CÁLCULO DE LA HUELLA ECOLÓGICA

CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA

Guerra, Johan y Rincón, Ignacio¹

Recibido el 1 de junio de 2016, aprobado el 31 de marzo de 2017, actualizado el 18 de diciembre de 2017

DOI: 10.17151/luaz.2018.46.2

RESUMEN

Las agendas ambientales actualmente promueven la aplicación de indicadores que posibiliten el resguardo de los ecosistemas naturales dentro de estándares de vida sostenible. Entre los actores que favorecen la aplicación de indicadores de sostenibilidad ambiental se encuentran las universidades, la cual han asumido un rol importante, no solo como productoras y contenedoras de conocimiento científico y tecnológico, sino también en el reconocimiento de su capital natural y el uso equilibrado de los servicios ambientales para el desenvolvimiento de sus funciones. En este sentido, el trabajo tiene por objeto la realización de una evaluación a través de la utilización del indicador de la Huella Ecológica en el Campus Universitario de la Universidad Central de Venezuela (UCV). Su aplicación tiene como propósito estudiar un sistema ambiental acotado para determinar como la prestación de un servicio puede darse sin ser subvencionado por un déficit ecológico. La metodología posibilita evaluar el campus universitario como un sistema abierto, analizando los componentes que emiten carbono a través del consumo de agua, energía eléctrica, movilidad, papel, construcción y generación de residuos, así como la cuantificación de la vegetación para la fijación y captura de carbono. Al aplicar la metodología obtenemos los valores totales de emisión y fijación de carbono en promedio por el número de estudiante. Como resultado de la investigación para el 2011-2012 (datos más vigente disponibles) el Campus Universitario de la UCV necesitaría una extensión de 2.012,85 de hectáreas (ha) de bosque para asimilar las emisiones de carbono, obteniendo una Huella Ecológica de 0,030 ha/estudiante/año.

PALABRAS CLAVES

Emisiones de CO2, huella ecológica, indicadores, ambiente.

CALCULATION OF CARBON FOOTPRINT IN THE  UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA CAMPUS

ABSTRACT

The environmental agendas currently promote the application of indicators that enable the conservation of natural ecosystems within sustainable living standards.

The universities are part of the actors in favor of the application of environmental sustainability indicators and have assumed an important role, not only as producers and owners of scientific and technological knowledge, but also in the recognition of their natural resources and the balanced use of environmental services for the development of their functions. In this sense, the objective of this work is to carry out an evaluation through the use of the Carbon Footprint indicator, in the University Campus of Universidad Central de Venezuela (UCV). Its application aims to study an environmental system to determine how the provision of a service can occur without being subsidized by an ecological deficit. The methodology makes it possible to evaluate the university campus as an open system analyzing the components that emit carbon through the consumption of water, electric power, mobility, paper, construction and generation of waste, as well as quantification of vegetation for carbon fixation and capture. When applying the methodology the total values of carbon emission and fixation on average by the number of students were obtained. As a result of the research, for 2011-2012 (most current data available) the UCV campus needed an extension of 2,012.85 hectares (ha) of forest to assimilate carbon emissions, obtaining a Carbon Footprint of 0.030 ha / Student / year.

KEYWORDS

CO2 emissions, carbon footprint, indicators, environment.

“Cualquier extensión de terreno puede mantener a perpetuidad solo un número limitado de personas. Factores relacionados con el suelo y el clima imponen un límite absoluto, en la medida en que están fuera de control humano, y la manera en que se usa la tierra establece un límite en la práctica. Si este límite práctico de la población es sobrepasado sin un cambio compensatorio en el sistema de uso de la tierra, se pone en marcha un ciclo de cambio degenerativo que necesariamente redunda en el deterioro o la destrucción de la tierra, y al final en hambre y una reducción de la población”

William Allan, Studies in African Land Usage in Northern Rhodesia, p.1.

INTRODUCCIÓN

El aliciente para lograr el desarrollo humano sostenible a cualquier escala planetaria, comprendiendo los límites de nuestros recursos naturales, ha promovido como necesidad imperiosa la movilización de individuos, científicos, tecnólogos, organizaciones no gubernamentales, académicos y Estados/naciones desde los años setenta del siglo XX en adelante, al estudio, diseño e implementación de agendas ambientales que fijen los límites de nuestro crecimiento, así como tiendan a reflejar con mayor finitud los criterios necesarios y suficientes para mantener los ecosistemas naturales, dentro de estándares vida sostenibles. Este tema, tratado desde distintas perspectivas ambientales, ha llevado a sistematizar distintos y variados procesos de evaluación, lo que ha traído consigo el diseñado de una cantidad importante de indicadores, uno de ellos es el indicador de la Huella Ecológica, el cual actúa como un sistema versátil de cuantificación ecológica que considera la capacidad biofísica²  de una unidad de análisis territorial, en la que se estima el consumo de recursos y los requerimientos de absorción de los residuos en un período de tiempo.

La Huella Ecológica es uno de los instrumentos más aplicados³ para evaluar el desarrollo sostenible⁴, su elaboración como parámetro de estudio fue realizado a mediados de los años noventa del siglo XX en el que formalmente el indicador fue definido como “una herramienta contable que nos permite estimar los requerimientos en términos de consumo de recursos y asimilación de desechos de una determinada población o economía, expresados en áreas de tierra productiva.” (Rees y Wackernagel, 1996, p.9).

A la luz de su definición, el soporte de este indicador para calcular el impacto de la Huella Ecológica está basado en tres aspectos: 1) el número de población analizada, 2) el factor o volumen de recursos (biocapacidad) que dispone esta población a nivel promedio y, 3) la intensidad con que se utilizan los recursos y generan los residuos para proveer de bienes y servicios a la población objeto de análisis.

De manera específica, una de las propiedades de la Huella Ecológica es lograr estimar si una población, dentro de unos límites administrativos o eco-sistémicos, tiene excedentes o superávit ecológicos a través de la biocapacidad de su territorio, o por el contrario presenta un déficit ecológico por consumir más de los recursos que dispone. En este entendido, el indicador ayuda a estimar cuantitativamente el balance ecológico, como también posibilita el establecimiento de políticas para el manejo y supervisión de recursos naturales que puedan estar seriamente comprometidos por la presión humana.

A nivel mundial algunas estimaciones basadas en el cálculo de la Huella Ecológica ya se han hecho públicas al mencionar que “la capacidad regeneradora de la Tierra ya no puede atender la demanda: el ser humano transforma los recursos en desechos más rápido de lo que la naturaleza tarda en transformar esos desechos en nuevos recursos” (WWF, 2006, p.2) y, más preocupante aún, es que el metabolismo de crecimiento actual planetario reflejado por este indicador evidencia que “la humanidad consume ya cerca de 30% más de la capacidad de regeneración de la biosfera” (Latauche, 2009, p.35) o, desde otra perspectiva de análisis, le tarda a la tierra un año y cinco meses para regenerar lo que utilizamos en un año.

En orden de responsabilidades sobre lo que sucede, los países de regiones de altos ingresos, como por ejemplo América del Norte o Europa Occidental, se han caracterizado por un aumento constante en promedio por persona de la Huella Ecológica, pasando de 3,5 hectáreas globales a 6,4 hectáreas globales, con un pequeño aumento de su población (Ewing, 2009, p.24). El crecimiento económico y de estándares de vida basado en la apropiación insostenible de biomasa está jugando un papel crítico sobre el impacto de la Huella Ecológica total planetaria, tal como lo señala (Martínez, 2007, p.14) “la humanidad está viviendo por encima de sus posibilidades y los países ricos están disfrutando de una Huella Ecológica muy superior a la que su naturaleza les permite, gracias al comercio internacional con los países subdesarrollados, lo que introduce elementos de injusticia y explotación”.

Las consideraciones señaladas han llamado la atención a una comunidad amplia que incluye a académicos y decisores, por cuanto se ha develado que las dimensiones sociales y económicas son concomitantes de la dimensión ecológica, siendo éste último el elemento integrador para dar posibilidades de sostenibilidad global. Sin embargo, las dos primeras dimensiones pasan, sin lugar a dudas, por una crisis que socava y rebasa la capacidad ecológica productiva lo que preludia, de seguir la tendencia, graves y diversos inconvenientes para la manutención y sostenibilidad de la especie humana.

A la par de las dificultades ambientales que atraviesa la humanidad, no se han dejado de escatimar esfuerzos que conlleven a nuevos retos, no solo a nivel nacional. La evaluación del impacto de la Huella Ecológica va de la mano de procesos de sostenibilidad cada vez más particulares, donde instituciones como (UMA, 2011, p.4) señalan que “se debe abordar desde diferentes perspectivas y que, ante todo, resultan fundamentales los niveles local y regional [incluso a nivel organizacional y comunitario], por lo que los cálculos [entre ellos el de Huella Ecológica] se han ido sucediendo para niveles de concreción cada vez mayores”. Este hecho ha invitado a que cada día más instituciones, a distintos niveles públicos y privados, comiencen a calcular su impacto ambiental dentro de la prestación de su servicio o en el desempeño de sus labores para un proceso productivo concreto.

Basado en lo anterior, el indicador de la Huella Ecológica en su proceso de maduración ha comenzado a germinar con estudios que ya refieren sus resultados, aun cuando todavía tiene limitaciones. De los nuevos promotores en su aplicación están las Universidades, la cual han asumido un rol importante, no solo como productoras y contenedora de conocimiento científico y tecnológico, sino también como ente revalorizador del consumo que requiere y desecho que provee a la naturaleza para el desenvolvimiento de sus funciones en un espacio determinado.

En este proceso las universidades, asumiéndose como un sistema integrado dentro de su entorno, han comenzado a evaluarse y compararse en busca de una sostenibilidad que les permita prestar un servicio, reconociendo el valor de su capital natural y de su funcionamiento sin el acarreo de un déficit ecológico progresivo. Estos elementos señalados serán los fundamentos axiológicos de la aplicación del indicador de Huella Ecológica dentro de la Universidad Central de Venezuela (UCV).

DESARROLLO

El desarrollo de esta investigación comprende cinco aspectos; ellos son: 1-La Huella Ecológica en Campus Universitarios, que permite reseñar un conjunto de universidades que han empleado este indicador y, en especial, las categorías de impacto que asume la UCV para evaluarse bajo los estándares de la Huella Ecológica. 2.-El contexto histórico y espacial de la UCV, el cual promueve entender la evolución institucional y geografía donde se ubica esta universidad. 3.-Motivos y alcances de la Huella Ecológica en la UCV, precisa las razones que dieron origen a la aplicación de la Huella Ecológica en el campus universitario, así como las limitantes de esta investigación. 4.-El método empleado, señala fundamentalmente la aplicación de un protocolo propuesto por Rees y Wackernagel. 5.-Resultados, se precisan los cálculos de la Huella Ecológica estimada para la UCV, pudiendo ser evaluada y comparada dicha información con otros campus universitarios, como también puede servir de insumo para la planificación institucional.

1.       La Huella Ecológica en Campus Universitarios

La aplicación de la Huella Ecológica se ha empleado en varias universidades alrededor del mundo, principalmente en Europa y Estados Unidos. Algunas de estas son: HolmeLacy College, Reino Unido (Dawe, et al, 2004), Swansea, Universidad de Gales (Griffiths, 2002), Universidad de Newcastle, AU (Flint, 2001), la Universidad de Redlands, EE.UU. (Venetoulis, 2001). También se encontró una información limitada sobre otro campus: Oxford Brookes, Reino Unido (Chambers, et al, 2000). La mayor parte de estas investigaciones se han realizado a partir del año 2000 y los resultados han sido de los más diversos (Hut, 2003).

En cada una de estas universidades se han aplicado metodologías distintas que se han adaptado para cada caso específico de campus universitario, lo que se deduce que no en todas las circunstancias se ha calculado la totalidad de la Huella Ecológica.

En el caso del campus universitario de la UCV se midió el consumo de recursos (entradas en el sistema) y la generación de los distintos residuos (salidas en el sistema), asumiéndose siete categorías de impacto: agua, energía eléctrica, movilidad, papel, construcción y generación de residuos, así como la vegetación (como componente de fijación de carbono).

2.       Contexto histórico y espacial del Campus de la UCV

El área de estudio en cuestión es el Campus Universitario de la UCV localizado en el centro geográfico de la ciudad de Caracas (capital de la República Bolivariana de Venezuela) (Mapas 1 y 2).

Mapa 1.

Ubicación de la UCV en la ciudad de Caracas

Fuente: Imagen compuesta origen OpenStreetMap.

La UCV es la primera universidad creada en Venezuela, sentando sus bases en el año 1721. Tiene por atributo ser la institución de educación superior más antigua del país, en sus inicios se localizó en el centro histórico de la ciudad y, posteriormente, en el año 1953 se traslada a los espacios ubicados en la Ciudad Universitaria de Caracas donde actualmente se ubica. La nueva sede, obra del arquitecto Carlos Raúl Villanueva, se declara Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 2000 (UCV, 2010).

Vale mencionar que, de acuerdo a la concepción de su proyecto original, la Ciudad Universitaria estaba formada por 60 edificios distribuidos entre zonas verdes que cubrían unas 203 hectáreas. Actualmente, se encuentran en ella más de 70 edificios, incluyendo el Jardín Botánico de Caracas y la Biblioteca Central de la UCV. En los edificios se albergan 9 de las 11 facultades de la Universidad, con la Ciencias Veterinarias y Agronomía con su sede en la ciudad de Maracay, Edo. Aragua. Hoy en día, de acuerdo al QSWorld University Rankings (QUR, 2016), ocupa en reputación académica el puesto número 1 a nivel nacional y el número 18 en América Latina.

Mapa 2.

Localización de la Universidad Central de Venezuela.

 Fuente: Imagen compuesta origen OpenStreetMap.

3.       Motivos y alcances de la Huella Ecológica en la UCV

La Maestría de Planificación Integral del Ambiente del Centro de Estudios Integrales del Ambiente (CENAMB)⁵, promueve el Taller de Planificación y Gestión Ambiental II. En dicho Taller se planteó la idea de realizar un trabajo sobre Huella Ecológica del Campus Universitario de la UCV con participación de los estudiantes de la segunda cohorte de dicha Maestría. La información recolectada fue ajustada y verificada apegada a la metodología, transcurriendo un periodo de trabajo del2011 al 2015 para su fiabilidad y divulgación.

El alcance de la investigación fue evaluar y estimar la superficie ecológica que requiere el Campus Universitario de la UCV para suplir sus necesidades de recursos y generación de residuos que, a su vez conlleve, la reducción paulatina de su Huella Ecológica. Sobre este aspecto, aunque esta investigación⁶ no asume como tema directo el plan de reducción de la Huella Ecológica de la UCV, aporta insumos a la comunidad de la UCV para la promoción de un consenso social que permita la determinación de una capacidad de carga⁷ apropiada, distinta a la predominante.

4.       Método empleado

La investigación realizada se desarrolló siguiendo los pasos propuestos por la metodología de la Huella Ecológica –HE– (Rees y Wackernagel, 1996), aunque debieron realizarse algunos ajustes en función de la información disponible en el tiempo de la realización del Taller, a continuación se detallan el proceso general del método.

(1) Se analiza el área de estudio como un sistema (enfoque sistémico). (2) Se definen los componentes (recursos) a evaluar. (3) Se obtienen los datos o valores de cada componente para un año. (4) Se aplica un factor de conversión para obtener los datos de consumo y fijación de CO2. (5) Se aplica la fórmula de Huella Ecológica. (6) Se obtiene los resultados e índices de Huella Ecológica.

4.1 Aplicación del método

(1) Se analiza el área de estudio como un sistema y sus datos básicos, en cuanto a: superficie en hectáreas (ha) y población objetivo (estudiantes, personal académico-administrativo y visitantes) (ver Figura 1). 

Figura 1. La universidad como un sistema.Fuente: Elaboración propia.

Así tenemos que la superficie Campus Universitario de la UCV es de 167,97 ha. La población estudiantil es de 55.672 (UCV, 2011). La población total de la UCV, que incluye estudiantes, personal académico-administrativo y visitantes, alcanza un total de: 76.156 personas (año 2011).

(2) Se definen los componentes de consumo y de fijación de CO2 a evaluar: (a)Componentes de consumo CO2 (Consumo de agua, energía eléctrica, movilidad, alimentación, consumo de papel, construcción, generación de residuos) y (b) Componentes de Fijación de CO2 (vegetación).

(3) Se obtienen los valores particulares de cada componente para un año. En algunos componentes se aplicó el cálculo directo, ya que se contaba con los datos de consumos (energía eléctrica, agua) y luego se le aplicó la conversión correspondiente a CO2. En otros casos, se aplicó el cálculo indirecto por medio de datos colaterales, estimaciones, esto en el caso de la movilidad y consumo de papel y generación de residuos.

Para la obtención de los datos, tanto de emisión de carbono como de captura, se realizaron una serie de actividades y tareas entre ellas:

Emisión de carbono:

·         Inventario de sitios de producción de papel y de sitios de consumo de alimentos. Para ello se realizó un inventario y cuantificación de cada sitio o local de consumo (servicios de fotocopiadoras y cantinas, asimismo se incluyó el comedor universitario), se cuantificó el consumo tanto semanal como quincenal y así obtener el consumo anual.

·         Entrevistas y recopilación de estadísticas sobre uso de papel y generación de residuos sólidos por cada facultad de la universidad, en total se evaluaron 9 Facultades, incluyendo las edificaciones del Rectorado e instituciones autónomas que tienen vida en el Campus Universitario.

·         Recopilación de la información del consumo de los servicios de redes: energía eléctrica y consumo de agua. Los datos fueron obtenidos por medio del departamento de Servicio Generales de la UCV.

·         Las mediciones de emisiones de CO2 por movilidad se realizan por tipo de transporte utilizado, número de personas movilizadas al año y distancias recorridas, en el caso de las distancias recorridas es una estimación de los desplazamientos de los lugares de residencia o de trabajo hasta la UCV. Se utilizaron muestreos utilizando insumos del Concejo de Preservación y Desarrollo (Copred) para el ingreso de personas (Copred-UCV-URVISA, 2001), así mismo, un dato valioso fueron las estadísticas de movilidad del sistema subterráneo Metro de Caracas (Metro de Caracas, 2012), ya que una estación de nombre “Ciudad Universitaria” está localizada muy cerca de una de las entradas de la UCV. Los datos de movilidad de la universidad la involucra no solo como un centro de enseñanza universitaria, distintos usuarios la visitan por motivos de salud dado que en ella se localiza un centro de salud de importancia a nivel de la capital, siendo el “Hospital Universitario de Caracas” recinto ubicado dentro de la UCV (ver Tabla 1). 

·      Se estimó la superficie del área construida, ello incluyó las edificaciones, pasillos techados, estacionamientos y aceras. Las edificaciones son predominantemente de hormigón, por lo que se le asignó una vida útil de 50 años. Para el calculo de emisión de carbono se aplicó el estudio MIES (MIES, 1999) donde se obtiene el factor de conversión.

Tabla 1.

Datos obtenidos y unidades por tipo de movilidad.

Fuente: Cálculos propios 2011.

Tabla 2.

Datos obtenidos y unidades por componente de emisión.

Fuente: Cálculos propios 2011(1). Coss (2014).

Captura de carbono:

Se estimó la superficie de la cobertura de bosque por medio de imágenes de satélites, es importante señalar que la universidad posee el “Jardín Botánico”, importante área verde de la ciudad (ver Tabla 3).

·         Caso especial es que en el periodo de sequía el bosque produce una cantidad apreciable de hojarasca, este material es recolectado por la Dirección de Mantenimiento de la universidad. Dicho material es llevado al compostero que posee la universidad (Coss, 2014), según nuestros cálculos de esto se obtiene un aproximado de 216,2 ton. de carbono anualmente reciclados.

Tabla 3.

Datos obtenidos y unidades por componente de fijación.

(4) Aplicación de factor de conversión para obtener los datos de consumo y fijación de CO₂.En algunos casos, los factores de emisión, tal y como se encuentran en las fuentes consultadas, no están expresados en las mismas unidades que los consumos a los que deben aplicarse; por lo que es necesario una transformación posterior, teniendo en cuenta las diferentes equivalencias entre unidades.

Una vez que se conocen los factores de emisión y se dispone de los datos de consumo, únicamente hay que multiplicar por el correspondiente factor de emisión para conocer las emisiones asociadas tal y como se ha explicado en la fórmula anterior (Ver tabla 4).

Tabla 4.

Factor de conversión por componente.

Fuente: López (2009). Oficina de Desarrollo Sostenible/IPCC (2006), MIES (1999).

(5) Aplicación de la fórmula de Huella Ecológica.

La aplicación de la fórmula de la Huella Ecológica considera las emisiones de CO2 en toneladas, cuya espacio-temporalidad, se refleja en hectáreas/años y se le suma como variable la superficie construida en m^2. Estas variables proceden como sigue:

(6) Resultados e índices de Huella Ecológica.

A continuación se presenta una tabla resumen (Tabla 5) con los resultados obtenidos de los valores totales de emisión y fijación de CO₂, así como el resultado de la Huella Ecológica por estudiante.

Tabla 5.

Resumen resultados obtenidos

En el siguiente gráfico se muestra en porcentajes el uso de cada componente evaluado en el campus universitario.

Grafico 1. Componentes evaluados para Huella Ecológica en la UCV.Fuente: elaboración propia.

Los resultados obtenidos para el 2011-2012 reflejan que el Campus UCV necesita una extensión de 1.743,81 ha de bosque estándar mundial para asimilar las emisiones de CO2, eso indica que la UCV requiere aproximadamente diez veces de su superficie para mantenerse bajo la lógica de consumo actual. La Huella Ecológica per cápita de la UCV es de 0,031 ha/estudiante/año. Así mismo, se observan componentes que tienen altos valores como son: el más alto es residuos sólidos con un 43% de porcentaje del total, le sigue la alimentación con un 23% y como tercer componente la movilidad con un 18% del total de emisión de CO2.

CONCLUSIONES

De manera general, la Huella Ecológica es una herramienta de las más utilizadas actualmente para evaluar la sostenibilidad, su uso por parte de algunas instituciones públicas y privadas, especialmente las universidades es ya un hecho, lo cual ha conllevado a la revalorización y seguimiento del consumo de recursos que se requiere, así como los desechos que se generan a la naturaleza para el desenvolvimiento de las funciones institucionales. Entre las ventajas que tiene la Huella se destacan las siguientes:

·         Es un indicador fácil de comprender y utilizar, la Huella de Ecológica mide las emisiones de CO2 equivalentes de un proceso, sistema o territorio.

·         Puede aplicarse, tanto a diferentes escalas y objetos (organizaciones, seres humanos, etc.).

·         Permite realizar comparaciones entre los distintos componentes de los sistemas evaluados.

·         La reducción de la Huella de Ecológica implica el reajuste productivo y de consumo, el aumento de la eficiencia, así como una mejor gestión de recursos y de residuos.

La principal desventaja del cálculo de la Huella de Ecológica es que no toma en consideración otros posibles problemas ambientales, como son: el aspecto social, natural (amenazas físico naturales), por citar algunos.

El ámbito específico de esta investigación que nació durante la Maestría de Planificación Integral del Ambiente del Centro de Estudios Integrales del Ambiente (CENAMB), reflejó que el Campus UCV necesita una extensión de 1743,81 ha de bosque para asimilar las emisiones de carbono (CO₂), obteniendo una Huella Ecológica de0,031ha/estudiante/año. Ello expresa que la Huella Ecológica de la UCV tiene un factor de importante de mitigación, ya que tiene el 50%de su espacio ocupado por un Jardín Botánico, lo que le permite capturar gran cantidad de carbono; además de ello, se cuenta con una alta matricula estudiantil que comparativamente puede ser una ventaja con respecto a otras universidades.

El principal impacto ambiental identificado por el indicador de Huella Ecológica fue la generación de residuos con un 43% (consumo más demandado año 2011), siendo el componente señalado el que propendía mayor urgencia institucional con miras a viabilizar soluciones que permitan reducir la Huella Ecológica de la universidad. Le sigue el componente alimentación con un 23% que responde a un 100% de rubros ingresados de espacios externos de la universidad, aspecto que puede llevar a la formulación de propuestas para el cultivo de hortalizas y frutas que permita el abastecimiento interno e incida a que el porcentaje se reduzca. Finalmente, el componente de movilidad presenta un 18% del total de emisión de dióxido de carbono.

Como aspecto central debe promoverse una serie de medidas prácticas y operativas dirigidas a reducir los componentes que expresan mayores valores de emisión de carbono, considerando la voluntad y compromiso del cuerpo directivo de la universidad, el personal administrativo y estudiantil para mancomunar esfuerzos que den pautas al ahorro, la movilidad sostenible y el uso racional de los recursos, conforme a la prestación de un servicio eficiente y sostenible dentro del Campus Universitario sin ser subvencionado por un déficit ecológico. La política para llevar a cabo las propuestas de reducción de la Huella Ecológica pueden tener rectoría desde la coordinación de la Consejo de Preservación y Desarrollo de la universidad (Copred), que tiene a su cargo velar por la preservación, valoración, apropiación social, difusión y desarrollo del patrimonio edificado de la Universidad Central de Venezuela (UCV). Algunas de las líneas de trabajo pueden ser:

·         Sistemas de monitoreo para el consumo de servicios básicos tanto de energía, agua por cada edificio, para identificar y detectar consumos anómalos o innecesarios.

·         Sistemas de automático del apagado de la iluminación con detectores de movimiento de personas, esto permitiría reducir el consumo innecesario de energía eléctrica.

·         Sustitución de equipos de baja eficiencia energética por nuevos equipos.

·         Eliminar de manera definitiva el uso de bombillas incandescentes, que en algunos espacios de la universidad y oficinas todavía se utilizan.

·         Se propone un plan de actividades para la recogida selectiva de residuos, en especial a nivel de oficinas, considerando este tipo de residuos: tóner, plásticos, CD y DVD, pilas, tapones de plásticos.

·         En el caso de residuos electrónicos se propone que la Dirección de Servicios Generales de la UCV, realice procesos mensuales para recolección de los residuos electrónicos: fluorescentes y lámparas de bajo consumo, equipos de computación, equipos de línea marrón.

·         Actualmente los residuos generados por el comedor de la universidad son recolectados y llevados al principal depósito de basura de la región (La Bonanza).

·         Es recomendable que previamente sean seleccionados los materiales biodegradables y que los mismos sean llevados al compostero que posee la universidad.

·         Continuar con la recolección de la hojarasca en periodo de sequía que lleva a cabo la Dirección de Mantenimiento.

·         Para la reducción del consumo de papel se propone un mayor uso de plataformas digitales para la creación de un mayor número de aplicaciones web, que permitan realizar trámites administrativos académicos en formato digital.

·         En el momento de elaborar este artículo, la Universidad Central de Venezuela se adhirió a la Declaración de Berlín (octubre 2003), sobre Acceso Abierto (“Open Access”). Asimismo inició los trámites para informar a “las Facultades y Escuelas de la universidad para que en lugar de exigir la presentación de tres o más ejemplares impresos de tesis de grado, trabajo especial de grado, tesis doctoral y trabajo de ascenso, se requiera la entrega de una versión digital de las mismas, en formato compatible con los medios de difusión y repositorios institucionales, a los fines de su incorporación al fondo documental de la Biblioteca Central y de las demás Bibliotecas de la Universidad Central de Venezuela” (UCV, 2016). Esta resolución permite una clara reducción del uso del papel por parte de los tesistas en todos los niveles académicos.

En cuanto a las limitaciones, al ser la Universidad Central de Venezuela patrimonio universal decretado por la Unesco, esta figura no permite la modificación de la infraestructura y la incorporación de nuevos elementos que modifiquen la propuesta original de la universidad, es por ello que muchas de las propuestas sobre el recolección y reciclaje no se puedan establecerse en las instalaciones de la universidad, como son:

·         El establecimiento de contenedores de recogida selectiva.

·         Generación eléctrica a través de paneles fotovoltaicos.

AGRADECIMIENTOS

Este trabajo ha tenido aportes de muchos profesionales, queremos agradecer de manera especial al profesor Antonio De Lisio impulsor de este trabajo en la materia. Los estudiantes de la segunda Cohorte de la Maestría "Planificación Integral del Ambiente” del CENAMB, por sus cálculos primarios sobre los componentes para estimar la Huella del Campus Universitario.

A la profesora Aguedita Coss por los datos aportados como parte de su trabajo de Doctorado.

Y a todas aquellas instituciones o dependencias de la universidad Central de Venezuela que colaboraron en la elaboración de este artículo.

BIBLIOGRAFÍA

·         Chambers, N., Simmons, C. y Wackernagel, M. (2000). Sharing nature's interest: Ecological footprints as an indicator of sustainability., London: Earthscane Publications Ltd.

·         Copred-UCV–URVISA. (2001). Programa de acciones inmediatas en vialidad, estacionamientos y transporte público de la Ciudad Universitaria de Caracas. Caracas: Copred-UCV–URVISA.

·         Coss, A. (2014). Valoración y sostenibilidad paisajística del campus de la Ciudad Universitaria de Caracas (tesis doctoral). Caracas: Facultad de Arquitectura UCV.

·         Dawe, G., Vetter, A. y Martin, S. (2004). Una visión general de la huella ecológica y otras herramientas y su aplicación al desarrollo del proceso de la sostenibilidad: auditoría y metodología en Holme Lacy College. Revista Internacional de Sostenibilidad en la Educación Superior, Vol. 5 No. 4.

·         Ewing, B., Goldfinger, S.,Oursler, A., Reed, A., Moore, D. y Wackernagel, M.(2009). The Ecological Footprint Atlas 2009. Oakland: Global Footprint Network.

·         Flint, K. (2001). Estudio ecológico caso de análisis de la huella Institucional de la Universidad de Newcastle. Revista Internacional de Sostenibilidad en Superior Educación, vol. 2 Nº 1.

·         Global Footprint Network. (2016). Recuperado de Link

·         Griffiths, A. (2002). Análisis de la huella ecológica: Swansea (tesis doctoral inédita). Swansea: Universidad de Gales.

·         Hut, S. (2003). Are Universities Using Ecological Footprint Analysis? Recuperado de: Link

·         IPCC. (2006). Directrices del IPCC para los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero, versión revisada en 1996. vol.2, Panel Intergubernamental de Cambio Climático. London: IPCC, OCDE y AIE.

·         Latouche, S. (2009). Pequeño tratado del decrecimiento sereno. Barcelona: Icaria Editorial.

·         López, N. (2009). Metodología para el Cálculo de la huella ecológica en universidades. Universidad de Santiago de Compostela. Oficina de Desarrollo Sostenible. Recuperado de: Link

·         Martínez, R. (2007). Algunos aspectos sobre la huella ecológica. Revista electrónica de las Sedes Regionales de la Universidad de Costa Rica, Vol. 8. No. 14.

·         Metro de Caracas (2012). Datos estadísticos sobre movilidad, varios años. Caracas: Centro de documentación del Metro de Caracas.

·         MIES (1999). Una aproximación al impacto ambiental de la Escuela de Arquitectura del Vallés. Bases para una política ambiental. España: Escuela Técnica Superior de Arquitectura del Vallés.

·         QSWorld University Rankings (2016). Posición de la universidad central de Venezuela. Recuperado de: Link

·         UCV (2010). Reseña histórica. Recuperado de: Link

·         UCV (2011). Boletín Estadístico de la Secretaria de la UCV. Recuperado de: Link

·         UCV (2016). Resolución Nº 320. Consejo Universitario de la UCV. Nov. 2016.

·         Universidad de Málaga. (2011). Huella ecológica en la Universidad de Málaga. Recuperado de: Link

·         Venetoulis, J. (2001). Evaluación del impacto ecológico de una universidad: la ecológica la huella de la Universidad de Redlands. Revista Internacional de Sostenibilidad en Educación Superior, Vol. 2 No. 2.

·         Wackernagel, M. y Rees, W. (1996). Our Ecological Foot-print: Reducing Human Impact on the Earth. Canada: Gabriola Press New Society Publishing, B.C.

1. Guerra, Johan. MSc. Planificación integral del ambiente, Escuela Venezolana de Planificación,  Caracas, Venezuela, ORCID: 0000-0002-8974-3614. Rincón, Ignacio. MSc. Planificación integral del ambiente, Universidad Central de Venezuela, Caracas, Venezuela. 
2. La capacidad biofísica o biocapacidad es la capacidad de los ecosistemas de producir materiales biológicos útiles y absorber los materiales de desecho generados por los seres humanos, usando esquemas de administración y tecnologías de extracción actuales. Recuperado de: Link Consultado: 08-01-2016.
3. Este indicador ha sido aplicado por más de 156 países a nivel mundial desde 1961 al presente, guiados por un conjunto de programas, metodologías y recursos dispuestos en su mayoría por el Global Footprint Network.
4. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) desde el 2001, incentivo la discusión en Latinoamérica de indicadores ambientales con el documento “Indicadores de sostenibilidad ambiental y de desarrollo sostenible: estado del arte y perspectiva”, el cual fue precisando sobre como evaluar, a través de indicadores, el desarrollo sostenible. Sobre el tema de indicadores señalan “constituye un sistema de señales que puede orientar respecto del avance en la consecución de objetivos y metas determinados. Así, los Indicadores Ambientales permiten objetivar las principales tendencias de las dinámicas ambientales y realizar una evaluación, los Indicadores de Desarrollo Sostenible pueden interpretarse como signos que pueden robustecer nuestra evaluación sobre el progreso de nuestros países y regiones hacia el desarrollo sostenible”. Recuperado de: Link Consultado: 06-10-2016.
5. El CENAMB es creado en 1977 por el Consejo Universitario de la Universidad Central de Venezuela, con adscripción al Vicerrectorado Académico, dotándolo de autonomía académica. Recuperado de: Link Consultado: 07-04-2016.
6. Esta investigación deja abierta la posibilidad para que futuras investigaciones y, a partir de los resultados aquí obtenidos, se trabajen distintas propuestas para un plan de reducción de la huella ecológica de la UCV.
7. Máximo valor posible de elementos o agentes internos o externos, que un espacio geográfico o lugar determinado puede aceptar o soportar por un período o tiempo determinado, sin que se produzcan daños, degradación o impida la recuperación natural en plazos y condiciones normales o reduzca significativamente sus funciones ecológicas. Ley Orgánica del Ambiente (2007). Artículo 3.

Para citar este artículo: Guerra, Johan y Rincón, Ignacio (2017). Cálculo de la huella ecológica campus de la Universidad Central de Venezuela. Revista Luna Azul, 46, 82-101. Recuperado de http://200.21.104.25/lunazul/index.php/component/content/article?id=269. DOI: 10.17151/luaz.2018.46.2

Esta obra está bajo una Licencia de Creative Commons Reconocimiento CC BY 

EL EXTRACTIVISMO MINERO A GRAN ESCALA.

UNA AMENAZA NEOCOLONIAL FRENTE A LA PERVIVENCIA DEL PUEBLO EMBERA

Javier-Gonzaga Valencia-Hernández¹

Erika-Milena Muñoz-Villarreal²

Jenny-Carolina Hainsfurth³

Recibido el 7 de junio de 2016, aprobado el 14 de noviembre de 2016 y actualizado el 28 de julio de 2017

DOI: 10.17151/luaz.2017.45.21

RESUMEN

El pueblo Embera situado en el Noroccidente colombiano se ha enfrentado al arribo de dos proyectos mineros a gran escala agenciados por multinacionales extranjeras, suscitando contradicciones entre la identidad cultural de los pueblos y los modelos extractivos mineros dispuestos por el Estado y las empresas privadas. En este contexto, el grupo de investigación de Estudios Jurídicos y Sociojurídicos de la Universidad de Caldas ejecutó el proyecto “Pueblos originarios y extractivismo minero (2014-2016)”, orientado a comprender las contradicciones que genera el modelo extractivista en las dinámicas de vida del pueblo Embera, con el fin de contribuir con conocimientos que puedan coadyuvar a tomar decisiones informadas. De este modo se realizó una investigación cualitativa de corte documental en la que se emplearon técnicas como el análisis documental para los casos de Marmato (Caldas) y Mandé Norte (Antioquia y Chocó), acudiendo a otras técnicas de apoyo como el grupo focal y la participación observante para el caso de Marmato.

En el proceso de comprensión de las contradicciones se identificaron dos formas de operación del extractivismo en cada una de las comunidades Embera. En el caso de Marmato se identificó un “modelo excluyente” que privilegia la minería a gran escala sobre la minería tradicional y a pequeña escala, lo que ha generado una pugna entre la existencia de un “modelo depredador” frente a un “modelo preferido”. En el caso Mandé Norte operó un “modelo depredador” expresado en la violación de derechos fundamentales, el cual suscitó estrategias de resistencia comunitarias frente al proyecto minero. La instauración de estos modelos extractivos en territorios Embera ha significado la aparición de conflictos, violación de derechos y daños culturales evidenciando que el modelo extractivo minero, más allá de situarse como una actividad económica-productiva, expresa un “modelo colonial-depredador” que amenaza la subsistencia y la integridad étnica, cultural y social de este pueblo.

PALABRAS CLAVE

Extractivismo, minería, consulta previa, consentimiento libre, previo e informado, pueblo Embera, neocolonialismo.

MINING EXTRACTIVISM ON A LARGE SCALE. A NEOCOLONIAL THREAT AGAINST THE SURVIVAL OF THE EMBERA PEOPLE

ABSTRACT

The Embera People located in the northwestern Colombian region has faced the arrival of two large-scale mining projects managed by foreign multinational companies, provoking contradictions between the people´s cultural identity and extractive mining models provided by the State and private companies.

In this context, the Legal and Socio-Legal Studies research group at Universidad de Caldas carried out the project “Native Peoples and Mining Extractivism (2014-2016)”  aimed to understand the contradictions generated by the extractive mining model in the life dynamics of the Embera indigenous people to contribute with knowledge that can help them make informed decisions. Thus, a qualitative documentary research in which techniques such as document analysis were used for the cases of Marmato (Caldas) and Mande Norte (Antioquia and Chocó), also using other support techniques like focus group and observant participation in the case of Marmato.

In the process of understanding contradictions, two forms of extractivism operation in each of the Embera communities were identified. In the Marmato case, a discriminatory model' that favors large-scale mining over traditional and small-scale mining was identified, which has generated a conflict between the existence of a 'predator model' versus a 'preferred model'. In the Mande Norte case, a 'predator model' took place expressed in the violation of fundamental rights which provoked resistance strategies from the community against the mining project. The establishment of these extractive models in the Embera territories has meant the emergence of conflict, violation of rights and cultural damage, evidencing that the mining extractive model, beyond being situated as an economic-productive activity, expresses a 'colonial-predatory model' that threatens the livelihood and the ethnic, cultural and social integrity of this people.

KEY WORDS

Extractivism, Mining, Prior Consultation, Free, prior and informed consent, Embera people, Neocolonialism.

PRELUDIO DEL EXTRACTIVISMO MINERO

De acuerdo al informe del relator especial sobre los pueblos indígenas, James Anaya, de las Naciones Unidas (2013), la minería es uno de los factores sustanciales que amenaza la existencia misma de los pueblos tanto desde el punto de vista biológico como cultural.

Desde el punto de vista de la producción capitalista, la minería es una actividad extractiva que entiende las lógicas del territorio y humanas como un recurso para la transformación. En este sentido las diversas lógicas de cosmoproducción de los pueblos originarios se ven tensionadas tanto por el expolio y la expropiación de sus territorios para fines de explotación minera como por la introducción de la lógica extractivista incompatible con sus cosmovisiones y sus cosmovivencias ancestrales y tradicionales.

De esta manera la minería tensiona los diferentes niveles culturales, sociales, económicos, es decir, todos los niveles en los que puede valorarse la pervivencia de los pueblos originarios. La realidad colombiana no es ajena a ello. Cabe resaltar la movilización jurídica, social y espiritual emprendida por el pueblo Embera frente a los proyectos mineros a gran escala en sus territorios, para evidenciar el rechazo generado por las comunidades ante este tipo de actividades económico-productivas; máxime, por el riesgo de extermino físico y cultural en el que se encuentran tal como lo expresa el Auto 004 de la Corte Constitucional de 2009.

La relación entre los proyectos mineros a gran escala y el pueblo Embera, ubicado en el Noroccidente colombiano, se ha abordado desde distintos enfoques teóricos y diferentes intereses investigativos. En el análisis sociológico se ha reflexionado respecto del uso del litigio como estrategia de movilización jurídica de las comunidades indígenas (Posada, 2011); por su parte, en el campo sociojurídico se ha analizado el origen de los conflictos ambientales a partir del otorgamiento y expedición de las licencias ambientales (Munévar, 2014; Munévar y Valencia, 2015), así como el rol de la empresa transnacional extractiva en la consulta previa y el consentimiento libre, previo e informado (Castillo, 2012; Hillón, 2014; Rodríguez, 2011, 2015); y desde los estudios políticos se ha reflexionado acerca de la incidencia de la gran minería en la reconfiguración territorial y política (Bastien, 2013).

Con base en lo anterior se vislumbró la ausencia de un análisis en clave de ecología política que diera cuenta de las formas de cómo opera el modelo extractivista y cuáles son las contradicciones e impactos que genera dicho modelo al instalarse en los territorios Embera. Asimismo, las referencias a las que pueden acceder las autoridades ambientales, los académicos y las comunidades locales son mínimas y restringidas en cuanto a la relación que tienen las diferentes actividades mineras en zonas de resguardos indígenas y menos aún las trasformaciones culturales y ambientales que conllevan a un cambio de modelo económico jalonado por la actividad minera. La no puesta en forma clara y oportuna de esta información es el punto de génesis de problemáticas que se pueden evitar al realizarse la cimentación de una información completa, oportuna y exacta.

De acuerdo a esta necesidad investigativa, el grupo de investigación Estudios Jurídicos y Sociojurídicos de la Universidad de Caldas ejecutó el proyecto “Pueblos originarios y extractivismo minero (2014-2016)”, orientado a comprender las contradicciones que genera el modelo extractivista en las dinámicas de vida del pueblo Embera, con el fin de contribuir con conocimientos que puedan coadyuvar a tomar decisiones informadas. Para dar cuenta de estas contradicciones se describen las distintas formas en las que opera el extractivismo, los impactos generados y las respuestas de resistencia agenciadas desde las comunidades Embera situadas en los municipios de Marmato (Caldas), Murindó (Antioquia) y Carmen del Darién (Chocó).

El estudio de casos permitió contrastar los conflictos y establecer un marco de lectura sobre los impactos y daños que ocasiona el extractivismo en los territorios Embera. Además, interesa que este estudio contribuya a la construcción de estrategias que puedan ayudar a los pueblos originarios a tomar decisiones informadas y fortalecer sus planes de vida.

LAS VERSIONES DEL EXTRACTIVISMO

Las actividades extractivas se dedican, básicamente, a la extracción de la naturaleza; de ella se extraen bienes de vida como agua, suelo, subsuelo, biodiversidad, material genético, hidrocarburos, biomasa, minerales, bosques (Roa y Navas, 2014; Vallejo, 2009); y su expresión productiva son la agricultura, la forestería, la ganadería, la pesca, el turismo y la biopiratería⁴ (Acosta, 2012; Machado, 2014).

En la definición de la categoría ‘extractivismo’ se pueden identificar dos versiones desde las cuales se despliegan a la vez distintos enfoques de abordaje y maneras de entender el modelo extractivo. Una versión se profesa desde los Estados Nacionales y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sostenida en el enfoque de la economía neoclásica, mientras que la otra se posiciona desde el pensamiento crítico latinoamericano a través de los enfoques de la ecología política, la ecología política decolonial, la economía ecológica y la economía política.

El extractivismo en la economía neoclásica

Aquellos que se sitúan bajo los preceptos de la economía neoclásica reconocen las industrias extractivas como un “motor de desarrollo” (DNP, 2015) por cuanto son “fuente legítima de renta para los Estados nacionales, generadora de empleo, un promotor de la llegada de inversión extranjera y de las exportaciones y, por lo tanto, del crecimiento económico” (Gudynas y Alayza, 2012, p. 214). Todo ello posibilita, según esta versión, la implementación de políticas orientadas a la reducción de la pobreza y la generación de empleo; así como una opción económica para cumplir con los objetivos de desarrollo del milenio acogidos por los países miembros de la ONU.

El extractivismo en el pensamiento crítico latinoamericano

El enfoque de la ecología política, por su parte, considera el extractivismo como una actividad de apropiación (Gudynas, 2009; Ulloa, 2014) extracción (Martín, 2009; Roa y Navas, 2014), explotación (Roa y Navas, 2014) y expropiación (Caro, 2014) de grandes volúmenes de bienes naturales exportados por lo general para estimular los mercados de materias primas y los mercados financieros como lo es el mercado de minerales.

Si bien el extractivismo es un modelo productivo que opera desde siglos atrás, en el año 2003 se generó un boom en los precios de minerales que puntearon en la dinámica de los mercados internacionales y el sistema financiero. La gran demanda de minerales generó una expansión de este modelo en América Latina y una reconversión en la forma de acumulación de capital conocido como el “Consenso de los Commodities” (Svampa, 2012).

El Consenso de los Commodities⁵, al igual que el Consenso de Pekín⁶, es una reconfiguración del Consenso de Washington. Este último estuvo concentrado en la valorización financiera, el libre-cambio, las privatizaciones, la reducción del papel del Estado y la desregulación de los mercados, dando paso al Consenso de los Commodities soportado en la exportación de materias y bienes primarios a gran escala. Se asiste, entonces, desde inicios del siglo XXI, a un “nuevo orden económico y político-ideológico, sostenido por el boom de los precios internacionales de las materias primas y los bienes de consumo demandados cada vez más por los países centrales y las potencias emergentes” (Svampa, 2013, p. 30). Este nuevo consenso implica un proceso de reprimarización de las económicas latinoamericanas dada la creciente demanda de materias primas como los metales y a la vez el intercambio desigual entre los países explotados y los países explotadores. Esto ha permitido la acumulación de capital en países y sectores con un alto poder económico global, así como la consolidación del sistema-mundo capitalista.

El extractivismo en su proceso de acumulación de capital establece relaciones de poder en el interior de los lugares donde se ejecutan este tipo de proyectos y relaciones de poder desde los lugares globales hacia los lugares locales. En este mismo sentido genera incertidumbre frente a los posibles daños ecológicos que pueden ocasionar los proyectos extractivistas en los territorios, dando emergencia a una contradicción de intereses entre las poblaciones asentadas en los territorios frente a los intereses económicos de las empresas estatales o privadas (Roa y Navas, 2014).

Por su parte, el enfoque de la ecología política decolonial entiende al extractivismo como un “modelo-desarrollista extractivista” instaurado en la denominada ‘colonia’ impuesta en el Sur Global (América Latina, África y Asia) (Machado, 2013; Toro et al., 2012). Para retratar las inauguraciones de este modelo Acosta (2012), por ejemplo, recuerda que Cristóbal Colón en su diario de viaje mencionó 175 veces la palabra ‘oro’.

Las regiones del Sur Global se dedicaron desde aquel momento a la extracción y transformación de la naturaleza para exportarla hacia los países del Norte Global en el contexto de una creciente estructuración del capitalismo. El Norte Global, en cambio, se especializó en la producción de manufacturas importadas con base en los bienes naturales provenientes y explotados del Sur Global. Sin embargo estas relaciones no expresaron, ni expresan hoy, un intercambio justo y equitativo de satisfacción de demanda-oferta en el marco de un mercado global sino un mecanismo de saqueo y apropiación colonial y neocolonial que ha sido indispensable para el desarrollo industrial y el bienestar de las potencias económicas (Acosta, 2012; Machado, 2013). Así las cosas, el extractivismo potencia una recolonización política y económica ejecutada por empresas privadas y/o empresas estatales nacionales o transnacionales en territorios donde los bienes naturales sobresalen y donde habitan comunidades campesinas, por lo general, originarias o en condición de empobrecimiento.

En su lugar, el enfoque de la economía política plantea como centro de discusión el proceso de acumulación por desposesión agenciado por el modelo extractivista en tanto las formas de violencia que despojan a los territorios y a las personas son precisamente formas propias del capitalismo contemporáneo. Para Harvey (2004), esto significa que el capitalismo contemporáneo ha ampliado sus maneras de acumulación. La mercantilización de la tierra y la fuerza de trabajo, el desplazamiento de campesinos, los procesos neocoloniales, entre otros, continúan vigentes; sin embargo dada su insuficiencia para sostener el capitalismo, ahora en crisis, se han diseñado nuevas formas de acumulación. Estas nuevas formas tienen que ver con la “corporativización y privatización” de los bienes públicos, la biopiratería, los derechos de propiedad intelectual, la mercantilización de la naturaleza, las políticas financieras internacionales diseñadas por y desde las potencias económicas mundiales. Harvey (2004) también denomina a “la acumulación por desposesión” como un nuevo imperialismo, mientras que la incapacidad del capitalismo de acumular bajo la lógica de la reproducción ampliada ha conllevado a desposeer casi todas las esferas de la vida; convirtiéndose, así, en un imperialismo casi omniabarcante que busca instalar un valor económico a todo lo contenido en la naturaleza.

Finalmente, la economía ecológica concibe al extractivismo como un proceso de extracción de materia y energía que entra en el juego del sistema económico mediante la producción, consumo e intercambio de bienes naturales. Estos bienes naturales, leídos en clave de materia y energía, son extraídos y transformados en productos y residuos; los residuos son retransferidos a los territorios en forma de desperdicios y emisiones contaminantes; y los productos usados o consumidos generan a la vez nuevos residuos. De ahí que el ciclo del crecimiento económico sea concebido como un sistema depredador que depende del uso indiscriminado de materia y energía, el cual evade su responsabilidad de reciclarlas y/o devolverlas transformadas a sus lugares de procedencia; y, por el contrario, las regresan en forma de residuos inservibles (Aguilera y Alcántara, 1994; Correa, 2006; Martínez-Alier y Roca, 2001).

EL ABORDAJE DEL EXTRACTIVISMO MINERO EN TERRITORIOS EMBERA

Los casos de estudio corresponden a dos proyectos mineros a gran escala agenciados en territorios Embera, ubicados en el Noroccidente colombiano. El primero es el proyecto minero de la Gran Colombia Gold Corporation que afecta a la parcialidad indígena de Cartama en Marmato (Caldas) y el segundo es el proyecto Mandé Norte agenciado por la Muriel Mining Corporation en Murindó (Antioquia) y Carmen del Darién (Chocó). Los comuneros de Cartama cuentan con una tradición minera en la zona alta del cerro El Burro en Marmato, actividad que se ha visto amenazada con la titulación concedida por el Estado a la multinacional Gran Colombia Gold Corporation en dicho lugar; por lo cual, a la fecha, se sostiene un conflicto de intereses entre la minería tradicional ejercida por los indígenas Embera frente a la minería de la multinacional que pretende desplazarlos de sus lugares y de la actividad productiva. Por su parte, el caso Mandé Norte corresponde a la llegada de un proyecto minero en donde el Estado otorgó una concesión a la Muriel Mining Corporation para iniciar la exploración y explotación minera generando así una respuesta de resistencia por parte de las comunidades Embera para impedir la realización de dicha actividad en su territorio.

Se escogieron estos dos casos con el objeto de describir similitudes y diferencias tanto en la forma de operación del modelo extractivista como en la descripción de las distintas estrategias de resistencia ejercidas por las comunidades Embera; para luego derivar en un análisis de los factores que influyeron en la no ejecución del proyecto Mandé Norte, pero en la afirmativa ejecución del proyecto de la Gran Colombia Gold.

La investigación cualitativa, como método, permitió: realizar un acercamiento a dos situaciones donde dos proyectos mineros a gran escala arriban en territorios originarios; caracterizar los modelos extractivos que operan en cada caso; las actuaciones de los agentes implicados; los impactos generados y las acciones de resistencia empleadas por las comunidades.

La metodología implementada para este análisis implicó la investigación documental en la medida “que permite obtener documentos nuevos en los que es posible describir, explicar, analizar, comparar, criticar entre otras actividades intelectuales, un tema o asunto mediante el análisis de fuentes de información” (Ávila, 2006, p. 50). La revisión documental se realizó a partir de informes producidos por las autoridades y las organizaciones indígenas, ONG, gobiernos, académicos y sentencias proferidas por la Corte Constitucional. Debido a la cercanía, y al contacto establecido con el cabildo de Cartama, se logró realizar una salida de campo al cerro El Burro para dialogar con algunos comuneros en el escenario de un grupo focal y realizar una observación de contexto en el lugar.

Proyecto Marmato. Minería a cielo abierto frente a la minería tradicional y a pequeña escala

La parcialidad indígena de Cartama, perteneciente al pueblo Embera Chamí y reconocida en el año 2012 por el Ministerio del Interior, se encuentra ubicada en el municipio de Marmato (Caldas). La presencia del pueblo Embera en este lugar data de tiempo atrás, pero el autorreconocimiento como pueblo indígena solo comenzó a formalizarse a partir del censo realizado por el DANE en 2005; así como mediante un estudio realizado por la Universidad EAFIT y la Universidad de Antioquia en el que se remarca que:

Es una comunidad que tiene un proceso de reetnización. Ellos, por diferentes razones, no se reconocían como indígenas. No obstante, había presencia indígena. No tenían un cabildo, o una forma de organización reconocida por el Estado. A partir de 2005-2006 empieza esa reorganización y se hace necesario ese proceso de reconocimiento de quiénes son, cómo está planteada su indigenidad, pues son indígenas particulares, no los mismos que los Wayuu, o los del Amazonas, sino indígenas de Marmato, en el departamento de Caldas. (Jiménez, como se citó en Quintero, 2015)

Esta comunidad habita un territorio donde la actividad minera de carácter tradicional, artesanal y a pequeña escala es practicada desde hace 200 años; aspecto que le otorgó al municipio el reconocimiento como Patrimonio Histórico y Cultural de la Nación en 1982.

Esta parcialidad ocupa gran parte del cerro El Burro del municipio de Marmato, el cual está dividido en dos zonas reconocidas por la Ley 66 de 1946.

El Cerro El Burro se dividía en dos zonas, la alta y la baja, con la finalidad de que la parte alta fuese explorada y explotada por pequeños mineros, mientras que la baja por empresas que realicen labores de exploración y explotación a mediana escala. Entre ambas partes del cerro hay un manchón, es decir, una franja de rocas que debe ser respetada, tanto por quienes utilicen la parte de arriba como la de abajo, con el deseo de evitar la tragedia de un derrumbe de la montaña. (Corte Constitucional, sentencia T-438 de 2015. Magistrado Ponente: Jorge Ignacio Pretelt)

En 2005 la Compañía Minera de Caldas S.A., subsidiaria de la compañía canadiense Colombia Goldfields, compra 100 minas en la parte alta del cerro; zona que había sido establecida para explotación de pequeños mineros. Con la presencia de esta compañía se desata un conflicto de intereses entre la comunidad y el macroproyecto minero a cielo abierto promovido por la compañía extranjera. Luego, en 2009, la compañía Medoro Resources compró la empresa Colombia Goldfields y de este modo adquirió los títulos de las minas de la parte alta del cerro; adquiriendo, además, acciones de Mineros Nacionales S.A. la cual venía desde 1989 explotando la zona baja de este. A partir de 2009, Medoro Resources contrata a la empresa consultora The Social Capital Group para realizar el reasentamiento de la población en el corregimiento El Llano; sin embargo este proyecto es rechazado por la población trasladándose solo la infraestructura administrativa, educativa y de salud, así como los funcionarios públicos, por lo que el resto de la población permanece habitando el cerro. Dos años después, en 2011, Medoro Resources se fusiona con la multinacional canadiense Gran Colombia Gold Corporation. Finalmente, quien obtiene el control de la totalidad del cerro es la empresa Gran Colombia Gold Corporation. No obstante, el título de explotación minera aparece a nombre de Mineros Nacionales S.A. empresa perteneciente a la compañía extranjera. Los contratos de concesión se establecieron inicialmente con la Gobernación de Caldas hasta el año 2013 y luego de esta fecha pasaron a ser competencia de la Agencia Nacional Minera (ANM). Con esta concesión la multinacional pretende explotar 14 millones de onzas de oro y cerca de 90 millones de plata, bajo la figura de minería a cielo abierto durante 30 años; minerales que se encuentran en su mayoría al interior de la montaña y en el subsuelo de la misma (tal como se puede apreciar en la figura 3).

El rechazo de la comunidad se debe, esencialmente, a la alternación de sus modos de vida instalados y configurados dos siglos atrás. Su cultura, economía y organización social se entraman de acuerdo a la actividad minera tradicional y de pequeña escala. Con el arribo del macroproyecto los pequeños mineros se han quedado sin oportunidades laborales, sin la posibilidad de adquirir los insumos necesarios que antes obtenían para la explotación, algunos han sido objeto de seguimiento judicial por no obtener títulos legales, han recibido amenazas, intimidaciones, intentos de desalojo, además de estar expuestos a riesgos de deslizamiento en las laderas en vista de la baja capacidad técnica con que cuentan. Otros impactos enunciados por la comunidad son la desaparición completa del municipio reconocido como Patrimonio Histórico y Cultural de la Nación, la explotación del oro en 30 años que podría durar hasta 200 años si se continúa realizando por pequeños mineros, un mayor impacto ambiental por la utilización de contaminantes químicos y la no realización de la consulta previa a las comunidades indígenas y afrodescendientes asentadas en la zona.

Una de las estrategias más recientes que emprendió la parcialidad indígena de Cartama frente al macroproyecto fue la interposición de un amparo de tutela, solicitando “el derecho a la Consulta Previa y los derechos al debido proceso, al trabajo, a la libertad para ejercer profesión u oficio y al mínimo vital” (Corte Constitucional, sentencia T-438 de 2015. Magistrado Ponente: Jorge Ignacio Pretelt). En primera instancia, el Juzgado Penal del Circuito de Riosucio (Caldas) declaró improcedente el amparo solicitado. Una vez proferida esta decisión, la comunidad la impugnó pasando a segunda instancia. En la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Manizales (Caldas) se confirmó el fallo impugnado. En sede de revisión, la Corte Constitucional concedió, mediante la sentencia T-438 de 2015, el derecho fundamental a la consulta previa de los miembros de la parcialidad indígena de Cartama y de la comunidad afrodescendiente asociada en ASOJOMAR; ya que estas comunidades se han dedicado a la minería artesanal e informal en la mina Villonza, localizada en la parte alta del cerro El Burro.

Como consecuencia de esta decisión, la Corte ordenó: realizar y garantizar la consulta previa con las comunidades étnicas; suspender las actividades de explotación minera en la parte alta del cerro El Burro efectuadas por la Gran Colombia Gold y Minerales Andinos de Occidente S.A.; que la alcaldía municipal de Marmato realizara las gestiones necesarias para inscribir a los accionantes y a los demás mineros en programas de formación en seguridad industrial, salud ocupacional y desarrollo ambiental con el fin de que se les instruya en el desempeño responsable de esta actividad. No obstante, este triunfo judicial de la comunidad, fue alterado con la nulidad de dicha sentencia constitucional de acuerdo al Auto 583 de 2015; por tanto, lo ordenado por la Corte nunca se llevó a cabo.

Este tipo de acciones emprendidas por las entidades estatales y la empresa multinacional permiten entrever la forma en cómo opera el modelo extractivo frente a las comunidades originarias en esta zona del país.

El modelo excluyente y depredador frente a un modelo preferido

En Marmato se configura una pugna entre modelos extractivos. Con la llegada de la multinacional minera se empezó a manifestar un “modelo excluyente” (Garay, 2013; Pardo, 2013) en donde el gobierno nacional privilegió la operación extractiva extranjera sobre las actividades tradicionales y a pequeña escala ejercidas por la población durante 200 años. Sin embargo, este modelo va mutando hacia un “modelo depredador” (Acosta, 2012; Gudynas, 2012; Machado, 2014; Svampa, 2012; Toro et al., 2012) configurado por el despojo del territorio y su gente, el control territorial, explotación de minerales y obtención de la totalidad de los beneficios económicos generados por la venta de minerales. Así, los modelos excluyente y depredador encuentran resistencia en un “modelo preferido” (ONU, 2013) propuesto por los propios mineros del lugar.

El modelo excluyente emerge con la Ley 685 de 2001, por medio de la cual se implementa el Código de Minas. Este elimina los rangos de la minería y establece los mismos procedimientos de acceso a títulos mineros para pequeños y medianos mineros como para la gran minería. De acuerdo a los requisitos establecidos por la normativa minera los mineros tradicionales, artesanales y algunos pequeños mineros, no pueden contar con toda la capacidad técnica y financiera requerida por el Estado dadas sus escasas condiciones de capital. Esta normativa, entonces, favorece al sector de la gran minería extranjera que puede cumplir con los requisitos exigidos como son: diagnóstico de impacto ambiental; diagnóstico social sobre el territorio a intervenir; seguridad social de los trabajadores.

Es así como la parcialidad indígena de Cartama se encuentra imposibilitada de trabajar en varias de sus minas al no poseer títulos mineros ya sea porque se vencieron o porque nunca habían contado con uno, mientras que la autoridad no ha acogido la solicitud de los indígenas mineros porque las minas donde trabajaban fueron concedidas a la Gran Colombia Gold Corporation; lo que significa que, bajo la luz de la ley, quedan bajo el amparo de la ilegalidad.

Los más afectados con todo este proyecto de minería a gran escala han sido los pequeños mineros, quienes por siglos han sobrevivido con la extracción artesanal del oro que culturalmente los identifica y que no han sido respaldados por el Estado para fortalecer la minería artesanal como una fuente de trabajo digno y no como una actividad delictiva que debe castigarse a la luz del nuevo código minero. (CRIDEC, 2009)

En este sentido el Estado asume la actividad minera indígena como una actividad delictiva iniciando procesos de desalojo, persecución y judicialización de los indígenas implicados; o, en su defecto, negando los derechos a dichas comunidades como sucedió en el último proceso judicial agenciado por la comunidad: cuando en la primera y segunda instancias judiciales el argumento de falta de formalización minera se superpone a las garantías de derechos al trabajo y a la consulta previa; y bajo un aspecto más garantista al consentimiento, libre, previo e informado.

El modelo depredador se caracteriza por la violación a los derechos de los pueblos indígenas bajo la responsabilidad del Estado y la multinacional. El Estado por intermedio de la Dirección de Asuntos Indígenas, ROM y minorías del Ministerio del Interior negó en el año 2015 la existencia de población indígena en la zona, aun sabiendo que esta misma entidad certificó la existencia de la parcialidad indígena de Cartama mediante la Resolución 0046 de 03 de mayo de 2012 (figura 4). Siendo la Defensoría del Pueblo, la que verificó la existencia de la comunidad indígena. Las entidades gubernamentales como el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ministerio de Minas y Energía, Ministerio de Trabajo, Procuraduría General de la Nación, ANM, CORPOCALDAS, Policía Nacional, Alcaldía de Marmato y los operadores de justicia fungieron y fungen en alianza para proteger los intereses de la empresa extranjera; mientras la Defensoría del Pueblo es la única entidad que vela, en este momento, por los derechos de la comunidad.

La Gran Colombia Gold ha podido ejercer control territorial para extraer, explotar y despojar los bienes naturales que se encuentran en la montaña. El macroproyecto ha generado despojo territorial a gran escala mediante lo que se ha denominado como ‘reasentamiento’ de la comunidad marmateña en el corregimiento El Llano, ubicado en la parte baja del municipio, estableciendo así un nuevo reordenamiento territorial.

La empresa ha desalojado a los pequeños mineros comprándoles sus minas, cerrándolas y/o dejándoles sin forma de obtener empleo dado a que en Marmato el sustento primordial de la población es la minería (CRIDEC, 2011). De igual manera se han presentado hechos como el asesinato del sacerdote José Reinel Restrepo, en 2011, siendo un líder comunitario que velaba por los derechos de la comunidad y se oponía a la presencia de la multinacional; además, de las amenazas hacia la gobernadora del cabildo indígena de la parcialidad en 2016 (tabla 1).

Dentro de los conflictos generados se evidencian impactos ambientales, amenazas y riesgos para la población y el territorio. La parcialidad manifiesta angustia ante el uso y acceso al agua, ya que sin este bien la minería no puede funcionar.

El agua es fundamental para todo el proceso minero y para las comunidades. Se han presentado conflictos con la entrada de compañías multinacionales y por la perforación de ciertos lugares se profundizaron las aguas y hay menos disponibilidad. Las comunidades lo identificaron como su principal problema porque ellos decían, que del agua parte todo. Si tenemos agua limpia, que podamos tomar tranquilamente, vamos a tener salud, producción, un mejor bienestar. (Jiménez, como se citó en Quintero, 2015)

Como alternativa a los modelos excluyente y depredador, la comunidad propone un “modelo preferido” planteado por el relator James Anaya (ONU, 2013); presentándolo como una solución de inclusión de los pueblos originarios al sector productivo minero. Siendo este el modelo promovido por la comunidad con el ánimo de permanecer en su territorio.

Las minas han sido heredadas de familia en familia y esta actividad se ha caracterizado por ser un medio de subsistencia único en el municipio. Hoy en día, la parcialidad junto con el Plan de Salvaguarda del CRIDEC (2012) buscan obtener la formalización de la minería y la obtención de títulos mineros amparándose en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 por medio del cual se pretende la formalización de la minería artesanal y de pequeña escala, disminuir los conflictos ambientales y definir las áreas de reserva minera. Asimismo, su proceso de reetnización, la constitución de un resguardo oficialmente reconocido, la recuperación de la lengua Embera, la medicina propia y el establecimiento de la guardia indígena, son acciones emprendidas que procuran ser elementos constitutivos de su permanencia en el territorio y de la defensa de sus derechos como pueblo originario.

Finalmente, en la cosmovisión de la comunidad, el territorio juega un papel relevante en tanto “el concepto de territorio no se refiere a una escritura, se refiere al ejercicio de la cultura, donde habita la comunidad indígena con sus usos y costumbres y los vuelve uno, en definitiva el territorio es nuestra propia cultura” (Parcialidad Indígena de Cartama, 2012, p. 3).

Proyecto Mandé Norte. Minería a gran escala en territorio sagrado interétnico

El proyecto Mandé Norte se establece en los municipios de Murindó (Antioquia) y Carmén del Darien (Chocó), desde el año 2015, mediante concesión otorgada por INGEOMINAS y contrato generado entre la Gobernación de Antioquia y la compañía estadounidense Muriel Mining Corporation con el objeto de realizar explotación de cobre, oro, molibdeno y otros minerales durante 30 años, prorrogables a 30 años más, en un área de 16000 hectáreas. Esta compañía, subsidiaria de Gold Plata Mining International Corporation y coparte de Rio Tinto de Canadá, inició un proceso de exploración en territorio con presencia de comunidades indígenas y afrodescendientes; lo que suscitó una serie de respuestas hacia el proyecto minero, que desencadenaron el retiro de la empresa (EJATLAS, 2016; Red por la Justicia Ambiental en Colombia, 2010).

El área de influencia del proyecto se ubicó en tres resguardos Embera y dos territorios colectivos afrodescendientes: resguardo indígena de Uradá Jiguamiandó, ubicado en Carmen del Darién (Chocó), comunidades de Coredocito-Alto Guayabal, Nueva Cañaveral y Uradá; resguardo indígena del Río Murindó, comunidades la Guagua, Isla, Ñaragué, Rancho Quemado, Coredó, Turriquitadó Alto, Bachidubi y Llano; resguardo indígena del Río Chageradó-Turriquitadó, comunidades Chageradó, Chibugadó, Turriquitadó-Llano, Turriquitadó Alto y Ñarangué y los consejos comunitarios de las comunidades afrodescendientes de Curvaradó y Jigumiandó.

De igual manera el proyecto se ubicaba en el cerro Careperro (Usa-Kirandarra), concebido como sitio sagrado por la comunidad Embera.

La comunidad expresó su inconformismo con el proceso de exploración de acuerdo a dos razones fundamentales: (i) la violación ostensible al Convenio 169 de la OIT donde se establece la consulta previa y el consentimiento previo, libre e informado y (ii) la violación a los derechos culturales y ambientales de las comunidades.

Durante los años 2006 a 2008, INGEOMINAS, el Ministerio del Interior y de Justicia, el Ministerio de Minas y la Compañía Muriel Mining Corporation realizaron acercamientos ―representados en reuniones y talleres con la comunidad― con el objeto de realizar la consulta previa con las comunidades étnicas de la zona. Sin embargo, y solo hasta diciembre de 2008, la comunidad se enteró de que el proyecto minero contaba con un proceso de consulta previa y que supuestamente a través de este había dado por aceptada la intervención minera en su territorio. A partir de este momento la comunidad devela una serie de irregularidades en la validación de la consulta como la creación de organizaciones indígenas ficticias, y con ello de representantes ilegítimos, sobornos y prebendas en dinero y en especie hacia algunos comuneros, la legalización de firmas de asistencias a talleres como si fueran firmas de aval al proyecto y la no invitación de algunas comunidades a las reuniones convocadas por el gobierno y la empresa. Asociadas a las inconsistencias del proceso de consulta previa se presentaron situaciones de violación a los derechos a la integridad cultural y del ambiente.

En 2009, el territorio empieza a ser militarizado por las fuerzas armadas del Ejército Nacional generando temor al interior de la población asentada en territorio tradicional y colectivo. Luego, en enero de 2010, tres meses después de que la Corte Constitucional profirió un fallo a favor de la población étnica, el ejército bombardeó el resguardo Uradá Jiguamiandó; resultando heridas varias personas de una misma familia y el fallecimiento de un recién nacido.

Asimismo, en el proceso de exploración emprendido por la compañía se desforestó parte de la reserva forestal de Jiguamiandó, se afectaron plantas medicinales y sagradas, se impactó el sitio sagrado del cerro Careperro y se amenazó la seguridad alimentaria y las fuentes hídricas de la zona.

Con base en estos hechos, las comunidades Embera emprendieron diversas acciones de resistencia con el objetivo de develar el falso proceso de consulta previa y evitar la continuidad de la actividad minera.

En 2009, algunos comuneros del resguardo Río Murindó interpusieron una acción de tutela ante la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá solicitando restablecimiento de los derechos “a la vida, a la seguridad personal, a la consulta previa, a la existencia, a la integridad cultural y social, a la identidad cultural, a la autonomía de las comunidades culturales, a la protección de la riqueza de la Nación y al debido proceso” (Corte Constitucional, sentencia T-769 de 2009. Magistrado Ponente: Nilson Pinilla).

Los comuneros como representantes legítimos del pueblo Embera expresaron que la actividad de extracción de minerales destruiría “la madre tierra y contaminaría los ríos con los que se abastecen aproximadamente 7 comunidades” (Corte Constitucional, sentencia T-769 de 2009. Magistrado Ponente: Nilson Pinilla). Además, la exploración en uno de sus sitios sagrados ocasionaría daños irremediables a nivel cultural y en la cosmovisión de los Emberas puesto que “el Cerro Careperro es un sitio sagrado para nosotros los indígenas porque allí se guarda el espíritu del sabio Jaibaná para curar las enfermedades” (Corte Constitucional, sentencia T-769 de 2009. Magistrado Ponente: Nilson Pinilla).

La comunidad también denunció como la multinacional Muriel Mining Corporation sustituyó algunas reuniones como procesos de consulta previa; por ejemplo, en el año 2006, realizaron tres reuniones de consulta previa en las cuales participaron diez personas por resguardo, sin contar con la participación de autoridades legítimas. Igualmente, la comunidad manifestó la ausencia de estudios ambientales que evidenciaran los impactos y posibles daños que podría ocasionar el proyecto en sus territorios y pueblos.

En la primera instancia del proceso judicial la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá negó la acción de tutela, argumentado que el Ministerio del Interior y de Justicia realizó de manera adecuada la consulta previa. De este modo los autores de la tutela impugnaron el fallo proferido, expresando que los documentos con los cuales se avaló dicha consulta fueron falsos en la medida en que las personas que aparecían avalando el proyecto no eran representantes legítimos de las comunidades y que no todas las comunidades asentadas en el área de influencia del proyecto habían participado de las reuniones enunciadas. Ante esta respuesta de la comunidad, la Defensoría del Pueblo y el Programa de Justicia Global y Derechos Humanos de la Universidad de los Andes realizaron coadyuvancias para respaldar las exigencias de los comuneros. En la segunda instancia, la Corte Suprema de Justicia confirmó el fallo de primera instancia arguyendo que los demandantes debieron haber justificado la ilegalidad del proceso.

Por último, el caso es acogido por la Corte Constitucional. La Corte expresó la vulneración al derecho a la consulta previa de las comunidades antes de haber otorgado el contrato de concesión a la empresa Muriel Mining Corporation, por lo que concedió la protección de los derechos solicitados por los accionantes, ordenando suspender las actividades de exploración y explotación de minerales en toda el área concedida para el proyecto Mandé Norte. En este sentido le solicitó al Ministerio del Interior y de Justicia rehacer la formalización de consulta previa, no de forma meramente administrativa sino con las garantías y subreglas constitucionales del consentimiento previo, libre e informado, con todas las comunidades que pudieran resultar afectadas en el desarrollo del proyecto; al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial culminar los estudios científicos integrales y de impacto ambiental y difundirlos entre las comunidades indígenas y afrodescendientes que podrían ser afectadas; al Ministerio de Defensa Nacional que analizara objetivamente y subsanará las razones por las cuales las comunidades no percibían a la fuerza pública como garantía de seguridad; a INGEOMINAS abstenerse de otorgar las licencias de exploración y explotación minera al proyecto y a la Defensoría del Pueblo vigilar el cumplimiento del fallo dado (Corte Constitucional, sentencia T-769 de 2009. Magistrado Ponente: Nilson Pinilla).

Un modelo depredador vencido por la resistencia de los pueblos originarios

El caso del proyecto Mandé Norte es un ejemplo de la forma en cómo opera el modelo extractivista depredador. En este modelo se pueden evidenciar formas de acumulación por desposesión agenciadas no solo por la empresa multinacional sino también promovidas y protegidas por algunas instancias estatales, las cuales devienen en la aparición de conflictos sociales debido a la violación de derechos de los pueblos indígenas y de los daños ecológicos generados.

El agente estatal inicialmente brindó las garantías necesarias para que ingresara la empresa extractiva estableciendo un contrato de concesión sin realizar la consulta previa con las comunidades y luego presentó una consulta manipulada y fraudulenta, además de delegar al ejército como agente de seguridad al servicio de la empresa extranjera.

Es notable el amplio apoyo que el gobierno le brinda a esta multinacional, a través del aval del Instituto Colombiano de Minería y Geología (Ingeominas) quien otorgó el título minero, así como también del Ministerio de Interior quien validó la consulta previa realizada, pero también del Ejercito Nacional quien les brinda toda la seguridad. La empresa no ha presentado un estudio de impacto ambiental de sus acciones ni el Ministerio de Medio Ambiente la ha exigido, alegando que para la exploración no se requiere, como si derribar selva, abrir trochas, hacer excavaciones y perforaciones y construir campamentos, no fueran destrozos que merecen regulaciones y reparaciones. (EJATLAS, 2016)

Una vez obtenida la concesión minera, la empresa junto con el apoyo del ejército ejerció un control sobre el territorio para extraer y despojar los bienes naturales de las comunidades. La depredación, entonces, se configuró fundamentalmente en la violación a los derechos de los pueblos como son: el derecho a la consulta previa del Convenio 169 de la OIT; los derechos fundamentales de la Convención Interamericana de Derechos Humanos; los derechos ambientales internacionales; el derecho fundamental a la propiedad colectiva de los pueblos étnicos; el derecho a la integridad cultural de los pueblos; el derecho a la identidad cultural; el derecho a la autonomía; el derecho a un ambiente sano; el derecho a participar en decisiones que los afecten y el derecho a la información.

Al decir de la Corte:

El derecho de propiedad colectiva ejercido sobre los territorios que ellos habitan reviste una importancia esencial para la cultura y valores espirituales, que es reconocida en convenios internacionales aprobados por el Congreso de Colombia, donde se resalta la especial relación de las comunidades indígenas con su hábitat, no solo por encontrar allí su principal medio de subsistencia, sino porque constituye un elemento integrante de la cosmovisión y la religiosidad de los pueblos aborígenes. Adicionalmente, el constituyente resaltó la importancia fundamental del derecho de las comunidades indígenas sobre su territorio. (Sentencia T-769 de 2009. Magistrado Ponente: Nilson Pinilla)

Ante esta amenaza colonizadora emprendida por la multinacional extranjera y ante la insuficiente protección del Estado, las comunidades Embera junto con las comunidades afrodescendientes agenciaron movilizaciones jurídicas, sociales y espirituales que permitieron la salida del extractivismo minero y la posibilidad de reafirmar su permanencia en el territorio.

La movilización jurídica se originó en el ejercicio de la acción de tutela y en las coadyuvancias de la Defensoría del Pueblo, de la Universidad de los Andes, del Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativos, de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, que dieron como resultado un fallo favorable y referente para los pueblos originarios en su legítima defensa a ser consultados y a permanecer en su territorio. En paralelo, mientras se surtía el proceso judicial, los pueblos emprendieron la movilización social a partir de una acción de autonomía y resistencia en la que realizaron una consulta interétnica de los pueblos. Esta consulta estuvo acompañada por la Defensoría del Pueblo y la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz donde participaron todas las comunidades indígenas y afrodescendientes afectadas, incluidos niños desde los 10 años. Ante la pregunta: “¿quiere o no la exploración y explotación minera de la empresa Muriel Mining Corporation?”, 798 personas votaron de manera negativa y 0 votos se obtuvieron a favor del proyecto.

Una vez culminada la consulta de los pueblos iniciaron una movilización espiritual hacia el cerro Usa-Kirandarra, en la que se relata:

“pasamos casi un mes. Hicimos albergues y nos quedamos”, apunta Jaichanubi. Junto a los campamentos mineros, con danzas y ‘armadas’ de plantas, las mujeres bailaban y los jaibanás pedían a los espíritus protección para su cerro. La resistencia rompió el ‘embrujo’ minero la primera semana de marzo. (Congote, 2012)

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El extractivismo es una expresión más del paradigma del desarrollo. El gobierno colombiano promueve las actividades extractivas mineras como garante del desarrollo económico y social del país, y de las regiones, con lo cual pretende legitimar y profundizar un modelo extractivo basado en la inversión extranjera.

El arribo de este modelo extractivo minero a gran escala en territorios Embera ha generado violación de derechos, daños culturales y conflictos socioecológicos que ponen en evidencian cómo el extractivo minero, más allá de situarse como una actividad económica-productiva, expresa un modelo neocolonial-depredador que amenaza la pervivencia del mencionado pueblo.

En los casos de Marmato y Mandé Norte, el modelo neocolonial-depredador se expresa en las garantías legales y procedimentales que le brinda el Estado a las empresas privadas extranjeras para satisfacer sus necesidades e intereses de acumulación de capital, basado no solo en la apropiación de minerales sino también en la apropiación y control del territorio habitado por los Embera.

En el caso de Marmato se configura una pugna entre modelos extractivos. Con la llegada de la multinacional minera se empezó a manifestar un modelo excluyente donde el gobierno nacional privilegió la operación extractiva extranjera sobre las actividades tradicionales y a pequeña escala ejercidas por la población durante 200 años. Sin embargo el modelo excluyente va mutando hacia un modelo depredador configurado en el despojo del territorio y su gente, el control territorial, la explotación de minerales y la obtención de la totalidad de los beneficios económicos generados por la venta de estos. Así, los modelos excluyente y depredador encuentran resistencia en un modelo preferido propuesto por los mismos mineros ―entre ellos la parcialidad indígena de Cartama― sustentado en la formalización minera, en la obtención de títulos y en la capacitación técnica para continuar realizando actividades mineras en su territorio.

En el caso Mandé Norte operó un modelo depredador expresado en formas de acumulación por desposesión agenciadas tanto por la empresa multinacional como por algunas instancias estatales, las cuales generaron la violación de derechos a los pueblos indígenas y afrodescendientes y daños ecológicos en territorio sagrado. El agente estatal brindó las garantías necesarias para que ingresara la empresa extractiva estableciendo un contrato de concesión sin realizar la consulta previa con las comunidades; luego presentó una consulta manipulada y fraudulenta; además, delegó al ejército como agente de seguridad al servicio de la citada empresa.

Las respuestas de las comunidades Embera, afectadas por el modelo extractivo neocolonial-depredador, han sido respuestas de resistencia jurídica, social y espiritual. En el campo jurídico, el pueblo Embera ha acudido al Convenio 169 de la OIT y al consentimiento previo, libre e informado para exigir su derecho fundamental a ser consultados y tomar decisiones informadas ante la ejecución de proyectos externos en sus territorios. En el campo social, han establecido alianzas con organizaciones académicas y sociales como estrategia de apoyo y visibilización de su situación; de igual manera en el caso de Mandé Norte la comunidad realizó una consulta interétnica de los pueblos como ejercicio autónomo de decisión sobre su territorio. Y en el campo espiritual, las acciones rituales orientadas por los jaibanás para la protección de los espíritus de los lugares sagrados, también fueron ejercicios de resistencia emprendidos por estas comunidades.

De este modo el extractivismo, como modus operandi de gobiernos y multinacionales y como forma de explotación de los bienes de vida, requiere que las resistencias de los pueblos originarios tengan una estrategia común que responda de manera organizada y sistémica a esta forma organizacional de saqueo y desposesión.

La movilización social, política y jurídica (Valencia, 2014) de los pueblos indígenas debe ser realizada desde los escenarios locales, regionales, nacionales y globales, siguiendo las actuaciones de las industrias extractivas. La ofensiva social, política y jurídica debe estar anclada en el trabajo en redes de cooperación, redes de conocimiento, redes de acción y opinión. Esta es la condición para contrarrestar un poco el poder político y económico de las industrias extractivas frente a los gobiernos nacionales y locales.

Referencias bibliográficas

• Acosta, A. (2012). Extractivismo y neoextractivismo: dos caras de la misma maldición. Recuperado de Link. 
• Aguilera, F. y Alcántara, V. (Comp.). (1994). De la economía ambiental a la economía ecológica. Barcelona, España: ICARIA, FUHEM. 
• Ávila, H.L. (2006). Introducción a la metodología de la investigación. Recuperado de Link. 
• Bastien, J. (2013). Estrategias corporativas de las mineras canadienses y su incidencia en la gobernanza de los territorios mineros en América Latina (tesis de maestría). Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia. 
• Castillo, Y. (2012). El rol de la empresa transnacional extractiva de petróleo en la consulta previa con las comunidades indígenas: la experiencia en Colombia. Revista de Derecho, 37, 1-35. 
• Caro, C. (2014). Minería en el Norte del Cauca indígena. Prácticas territoriales y transformaciones socioespaciales en los resguardos indígenas nasa del municipio de Santander de Quilichao, Cauca, Colombia. En Göbel, B. y Ulloa, A. (Ed.), Extractivismo minero en Colombia y América Latina (pp. 258-282). Bogotá, Colombia: Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. 
• Congote, N. (29 de noviembre de 2012). La lucha Embera por el cerro de los espíritus. El Tiempo. Recuperado de Link. 
• Correa, F. (2006). Antecedentes y evolución de la economía ecológica. Semestre Económico, 9 (17), 13-41. 
• CRIDEC. (2009). Denuncia pública desde Marmato del CRIDEC. Recuperado de Link. 
• CRIDEC. (25 de noviembre de 2011). Comunicado del CRIDEC y pequeños mineros de Marmato, Caldas. Recuperado de Link. 
• CRIDEC. (2012). Plan de salvaguarda pueblo Embera de Caldas. Auto 004 de la Corte Constitucional. Recuperado de Link. 
• DNP. (2015). Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018: Todos por un nuevo país. Recuperado de Link. 
• EJATLAS. (2016). Proyecto Mandé Norte. Murindó, Colombia. Recuperado de Link. 
• Escobar, M. y Pardo, L. (2009). Consulta previa y minería: un caso colombiano. Medellín, Colombia: GECOMIN. 
• Garay, L.J. (2013). Economía ecológica, ecología política y justicia ambiental, y neoconstitucionalismo. Algunas aproximaciones para el análisis de problemáticas alrededor de la explotación de recursos naturales no renovables. En Garay, L.J. (Dir.), Minería en Colombia. Institucionalidad y territorio, paradojas y conflictos (pp. 11-26). Bogotá, Colombia: Contraloría General de Republica. 
• Gudynas, E. (2009). Diez tesis urgentes sobre el nuevo extractivismo contextos y demandas bajo el progresismo sudamericano actual. En Schuldt, J. et al. Extractivismo, política y sociedad (pp. 187-225). Quito, Ecuador: CAAP, CLAES. 
• Gudynas, E. (2012). Hay alternativas al extractivismo. Transiciones para salir del viejo desarrollo. Lima, Perú: CEPES. 
• Gudynas, E. y Alayza, A. (2012). Postextractivismo: transiciones hacia las alternativas al desarrollo. En Velardi, N. y Zeisser, M. (Ed.), Anales Seminario Internacional Desarrollo territorial y extractivismo. Luchas y alternativas en la región Andina (pp. 213-234). Cusco, Perú: Centro de Estudios Regionales Andinos Bartolomé de Las Casas, CooperAcción, GRET. 
• Harvey, D. (2004). El “nuevo” imperialismo: acumulación por desposesión. En Panitch, L. y Leys. C. (Comp.), Socialist Register 2004: el nuevo desafío imperial (pp. 99-130). Buenos Aires, Argentina: CLACSO. 
• Hillón, Y. (2014). La consulta previa en la solución de conflictos socio-ambientales. Revista de Derecho, 41, 83-111. 
• Machado, H. (2013). Orden neocolonial, extractivismo y ecología política de las emociones. Revista Brasileira de Sociologia da Emoção, 12 (34), 11-43. 
• Machado, H. (2014). La colonialidad del progresismo extractivista: el caso argentino. Radiografía ecobiopolítica de “la década ganada”. En Gandarillas, M.A. (Ed.), Extractivismo: nuevos contextos de dominación y resistencias (pp. 67-102). Cochabamba, Bolivia: CEDIB. 
• Martín, F. (Comp.). (2009). Deuda externa y economía ecológica: dos visiones críticas. Quito, Ecuador: FLACSO Ecuador y Ministerio de Cultura. 
• Martínez-Alier, J. y Roca, J. (2001). Economía ecológica y política ambiental. Ciudad de México, México: Fondo de Cultura Económica. 
• Munévar, C.A. (2014). Licencias ambientales: aproximación y valoración desde el origen del conflicto ambiental. Ratio Juris, 9 (18), 27-42. 
• Munevar, C.A. y Valencia, J.G. (2015). Origen y transformación del conflicto ambiental: análisis de los procesos de participación y educación en dos estudios de caso. Civilizar, 15 (28), 47-60. 
• ONU. (2013). Informe del Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas. Las industrias extractivas y los pueblos indígenas. Recuperado de Link. 
• Parcialidad Indígena de Cartama. (2012). Derecho de petición. 
• Pardo, L.A. (2013). La conflictividad por el territorio, el control de los RNNR y la renta minera. El choque de las locomotoras mineras en Colombia. En Garay, L.J. (Dir.), Minería en Colombia. Institucionalidad y territorio, paradojas y conflictos (pp. 143-192). Bogotá, Colombia: Contraloría General de Republica. 
• Peace Brigades International. (09 de mayo de 2009). ColomPBIa 11: Autonomía de los pueblos indígenas: “una lucha por el bien de la humanidad”. Recuperado de Link. 
• Posada, L. (2011). El litigio como estrategia indígena: luchas sociales que dan contenido a victorias de papel. Recuperado de Link. 
• Puig, I. et al. (2002). Deuda ecológica. El Norte está en deuda con los países del Sur. Recuperado de Link. 
• Quintero, M. (2015). ¡Fuerza, Cartama! El Eafitense, 108. Recuperado de Link. 
• Red por la Justicia Ambiental en Colombia. (2010). Fallo histórico de la Corte Constitucional: proyecto minero Mandé Norte, consulta previa y estudios de impactos ambientales. En Memorias: tercer conversatorio de la red por la justicia ambiental. Bogotá, Colombia. 
• Roa, T. y Navas, L.M. (Coord.). (2014). Extractivismo. Conflictos y resistencias. Bogotá, Colombia: Asociación Centro Nacional Salud, Ambiente y Trabajo Agua Viva. 
• Rodríguez, G.A. (2011). Proyectos y conflictos en relación con la consulta previa. Opinión Jurídica, 57-72. 
• Rodríguez, G.A. (2015). De la consulta previa al consentimiento libre, previo e informado a pueblos indígenas en Colombia. Bogotá, Colombia: Universidad del Rosario. 
• Svampa, M. (22 de marzo de 2012). Consenso de los commodities y megaminería. ALAI. Recuperado de Link. 
• Svampa, M. (2013, marzo-abril). “Consenso de los Commodities” y lenguajes de valoración en América Latina. Nueva Sociedad, 244. Recuperado de Link. 
• Toro, C. et al. (2012). Minería, territorio y conflicto en Colombia. Bogotá, Colombia: Universidad Nacional de Colombia. 
• Ulloa, A. (2014). Geopolíticas del desarrollo y la confrontación extractivista minera: elementos para el análisis en territorios indígenas en América Latina. En Göbel, B. y Ulloa, A. (Ed.), Extractivismo minero en Colombia y América Latina (pp. 425-458). Bogotá, Colombia: Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. 
• Valencia, J.G. (2014). El acceso a la justicia ambiental en Latinoamérica. Ciudad de México, México: Editorial Porrúa. 
• Vallejo, M.C. (2009). Estructura biofísica de la economía ecuatoriana: un estudio de los flujos directos de materiales. En Martín, F. (Comp.), Deuda externa y economía ecológica: dos visiones críticas (pp. 115-150). Quito, Ecuador: FLACSO Ecuador y Ministerio de Cultura.

AGRADECIMIENTOS

A la Vicerrectoría de Investigaciones y Posgrados de la Universidad de Caldas y al Cabildo indígena de la parcialidad indígena de Cartama en Marmato.

FUENTES DE FINANCIACIÓN

Proyecto de investigación “Pueblos originarios y extractivismo minero”, con código No. 1468214, inscrito y financiado por la Vicerrectoría de Investigaciones y Posgrados de la Universidad de Caldas.

1.             Abogado. Magíster en Sociología de la Cultura, Magíster en Derecho Ambiental y de la Sostenibilidad. Doctor en Derecho Ambiental y de la Sostenibilidad. Profesor Asociado de la Universidad de Caldas, Colombia. Investigador líder del grupo de investigación Estudios Jurídicos y Socio Jurídicos. Director del Centro de Investigaciones Jurídicas, Políticas y Sociales y de la Clínica Sociojurídica de Interés Público de la Universidad de Caldas, Colombia. Investigador principal del proyecto de investigación. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

2.             Trabajadora Social. Comunicadora Comunitaria. Candidata a Magíster en Ecología Humana y Saberes Ambientales de la Universidad de Caldas. Investigadora del grupo de investigación en Estudios Jurídicos y Sociojurídicos de la Universidad de Caldas. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

3.       Antropóloga. Investigadora del grupo de investigación en Estudios Jurídicos y Sociojurídicos de la Universidad de Caldas. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

4.        La biopiratería corresponde a la extracción de bienes genéticos y biológicos que se realiza de manera ilegítima y sin consulta a las comunidades poseedoras, con lo cual estos bienes se convierten en propiedad intelectual de quien los explota (Puig et al., 2002).

5.      Maristella Svampa (2012) hace referencia al Consenso de los Commodities como el nuevo orden económico basado en el mercado financiero de minerales.

6.     Machado (2013) denomina como el Consenso de Pekín a las transformaciones geoeconómicas provocadas por la industrialización China en su incursión en latinoamérica, fundamentado entre otros en la explotación de minerales. 

Para citar este artículo: Valencia-Hernández, J. G.; Muñoz-Villareal, E. M. & Hainsfurth J. C. (2017). El extractivismo minero a gran escala. Una amenaza neocolonial frente a la pervivencia del pueblo Embera. Revista Luna Azul, 45, 419-445. DOI: 10.17151/luaz.2017.45.21

REFLEXIONES MÍNIMAS Y DIVERGENCIAS (II)

Natalia Agudelo Sepúlveda

Al respecto de la ecología política, Arturo Escobar afirma en el texto Ecologías Políticas Posconstructivistas (2010) que “se reconoce ampliamente que emergió en los años 70 a partir del entrelazamiento de varios marcos de comprensión ecológico-orientados y de la economía política. Vinculando estos dos campos, la EP ha buscado trabajar a través de sus respectivas carencias, a saber, la desatención de la Ecología Humana y cultural al poder y la subdesarrollada conceptualización de la naturaleza por parte de la Economía Política”. La última parte de esta reflexión brinda pautas importantes para los debates nacidos dentro de los análisis actuales sobre tal campo interdisciplinar, toda vez que una de las discusiones más álgidas gira en torno a la identificación de los elementos ecológicos (en realidad ambientales) dentro del área de la economía política, especialmente la marxista. Habría que anotar que las carencias sugeridas por Escobar parecen tener niveles en el tono de enunciación: desatención al poder indica una ‘falta’ menor si se le compara con subdesarrollada conceptualización de la naturaleza. Probablemente las consecuencias, en el campo práctico y de conocimiento, sean de mayor impacto cuando de economía política se trata.

Ahora bien, la identificación de elementos ambientales dentro del campo de la economía política ha dado lugar a búsquedas disímiles que delimitan diferentes tipos de problemas. Indagar en torno a la inclusión o exclusión de la ‘naturaleza’ dentro de la economía política no implica necesariamente la búsqueda de elementos constituyentes de la ciencia ecológica como lo son la capacidad biofísica, los límites y la finitud del planeta tierra, la incorporación de la segunda ley de la termodinámica y la entropía o la irreversibilidad de los impactos antropogénicos a la biósfera; temas todos ineludibles a la hora de la inclusión de la ecología en la economía (y en la política, la ética y la propia filosofía). Implica, probablemente, el replanteamiento de la concepción de la ‘naturaleza’ como fuente constante de productividad, como fuente inagotable de recursos ilimitados o como objeto de mercantilización, es decir, implica replantear los constructos básicos de la ciencia económica a través de la suma de elementos ambientales perceptibles y de hallazgos desprendidos de las investigaciones de las ciencias aplicadas. Es por ello que la ecología política, atendiendo al llamado de Escobar y al salto cualitativo que representa, debe incluir los desarrollos de la física y de la biología al respecto de la comprensión del sistema vida. Esto quiere decir que la ecología política no solamente debe desarrollar una mejor y más compleja definición de la ‘naturaleza’ sino que debe ecologizarse, es decir, evidenciar mayor relación con el campo científico que la hace posible. Probablemente el área de la economía ecológica sea el ámbito que reconoce esta necesaria unión, esta relación inherente entre las ciencias y el análisis político, ya que identifica y atiende de manera estructural las relaciones desiguales y asimétricas de poder dentro de los conflictos ecológicos distributivos.

La definición que por su uso se le otorga a la palabra ‘naturaleza’ en el intento de hallar en la economía política elementos ambientales refiere a todo aquello que no es humano (ni artificial). Aparece recurrentemente como par dicotómico o como par relacional: hombre/naturaleza, sociedad/naturaleza, naturaleza/cultura. Pocas veces se encuentra el humano ubicado ‘dentro’ de la palabra.  La ‘naturaleza’ se instrumentaliza, se cuantifica. ‘Naturaleza’ se devela como una noción abstracta desprendida de uno de los conceptos ecológicos fundamentales: el concepto de ecosistema, el cual incluye las relaciones de interdependencia y adaptabilidad de los organismos vivientes, su medio abiótico, los flujos de energía, los ciclajes de materia, etc. Lo interesante es que justamente el concepto de ecosistema, dada su complejidad, no permite la fragmentación economicista que aísla y fragmenta en supuestos componentes cada una de las partes del todo, llamándolas recursos, servicios, bienes y asignándole así un precio, un valor, un beneficio, un costo. Esta fragmentación refuerza el hecho de que la mirada económica sea más potente que la ecológica. Esto sin duda es, a su vez, una pretensión de carácter puramente político. Seguramente, debido a ello, las pesquisas conceptuales de la ecología política horadan en otras epistemologías, en otras ontologías, en la posibilidad de pluralizar la ‘naturaleza’, en la visibilización de otros modos de enunciación, inclusive hasta el punto de sobrenaturalizarla, sacralizarla. Si la mirada económica fragmenta y la mirada política debe prestar atención especial a las relaciones de poder nacidas al calor de los conflictos ambientales, incluyendo posturas al respecto de la crisis ecológica, el imperialismo ecológico y el racismo ambiental, ¿cómo salirse del lenguaje fragmentario en reflexiones políticas amplias que observan las dinámicas económicas y sus impactos ecológicos? ¿Es posible ecologizar la política a través del uso de las categorías propuestas por la ecología (comunidad biótica como criterio global por encima de comunidad humana, por ejemplo)? En últimas, ¿puede la política desantropocentrizarse o es necesario otro concepto?

Se puede afirmar que efectivamente la ecología política nace de las carencias de otros campos del conocimiento. La inclusión de esas carencias, paradójicamente, parece ahondar en el divorcio de sus características constituyentes. Este es uno de los retos más complejos que este marco de análisis debe superar.

Para citar esta editorial: Agudelo-Sepúlveda, N. (2018). Editorial. Reflexiones mínimas y divergencias (II). Revista Luna Azul, 46, xx-xx. Recuperado de htttp://200.21.104.25/lunazul/index.php/component/content/article?id=268 DOI: 10.17151/luaz.2018.46.1 

EXTRACTIVISMO Y DEUDA ECOLÓGICA EN AMÉRICA LATINA

Aleida Azamar-Alonso¹

Graciela Carrillo-González²

Recibido el 25 de abril de 2016, aprobado el 18 de septiembre de 2016 y actualizado el 27 de julio de 2016

DOI: 10.17151/luaz.2017.45.20

Resumen

Durante los últimos treinta años, los recursos primarios han aumentado su presencia en el comercio internacional; en parte, esto se debe al cambio estructural en el modelo productivo que se adoptó en América Latina durante la década de los noventa. Asimismo, el incremento en los flujos de inversión extranjera directa (IED), dirigida hacia proyectos de explotación ambiental han tenido un impacto negativo en relación con el endeudamiento de la región. Es decir, al mismo tiempo que la IED aumentó para las actividades extractivas, también creció la deuda externa de la región.

El objetivo de este trabajo es señalar que la deuda externa actual y la primarización del comercio latinoamericano coinciden con lo que ha sucedido históricamente en la región, respecto a sus relaciones comerciales con el mundo. Esta interacción ha generado un empobrecimiento constante para las naciones de América Latina debido a que priorizan la explotación y el comercio de sus recursos naturales por encima de otras actividades productivas.

El método que se utilizó para esta investigación fue mediante un contraste entre las estadísticas sobre deuda económica, IED y exportaciones regionales, obteniendo como resultado una relación entre el incremento de los niveles de la IED en actividades de explotación ambiental y el aumento en los niveles de deuda externa. Por lo que se concluye que la priorización en este tipo de actividades ha fortalecido la dependencia estructural de América Latina con las naciones desarrolladas y ha derivado en un proceso de endeudamiento económico con los países desarrollados. Aunque estos últimos generan una deuda ecológica con los países subdesarrollados.

Palabras clave: Deuda ecológica, extractivismo, exportaciones primarias.

EXTRACTIVISM AND ECOLOGICAL DEBT IN LATIN AMERICA

Abstract

Primary resources have increased their presence in international trade during the last thirty years, partly due to a structural change in the production model adopted in Latin America in the nineties. Similarly, the increase on Foreign Direct Investment (FDI) addressed to environmental exploitation projects has had a negative impact in relation to the region’s indebtedness. That is, while FDI increased for extractive activities, the external debt for the region also increased.

The aim of this research is to point out that the current external debt and  the Latin American trade primarization coincide with what historically has happened in the region regarding its trade relations with the world. This interaction has generated a steady impoverishment of Latin American nations because they prioritize the exploitation and trade of their natural resources over other productive activities.

The method used for this research was a contrast between statistics of economic debt, FDI and regional exports, having as a result a relationship between the increase in the FDI levels in environmental exploitation activities and the increase in levels of external debt. It is concluded that the prioritization of this type of activities has strengthened the structural dependence of Latin America from developed nations and has resulted in a process of economic indebtedness with developed countries. Although, the latter generate an ecological debt with the underdeveloped countries.

Key words 

Ecological debt, extractivism, primary exports.

Introducción

El aprovechamiento de los recursos naturales en Latinoamérica ha constituido una de las actividades relevantes que dio respuesta a las necesidades económicas de los países en la región y fue la base de su crecimiento durante el siglo XX. Esta dinámica de explotación de los bienes primarios se fundamenta en la promoción a las concesiones de proyectos extractivos a empresas trasnacionales, las cuales a través de la inversión extranjera directa (IED) afianzan una mecánica de aprovechamiento y explotación ambiental.

Sin embargo, la presencia de la IED no ha representado un mayor crecimiento para las economías receptoras. Por el contrario, los países de Latinoamérica han incrementado su deuda financiera colocándose en una situación de mayor debilidad al no poder negociar las condiciones bajo las cuales se invierte y, con ello, facilitan la mayor explotación de los bienes primarios de la región.

El artículo se organiza en cuatro partes: en la primera se destaca el concepto de deuda ecológica y los factores que la determinan; en el segundo apartado se establece la relación de la deuda externa con la deuda ecológica; en el tercero se discute sobre la profundización del extractivismo mediante la mayor entrada de la IED a la región; y en el cuarto apartado se expone cuál ha sido el proceso mediante el cual la deuda económica facilita el desarrollo de la deuda ecológica. Finalmente, se presentan las conclusiones.

I. El planteamiento de la deuda ecológica

Actualmente, el crecimiento económico de Latinoamérica se presenta como un dilema entre la conservación de sus bienes naturales o la reducción intensiva de estos vía actividades extractivas. Históricamente, este comportamiento se ha manifestado en la región desde la época de la colonia como parte del proceso de explotación intensiva; sin embargo, pareciera que, en las últimas décadas, dicha actividad se ha incrementado provocando severos daños al ambiente y un fuerte impacto social en la población.

Algunos países de América Latina son altamente dependientes de las materias primas y resuelven problemas económicos inmediatos o financian sus propósitos políticos a través del comercio de sus recursos naturales mediante la IED dirigida a la explotación de zonas concesionadas con abundancia en algún recurso natural. Por medio de esta dinámica de explotación e inversión se generan nuevas dependencias estructurales³ que dan lugar a una idea distorsionada de que la explotación de los bienes primarios se traduce en beneficios económicos y sociales. Sin embargo, la realidad no es así, el perjuicio ambiental que se origina por la práctica extractiva suele generar daños económicos severos⁴ e irreparables, que generalmente son minimizados por los gobiernos de los países, los cuales argumentan que los ingresos económicos que se obtienen del uso intensivo de los recursos naturales supera la pérdida con mayores beneficios y resuelve los problemas económicos de corto plazo.

Otro elemento a considerar en el análisis está relacionado con la posición vulnerable de los países de Latinoamérica frente a las naciones desarrolladas dada su condición de deudores. El compromiso financiero externo que han acumulado la mayoría de los países de la región y la dificultad para poder cubrir los altos intereses de la deuda⁵ los pone en una situación débil al “negociar” las condiciones bajo las cuales invierten las empresas, cuyos países de origen son sus acreedores.

Por lo tanto, no es coincidencia que el incremento en los proyectos de explotación ambiental en Latinoamérica⁶ esté vinculado al comportamiento de la deuda externa que presenta la región. Se percibe una tendencia creciente de las actividades extractivas en aquellos países con mayores compromisos financieros con el exterior, pero en sentido inverso, la mayor explotación de recursos naturales no significa una reducción de dichos compromisos, trátese de amortización del capital o pago de intereses.

Se puede señalar que dichas naciones han tendido hacia la reprimarización de sus economías. Slipak (2013: 6) menciona lo siguiente respecto a esta situación:

Las primeras apariciones concretas de la expresión “reprimarización” de la economía, aparecen en alusión a las consecuencias que han traído las políticas de liberalización financiera que han seguido varias dictaduras de América Latina y posteriormente la aplicación de las prescripciones del Consenso de Washington. Precisando, la expresión “reprimarización de la economía”, aparece describiendo las etapas de valorización financiera, en dónde simultáneamente se observaba una tendencia a la reorientación de la economía hacia las actividades agropecuarias, con la consecuente destrucción del tejido industrial, pérdida de empleos y efectos regresivos en la distribución del ingreso.

En consecuencia, la deuda ecológica se convierte en acicate de la reprimarización económica, ya que a medida que se aplican liberalizaciones económicas o financieras a naciones que no se encuentran preparadas para enfrentar estos retos se les obliga a depender de sus recursos naturales para poder afrontarlos -tal es el caso de Brasil, Argentina, Bolivia, Ecuador y Venezuela, entre otros-, sobre todo durante las últimas décadas del siglo pasado.

Y es que actualmente, las naciones desarrolladas han intensificado la demanda sobre los bienes naturales a pesar de que esta exigencia es insostenible en el largo plazo, se le ha pedido a Latinoamérica -región que provee cerca del 15% del total de las exportaciones mundiales de materias primas y el 60,4% del total de las exportaciones de la región (Azamar y Ponce, 2014)- solventar las necesidades mundiales de dichos bienes, a pesar de que ello sobrepasa la capacidad natural de estos países para cubrirlas.

Los gustos y las ambiciones humanas exigen, progresivamente, más materias primas para la producción de diversos bienes. Esto obliga a crear nuevos métodos de explotación –generalmente técnicas que involucran el uso de químicos nocivos o dinámicas peligrosas con el medio ambiente, tales como: el fracking, la implementación sin control de energías alternativas en zonas pobladas, entre algunas otras-, que permitan acelerar el aprovechamiento sin considerar los ciclos de reproducción natural de los ecosistemas afectados. En este marco, los beneficiados principalmente son los países desarrollados, que elevan su nivel de ingreso por los bajos costos a los que adquieren las materias primas. De ello deriva la idea de otro tipo de deuda, una en que las naciones del centro le deben su actual prosperidad a la periferia; es decir, una deuda ecológica⁷.

A continuación, se mencionan algunas definiciones del concepto con la finalidad de establecer su origen y la evolución de la misma. El primer esfuerzo académico por detallar el concepto de deuda ecológica fue elaborado por la organización Acción Ecológica (2006: 19) en la década de los noventa:

La Deuda Social-Ecológica es la deuda acumulada, histórica y actual, que tienen principalmente los países industrializados del Norte, sus instituciones y corporaciones, con los pueblos y países del Sur por el saqueo y usufructo de sus recursos naturales, la explotación y empobrecimiento de sus pueblos, y la destrucción, devastación y contaminación sistemática de su patrimonio natural y fuentes de sustento.

Es también la responsabilidad de los países industrializados por la destrucción paulatina del planeta, el deterioro de la capa de ozono, la contaminación de la atmósfera, la generación del efecto invernadero, como resultado de su modelo de “desarrollo” y sus patrones de producción y consumo.

Martínez (2004: 121) señala que:

La deuda ecológica es la deuda acumulada por los países del Norte con los países del Sur por dos razones: en primer lugar, las exportaciones de productos primarios a precios muy bajos… lo que incluye los daños ambientales en el lugar de la extracción y del procesamiento y la contaminación a escala global; y en segundo lugar por la ocupación gratuita o muy barata del espacio ambiental -atmósfera, agua, tierra- al depositar los residuos del proceso productivo.

Asimismo, Balanyá y Ortega (2005: 20) señalan que:

La deuda ecológica se origina en la época colonial y se ha incrementado hasta la actualidad por medio de distintos mecanismos, entre los cuales se encuentran: Los pasivos ambientales... es la deuda adquirida por la extracción de recursos naturales, como petróleo, minerales, recursos forestales, marinos y genéticos para una exportación mal pagada que no considera los impactos ambientales y sociales que causa su explotación, y que además deteriora la base para el desarrollo de los pueblos afectados […]

Por otro lado, Azamar y Ponce (2014) mencionan que la deuda externa de los países latinoamericanos ya ha sido pagada, no solamente en términos económicos por efecto de la enorme cantidad de intereses sufragados que supera ampliamente la deuda original; también en términos de intercambio comercial por el amplio beneficio económico obtenido por los países desarrollados, quienes han especulado con los precios de estos bienes para beneficiarse en el proceso de compra-venta⁸. Estas dos últimas particularidades son independientes del incremento de la deuda externa en Latinoamérica, ya que forman parte de la lógica de mercado y no pueden contabilizarse o considerarse en la reducción de la deuda. En el mejor de los casos esto se puede denominar: usura.

En la década de los ochenta se presentaron dos hechos trascendentales que en conjunto han fomentado el actual crecimiento de la explotación ambiental: 1) se incrementó la tasa de interés por concepto de deuda externa⁹; 2) se presentó un descenso notable en los precios de las materias primas¹⁰ y en los hidrocarburos (en los últimos dos años). Este contexto favoreció la entrada de la IED¹¹ ya que fue vista como una alternativa para cubrir el déficit presupuestario del Estado debido a las elevadas obligaciones fiscales que se tenían con el exterior.

En la gráfica 1 se observa que los niveles de deuda externa han tenido un comportamiento irregular, pero con una tendencia creciente durante todo el periodo estudiado, mientras que la conducta de la IED no ha sido tan clara ya que hasta 1994 este indicador fue casi estacionario, variando mínimamente; sin embargo, para los tres años siguientes incrementó en promedio 18 mil millones por año. A partir de ese momento la IED ha tenido caídas estrepitosas, pero con una recuperación casi inmediata que en 2014 que colocó a la IED en 140 mil millones de dólares para toda la región.

Los comportamientos anteriores se explican, en parte, por el cambio estructural que se dio en América Latina a inicios de la década de los ochenta, debido a que la severa crisis de esos años se manifestó en la falta de interés por invertir en la región; asimismo, a la zona le era imposible pagar las obligaciones crediticias que ya tenía y por ello no accedió a créditos internacionales, por lo que su nivel de deuda no se incrementó durante ese periodo.

A partir de la década de los noventa se realizaron acuerdos entre los países latinoamericanos y Estados Unidos (EUA) para favorecer la liberalización de sus recursos naturales, generando con ello grandes flujos de IED destinados a la explotación de estos bienes.

Finalmente, durante la primera década del siglo XXI, las crisis financieras en EUA dieron inicio al súper ciclo del valor de los minerales, lo que condujo a un notable crecimiento en el desarrollo de proyectos extractivos con capital extranjero y local en Latinoamérica.

De modo que las condiciones adversas para las economías en vías de desarrollo han facilitado las concesiones y la extracción de los recursos naturales a empresas transnacionales y translatinas. Por lo que, bajo estos mismos términos, el impacto de la deuda externa, la sobreexplotación ambiental y otros comportamientos de apropiación de los bienes naturales tienen graves consecuencias de largo plazo¹² que son minimizadas cuando se comparan con las ganancias inmediatas.  

Por otra parte, la realización de proyectos extractivos en regiones subdesarrolladas también obedece a la alta demanda internacional de bienes primarios de los países emergentes y de las naciones desarrolladas, dicha demanda depende de la violencia económica ejercida en contra de las naciones subdesarrolladas, misma que se da en forma de excesivos niveles de interés en la deuda contraída, o por medio de condiciones abusivas para acceder a préstamos¹³.

De tal forma que, ante tal exigencia y presión, los países del sur facilitan a entes privados numerosas concesiones para la explotación de sus recursos a través de un sistema normativo laxo, que genera un ciclo de apropiación, despojo y producción en el que los países del norte aprovechan los bienes que se obtienen por la explotación ambiental para proporcionarles valor agregado y comercializarlos internacionalmente.

II. La deuda externa y su relación con la deuda ecológica en América Latina

La debilidad estructural de los países de América Latina, junto con la deuda financiera que arrastran desde la crisis de 1982, ha llevado a los gobiernos de estas naciones a adquirir mayores préstamos internacionales para intentar mantener una economía competitiva.

Los actuales niveles de deuda económica que se presentan en la región derivan de los convenios emitidos con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) y los Programas de Ajuste Estructural (PAE), promotores de las reformas económicas neoliberales acordadas en el Consenso de Washington, las cuales resultaron adecuadas para propiciar la apropiación de los recursos naturales¹⁴ por parte de los países desarrollados en un marco de apertura económica.

En este sentido, el inconveniente principal es que los acuerdos y programas emitidos desde el FMI, el BM y los PAE no han contribuido a solventar los problemas económicos de la región en el largo plazo ni tampoco han ayudado a disminuir su deuda (véase gráfica 1) (Russi, et al., 2003; Stiglitz, 2002). Por el contrario, las reformas impulsadas en Latinoamérica por el FMI, entre los años ochenta y noventa, generaron desempleo¹⁵ y una crisis económica permanente¹⁶ cuya mayor expresión se ha dado en la inequitativa distribución del ingreso y el crecimiento exacerbado de la población en pobreza extrema (Falconí y León, 2002; Gangas, 2003).

El cumplimiento cabal de las reformas por parte de la mayoría de los países de la región no superó los problemas económicos, tampoco disminuyó la deuda externa¹⁷, ni mejoró las condiciones de eficiencia técnica y sólo llevó a las economías a fortalecer las políticas de apertura para la IED, dirigida al desarrollo productivo regional.

En la gráfica 2 se observa una relación directamente proporcional entre el comportamiento de las exportaciones de los bienes primarios de la región y la deuda externa. La cantidad de exportaciones de estos bienes en Latinoamérica disminuyó gradualmente de 1990 a 1998, el promedio durante este periodo fue de 38,05%, dicha situación se relaciona con el impulso económico que se manifestó en el sector servicios, principalmente por la privatización del sector bancario en varias partes de la región.

De 1998 a 2004, los bienes manufacturados dominaron las exportaciones regionales, con 58,5% y 53,4% y al mismo tiempo se presentó un comportamiento constante en la deuda externa. Sin embargo, en el 2005 las materias primas nuevamente cobran importancia en la región -principalmente son impulsadas por el crecimiento de los precios del petróleo debido a los conflictos internacionales que se presentaron-, y de forma paralela la deuda externa se incrementó en 88%, de 2005 a 2013.

Cabe resaltar que la participación de los bienes primarios en el total de las exportaciones en el año 2013 fue de 60,4%, muy similar a la que se tuvo durante la década de los noventa (67%); es decir, la política de desarrollo comercial en algunos países de Latinoamérica responde ante estímulos tan volátiles como la variación en el precio de los bienes primarios, sin que ello tenga una repercusión positiva, como lo demuestra el hecho de que en el periodo de 2006 a 2013 la deuda externa volvió a crecer de manera notable en paralelo al incremento del precio de las materias primas.

Con base en lo anterior, se puede considerar que la deuda externa tiene el objetivo de crear un puente de explotación ambiental ininterrumpido hacia Latinoamérica, pero que dicha explotación no considera los niveles máximos de aprovechamiento que la región puede sostener, ya que el pago de los intereses de la deuda crecerá más rápido que el aprovechamiento que se obtenga sobre los bienes naturales.

Al respecto, Svampa (2013: 31) citando a Machado (2012) comenta:

Es interesante observar cómo, a escala mundial, «la geografía de la extracción es muy diferente a la geografía del consumo». Por ejemplo, América Latina produce 26,2% de la bauxita en el mundo, pero solo consume 2,9%; en cuanto al cobre, produce 45,1% y consume 6,1%; respecto del oro, produce 15,2% del total mundial y consume 3%.

III. IED y extractivismo en Latinoamérica, otro factor de la deuda ecológica

La IED es el elemento central que explica los niveles de la actividad extractiva en Latinoamérica¹⁸ en las últimas décadas, ya que, aunque no haya sido demostrado de forma clara¹⁹, se considera que tiene una relación directa con el fortalecimiento de las capacidades productivas y económicas en las naciones que la promueven. 

La IED es necesaria para asegurar un compromiso de los países que se dedican a actividades extractivas con las naciones desarrolladas y para garantizarles a estos últimos una provisión de bienes primarios para nutrir su industria (Gudynas, 2009). En cambio, a los primeros, se les vende como un proceso necesario para salir de sus problemas económicos y, en algunos casos se menciona que es para dejar atrás la pobreza; por lo que se legitima la extracción intensiva a través de la promoción de la IED y se crea una competencia dentro de la región, lo que empeora la capacidad de los países para limitar el daño que generan las actividades extractivas. En este sentido, si la deuda ecológica es originalmente producto de un despojo colonialista -el cual es imposible de replicar actualmente-, se puede considerar a la IED (destinada a la explotación ambiental) como una nueva forma de colonización orientada al despojo y al aprovechamiento de los recursos naturales para el beneficio de las naciones desarrolladas.

El problema es que no se repara el daño producido, ni tampoco se estimula la actividad productiva local; en cambio, se genera un intercambio desigual que no logra crear una diversificación adecuada en el aparato productivo de los países de América Latina, acentuando la dependencia a los recursos naturales. Por otro lado, la capacidad comercial de exportación de los bienes primarios en la región crece notablemente²⁰; sin embargo, esto no se refleja en el beneficio de los países, debido a que únicamente se fortalecen casos puntuales²¹ en los que la presencia extranjera es predominante (Cypher, 2009).

De acuerdo con la CEPAL (2012) -a pesar del incremento de la IED-, desde el 1991 hasta la actualidad, el crecimiento del PIB regional no supera el 3% en promedio y el del PIB per cápita es inferior al 2,5%²², por lo que resulta paradójico considerar a la IED como promotora del crecimiento económico debido a los resultados presentados en Latinoamérica²³.

Respecto a lo señalado, la falta del impulso en Latinoamérica se debe a la orientación de la IED, dificultando el desarrollo de la industria ya que se favorece la explotación de los recursos naturales.

La gráfica 3 muestra cómo Latinoamérica ha manifestado una tendencia hacia las actividades de explotación ambiental durante el siglo XXI. El porcentaje dirigido a estas actividades se ha incrementado de 29% del total de IED a 35% durante el periodo 2003-2007. Por otro lado, la inversión internacional disminuyó su participación en el sector manufacturero en 11% durante este mismo periodo, mientras que el sector servicios ha crecido, aunque a un ritmo menor que el de los recursos naturales. Estas tendencias revelan la dificultad de la región para mejorar su capacidad productiva manufacturera, diversificar las inversiones e intentar sobrepasar la alta dependencia de explotación de bienes ambientales.

Lo anterior muestra que la IED que ingresa a Latinoamérica se ha reorientado en los últimos años hacia actividades relacionadas con la extracción de materias primas y recursos naturales, profundizando en los saldos de la deuda ecológica, ya que los países desarrollados en alianza con las políticas económicas de las naciones periféricas se ocupan de promover las actividades de aprovechamiento ambiental que canalizan, vía comercio internacional, la salida de los recursos sin preocuparse por resarcir los daños ambientales. 

Al respecto, Machado (2012) señala que la inserción de Latinoamérica en el comercio internacional responde específicamente a la rentabilidad que podría proporcionar la región como recurso aprovechable y al mismo tiempo como medio para la expansión del mercado de materias primas, el cual se centralizaba en Europa durante la década de los setenta. Es una lógica colonialista por parte de los países desarrollados que aprovecha los bienes naturales de otras regiones y también la mano de obra barata. Es decir, además del aprovechamiento extractivo hay un control productivo de los bienes naturales, obligando a los productores únicamente al comercio sin transformación alguna.

IV. El retroceso de las economías latinoamericanas, crisis y deuda ecológica

La deuda ecológica define la responsabilidad adquirida de los países del norte por actividades productivas realizadas en el sur sin una retribución adecuada por los beneficios económicos obtenidos, de modo que, si se lograra puntualizar este compromiso, el siguiente paso sería compensar los daños²⁴.

Sin embargo, es prácticamente imposible valorizar el daño ecológico en Latinoamérica que deriva de las actividades extractivas realizadas desde la colonia, por lo que es complejo generar entre las naciones del centro una conciencia de reconocimiento, ya que no existe un respaldo adecuado y eficaz para demostrar el perjuicio en términos económicos (Barcena y Lago, 2009).

En este sentido, un seguimiento estricto de la deuda ecológica permitiría identificar los impactos económicos-ambientales más actuales, pero aún así no se tienen métodos precisos para comprobar una relación entre el extractivismo anterior a los tratados de libre comercio modernos y los problemas ecológicos actuales²⁵, ya que deben considerarse las características de los acuerdos comerciales vigentes y anteriores entre las naciones del norte y del sur.

De modo que existe una dificultad para que mediante la vía de una amortización a la deuda ecológica, los países latinoamericanos puedan mejorar la situación actual de endeudamiento en la que se encuentran. Consecuente con lo anterior, el escenario que se vislumbra para la economía de la región es complejo, ya que debido a las secuelas de la crisis del 2008 se empiezan a observar los límites en el crecimiento de los precios de los bienes primarios y, con ello, el peligro de depender de este tipo de actividades productivas y comerciales para América Latina.

¿Qué significa esto? De acuerdo con Gudynas (2009), representa “una crisis del modelo extractivista de desarrollo. No es sólo una cuestión del acceso al crédito internacional o los problemas para colocar exportaciones, sino que se tambalean los mecanismos esenciales que sostenían un desarrollo enfocado en extraer recursos naturales y venderlos a los mercados globales”.

La apuesta a la profundización de una estrategia económica extractivista en diversos países de América Latina los pone ahora en una situación compleja donde la caída de los precios de los bienes primarios (petróleo, plata, gas natural, hierro y cobre, entre otros), los lleva a una encrucijada, ya que las empresas trasnacionales aprovechan esa situación de crisis para continuar en condiciones más favorables con un proceso extractivista más profundo en términos de volumen, que de cualquier forma no resuelve la situación económica de estos países.

A medida que avanzan los problemas económicos en América Latina, aumenta la competencia por las exportaciones y la atracción de capitales internacionales. Consecuentemente los gobiernos recrudecerán sus resistencias a elevar las exigencias y la fiscalización ambiental, en tanto es concebida como una traba a las inversiones. Hay varios ejemplos en marcha: en Brasil se intenta reducir las exigencias de protección en la Amazonia, mientras que en Argentina la presidenta Cristina Fernández de Kirchner acaba de vetar una ley que impediría la minería en los glaciares de los Andes. (Gudynas, 2009)

La dificultad de que se cubra financiera y ambientalmente el daño ecológico y la extracción histórica de recursos naturales a los países de Latinoamérica, sumado a las restricciones que les impone el pago de la deuda externa y en los últimos años la contracción de los mercados internacionales, los deja mucho más vulnerables frente a la avidez de las empresas trasnacionales enfocadas a la extracción de recursos primarios en un escenario en el cual se requiere atender a las prioridades económicas y se carece de un modelo alternativo a la extracción y dependencia de productos primarios.

La deuda ecológica es una respuesta al problema ambiental generado por la actividad extractiva, la cual es emprendida por empresas transnacionales y translatinas; pero también se ha convertido en un problema que deriva de la flexibilidad y promoción en el desarrollo de dichas actividades a través de las políticas económicas implementadas por los gobiernos en los países más afectados por la crisis económica global. En este sentido, los intereses que incrementan la existencia de la deuda ecológica responden más a una cuestión de índole privada.

Conclusiones

Las políticas económicas aplicadas en América Latina desde finales de los años noventa del siglo pasado han favorecido la actividad extractiva regional reprimarizando el comercio local, ya que mantienen el 60% en el total del flujo comercial latinoamericano y en el mundo contribuyen con el 15% del total de los recursos naturales.

La región se ha convertido en un espacio territorial susceptible de ser explotado ambientalmente, sin recibir grandes beneficios económicos que compensen la situación, por lo que el concepto de deuda ecológica es trascendental en este escenario.

Se debe reconocer la importancia de la deuda monetaria ya que obliga a la región latinoamericana a optar por la adopción de políticas económicas que no favorecen el desarrollo social y ambiental, pero sí facilitan la explotación y exportación de sus bienes naturales.  

La relevancia de reconocer el daño causado a los países en desarrollo por una explotación ambiental desmedida y por un excesivo esquema de pago de deuda financiera externa que se sostiene con las naciones desarrolladas es algo fundamental para alcanzar un equilibrio mundial, no sólo en términos económicos, sino también ambientales y sociales.

La actividad extractiva que históricamente se ha manifestado en la región latinoamericana se profundiza con el actual escenario de crisis, que para algunos autores es también una crisis del modelo extractivista, pero no porque éste se haya agotado, sino porque se presenta una tendencia a profundizar la explotación ambiental para resarcir el efecto que generan la caída de los precios y la contracción de los mercados.

Bibliografía

• Acción Ecológica (2006). Sembrando Desiertos. La deuda social y ecológica generada por el endeudamiento externo en el Proyecto de Propósito Múltiple. Jaime Roldós Aguilera. Acción Ecológica, Quito. 
• Azamar Alonso, A. y Ponce. J (2014). “Inconvenientes del extractivismo como motor de Desarrollo en Latinoamérica”. 4to Congreso Nacional de Ciencias Sociales: La construcción del Futuro, Universidad San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Memorias, ISBN: 978-607-8240-45-6. 
• Balanyá, B. y Ortega M.  (2005). La deuda ecológica española: impactos ecológicos y sociales de la economía española en el extranjero. Brenes: Muñoz Moya Editores Extremeños. España. 
• Barcena, I. y Lago R. (2009). Energía y Deuda Ecológica: Transnacionales, cambio climático y alternativas. Icaria, Barcelona. 
• ________ (2010). “Ecological Debt: An Integrating Concept for Socio-Environmental Change”. The International Handbook of Environmental Sociology. Reino Unido. 
• Bergoglio, J. M. (Papa Francisco) (2015). Carta Encíclica Laudato SI´ del santo padre Francisco sobre el cuidado de la casa común. Roma. 
• Cardoso, V. (2014). Alcanza cifra récord el pago de intereses por deuda externa. La jornada, 7 de enero, 2014, Pp. 19. Disponible en: Link 
• Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) (2010). La inversión extranjera en Latinoamérica y el Caribe 2009. CEPAL, Santiago de Chile. 
• _________ (2014). La Inversión Extranjera Directa en Latinoamérica y el Caribe, informe 2013. CEPAL, Santiago de Chile. 
• Cypher, J. M. (2009). “¿Vuelta al siglo XIX? El auge de las materias primas y el proceso de "primarización"”. América Latina Foro Internacional, Vol. XLIX, No. 1, México, pp. 119-162. 
• Donoso, A. (2000). "Ecological Debt: South Tells North Time to pay up". Acción Ecológica, Quito. 
• FAO, et al. (2011). Price volatility in food and agricultural markets: Policy responses, report. FAO, Estados Unidos. 
• Galasso, N. (2002). De la banca Baring al FMI: historia de la deuda externa Argentina. Ediciones Colihue, Argentina. 
• Gudynas, E. (2009). “Diez tesis urgentes sobre el nuevo extractivismo. Contextos y demandas bajo el progresismo sudamericano actual”. Extractivismo, política y sociedad. Quito: CAAP (Centro Andino de Acción Popular) y CLAES (Centro Latino Americano de Ecología Social). Quito, Pp. 187-225. 
• Hanson, G. H. (2005). Does Foreign Direct Investment Promote Development? Institute International Economics/Center for Global Development, Washington D. C.  
• Heinrich-Böll-Stiftung (2015). Hechos y cifras. Extractivismo en América Latina. Fundación Heinrich-Böll-Stiftung, Alemania. 
• Machado-Aráoz H. (2012). Naturaleza mineral. Una ecología política del colonialismo moderno. Tesis de doctorado, Facultad de Humanidades, Universidad Nacional de Catamarca, Argentina. 
• Martínez A. (2004). El ecologismo de los pobres. Conflictos ambientales y lenguajes de valoración. Icaria-Flacso. Barcelona. 
• Observatorio Laboral de Centroamérica y República Dominicana. (2008). Características de las microempresas y sus necesidades de formación en Centroamérica y República Dominicana. Editorama, San José. 
• Ruggiero, G. (1999). Latin American Debt Crisis: What Where It's Causes And Is It Over? Estudio independiente. Disponible en: Link [consultado 24/06/2015] 
• Russi, Daniela; Puig Ventosa, Ignasi; Ramos Martín, Jesús; Ortega Cerda, Miguel y Paula Ungar (2003). Deuda Ecológica ¿Quién debe a quién? Ed. Icaria, España. 
• Sánchez-Ancochea, D. (2009). “El modelo económico en América Latina desde los años noventa hasta la Gran Crisis”. CIDOB d’AfersInternacionals, No. 85-86, pp. 133-155, Francia. 
• Schatan, J. (1999). Deuda externa y neoliberalismo: el saqueo de Latinoamérica. Fundación CENDA, Chile. 
• Slipak, A. M. (2013). “¿De qué hablamos cuando hablamos de reprimarización? Un aporte al debate sobre la discusión del modelo de desarrollo”. VI Jornadas de Economía Crítica. Debates actuales sobre el Estado y los procesos sociales latinoamericanos, Argentina. 
• Svampa, M. (2013). “Consenso de los Commodities y lenguajes de valoración en América Latina”. Nueva Sociedad, No. 244, Pp. 30-46, Venezuela. 
• Toussaint, E. (2006). Banco Mundial. El golpe de Estado permanente. El viejo topo, España. 
• World Bank. (2011). Global economic prospects. World Bank, Estados Unidos. 
• WWF. (2010). Planeta Vivo, Informe 2010. WWF. España.

Mesografía

• CEPALSTAT, base de datos, disponible en: Link [Consultado el 20/06/2015] 
• Global Footprint Network, base de datos, disponible en: Link [Consultada el 20/06/2015]

Notas

1.     Doctora en Economía Internacional y Desarrollo, Universidad Complutense de Madrid, España. Profesora–Investigadora del Departamento de Producción Económica. Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Ciudad de México, México. Correo electrónico: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Identificación Orcid: orcid.org/0000-0002-7915-7611

2.           Doctora en Economía, Universidad de Barcelona, España. Profesora–Investigadora del Departamento de Producción Económica. Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Ciudad de México, México. Correo electrónico: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Identificación Orcid: orcid.org/0000-0001-8969-5096

3.       Al respecto, Heinrich-Böll-Stiftung (2015) señala que en 1990 el porcentaje de los bienes primarios en el total de las exportaciones de Latinoamérica era del 68%, en 2000 se redujeron hasta 40% y en 2010 se incrementaron nuevamente a 60%.

4.       De acuerdo con el informe “Evaluaciones sobre el desempeño ambiental: México 2013” de la OCDE (2013), se estimó que para el año 2000 el costo por degradación ambiental y agotamiento de los recursos naturales fue del 10%, mientras que en el año 2010 se calculó en 7%.

5.                   De acuerdo con Martínez et al. (2015), el pago de la deuda externa representó para México el 15% del total del PIB en 2011, a pesar de que en años anteriores el porcentaje es menor, la tendencia es creciente año con año. Por otra parte, Cardoso (2014) señala que el incremento de interés por concepto del pago de la deuda externa pública y privada fue de 14% entre 2012 y 2013, generando desbalance en la cuenta corriente.

6.          Si bien el extractivismo es una actividad en gran parte de Latinoamérica debido a la reprimarización de las economías más importantes como Brasil, Argentina, y en los países con grandes reservas mineras como Perú, Bolivia, Ecuador y Venezuela; dicha actividad no puede generalizarse para toda la región, debido a que las naciones centroamericanas aún mantienen como principales actividades productivas las enfocadas al comercio y al sector servicios (Observatorio Laboral de Centroamérica y República Dominicana, 2008).

7.                   En la cumbre de la Tierra ECO 92 es (2002: 253) que se utiliza por primera vez el término de “Deuda Ecológica” proporcionándole la siguiente definición: “El Norte posee una deuda ecológica con el planeta, constituida fundamentalmente por relaciones económicas y comerciales basadas en la explotación indiscriminada de los recursos, y que debe hacerse responsable de las consecuencias ecológicas y del deterioro global del medio ambiente que resultan de dicha explotación”, caracterizándola e identificándola de la siguiente forma: “Este modelo de desarrollo impuesto garantiza la destrucción acelerada de la naturaleza y la marginación de importantes sectores de la población del Tercer Mundo.” Es pertinente aclarar que la definición no ha variado en su carga crítica, más bien se ha ido completado a lo largo del tiempo.

8.                  De acuerdo con el informe de McKinsey Global Institute (MGI) (2013: 11) “En el informe Global Economic Prospects de junio del 2011 el Banco Mundial dijo que la evidencia empírica que vincula los fondos de inversión y los precios de las commodity es <en el mejor de los casos, débil> (World Bank, 2011). Sin embargo, el Instituto para la Agricultura y la Política de Intercambio argumenta que la especulación tiene una fuerte influencia en los precios de los alimentos (IATP, 2008). Más recientemente un importante estudio interinstitucional sobre la volatilidad de los precios agrícolas encontró que la inversión financiera en commodities puede contribuir a incrementar la correlación entre el precio de los bienes petroquímicos y los no petroquímicos y esto puede tener un impacto en la volatilidad de los precios agrícolas (FAO, 2011)”. Traducción realizada por las autoras.

9.            En 1982, la Banca Internacional incrementó -sin aviso alguno-, los intereses que se pagaban por concepto de deuda externa, pasando de 6 a 20% (Donoso, 2000).

10.             A partir de 1982 comienza una drástica disminución de los precios del petróleo, lo que responde principalmente a la recesión de las economías desarrolladas durante la década anterior y a la disminución en el consumo de los bienes energéticos debido a sus altos costos (Colmenares, 2008). De acuerdo con el informe de MGI (2013), se estima que entre 1980 y 1990 la caída de los precios de los hidrocarburos fue del 32%, tendencia que se mantuvo hasta la década de los noventa.

11.          Mejía (2005) señala que el incremento del ingreso de la IED en México en el periodo de 1980 a 1994 osciló entre 2,500 millones de dólares hasta 11 mil millones de dólares.

12.            Actualmente se ha presentado una tendencia alarmante entre los gobiernos de las naciones desarrolladas, particularmente en Estados Unidos, para lanzar ofensivas armadas o comerciales a países con posesiones de recursos primarios, sobre todo hidrocarburos, sin considerar los efectos negativos por la falta de inversión en problemas ambientales tan graves como el incremento de la desertificación como efecto colateral de dichas medidas (Salinas y Gasca, 2009).

13.              Para el caso de México y de acuerdo con Ceceña (2001: 45), que cita a Gurria (2000) sobre la deuda económica contratada en el periodo del ex presidente Ernesto Zedillo, comenta lo siguiente: “El gobierno de México solicitó ayer al FMI la entrega de recursos por 211 millones de dólares, que forman parte del llamado blindaje financiero acordado en julio de 1999. A cambio de recibir el dinero, que será empleado para pagar deuda pública, la administración de Zedillo se compromete ante el organismo a concretar este año privatizaciones con valor de 37 mil millones de pesos”.

14.           Al respecto Acosta (2009: 93) menciona lo siguiente: “El Banco Mundial, gran propulsor del Consenso de Washington, trabajaba activamente para abrir los países de la región a la inversión minera. Entre los años 1993 y 2001 financiaron 27 grandes proyectos mineros por cerca de 790 millones de dólares. A más de estos créditos y otros de asistencia técnica, el aporte sustancial del Banco Mundial […] fue introducir reformas en los marcos legales e institucionales del sector público, en general, y minero, en particular”.

15.       De acuerdo con datos de CEPALSTAT, desde 1990 hasta 2003 el desempleo en la región creció desde el 7,5% hasta el 11,2%. 

16.               De acuerdo con Sánchez (2009), la región se ha vuelto sumamente sensible a las variaciones económicas regionales debido al nuevo rol asumido de exportadores de bienes primarios y manufacturas con poco valor agregado.

17.            La deuda externa pasó de 325 mil millones de dólares en 1990 hasta 766 mil millones de dólares en 1999.

18.           Acosta (2009) menciona que a pesar de los problemas económicos en Latinoamérica durante la década de los ochenta, las reformas impulsadas por el Consenso de Washington sirvieron para apuntalar una tendencia de apertura en la que el principal supuesto fue que los países subdesarrollados se verían favorecidos por el incremento en el ingreso de capitales extranjeros que invirtieran en las actividades productivas.

19.     Al respecto, Aguilera (1998) señala que la teoría del crecimiento endógeno establece que la IED tiene consecuencias naturales de su ejecución, además beneficios directos sobre el aparato productivo de las naciones donde se aplique. Es decir, la inclusión de nuevas técnicas y procesos de desarrollo en las industrias a partir de la inversión, generará nuevos modelos de producción que se extenderán entre el grueso de las empresas, lo que también suscitará nuevo conocimiento y otras formas más avanzadas de producción. Por otra parte, Hanson (2005) considera que la evidencia empírica es insuficiente para efectuar un análisis de la situación, por lo que se debería mantener una posición neutral al respecto.

20.          De acuerdo con Azamar y Ponce (2014), desde 1980 hasta 2014 se ha pasado de 49 mil millones de toneladas de materias primas hasta 120 mil millones de toneladas.

21.       Al respecto Dussel (2010: 27), considera que: El análisis de la experiencia de la IED de entrada en Latinoamérica y el Caribe ha ayudado a definir los beneficios y costos concretos de la IED de entrada dependiendo de las distintas estrategias corporativas que le motivan [...]. En la región hay ejemplos tanto de beneficios y costos [...]. Tres ejemplos representativos de las áreas con mayores problemas en la región son los de la IED buscadora de mercados en los sectores eléctrico y de gas en el Cono Sur, la IED buscadora de eficiencia en la industria automotriz en México y la IED buscadora de eficiencia en la industria textil de la Cuenca del Caribe.

22.            Existen incidencias particulares como el caso de México, donde se han presentado algunos de los niveles más bajos de crecimiento en la región.

23.      El aprovechamiento de la IED es contrastante con la que se ha presentado en la región asiática, ya que mientras en dicha región se dio un impulso a la capacidad productiva manufacturera para incrementar los beneficios económicos y el desarrollo, obteniendo como resultado un desplazamiento hacia el tipo de economía industrial; en Latinoamérica el cambio en el modelo económico incrementó la producción de bienes ligados a los sectores primarios con poco o nulo procesamiento industrial, dando como resultado un modelo económico primario exportador (CEPAL, 2010).

24.      Una de las finalidades de la deuda ecológica es lograr que se reconozca el daño pasivo y activo que han provocado los países desarrollados en las naciones subdesarrolladas con sus actividades productivas. De lograrse dicha situación, se exigiría a continuación el desconocimiento de los elevados pagos por intereses de la deuda externa que sufren la mayoría de estos países, como el pago por los daños generados.

25.           Actualmente es posible calcular los impactos económicos derivados de las actividades productivas, esto se puede hacer por medio de las cuentas ambientales y otros métodos para el cálculo de los niveles de explotación permisibles. Al analizar dichos datos se observa de forma más desagregada en actividades o sectores productivos cuáles son los que generan mayores daños ambientales por lo que se pueden señalar con exactitud los sectores y la cantidad de inversión pública y privada que lo componen. 

Para citar este artículo: Azamar-Alonso, A. & Carrillo-González, G. (2017). Extractivismo y deuda ecológica en América Latina. Revista Luna Azul, 45, 400-418. DOI: 10.17151/luaz.2017.45.20