La concesión sólo se otorgará a las mismas comunidades que hayan ejercido las explotaciones mineras tradicionales, así hubiere solicitud de terceros. Todo lo anterior sin perjuicio de los títulos mineros vigentes, otorgados o reconocidos”.
10. Según el Ministerio del Interior, en el artículo 2 del Decreto 2164 de 1995, una comunidad o parcialidad indígena “es el grupo o conjunto de familias de ascendencia amerindia, que tienen conciencia de identidad y comparten valores, rasgos, usos o costumbres de su cultura, así como formas de gobierno, gestión, control social o sistemas normativos propios que la distinguen de otras comunidades, tengan o no títulos de propiedad, o que no puedan acreditarlos legalmente, o que sus resguardos fueron disueltos, divididos o declarados vacantes”.
11. El mapa muestra las zonas de minería aurífera, las veredas donde se encuentran localizadas las empresas multinacionales, CORPOARE y las comunidades indígenas. Sin embargo conviene aclarar que este no refleja el porcentaje del área titulada o solicitada por empresas multinacionales, la cual abarca más del 90 % del territorio de Quinchía.
12. Se implementó el término “población ocupada” por ser una variable considerada en el Plan de Desarrollo del Municipio de Quinchía (2001-2003). Plan que contenía las cifras más recientes sobre la actividad minera en el municipio.
13. Se implementó el término ‘hogares’ por ser una de las variables consideradas en el censo del DANE. Documento que señala que, en 2005, Quinchía contaba con 7603 hogares.
14. No se cuenta con datos estadísticos sobre el número de familias mineras auríferas por asociación y el total de familias que dependen de la minería aurífera en Quinchía. No obstante, según la consultora Omega & Asociados Ltda., CORPOARE beneficia a 70 familias.
15. Se tomó como referencia a los planes de desarrollo de Quinchía (2001-2003 y 2004 -2007) por ser los únicos documentos institucionales que contaban con información estadística del municipio pertinente para la implementación de los indicadores.
16. Debido a que la medición de los indicadores y las cifras estadísticas relevantes para el análisis de la sustentabilidad cultural y ambiental fueron obtenidas de fuentes secundarias, el indicador impacto sobre las fuentes hídricas fue implementado de acuerdo al Decreto 1594 de 1984. Sin embargo este decreto fue derogado por el artículo 79 del Decreto Nacional 3930 de 2010, salvo los artículos 20 y 21.
17. La hoja metodológica del presente indicador fue adoptada de Osorio y Méndez (2014).
18. Esta cifra fue tomada del Plan de Desarrollo de Quinchía (2004-2007). Por tanto, es necesario que las instituciones locales actualicen el censo minero del municipio.
19. Esta cifra fue tomada del Distrito Minero de Risaralda.
20. Es importante señalar que del total de los asociados de CORPOARE tan solo 15 se dedicaban en 2014 a las actividades mineras en el núcleo minero de Mina Rica, que a la fecha se encontraba siendo acondicionado para iniciar con las actividades de explotación. El resto de los socios de CORPOARE se encontraban desarrollando actividades agrícolas dentro del área de reserva especial minera.
21. Los componentes del PMA no evaluados fueron: programa de fortalecimiento institucional; plan de contingencia; plan de cierre y abandono de mina. Asimismo, los componentes clasificados en la categoría “No aplica” fueron: manejo de combustibles; manejo de ruido; plan de recuperación geomorfológica, paisajística y forestal.
22. Proceso donde el agua pasa a través de una membrana semipermeable desde una solución más concentrada en sales disueltas u otros contaminantes a una solución menos concentrada mediante la aplicación de presión.
23. Los rangos asociaciones mineras fueron adaptados de la clasificación establecida por el Ministerio de Industria y Comercio para definir micro, pequeñas y medianas empresas. Esto con la intención de realizar una evaluación objetiva del indicador.
24. Este indicador fue evaluado con información base de Omega & Asociados Ltda. (2013). Sin embargo es importante señalar que en próximos ejercicios el indicador debe ser nuevamente valorado, pues para 2014 el total de socios de CORPOARE (83) no se encontraba ocupado en actividades mineras.
25. Candidata a Magister en Sociedades Rurales de la Universidad de Caldas, Administradora Ambiental e Integrante de la Línea de Investigación en Estudios Socioculturales y Problemática Ambiental de la Facultad de Ciencias Ambientales. Universidad Tecnológica de Pereira. Correo electrónico: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=es&user=XhelTlYAAAAJ ORCID:  http://orcid.org/0000-0003-2513-2598

Para citar este artículo: Salazar-Duque, Y. (2018). Evaluación de la sustentabilidad cultural y ambiental de la minería tradicional en Quinchía, Risaralda. Caso de estudio corporación área de reserva especial minera (CORPOARE). Revista Luna Azul, 47, 129-158. DOI: 10.17151/luaz.2018.47.8. http://lunazul.ucaldas.edu.co/index.php/component/content/article?id=300

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