RECONOCIMIENTO DE ACTORES, CAUSAS Y ACCIONES FRENTE AL PROBLEMA DE REMOCIÓN EN MASA EN EL TRANSEPTO VIAL MALTERÍA – LAS MARGARITAS, MANIZALES-CALDAS
Marcela Patiño Murillo , MVZ., MSc.1 Gabriel Cruz Cerón , IA,MSc, PhD.2
Recibido 11 julio de 2016, aprobado 31 de octubre de 2017, actualizado el 21 de diciembre de 2017
DOI: 10.17151/luaz.2018.46.13
Resumen
Los fenómenos de erosión y remoción en masa son frecuentes en la región andina colombiana, particularmente en el municipio de Manizales, con consecuencias económicas, de habitabilidad y de seguridad en el territorio. Estos fenómenos son multicausales y la importancia de sus impactos en el transepto vial Maltería – Las Margaritas, zona tradicionalmente ganadera, requiere de un análisis integral. El presente estudio tiene como objetivos centrales: reconocer los diferentes actores (productores e instituciones), las causas y las acciones frente al problema de remoción masal en la zona del transepto vial Maltería - Las Margaritas. En el estudio se realizó un acercamiento de tipo exploratorio, con elementos tanto cuantitativos como cualitativos, para lo cual en el año 2012 se aplicaron doce encuestas a productores y nueve entrevistas a funcionarios de instituciones (públicas y privadas) relacionados con la zona. Los resultados evidenciaron que el conocimiento de las causas de la problemática varía según los actores, que las acciones que se están llevando a cabo en la zona son disímiles, a diferentes escalas y con potencialidad de articulación. Se sugiere considerar estas evidencias para desarrollar lineamientos futuros e iniciativas de extensión rural encaminadas al manejo adecuado del problema de remoción masal persistente en la zona.
Palabras clave: erosión, remoción masal, ganadería, instituciones.
RECOGNITION OF ACTORS, CAUSES AND ACTIONS AGAINST THE PROBLEM OF MASS REMOVAL IN THE MALTERÍA - LAS MARGARITAS ROAD TRANSECT LINE, MANIZALES-CALDAS.
Abstract
The phenomena of erosion and mass removal are frequent in the Colombian Andean region, particularly in the municipality of Manizales with economic, habitability and security consequences in the territory. These phenomena are multicausal and the importance of their impact in the road transect line Malteria - Las Margaritas, a traditionally livestock area, requires a comprehensive analysis. The main objective of this study is to recognize the different actors (producers and institutions), causes and actions facing the problem of mass removal in the Malteria - Las Margaritas road transect line. An exploratory approach was carried out in the study, with both quantitative and qualitative elements, for which twelve surveys were applied to producers and nine interviews were carried out with officials from public and private institutions related to the area in 2012. The results showed that the knowledge of the causes of the problem varies according to the actors, that the actions that are being carried out in the area are dissimilar, at different scales and with potential for articulation. It is suggested to consider these evidences to develop future guidelines and rural extension initiatives aimed at the adequate management of the persistent problem of mass removal in the area.
Key words: erosion, mass removal, livestock, institutions.
Introducción
La degradación del suelo es un proceso físico, sin embargo, entre sus causas resaltables están los factores socioeconómicos y el entorno político-cultural en el que los usuarios de las tierras operan (Stocking & Murnaghan, 2001). Centrar exclusivamente el estudio de la erosión en los procesos físicos ofrece sólo una explicación parcial de las causas de la misma. Estos procesos están influenciados por los agricultores y ganaderos que actúan y determinan prácticas de manejo que responden a factores socioeconómicos y tecnológicos (Boardman, Poesen & Evans, 2003).
Se reconoce que los movimientos en masa, definidos como movimientos de una masa de roca, escombros o suelo a lo largo de una ladera (Cruden, 1991), tienen causas de diversa naturaleza (Sidle, 2013), son detonados por factores tanto naturales como antrópicos, y ocasionan daños importantes en lugares de altas pendientes (Ramos, Trujillo-Vela & Prada, 2015). Estos procesos han sido y aún son una problemática considerable en la región andina colombiana y especialmente en el departamento de Caldas (IGAC, 2016).
El municipio de Manizales debido a su vulnerabilidad climática y geológica (Duque, 2011) se ve afectado con frecuencia, tanto en la zona urbana como en la rural, por fenómenos de erosión y movimientos en masa que inciden en la economía, la habitabilidad y la seguridad de los actores del territorio (Duque, 2011; Salazar & Hincapié, 2006). Esta situación es particularmente evidente en el transepto vial Maltería – Las Margaritas (Foto 1), zona tradicionalmente ganadera de la vertiente derecha del río Chinchiná, en la vía que comunica a Manizales con el Magdalena y la capital del país.
A pesar de la literatura que existe sobre los riesgos, causas e impactos de la erosión del suelo y la remoción en masa (Salazar & Hincapié, 2006; Hincapié & Ramírez, 2010; Mergili, Marchant & Moreiras, 2015), y de la responsabilidad de la actividad ganadera en estos procesos (Murgueitio, 2003; Steinfeld et al., 2006), no existe un entendimiento concreto de este complejo problema. Algunos estudios lo han abordado con el fin de comprender las interrelaciones entre la presión demográfica, la pobreza, las dinámicas del medio ambiente y el sistema institucional (Ananda & Herath, 2003).
Foto 1. Panorámica de remoción en masa en predio La Paz. Fuente: Morales et al. (2014).
Identificar el conocimiento que tienen diferentes actores relacionados con el proceso de remoción masal en la zona del transepto vial Maltería - Las Margaritas se considera determinante para la presentación de alternativas y propuestas educativas, en pro de la solución de la problemática. Según Fernández y Lutz (2003), la comprensión de los factores que intervienen en los procesos de remoción en masa es de fundamental importancia para una correcta planificación territorial. Las acciones de planeación, administración y control del ambiente están basadas en el conocimiento del fenómeno bajo evaluación (Cataldo & Rinaldi, 2010).
La identificación de los actores, las causas y las acciones en la zona, relacionados con la problemática de remoción en masa servirán de aporte no sólo para la planeación del territorio, sino también para la comprensión del sistema socio-ecológico (SSE) existente; este último definido como un sistema ecológico que está enlazado y afectado por uno o varios sistemas sociales, o sea, que el SSE representa a un subconjunto de sistemas sociales, donde algunas relaciones e interacciones que suceden entre los seres humanos, se ven afectadas por las interacciones con unidades biofísicas y biológicas no humanas (Farhad, 2012).
El presente artículo se deriva del proyecto “Evaluación integral de factores causales, efectos y alternativas de factible manejo, del problema de erosión y remoción masal de suelos en el transepto vial Maltería – Las Margaritas, vertiente derecha del río Chinchiná, vía al Magdalena”3, y sus objetivos son: 1. Reconocer actores locales e institucionales relacionados con el problema de remoción masal en el transepto Maltería – Las Margaritas; 2. Identificar el conocimiento de los actores sobre las causas que determinan el problema y 3. Reconocer las acciones actuales y futuras que estos actores realizan o pretenden realizar frente a la problemática.
Materiales y métodos
El estudio es de tipo exploratorio, con elementos cuantitativos y cualitativos. La zona de estudio corresponde a la región comprendida en el transepto vial Maltería – Las Margaritas, en el municipio de Manizales, departamento de Caldas.
Para responder a los alcances del estudio, es decir, lograr la identificación de los aspectos relacionados con los productores4 e instituciones, se consideró utilizar como fuentes de información primaria la aplicación de una encuesta a una muestra de los productores de la zona y la realización de entrevistas semi-estructuradas a funcionarios de las instituciones relacionadas con la zona. Como fuentes de información secundarias se revisaron documentos de gestión de la Corporación Autónoma Regional de Caldas -Corpocaldas- y páginas web de las instituciones involucradas.
Los productores se escogieron por muestreo intencional que involucró dos criterios: a) La representatividad del predio en cuanto a su extensión y b) La voluntad de colaboración de los propietarios para participar en el estudio. En total se involucraron doce propietarios de fincas de la zona, que sumaban una extensión en predios de 22’040.828 m2, y representaban el 45,46% del área total de la zona de estudio (Mapa 1). Los informantes claves de las instituciones fueron técnicos referidos o responsables de la acción de cada institución en la zona. De un total de once instituciones identificadas y contactadas relacionadas con la zona de estudio (Cuadro 1), en total en el estudio participaron siete, que representaron el 63,4% del total.
Cuadro 1. Instituciones contactadas y participantes en el estudio.
Para el análisis de la información de la encuesta se utilizaron herramientas de estadística descriptiva, principalmente tablas de frecuencia, y para el resumen de la información de las entrevistas se realizaron matrices analíticas.
Mapa 1. Mapa predial rural de la zona de estudio. Fuente: Morales et al. (2014).
Resultados
Perfil de los productores en la zona de estudio Entre los aspectos a resaltar de los productores de la zona transepto vial Maltería – Las Margaritas encontramos que la mayoría (66,7%) realizan como principales actividades económicas la ganadería, la agricultura o ambas actividades, son formados a nivel universitario (el 75%), el 66,7% poseen principalmente predios de medianos a grandes (entre 50 y 500 Ha) y en su mayoría los productores son hombres (91,7%).
Cuadro 2. Características de los productores de la zona transepto Maltería-Las Margaritas (Caldas).
Los tiempos como propietarios de sus predios oscilan entre 5 y 35 años, y una parte representativa (50%) son propietarios hace más de 17 años (Cuadro 2).
Causas del problema de remoción masal desde los productores Para los productores, los factores que influyen en el problema de remoción masal en la zona de estudio son en su mayoría factores físicos, como la precipitación y las características del suelo. Sólo un productor identifica su actividad económica, la ganadería, como factor relacionado con el problema de remoción masal (Cuadro 3).
Cuadro 3. Factores influyentes sobre el problema de remoción masal según los productores/propietarios.
Para la mitad de los productores que participaron en el estudio, el volumen de las pérdidas y la gravedad del problema de remoción masal en la zona son altos; además, la mayoría (58,3%) considera que este problema en cinco años evolucionará de manera creciente (Cuadro 4).
Entre las principales consecuencias que conlleva el problema de remoción masal, los productores consideran con mayor frecuencia que estás son: las pérdidas de terreno, las pérdidas de productividad y el riesgo permanente dentro de los predios (Cuadro 4). Llama la atención que algunos productores consideran que no existen consecuencias producidas por las remociones en masa.
Cuadro 4. Aspectos del problema de remoción masal según los productores/propietarios.
Acciones implementadas y alternativas a implementar por los productores Las principales acciones realizadas por los productores para el manejo de los problemas de remoción masal han sido las prácticas de revegetalización, de reforestación y las obras de conservación, estas últimas consideradas como las de mayor efectividad (Cuadro 5).
Cabe resaltar que algunos de los entrevistados han realizado cambios del uso del suelo dentro de sus predios frente al problema; sin embargo, existen productores que no han llevado a cabo ninguna acción frente al problema (Cuadro 5).
Cuadro 5. Acciones realizadas por los propietarios en predios para manejo del problema de remoción masal.
Entre algunas de las alternativas que reconocen los productores para el manejo sostenible del problema están: la reforestación, el manejo de aguas, la revegetalización y los cambios de uso del suelo (Cuadro 6).
Cuadro 6. Alternativas de manejo sostenible del problema de remoción masal según los productores-propietarios.
Comunicación de los productores, capacitaciones recibidas e intereses en capacitación Los productores de la zona tienen mayor comunicación con entidades como Corpocaldas, el Instituto Nacional de Vías -INVIAS-, y con otros productores de la zona. Otras instituciones con las que tienen comunicación son empresas como Ecopetrol y Aguas de Manizales (Cuadro 7).
Cuadro 7. Instituciones con las que establecen comunicación los productores.
Los medios de comunicación que más utilizan son: la comunicación personal, la escrita y por medio telefónico. Además, varios productores utilizan internet como medio de comunicación.
Es evidente el alto interés que tienen los productores de la zona para participar en procesos de capacitación, siendo muy variables las áreas o temáticas, entre las que se destacan: ganadería sostenible, bioingeniería, biodiversidad, prácticas de conservación y sistemas silvopastoriles (Cuadro 8).
Cuadro 8. Interés y posibles temas de capacitación por parte de los productores.
Perfil de las instituciones en la zona de estudio En la zona de estudio se reconocieron once instituciones de diferente naturaleza: públicas, privadas, mixtas, de la sociedad civil y ONG (Cuadro 9). Entre las instituciones de carácter público están: 1. La Alcaldía Municipal de Manizales a través de tres oficinas que participaron en este estudio: a. Unidad Municipal de Gestión del Riesgo, b. Secretaría de Desarrollo Social a través de la Unidad Municipal de Desarrollo Rural y c. Secretaría de Planeación a través de la Oficina de Plan de Ordenamiento Territorial -POT-; 2. Corpocaldas y 3. INVIAS.
Entre las instituciones de naturaleza mixta (relacionadas con la provisión de servicios públicos) están: 1. Aguas de Manizales y 2. La Central Hidroeléctrica de Caldas CHEC. Y entre las instituciones privadas se destacan: 1. Consorcio de la Prosperidad, 2. Sociedad Transoccidente y 3. Ecopetrol.
En el estudio se reconoció que instituciones como la Fundación FESCO, lidera la secretaría técnica del proyecto “Pactos por la Cuenca del Río Chinchiná”, y ha promovido la firma de un acuerdo de voluntades que involucra más de 20 instituciones, que incluye entes territoriales, autoridades ambientales, empresas de servicios públicos, gremios productivos y ONG nacionales e internacionales.
Causas del problema de remoción masal bajo la óptica de las instituciones Entre las causas del problema de remoción masal en la zona, los informantes claves de las instituciones tienden a no tener un consenso o mirada similar de las mismas. Para algunas instituciones las causas del problema son multidimensionales, mientras que para otras, las causas sólo son de naturaleza física o de naturaleza económica-productiva (Cuadro 10).
Cuadro 9. Instituciones relacionadas con el transepto vial Maltería – Las Margaritas. Manizales. Fuente: Elaboración propia a partir de páginas web oficiales de las instituciones.
Cuadro 10. Factores causales del problema de remoción masal desde las instituciones en la zona de estudio. Fuente: Elaboración propia a partir de este estudio.
Por ser la zona de estudio parte de una cuenca hidrográfica, una de las causas multidimensionales que se identificó por parte de las instituciones fue la falta de gobernanza sobre el agua, definido tal concepto como el conjunto de sistemas políticos, sociales, económicos y administrativos que existen para desarrollar y gestionar los recursos hídricos y la prestación de los servicios del agua en los distintos niveles de la sociedad (Rogers & Hall, 2003).
Otras de las causas identificadas tienen que ver con los sistemas de producción de la zona donde se observan elementos como: deficientes acciones de conservación por parte de propietarios, falta de productividad de las actividades agropecuarias, ampliación histórica de la frontera agropecuaria, inadecuado uso del suelo relacionado con el mal manejo de ganaderías en zonas de ladera. Casi todas las instituciones, con excepción de una, señalan que estos aspectos relacionados con los sistemas de producción, son causa del problema de remoción masal.
Bennett y Hoffmann (1992) advertían que la ganadería basada en pastoreo ha realizado el mayor cambio en los paisajes rurales hasta llegar a una escala continental y debe reconocerse como un proceso de enormes repercusiones ambientales y sociales.
Entre los aspectos legales que se identificaron como causas del problema de remoción masal en la zona se reconocen: la falta de implementación de la declaratoria de área de la reserva forestal protectora Sabinas, la falta de aplicación de incentivos para la conservación, la falta de aplicación de la exención del impuesto predial, y la no aplicación de resoluciones que podrían prevenir la problemática, como la de la ‘ronda’ de los ríos.
En cuanto a la planeación en las instituciones reconocen que la zona carece de la misma, y es evidente en aspectos como el inadecuado ordenamiento del territorio, la falta de acciones de prevención general y las pocas obras de estabilización preventiva en la infraestructura vial. No obstante, se destaca que Corpocaldas y otras instituciones involucradas sí han implementado acciones de planeación enfocadas al manejo del problema.
En los aspectos físicos se reconocen, bajo el enfoque de las instituciones, causas como las altas pendientes, la presencia de ‘llenos’ con depósito de cenizas volcánicas, el alto grado de pluviosidad en la zona y los aspectos geomorfológicos de la misma.
Acciones implementadas por las instituciones frente al problema de remoción masal Las acciones realizadas por Corpocaldas como autoridad ambiental en la zona, han sido en la cuenca, y a nivel específico del transepto vial Maltería - Sabinas. Entre las acciones más importantes realizadas en la cuenca, se reconoce la planificación a través del Plan de Manejo y Ordenación (POMCA) de la cuenca del río Chinchiná, la declaratoria de cuenca en ordenamiento, el apoyo técnico en proceso de ordenamiento del recurso hídrico de la cuenca; además, Corpocaldas participa en la firma del acuerdo de voluntades con cerca de 20 instituciones del sector público, privado, la academia y la sociedad civil, puesto en operación a través del proyecto “Pactos por la Cuenca del río Chinchiná”.
Cuadro 11. Acciones realizadas por instituciones relacionadas con la zona de estudio en los últimos años.
Entre las acciones más importantes por parte de la autoridad ambiental entre 2011 y 2012, específicamente en el transepto vial Maltería-Sabinas, están: 1. Acciones de restauración de áreas degradadas (establecimiento de plantaciones protectoras, aislamiento con cerca inerte y restauración asistida), 2. Asistencia técnica y transferencia de tecnología en seis predios ubicados en las microcuencas La Esperanza y el Diamante, 3. Desarrollo de un proyecto piloto para control de la erosión (revegetalización y biosiembra de Vetiveria y canales recubiertos con polimex), 4. Asistencia técnica y transferencia de tecnología en el predio La Mula 2, ubicado en la microcuenca de la Quebrada la Mula, 5. Formulación y aplicación de acciones de restauración y revegetalización (establecimiento de plantaciones protectoras, aislamiento con cerca viva e inerte), 6. Establecimiento de bebederos sustitutos, 7. Capacitación, 8. Obras bio-ingenieriles, 9. Planificación predial, 10. Asistencia técnica y transferencia de tecnología.
Entre las acciones realizadas frente al problema de remoción masal en la zona por parte de otras instituciones diferentes a la autoridad ambiental, y que participaron en este estudio, se encontró que estas se han centrado en: 1. Estudios y obras de bioingeniería, 2. Obras de protección a infraestructura, 3. Monitoreos, 4. Planeación interinstitucional: agendas ambientales y proyectos de reconversión ganadera (Cuadro 11). Los principales temas de estudios realizados han sido: seguimiento de variables climáticas, estudios de estructura ecológica y estudios de gestión del riesgo.
Alternativas planteadas por las instituciones frente al problema de remoción masal Las acciones que las instituciones reconocen se podrían realizar frente al problema de remoción masal en la zona, están dirigidas a temas de: planeación, reforzamiento de infraestructura, estudios y monitoreos (de los movimientos en masa, de variables climáticas y de la geomorfología de la zona), capacitación, reforestación, compra de predios y promoción de sistemas agropecuarios sostenibles (Cuadro 12).
Discusión
Causas del problema desde diferentes actores: productores e instituciones Entre las causas de los problemas de remoción masal identificadas por los productores de la zona, predomina la dimensión física relacionada con la precipitación las características del suelo, y la no canalización de aguas. Mientras que entre las causas identificadas por las instituciones como origen del problema de remoción masal en la zona sobresale la dimensión económica y productiva que tiene que ver con los sistemas de producción, como: la falta de rendimiento de actividades productivas en la zona y el inadecuado uso del suelo principalmente por manejo inadecuado de ganaderías en zonas de ladera, entre otras.
Cuadro 12. Acciones planteadas por instituciones relacionadas con la zona de estudio.
Las discrepancias en el reconocimiento de las causas de los problemas de remoción masal en la zona entre productores e instituciones, pueden ser factores limitantes en la implementación de acciones para tratar de solucionar el problema. En la zona de estudio los productores no se reconocen como responsables de las causas de la problemática; entre tanto las instituciones sí los están reconociendo a ellos, por sus actividades productivas, como causa principal de la problemática. Esta falta de reconocimiento de los productores de su responsabilidad sobre las causas de la problemática, sucede también frente a otros casos problemáticos vinculados a la gestión del agua (Benez, Kauffer & Alvarez, 2010).
Conseguir que los propios dueños de la tierra y las comunidades sean quienes se empoderen y generen prácticas orientadas a salvaguardar sus recursos, e integren esfuerzos con las organizaciones e instituciones involucradas, es una recomendación que debería tomarse en cuenta en el manejo del problema en la zona (Delgado, Bachmann & Oñate, 2007).
Frente a esta disyuntiva en el reconocimiento de las causas de la remoción masal, sería pertinente y de gran aporte, como lo proponen Fallot y Green (2014), realizar acciones encaminadas al logro de una representación compartida de las dinámicas socio-ecológicas, relacionadas con la problemática. Para ello, según estos mismos autores, metodologías de modelación participativa que tienen objetivos como mejorar el conocimiento que tienen los actores sobre el sistema socio-ecológico en el cual actúan; tomar conciencia de los problemas con la sostenibilidad de los recursos naturales, analizar y allanar las diferencias de puntos de vista encontrados; mejorar el entendimiento del sistema que se debe manejar conjunta e integralmente, identificar de manera colectiva las factibles soluciones, entre otros, podrían ser elementos eficaces en el abordaje y manejo de la situación.
Acciones institucionales en la zona y relaciones frente al problema de remoción masal Las diversas instituciones relacionadas con la zona están ejecutando acciones frente al problema de remoción masal en dos niveles: a nivel de cuenca y a nivel de acciones específicas en los predios del transepto vial. Los resultados dejan ver que de parte de las instituciones se han ejecutado múltiples acciones que pueden haber contribuido al cumplimiento de los objetivos particulares de las mismas, sin embargo, pueden no estar logrando los avances de fondo para la solución de la problemática al no visualizarse como esfuerzos mancomunados y debidamente integrados.
En las acciones implementadas son evidentes las relaciones interinstitucionales. Se evidencian por ejemplo acciones entre Corpocaldas y otras organizaciones para el control o prevención de los procesos de remoción masal en los predios. El reconocimiento de los alcances y logros de estas acciones se convierten en una necesidad para proponer intervenciones futuras.
Una de las acciones que se destaca se realizó en 2012 es la firma del “Acuerdo interinstitucional de voluntades para la gestión del desarrollo sostenible en la cuenca del río Chinchiná” que integra más de 20 instituciones y tiene como objetivo “Integrar recursos técnicos, logísticos y financieros para el diseño y desarrollo de un modelo intersectorial de gestión del desarrollo sostenible, que fundamente un proceso de intervención planificado sobre la cuenca del río Chinchiná”. Este acuerdo es un claro ejemplo de una alianza público-privada para el desarrollo.
Las alianzas público-privadas (APP) se caracterizan por estar orientadas a la planificación participativa del territorio, por medio de la articulación de los actores tradicionales (gobierno y empresas) y la inclusión de actores nuevos, principalmente de la sociedad civil y de otros sectores como las universidades y los centros de investigación. En estas alianzas todos los actores comparten riesgos, beneficios y responsabilidades enfrentado los desafíos que supone compartir la distribución del poder (Williner, Sandoval, Frias & Pérez, 2012).
Se considera que el acuerdo interinstitucional de voluntades firmado podría aportar soluciones concretas a partir de la priorización de actividades en la zona y la integración de recursos técnicos, logísticos y financieros dirigidos específicamente a la solución del problema de remoción masal en el transepto vial Maltería - Sabinas.
A su vez, la integración de los productores, como actores intervinientes principales del territorio afectado, podría ser de gran importancia. Llambí y Pérez (2011), reconocen que el fortalecimiento de las organizaciones es una verdadera posibilidad de que los actores locales a través de emprendimientos colectivos construyan territorio, ya que son los proyectos colectivos los que están en capacidad de generar procesos de desarrollo rural territorial, sí cuentan con capital humano, capital social y un apoyo externo suficiente.
Bajo el contexto de una organización colectiva, el relacionamiento con la institucionalidad frente a los problemas es más fuerte y la representatividad es mayor como parte de la sociedad civil, además, se tiene mejor acceso a la información (Stocking & Murnaghan, 2001).
Ausencia de planeación, regulación y control como causa del problema de remoción masal en la zona Desde la visión de las instituciones además de los factores físicos y socioeconómicos, se identificaron otros factores causales relacionados con la problemática y que incluyen: la ausencia de planeación, de regulación y control sobre el territorio.
En el momento del estudio (2012), la cuenca del río Chinchiná era una cuenca en ordenamiento, situación de oportunidad para la priorización del transepto Maltería - Sabinas por la importancia económica, social y ambiental que representa para Manizales. La zona en el diagnóstico del POMCA fue catalogada como zona de interés (Corpocaldas, Asocars & Universidad Nacional, 2013).
Los resultados ofrecen evidencias de que en la zona sí existen instrumentos de política que podrían aplicarse para manejar el problema de remoción masal, bajo una lógica como la presentan Steinfeld et al. (2006), de exclusión controlada de áreas sensibles para la conservación. Algunos de los instrumentos formales que identificaron los actores en las instituciones fueron: acuerdos municipales relacionados con el POT (Acuerdo 508 del 12 de octubre de 2001, Acuerdo 573 de 24 de diciembre de 2003 y Acuerdo 663 de septiembre 13 de 2007); acuerdos de la autoridad ambiental regional que reglamenta la ‘ronda’ de los ríos y las declaratorias de Zonas de Reserva Forestales en la zona, como la de Torre 4 (Acuerdo 016 de noviembre 4 de 2004) y la de Sabinas (Acuerdo 14 de 28 de julio de 2009). Estas últimas se destacan como ejemplos de figuras que pueden usarse en otros sitios del transepto para conservar áreas de interés prioritario.
En Colombia existe la aprobación por parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible del Decreto 0953 del 17 de mayo de 2013, que entre otros asuntos da luces a la implementación de esquemas de pagos por servicios ambientales -PSA- asociados al recurso hídrico. Este instrumento podría ser una alternativa para estrategias de conservación en la zona de estudio.
Otra figura de potencial manejo en la zona es la creación de un distrito para conservación de suelos, que se define como un área que se delimita para para someterla a manejo especial, orientado a la recuperación de suelos alterados o degradados o a la prevención de fenómenos que causen alteración o degradación en áreas especialmente vulnerables por sus condiciones físicas climáticas o por la clase de utilidad que en ella se desarrolla (Código de Recursos Naturales Renovables, CRNR, artículo 324). En Caldas existen ejemplos de estos distritos, como el de Guacas Rosario en Manizales o Tarcará en el municipio de Aguadas.
Aunque para los productores el interés de capacitación y conocimiento se centra en temas técnicos como ganadería sostenible y bioingeniería, en este estudio surgen otros temas importantes, como: los instrumentos de política frente a aspectos ambientales y el acceso a la información y a la participación ambiental (Lora, Muñoz y Rodríguez, 2008).
Conclusiones y recomendaciones
En el transepto vial Maltería - Las Margaritas, zona de particular importancia para el municipio de Manizales, convergen diferentes actores con intereses disímiles sobre el territorio; por un lado, medianos productores agropecuarios propietarios de predios que no reconocen sus actividades productivas como parte de la problemática de remoción en masa en la zona; por otro lado, instituciones de diferente naturaleza (públicas, privadas, mixtas) con diversos objetivos que van desde la protección de los recursos hídricos hasta la seguridad de los habitantes del territorio, y que en su mayoría reconocen las actividades agropecuarias de la zona como causa del problema de remoción en masa. Se detecta la necesidad de lograr una visión compartida de las dinámicas socio-ecológicas de la zona en una articulación entre propietarios de predios e instituciones.
Son evidentes en el transepto vial Maltería – Las Margaritas las múltiples acciones realizadas por las instituciones desde sus competencias y objetivos, aunque no se conocen a cabalidad sus alcances y logros. Las evidencias en la multiplicidad de acciones desde las instituciones, justifica la articulación de las mismas; tal articulación se ha impulsado desde 2012 con la iniciativa del proyecto “Pactos por la cuenca del río Chinchiná”, propuesta que conlleva las ventajas que ofrecen las alianzas público-privadas.
Sin desconocer las acciones técnicas que se han realizado y se deben realizar en la zona, es importante considerar como una recomendación necesaria, lograr que los dueños de la tierra en la región se empoderen y generen prácticas orientadas a salvaguardar sus recursos.
En la perspectiva de proponer un programa de extensión rural dirigido al problema de remoción masal en la zona de influencia del transepto vial Maltería - Las Margaritas, se debe considerar que éste sea gestionado, concebido y programado desde las instituciones y las alianzas público-privadas (APP) existentes, reconociendo las competencias y compromisos que cada una de estas debe asumir, y con el objetivo de integrar recursos técnicos, logísticos y financieros.
Un programa de extensión para la zona debe considerar como elemento básico que los productores son personas con formación académica universitaria, con interés en capacitación para mejorar sus sistemas de producción, además, se debe reconocer otros actores del territorio que pueden sufrir las consecuencias directas de la problemática como los trabajadores de los predios y los habitantes del transepto vial en la zona.
Es claro que las temáticas para una propuesta de extensión deberían superar los elemento técnico/productivos en los predios, e incorporar elementos de instrucción y socialización de normativas existentes y de planificación territorial.
Referencias
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1. Médica Veterinaria Zootecnista, Magister en Desarrollo Rural. Profesora Asistente Universidad de Caldas. E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. 2. Ingeniero Agronómo, Magister en Administración Industrial, Doctor en Ciencias Económicas. Profesor Titular Universidad de Caldas. E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. 3. Proyecto realizado mediante contrato interadministrativo No. 302-2012, celebrado entre Corpocaldas y la Universidad de Caldas en 2012. 4. Entre los actores se identificaron los habitantes de viviendas ubicadas en el transepto vial, sin embargo, no se consideraron para el estudio por la baja responsabilidad que tienen frente a la toma de decisiones en el uso del suelo.
Para citar este artículo: Patiño, M. y Cruz, G. (2017). Reconocimiento de actores, causas y acciones frente al problema de remoción en masa en el transepto vial Maltería – Las Margaritas, Manizales-Caldas. Revista Luna Azul, 46, xx-xx. Recuperado de http://200.21.104.25/lunazul/index.php/component/content/article?id=281. DOI: 10.17151/luaz.2018.46.13
Este obra está bajo una Licencia de Creative Commons Reconocimiento CC BY
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IMPULSORES, BARRERAS Y BENEFICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL EN INDUSTRIAS DE CALDAS, COLOMBIA1
Olga Lucía Ocampo-López2 Lina Victoria Berrío-Ríos3 Lucía Sandra Basante-Bastidas4
Recibido el 20 de agosto de 2016, aceptado el 20 de junio de 2017, actualizado el 21 de diciembre de 2017
DOI: 10.17151/luaz.2018.46.12
RESUMEN
Objetivo: Identificar impulsores, barreras y beneficios en la implementación del Sistema de Gestión Ambiental -SGA- en empresas manufactureras del departamento de Caldas. Metodología: Este estudio aborda la evolución de la certificación ISO 14001 a nivel global y nacional, considerando las estadísticas de la encuesta ISO y los informes del Consejo Colombiano de Competitividad. Luego, presenta un análisis descriptivo para 16 empresas manufactureras de los sectores metalmecánico y alimentos y bebidas, localizadas en Caldas. Para su realización, se recolectó información primaria mediante entrevistas a los responsables del SGA en las industrias; se emplearon instrumentos metodológicos basados en los requisitos de la ISO 14001. Los resultados obtenidos fueron evaluados por sector y tamaño industrial, para identificar los niveles de cumplimiento del estándar y los principales impulsores, barreras y beneficios en su implementación. Resultados: Las estadísticas revelan que Colombia lidera la certificación ISO 14001 en América Latina; sin embargo, las tasas de adopción son relativamente bajas comparadas con países desarrollados. En Colombia, Santander tiene los mejores indicadores en certificación ISO 14001, mientras que Caldas ocupa la novena posición. Para las empresas evaluadas en Caldas, sólo el 25% estaba certificada en el estándar; se encontraron diferencias estadísticamente significativas, con relación al tamaño industrial, en el nivel de implementación del estándar y en los impulsores, barreras y beneficios del SGA. Conclusiones: Los impulsores del SGA son los requerimientos legales y el acceso a mercados, en las grandes empresas evaluadas; la mejora de procesos y la producción sostenible, en las PYME. La principal barrera es el clima organizacional, en grandes empresas; mientras que el costo asociado, en las PYME. Las industrias evaluadas reconocen como beneficios del SGA una mayor satisfacción de partes interesadas; no obstante, su implementación se percibe más como un requerimiento de tipo ‘obligatorio’ y no como una estrategia voluntaria de mejoramiento.
PALABRAS CLAVE: Sistemas de Gestión Ambiental, ISO 14001, PYME.
DRIVING FROCES, BARRIERS AND BENEFITS FOR THE IMPLEMENTATION OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEMS IN INDUSTRIES IN CALDAS, COLOMBIA
ABSTRACT
Objective: To identify driving forces, barriers and benefits for the implementation of Environmental Management Systems (EMS) in manufacturing industries in the department of Caldas. Methodology: This study addresses an evolution of 14001 certifications at a global and national level considering ISO survey statistics and reports of the Colombian Council on Competitiveness. It also presents a descriptive analysis for 16 manufacturing industries of the metal-mechanic and food and beverage sectors located in the Department of Caldas. To achieve this goal, primary information was collected through interviews with those responsible for EMS in the industries using methodological instruments based on the requirements of ISO 14001 . The results obtained were evaluated according to sector and industry size, in order to identify levels of compliance with the standard and the key driving forces, barriers and benefits in its implementation. Results: Statistics shows that Colombia leads the ISO 14001 certification in Latin America. However, adoption rates are relatively low compared to developed countries. Nationwide, the Department of Santander has the best indicators regarding ISO 14001 certified companies, while the Department of Caldas ranks in the ninth position. For the companies evaluated in the Department of Caldas, only 25% were certified to the standard. Statistically significant differences, regarding the industry size, the standard implementation level and driving forces, barriers and benefits of EMS were found. Conclusions: EMS driving forces are the legal requirements and access to markets in the large companies evaluated and process improvement and sustainable production for SMEs. In large industries, the main barrier is the organizational climate, while in SMEs is the associated cost. The industries evaluated recognize greater stakeholders’ satisfaction as EMS benefits but the certification implementation is perceived more as a “mandatory” requirement rather than as an improvement strategy.
KEY WORDS: Environmental Management Systems, ISO 14001, SMEs.
1. INTRODUCCIÓN
En América Latina y el Caribe más del 95% de las empresas son MIPYME que generan alrededor del 70% del empleo y contribuyen con menos del 50% del Producto Interno Bruto (United Nations Environment Programme -UNEP-, 2012). Estas organizaciones han realizado importantes esfuerzos para mejorar la sostenibilidad y han incorporado con éxito una serie de herramientas para la producción y el consumo sostenibles como los sistemas de gestión ambiental, SGA (UNEP, 2012).
Un SGA es potencialmente aplicable a cualquier organización para una mejor gestión de los aspectos ambientales, por efecto de la mejora continua del desempeño ambiental (Testa et al., 2014; Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación -ICONTEC-, 2015). Comprende un conjunto de iniciativas y prácticas de gestión ambiental que buscan mitigar el impacto de las actividades de la organización en el ambiente, mediante la definición de políticas que lleven a mejoras en los procesos, con el fin de reducir el consumo de energía, la generación de residuos y promover el uso de recursos de manera sostenible (Lopes de Sousa Jabbour, Chiappetta Jabbour, Latan, Alves Teixeira & Caldeira de Oliveira, 2015).
En las organizaciones se pueden identificar tres niveles de madurez del SGA (Chiappetta, 2010; Lopes de Sousa Jabbour et al., 2015): Nivel 1. SGA Reactivo, donde las compañías se preocupan por el costo para cumplir con los requerimientos legales; se enfoca en soluciones de final de proceso. Nivel 2. SGA Preventivo, que busca evitar y minimizar la generación de residuos y el consumo de recursos; está centrado en la eco-eficiencia. Nivel 3. SGA Proactivo, que considera estratégicos los aspectos de gestión ambiental para la generación de ventajas competitivas, mediante acciones con las partes interesadas como proveedores y clientes. En el nivel 2, la empresa empieza a considerar la gestión ambiental en la estructura organizacional; mientras que en el nivel 3 está integrada en la estrategia organizacional (Lopes de Sousa Jabbour et al., 2015).
La elección de un estándar de referencia para el SGA depende del modelo, la aplicación, el enfoque, la revisión ambiental inicial, la comunicación pública, las auditorías y la certificación (Heras-Saizarbitoria, Arana & Molina-Azorín, 2008). El estándar ISO 14001 es la principal referencia internacional para las compañías que pretenden implementar un SGA integrado a la estrategia organizacional, y así obtener una certificación para sus procesos productivos (Testa et al., 2014). La ISO 14001 define el SGA como “parte del sistema de gestión usado para gestionar aspectos ambientales, cumplir los requisitos legales y otros requisitos, y abordar los riesgos y oportunidades” (ICONTEC, 2015, p. 2).
La ISO 14001 fue publicada inicialmente en 1996, con actualizaciones en 2004 y 2015. Esta última actualización tiene por objeto apoyar a las empresas en la reducción del impacto ambiental y en la comprensión de los efectos del medio ambiente en las organizaciones (International Organization for Standardization-ISO-, 2015) y dar respuesta a los desafíos ecológicos del planeta tales como el cambio climático y los riesgos ambientales (Intergovernmental Panel on Climate Change-IPCC-, 2014), que han llevado a una promoción de los programas ambientales, para lograr equilibrio entre los tres pilares de la sostenibilidad: medio ambiente, sociedad y economía (Cowan et al., 2010).
El estándar ISO 14001 es una de las buenas prácticas para garantizar la calidad de estos programas, que ha alcanzado un mayor reconocimiento no sólo en las grandes empresas, sino también en las PYME (Cowan et al., 2010; Musa & Chinniah, 2016). Se espera además que la nueva versión contribuya no sólo a lograr una mayor integración con los sistemas de gestión organizacional, sino que promueva el desempeño medioambiental teniendo en cuenta el ciclo de vida, la reducción de gases de efecto invernadero y el manejo del riesgo empresarial (ISO, 2015).
La certificación ISO 14001 es además una de las prácticas más significativas para la gestión de la cadena de suministro verde, que es un enfoque proactivo para mejorar el desempeño ambiental y la eficiencia en los negocios (Govindan, Khodaverdi & Vafadarnikjoo, 2015; Hasan & Ali, 2015; Musa & Chinniah, 2016). El estándar promueve instalaciones que facilitan las evaluaciones internas, la reducción en el consumo de energía y recursos, el análisis de costos basados en el ciclo de vida y otras prácticas avanzadas relacionadas con la reducción de impactos ambientales que agregan valor a las organizaciones (Ferrón-Vílchez & Damall, 2016).
Su adopción conlleva a la generación de ventajas competitivas en el largo plazo, a través del desarrollo de recursos y capacidades que proporcionen un esquema básico para un SGA eficaz (Ferrón-Vílchez, 2016). Según esta capacidad y el nivel de intensidad competitiva, la implementación temprana del estándar puede generar mayores beneficios (Su, Dhanorkar & Linderman, 2015).
El estándar ISO 14001 favorece el emprendimiento y la innovación pues permite generar valor mediante estrategias basadas en los recursos naturales (Azmi, Rasi & Ahmad, 2015), el mejoramiento continuo en los procesos internos y la inversión en tecnología (Ferrón-Vílchez, 2016). La gestión de operaciones juega por tanto, un papel fundamental en la adopción de estas estrategias y prácticas del SGA, en procesos clave tales como diseño, logística y producción (González-Benito & González-Benito, 2008).
En este contexto, dada la importancia de las PYME para la competitividad y la sostenibilidad en los países en desarrollo (van Hoof & Gómez, 2015), es necesario comprender los impulsores de los SGA, su incidencia en los procesos organizacionales y su impacto en los resultados empresariales. Estudios previos (Agan, Acar & Borodin, 2013) revelan que los impulsores dependen del tamaño de la empresa. La ISO (2015) reconoce estas diferencias y con el nuevo estándar ISO 14001 (2015) pretende una mayor acogida en las PYME.
Diferentes autores (Marimom, Heras & Casadesús, 2005; Su, Dhanorkar & Linderman, 2015) confirman que el auge del sistema de gestión de la calidad, SGC, bajo el estándar ISO 9001 ha sido un factor importante para explicar la adopción del SGA con la ISO 14001; ambas normas se difunden de manera análoga en el sector productivo, siguiendo una curva logística o de forma ‘S’. En efecto, la combinación del SGC con el SGA fomenta el desarrollo de ventajas competitivas empresariales; dado que ambos sistemas coinciden en la necesidad de mejorar los procesos internos; su integración genera sinergias, maximiza la eficiencia en aspectos productivos, facilita la capacidad de relación con los stakeholders y repercute en un resultado económico superior (Ferrón, De la Torre & Aragón, 2010).
Entre los impulsores para la adopción de los SGA bajo el estándar ISO 14001 figuran: el factor económico, el mayor reconocimiento y reputación corporativa (Seijo-García, Filgueira-Vizoso & Muñoz-Camacho, 2013; Severo, Ferro de Guimarães & Heri Dorion, 2015), al igual que diferentes aspectos que contribuyen al desarrollo sostenible, tales como la reducción de emisiones (Testa et al., 2014), la minimización de los desperdicios e impactos ambientales (Singh, Brueckner & Padhy, 2015).
El logro de la certificación ISO 14001 ofrece valor comercial a la organización; las empresas con mayor eficiencia y capacidad competitiva en términos de rentabilidad económica y de crecimiento en ventas, muestran una mayor propensión a certificarse en esta norma (Heras-Saizarbitoria, Molina-Azorín & Dick, 2011; Heras & Arana, 2011). Se reportan impactos positivos de la certificación ISO 14001 y una mayor promoción gubernamental, ligado a la protección ambiental (Ziegler & Seijas Nogareda, 2009). Sin embargo, para lograr estos resultados, se requiere una implementación efectiva de los SGA que supere barreras y limitaciones; algunas de ellas son expuestas por diferentes autores: Almeida, Agostinho, Giannetti y Huisingh (2015) revelan la necesidad de cooperación entre los gobiernos, la industria y empresas para acelerar la integración de SGA y de políticas y prácticas de producción sostenible; Massoud, Fayad, El-Fadel y Kamleh (2010) afirman que la industria se preocupa más por cuestiones de seguridad y calidad que por los asuntos ambientales; Singh et al. (2015) aseveran que en las PYME es limitado el conocimiento de temas de gestión ambiental, por tanto, la resistencia al cambio es evidente (De Oliveira & Muniz Serra Pinheiro, 2009).
Los beneficios de la certificación ISO 14001 se potencializan con la integración de los sistemas de gestión; pero esta integración no ha sido ampliamente adoptada por la PYME (Olaru, Maier, Nicoară & Maier, 2014). Para el sector de alimentos y bebidas, por ejemplo, la adopción de la ISO 14001 facilita la integración de la ISO 22000, norma internacional de sistemas de gestión de inocuidad de los alimentos (ICONTEC, 2005); no obstante, se presentan dificultades en el empoderamiento del personal y la interpretación de las normas (Weyandt, Reis Da Costa, Nunes & Gaspar, 2011); se reportan además debilidades en la evaluación de impactos medioambientales para este sector, por la disponibilidad de información a lo largo de la cadena de suministro, según el enfoque de ciclo de vida (Mezinska & Strode, 2015).
En América Latina, los impactos ambientales y sociales de las PYME están entre las prioridades de las políticas y estrategias nacionales, tal como lo establece el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP, 2012). En este sentido, los gobiernos latinoamericanos han desarrollado una serie de estrategias y políticas específicas para avanzar en la promoción de la Producción y el Consumo Sostenibles (PyCS), impulsado por las declaraciones internacionales de Río (1992), Johannesburgo (2002) y Río+20 (2012). La mayoría de las iniciativas de PyCS están fundamentadas en los acuerdos voluntarios entre la industria y el gobierno, y los sistemas de certificación (UNEP, 2012). En el caso de Colombia por ejemplo, la Política de Producción y Consumo Sostenible (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2010) tiene entre sus objetivos para el 2019: fortalecer el valor de bienes y servicios ambientales con certificaciones de manejo ambiental e incrementar el número de empresas certificadas en SGA.
Pérez y Bejarano (2008) realizaron un análisis de la certificación ISO 14001 en Colombia e identificaron una mayor adopción en las grandes empresas (62%), que en las MIPYME (21% medianas empresas, 11% pequeñas empresas y 6% microempresas); sin embargo, reiteran que tanto para Colombia, como para los países de América Latina es fundamental la adopción de estos sistemas en las PYME.
En Colombia el sector manufacturero es uno de los principales generadores de contaminación ambiental; en consecuencia, el gobierno, los consumidores y los competidores han presionado para la definición de regulaciones y estrategias con enfoque preventivo como la cadena de suministro verde y la adopción de los SGA (Sarache-Castro, Costa-Salas & Martínez-Giraldo, 2015).
Dado el creciente interés en los SGA y la relevancia de las PYME en la estructura empresarial colombiana, se hace necesario conocer los impulsores, barreras y beneficios para la implementación de los SGA, según los lineamientos del estándar ISO 14001, propósito de este estudio, realizado en Caldas, Colombia; aunque es un departamento destacado en materia de competitividad, pero que presenta brechas estructurales en temas de sostenibilidad (Consejo Privado de Competitividad, 2015).
En la región, se destacan estudios en empresas manufactureras en la cadena de suministro verde (Sarache-Castro et al., 2015) y en responsabilidad social empresarial bajo el estándar ISO 26000 (Ocampo, García, Ciro & Forero, 2015). El análisis específico de la gestión ambiental fue evaluado por Zapata y Tamayo (2010) en empresas del sector industrial de Manizales, quienes evidencian mejoras en la productividad asociadas con prácticas de gestión ambiental; similares resultados son obtenidos por Díaz (2014) en la industria procesadora de café en Caldas. El presente estudio profundiza en el grado de implementación del SGA e identifica los impulsores, barreras y beneficios en empresas de Caldas.
Inicialmente, el artículo presenta un análisis de la evolución de la certificación ISO 14001 en Colombia, en comparación con otros países; luego, se muestran las estadísticas de certificación de empresas de Caldas con relación a otros departamentos colombianos y finalmente, se aborda el análisis para las industrias de Caldas seleccionadas, donde se describe el nivel de implementación del estándar y los impulsores, barreras y beneficios identificados en estas empresas, según la metodología descrita a continuación.
2. MATERIALES Y MÉTODOS
Este artículo es producto de una investigación de enfoque cuantitativo y de tipo descriptivo que buscó analizar la integración de los lineamientos de la ISO 14001 en empresas manufactureras del departamento de Caldas, con el fin de identificar los impulsores, las barreras y los beneficios de la implementación del SGA. La revisión de antecedentes permitió identificar la evolución en la certificación en ISO 14001; para tal efecto se realizó el análisis de la información reportada en la Encuesta ISO (2015) que reporta cifras para Colombia; se consideraron además los informes del Consejo Privado de Competitividad (2015), que revelan estadísticas departamentales de certificación ISO 14001. Para Caldas, se realizó un análisis de la información secundaria de los antecedentes, los estudios de la Alcaldía de Manizales (2014), la Secretaría de TIC (tecnologías de información y comunicaciones) y Competitividad y Cámara de Comercio de Manizales (2014), y una recolección de información primaria en las empresas objeto de estudio.
Para la selección de la muestra se consideraron los siguientes criterios de inclusión: 1) Localización en la región Centro Sur de Caldas que concentra el 85% de la producción industrial del departamento (Ovalle, Ocampo & Acevedo, 2013); 2) Empresas registradas en las bases de datos de la Cámara de Comercio de Manizales (2014) o la Cámara de Comercio de Chinchiná (2014); 3) Empresas manufacturera de los sectores metalmecánico y alimentos y bebidas, sectores prioritarios para Caldas (Departamento Nacional de Planeación, 2007; Alcaldía de Manizales, 2014); 4) Grandes empresas y PYME, según la clasificación industrial para Colombia establecida en la Ley 905 (Congreso de la República, 2004); 5) Voluntad de la organización de participar en el estudio. Considerando los criterios establecidos, la muestra fue conformada por 16 empresas, nueve del sector de alimentos y bebidas y siete del sector metalmecánico. Cabe anotar que por el criterio 5, no se logró una muestra representativa que llevara a la inferencia de los resultados en ambos sectores.
Para el estudio, se definieron las variables según los requisitos de la ISO 14001 (ICONTEC, 2004), con el fin de identificar el grado de implementación del estándar; estos requisitos de la versión 2004 se presentan en la Tabla 1 en comparación con la nueva norma ISO 14001 (ICONTEC, 2015). Se consideraron además los niveles de madurez del SGA propuestos por Lopes de Sousa et al. (2015). Para la ejecución del estudio, se realizaron visitas a las industrias y se aplicaron las herramientas e instrumentos de recolección de información primaria (previamente validados en prueba piloto) por entrevistas estructuradas a los responsables del SGA; para tal efecto, se tuvieron en cuenta los lineamientos de auditoría del SGA, con los siguientes criterios de evaluación:1) Inexistente: No existe actualmente en la organización; 2) Establecido: La manera de realizarlo ha sido definida por la organización, pero no está documentado; 3) Documentado: Escrito en cualquier medio o formato; 4) Implementado: Se realiza de acuerdo con lo escrito y se han hecho mejoras. El nivel de avance fue cuantificado de manera porcentual.
En las empresas evaluadas, se efectuó además la caracterización de la organización teniendo en cuenta los sistemas de gestión certificados y la presentación de informes corporativos. Para la identificación de impulsores, barreras y beneficios del SGA se consideraron las categorías reportadas en las encuestas de la ISO (2015), con la posibilidad de identificar nuevas opciones por pregunta abierta, por tanto, se aplicó una entrevista semi-estructurada, para su categorización, se empleó la escala: Muy alto (5), alto (4), medio (3), bajo (2) y muy bajo (1).
El análisis de la información fue realizado por estadística descriptiva y análisis bivariados, empleando herramientas gráficas y estadísticas del software Microsoft Excel e IBM SSPS Statistics. Se aplicaron test no paramétricos de comparación de medias como la prueba U de Mann-Whitney, para establecer diferencias significativas (95%) entre las variables y parámetros evaluados, considerando diferentes criterios como tamaño de la organización y sector, certificaciones de sistemas de gestión de calidad-ISO 9001, Gestión Ambiental ISO 14001, Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional OHSAS 18001 y la presentación de informes de corporativos.
Tabla 1. Requisitos ISO 14001: 2004 vs ISO 14001: 2015 Fuente: Elaboración propia a partir estándar ISO 14001 (ICONTEC, 2004; 2015).
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
3.1. Evolución en la certificación ISO 14001
Según la encuesta ISO, para 2014 se reportaron 324.148 organizaciones certificadas en ISO 14001 globalmente; el 51,3% de estas organizaciones está localizada en países del Asia Oriental y el Pacífico; el 38,2% en Europa; mientras que sólo el 3,1% en Latinoamérica -equivalente a 10143 empresas- (ISO, 2015). Colombia ocupa la primera posición en América Latina con 3.453 certificaciones, que corresponde al 34% del total de certificaciones latinoamericanas (ISO, 2015). La adopción de la norma ha sido más lenta en los países en desarrollo (Massoud et al., 2010); como se ilustra en la Figura 1 que presenta la evolución en el número total de empresas certificadas en ISO 14001, en algunos países seleccionados. No obstante, la dinámica actual de crecimiento es exponencial, como se muestra en la Figura 2 que revela la tasa de certificación, obtenida en términos de porcentaje acumulado (ISO, 2015).
Fuente: Elaboración propia a partir de ISO (2015). Figura 1. Evolución en el número de empresas certificadas ISO 14001 en países seleccionados.
Nishitani (2009) presenta una evolución en los determinantes para la adopción del estándar ISO 14001, en los países desarrollados, en tres etapas: en la primera (1996-1999) cuando se lanzó el estándar, estos determinantes estaban relacionados con el mayor tamaño de las empresas y menor nivel de endeudamiento. En la segunda, una etapa intermedia (1999-2004), estaban asociados con grandes empresas, exportadoras y con mejor desempeño económico, donde algunos stakeholders, como clientes y accionistas, influenciaron la adopción del estándar. Para la tercera (posterior al 2004), las presiones y preferencias de las partes interesadas y la flexibilidad financiera no influyeron en la adopción del estándar.
Fuente: Elaboración propia a partir de ISO (2015). Figura 2. Tasa de certificación ISO 14001 en países seleccionados.
Heras y Arana (2010) evaluaron los impulsores, barreras y beneficios para la implementación del SGA bajo el estándar ISO 14001 en países desarrollados. Aunque las respuestas fueron heterogéneas en términos de impulsores, se destacan: el mejoramiento en la situación ambiental de la empresa y los requerimientos de los clientes. La principal barrera identificada fue la actualización en los requerimientos legales; mientras que en el mayor beneficio reportado fue el mejoramiento de la eficiencia ambiental. Por otra parte, Martín-Tapia, Aragón-Correa y Rueda-Manzanares (2010) afirman que el tamaño de la empresa influye de manera directa en los efectos positivos del SGA relacionados con la actividad exportadora en estos países.
La adopción del estándar en los países en desarrollo difiere por el papel de la cultura, las características específicas de cada país y su industria; está impulsada por los mercados internacionales e importadores, las multinacionales, la normatividad internacional, la reglamentación nacional y los trabajadores que busca cada vez más un ambiente seguro y saludable (Fikru, 2014). En estos países, los bancos internacionales, comprometidos con prácticas sostenibles, promueven la difusión del estándar y los análisis de riesgo para demostrar responsabilidad social (Fikru, 2016).
En China, McGuire (2014) reporta que la certificación ISO 14001 ha sido impulsada por las exigencias de los clientes; destaca como principales beneficios el cumplimiento de la reglamentación y la mejora en el desempeño ambiental. Estos resultados dependen de la flexibilidad en el sistema regulatorio de cada país, para generar incentivos que estimulen a las organizaciones a explorar medidas costo-efectivas, que conlleven a reducir los impactos ambientales y cumplir con la reglamentación vigente (Arimura, Darnall, Ganguli & Katayama, 2016).
En América Latina, Ullah, Wei y Xie (2014) encuentran relaciones entre la certificación ISO con el tamaño y la edad de las organizaciones; afirman que las organizaciones más grandes y antiguas tienen mayor adopción de certificaciones; reportan además que en las empresas exportadoras, la adopción de la ISO 14001 es un factor clave para alcanzar estándares internacionales.
En estudios de caso en Brasil, se han reportado como beneficios de la certificación, el incentivo a las acciones ambientales preventivas, la disminución en el consumo de recursos, la estandarización del proceso de producción, la reducción de los costos y la mejora en la imagen corporativa (De Oliveira & Serra, 2010; De Oliveira & Pinheiro, 2010); entre las barreras identificadas por estos estudios figuran la resistencia de los colaboradores en los procesos de auditoría interna y externa; por tanto, es necesario generar estrategias para minimizar la resistencia al cambio y promover mecanismos de participación y entrenamiento, que permitan la toma de conciencia con relación al SGA y su interiorización en la cultura organizacional (De Oliveira & Muniz, 2009).
El estudio de Pérez y Bejarano (2008) para Colombia reporta que implementar la ISO 14001 en la mayoría de los casos requiere la inversión en equipos para el tratamiento de la contaminación ambiental generada; por tanto, para las MIPYME se hace difícil la implementación y mantenimiento de este estándar, por efecto de los costos de inversión, para mejorar el manejo ambiental; en consecuencia, se requiere la promoción de estímulos por parte del gobierno y la educación y promoción de la norma entre los empresarios.
El informe del Consejo Privado de Competitividad (2015) presenta un índice para medir el pilar medioambiental establecido como el número de empresas con certificación ISO 14001 por cada 100.000 sociedades; los resultados de los primeros 10 departamentos se ilustran en la Figura 3. Se evidencian brechas en este aspecto en Caldas que ocupa la novena posición nacional. A continuación, se describen los resultados del análisis del SGA en empresas de Caldas para los sectores evaluados en este estudio.
Fuente: Elaboración propia a partir de Consejo Privado de Competitividad (2015). Figura 3. Empresas con certificación ISO 14001 por cada 100.000 sociedades.
1.2 SGA en empresas de Caldas
La revisión de los estudios previos permitió identificar información relacionada con la adopción de SGA por parte de las empresas del sector metalmecánico, donde la Secretaría de TIC y Competitividad de la Alcaldía de Manizales y el Área de Fortalecimiento Empresarial de la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas han desarrollado una caracterización de empresas del sector; los resultados se resumen en la Tabla 2 y evidencian un bajo porcentaje de adopción, similar a lo que ocurre nacionalmente.
Tabla 2. Certificación ISO 14001 en empresas del sector metalmecánico. Fuente: Elaboración propia a partir de Secretaría de Competitividad y TIC de Manizales y Cámara de Comercio de Manizales por Caldas (2014).
Para el estudio se evaluaron empresas manufactureras de los sectores metalmecánico (44%) y alimentos y bebidas (56%). La muestra estuvo conformada por grandes empresas (37%) y PYME (63%). El 100% de las organizaciones evaluadas contaba con misión y visión; sin embargo, sólo el 56% presentaba informes corporativos. Con relación a las certificaciones en sistemas de gestión se tienen las siguientes cifras: 25% de las empresas contaban con certificación en SGA según la norma ISO 14001:2004; 56% en SGC bajo el estándar ISO 9001:2008; 19% en seguridad y salud ocupacional con OHSAS 18001:2007.
En todas las organizaciones fue evaluado el cumplimiento de los requisitos de la ISO 14001:2004, como se describe en la metodología. Los resultados se presentan en la Figura 4 para el análisis consolidado por empresas. En el 38% de las empresas evaluadas están implementados los requisitos del SGA bajo el estándar ISO 14001: 2004; es decir, existe una documentación y se ha avanzado en la mejora del SGA. Por otra parte, en un 4% de las organizaciones se tiene documentación, pero no se han efectuado mejoras; mientras que en un 5% de las empresas se tienen procedimientos establecidos, pero no documentados; finalmente, en el 53% no se ha avanzado en el cumplimiento de requisitos del SGA.
Como se muestra en la Figura 4, las empresas que han implementado el SGA tienen un mayor avance en revisión por la dirección; mientras que el menor cumplimiento se da en implementación y operación. Sin embargo, el cumplimiento de los requisitos en estas empresas es alto.
Ahora bien, al considerar el tamaño de organización, se observan diferencias entre las grandes empresas y las PYME en el nivel de implementación de los requisitos de la ISO 14001:2004, como se ilustra en la Figura 5. El promedio de cumplimiento fue del 99% en las grandes empresas y el 15% en las PYME. En este caso, los coeficientes de variación fueron del 2% y el 80%, respectivamente. La prueba no paramétrica U de Mann-Whitney revela diferencias estadísticamente significativas (95%), tanto en el cumplimiento global como por capítulos de la norma, considerando el tamaño de las organizaciones.
Fuente: Elaboración propia a partir de entrevistas Figura 4. Niveles de adopción del SGA en las empresas evaluadas.
Fuente: Elaboración propia a partir de entrevistas. Figura 5. Nivel de implementación de la ISO 14001: 2004, según tamaño industrial.
El nivel de implementación de la norma ISO 14001, según el sector industrial, se presenta en la Figura 6; gráficamente se muestra una mayor implementación en el sector metalmecánico (43%), en comparación con alimentos y bebidas (33%); sin embargo, la prueba no paramétrica U de Mann-Whitney no revela diferencias estadísticamente significativas (95%), lo cual puede explicarse por la alta variabilidad encontrada entre las empresas de cada sector.
Fuente: Elaboración propia a partir de entrevistas Figura 6. Nivel de implementación de la ISO 14001: 2004, según sector industrial.
Es evidente que hay diferencias entre las empresas que no están certificadas y las que sí lo están en la norma ISO 14001: 2004; los cumplimientos promedio fueron del 99% para las empresas certificadas; mientras que sólo del 37% en aquellas no certificadas. La prueba U de Mann-Whitney confirma que estas diferencias son estadísticamente significativas (95%), tanto en el cumplimiento global como por capítulos de la norma.
Por otra parte, se evaluó si la certificación en SGC bajo el estándar ISO 9001: 2008 influye en los niveles de implementación de la norma ISO 14001: 2004. En términos generales se encontró que el cumplimiento promedio fue del 87% en las empresas certificadas en SGC; mientras que sólo del 13% en las no certificadas. La prueba U de Mann-Whitney confirma diferencias estadísticamente significativas (95%) en estos aspectos en el cumplimiento global y por capítulos de la norma.
Finalmente, se evidencian diferencias entre las empresas que presentan y no informes corporativos, el cumplimiento promedio fue del 85% y del 30%, respectivamente; la prueba U de Mann-Whitney confirma que estas diferencias son estadísticamente significativas (95%).
1.3 Impulsores para la implementación del SGA
Los instrumentos metodológicos aplicados a las organizaciones permitieron identificar los principales impulsores para la implementación del SGA y las diferencias encontradas por efecto del tamaño industrial, sector, presencia de certificaciones y elaboración de informes corporativos.
El análisis de los impulsores por tamaño organizacional se consolida en la Figura 7. Las grandes empresas identifican como principales impulsores, por la calificación de los criterios muy alto y alto, los siguientes aspectos: requerimientos legales (100%) y el acceso a mercados (83%). En el caso de las PYME, los impulsores primordiales son mejora de procesos (84%) y producción sostenible (67%). Tanto el análisis gráfico como las pruebas no paramétricas revelan diferencias estadísticamente significativas (95%) entre estos impulsores por tamaño industrial.
Fuente: Elaboración propia a partir de entrevistas. Figura 7. Impulsores para implementación de SGA.
A pesar de que las PYME consideran que la mejora de los productos es uno de los principales aspectos que motiva la implementación de un SGA, se evidencia una brecha con la realidad, por su bajo nivel de implementación. La mejora de los productos normalmente está ligada a procesos de estandarización e innovación y para lograrlo, no sólo se requiere disponibilidad de recursos, sino también una cultura de un mejoramiento continuo dentro de la organización. Estos aspectos deben fortalecerse en las PYME, pues su limitación de recursos los lleva, según lo indican los entrevistados, a atender gestiones del día a día; de tal manera que sus organizaciones son más de tipo reactivo que proactivo, lo que les dificulta centrar sus esfuerzos en aspectos de tipo ambiental, a excepción de aquellos de cumplimiento legal y obligatorio.
Con relación a los sectores, las empresas del sector metalmecánico perciben como principales impulsores, considerando las categorías alto y muy alto: el acceso a mercados (67%), la exigencia de clientes (66%) y la mejora de procesos (66%). Por otra parte, en el sector de alimentos y bebidas los impulsores con mayor importancia son: producción sostenible (100%), mejora de procesos (100%) y mejora de la competitividad (83%). Sin embargo, las pruebas no paramétricas revelan sólo diferencias estadísticamente (95%) significativas en el ítem de producción sostenible.
Entre las empresas certificadas en los SGA, los principales impulsores, con una calificación del 100%, considerando tanto las categorías muy alto como alto, son los siguientes: requerimientos legales, acceso a mercado, mejora de procesos y producción sostenible. Para las empresas certificadas en SGC, hay diferencias estadísticamente significativas (95%) entre los impulsores de: acceso al mercado, exigencia de clientes y requerimientos legales, que son mayores en las empresas certificadas. Finalmente, las empresas que reportan informes corporativos perciben como principales impulsores para la implementación de los SGA el acceso a mercados y la exigencia de clientes.
1.4 Beneficios de la implementación del SGA
En las diferentes empresas fueron analizados los beneficios de la implementación de los SGA, teniendo en cuenta los lineamientos de la encuesta ISO (2015), se consideraron al igual que en los casos anteriores las diferencias entre el tamaño de la organización, el sector a la que pertenecen, la presencia de certificados de gestión y de informes corporativos.
La Figura 8 resume estos beneficios considerando el tamaño de las organizaciones. Para las grandes empresas, los principales beneficios calificados en las categorías alto y muy alto (100%) se tienen: mejora de la calidad, mayor satisfacción de las partes interesadas y cliente y valor de marca. Las PYME por su parte, identifican como principales beneficios con una calificación del 78%: mejora de rentabilidad, mayor satisfacción de partes interesadas y mejora de la sostenibilidad. Hay diferencias estadísticamente significativas (90%) entre los beneficios percibidos por las grandes empresas y las PYME, que se confirman con una prueba no paramétrica, la cual revela que las grandes empresas perciben una mejora de la competitividad y una mayor satisfacción de clientes con la implementación de estos sistemas.
Para las empresas del sector metalmecánico, los beneficios primordiales de la implementación de los SGA, considerando los porcentajes en las categorías alto y muy alto, son los siguientes: valor de marca (84%) y mayor eficiencia de procesos (83%). Mientras que en las empresas del sector de alimentos y bebidas, los principales beneficios son: mayor satisfacción de partes interesadas (100%), mayor satisfacción de cliente (89%), mejora en rentabilidad (89%) y mejora en sostenibilidad (89%). Sin embargo, las pruebas no paramétricas no revelan diferencias estadísticamente significativas (95%) entre los beneficios por sector industrial.
Fuente: Elaboración propia a partir de entrevistas. Figura 8. Beneficios asociados a la Implementación de SGA.
Las empresas certificadas en SGA plantean que los principales beneficios de esta implementación, considerando solamente la categoría muy alto (75%), son los siguientes: mayor eficiencia de procesos, mayor satisfacción de partes interesadas y clientes, mejora de la calidad y mejora de la competitividad. Las empresas certificadas en SGC, perciben una mayor satisfacción de clientes, con la implementación de SGA; con diferencias estadísticamente significativas (95%). Finalmente, las empresas que presentan informes corporativos evidencian mayores beneficios, con diferencias estadísticamente significativas (90%), en aspectos como la mejora de la sostenibilidad y la calidad y una mayor eficiencia de procesos.
1.5 Barreras de la implementación del SGA
En las empresas se evaluaron las diferentes barreras para la implementación de SGA. El análisis consideró de igual manera que en los casos anteriores, las diferencias por tamaño de organización, sector industrial, presencia de sistemas de gestión e informes corporativos. La Figura 9 consolida las barreras identificadas por las organizaciones según su tamaño. Entre las grandes empresas la principal barrera es el clima organizacional con un 67% en las categorías alto y muy alto. Las PYME, por su parte, identifican los costos asociados como su principal barrera con un 60%. Las pruebas no paramétricas revelan diferencias estadísticas significativas (90%), especialmente en algunas barreras que son mayores en las PYME como: falta de direccionamiento y dificultades en el proceso de asesoría.
Fuente: Elaboración propia a partir de entrevistas. Figura 9. Barreras para implementación de SGA.
Para las empresas del sector metalmecánico, las mayores barreras en la implementación de los SGA son los costos asociados con un 57% en las categorías alto y muy alto. Mientras que las empresas del sector de alimentos y bebidas identifican como principales barreras el clima organizacional con un 56%, los costos asociados con un 44% y la falta de compromiso de los empleados con un 44%. Las pruebas no paramétricas revelan diferencias estadísticas significativas (90%), especialmente en la barrera de entendimiento de la norma, siendo mayor en el sector metalmecánico.
Las empresas certificadas en el estándar ISO 14001: 2004, identifican como principales barreras las siguientes: el clima organizacional (75%), la falta de compromiso de los empleados (50%), la rotación del personal (50%) y la dificultad en el entendimiento de la norma (50%), teniendo en cuenta las categorías alto y muy alto. Así mismo, en el caso de las empresas no certificadas en SGA, los costos asociados son la principal barrera identificada con un 58%. Las pruebas no paramétricas revelan diferencias estadísticamente significativas (90%), especialmente en la barrera de rotación de personal, siendo mayor en las empresas no certificadas en SGA.
Hay diferencias estadísticamente significativas (95%) en las empresas certificadas en SG C, quienes perciben como principales barreras para la implementación de los SGA, los ítems de: proceso de asesoría y falta de direccionamiento, siendo mayor en aquellas empresas que no están certificadas. Las empresas que presentan informes corporativos evidencian como principal barrera los costos asociados, con diferencias estadísticamente significativas (95%), siendo mayor para el caso de las empresas que no presentan dichos informes.
1.6 Limitaciones y estudios futuros
Finalmente, es necesario abordar las limitaciones de este estudio que identificó el nivel de cumplimiento del estándar ISO 14001, los impulsores, beneficios, barreras y limitaciones en empresas de Caldas, teniendo en cuenta la influencia de factores como el tamaño de la organización, el sector al que pertenece y los sistemas de gestión implementados.
Entre las limitaciones del estudio, es necesario mencionar que sólo se entrevistaron 16 empresas manufactureras, clasificadas como grandes o PYME; por tanto, en futuras investigaciones se requiere incluir el análisis de las microempresas. La muestra no fue estadísticamente representativa, y por tanto, no pueden hacerse inferencias a la población.
Por otra parte, se sugiere extender el estudio a otros sectores representativos tanto de Caldas como del país; considerando además las barreras y limitaciones para la implementación de la nueva versión del estándar ISO 14001: 2015. De igual forma es de interés, en futuras investigaciones, analizar el impacto económico y comercial de la implementación de SGA y específicamente de certificación ISO 14001.
Es importante recalcar que la sostenibilidad comprende las tres dimensiones: ambiental, social y económica. Por tanto, los resultados de este estudio en materia de sostenibilidad, se limitan a la dimensión ambiental.
2. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
La presión de las partes interesadas ha impulsado la adopción de los SGA en los países desarrollados. Se reportan como beneficios de su implementación, el mejoramiento de la eficiencia ambiental en las organizaciones y como barreras el cumplimiento de requerimientos legales.
El tamaño, la edad de las organizaciones y su carácter exportador influencian la adopción de SGA en países en desarrollo. Entre las barreras para su implementación se identifican la resistencia al cambio y entre los principales beneficios, la reducción en el consumo de recursos y una orientación hacia la prevención. Para Colombia, se reportan estudios que sugieren la dificultad de implementación de los SGA por efecto de la inversión en equipos para el tratamiento de la contaminación generada.
Colombia lidera la primera posición en América Latina en la certificación de ISO 14001 y tasa revela un crecimiento exponencial. A nivel departamental, se destacan las empresas de Santander y Huila con mayor número de empresas certificadas. Sin embargo, Caldas evidencia brechas en este aspecto, lo cual incide en el pilar medioambiental de los indicadores de competitividad.
Los resultados del análisis efectuado para las empresas del sector de alimentos y bebidas y metalmecánico de Caldas que fueron evaluadas permiten concluir que existen brechas entre las PYMES en relación con las grandes empresas, en la implementación del SGA. Se identifica además, diferencias estructurales en el cumplimiento de requisitos del SGA, entre las empresas que han adoptado estándares como ISO 9001, OHSAS 18001 y las que no los han implementado.
Los impulsores para la implementación del SGA dependen del tamaño de la organización y sector al que pertenecen, según las empresas evaluadas en Caldas. En las grandes empresas, los principales impulsores son el cumplimiento de requisitos legales y el acceso a mercados; mientras que en las PYME, la mejora de procesos y la producción sostenible. Entre sectores, se detecta la producción sostenible como un impulsor para el sector de bebidas y alimentos. No obstante, en las empresas evaluadas, la implementación del SGA se percibe más como un requerimiento de tipo ‘obligatorio’, proveniente de la exigencia de partes interesadas y no como una estrategia voluntaria de mejoramiento para alcanzar sostenibilidad.
Los principales beneficios de la implementación del SGA dependen del tamaño de la organización. En las grandes empresas evaluadas se identifican como beneficios, la mejora de la calidad, la mayor satisfacción de los clientes y partes interesadas y el valor de marca; mientras que en las PYME, están relacionados con mejora de la rentabilidad, sostenibilidad y satisfacción de las partes interesadas. Las empresas certificadas evaluadas reportan como beneficios, la mayor eficiencia de los procesos, las mejoras de la calidad, de la competitividad y una mayor satisfacción de las partes interesadas.
Las barreras para la implementación del SGA dependen del tamaño de la organización y sector al que pertenecen, según las empresas evaluadas en Caldas. En las grandes empresas, la principal barrera es el clima organizacional; mientras que en las PYME los costos asociados, la falta de dirección y las dificultades en el proceso de asesoría. Por su parte, se evidencian dificultades en las empresas del sector metalmecánico en el entendimiento del estándar.
La promoción de estímulos por parte de las entidades gubernamentales, con el apoyo de los gremios y la academia, puede promover la adopción del estándar entre los empresarios, de tal manera que se generen estrategias que busquen ampliar los niveles de cumplimiento de requisitos y certificación, en especial a las PYME, que requieren apoyo financiero y soporte con profesionales y consultores especializados, con el fin de mejorar los procesos de entendimiento del estándar, adopción de requisitos y optimización de recursos destinados al SGA, que conlleven al mejoramiento continuo en las organizaciones.
3. POTENCIAL CONFLICTO DE INTERESES
Los autores indican que no existe conflicto de intereses con esta publicación.
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1. Este artículo es producto del proyecto titulado: Estrategias de Producción Sostenible en Empresas Manufactureras de Caldas, financiado por la Universidad Autónoma de Manizales 2. Olga Lucía Ocampo López. Candidata a Doctor en Ingeniería. M.Sc. Ingeniería Química. Especialista en Ingeniería Ambiental. Universidad Autónoma de Manizales, Grupo de Investigación Desarrollo Regional Sostenible, Diseño Mecánico y Desarrollo Industrial. Profesora e Investigadora Asociada. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6394-977X 3. Lina Victoria Berrio Ríos. Estudiante Maestría en Administración de Negocios. Especialista en Desarrollo Gerencial. Ingeniera de Alimentos. Universidad Autónoma de Manizales. Docente. Grupo de Investigación en Empresariado. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4313-8929 4. Lucía Sandra Basante Bastidas. Maestría en Administración de Negocios. Especialización Tecnológica en Control de Calidad. Ingeniera Industrial. Universidad Autónoma de Manizales. Docente Grupo de Investigación Diseño Mecánico y Desarrollo Industrial. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4313-8611
Para citar este artículo: Ocampo-López, O. L; Berrío-Ríos, L. V. & Basante-Bastidas, L. S. (2017). Impulsores, barreras y beneficios para la implementación de sistemas de gestión ambiental en industrias de Caldas, Colombia. Revista Luna Azul, 46, xx-xx. Recuperado de http://200.21.104.25/lunazul/index.php/component/content/article?id=280. DOI: 10.17151/luaz.2018.46.12
Este obra está bajo una Licencia de Creative Commons Reconocimiento CC BY
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ESTUDIO TÉCNICO Y ECONÓMICO DE CUATRO VARIEDADES DE QUINUA EN LA REGIÓN ANDINA CENTRAL COLOMBIANA
Paola Guerrero1 Alejandro Hurtado-Salazar2
Recibido el 18 de octubre de 2016, aceptado el 29 de abril de 2017, actualizado el 21 de diciembre de 2017
DOI: 10.17151/luaz.2018.46.10
RESUMEN
La quinua (Chenopodium quinoa Willd) al ser un cultivo de rápido retorno económico, con altos valores nutritivos y apetecido comercialmente, viene despertando el interés de los productores, pero todavía falta información sobre los costos de producción y su rentabilidad en los mercados nacionales, impidiendo una expansión del cultivo. El objetivo de este estudio fue estimar los costos de producción y rentabilidad de cuatro variedades de quinua en la región del eje cafetero, para el mercado agroindustrial, con el fin de dar un respaldo técnico en la toma de decisiones. El estudio se llevó a cabo en la Granja Tesorito, propiedad de la Universidad de Caldas, ubicada en el municipio de Manizales (Colombia). Las cuatro variedades fueron: Dorada de Bolivia, Amarilla de Marangani, Blanca dulce Soracá y Aurora dulce Nariño. El diseño experimental fue en bloques completos al azar (BCA) con cuatro repeticiones. Fue evaluado el rendimiento (t ha-1), estimados los costos de producción y calculados los indicadores económicos: relación beneficio costo (RB/C) y un análisis de sensibilidad. Por el modelo de análisis adoptado se puede inferir que las variedades Amarilla de Marangani, Blanca dulce Soracá y Dorada de Bolivia presentaron una alta relación beneficio costo con 1,99, 1,59 y 2,34 respectivamente; así, el cultivo de quinua es una actividad rentable, siendo considerada una buena alternativa para cultivo en la región.
PALABRAS CLAVE: Rentabilidad, productividad, Chenopodium quinoa Willd.
TECHNICAL AND ECONOMIC STUDY OF FOUR VARIETIES OF QUINUA IN THE COLOMBIAN CENTRAL ANDEAN REGION
ABSTRACT
Quinoa (Chenopodium quinoa Willd), being a fast economic turnaround crop with high nutritional values and which is commercially desired, has been attracting the interest of producers, but information on production costs and profitability in national markets is still lacking, preventing the expansion of the cultivation. The aim of this study was to estimate the costs of production and profitability of four varieties of quinoa in the coffee triangle region for the agribusiness market in order to give technical support in decision-making. The study was conducted in the Tesorito Farm, owned by Universidad de Caldas, located in the municipality of Manizales (Colombia). The four varieties of quinoa selected were: golden quinoa from Bolivia, yellow quinoa crop Marangani, white sweet quinoa from Soracá and sweet Aurora quinoa from Nariño. The experimental design was completely randomized (BCA) with four replications. The yield (t ha-1), estimated production costs were evaluated and the economic indicator cost benefit (RB/C) were calculated, and a sensitivity analysis was carried out. Based on the analysis model adopted, it can be inferred that the yellow quinoa crop Marangani, the white sweet quinoa from Soracá and the golden quinoa from Bolivia had a high cost-benefit relationship with 1.99, 1.59 and 2.34 respectively; thus, the cultivation of quinoa is a profitable activity, being considered a good alternative for the region.
KEY WORDS: Profitability, productivity, Chenopodium quinoa Willd.
INTRODUCCIÓN
La quinua (Chenopodium quinoa Willd) es un excelente ejemplo de "alimento funcional", por el aporte de minerales, vitaminas (calcio, fósforo, hierro y vitamina C), ácidos grasos (linoleato con 55-66%) y antioxidantes (α- y γ-tocopherol) que pueden hacer una gran contribución a la nutrición humana (Kumpun et al., 2011). Igualmente contiene fitohormonas, que ofrecen una ventaja sobre otros alimentos vegetales para la nutrición humana (Vega-Gálvez et al., 2010). Actualmente es considerada por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, 2010), como uno de los cultivos promisorios de la humanidad tanto por sus propiedades benéficas como múltiples usos, constituyéndose en uno de los principales alimentos del hombre andino (Montoya et al., 2005). Sumado a esto, la planta tiene la capacidad de adaptarse a diferentes condiciones climáticas, alta resistencia a factores abióticos y diversidad genética, siendo muy apetecida en los mercados internacionales (Zurita-Silva et al., 2014). El principal productor mundial de quinua es Bolivia con el 46%, seguido por Perú con 42% y EE.UU. con 6,3% (Medrano y Torrico, 2009). Colombia no figura entre los principales países productores, sin embargo, presenta un gran potencial de cultivo en el que se reportan algunas zonas de producción, principalmente Cundinamarca, Boyacá, Cauca y Nariño (Montoya et al., 2005).
A pesar de su claro potencial para nutrir el mundo, ha sido poco estudiada, considerándose un cultivo descuidado por el poco apoyo de sectores públicos y privados (Ruiz et al., 2014). De acuerdo con Rosero et al. (2010), tradicionalmente la agricultura colombiana es una industria básica del país, que no garantiza una producción sostenible, especialmente en la población de la región andina. La razón de esto es la dependencia de la importación de cereales. La quinua tiene un gran potencial para la producción y seguridad alimentaria (Bhargava et al., 2006). Su estatus como un cultivo indígena lo caracteriza como fácil de producir en la región andina, por su adaptabilidad a diferentes ambientes agro-climáticos, lo cual es una ventaja agronómica sobre cualquier cultivo introducido (Del Castillo et al., 2007). El objetivo de este estudio fue estimar los costos de producción y rentabilidad del cultivo de quinua en la región del eje cafetero colombiano, para el mercado agroindustrial con el fin de dar un respaldo técnico en la toma de decisiones para los interesados en promover este cultivo.
MATERIALES Y MÉTODOS
El estudio se realizó en la Granja Tesorito, propiedad de la Universidad de Caldas, ubicada en el municipio de Manizales, departamento de Caldas (Colombia), localizada a una altura de 2340 msnm, con una temperatura media anual de 17,5ºC, humedad relativa del 78%, precipitación anual de 2000 mm, brillo solar al año de 1473 horas (Anuario meteorológico cafetero 2012, 2013) y suelos andisoles, derivados de cenizas volcánicas y textura franco-arenosa, rico en materia orgánica.
Se evaluaron cuatro variedades en 2014, repitiendo dos veces el cultivo en el mismo año agrícola como alternativa de rotación de cultivos: Dorada de Bolivia-DB, Amarilla de Marangani-AM, Blanca dulce Soracá-BS y Aurora dulce Nariño-AN, todas provenientes del departamento de Boyacá (Colombia). El lote experimental para el estudio fue de 20 m x 21,6 m para un total de 432 m2 efectivos, en el que se dispuso un diseño de bloques completos al azar (BCA), con cuatro bloques (repeticiones) de 108 m2 cada uno, incluyendo el efecto de bordes. En cada bloque se establecieron las cuatro variedades a evaluar a una distancia de 0,6 m entre surcos y 17 plantas por metro lineal. La unidad experimental efectiva fue de 24 m2.
La nutrición del cultivo se llevó a cabo con los resultados del análisis de suelo y extracción del cultivo, de la siguiente forma: primera fertilización fue a la siembra con la fuente 10-20-20 a razón de 100 kg ha-1 y a los 30 días después de la siembra se incorporó nitrógeno a partir de una fuente 46-0-0 a razón de 100 kg ha-1. Posterior a la siembra se realizó una inoculación con el hongo antagonista Trichoderma harzianum a razón de 8g l-1 (P.C). Se realizaron dos desyerbas manuales con un intervalo de 45 días cada una durante el ciclo del cultivo. Para el manejo integrado del cultivo se siguieron las recomendaciones técnicas de Flores et al. (2010).
Para cada una de las labores agronómicas fueron registradas y evaluadas su eficiencia. Igualmente se tomó el valor del arrendamiento del terreno para el ciclo productivo, así mismo se tuvo en cuenta el valor del almacenamiento, secado de grano y trilla. Todos los valores en el cálculo del costo de producción se cotizaron en Manizales, en el cuarto trimestre de 2014. El precio de venta del producto se basa en la cantidad promedio que se pagó por kilogramo en las industrias de la región durante 2012, 2013 y 2014.
Para la definición de los costos de producción, se trabajó con el concepto de costo operacional (Hoffmann et al., 1987), que incluye todos los costos de producción, sin tener en cuenta los intereses del capital invertido. Así, fue posible conseguir los costos de producción y los flujos de efectivo y así estimar la rentabilidad del cultivo con el objetivo del mercado industrial local.
Caracterización de los costos de producción
Se llevaron registros en una hoja de cálculo de costos similar al modelo adoptado por la Corporación Colombia Internacional - CCI (Sistema de Información de Precios del Sector Agropecuarios-SIPSA, 2014), según lo publicado para los principales cultivos colombianos. Se calcularon todos los valores en dólares americanos por hectárea (USD$ ha-1), tomando como referencia la región del eje cafetero.
En las estimaciones de los costos de producción, el mismo nivel tecnológico se consideró, manteniendo la proporcionalidad de horas pasadas con el trabajo manual y la cantidad de insumos. Los coeficientes técnicos (horas hombre-día y la cantidad de insumos) se basaron con las eficiencias de los trabajadores de la Granja Tesorito. Los costos se dividen en tres partes de la siguiente manera: Operaciones manuales: se consideró el valor promedio de USD$ 11,68 por día de servicio (hombre-día), equivalente a la remuneración pagada a los trabajadores rurales en la región, sin incluir las contribuciones a la seguridad social, ya que, en general, la actividad es realizada por mano de obra familiar o contratada en temporadas específicas.
Insumos: se adoptó el precio medio entre los principales distribuidores en la región.
Costos administrativos: fueron estimados los gastos de viaje hasta la industria para la comercialización, asistencia técnica (2% de los ingresos brutos) y teléfono, entre otros. Para calcular el costo de oportunidad de la tierra, se consideró el valor del alquiler de la tierra en la región, que es de aproximadamente de USD$ 528,08 ha año-1. No fueron computados los costos del flete una vez que este costo es variable y puede ser negociado con las industrias locales.
Flujo de caja de la inversión
Después de ser definidos los costos de producción (Tabla 1), se elaboraron flujos de caja, considerando una inversión de seis meses. Los valores se expresan en dólares americanos por hectárea en el tiempo de la inversión.
Para analizar la rentabilidad del cultivo, se calcularon los siguientes indicadores financieros: relación beneficio/costo y un análisis de sensibilidad.
Se evaluó el rendimiento toneladas por hectárea (t ha-1). Los datos obtenidos fueron evaluados mediante análisis de varianza usando el programa estadístico SAS (SAS Inst. Inc. Cary, NC), adicionalmente se realizaron pruebas de promedios comparativos por medio del test de Duncan a nivel de significancia del 5%.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Estimativa de los costos de producción
Los costos de producción para una hectárea para cada una de las variedades evaluadas son analizados a continuación. El mayor peso en los costos de producción en las cuatro variedades es la mano de obra oscilando entre 77,56% y 78,26% del 100% de los costos totales. De la mano de obra, las labores culturales son las que tienen mayor participación debido a las condiciones de pendiente del terreno (≥ 5%) presente en la zona (Obando et al., 2006), haciendo que cada una de las labores se realicen de forma manual como lo es el desyerbe, aporque, camellones, fertilización después de la siembra, aplicación de defensivos.
Tabla 1. Estructura de costos de producción por hectárea de cuatro variedades de quinua (Chenopodium quinoa Willd), en Manizales, Caldas.
De acuerdo con Medrano y Torrico (2009), la quinua tradicionalmente es sembrada en cerros y laderas con un sistema manual. La labranza del terreno es realizada solo con fuerza humana mediante herramienta manual.
El segundo ítem con mayor peso en los costos de producción de las cuatro variedades son las labores de siembra y fertilización, oscilando entre 16,78% y 17,69% del 100% de los costos totales.
Se alcanza a percibir una variación en los costos de producción en cada una de las variedades en las labores como la cosecha, trilla del grano, procesamiento y almacenamiento respectivamente (Tabla 1), debido a las diferencias presentes en la productividad y rendimiento de cada variedad (Tabla 2).
Es de resaltar que el elemento de mayor peso en la inversión son las operaciones manuales, debido a la alta demanda de mano de obra. Sin embargo, esta característica del cultivo es de gran importancia para la agricultura familiar. Esta característica de los cultivos de quinua es importante para algunas zonas marginales de la región andina, que tiene un sistema de tierras basado en pequeñas explotaciones, con el apoyo de los familiares.
El tercer componente con mayor peso en los costos de producción son los insumos como los fertilizantes, fungicidas, insecticidas y herbicidas oscilando entre 12,32% y 13,87% de los costos totales para cada una de las variedades evaluadas. En general, los insumos están participando entre 21,74% y 26,46% del 100% de los costos de producción (Tabla 1).
Por último, el costo de menor peso en el proceso de producción son los costos administrativos como arrendamiento, asistencia técnica, con participación entre 7,08% y 7,52% de los costos totales.
Viabilidad económica de la inversión
El flujo de caja para la inversión en una hectárea fue calculado con valores en dólares americanos (USD$) durante el ciclo productivo que fue de seis meses. El rendimiento de las variedades Dorada de Bolivia-DB, Amarilla de Marangani-AM, Blanca dulce Soracá-BS están por encima de lo reportado por Garrido et al. (2013), donde evaluó el rendimiento de nueve genotipos de quinua de diferentes procedencias en cuatro condiciones de disponibilidad hídrica, en media con 1400 kg ha-1, con los cuales se recuperan la inversión (Tabla 2).
En un estudio de Zurita-Silva et al. (2014), a partir de variedades mejoradas como la Blanca y Amarilla de Marangani obtuvieron entre 2,5 y 3 toneladas por hectárea. En un programa de mejoramiento en Marruecos trabajaron con las 20 mejores selecciones de quinua cultivadas bajo las condiciones de Rabat. El rendimiento varió desde 1,2 t ha-1 en el cultivar de tierras bajas ‘BAER II’ de Chile a 3,2 t ha-1 en la variedad del altiplano ‘ILLPA-INIA’ de Puno Perú. El rendimiento promedio fue de 2,346 t ha-1, que fue marcadamente superior al rendimiento promedio de 1,4 t ha-1 medido anteriormente en el sitio de Khénifra (Benlhabib et al., 2014). En estudios realizados en Nariño (Colombia) por Delgado et al. (2009), los rendimientos variaron de 1,8 a 2,4 t ha-1. Posiblemente esa variación en los rendimientos esté estrechamente relacionada con la fertilidad de los suelos, uso de fertilizantes de síntesis química, épocas de siembra, variedades, manejo integrado de plagas, presencia de heladas y granizadas.
Tabla 2. Rendimiento en toneladas por hectárea de cuatro variedades de quinua (Chenopodium quinoa Willd), en Manizales, Caldas.
La madurez fisiológica de las cuatro variedades se obtuvo a los 120 días y la cosecha varió desde los 120 y 150 días, presentándose un escalonamiento en la producción del grano posiblemente a una alta humedad ambiental (78%). De acuerdo con Delgado et al. (2009), se clasifican como materiales precoces (<130 d), semiprecoces (130 – 150 d), semitardíos (150-180 d) y tardíos (>180), por lo tanto, las cuatro variedades tuvieron un comportamiento de materiales precoces. El ciclo productivo del cultivo de la quinua en la zona de estudio se acortó a lo reportado en otras regiones de Colombia obteniéndose la primera y última cosecha a los cuatro y seis meses respectivamente. Puede tenerse escalonamiento en la producción, ya que su panoja no madura uniformemente en cada una de las cuatro variedades.
El costo de producción estimado de un kilo para las variedades Dorada de Bolivia-DB, Amarilla de Marangani-AM, Blanca dulce Soracá-BS y Aurora dulce Nariño-AN fueron de USD$1,87; USD$2,20; USD$2,76 y USD$9,38, respectivamente (Tabla 4). La variedad Aurora dulce Nariño presenta un alto valor por kilogramo debido al mal almacenamiento de panojas en procesos poscosecha, lo que genera mayor costo y bajos ingresos debido a la pérdida de granos (Tabla 2). Con el precio medio pagado por la industria de USD$4,38 el negocio es rentable para tres de las cuatro variedades evaluadas. Sin embargo, cuanto mayor sea el área, mayor es la optimización de los recursos, como lo es la optimización de los costos administrativos y la posibilidad de la reducción en el precio de los insumos, lo que resulta en un menor costo de producción. Según Montoya et al. (2005), quienes producen, transforman y comercializan la quinua obtienen una baja ganancia económica por la ausencia de una cadena productiva que les permita coordinar sus actividades y disminuir costos. Una de las posibles estrategias para mejorar la competitividad de este renglón sería la vinculación de la quinua dentro del programa de cadenas productivas, que permite reducir los costos y así mejorar la rentabilidad.
Las saponinas son los principales compuestos anti-nutricionales de la quinua y cuando están presentes en los tegumentos de aquenios maduros, confieren amargura pudiendo variar de 0,2 g kg-1 en genotipos dulces a 11,3 g kg-1 en los genotipos amargos (Zurita et al., 2014). Ya comercialmente en la región es más aceptado por los mercados los granos de quinua con bajo contenido de saponinas, como es el caso de la variedad Blanca dulce de Soracá-BS, que obtuvo un rendimiento aceptable (2,56 t ha-1), siendo de las tres variedades la que menor número de granos produce, generando menos ingresos.
De acuerdo con la relación beneficio costo arrojada por el análisis adoptado (Tabla 3), la variedad de mayor rentabilidad es la Dorada de Bolivia, seguida de la variedad Amarilla de Marangani, destacando que estas dos variedades tienen como característica un sabor levemente amargo, necesitándose un lavado previo al consumo.
Tabla 3. Análisis económico por hectárea de cuatro variedades de quinua (Chenopodium quinoa Willd), en Manizales, Caldas.
En Colombia, en un estudio realizado por Rosero et al. (2010), la rentabilidad de la quinua mostró ser positiva a escala comercial, sin embargo, los pequeños agricultores no pudieron establecer el cultivo de quinua como cultivo principal, por lo tanto, su producción es baja. La baja producción se debe al hecho de que se ha asociado con otros cultivos que se utilizan generalmente para el autoconsumo. Así, una mayor proporción de los agricultores no venden la quinua, porque es el cultivo de subsistencia y la tendencia de la utilización de cereales para el consumo familiar refleja la falta de información sobre los precios del mercado de la quinua. Las bajas cantidades vendidas se distribuyen a la población local y una cantidad muy pequeña se exporta desde Colombia a Ecuador y Perú, pero no están registrados.
El análisis de sensibilidad tiene como objetivo evaluar el impacto generado por el cambio del precio y los rendimientos del cultivo, pudiéndose determinar cuál es la variedad de quinua más rentable frente a la fluctuación del precio de venta y cantidad de grano cosechado (Tabla 4). La variedad Dorada de Bolivia presentó un comportamiento adecuado frente a la fluctuación de los precios y caída en la producción en comparación con las otras variedades.
Tabla 4. Análisis de sensibilidad de cuatro variedades de quinua (Chenopodium quinoa Willd), en Manizales, Caldas.
El área de cultivo se ha incrementado en Nariño y Caldas (Corredor, 2005) y sus objetivos fueron mejorar las condiciones nutricionales de los productores (MADR, 2010). El Departamento Nacional de Planeación (DPN, 2007) determinó algunas características como ventajas: tierras adecuadas, diferentes pisos térmicos y cuando más del 50% de la población vive en la zona rural que tiene como su principal actividad económica la agricultura. Sin embargo, es necesario que la producción de quinua tenga un enfoque comercial. Hay dos características que son esenciales para una correcta comprensión de su identidad: (1) el modelo de negocio de las agremiaciones de productores en los países en vía de desarrollo, (2) el modelo de desarrollo para ayudar a pequeños productores a fortalecer su posición en los mercados nacionales (Ton & Bijman, 2006; FAO, 2010). Por lo tanto, los avances en la investigación y una aceptación gradual del mercado permiten una selección de estos cultivos andinos que presentan una oportunidad de ser salvados para uso alimentario regional y mundial. Las condiciones climáticas para el desarrollo del cultivo de quinua y la zona de influencia del estudio son predominantemente productoras de hortalizas. Destacándose como uno de los principales cultivos el tomate, en pequeños y medianos productores entre 3 a 10 ha, respectivamente. De acuerdo con Herrera et al. (2015), el cultivo de tomate presenta una rentabilidad variable dependiente del tipo de sistema productivo, si es en invernadero o libre exposición, variando de 1,61 a 0,41. La quinua presentó una relación beneficio costo atractiva, siendo así, una excelente opción para la rotación de cultivos en sus sistemas productivos.
CONCLUSIONES
Por el modelo de análisis adoptado se puede inferir que las variedades Amarilla de Marangani, Blanca dulce Soracá y Dorada de Bolivia presentaron una alta relación beneficio costo con 1,99, 1,59 y 2,34 respectivamente, así el cultivo de quinua es una actividad rentable, siendo considerada una buena alternativa para cultivo en la región.
REFERENCIAS
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1. Ingeniera Agrónoma. Universidad de Caldas, Facultad de Ciencias Agropecuarias, Programa Ingeniería Agronómica, Manizales – Caldas, Colombia. 2. Ingenieros Agrónomos M.Sc, Ph.D, Universidad de Caldas, Facultad de Ciencias Agropecuarias, Departamento de Producción Agropecuaria, Universidad de Caldas, Calle 65 N° 26 -10, Apartado aéreo 275, Manizales – Caldas, Colombia. 3. Autor para correspondencia. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Para citar este artículo: Guerrero, P., Hurtado-Salazar, A. y Ceballos-Aguirre, N. (2017). Estudio técnico y económico de cuatro variedades de quinua en la región andina central colombiana. Revista Luna Azul, 46, xx-xx. Recuperado de http://200.21.104.25/lunazul/index.php/component/content/article?id=278. DOI: 10.17151/luaz.2018.46.10
Este obra está bajo una Licencia de Creative Commons Reconocimiento CC BY
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EVALUACIÓN DE PROCESOS DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO POST-LIBERACIÓN DE FAUNA SILVESTRE REHABILITADA EN COLOMBIA
Mary Cerliz Choperena-Palencia1 Néstor Javier Mancera-Rodríguez2
Recibido el 1 de diciembre de 2016, aceptado el 3 de mayo de 2017, actualizado el 21 de diciembre de 2017
DOI: 10.17151/luaz.2018.46.11
RESUMEN
Este estudio tiene por objetivo evaluar diferentes procesos de liberación de fauna silvestre realizados en Colombia, en los cuales se documentó el monitoreo y seguimiento posterior a su reintroducción durante el periodo de 1997 a 2015. Se realizó la recolección de datos en centros de documentación de autoridades ambientales, organizaciones no gubernamentales (ONG) e instituciones que trabajan con fauna silvestre; informes de gestión de las 33 corporaciones autónomas regionales (CAR) para los años 2007-2013; así como artículos científicos publicados en revistas especializadas y memorias de eventos. Se identificaron 66 estudios de caso, de los cuales 47 fueron liberaciones de mamíferos (293 ejemplares), 16 de aves (372 ejemplares) y 3 de reptiles (7 ejemplares). El objetivo de liberación en mamíferos fue principalmente el reforzamiento poblacional, mientras que en aves y reptiles fue dirigido a programas de conservación de especies amenazadas. Las liberaciones de mamíferos y aves correspondieron principalmente a especies categorizadas por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) en Preocupación menor y de reptiles en la categoría En peligro crítico (CR). Los mamíferos y reptiles fueron marcados principalmente con radio transmisores y las aves con anillos. Las técnicas de monitoreo más usadas en mamíferos y aves fueron la observación directa y la telemetría, y en los reptiles la telemetría. Los tiempos de seguimiento y monitoreo de mamíferos, aves y reptiles variaron principalmente en el rango de 1-30 días. De acuerdo con los criterios definidos, en cada estudio de caso se consideraron exitosas el 57,4% de las liberaciones de mamíferos, el 68,7% de aves y el 66,6% de reptiles.
PALABRAS CLAVE: Reintroducción, telemetría, hábitat, conservación, animales silvestres.
EVALUATION OF TRACKING PROCESSES AND POST-RELEASE MONITORING OF WILD FAUNA REHABILITATED IN COLOMBIA
ABSTRACT
This study aims to evaluate different wild fauna release processes carried out in Colombia, in which the monitoring and tracking was documented during the period from 1997 to 2015. Data collection was performed at Environmental Authorities documentation centers, Non-Governmental Organizations (NGOs), and institutions that work with wildlife, and management reports of the 33 Regional Autonomous Corporations during the years 2007-2013, as well as scientific papers published in specialized journals and proceedings of scientific events. Sixty-six case studies were identified of which 47 were releases of mammals (293 specimens), 16 releases of birds (372 specimens) and 3 releases of reptiles (7 specimens). The objective of releasing mammals was mainly the population reinforcement, while in birds and reptiles the objective was directed to conservation programs of endangered species. The releases of mammals and birds corresponded mainly to species categorized by the International Union for Conservation of Nature (IUCN) as minor concern, and released reptiles in the category Critically Endangered (CE). Mammals and reptiles were mainly marked with radio transmitter, and birds were marked with rings. The most used monitoring techniques in mammals and birds were direct observation and telemetry, and telemetry in reptiles. Follow-up and monitoring times for mammals, birds and reptiles varied mainly in the range 1-30 days. According to the defined criteria in each case study, 57.4% of mammal releases, 68.7% of birds and 66.6% of reptiles were considered successful.
KEY WORDS: Reintroduction, telemetry, habitat, conservation, wild animals
INTRODUCCIÓN
Las actividades antropogénicas han elevado los niveles de destrucción en los ecosistemas y han provocado una disminución de la diversidad biológica en todo el mundo, llegando a considerarse que hoy en día la tasa de extinción de animales puede ser cerca de cien veces superior a la que existiría sin la intervención humana (Ceballos et al., 2015). La cifra de especies silvestres en las categorías Vulnerable, En peligro o En peligro crítico de la UICN, casi se ha duplicado en el mundo durante las últimas dos décadas (Estrada, 2014).
Así mismo, el comercio ilegal de fauna silvestre conlleva a la reducción de los tamaños poblacionales, la consecuente pérdida de variabilidad genética y a la vulnerabilidad de las especies a la extinción por procesos de estocasticidad demográfica y ambiental (Primack, 2001). Por lo tanto, las entidades encargadas de la protección y conservación de la fauna silvestre deben buscar soluciones a la desaparición de especies de sus hábitats naturales y la recuperación de sus tamaños poblacionales, garantizando su viabilidad en el tiempo. En este sentido, existen diversas estrategias como la reintroducción, que busca restablecer una especie en un área que fue en algún momento parte de su distribución histórica, pero de la cual se extinguió (IUCN/SCC 2002); el refuerzo o suplementación de animales a una población en declive, que beneficia la diversidad genética y el fortalecimiento de poblaciones que están en riesgo de desaparecer (Seddon, 1999, Seddon, Armstrong et al., 2007) o la liberación de ejemplares provenientes del comercio ilegal de especies silvestres que es de gran magnitud en el país (Mancera-Rodríguez & Reyes, 2008).
En Colombia, la liberación de animales silvestres es una alternativa para incrementar la diversidad genética, fortalecer las poblaciones que están en riesgo de desaparecer y para el manejo de ejemplares que han sido objeto de tráfico ilegal de fauna silvestre, pero que pueden conllevar riesgos sanitarios y genéticos sobre las poblaciones. Estos procesos son llevados a cabo principalmente por las corporaciones autónomas regionales y de desarrollo sostenible (CAR), organizaciones no gubernamentales (ONG) y universidades. Sin embargo, muchos de estos esfuerzos no siempre conducen a mejorar las condiciones de vida de los animales, ni al aumento de sus poblaciones silvestres, ya que frecuentemente los animales liberados sufren altas tasas de mortalidad (Jiménez & Cadena, 2004). La mayoría de estos procedimientos no realizan un período de seguimiento y monitoreo de los animales y sus resultados no se publican, siendo imposible determinar el cumplimiento de sus objetivos y tener estadísticas claras sobre el número de los procesos de liberación hechos con o sin posterior monitoreo.
El objetivo de este estudio fue documentar los procesos de seguimiento y monitoreo post-liberación de ejemplares rehabilitados que han sido producto de decomisos, rescates o entregas voluntarias derivadas del comercio ilegal de fauna o provenientes de cría en cautiverio dentro de programas de conservación de especies amenazadas en Colombia entre los años 1997 al 2015.
MÉTODOS
Área de estudio
Los estudios de caso evaluados corresponden a liberaciones realizadas en territorio colombiano (Figura 1).
Fuente: elaboración propia. Figura 1. Sitios de liberación de mamíferos, aves y reptiles con seguimiento y monitoreo en Colombia entre 1997 y 2015.
La búsqueda bibliográfica se realizó a través de las bases de datos Pubmed, Google Scholar, Web of Science, páginas web del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), CAR, ONG y centros de documentación de entidades que trabajan en rehabilitación de fauna en el país. Se seleccionaron estudios de caso documentados en el período 1997-2015, correspondientes a animales silvestres rehabilitados en centros de atención, valoración y/o rehabilitación de fauna silvestre (CAV), proveniente de decomisos, rescates o entregas voluntarias derivadas del comercio ilegal de fauna, o de la cría en cautiverio dentro de programas de conservación de especies amenazadas, y que fueran liberados con un posterior seguimiento y monitoreo. Adicionalmente, se revisaron 231 informes de gestión de las 33 CAR correspondientes a los años 2007 a 2013.
Análisis de datos
Se creó una base de datos incluyendo la siguiente información: (1) grupo taxonómico y/o especie liberada, incluido el número de ejemplares, (2) entidad que realiza la liberación, (3) ubicación geográfica, (4) objetivo de la liberación, (5) procedencia de los ejemplares y tipo de liberación, (6) estado de conservación UICN, (7) sexo y edad (8) tipo de marcaje, (9) evaluación sanitaria, etológica y genética, (10) evaluación y restauración del hábitat, (11) técnicas de seguimiento y monitoreo, (12) tiempo de duración del seguimiento y monitoreo, (13) intervenciones, (14) costos y tipo de financiación, (15) estrategias de divulgación, y (16) evaluación de las liberaciones, de acuerdo con los criterios definidos en cada estudio de caso.
Informes de los resultados
Por ser este un estudio descriptivo, los resultados se presentan mediante tablas y no se usan análisis estadísticos como regresiones, ya que la información disponible es insuficiente en algunos estudios de caso, lo que conlleva a que sólo se puedan mostrar tendencias generales que impiden evaluar todos los aspectos mencionados.
RESULTADOS
Los estudios de caso evaluados corresponden a informes técnicos no publicados (63,6%), artículos divulgados en revistas indexadas nacionales o internacionales (18,2%), tesis para obtener título de pregrado (6,1%), resúmenes en memorias de congresos (6,1%), publicaciones incluidas en manuales editados por autoridades ambientales y ONG (3%) y casos reportados en entrevista con funcionarios de las CAR e instituciones (3%).
Grupo taxonómico y/o especie liberada
Se identificaron 66 estudios de caso, de los cuales 47 corresponden a liberaciones de mamíferos (293 ejemplares, 43,6%), 16 de aves (372 ejemplares, 55,4%) y 3 de reptiles (7 ejemplares, 1%). Los órdenes taxonómicos más representativos en mamíferos fueron Primates, Carnívora y Pilosa (51,1%, 17% y 10,6% de casos, respectivamente), en aves Cathartiformes, Gruiformes y Psittaciformes (43,8%, 31,3% y 25% de casos, respectivamente) y en reptiles Testudines y Crocodilia (66,6% y 33,3% de casos, respectivamente) (Tabla 1). Las liberaciones con seguimiento y monitoreo se han llevado a cabo solamente en especies amenazadas (ej. cocodrilo del Orinoco Crocodylus intermedius, cóndor de los andes Vultur gryphus) o que son objeto de tráfico ilegal (ej. mono cariblanco Cebus albifrons versicolor, mono cachudo Sapajus apella, titi gris Saguinus leucopus, mono nocturno Aotus griseimembra, perro de monte Potos flavus, loros Amazona spp., tortuga hicotea Trachemys callirostris callirostris).
Entidad que realiza la liberación
Las liberaciones de mamíferos fueron ejecutadas por ONG (ej. Fundación AIUNAU, Fundación Omacha, Fundación RenaSer) (29,8%), por universidades (19,1%), CAR (14,9%), universidades–CAR (12,8%), ONG-CAR (10,6%), zoológicos-universidades (4,3%), CAR-zoológicos (4,3%), universidades, ONG y CAR (2,1%) y zoológicos (2,1%). Las liberaciones de aves fueron desarrolladas por autoridades ambientales (Departamento Administrativo del Medio Ambiente de Bogotá-DAMA y CAR) (50%), universidades (25%) y ONG-CAR (25%), y las liberaciones de reptiles por universidades (67%) y universidades-CAR (33%) (Tabla 2). En los informes de gestión de las 33 CAR entre 2007 y 2013, solo 19 de ellas reportan liberación de 79.283 animales en sus áreas de jurisdicción, sin seguimiento ni monitoreo posterior.
Ubicación geográfica
Las liberaciones de mamíferos se realizaron en la región Andina (51%), Orinoquia (32%), Caribe (15%) y Amazonia (2%). Las aves fueron liberadas en la región Andina (81%) y en la Orinoquia (19%) y los reptiles en la región Caribe (66,6%) y la Orinoquia (33,3%) (Figura 1). Los mamíferos se liberaron en predios privados (40%), públicos (26%), en reservas de la sociedad civil (23%) y en reservas forestales (11%). Las aves se liberaron en parques nacionales naturales (PNN) (43,7%), en predios públicos (31,3%) y en propiedad privada (25%), mientras que los reptiles fueron liberados en predios públicos (66,6%) y PNN (33,3%).
Objetivo de la liberación
En mamíferos predominó el reforzamiento poblacional (RP) (38%), el conocimiento de la ecología y patrones de comportamiento (CEC) (23%), seguido por programas de conservación para especies amenazadas (PCEA) (17%). En aves, se enfocaron en programas de conservación para especies amenazadas (44%), reforzamiento poblacional (31%) y el conocimiento de la ecología y patrones de comportamiento (19%), y en reptiles en programas de conservación para especies amenazadas (66,6%) y la medición de la preferencia de hábitat y alimenticias (MPAH) (33,3%) (Tabla 1).
Procedencia de los ejemplares y tipo de liberación
Los mamíferos provenían de decomisos o entregas voluntarias a las autoridades ambientales, siendo sometidos a un proceso de rehabilitación en los CAV en el 98% de los estudios de caso, y nacidos en cautiverio en el 2%. Se realizaron procesos de liberación dura en el 57% de los casos y blanda en el 43%. Las aves liberadas fueron producto de decomiso o entrega voluntaria en el 56% y nacidas en cautiverio en el 44% y se sometieron a liberaciones duras y blandas en el 50% de los casos, respectivamente. Por número de individuos, en aves las liberaciones duras representan un 81,4% y las liberaciones blandas solo un 19%. Por su parte, en reptiles estos procedían de decomisos o entrega voluntaria (66,6%) y nacido en cautiverio (33,3%), siendo el 100% de las liberaciones duras (Tabla 2).
Estado de conservación (UICN)
Las liberaciones de mamíferos corresponden a especies categorizadas en Preocupación menor (LC) (40,4%), Vulnerable (VU) (21,3%), En peligro (EN) (19,1%), Casi amenazado (NT) (17%) y Datos insuficientes (DD) (2,1%). Las aves corresponden a especies categorizadas en Preocupación menor (56,3%) y En peligro (43,7%), y los reptiles a las categorías En peligro crítico (CR) (66,7%) y Casi amenazado (33,3%) (Tabla 1).
Sexo y edad
Los mamíferos liberados fueron 47,4% machos, 46,6% hembras y un 6% de ejemplares sin especificar el sexo. Con relación a la edad, el 61,1% correspondieron a adultos, el 25,5% a juveniles, el 6,5 % a infantiles y el 6,9% a indeterminados. En las aves corresponden a machos un 12%, a hembras un 10% y a sexo indeterminado un 78%; siendo adultos el 90% y juveniles el 10%. Los reptiles fueron 57,1% hembras y 42,9% machos; siendo adultos el 85,7% y juveniles el 14,3 %.
Tipos de marcaje
Los mamíferos fueron marcados en el 38,2% de los casos con radio transmisor, el 12,7% con microchip, el 8,5% con tintura, el 6,4% con tintura-microchip, el 4,3% con tatuaje y el 8,8% con otras combinaciones de marcaje. No se realizó marcaje en el 6,4% de los casos y el 14,7% no presentaron datos sobre si se realizó o no algún tipo de marcaje. En aves, el marcaje se realizó con anillos en el 31,3% de los casos, con marbete plástico-radio transmisor en el 31,3% de los casos, con tintura-radio transmisor en el 12,5%, con placas metálicas en el 12,5%, con radio transmisor en el 6,2% y con tintura en el 6,2%. Los reptiles se marcaron con radio transmisor en el 100% de los casos (Tabla 1).
Evaluación sanitaria, etológica y genética
En los tres grupos taxonómicos, el 100% de los casos reportó buen estado clínico al momento de la liberación y se efectuó la evaluación etológica en la totalidad de los mamíferos y aves liberadas. El 13% de los estudios de caso de mamíferos llevaron a cabo exámenes coprológicos, hemogramas y química sanguínea; en un 38% de casos se menciona que hicieron exámenes paraclínicos, pero no especifican cuáles y en el 49% no se menciona que los hayan realizado. En el 100% de los procesos en aves y reptiles se realizaron exámenes paraclínicos aunque no se especifica cuáles fueron hechos. En mamíferos y aves se evaluaron algunos agentes patógenos con potencial zoonótico y otras evaluaciones mediante estudios complementarios de diagnóstico como electrocardiogramas, radiografías, raspados de piel, laparoscopias, entre otras. La evaluación genética sólo fue realizada en cinco casos de estudio: en mono ardilla Saimiri sciureus albigena y mono cariblanco Cebus albifrons versicolor se utilizaron marcadores microsatelites y en tití gris Saguinus leucopus, mono cariblanco Cebus albifrons versicolor y en delfín costero Sotalia guianensis no se especifica qué técnica molecular fue utilizada (Tabla 3).
Tabla 1. Objetivos de liberación, categorías de la UICN, tipo y método de marcaje, duración, número de ejemplares y año de liberación de ejemplares de fauna silvestre rehabilitada, a los cuales se les hizo seguimiento y monitoreo en Colombia entre 1997–2015.
Objetivo de liberación (Obj): RP: Reforzamiento poblacional, PCEA: Programa de conservación de especies amenazadas, MPAH: Medición de preferencias alimenticias y de hábitat, CEC: Conocimiento de la ecología y comportamiento, EVT: Evaluación de tipo veterinario, LM: liberación- monitoreo
Cat. UICN: En peligro crítico (CR), En peligro (EN), Vulnerable (VU), Casi amenazado (NT), Preocupación menor (LC) y Datos insuficientes (DD)
Tipo de marcaje (TM): A: anillo, D: depilación, M: microchip, MC: muesca, MP: marbete plástico, PL: placas metálicas, R: radio transmisor, SD: sin datos, SM: sin marcaje, TI: tintura, TJ: tatuaje,
Método de Monitoreo (MM): T: telemetría, OD: observación directa, CT: cámara trampa, H: huellero, TR: trampa, SD: sin datos.
Referencias (Ref): [1] Moreno et al. (2004), [2] Estrada (2005), [3] Zerda et al. (2014), [4] Llano et al. (2002), [5] García-Grasso (1997), [6] Jaramillo (2010), [7] Leal et al. (2010), [8] Solano y Moreno (2012), [9] Arango et al. (2013), [10] Nisperuza-Montes et al. (2014), [11] Flórez y Maldonado (2002), [12] Pérez (2005), [13] Colonia-García (2009), [14] Jaramillo-Fayad et al. (2003), [15] Díaz-Parra y García-Arcila (2005), [16] Gonzales-Guzmán (2011), [17] Camargo-Rodríguez (2013), [18] Vélez-Trujillo (2007), [19] Barrios (2010), [20] Cuartas-Calle (2011), [21] Gamboa y Suárez (1997), [22] Álvarez et al. (2004), [23] Mateus y Brieva (2010), [24] Bennett et al. (2013), [25] URRAS (2013), [26] Morales-Betancourt et al. (2009), [27] Cepeda et al. (2010), [28] Gómez et al. (1999), [29] Morales-Betancourt (2011), [30] Rodríguez et al. (2005), [31] MAVDT (2006b), [32] J. Prieto, com. pers. (2014), [33] Becerra et al. (2003), [34] Caicedo-Herrera et al. (2013), [35] Caicedo-Herrera et al. 2014), [36] Camargo-Sanabria et al. (2005), [37] Ortiz-Andrade (2012), [38] Ortiz-López (2004), [39] MAVDT(2006a), [40] Fund. RenaSer y CAR (2000), [41] Feliciano-Cáceres (2004), [42] Fund. RenaSer y Corponariño (2000), [43] Fund. RenaSer y CRC (2000), [44] FUMSOL (2008), [45] Echeverry (2010), [46] Núñez y Núñez (2010), [47] Medina (2000), [48] Duarte-Sánchez & y Díaz-Martínez (2009), [49] Capera y Brieva (2014), [50] Silva-Herrera (2015), [51] Vargas (2011), [52] J. Bernal, com.pers. (2014).
Fuente: elaboración propia.
Tabla 2. Datos de tipo de liberación, intervenciones, entidad ejecutora y recursos económicos destinados en la liberación de ejemplares silvestres rehabilitados a los cuales se les hizo seguimiento y monitoreo en Colombia entre 1997–2015.
Tipo de liberación (TL): B: Blanda, D: Dura.
Tipo de intervención (TI): Al: alimentación, Rec: recaptura, Ref: refugio, SD: sin datos, SI: sin intervención.
Entidad ejecutora: CAR: corporaciones autónomas regionales.
Estrategia Divulgativa (ED): Af: afiche, Ca: cartilla, CEd: campaña educativa, Ch: charla, Enc: encuesta, Ent: entrevista, N: ninguna, PCom: participación de la comunidad, SD: sin datos.
Evaluación del éxito (Éxito): Ex: éxito, Fc: fracaso, PE: parcialmente exitoso, SR: sin resultados (en ejecución)
Referencias (Ref): Ver Tabla 1. ** En valores constantes. Fuente: elaboración propia.
Tabla 3. Pruebas especializadas realizadas en los ejemplares rehabilitados a los cuales se les hizo seguimiento y monitoreo en Colombia entre 1997–2015.
Evaluación y restauración del hábitat
En la liberación de mamíferos se realizaron estudios previos de hábitat en el 53% de los casos, en el 32% no se efectuaron y en el 15% no se presentaron datos. En aves se realizó la evaluación del hábitat en un 50% de los casos y no presentaron datos en el otro 50%, y en reptiles se realizaron estudios previos en el 100% de los casos. La disponibilidad de hábitat fue considerada adecuada en todos los casos teniendo en cuenta la cobertura vegetal, conectividad, disponibilidad de alimento, distancia apropiada a los asentamientos humanos e infraestructura vial. La restauración del hábitat, antes, durante y después de la liberación de mamíferos solamente se realizó en el 13% de los casos, en el 70% no se mencionan datos y en el 17% no se ejecutó ningún tipo de restauración. En aves no se indica información relacionada con la restauración del hábitat en el 62,5% de los casos y no se ejecutó ninguna actividad de este tipo en el 37,5%. En los estudios de reptiles no se reporta información al respecto.
Técnicas de seguimiento y monitoreo
Las técnicas más empleadas en mamíferos fueron la observación directa y la telemetría con 44,7% cada una, seguidas de las combinaciones de telemetría-cámaras trampa 2,1%, observación directa-cámaras trampa 2,1%, observación directa-huellero-trampa 2,1%, y sin información en el 4,3% de los casos. En aves el seguimiento y monitoreo fue a través de observación directa en el 56,3% de los casos y telemetría el 43,7%, y en reptiles con telemetría en el 100% de los casos (Tabla 1).
Tiempo de duración del seguimiento y monitoreo
En mamíferos, el tiempo de seguimiento y monitoreo osciló en el rango de 1-30 días en el 34% de los casos, entre 31-60 días en el 21,2% de los estudios, y más de 200 días en el 14,8% (Tabla 1). En aves, principalmente en los rangos de 1-30 días en el 37,5% de los casos, entre 31-60 en el 12,5%, de 61-90 días el 6,3%, y sin datos el 12,5%. En reptiles se realizó en el rango de 1-30 días en el 33,3% de los casos y entre 61-90 días (Tabla 1).
Intervenciones
En liberaciones de mamíferos, las intervenciones fueron de tipo alimentación-refugio en el 31,9% de los casos, alimentación-recaptura en el 10,6%, recapturas en el 8,6%, alimentación en el 4,3%, sin intervención en el 38,2% y sin datos en el 6,4% de casos. Las recapturas (atención veterinaria y traslados) se presentaron en animales que sufrieron algún tipo de lesión física, condición corporal pobre o que no se adaptaron al nuevo hábitat. En aves no se realizó ningún tipo de intervención en el 62,5% de los casos, y se ejecutaron intervenciones de alimentación, alimentación-refugio y alimentación-recaptura con el 12,5% cada una. En reptiles no se realizó ningún tipo de intervención (Tabla 2).
Costos y tipo de financiación
Los recursos económicos de las liberaciones evaluadas provienen de las CAR, apoyando a ONG y universidades o de las ONG que gestionan recursos para desarrollar estas actividades. Sin embargo, la mayoría de estudios evaluados (89%, 81% y 100%, para mamíferos, aves y reptiles, respectivamente) no reportan información de costos de liberación y fuentes de financiación. En liberación de mamíferos algunos estudios mencionan el monto invertido en la reintroducción (11%), y en aves el 19% (Tabla 2).
Estrategias de divulgación
En liberaciones de mamíferos predominaron las charlas (17%), combinación de charlas y participación comunitaria (14,8%), encuestas (4,3%), entrevistas (4,3%), y otras combinaciones (8,7%). El 29,7% de estudios reportan que no fue necesario ningún tipo de estrategia y el 21,2% no presentan información. En aves las estrategias más usadas fueron las combinaciones charlas y participación comunitaria (62,5%), charlas y cartillas (12,5%), charlas, participación comunitaria y encuesta (6,3%), y el 17,7% no presentan información. En reptiles se realizaron charlas educativas y participación de la comunidad (33,3%). No se efectuó ninguna estrategia y no hay reporte de datos en el 33,3% de casos, en ambos casos (Tabla 2).
Evaluación de las liberaciones
En mamíferos se consideraron exitosos el 57,4% de los estudios de caso, parcialmente exitosos el 27,6% y fracasados el 14,8%. En aves el 68,7% de los casos fueron considerados exitosos; el 25% parcialmente exitosos y fracasados el 6,3%. En reptiles fueron exitosas el 66,6%, y en las liberaciones de cocodrilos del Orinoco (Crocodylus intermedius) aún no se reportan resultados.
DISCUSIÓN
En Colombia las liberaciones de fauna silvestre rehabilitada con posterior seguimiento y monitoreo son relativamente pocas, mientras en los 66 estudios de caso evaluados entre 1997-2015 se liberaron 672 ejemplares, los informes de gestión de las CAR entre 2007 al 2013, reportan la liberación de 79.283 animales sin seguimiento y monitoreo posterior. Estos resultados evidencian que de la mayoría de animales no se conoce su destino una vez son liberados al medio y tampoco puede predecirse el impacto que estas liberaciones pueden tener sobre las poblaciones nativas.
En el país el manejo de fauna silvestre ha tenido una evolución importante desde la normatividad. Por ejemplo, las liberaciones de fauna silvestre deben ser ejecutadas o supervisadas por las autoridades ambientales, atendiendo lo dispuesto en el capítulo I sobre repoblación de fauna silvestre, señalado en el Decreto 1608 del 31 de julio de 1978 de la Presidencia de la República y en la Resolución 2064 del 21 de octubre de 2010 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT), hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS). Sin embargo, en la práctica su implementación ha sido compleja, debido al alto volumen de animales que son objeto de tráfico ilegal, la rápida pérdida de hábitat por actividades antrópicas, la poca disponibilidad de recursos económicos, así como de centros especializados en la rehabilitación de especímenes, entre otros.
A pesar de lo anterior, varias universidades y ONG especializadas en rehabilitación de grupos taxonómicos particulares (ej. Fundación Omacha, Fundación AIUNAU) vienen brindando apoyo en los procesos de liberación de ejemplares de fauna silvestre, trabajando con recursos económicos propios o con apoyo financiero de las CAR. Mundialmente, se destaca que universidades, zoológicos y ONG especializadas en rehabilitación de fauna silvestre participan activamente en procesos de reintroducción de fauna silvestre (Gedir et al., 2004).
Las liberaciones corresponden a mamíferos, aves y en menor proporción a reptiles catalogados en diferentes categorías de conservación de la UICN, lo que coincide con lo reportado por Fischer y Lindenmayer (2000), Seddon et al. (2007) y Harrington et al. (2013), quienes recopilaron estudios de reintroducciones de fauna silvestre en el cual predominaron los programas en mamíferos y aves. Gedir et al. (2004) reportaron principalmente las liberaciones de especies catalogadas en categorías de Preocupación menor (LC), Casi amenazadas (NT) o En peligro (EN). Los ejemplares liberados en los estudios de caso provienen en su mayoría de los CAV, luego de ser objeto del tráfico ilegal de fauna silvestre, y en menor porcentaje ejemplares nacidos en cautiverio en programas de conservación de especies amenazadas. Estos datos muestran el fuerte impacto que tiene el comercio ilegal de fauna silvestre en el país y contrasta con lo mencionado por Fischer y Lindenmayer (2000), quienes en estudios de reintroducciones mundiales encontraron que el 73% de los mamíferos provenían principalmente de poblaciones silvestres y un 84% de las aves eran de programas de cría.
En relación con los objetivos de las liberaciones establecidos por los ejecutores de los estudios de caso, predominó el reforzamiento poblacional, la participación en programas de conservación para especies amenazadas y el conocimiento de la ecología y patrones de comportamiento de los ejemplares. Esto coincide con lo encontrado por Fischer y Lindenmayer (2000) quienes reportan que el 75% de las reintroducciones realizadas fueron exclusivamente con fines de conservación. En los últimos años, se ha observado un cambio en los objetivos que impulsan las reintroducciones, orientado a la obtención de información científica para mejorar los procesos, algunos enfocados a estudios veterinarios, genética, comportamiento de los animales, efectos del ecosistema y la dinámica poblacional, entre otros (Seddon et al., 2007).
Las zonas de liberación fueron definidas a través de la información obtenida en el acta única de control de tráfico de flora y fauna silvestre o por las reseñas sobre la distribución geográfica de la especie, siendo la región Andina la zona con mayor número de liberaciones tanto en predios públicos como privados. Los ejemplares de cóndor de los Andes Vultur gryphus y oso andino Tremarctos ornatus fueron liberados en áreas de parques nacionales naturales, que de acuerdo con los protocolos para el manejo de fauna decomisada del MAVDT, permiten liberar animales cuya distribución u origen sea del sistema de parques o de sus áreas de influencia.
En los casos estudiados predominan las liberaciones duras, que no solo se dan en animales recién capturados sino también en los que han respondido de forma positiva al proceso de rehabilitación. En este tipo de liberaciones se asume que los procesos de rehabilitación a los que el animal fue sometido son suficientes y que no se requiere de intervenciones en el medio que faciliten la adaptación al hábitat donde es liberado (IUCN/SCC, 2002; Harrington et al., 2013). En todo caso, el tipo de liberación depende de aspectos relacionados con el grupo taxonómico, la edad, el origen, el manejo, el tiempo de permanencia en cautiverio, así como de la respuesta del animal al proceso de rehabilitación, lo que orienta cuál es la mejor opción para que el animal sea liberado. La tenencia en cautiverio puede inducir cambios importantes que hacen que el animal no responda a los retos que lo somete el nuevo hábitat, generando altos niveles de estrés, que pueden tener efectos negativos sobre el crecimiento, el desarrollo, la reproducción y la resistencia a patógenos (Harrington et al., 2013).
En mamíferos y reptiles se presentó una proporción de sexos similar entre hembras y machos, mientras que para aves en la mayoría de ejemplares liberados el sexo no fue determinado. Con relación a la edad, se liberaron en los tres grupos animales principalmente adultos. La edad y el sexo son un factor importante en el éxito de las reintroducciones, ya que la edad a la que se libera un animal puede afectar significativamente su posterior supervivencia (Estrada, 2014). Animales adultos y de edad avanzada que han estado en un cautiverio por un tiempo considerable pueden perder el miedo al hombre y sus habilidades para buscar pareja. Por esta razón, su readaptación física y comportamental es más difícil y su destino en el nuevo hábitat es casi siempre la muerte (Gamboa & Suárez, 1997).
En las liberaciones no siempre se realizó de forma rigurosa una evaluación sanitaria, que debería estar acompañada de pruebas paraclínicas y exámenes específicos para agentes patógenos. Antes de cualquier liberación, es necesario llevar a cabo estudios de valoración de riesgo de enfermedades a las cuales los animales pueden estar expuestos o generarlas, y tomar las debidas precauciones para disminuir estos riesgos por costosos que sean (Estrada, 2014). Para esto es indispensable tener protocolos estandarizados de evaluación sanitaria de los especímenes a liberar y de las poblaciones receptoras como el propuesto por Choperena-Palencia y Mancera-Rodríguez (2016). Guy et al. (2013) encontraron en un estudio en centros de mamíferos y primates en diferentes países, que el 90% realizaban exámenes médicos a los animales antes de su liberación y controles para enfermedades como micobacteriosis y hepatitis, entre otras. Harrington et al. (2013), en 199 proyectos revisados, reportan que solo el 6% determinaron niveles de estrés, el 2% hicieron examen coprológico y el 18% medición de la condición corporal.
La evaluación etológica se ejecutó en el 100% de los casos de mamíferos y aves, la cual es necesaria ya que la mayoría de los animales reintroducidos proceden de los CAV o son criados en cautiverio, y pueden adoptar conductas anormales que reducen las oportunidades de aprender y adquirir destrezas para perdurar en su hábitat natural (Guy et al., 2013). La evaluación etológica siempre ha ido acompañada de programas de enriquecimiento ambiental en cautiverio, preparando el ejemplar para que afronte el hábitat natural y responda en forma positiva adoptando habilidades que ayuden a su supervivencia y mejoren su condición física al aumentar el éxito de las reintroducciones (Reading et al., 2013).
Solo cinco de los 66 estudios de caso realizaron pruebas genéticas y solo dos de ellos especificaron la técnica molecular usada (Tabla 3). Estas técnicas permiten determinar aspectos filogenéticos y filogeográficos, y apoyan el estudio de la historia evolutiva, la demografía y la ecología de las especies, al igual que permite describir patrones genéticos en las poblaciones naturales (e.g. Ruiz-García et al., 2003; Godoy, 2009, Zamora-Abrego et al., 2013; Soto-Calderón et al., 2015), ayudando además a resolver dudas taxonómicas o a conocer la procedencia de animales silvestres en cautiverio de los cuales se desconoce su origen (Oyler-Mccance & Leberge, 2012). Es por esto que siempre se deben realizar estudios genéticos de los ejemplares a liberar y de las poblaciones receptoras, para evitar la perturbación de la estructura genética de las poblaciones y en particular, la pérdida de adaptaciones locales y la eliminación de la diferenciación entre las poblaciones de una especie, así como la extinción de los genotipos nativos de las áreas en que los animales sean reintroducidos (Jiménez & Cadena, 2004; Godoy, 2009). Debe mencionarse que para los casos en que existen estudios para identificar subespecies o poblaciones para algunas especies, debería recurrirse siempre a éstos antes de realizar una liberación. Sin embargo, para la mayoría de las especies aún no se tienen estudios de variaciones interpoblacionales de ADN, lo que hace difícil recurrir a estas pruebas.
La evaluación cualitativa y cuantitativa de los atributos y parámetros del hábitat en los estudios de caso evaluados es mínima, dejando de lado los requerimientos básicos de la especie a liberar como las necesidades de alimento, refugio, agua, coberturas de protección, capacidad de carga, distancia a núcleos urbanos y vías, entre otros (Delfín et al., 2009; Capera & Brieva, 2014). Se debe realizar previamente a la liberación un proceso de evaluación de la zona para no correr el riesgo de generar impactos negativos en las poblaciones reintroducidas, y en las especies locales (Kleiman et al., 1994). Adicionalmente, es necesaria la corrección de las amenazas en el hábitat antes de la liberación de los animales, ya que esto puede determinar las posibilidades de éxito o fracaso de cualquier programa de reintroducción (Seddon et al., 2007; Armstrong & Seddon, 2008).
Las técnicas más empleadas para el seguimiento y monitoreo fueron la observación directa, la cual debe ir acompañada de un buen marcaje que permita la identificación individual de los animales, y la telemetría que facilita la capacidad de localizar e identificar los movimientos de los individuos, definir su rango de hogar y sus comportamientos, así como aspectos de depredación, socioecología y mortalidad (ej. Morales-Betancourt et al., 2009; Cepeda et al., 2010; Caicedo-Herrera et al., 2013). Sin embargo, la telemetría tiene desventajas directas sobre los individuos equipados, afectando su comportamiento, reproducción y supervivencia (Moreno et al., 2004; Solano & Moreno, 2012), además de ser costosa. Otra limitante de la telemetría es su difícil utilización en zonas con topografía accidentada y la posible interferencia de antenas de telecomunicaciones.
La mayoría de estudios de caso realizaron un seguimiento y monitoreo corto menor a los 60 días, lo que puede traer como consecuencia el desconocimiento del destino final de los animales (Ortiz-López, 2004) y el efecto de la liberación sobre el hábitat y las poblaciones silvestres. Solamente en algunos estudios el tiempo de monitoreo superó los 200 días, evaluando la supervivencia, adaptación al hábitat, búsqueda de pareja, reproducción, entre otros (ej. Gamboa & Suárez, 1997; Caicedo–Herrera et al., 2013; Moreno et al., 2004). Para que la reintroducción culmine con éxito ha de mantenerse un esfuerzo y dedicación prolongados en el tiempo, lo que frecuentemente requiere una gran inversión económica duradera.
Así mismo, las intervenciones fueron principalmente de tipo alimentación-refugio y alimentación-recaptura, aunque en aves y en reptiles en la mayoría de estudios no se realizó ningún tipo de intervención. Fischer y Lindenmayer (2000) encontraron que el porcentaje de fracasos en reintroducciones parece disminuir si se implementan medidas de apoyo. Las intervenciones son necesarias ya que la gran mayoría de animales liberados provienen de cautiverio y su proceso de rehabilitación no siempre es riguroso. No se puede poner en riesgo el bienestar de los ejemplares liberados y se debe tener en cuenta que el objetivo último de cualquier reintroducción es la permanencia de la población sin intervención, y se requiere de seguimiento de los ejemplares a largo plazo (Seddon, 1999).
Los recursos económicos y financieros invertidos por las CAR en los procesos de reintroducción son limitados con una inversión muy baja y dirigida principalmente a especies carismáticas que presentan algún grado de amenaza. Sin embargo, la mayoría de estudios no reportan información de costos ni fuentes de financiación, lo que dificulta dimensionar los costos reales que pueden implicar las liberaciones realizadas con una adecuada metodología de seguimiento y monitoreo. En el mundo, la mayoría de reintroducciones se han realizado en países desarrollados, debido que los países en vía de desarrollo tienen limitaciones en los recursos financieros, lo que se traduce en pocos recursos disponibles para los programas de reintroducción, especialmente a largo plazo (Gedir et al., 2004). Programas como el de liberación del cóndor californiano Gymnogyps californianus tuvo una inversión anual cercana a USD 1.000.000, y la liberación de tití león dorado Leontopithecus rosalia en Brasil fue de aproximadamente USD 22,000 por ejemplar (Fischer & Lindenmayer, 2000). Estos altos requerimientos económicos son una de las limitantes mayores para el éxito de estos procesos, lo que hace que sean muy pocos los casos en los que estos se encuentren justificados. Hay que resaltar que en los casos mencionados los animales fueron criados y mantenidos en países desarrollados, para enviarlos luego a países latinoamericanos, y esto incrementa sustancialmente los costos de envío por avión, de pruebas médicas más rigurosas por romper la barrera de los continentes, y de pago de personal en ambos lugares.
Según los objetivos definidos por los ejecutores de las liberaciones un número relativamente alto de los estudios de caso fueron exitosos (supervivencia, adaptación y comportamiento normal del ejemplar). Sin embargo, debido a la corta duración de los monitoreos, la inadecuada documentación de los resultados obtenidos y de criterios generales aceptados de éxito, no es posible conocer con certeza si los ejemplares sobrevivieron y se integraron adecuadamente a las poblaciones y hábitats donde fueron liberados. Algunos estudios considerados exitosos solo tuvieron en cuenta la supervivencia de los animales durante el tiempo de seguimiento y monitoreo, la capacidad de buscar alimento y pareja, o la conquista de territorios y la reproducción de los ejemplares (García-Grasso, 1997; Cepeda et al., 2010; Arango et al., 2013; Caicedo-Herrera et al., 2013). Parte importante del éxito está ligado a la implementación de estrategias educativas y la participación de la comunidad de humanos cercana a las áreas de liberación, generando alternativas de aprovechamiento sostenible y educándolas para un cambio en la percepción del uso, aprovechamiento y conservación de los recursos de su territorio.
La causa principal de fracasos de las liberaciones fue la mortalidad de todos o algunos de los ejemplares, destacándose ataques por otros animales, lesiones físicas ocasionadas por accidentes, y otras causas desconocidas. Bajomi (2010) estimó que de cerca de 700 programas de reintroducción llevados a cabo anualmente en Norteamérica, sólo entre un 11 y 62% son claramente exitosos y el porcentaje restante falla debido a que los animales con frecuencia mueren poco después de la liberación. Wimberger et al. (2010) resaltan que los fracasos se pueden presentar en algunos casos por dificultades evidenciadas con la disponibilidad de hábitat y alimento, la capacidad de carga o los cambios ambientales, ya que algunas especies requieren hábitats más complejos para sobrevivir.
Los resultados presentados ilustran las más importantes tendencias en los datos de los estudios de caso, sin que esto permita hacer extrapolaciones a otros casos de liberaciones de ejemplares. Fisher y Lindenmayer (2000) sugieren que los modelos estadísticos pueden sobreestimar las posibilidades de éxito cuando se extrapolan a condiciones ambientales diferentes y que pueden llevar a la toma de medidas erróneas por parte de los responsables de la toma de decisiones.
Es evidente que la mayoría de las liberaciones carecen de un adecuado seguimiento y monitoreo post-liberación, debido a la falta de unos lineamientos metodológicos adecuados para estos procesos que estandaricen los pasos a seguir en sus diferentes etapas, aunado a la carencia de personal técnico, de recursos económicos e instalaciones adecuadas de rehabilitación, entre otros. Por lo anterior, a partir de los datos presentados en este estudio se realizó una propuesta de lineamientos generales para el seguimiento y monitoreo post-liberación de fauna silvestre rehabilitada (Choperena-Palencia & Mancera-Rodríguez, 2016). Sin embargo, debido al volumen importante de decomisos por entidades del estado y al alto número de especies que se ven afectadas por el comercio ilegal, es necesario que se implementen centros de atención, valoración y rehabilitación de fauna silvestre (CAVR) especializados y se desarrollen protocolos post-liberación específicos para las especies o grupos taxonómicos que presentan mayor número de liberaciones o que son objeto del tráfico de fauna silvestre más frecuentemente (Choperena-Palencia & Mancera-Rodríguez, 2016).
AGRADECIMIENTOS
A los funcionarios de las corporaciones autónomas regionales, Unidad de Rescate y Rehabilitación de Animales Silvestres (URRAS) de la Universidad Nacional de Colombia y diversas ONG, por suministrar información valiosa para el desarrollo de esta investigación.
POTENCIAL CONFLICTO DE INTERESES
Los autores declaran que no existe conflicto de interés alguno por la realización y publicación de la presente investigación.
FUENTES DE FINANCIACIÓN
La investigación no tuvo financiación.
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Vereda las Moras Municipio Barranca de Upía, Meta. Bogotá, Colombia. Universidad Distrital Francisco José de Caldas.
1. Magíster en Medio Ambiente y Desarrollo. Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín. Grupo Ecología y Conservación de Fauna Silvestre, Medellín, Colombia. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ORCID: 0000-0003-4220-8638 2. Doctor en Biología. Profesor Titular Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín. Departamento de Ciencias Forestales, Grupo Ecología y Conservación de Fauna Silvestre, Medellín, Colombia. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ORCID: 0000-0002-7325-9588
Para citar este artículo: Choperena-Palencia, M. C. & Mancera-Rodríguez, N. J. (2017). Evaluación de procesos de seguimiento y monitoreo post-liberación de fauna silvestre rehabilitada en Colombia. Luna Azul, 46, xx-xx. Recuperado de http://200.21.104.25/lunazul/index.php/component/content/article?id=279. DOI: 10.17151/luaz.2018.46.11
Este obra está bajo una Licencia de Creative Commons Reconocimiento CC BY
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LA CONSULTA PREVIA FRENTE A LA MINERÍA. ESTUDIO DE CASO EN LOS RESGUARDOS INDÍGENAS DEL NOROCCIDENTE COLOMBIANO
Diana Magally Correa Valero1
Recibido el 31 de mayo de 2016, aceptado el 28 de mayo de 2017, actualizado el 20 de diciembre de 2017
DOI: 10.17151/luaz.2018.46.9
RESUMEN
El derecho a la consulta previa en Colombia se encuentra regulado por convenios internacionales, ratificado por la ley, reglamentado, y existe una amplia jurisprudencia de las altas cortes; sin embargo, la materialización de la consulta previa es hostil para las comunidades indígenas, quienes a pesar de conocer sus derechos escritos sobre el papel, deben recorrer una senda difícil para lograr su reconocimiento material.
Mediante el análisis de dos estudios de caso: Emberas contra Muriel Mining Corporation, en las sentencias de la Corte Constitucional, tutela T 769 de 2009 e indígenas Cartama contra Gran Colombia Gold, en la tutela T 438 de 2015, se analizarán las acciones del Estado, los indígenas y las empresas trasnacionales por medio de la triangulación de datos, y el análisis sociojurídico de la participación social ante el extractivismo minero, y se cuestionarán las acciones de cada uno de estos actores respecto a la consulta previa en la minería del oro.
Durante el proceso de consulta previa del primer caso se verificó que aparecieron ‘seudorepresentantes’ de las comunidades que fueron demandados penalmente por estas debido a la falsedad en la representación; también se verificó que se realizó una preconsulta con indígenas Embera de otro municipio, Riosucio (Caldas), que no hacía parte del proyecto en cuestión.
En el segundo caso, se pone en evidencia cómo las empresas trasnacionales subcontratan con empresas colombianas, conformando la triple alianza Estado, empresas transnacionales y poderes locales, que Boaventura de Sousa analiza, y que autores como Amparo Rodríguez y Cesar Rodríguez, señalan con ejemplos en sus libros sobre consulta previa.
PALABRAS CLAVE: indígenas, conservación, minería, medio ambiente.
PRIOR CONSULTATION AGAINST MINING. A CASE STUDY IN THE INDIGENOUS RESERVES NORTHWESTERN COLOMBIA
ABSTRACT
The right to prior consultation in Colombia is regulated by international conventions, ratified by law, regulated, and there is extensive jurisprudence of the high court on the issue. However, the materialization of prior consultation is hostile to indigenous communities who, despite knowing their written rights, must travel a difficult path to achieve their material recognition.
Through the analysis of two case studies -Emberas versus Muriel Mining Corporation in the sentences of the Constitutional Court, writ of amparo T 769 of 2009, and indigenous Cartama versus Gran Colombia Gold, writ of amparo T 438 of 2015- the actions of the State, the indigenous communities and the transnational companies will be analyzed through the triangulation of data and the socio-legal analysis of social participation facing mining extraction, and the actions of each of these actors regarding prior consultation in gold mining, will be questioned.
During the prior consultation process in the first case, it was verified that there were 'pseudo-representatives' of the communities that were criminally sued due to the falseness in the representation. It was also verified that a pre-consultation was carried out with the Embera indigenous community from another municipality, Riosucio (Caldas), which was not part of the project in question.
In the second case, it is evident how transnational corporations subcontract with Colombian companies forming the triple alliance State, transnational corporations and local powers, that Boaventura de Sousa analyzes, and that authors such as Amparo Rodríguez and Cesar Rodríguez point out with examples in their books on prior consultation.
KEY WORDS: indigenous, conservation, mining, environment
INTRODUCCIÓN
El grupo de investigación sobre pueblos originarios y extractivísmo minero, seleccionó como casos de relevancia nacional e internacional sobre minería en territorios indígenas y consulta previa específicamente el caso Mande Norte de la región noroccidental colombiana, y la explotación minera por los indígenas de la parcialidad indígena de Cartama, habitantes del municipio de Marmato en el departamento de Caldas, que se estudiarán en este artículo.
El primer caso analizará la consulta previa en la sentencia de la Corte Constitucional tutela T 769 de 2009, por la cual se da la revisión del fallo proferido en segunda instancia por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, dentro de la acción de tutela instaurada contra los Ministerios del Interior y de Justicia; de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial; de Defensa; de Minas y Energía; y de Protección Social, en el cual la honorable Corte Constitucional resuelve “conceder la protección de los derechos al debido proceso; a la consulta previa con las comunidades autóctonas y a la existencia, autonomía, integridad e identidad cultural y social de tales comunidades, al igual que a las riquezas naturales de la Nación”.
El segundo caso analizará la resolución de conflictos jurídicos relacionados con la tutela T 438 de 2015, sobre el derecho fundamental a la consulta previa, en el cual la honorable Corte Constitucional resuelve “Conceder la tutela del derecho fundamental a la consulta previa de los miembros de la comunidad indígena Cartama y de la comunidad afrodescendiente ASOJOMAR, que se han dedicado a la minería artesanal e informal en la mina Villonza, localizada en la parte alta del cerro El Burro del municipio de Marmato, Caldas”.
La lucha por la defensa de los derechos fundamentales de los pueblos originarios, ha sido un camino tortuoso, el reconocimiento del territorio, identidad, autonomía, participación, desarrollo y jurisdicción especial, aún parece una promesa inconclusa del Estado colombiano frente a los citados pueblos.
El camino para lograr el reconocimiento de los derechos de estos pueblos originarios es una senda cubierta de espinas. De ahí que mediante los estudios de caso se describen las estrategias de los diferentes actores, para desvirtuar o proteger los derechos de los pueblos en mención.
En este artículo se realizará un análisis sociojurídico de la participación social ante el extractivismo minero, la relación de éste con la consulta previa, y las acciones de los diferentes actores con base en las sentencias seleccionadas, para que el avezado lector tenga bases para poder realizar preguntas a los textos, cuestionando las diferentes identidades de los distintos actores con respecto a la minería.
Cuestionamientos tales como: ¿Existe la minería indígena tradicional?; si los indígenas no son mineros por tradición pero deciden serlo, ¿esto es una manifestación del libre desarrollo de la personalidad de una colectividad?; es decir, ¿la minería artesanal, o pequeña, o mediana, legal o ilegal, o como quiera que la denomine el Estado, hace parte de la identidad indígena? ¿Cuál es el papel del Estado en la construcción de esta nueva identidad de los indígenas mineros? ¿Cuál es el papel de las organizaciones internacionales, por ejemplo las Naciones Unidas, con referencia a la identidad de dichos grupos?
Además, ¿qué pasa cuando una minería indígena no tradicional vulnera o destruye la naturaleza, rompiendo el vínculo entre cultura colectiva y medio ambiente?
Aunque insistimos en que estas preguntas se desprenden de la presente investigación, y que el lector deberá buscar las respuestas en cada caso, sí debemos resaltar que el Estado y las Naciones Unidas han expresado hasta el cansancio la relación de los indígenas con el ambiente, y en general han resaltado su papel de conservación. ¿Por qué ahora se puede observar un cambio de tendencia? ¿Querrán los indígenas dejar de luchar por la preservación y luchar por la minería, ya que esta genera ingresos a corto plazo? ¿Qué pasa entonces con una cultura ancestral cuando decide aprovechar los ingresos aquí y ahora? Y que entre el diablo y escoja para ver qué queda de la naturaleza, o mejor, de los “recursos naturales” (Escobar, 1999).
MATERIALES Y MÉTODOS
Las preguntas anteriores surgen del análisis de la realidad de nuestro país, pero también de nuestra realidad local; la Universidad de Caldas ha trabajado con los resguardos indígenas Emberas de Cañamomo y Lomaprieta en casos puntuales desde el año 2008, así: procesos pedagógicos con el apoyo de la Defensoría del Pueblo y el semillero de Derecho y Medio Ambiente del programa de derecho de la Universidad de Caldas (Correa, 2011), así como capacitaciones sobre derechos colectivos de los pueblos indígenas y protección ambiental. Además, la Clínica Jurídica también ha sido invitada a realizar conceptos sobre la conveniencia o no de la creación de una zona minera indígena para los resguardos de Cañamomo y Lomaprieta2.
Los criterios tenidos en cuenta para la selección de estos dos casos fueron entonces: sociojurídicos, ya que se busca analizar la relación entre la cosmovisión indígena y los conflictos que genera el extractivismo minero en territorios étnicos; territoriales, que para el análisis es la región noroccidental colombiana, área de influencia de la Universidad de Caldas.
Los criterios económicos seleccionados para el desarrollo de estos casos, buscan analizar las relaciones de poder existentes en la explotación económica de un bien primario, como lo es la minería del oro para los dos casos de estudio.
En consecuencia con los criterios anteriores, en este artículo se analizarán las estrategias y acciones empleadas por los diferentes actores tales como el Estado, los indígenas y las empresas trasnacionales en los casos de la consulta previa señalados.
A posteriori, mediante la aplicación del método comparativo, se analizarán las acciones de las empresas transnacionales, respecto de las demandas de los pueblos originarios y del Estado, con el fin de deducir las convergencias y divergencias entre las partes.
Empezaremos entonces por revisar la doctrina, la jurisprudencia y la ley, y mediante ejemplos esclarecedores de la realidad sociojuridica colombiana, la participación social frente a la minería, los avances y retrocesos de la consulta previa en el marco jurídico colombiano, así como algunas consecuencias de la falta de aplicación de la consulta previa en la legislación para los pueblos originarios, la aplicación del convenio 169, y el estudio de los casos.
DISCUSIÓN
1. La participación social frente a la minería
Colombia es conocida como país dotado de una amplia diversidad biológica y minera; al hallarse sobre la superficie terrestre, la primera es administrada por el Ministerio del Ambiente, en tanto que la riqueza minera se encuentra en el subsuelo y es propiedad del Estado3 (Constitución política de Colombia, 1991), fungiendo como administrador de estos bienes primarios, es representado por el Ministerio de Minas y Energía.
Además de estas riquezas que históricamente han sido y seguirán siendo aprovechadas por el Estado central, en la actualidad, el Estado colombiano ha realizado un gran despliegue jurídico y económico para explotar los recursos minerales que posee en el subsuelo.
Conforme a la Constitución política en el artículo 84, la diversidad biológica y cultural es patrimonio de los colombianos, y es deber de nosotros velar por su preservación, artículo 795.
Dado que los colombianos sienten como propia, y obligatoria además, la necesidad de conservar el patrimonio natural y cultural existente, han surgido movimientos sociales, relacionados con la necesidad de conservación del agua ante la minería, movimientos que han sido de importancia nacional e internacional, en especial, la lucha contra la creación de minas en zonas de abastecimiento de agua, por ejemplo los movimientos sociales contra La Colosa en el departamento del Tolima.
Para los ciudadanos del país, es de vital importancia el cultivo de la tierra para obtener los alimentos y conservar el agua para la vida, aspectos de obligatorio cumplimiento para la Constitución política; estas necesidades son tanto locales como universales, y no debemos olvidar que conforme con la Carta Magna de Colombia, somos una república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales6.
Sería entonces menester que los concejos municipales administrasen el uso del suelo7. Por los graves efectos que la minería a cielo abierto produce, en cuanto a la calidad del suelo del agua para consumo humano, en el Tolima dos alcaldes han promovido la realización y aplicación de mecanismos de participación ciudadana, las llamadas consultas populares, que en todo caso deben ser aprobadas primero por la mayoría de los concejos municipales y a continuación mediante la consulta a la población.
En el caso de La Colosa, en el Tolima, existe un título minero a favor de la trasnacional surafricana AngloGold Ashanti, que le permitiría a esta realizar explotación del oro a cielo abierto, sin tener en cuenta las consecuencias nefastas el agua y el suelo del territorio circundante.
1. Elaborado por El Espectador (2014).
En contraposición a los efectos futuros de esta explotación, el 28 de julio de 2013 el alcalde municipal de Piedras (Tolima), realizó una consulta previa a la comunidad para proteger el territorio de la minería. Los habitantes del municipio se declararon, por medio de consulta popular, en contra de cualquier actividad relacionada con la minería de gran escala en su territorio. “Más del 90% de los sufragantes se oponen a la explotación minera de la AngloGold Ashanti en esa región del país”. (El espectador, 2013).
El actual alcalde de Ibagué, Guillermo Alfonso Jaramillo, planea efectuar una consulta popular a la ciudadanía para evitar el deterioro del suelo por la minería que pretende realizar la empresa transnacional AngloGold Ashanti (El Nuevo Día, 2016). De momento, radicó en el concejo municipal la siguiente pregunta:
“¿Está usted de acuerdo sí o no en que en el municipio de Ibagué se ejecuten proyectos y actividades mineras que impliquen contaminación del suelo, pérdida o contaminación de las aguas, o afectación de la vocación agropecuaria del municipio?” (El Nuevo Día, 2016).
El impedimento jurídico principal para que los alcaldes municipales, los gobernadores o los cuerpos colegiados interfieran para impedir la minería, se encuentra en el artículo 37 de la ley 685 de 2001, actual código de recursos minerales, el cual dice que "ninguna autoridad regional, seccional o local podrá establecer zonas del territorio que queden permanente o transitoriamente excluidas de la minería...".
Además, la Procuraduría demandó y de la demanda surge la sentencia C-12 de 2014 según la cual la Corte Constitucional hizo exequible el artículo 37. Esto quiere decir que con esa sentencia la Corte permitió que el artículo se ejecutara.
El artículo 33 de la Ley 136 de 1994 que no trata sobre el establecimiento de zonas excluibles de la minería, sino sobre sentar posiciones sobre cambios en los usos del suelo y consultas populares: “Cuando el desarrollo de proyectos de naturaleza turística, minera o de otro tipo, amenace con crear un cambio significativo en el uso del suelo, que dé lugar a una transformación en las actividades tradicionales de un municipio, se deberá realizar una consulta popular de conformidad con la Ley. La responsabilidad de estas consultas estará a cargo del respectivo municipio” (Semana, 2016).
Conforme con el actual plan de desarrollo, uno de los pilares de la economía colombiana es la minería, y siendo así se pretende que sea uno de los principales ingresos del producto interno bruto (imposible fáctico debido al actual precio de los commodities).
La importancia del tema ha sido tal que puede afirmarse que durante los gobiernos del expresidente Álvaro Uribe y el actual presidente, Juan Manuel Santos, la minería ha sido el caballito de batalla cuando se habla de desarrollo para el país. Infortunadamente, y no podemos olvidarlo, también ha sido de público conocimiento la corrupción en la entrega de títulos para la explotación de los bienes primarios en Colombia (ver mapa: Rudas, 2010, citado en Andrade).
Tomado de: Rudas, Guillermo. Política ambiental del presidente Uribe, 2002-2010. Niveles de prioridad y retos futuros. Consejo Nacional de Planeación, Bogota, 29 de octubre de 2010, con base en datos georreferenciados de Ingeominas, a 7 de mayo de 2009. Figura 3. Colombia. Evolución de la titulación minera. 1990 - 2009.
Es así como la participación local, en municipios aledaños a títulos de explotación de oro a cielo abierto por parte de empresas transnacionales, como este caso, se han enfrentado al poder central estatal, con el fin de participar en la acción y conservación de los suelos y el agua, como fuente que son de los alimentos, y en general de toda la vida.
2. La consulta previa en el marco jurídico colombiano. Avances y retrocesos
Así como los ciudadanos colombianos tienen derecho a tomar decisiones sobre los hechos que afectan su calidad de vida, también existen los derechos especiales de los pueblos originarios, ya que Colombia se considera un país pluriétnico y multicultural8 (Constitución política de Colombia, 1991).
En Colombia, los tratados internacionales de derechos humanos conforman un bloque de constitucionalidad, con la Constitución Política de 1991.
Es importante aclarar que frente a la decisión de la Corte Interamericana, esta corporación en sentencia C-616 de junio 13 de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil, señaló: “El legislador y la administración deben respetar los mandatos constitucionales y los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia que hacen parte del bloque de constitucionalidad, en virtud del artículo 93 de la Constitución, uno de los cuales es la Convención Americana sobre Derechos Humanos, para lo cual deben tener en cuenta las interpretaciones que los órganos autorizados han hecho sobre el alcance de los derechos que reconocen estas normas, en este caso la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos.”
De acuerdo con la Ley 21 de 1991, que retoma el concepto expresado en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, en adelante OIT.
“La consulta previa es el derecho que tienen las comunidades étnicas a que el Estado consulte previamente a su adopción todas aquellas medidas legislativas o administrativas que sean susceptibles de afectarles directamente como un medio de garantía de su identidad cultural”
La consulta previa es entonces un derecho fundamental, que al convertirse en un trámite obligatorio, debe ejecutarse de acuerdo con los usos y costumbres de cada etnia, cada vez que se pretendan tomar decisiones que afecten a las comunidades, las cuales pueden ser: a) Medidas administrativas como la expedición de una licencia ambiental para la explotación de recursos naturales, y b) Medidas legislativas como la expedición de normas que involucren o afecten a estos pueblos (Sentencia T-382 de 2006, citada en Rodríguez, 2012).
2.1 Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas
En 2007, en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, explica la participación en el artículo 18: “Los pueblos indígenas tienen derecho a participar en la adopción de decisiones en las cuestiones que afecten a sus derechos, por conducto de representantes elegidos por ellos de conformidad con sus propios procedimientos, así como a mantener y desarrollar sus propias instituciones de adopción de decisiones”.
La DNUDPI en su artículo 40 contempla que: “Los pueblos indígenas tienen derecho a procedimientos equitativos y justos para el arreglo de conflictos y controversias con los Estados u otras partes, y a una pronta decisión sobre esas controversias, así como a una reparación efectiva de toda lesión de sus derechos individuales y colectivos. En las decisiones de reparación se deben tener en consideración las costumbres, las tradiciones, las normas y los sistemas jurídicos de los pueblos indígenas interesados y las normas internacionales de derechos humanos”.
La DNUDPI sostiene en el artículo 10 que los pueblos indígenas no serán desplazados por la fuerza de sus tierras o territorios. No se procederá a ningún traslado sin el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas interesados, ni sin un acuerdo previo sobre una indemnización justa y equitativa y, siempre que sea posible, la opción del regreso (Rodríguez, p. 170).
Por otra parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, mediante sentencia de noviembre 28 de 2007, al resolver el caso del pueblo Saramaka vs. Surinam9, también ha resuelto diversos casos de conflictos durante la consulta previa, así: la consulta es una relación de comunicación y entendimiento, signada por el mutuo respeto y la buena fe, entre los voceros de los pueblos indígenas y tribales y las autoridades públicas, tendientes a buscar:
(…) Que se le dé la oportunidad para que libremente y sin interferencias extrañas pueda, mediante la convocación de sus integrantes o representantes, valorar conscientemente las ventajas y desventajas del proyecto sobre la comunidad y sus miembros, ser oída en relación con las inquietudes y pretensiones que presente, en lo que concierna a la defensa de sus intereses y, pronunciarse sobre la viabilidad del mismo. Se busca con lo anterior, que la comunidad tenga una participación activa y efectiva en la toma de la decisión que deba adoptar la autoridad, la cual en la medida de lo posible debe ser acordada o concertada.”
Es de destacar en la manifestación de la Corte Interamericana, que las comunidades indígenas también tendrán derecho al veto, es decir a negar las pretensiones de los proponentes.
2.2 Decreto 1320 de 1998
Estos conceptos provenientes de convenios y declaraciones transnacionales, fueron minimizados por el decreto 1320 de 1998 de la siguiente manera: “La consulta previa tiene por objeto analizar el impacto económico, ambiental, social y cultural que puede ocasionarse a una comunidad indígena o negra por la explotación de recursos naturales dentro de su territorio.”
Ante la definición del decreto 1320, los funcionarios de la dirección General de Asuntos indígenas DGAI, del Ministerio del Interior, cuya función es “coordinar la realización de las consultas previas con los pueblos indígenas” (Ley 199 de 1995 y Decreto 1320 de 1998) escribieron una carta de protesta frente a la estrechez de la definición, argumentando que:
Reglamenta solo lo atinente a la consulta previa para los casos de expedición de licencias o permisos para la explotación de recursos naturales, definiéndole a la consulta el objetivo de analizar los estudios de impacto ambiental (...) partiendo del supuesto de la vulneración del derecho y no de la protección del mismo. (DGAI, p. 322)
En la Sentencia SU-383 de 2003 la Corte puso de presente que ‘por haber expedido el Decreto 1320 de 1998 sin recurrir a la consulta previa y debido a que la consulta que la norma diseña no se ajusta a los dictados del Convenio 169, las reclamaciones presentadas por la Asociación Médica Sindical Colombiana y por la Central Unitaria de Trabajadores ante la Oficina Internacional del Trabajo fueron admitidas por el Consejo de Administración por recomendación de la Mesa –276ª y 277ª reuniones- y culminaron con la aprobación, por parte del Consejo de Administración, de las recomendaciones de la Comisión de Expertos, las que coinciden en la necesidad de solicitar al Gobierno Nacional la modificación del Decreto 1320 de 1998’.10
A pesar de que el concepto de consulta previa del decreto 1320 es reducido frente al concepto de los convenios internacionales, los múltiples y reiterativos conceptos sobre el bloque de constitucionalidad entre el convenio 169 de la OIT y la constitución política, hacen que sea de obligatorio cumplimiento; sin embargo, esta profusión legal, con definiciones estrechas, pueden generar confusión entre los operadores jurídicos, quienes podrán encontrar en estos conceptos una excusa para dilatar la toma de decisiones.
2.3 Algunas consecuencias de la falta de aplicación de la consulta previa en la legislación para los pueblos originarios
“La falta de un proceso auténtico de consulta previa con las comunidades étnicas llevó a la declaratoria de inexequibilidad de leyes como la forestal de 2006, la de desarrollo rural de 2007 y la modificación del Código de Minas de 2010, aun cuando en este último caso, la Corte Constitucional difirió los efectos del fallo por dos años, es decir, hasta mayo de 2013” (Negrete, 2012).
2.4 Aplicación del convenio 169 y la realidad sociojurídica
A pesar de los avances y retrocesos en el marco jurídico de la consulta previa, los principales conflictos surgen en el momento de la materialización del derecho colectivo a la participación y la consulta previa; autores internacionales como Boaventura de Sousa Santos, han señalado cómo se generan alianzas entre poderes legales (Estado, empresas transnacionales y empresarios locales) y autores nacionales como Gloria Amparo Rodríguez y Rodríguez Garavito, han descrito que existen otro tipo de poderes ilegales tales como paramilitares o guerrilla en las zonas donde existe conflicto armado, que también influyen en la toma de decisiones de un pueblo originario.
Para la ONG CENSAT Agua Viva: Los pueblos indígenas y afrodescendientes, así como las comunidades campesinas de Colombia, tienen una identidad territorial soportada en su habitar histórico, cuyo reconocimiento está consagrado en la Constitución Nacional, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y en el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Sin embargo, las empresas transnacionales operan bajo estructuras y marcos jurídicos que les favorecen, como la OMC, los TLC y los acuerdos de asociación, los cuales van en contravía de los derechos y soberanía de los pueblos, desatando tensiones y contradicciones relacionadas con el proyecto de nación, con la consolidación de los Estados y con la construcción de las soberanías.
Esta tensión y contradicción entre el Estado central y los pueblos originarios, se refleja en el Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 2018, el cual destinó entre 8 y 11 billones exclusivos para consulta previa, así:
Título II, indica en el Parágrafo 2. “Como parte integral del Plan Plurianual de Inversiones se incluyen de manera transversal las proyecciones indicativas acordadas en el marco de la consulta previa, estimadas para los pueblos indígenas entre ocho (8) y once (11) billones, considerando el Plan Macroeconómico y el Marco Fiscal de Mediano Plazo del Gobierno Nacional”.
Cabe entonces preguntarse: ¿cuál es el interés del Estado central en la consulta previa? Estas acciones concretas por parte del Estado demuestran un claro interés en las políticas macroeconómicas para surtir un requisito de procedibilidad, es decir, en el plan de desarrollo la consulta es un requisito previo al desarrollo de un proyecto, de esta manera el Estado garantizaría la realización de los proyectos que planea a futuro; es allí como nos preguntamos si el Estado visualiza a los pueblos originarios en sus derechos colectivos, el derecho a la diferencia, a la participación, al territorio, a la lengua, a la cosmovisión, y a la diferencia cultural, como un todo, no como un requisito procedimental, previo al desarrollo de los proyectos.
(…) Ejemplo de tales tensiones es la visible relación entre el discurso del “desarrollo a gran escala” que promueven las trasnacionales y el uso de las prácticas indebidas para adquirir títulos mineros, para la exploración / explotación, y aliados políticos que les permitan reglamentar nuevos usos del suelo (Curtis, 2007; Elhawary 2008). Otras investigaciones han demostrado que para brindar condiciones de seguridad para la inversión, las transnacionales han sido beneficiadas de la presencia de las fuerzas militares del Estado, trasladando sus costos de seguridad a éste y han sido cómplices de grupos paramilitares para la consolidación territorial de sus proyectos extractivos (Censat Agua Viva, 2010, pp. 48-49).
En los territorios de los pueblos originarios, específicamente para el caso de consulta previa, el Estado ha concentrado sus esfuerzos jurídicos y económicos en llevar a cabo la consulta previa, conforme con los datos expuestos, pero más allá de la realidad formal, Rodríguez Garavito se ha preguntado:
¿Cómo es posible esta convivencia del orden y el caos, del formalismo jurídico excelso y la violencia más extrema? ¿En qué momento la resistencia de los pueblos indígenas a ser aniquilados física y culturalmente se convirtió en una discusión sobre procedimientos legales? (Rodríguez, 2012)
Con referencia a los indígenas Embera, Rodríguez analizó el caso de la creación de la represa Urra, así:
Urrá I es el reflejo de los conflictos ambientales relacionados con el modelo de desarrollo que se plantea en el país y sobre el cual debemos reflexionar. Analizando este caso, consideramos necesario que en el país se implementen nuevas alternativas de desarrollo, las cuales deben reconocer y garantizar los derechos de los pueblos indígenas, además de proteger nuestras riquezas naturales y culturales para las presentes y futuras generaciones. La sostenibilidad debe tener en cuenta los derechos de los pueblos indígenas y “se debe evaluar no en términos económicos sino a través de una batería de indicadores biofísicos. La distribución de los derechos de propiedad, los ingresos y el poder, determinan el valor económico del llamado “capital natural”. (Martínez, 2004; citado en Rodríguez, 2012, p. 180 y 181)
Por mandato constitucional, el Estado colombiano es el garante de la diversidad étnica y cultural, así como la diversidad biológica en un país megadiverso; sin embargo, también debe propender por el desarrollo económico de Colombia. Para lograrlo, el Estado central ha realizado un despliegue jurídico, económico y de planeación, con el fin de extraer los minerales que se encuentran en el subsuelo, de los que es propietario.
La extracción de estos minerales se inicia con la entrega de títulos mineros, muchos de estos, a empresas trasnacionales.
Aunque Colombia ha firmado acuerdos internacionales para proteger los derechos colectivos de los pueblos indígenas, como el acuerdo 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, entre otros, cierta legislación nacional, ejemplo el acuerdo 1320 de 1998, minimizan el alcance conceptual de la consulta previa. En la práctica, esto genera confusión en los operadores jurídicos, haciendo que los involucrados pierdan el tiempo en interpretaciones de la ley, confusión que no debería existir.
Sousa Santos señala que existen alianzas entre el Estado y las empresas trasnacionales; Rodríguez Garavito y Gloria Rodríguez llaman la atención sobre la materialización de estas alianzas en el momento de la explotación, En consecuencia, estas serán bases conceptuales en el análisis de las dos sentencias siguientes.
3. ESTUDIOS DE CASO, RESUMEN ANALÍTICO DE LAS SENTENCIAS SOBRE CONSULTA PREVIA Y EXTRACTIVISMO EN EL NOROCCIDENTE COLOMBIANO
A partir del resumen analítico de las estrategias empleadas por los indígenas, el Estado y las empresas trasnacionales en casos de consulta previa para extractivismo minero en el noroccidente colombiano; específicamente, en las sentencia T069 de 2009 y en la sentencia T438 de 2015.
A posteriori, mediante la aplicación del método comparativo, se analizarán las acciones ambientales y sociales de las empresas transnacionales, respecto de las solicitudes de los pueblos originarios y el Estado, con el fin de deducir las convergencias y divergencias entre las partes.
Tabla 1. Defensa de los derechos colectivos de los indígenas Embera y Cartamas en el estudio de caso
Tabla 2. Relación de los pueblos indígenas con otros pueblos en el estudio de caso
Tabla 3. Acciones de las diferentes organizaciones estatales con los indígenas Embera y Cartama en el estudio de caso
Tabla 4. Acciones de las empresas transnacionales Muriel Mining Corporation y Gran Colombia Gold, en el estudio de caso
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Colombia es conocida como país dotado de una amplia diversidad biológica y minera; al hallarse sobre la superficie terrestre, la primera es administrada por el Ministerio del Ambiente, en tanto que la riqueza minera se encuentra en el subsuelo y es propiedad del Estado11 (Constitución política de Colombia, 1991), fungiendo como administrador de estos bienes primarios y representado por el Ministerio de Minas y Energía.
En los casos de estudio de la consulta previa de las comunidades indígenas del noroccidente colombiano, se identificó la falta de consulta previa por parte de las empresas transnacionales, lo que atentó contra el derecho colectivo a la supervivencia, el derecho a la vida y la posibilidad de desaparecimiento forzado en el caso Emberas contra Mande Norte.
En el segundo caso, Cartamas contra Colombia Mining se verificó una alianza de estos indígenas con mestizos y comunidades negras para la explotación de la mina Villonza, que aunque el caso parecía ser apoyado por la Corte Constitucional, esta expectativa se desvaneció con la poco argumentada anulación de la sentencia T 438 de 2015.
Durante el proceso de consulta previa del primer caso se verificó que aparecieron seudorepresentantes de las comunidades que fueron demandados penalmente por falsa representación, también se verificó que se realizó una preconsulta con indígenas Embera de otro municipio, Riosucio (Caldas), que no hacía parte del proyecto en cuestión.
Además, se verificó cómo las empresas trasnacionales subcontratan con empresas colombianas, conformando la triple alianza Estado, empresas transnacionales y poderes locales, que Boaventura de Sousa analiza, y que autores como Amparo Rodríguez y Cesar Rodríguez señalan con ejemplos en sus libros.
Por último y no por ello menos importante, conforme con los casos estudiados, se señala que el Estado también se encuentra fraccionado en diversas instituciones tales como Ministerio del Interior, Agencia Nacional Minera, Agencia Nacional de Licencias Ambientales, entre otras organizaciones que deben intervenir en los procesos de consulta previa, sin mostrar mucha coherencia entre estos.
En consecuencia, aunque el derecho a la consulta se encuentra reglamentado por convenios internacionales, ratificado por la ley, reglamentado, y existe jurisprudencia de las altas cortes, la materialización del derecho es hostil para las comunidades indígenas, quienes a pesar de conocer sus derechos escritos sobre el papel y la ley, deben recorrer una difícil senda para lograr su reconocimiento, o no lograrlo como en el caso de los indígenas Cartama.
AGRADECIMIENTOS
Vicerrectoría de Investigaciones de la Universidad de Caldas, grupo de investigación sobre pueblos originarios y extractivismo, pueblos indígenas de Colombia.
REFERENCIAS
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1. Abogada Universidad de Caldas; Magíster en Antropología Universidad Nacional de Colombia; Doctora en Ciencias Jurídicas, UNIVALI; Doctora en Derecho, Universidad de Alicante; Profesora de Derecho Ambiental e Historia del Derecho de la Universidad de Caldas. Correoe: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 2. En el concepto, la Universidad de Caldas recomendó rechazar la creación de la zona minera. 3. Artículo 332. El Estado es propietario del subsuelo y de los recursos naturales no renovables, sin perjuicio de los derechos adquiridos y perfeccionados con arreglo a las leyes preexistentes. 4. Artículo 8. Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. Ibíd., p. 5.4 Artículo 8. Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. Ibíd., p. 5. 5. Artículo 79. Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. Ibíd, p. 5. 6. Artículo 1. “Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de republica unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista”. (…) Ibíd, p. 5. 7. Artículo 313. Corresponde a los concejos: (…) 7. Reglamentar los usos del suelo y, dentro de los límites que fije la ley, vigilar y controlar las actividades relacionadas con la construcción y enajenación de inmuebles destinados a vivienda. Ibíd., p. 5. 8. Artículo 7. El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana. 9. Citado en T069 de 2009. 10. Citada en: T 069 de 2009, p. 26. 11. Artículo 332 El Estado es propietario del subsuelo y de los recursos naturales no renovables, sin perjuicio de los derechos adquiridos y perfeccionados con arreglo a las leyes preexistentes.
Para citar este artículo: Correa-Valero, D. M. (2017). La consulta previa frente a la minería. Estudio de caso en los resguardos indígenas del noroccidente colombiano. Revista Luna Azul, 46, xx-xx. Recuperado de http://200.21.104.25/lunazul/index.php/component/content/article?id=277. DOI: 10.17151/luaz.2018.46.9
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