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Nuevas dimensiones del derecho a gozar de un ambiente sano en Colombia
Gloria Amparo Rodríguez1
Recibido: 29 de agosto de 2019 - Aceptado: 30 de marzo de 2021 - Actualizado: 4 de abril de 2024
DOI: 10.17151/luaz.2022.55.2
Resumen
El derecho a gozar de un ambiente sano, considerado como un derecho humano, ha sido analizado e interpretado por la Corte Constitucional colombiana, desde la entrada en vigor de la Carta Política de 1991, en aras de definir su naturaleza y responder a los desafíos relacionados con la protección del ambiente y el bienestar de las personas. La consagración constitucional de este derecho como colectivo y el aumento de los conflictos ambientales en las últimas décadas han llevado a que la Corte Constitucional, a través de su jurisprudencia, profundice en su naturaleza y lo defina como un derecho fundamental, mediante la teoría de la conexidad, lo cual implica que puede ser justiciable con la acción de tutela. Esto representa nuevos retos para el ordenamiento jurídico colombiano y la actividad estatal. Por ello, este artículo busca presentar un panorama jurisprudencial sobre la definición del derecho al ambiente sano, teniendo en cuenta las tendencias actuales adoptadas por los jueces de la República en Colombia, para lo cual se abordará el alcance y contenido del derecho a gozar de un ambiente sano, los antecedentes para su consagración y la definición de su naturaleza, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional.
Palabras clave: derecho ambiental, derecho a un ambiente sano, derechos colectivos, derechos fundamentales.
New dimensions of the right to enjoy a healthy environment in Colombia
Abstract
The right to a healthy environment, considered as a human right, has been analyzed and interpreted by the Colombian Constitutional Court, since the Political Constitution of 1991, to define its nature and respond to the challenges related to the protection of the environment and people’s well-being. The constitutional consecration of this right as a collective and the environmental conflicts increase in recent decades has led the Constitutional Court, through its jurisprudence, to delve into its nature and define as a fundamental right. This recognition has been based on the theory of connection, which implies that it can be litigated with the tutela action. This scenario represents new challenges for the Colombian legal system and the State activity. Therefore, this article presents a jurisprudential overview on the definition of the right to a healthy environment, considering the current trends adopted by the judges of the Republic of Colombia, for which the scope and content of the right to enjoy a healthy environment, the background for its consecration and the definition of its nature, in accordance with constitutional jurisprudence.
Key words: environmental law, right to a healthy environment, collective rights, fundamental rights.
Introducción
La degradación ambiental, la pérdida de biodiversidad y el cambio climático conforman la actual triple crisis planetaria. Los retos asociados con garantizar un ambiente adecuado para el bienestar de las personas y de los demás seres que conforman la naturaleza, han supuesto la necesidad de ofrecer herramientas jurídicas para asegurar un ambiente limpio, saludable y sostenible. En ese sentido, la Constitución Política de Colombia de 1991 consagra que la protección del ambiente es una obligación estatal, un derecho y deber de todas personas de preservar los recursos naturales y el entorno. De manera particular, el Artículo 79 constitucional establece el derecho a gozar de un ambiente sano y el deber conjunto del Estado y los particulares de proteger la diversidad e integridad de este. Para ello, se adoptaron postulados que permitieran cumplir con estas disposiciones, entre ellas el discutido modelo de desarrollo sostenible (Escobar, 2016), que defiende el desarrollo económico siempre que haya armonía con el entorno, esto es, haciendo un uso racional de los recursos naturales y su garantía para las generaciones futuras.
El reconocimiento del derecho al ambiente sano representa un avance en el propósito de cuidar el entorno, no obstante, su protección y garantía son un reto mucho más complejo. Por ello, en este texto (que hace parte del desarrollo de las investigaciones que venimos adelantando)4, siguiendo la metodología descriptiva que tiene en cuenta no solo aspectos normativos sino también jurisprudenciales y doctrinales, se ahondará en los avances normativos y jurisprudenciales en la materia. Con esto, se tiene en cuenta lo que se ha dicho respecto a este derecho y se realiza un análisis de los aportes en aras de poder determinar la naturaleza, alcance y nuevos retos de acuerdo con la tendencia actual que posee el derecho a gozar de un ambiente sano en el orden jurídico.
Así las cosas, en este texto en un primer momento se indagará sobre la definición que se le ha dado al derecho a un ambiente sano, resaltando algunos aportes doctrinales y la discusión que ha rodeado su conceptualización. En segundo lugar, se ahondará en el contenido y las diferentes aproximaciones que se le han dado a este derecho, con lo cual se busca ver la trayectoria que se ha mantenido en cuenta para su clasificación y la importancia que esto representa para su garantía y protección. En la tercera parte, se revisará, de manera general, los principales instrumentos internacionales que han avanzado en ese reconocimiento del derecho a un ambiente sano, considerando la importancia que este tema ha tenido en la agenda de la comunidad internacional en las últimas décadas. Finalmente, se tendrá en cuenta el avance jurisprudencial que la Corte Constitucional ha planteado sobre este tema, teniendo en cuenta las sentencias más sobresalientes que han logrado explicar su concepto.
Concepto y naturaleza
El derecho a un ambiente limpio, saludable y sostenible fue reconocido como un derecho humano universal por la Asamblea General de las Naciones Unidas, mediante la Resolución A/76/L.25 del 26 de julio de 20225 (ONU, 2022), teniendo en cuenta la necesidad de contar con un ambiente sano para garantizar el goce y ejercicio de los derechos humanos de las presentes y futuras generaciones. En especial, porque los daños ocasionados en el entorno, así como los efectos del cambio climático, la contaminación del aire, el agua, el suelo, la inadecuada gestión de sustancias químicas y desechos, la pérdida de la diversidad biológica y la disminución de los servicios ecosistémicos interfieren con el disfrute efectivo de todos los derechos humanos.
Este reconocimiento del derecho a un ambiente limpio, saludable y sostenible como un derecho humano por parte de la comunidad internacional, si bien no es jurídicamente vinculante para los Estados Parte de las Naciones Unidas, busca que los Estados asuman mayores esfuerzos para garantizar que todas las personas cuenten con acceso a un entorno limpio, saludable y seguro. En especial, esta resolución busca prevenir las consecuencias desastrosas para todas las personas en el mundo, en un escenario de triple crisis planetaria: el cambio climático, la pérdida de la biodiversidad y la contaminación (UNEP, 2022). Así las cosas, este instrumento jurídico representa el fruto de las reivindicaciones sociales derivadas de la grave crisis ambiental alrededor del mundo y, al igual que los demás derechos humanos, debe ser protegido y garantizado por todos los medios idóneos de manera tal que logre garantizar el respeto por la dignidad humana (Sánchez, 2012).
La prerrogativa de gozar de un ambiente sano surge de la noción filosófica y económica de la naturaleza, según la cual, es un conjunto de elementos susceptibles de ser fragmentados para el uso y aprovechamiento por parte de los seres humanos (Cortés-Nieto y Gómez-Rey, 2023). Sin embargo, como producto de las reivindicaciones dogmáticas actuales surge una nueva comprensión jurídica sobre la relación entre ambiente y sociedad, que tiene en cuenta las relaciones dinámicas, recíprocas, permanentes e interdependientes entre la naturaleza y la sociedad (Ulloa, 2011; Ruiz-Serna, 2023), así como las múltiples afectaciones negativas que la explotación industrial a gran escala implica en el desequilibrio del sistema natural, la supervivencia de diferentes especies y el peligro para el desarrollo de la vida de los seres humanos (Valencia, 2018).
El uso y aprovechamiento desmesurado de los elementos naturales en los últimos siglos han representado el abuso a los límites de la naturaleza y a la generación de afectaciones al entorno y, consecuentemente, a la vida, la integridad y la salud tanto de las personas como de las demás especies que habitan la Tierra (Velásquez-Muñoz, 2012). La amenaza a la vida de la presente y las futuras generaciones hace que sea legítimo el reconocimiento de un tipo de bienes jurídicos particulares, en tanto, su vulneración y degradación causa efectos negativos directos a sujetos determinados y a otros individuos de las generaciones venideras. Así, la teoría jurídica incluye en su agenta la protección integral del ambiente y de todos los elementos que lo conforman (Valencia, 2018).
En efecto, el derecho a gozar de un ambiente sano surge en medio de diferentes dilemas pues, por un lado, se limita su consagración a una simple obligación del Estado de proteger el ambiente junto al reconocimiento del derecho humano a un ambiente sano o adecuado para desarrollar buena calidad de vida, y otras tantas como la obligación estatal de proteger el entorno en condiciones limpias y saludables sin incluir este derecho. A esto se le suma la ausencia de definición jurídica del término “ambiente”6, el cual se ha mantenido en la comprensión del conjunto segmentado de los elementos que lo componen, que son la diversidad biológica, el agua, el aire, el suelo, los desechos, el patrimonio cultural, entre otros.
Al margen de ello, en los últimos años se ha establecido que el derecho al ambiente sano es un derecho intangible que guarda interdependencia con otros derechos fundamentales e igualmente intangibles, como lo son el derecho a la vida y el derecho a la salud, pues satisface la protección de la presente y de las futuras generaciones (Prieur, 2014). De Luis García (2007) señala que la garantía a gozar de un ambiente sano es una prerrogativa que busca asegurar el derecho de las personas a desarrollarse en un medio adecuado, saludable y propicio, en un marco de adecuada relación entre el ambiente y las necesidades humanas básicas, entre ellas la salud, la alimentación, el agua y la vivienda. En especial, considerando que la satisfacción de las necesidades humanas depende de la existencia de un ambiente adecuado. De ahí que la garantía del derecho a un ambiente sano resulta inherente a la garantía de la dignidad humana, en el sentido de que esta exige de una calidad ambiental que no se limite a la garantía de la supervivencia de los seres humanos, sino que también satisfaga las necesidades humanas básicas.
Al respecto, González (2015) sostiene que este derecho comprende dos ámbitos: en primer lugar, el derecho a gozar de un ambiente adecuado y equilibrado, esto es, el derecho de las personas a disfrutar de un ambiente en el que los elementos que se interrelacionan lo hagan de manera natural y armónica, y la intervención humana no represente una alteración sustantiva a esta relación. Esta perspectiva implica la tutela del ambiente para el desarrollo de la persona y su dignidad humana porque, de lo contrario, este derecho carece de sentido y contenido. Por otro lado, la aproximación desde la cual el derecho a gozar de un ambiente sano consagra la preservación de un entorno saludable y equilibrado que representa la obligación para los poderes públicos y los particulares de mantener el ambiente y los elementos naturales en condiciones adecuadas para su goce y disfrute. Así, siguiendo los postulados de Mesa (2019), el derecho al ambiente sano supone un llamado a la moderación, el uso sostenible y un replanteamiento de las relaciones existentes entre seres humanos y los demás componentes que integran el medio.
Así las cosas, el derecho a gozar de un ambiente sano es un derecho que, de acuerdo con algunos autores, constituye un prerrequisito para el ejercicio de otros derechos por su condición sine qua non para la vida misma (Altamirano, 2004; Navas, 2012; Torres y Velandia, 2022), como también lo ha interpretado la Corte Constitucional desde sus primeros pronunciamientos, cuando refiere que la protección del ambiente es una respuesta a un problema que de seguirse agravando podría impedir el desarrollo de la vida del ser humano (Corte Constitucional, Sentencia T-411 de 1992). Es tanto así que el ambiente sano figura como una condición indispensable para la preservación de todas las formas de vida del planeta, en el que no se tienen en cuenta las fronteras ni las especies y, por tanto, lo que afecta a unos resulta repercutiendo en todos directa o indirectamente (Montoya-Rendón, 2017).
El nivel óptimo de calidad ambiental es un valor esencial para la supervivencia tanto de la humanidad como de las demás especies que integran los diferentes ecosistemas. En ese sentido, el derecho al ambiente sano permite que las condiciones del entorno sean propicias para la supervivencia biológica de la persona y para el desarrollo de su desempeño normal e integral en el medio social, donde de acuerdo con la constatación de indivisibilidad de los derechos humanos, las nuevas exigencias sociales (protección del ambiente) están perfectamente interrelacionadas con los demás derechos ya consolidados, como el derecho a la vida, a la salud, al desarrollo de la personalidad, etc. (Navas, 2012).
En virtud de esto, se ha dicho que el derecho al ambiente sano es una expresión de los postulados éticos de la colectividad que propenden por una preservación del patrimonio común para la supervivencia de la humanidad y de las demás especies que existen en el Planeta (Prieur, 2014). Debido a esto, se ha constitucionalizado el ambiente sano como un valor y un derecho, respondiendo así a una situación política precisa caracterizada por la limitación de los elementos naturales y el deterioro ambiental que generan problemas sociales y económicos, los cuales requieren de respuestas legítimas concretas.
De esta manera, el derecho a un ambiente sano al igual que cualquier otro derecho ambiental se fundamenta, de acuerdo con Martín-Mateo (2013), en la visión colectiva y naturista que pretende proteger al ser humano y, por supuesto, al ambiente en sí mismo. En este marco conceptual, también es pertinente mencionar que hay quienes afirman que el derecho al ambiente sano hace parte de los derechos difusos (Medina et al., 2018), lo que quiere decir que los titulares de esta garantía son una comunidad indeterminada que supera la subjetividad y, ante la cual, la existencia de un daño puede considerarse desde la subjetividad de cada una de las personas que lo padecen. Al respecto, concuerda De Luis García (2017) cuando sostiene que este es un derecho difuso, interrelacionado con otros derechos fundamentales, tales como la vida y la salud y, por tanto, existe una relación de indivisibilidad e interdependencia entre estos que permite que sea la colectividad la titular del derecho. De este modo, el reconocimiento constitucional del derecho al ambiente sano está ligado a la creación de nuevos derechos colectivos y a un nuevo derecho fundamental, en tanto aparece como un nuevo interés jurídicamente tutelable.
En efecto, con base en los postulados de Villa (2013), el derecho a un ambiente sano se constituye en una prerrogativa que involucra a la humanidad en su conjunto y es atemporal, en la medida en que protege y garantiza la existencia tanto de las presentes generaciones como de las futuras. Esto representa la responsabilidad que tiene el ser humano de ser guardián del planeta, bien sea por medio de la exigencia del goce y disfrute del derecho o a través de la adopción de medidas que permitan su cumplimiento porque, como lo hemos referido, es innegable que sin la riqueza de la biosfera se hace imposible el desarrollo de la vida de todos demás seres vivos. De lo anterior, es posible afirmar que este derecho, como los demás derechos humanos, debe ser protegido por la administración pública, la cual tiene la obligación de asegurarse de conservar el entorno y los recursos naturales y, en ese sentido, abstenerse de llevar a cabo obras que afecten de manera negativa el equilibrio del ambiente y per se a los derechos fundamentales de los asociados (Navas, 2012).
Teniendo en cuenta estos precedentes, y antes de entrar a examinar la naturaleza jurídica del derecho a un ambiente sano, debemos tener en cuenta la clasificación de los derechos que, aunque ha sido muy cuestionada, plantea que los derechos se encuentran divididos en tres generaciones: la primera de ellas hace referencia a los derechos civiles y políticos, los cuales son inherentes a la calidad de persona y no requieren de la intervención del Estado para su reconocimiento y goce, tales como, la dignidad humana, la libertad, la igualdad, entre otros. La segunda generación se integra por los derechos económicos, sociales y culturales que a diferencia de los primeros requieren de la intervención el Estado para que sea este quien garantice a todas las personas unas condiciones mínimas para el cumplimiento de una vida digna; entre estos derechos encontramos el derecho a la propiedad, al trabajo, a la vivienda, etc.7 Y, en tercer lugar, se ubican los derechos colectivos que, como su nombre lo indica, debe disfrutar la colectividad (Galvis, 2012).
A pesar de lo anterior, encontramos que en el ordenamiento constitucional colombiano el derecho a un ambiente sano aparece contenido en el capítulo de los derechos colectivos. Respecto a esto, Londoño et al. (2010) refieren que los intereses colectivos se adoptan con base en los principios de solidaridad e igualdad y, por lo tanto, implican que la vulneración de un derecho colectivo tiene afectaciones generales y, como tal, afecta la comunidad en su conjunto, por ende, son indispensables para la existencia y subsistencia de la sociedad. Así, como lo plantea Rodríguez (2008), los derechos colectivos se caracterizan por reconocer y proteger intereses de la comunidad en general o de colectividades, sobre la base de los principios de solidaridad, supervivencia de la humanidad y búsqueda de solución pacífica de conflictos. Es por ello que en Colombia el derecho al ambiente sano como derecho colectivo se protege a través de la acción popular, no obstante, como se verá más adelante, la jurisprudencia constitucional ha reconocido este derecho como fundamental, en los eventos en que su vulneración afecta un derecho fundamental y, por conexidad, puede ser justiciable mediante la acción de tutela. Así, el derecho a un ambiente sano se configura como una doble exigencia para los Estados, por un lado aparece como deber de proteger el entorno y los recursos naturales y también como deber de abstenerse de dañar el bien jurídico tutelado de este derecho, y por otro lado como obligación de las personas de preservar el ambiente (Vernet y Jaira, 2007).
De esta manera, la naturaleza jurídica del derecho a un ambiente sano, según el derecho constitucional colombiano, es un derecho colectivo, un principio rector en la organización del Estado, y es de carácter difuso, en tanto la protección se dirige a sujetos indeterminados (De Luis García, 2017). Adicionalmente, Londoño et al. (2010) señalan que el derecho a un ambiente sano, como derecho de tercera generación, es un derecho susceptible de ser protegido de manera preventiva, pues basta con la amenaza de daño o el riesgo a su vulneración para que asuma su protección, y este derecho tiene como garantía que, sumado a que es una obligación estatal, cualquier persona puede reclamar su protección, en virtud del principio de precaución y el interés general.
No obstante, el derecho al ambiente sano puede representar diferentes dificultades en su formulación dentro del ordenamiento jurídico, debido a la complejidad en torno a la conciliación entre su eficacia con los propósitos de seguridad jurídica propios del derecho, sobre todo cuando se trata de la delimitación del concepto de violación y del bien jurídico tutelado. Además, está la importancia de este derecho y su naturaleza difusa, que han exigido la adopción de nuevos mecanismos de protección, principalmente cuando se está ante inconvenientes de la delimitación de los elementos a priori y Abstractos de su violación, dado que en algunos casos su vulneración puede demostrar su carácter de fundamental y le corresponde al administrador de justicia estudiar la aplicabilidad en cada caso concreto, a diferencia de los derechos reconocidos como fundamentales, donde el juez analiza los hechos bajo la lógica normativa (Navas, 2012).
Por lo anterior, es posible afirmar que el derecho a gozar de un ambiente sano es un derecho de naturaleza transversal, en la medida en que es una condición indispensable para el goce de otros derechos fundamentales y, como tal, requiere de una comprensión holística con otros derechos y con el deber de velar por la armonía entre las relaciones del ser humano y la naturaleza (Prieur, 2014). Sobre eso, la Corte Constitucional ha indicado que la fundamentabilidad de los derechos no depende de la forma en que se hacen efectivos, ni del carácter prestacional que tienen, pues todos los derechos son fundamentales en la medida en que se conectan con los valores que el Constituyente de 1991 pretendió proteger (Corte Constitucional, 2020).
Contexto internacional del derecho a gozar de un ambiente sano
El deterioro del ambiente, la degradación de los ecosistemas, la pérdida de biodiversidad y el cambio climático, así como las amenazas en la salud y en la vida humana por la triple crisis planetaria en las últimas décadas, son algunas de las causas que llevaron a la comunidad internacional a preocuparse por la regulación de la relación del ser humano con la naturaleza. Dicha preocupación se ve manifestada con el reconocimiento del derecho humano al medio ambiente sano por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas mediante la Resolución 48/13 de 2021 y por la Asamblea General de esta instancia internacional con la Resolución A/76/L.25 del 26 de julio de 2022, aunque ha sido un proceso lento (De Luis García, 2017).
El reconocimiento del derecho a gozar de un ambiente sano es el resultado de precedentes aislados de actuaciones internacionales que tenían una dimensión ambiental, entre ellas es posible señalar la época denominada utilitarismo, que comprende el periodo de principios del siglo XX hasta comienzos de la Primera Guerra Mundial, en el cual la protección del entorno se basaba en la utilidad para la producción o valor económico o comercial que pudieran tener los elementos naturales, lo cual se puede ver en el Convenio de París de 1902 sobre la Protección de las aves útiles a la agricultura y los Convenios de Washington de 1911 sobre la protección de las focas para la peletería, entre otros instrumentos internacionales (Juste, 1999).
Posteriormente, la etapa de los años 30 hasta la Segunda Guerra Mundial, denominada la era de la naturaleza virgen y, como consecuencia, del incremento significativo de las intervenciones sobre espacios naturales y riquezas biológicas de los territorios vírgenes sometidos a la colonización, se celebraron el Convenio de Londres de 1933 para la conservación de la flora y la fauna natural en África, y el Convenio de Washington de 1940 para la protección de la flora, la fauna y las bellezas panorámicas naturales en los países de América. Más adelante, tras la Segunda Guerra Mundial se firman una serie de instrumentos internacionales para la protección de aguas dulces y aguas del mar, entre ellos el Protocolo firmado entre Francia, Bélgica y Luxemburgo para la protección de las aguas fronterizas de 1950, el cual duró hasta finales de la década de los años 60, hasta cuando la alarma de los científicos en relación con el estado del ambiente llevó al nacimiento de un nuevo pensamiento denominado “ecológico” o “verde”8, que permitiría la cooperación de la comunidad internacional (Juste, 1999).
Como se evidencia, en el siglo XX hubo intentos de desarrollar una regulación internacional ambiental, pero esta se limitó a la conservación de la vida silvestre y a los recursos hídricos por su importancia económica. Fue hasta la década de los años 70 cuando en el marco universal de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano de 1972, se aprobó la denominada Declaración de Estocolmo, que marcó un hito en el derecho internacional, porque además de contener los principios rectores del derecho ambiental, fue el escenario en el que se vio por primera vez la preocupación de la comunidad internacional por los temas ambientales y, en donde, además, se propone una redefinición del ambiente como un servicio del ser humano a un elemento inherente y necesario para la vida de las personas, el cual requiere protección (Güiza, 2012; De Luis García, 2017). Así, lo podemos ver en el Principio 1 que dispone:
El hombre tiene derecho fundamental a la libertad, la igualdad y el disfrute de condiciones de vida adecuadas en un medio de calidad tal que le permita llevar una vida digna y gozar de bienestar, y tiene la solemne obligación de proteger y mejorar el medio para las generaciones presentes y futuras. (ONU, 1972)
De la Declaración de Estocolmo es posible destacar su carácter antropocéntrico, en el sentido de que el imperativo de conservación y protección del ambiente surge como una medida para hacer frente al impacto que los daños ambientales generaban en el desarrollo de la vida humana. No obstante, con la evolución propia del derecho internacional ambiental, fue para el año 1992 que, tras la celebración de la Cumbre de la Tierra o Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, llevada a cabo en Río de Janeiro (Brasil), se aprueba la Declaración de Río, en la cual se establece en el Principio 1 lo siguiente: “Los seres humanos constituyen el centro de las preocupaciones relacionadas con el desarrollo sostenible. Tienen derecho a una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza” (ONU, 1992). Además de esto, consagra los denominados derechos de acción ambiental en el Principio 10, según el cual es deber del Estado garantizar a los ciudadanos el derecho al acceso a la información en materia ambiental, la participación en la toma de decisiones y el acceso a la justicia ambiental (ONU, 1992).
En este contexto internacional, de acuerdo a como refiere De Luis García (2017), la celebración de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible de 2002 juega un papel sobresaliente para el derecho a un ambiente sano, pues en esta Cumbre se aprueba la Declaración de Johannesburgo (ONU, 2002) que, a diferencia de los instrumentos desarrollados hasta aquí, hace énfasis en la preocupación internacional respecto al deterioro ambiental y la afectación directa que la contaminación genera en la dignidad de las personas, de ahí que se afirme que la garantía de una vida digna requiere de un ambiente adecuado.
Varios años más tarde, está el Acuerdo de Paris de 2015, que es el acuerdo con mayor número de países firmantes en cuanto a la adopción de medidas para limitar el aumento de la temperatura global a menos de 2°C por encima de los niveles preindustriales, así como fortalecer la respuesta mundial al cambio climático y la capacidad de los Estados para enfrentar sus efectos. En este tratado internacional se reconoce:
(…) el derecho a la salud, los derechos de los pueblos indígenas, las comunidades locales, los migrantes, los niños, las personas con discapacidad y las personas en situaciones vulnerables y el derecho al desarrollo, así como la igualdad de género, el empoderamiento de la mujer y la equidad intergeneracional. (ONU, 2015)
Por otra parte, en el ámbito regional americano, el derecho a un ambiente sano fue reconocido en el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador” de 1988 (OEA, 1988), el cual consagró en el Artículo 11 que toda persona tiene a vivir en un ambiente sano y contar con servicios públicos básicos. Además, se estableció la obligación de los Estados de promover la protección, conservación y restauración del ambiente (OEA, 1988). En el mismo sentido, en el continente africano se aprueba la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, firmada en Nairobi en 1981, la cual dispone en su Artículo 24 que “todos los pueblos tendrán derecho a un entorno general satisfactorio favorable a su desarrollo” (Unión Africana, 1981).
La importancia que representa el reconocimiento de este derecho dentro de los sistemas regionales de derechos humanos reside en el progreso que se tiene respecto a la reivindicación del derecho a un ambiente sano y en la conciencia internacional de la relevancia del derecho ambiental. Por su parte, para entender el alcance que tiene el reconocimiento de este derecho por el sistema interamericano, se deben tener en cuenta los artículos de la Convención Americana de Derechos Humanos: el número 1, relativo a la obligación de los Estados de proteger los derechos humanos; el artículo 2, que consagra el deber de adoptar las disposiciones en el derecho interno y, el artículo 16, que comprende el desarrollo progresivo de los derechos (Cuadrado, 2009).
Este panorama internacional sirvió como influencia para el proceso de constitucionalización de los derechos ambientales. Si bien, en este artículo no se realizará un estudio de derecho comparado sobre la consagración del derecho a gozar de un ambiente sano, se considera pertinente enunciar algunos de los países que han reconocido la garantía del ambiente sano como un derecho. Entre los países latinoamericanos está Colombia, Bolivia, Ecuador, Brasil y Argentina; se incluyó en el texto constitucional el derecho del medio ambiente sano como un derecho (Güiza, 2012). Al otro lado del mundo, Grecia en 1975, Portugal en 1976, España en 1978 y posteriormente Bangladés, Marruecos y Jamaica en 2011, entre otros Estados, introdujeron el derecho al medio ambiente sano en su Carta Constitucional. Logrando con ello que en la actualidad sean 177 países de los 193 que existen en todo el mundo los que consagran el ambiente en su texto superior, y de ellos 98 que reconocen el derecho humano al ambiente sano (Prieur, 2014).
Ahora bien, debe tenerse en cuenta que cada Estado que ha reconocido el derecho a un ambiente sano lo ha hecho de diferentes maneras. En general, su configuración se representa en dos ámbitos. Por una parte, está la libertad negativa, que hace referencia a la disposición de no dañar el ambiente; y, por otro lado, como derecho prestacional o en su carácter de libertad positiva, entendido como la protección, conservación o reparación de los daños que se produzcan en el entorno (González, 2015).
Para entender la complejidad que representa la configuración del derecho a un ambiente dentro del derecho internacional y constitucional, se debe tener en cuenta que cada derecho ha sido reconocido en un momento histórico y contexto geográfico determinado, y que a partir del consenso internacional se ha extendido a otro lugar. No obstante, de acuerdo a lo señalado anteriormente y conforme lo explican Vernet y Jaira (2007), este no es el caso del derecho al ambiente sano, pues su reconocimiento se debe a la preocupación de la comunidad internacional por las amenazas a la salud y la vida humana derivadas de los factores ambientales, tema que ha ido evolucionando de la mano de la concientización de la comunidad internacional sobre la importancia del entorno y los nuevos conflictos ambientales que han surgido e impactan de manera negativa la vida de los seres humanos.
Así las cosas, el derecho a un ambiente sano en el ámbito internacional ha tenido una progresiva consolidación, la cual ha ido permeando el derecho interno de diferentes países, esto a pesar de las contingencias dogmáticas que aún presenta. Además, ha logrado configurar el derecho a un ambiente sano de manera tal que la satisfacción del mismo logra dar cumplimiento a los postulados de desarrollo sostenible (Vernet y Jaira, 2007), asumiendo de esta manera los problemas ambientales y de satisfacción de derechos humanos que surgen en la actualidad.
Reconocimiento del derecho a gozar de un ambiente sano en el derecho interno colombiano
En el ordenamiento jurídico colombiano el derecho a un ambiente sano está protegido por normas constitucionales, legales, reglamentarias y por políticas públicas en esta materia. A partir de la Constitución de 1991 la protección del ambiente se da través del modelo de desarrollo sostenible que, por una parte, establece el deber del Estado y de los particulares de proteger y conservar el entorno y los recursos naturales; y, por otro lado, consagra una serie de limitaciones al ejercicio de ciertos derechos económicos en beneficio del ambiente. No en vano, estas disposiciones forman en conjunto la denominada Constitución Ecológica, que se encarga de regular la relación existente entre las personas y la naturaleza (Serna-Ramírez, 2007).
Según Duarte-Godoy y Arana-Gutiérrez (2017), en Colombia, antes de la Constitución de 1991, ya se habían dado algunos acercamientos en esta materia, pues al ser nuestro país reconocido por su gran diversidad biológica, su ubicación geográfica y sus riquezas hídricas, el legislador había procurado proteger los recursos hídricos, los bosques y las reservas forestales desde 1908, lo cual se ve manifestado en la expedición del régimen de tierras en la Ley 0200 de 1936, mucho antes del reconocimiento internacional. A esto se le suma el Decreto 541 de 1952 que en su momento se encargó de organizar la división de recursos naturales del Ministerio de Agricultura; también, encontramos la Ley 02 de 1959 relativa a la economía forestal de la Nación y la conservación de los recursos naturales renovables.
Con posterioridad a la Declaración de Estocolmo de 1972, en Colombia se expidió la Ley 23 de 1973 (Congreso de la República, 1973) que le concede facultades extraordinarias al presidente de la República para expedir el Código de Recursos Naturales y de Protección al Medio Ambiente, el cual fue proferido mediante el Decreto-Ley 2811 de 1974 (Presidencia de la República, 1974). En este Código se establece que el ambiente es un patrimonio común y, como tal, le corresponde al Estado y a los particulares participar en su preservación y manejo. Más adelante, se establecen las medidas sanitarias con la Ley 9 de 1979, allí se dedica un gran número de artículos para reglamentar el tema de la protección del ambiente. Y es hasta 1980 cuando se comienza a hablar de penas por la comisión de delitos ecológicos (Duarte-Godoy y Arana-Gutiérrez, 2017).
En este panorama normativo ambiental, el escenario Constituyente de inicios de los 90 propició las discusiones alrededor de los derechos y deberes en materia ambiental y, con ello, la necesidad de garantizar la calidad del entorno para el desarrollo de una vida digna. Así, el derecho a un ambiente sano se reconoce dentro de los derechos colectivos y sobre él recae el interés general (Rodríguez, 2012), con esto se entiende que el titular del derecho y garantía es la sociedad como conjunto (Galvis, 2012). De esta manera, la consagración constitucional del derecho a un ambiente sano plantea un enfoque holístico que integra un gran número de disposiciones que tienen un origen interdisciplinario y, por ello, requiere ser revisado desde las ciencias sociales y las ciencias naturales. Asimismo, la Carta Magna se ajusta a lo que refiere el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales respecto a las obligaciones implícitas del derecho al ambiente sano, que son: (i) respetar, como el deber del Estado de abstenerse a interferir, obstaculizar o impedir el ejercicio del derecho; (ii) proteger, que es el deber de adoptar medidas que sean necesarias y razonables para garantizar el ejercicio de este derecho e impedir la intervención de terceros, y (iii) cumplir, como la obligación del Estado de realizar acciones positivas que faciliten, proporcionen y promuevan la plena efectividad de este derecho (Rodríguez, 2012).
En este sentido, encontramos entre las disposiciones constitucionales que guardan relación con el derecho al ambiente sano el Artículo 8, que establece el deber del Estado y de los particulares de proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación (Constitución Política de Colombia de 1991). Asimismo, el Artículo 63 consagra que los bienes de uso público, los parques naturales, los territorios de grupos étnicos, el patrimonio arqueológico y demás bienes que sean determinados por la ley, son inalienables, imprescriptibles e inembargables. Desde esta perspectiva constitucional, el derecho al ambiente sano aparece en el Artículo 79 de la siguiente manera:
Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. (Constitución Política de Colombia de 1991)
En concordancia con esta disposición, el Artículo 80 establece el deber del Estado de planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para que se garantice el desarrollo sostenible, la conservación, restauración o sustitución de estos. Además, le reconoce la obligación que tiene de prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, así como de sancionar y exigir reparación de los daños causados (Constitución Política de Colombia de 1991).
Esta preocupación del constituyente por incluir el derecho a un ambiente sano en el texto constitucional es relativamente reciente y representa la tendencia actual en reconocer la importancia del ambiente, la cual se ha venido consolidando con el pasar de los años (Mendoza, 2015). Aun con este escenario normativo en Colombia, que reza el deber de protección al derecho a un ambiente sano y el reconocimiento como fundamento de la democratización de los recursos naturales y de los derechos colectivos, Serna-Ramírez (2007) nos indica que su aplicación real es todavía un reto, pues en la cotidianidad es un derecho que resulta constantemente vulnerado, lo cual exige la implementación de estrategias que permitan garantizar de manera efectiva el goce de este derecho, así como involucrar a la comunidad en la protección y conservación del entorno y los recursos naturales. Adicionalmente, es necesario comprender el ambiente desde un enfoque sistémico que se integra por diferentes formas de vida y construcciones simbólicas, sociales y culturales, esto es, un sistema en el que el ser humano satisface sus necesidades a partir del uso racional del ambiente y los recursos naturales, lo cual es posible a partir del cumplimiento del modelo de desarrollo sostenible, que garantiza que las presentes y futuras generaciones puedan gozar de un ambiente sano.
Desarrollo jurisprudencial del derecho a gozar de un ambiente sano en Colombia
La Constitución Política de 1991 es reconocida por ser una Constitución Ecológica, debido a la gran cantidad de disposiciones que consagra en relación con la protección del ambiente y los elementos naturales como respuesta a una preocupación vital para toda la humanidad. Es por ello que la Corte Constitucional ha establecido desde sus primeros pronunciamientos que uno de los ejes centrales de la Carta Magna y, per se del Estado, es la protección del ambiente sano, pues este resulta absolutamente necesario para que los demás intereses jurídicamente tutelados puedan existir, de otro modo, el derecho a la vida, a la salud o inclusive a la propiedad serían inoperantes en un medio que no permita el desarrollo de la vida humana (Corte Constitucional, Sentencia T-411 de 1992).
De este modo, la comprensión del derecho a gozar de un ambiente sano en los primeros años de la jurisprudencia constitucional, el Alto Tribunal, consideraba esta prerrogativa como una garantía de carácter fundamental, en la medida en que su amenaza o violación afectan directamente la existencia de la especie humana y del derecho más fundamental de las personas: la vida. Para justificar esta aproximación, la Corte Constitucional sostiene que el crecimiento económico que trae la dinámica de la libertad económica puede generar un alto costo ecológico, representado en la desenfrenada y definitiva destrucción del ambiente, causando con ello afectaciones al desarrollo de la vida de los seres humanos. Esto, explica el Alto Tribunal, fue lo que llevó al Constituyente de 1991 a introducir la idea del desarrollo sostenible en el texto constitucional y el derecho de las personas a gozar de un ambiente sano, que en otras palabras es el reconocimiento de que la calidad de vida es un valor que merece garantía constitucional, no por los factores cuantitativos que intervienen en el bienestar, sino por un bien superior que procura mantener el equilibro de la naturaleza a fin de que con ello se asegure la supervivencia de la vida y el desarrollo de la misma en las generaciones presentes y las venideras (Corte Constitucional, Sentencia T-291 de 1993).
De manera paralela al reconocimiento del derecho a gozar de un ambiente sano como derecho fundamental, la Corte Constitucional lo comprendía como un derecho de interés colectivo, cuya protección no era exigible mediante la acción de tutela, salvo que se acreditada que su amenaza o vulneración implicaba la directa violación de un derecho fundamental subjetivo. Con fundamento en ello, se desarrolló la teoría de la conexidad, según la cual la garantía colectiva de gozar de un ambiente sano adquiere la calidad de fundamental, dado que se requiere de su salvaguarda para el ejercicio y disfrute de las prerrogativas fundamentales (Corte Constitucional, sentencias T-406 de 1992, T-437 de 1992).
Con base en lo anterior, el Alto Tribunal estableció que la procedencia de la acción de tutela para proteger el ambiente sano requiere de una relación de causalidad directa, eficiente y específica entre la violación o amenaza de un derecho constitucional fundamental por el desconocimiento de un derecho colectivo. Por lo tanto, en los eventos en los que no sea posible evidenciar dicha relación, el mecanismo de protección procedente es la acción popular (Corte Constitucional, sentencias T-528 de 1992, SU-067 de 1993). Adicionalmente, la Corporación agregó como requisitos para la procedencia de la acción de tutela para la protección de este derecho que la presentación de la acción de amparo la realice el titular del derecho fundamental amenazado o vulnerado; que la demostración de la gravedad que representa la vulneración del interés colectivo, respecto a la integridad de los derecho subjetivos; que la vulneración de los derechos fundamentales sea real e inminente y pueda generar un perjuicio irremediable para el peticionario, y que se demuestre la falta de idoneidad de la acción popular para la salvaguarda de los derechos invocados (Corte Constitucional, sentencias T-896 de 2007, T-885 de 2008, T-605 de 2010, T-484 de 2011, T-601 de 2013, T-362 de 2014).
Lo anterior, de acuerdo con el Alto Tribunal, se ha fundamentado en la necesidad de adoptar medidas necesarias para el cumplimiento real y efectivo del derecho a gozar de un ambiente sano, pues el ambiente constituye un eje transversal de la Constitución y como tal “compromete al Estado a la creación de una institucionalidad adecuada para su protección y al desarrollo de normas legales y políticas públicas que respondan a la aspiración de preservar la riqueza nacional” (Corte Constitucional, Sentencia C-035 de 2016).
En línea con ello, la jurisprudencia constitucional ha comenzado a abordar el derecho a gozar de un ambiente sano en concordancia con la justicia ambiental, esto es, reconociendo este derecho como uno fundamental autonómico y el cual, además, tiene múltiples dimensiones: un principio jurídico que permea todo el ordenamiento jurídico, como un derecho constitucional fundamental y colectivo que es exigible a través de diversos mecanismos judiciales; como una obligación del Estado, la sociedad y los particulares; y, a la vez, como un servicio público y fin fundamental estatal (Corte Constitucional, sentencias C-449 de 2015, C-389 de 2016, C-041 de 2017, C-644 de 2017).
Con este panorama, se ha comprendido el derecho a gozar de un ambiente sano desde las dos dimensiones de la justicia ambiental, esto es, desde la (i) justicia distributiva, que corresponde al reparto equitativo de las cargas y beneficios ambientales entre los individuos de una colectividad local, regional o nacional; y desde la (ii) justicia participativa, que hace referencia a la incidencia de las personas que pueden resultar, potencial o efectivamente, afectadas por el desarrollo de una actividad con impactos en el entorno (Corte Constitucional, sentencias T-294 de 2014, T-660 de 2015, T-704 de 2016, T-227 de 2017, T-614 de 2019).
La aproximación del derecho a gozar de un ambiente sano desde la justicia ambiental le ha permitido a la Corte Constitucional reflexionar sobre las diferentes visiones que han fundamentado la interpretación del ambiente. Así, de acuerdo con este Alto Tribunal, en un primer momento, las sentencias se caracterizaban por tener una visión antropocéntrica, desde la cual se “concibe al ser humano presente como única razón de ser del sistema legal y a los recursos naturales como simples objetos al servicio del primero”. En segundo lugar, se encuentra la visión biocéntrica, que se caracteriza por la reivindicación de concepciones sobre la responsabilidad humana y defienden el postulado del deber del ser humano con el entorno y las futuras generaciones. En tercer lugar, se encuentra la visión ecocéntrica adoptada en los últimos años9, que percibe “a la naturaleza como un auténtico sujeto de derechos y que respalda cosmovisiones plurales y alternativas a los planteamientos recientemente expuestos” (Corte Constitucional, Sentencia T-622 de 2016)10.
Así las cosas, el panorama jurisprudencial de la Corte Constitucional ha reconocido al ambiente como un eje central del ordenamiento jurídico interno, por la importancia que este representa para la vida de los seres humanos y los demás seres que habitan la Tierra, así como para el desarrollo de una adecuada calidad de vida con condiciones propicias para el bienestar de todos los integrantes de la biosfera (Corte Constitucional, Sentencia T-622 de 2016). De modo que “no se trata de un ejercicio ecológico a ultranza, sino de atender la realidad sociopolítica en la propensión por una transformación respetuosa con la naturaleza y sus componentes. Hay que aprender a tratar con ella de un modo respetuoso” (Corte Constitucional, Sentencia C-449 de 2015).
Sobre este particular, la Corte Constitucional ha reiterado que la protección del ambiente sano constituye un interés superior en el ordenamiento jurídico colombiano, toda vez que es el contexto vital del ser humano, necesario para su supervivencia y de las generaciones futuras. De ahí que, tras analizar la incidencia que tiene el ambiente en la vida del ser humano, ha reconocido que el derecho al ambiente sano es un derecho fundamental de toda persona y, como tal, es susceptible de ser protegido mediante la acción de tutela, en vista de que compromete de manera directa los derechos y la dignidad de las personas (Corte Constitucional, Sentencia T-325 de 2017).
Así las cosas, la interpretación jurisprudencial de la Corte Constitucional sobre el derecho a gozar de un ambiente sano no ha sido unívoca y ha estado permeada por debates de diferentes aproximaciones sobre su naturaleza y el mecanismo judicial idóneo para garantizar su protección. La fundamentabilidad de este derecho ha sido un tema central del debate, debido a la necesidad de garantizar un entorno saludable y limpio para asegurar la vida y bienestar tanto de los seres humanos como de las demás especies que habitan el planeta. La forma de abordar esta problemática por parte de la Corte Constitucional ha sido a través de la teoría de la conexidad, según la cual es posible acudir a la acción de tutela para solicitar la protección del derecho a gozar de un ambiente sano, siempre que la amenaza o vulneración a este derecho implique directa y eficientemente una amenaza o vulneración a un derecho fundamental, como puede ser la vida, la salud, la dignidad humana, entre otros.
Conclusiones
La preocupación por las problemáticas ambientales y los retos asociados a las consecuencias que se pueden generar por la actual triple crisis ambiental alrededor del mundo han desarrollado el derecho ambiental a nivel nacional e internacional. La incidencia social por la destrucción de ecosistemas y la disminución de recursos ha permitido que se reconozcan derechos que antes escapaban de la esfera del ordenamiento jurídico, tales como el derecho al ambiente sano, bien sea como derecho colectivo o como derecho fundamental por su conexidad con otros derechos fundamentales (derecho a la vida, a la salud, etc.) o por la importancia misma que tiene el patrimonio ambiental para la existencia de la especia humana y de los demás seres vivos que habitan la Tierra.
Resulta innegable que los conflictos ambientales surgidos en las últimas décadas por los modelos de actividad industrial han llevado a que se reconsideren los conceptos de ambiente y el uso ilimitado de los recursos naturales, hecho que implica la necesidad de una regulación en la materia. De esta manera, hoy hablamos del derecho a gozar de un ambiente sano y, a través de diferentes disposiciones, se ha procurado mantener las relaciones con el entorno de acuerdo con los postulados del modelo de desarrollo sostenible, el mejoramiento de la calidad de vida y el equilibrio ecológico.
La importancia de este derecho radica en el hecho de que se ha reconocido que los más afectados por la violación del derecho al ambiente sano son las poblaciones o comunidades en situación de vulnerabilidad, por lo que es necesario trabajar en conjunto para la protección y garantía de este derecho. En este contexto, las nuevas dimensiones del derecho ambiental pasan por transitar del reconocimiento de este derecho como un derecho colectivo a ser considerado como un derecho fundamental, el cual puede ser protegido a través de las acciones de tutela.
Así como es necesario que sean diseñadas políticas públicas, planes y programas que permitan la materialización de este derecho y mecanismos judiciales o administrativos que contribuyan en la defensa del mismo, es deber de todos proteger, conservar y restaurar el ambiente y los recursos naturales, pues más allá de ser una disposición recogida en el texto constitucional y en la legislación, es un imperativo para la supervivencia de la presente y futuras generaciones, así como una garantía del disfrute de condiciones dignas para vivir.
Por ello, el reconocimiento de la jurisprudencia constitucional al ambiente sano como derecho fundamental es un gran paso en la construcción de la conciencia ambiental sobre el uso sostenible de los recursos naturales y como deber de todos de cuidar el entorno en el cual habitamos en interrelación con otras especies, que nos permiten desarrollar la vida de manera adecuada en la presente y para las futuras generaciones.
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1 Doctora en Sociología Jurídica e Instituciones Políticas. Profesora Titular, Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario. Magistrada de la Jurisdicción Especial para la Paz. Bogotá, Colombia. Correo electrónico: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4194-1259 - Google Scholar: https://scholar.google.es/citations?user=zrJuGEwAAAAJ&hl=es&oi=ao 2 Estudiante de Doctorado en Derecho, Universidad de los Andes. Bogotá, Colombia. Correo electrónico: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8407-2671 - Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=PAKf5_4AAAAJ&hl=es 3 Estudiante de Doctorado en Derecho, Universidad del Rosario. Profesor de la Universidad del Rosario. Bogotá, Colombia. Correo electrónico: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5305-4860 - Google Scholar: https://scholar.google.es/citations?user=vd5In0cAAAAJ&hl=es&oi=ao 4 El presente texto hace parte del proyecto de investigación sobre legislación ambiental en Colombia, el cual tiene como objetivo construir y gestionar una propuesta para conservar, recuperar y proteger los recursos naturales y el ambiental, así como promover mecanismos y programas de institucionalización y divulgación que favorezcan la protección de nuestro patrimonio natural que adelanta la Línea de Investigación en Derecho Ambiental que hace parte del Grupo de Derecho Público de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario. 5 Esta Resolución acoge el reconocimiento del derecho a un ambiente limpio, saludable y sustentable como derecho humano universal, realizado por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas mediante la Resolución 48/13 de 2021. 6 No obstante, Lorenzetti (2011) indica que el ambiente se compone del “macro-bien” y de los “micro-bienes ambientales”. El primero entendido como el sistema que abarca el conjunto de condiciones, leyes, interacciones del orden físico, químico y biológico que hacen viable el desarrollo de la vida. El segundo, comprendido como las partes del ambiente que se caracterizan por ser subsistemas que se interrelacionan con sus partes y con el macro-bien; esos subsistemas son: la flora, la fauna, el agua, el paisaje, los paisajes culturales, etc. 7 La discusión sobre la diferencia entre derechos civiles y políticos y los derechos económicos, sociales y culturales ha sido superada, en el entendido de que todos los derechos que hacen parte de la Carta Internacional de Derechos Humanos son derechos humanos y como tal tienen el mismo grado, valor y jerarquía, pues se ha entendido desde el derecho internacional la interdependencia e indivisibilidad entre los derechos civiles y políticos y los derechos económicos, sociales y culturales (Díaz-Chalela et al., 2018). 8 Se ponen entre comillas estos dos conceptos, dado que son objeto de debate, en el entendido de que la referencia medidas, acciones y legislación “ecológica” o “verde”, no implica, en consecuencia, medidas que efectivamente supongan una protección al ambiente. 9 Sentencias C-595 de 2010, C-632 de 2011 y T-622 de 2016. 10 En esta providencia el Tribunal Constitucional reconoce al río Atrato como sujeto autónomo de derechos desde una perspectiva que comprende que la Tierra no pertenece al ser humano y, por el contrario, asume que el ser humano es quien pertenece a la Tierra, como cualquier otra especie. De acuerdo con esta interpretación, la especie humana es solo un evento más dentro de una larga cadena evolutiva que ha perdurado por miles de millones de años y, por tanto, de ninguna manera es la dueña de las demás especies, de la biodiversidad ni de los recursos naturales como tampoco del destino del planeta. En consecuencia, esta teoría concibe a la naturaleza como un auténtico sujeto de derechos que deben ser reconocidos por los Estados y ejercidos bajo la tutela de sus representantes legales, verbigracia, por las comunidades que la habitan o que tienen una especial relación con ella (Corte Constitucional, Sentencia T-622 de 2016).
Para citar este artículo: Rodríguez, G. A., Cumbe, A. y Gómez, A. (2024. Nuevas dimensiones del derecho a gozar de un ambiente sano en Colombia. Revista Luna Azul (En Línea), 55, 5-25. https://doi.org/10.17151/luaz.2022.55.2
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El páramo de santurbán: reinvención de un territorio a partir de la reapropiación de lo común
Álvaro Acevedo Tarazona1
Recibido: 3 de Junio del 2021 Aceptado: 11 de septiembre de 2021 Actualizado: 27 diciembre de 2021
DOI: 10.17151/luaz.2022.54.8
Resumen:
Introducción: Desde el año 2010 el páramo de Santurbán es motivo de conflictos entre distintos sectores de la sociedad. El proyecto de megaminería encabezado por la empresa multinacional Greystar Resources Ltd, acarrea tensiones entre la población urbana y rural frente a las decisiones del Estado colombiano. El resultado de dichas tensiones son movilizaciones sociales que involucran distintos colectivos, la sociedad civil y los lugareños que problematizan sobre el territorio y el uso de los bienes comunes. Objetivo: El objetivo de este artículo es presentar los resultados investigativos frente a la construcción de representaciones del territorio como centro de preocupaciones comunes modeladas a partir de perspectivas e intereses distintos de habitantes de la antigua provincia de Soto, en el departamento de Santander y la población del área urbana en Bucaramanga. Método: Para rastrear la trazabilidad de dichas representaciones se recurre a la revisión documental de prensa y a la realización de entrevistas semiestructuradas a habitantes de los municipios de Vetas y California, así como a defensores ambientales del Área Metropolitana de Bucaramanga; también al análisis de la posición estatal. Resultado: Se evidencia un cambio en la relación de las personas con lo común en medio de la globalización y las políticas estatales. Son evidentes la necesidad del agua para los habitantes del Área Metropolitana de Bucaramanga, de la minería para los pobladores de los municipios cercanos al páramo de Santurbán y de la explotación aurífera a gran escala por parte del Estado colombiano y multinacionales. Conclusión: Si bien el proyecto de megaminería a cielo abierto en el páramo de Santurbán fue retirado, aún está en debate el uso de las riquezas auríferas que interesan a empresas mineras y lugareños. Frente a esta coyuntura las expresiones de protesta de los años 2010 y 2011 permiten construir significados de lo “común” frente a la defensa del territorio y su relación con la cosmovisión urbana y rural.
Palabras clave: Ecosistemas, Medio ambiente y desarrollo, Minería a cielo abierto, Páramos, Territorio
Abstract:
Introduction: Since 2010 the Santurbán páramo has been of interest to different sectors of society. The mega-mining project headed by the multinational company Greystar Resources Ltd, brings about tensions between the urban and rural population in the face of the decisions of the Colombian State. The result of these tensions are social mobilizations that involve different groups, civil society and the locals who problematize about the territory and the use of common goods. Objective: The objective of this article is to present the research advances regarding the construction of representations of the territory as a center of common concerns modeled from the different perspectives and interests of the inhabitants of the old province of Soto, in the department of Santander, and the population of the urban area in Bucaramanga. Method: To trace the traceability of these representations, a documentary review of the press is used and semi-structured interviews are carried out with inhabitants of the municipalities of Vetas and California, as well as with environmental defenders of the Metropolitan Area of Bucaramanga; also to the analysis of the state position. Result: There is evidence of a change in people's relationship with the common amidst globalization and state policies. The need for water for the inhabitants of the Metropolitan Area of Bucaramanga, for mining for the inhabitants of the municipalities near the Santurbán páramo, and for large-scale gold exploitation by the Colombian State and multinationals are evident. Conclusion: Although the open-pit mega-mining project in the Santurbán páramo was withdrawn, the use of the gold riches that are of interest to mining companies and locals is still under debate. Faced with this situation, the expressions of protest in 2010 and 2011 allow the construction of meanings of the "common" in the defense of the territory and its relationship with the urban and rural worldview.
Introducción
En el año 2017 los grupos de investigación Políticas, Sociabilidades y Representaciones Histórico Educativas (PSORHE) y Población, Ambiente y Desarrollo (G-PAD) participaron en un proyecto cuyo interés se centra en el páramo de Santurbán. El objetivo del estudio está dirigido a comprender las acciones colectivas urbanas y rurales en torno al conflicto socioambiental generado por la gran minería en el páramo de Santurbán desde el año 2011 debido al proyecto Angostura, encabezado por la entonces empresa canadiense Greystar Resources Ltd. (hoy Eco Oro Minerals Corp). Posteriormente, desarrollan en conjunto un proyecto de investigación titulado “Estado de excepción, conspiración y represión en Bucaramanga financiado por la Vicerrectoría de Investigación y Extensión (VIE) de la Universidad Industrial de Santander (UIS). Con los resultados de investigación y teorización de ambos fue posible establecer un análisis sobre el devenir de la movilización social frente a categorías de análisis como el territorio y el bien común
El páramo de Santurbán está situado entre los departamentos de Santander y Norte de Santander. Su extensión es de 142 000 hectáreas. En Santander el páramo se ubica principalmente en el norte de la antigua provincia de Soto, la cual está compuesta por los municipios de California, Charta, Suratá, Tona y Vetas, los cuales dependen en su mayoría de una economía aurífera basada en la minería artesanal y orfebrería. Sin embargo, desde el año de 1994 distintas empresas mineras extranjeras empiezan a comprar predios y llevar a cabo proyectos mineros y desde 2009 grandes capitales mineros extranjeros proponen proyectos de explotación de oro a gran escala. En el año 2011 esta tensión llega a un punto álgido, pues la empresa canadiense Greystar Resources Ltd. presenta la solicitud al Ministerio de Ambiente para explotar el páramo a cielo abierto. Este proyecto despierta la preocupación de la ciudadanía, pues conlleva una degradación del territorio y el medio ambiente. Debido a que el páramo de Santurbán es un espacio biogeográfico con potencial minero, hídrico y biodiverso, el encuentro de intereses diferentes configura un marco de disputas sociales, políticas y económicas. La minería en Santurbán es un tema polémico porque de este páramo no solo depende el abastecimiento hidrográfico de dos departamentos, sino también el clima, la calidad del medio ambiente, la historia económica y la cultura de las poblaciones.
La problemática por el extractivismo en Santurbán además de ser ambiental, es un síntoma sociocultural de la tensión entre lo local y lo global. Los intentos neocolonialistas de empresas extranjeras por ejercer control en zonas olvidadas por las instituciones nacionales afectan las representaciones del territorio, el agua y las riquezas como factores de lo común. Este artículo se centra en el concepto de territorio por ser mencionado recurrentemente durante las entrevistas como una construcción social que va más allá de una delimitación espacial y configura las relaciones entre quiénes lo habitan y quiénes no. En razón de ello se adopta la definición de territorio propuesta por Deleuze, pues además de apelar a la multiplicidad y a las tensiones por el poder, concibe el mismo como resultado de las proyecciones del deseo de los actores sociales en un marco espacio-temporal (Deleuze, 1997, p. 25).
Los seres existentes se organizan según territorios que ellos delimitan y articulan con otros existentes. El territorio puede ser relativo tanto a un espacio vivido como a un sistema percibido dentro del cual un sujeto se siente “una cosa”. El territorio es sinónimo de apropiación, de subjetivación fichada sobre sí misma. Él es un conjunto de representaciones las cuales van a desembocar, pragmáticamente, en una serie de comportamientos, inversiones, en tiempos y espacios sociales, culturales y cognitivos (Guattari y Rolnik, 2006, p. 323).
En otras palabras, el territorio es una construcción social sometida a expresiones o tensiones que lo forman y lo deforman. Esta concepción brinda especial atención a la percepción del sujeto como parte del territorio y no como algo externo a él. Dado que el territorio no es delimitado por un espacio físico, sino que es entendido como un concepto que cambia de acuerdo con las dinámicas ambientales, económicas, políticas y culturales de la sociedad, las interpretaciones de un mismo territorio no son homogéneas ni pueden ser explicadas de forma jerárquica, lo cual configura al territorio como una variable de fricción que se puede extrapolar a la construcción de las problemáticas socioambientales.
El roce entre estas distintas interpretaciones, que Deleuze (1997) llama “territorialidades”, produce “líneas de fuga”, las cuales pueden ser consideradas como resignificaciones a conceptos que permean y estabilizan la estructura social; uno de estos es “lo común”. El debate por lo común es muy antiguo, se remonta a los clásicos commons, según ciertas características de uso comunal dentro de los cercamientos (enclosures). A partir de la década de 1980 el término deriva en una emergencia por el porvenir, en el que diferentes movimientos empiezan a oponerse a la explotación de los recursos naturales debido a la permanente incertidumbre que suscita la dinámica neoliberal que rige la economía y la cultura hacia un aprovechamiento acelerado y desigual de aquellos recursos considerados como “lo común” (Laval y Dardot, 2014, p. 21). Pensar en lo “común” como una categoría de análisis posibilita el debate de la situación actual del capitalismo y la destrucción de las condiciones de vida en el planeta protagonizadas por el mismo ser humano, en especial en lo concerniente al medio ambiente y los recursos naturales (Stengers, 2009). Según Laval y Dardot (2013) este periodo definido como cosmocapitalismo coacciona sociedades y poblaciones a las lógicas y normativas globalizantes, aquellas que no se acojan son entonces condenadas al atraso y el olvido. Según Jean Kovel (2002) el principal afectado de la lógica es la naturaleza, que es precipitada a una crisis ecológica afectando primeramente a los más pobres: el calentamiento climático agrava las desigualdades globales en condiciones de vida y de supervivencia, porque afecta a las sociedades de formas muy diversas (Welzer, 2011, p. 13).
Frente a dicha coyuntura las movilizaciones sociales aparecen como una fuerza transformadora de condiciones sociales y análisis por las cuales se puede percibir los cambios en las categorías como territorio y lo común. Estas dos categorías son ejes de resistencia frente a las dinámicas del capital y la extensión de la propiedad privada a esferas de la sociedad, la cultura y el medio ambiente. En otras palabras, la reinvención del territorio y lo común apuntan a un porvenir no-capitalista, tal y como lo formularon en su génesis Hardt y Negri (2011).
El uso desmesurado de los recursos comunes, como el oro y el agua, incita una crisis ecológica que actualmente suscita una preocupación generalizada debido a problemáticas como el cambio climático y la extinción de especies de flora y fauna. Además, la presencia de la globalización en estas zonas se presenta con un extractivismo cuyo único objetivo es explotar los recursos naturales, emulando la vieja tradición entre centro y periferia de siglos atrás que tantas desigualdades produce (Wallerstein, 2005, pp. 46-47), las cuales se pueden evidenciar en las representaciones del territorio como un objetivo de protección común. La interacción entre los conceptos de “lo común” y el de “territorio” es una oportunidad que ofrece la teoría para estudiar el caso particular del extractivismo en Santurbán, donde el territorio tiene distintas lecturas, configurando conflictos socioambientales como el que se expone a lo largo del texto.
El presente artículo desarrolla los resultados investigativos frente a la construcción de representaciones del territorio como centro de preocupaciones comunes modeladas a partir de perspectivas e intereses distintos de habitantes de la antigua provincia de Soto y la población del área urbana de Bucaramanga en el departamento de Santander. La observación de los investigadores y el análisis de las experiencias de las personas entrevistadas permiten el desarrollo de este texto a modo de narración interpretativa. La primera parte presentada es la metodología, mediante la cual se exponen los pasos seguidos para realizar la investigación. La segunda parte hace referencia a la penetración de transnacionales mineras en la región en la década de 1990. Este advenimiento dinamiza el interés de los grupos armados ilegales en la zona y la convierte en un paso estratégico de la delincuencia y la insurgencia. A pesar de ello, los pobladores resisten dicha incursión. Posteriormente se trabaja en una discusión a partir de la reapropiación de lo común, en otras palabras, la resignificación del páramo como elemento que unifica, pero que también genera conflictos, lo cual lleva a explicar a partir de las acciones colectivas la posibilidad de resistir a las embestidas de los grandes emporios mineros y conservar hasta cierto punto la tradición. Finalmente se presentan unas conclusiones tentativas.
Materiales y método
El desarrollo de esta investigación cualitativa presenta varios tropiezos y limitantes debido a que la polémica por la explotación minera es aún latente y existe aversión por parte de los grupos urbanos y rurales a participar. Esto obligará a los investigadores a buscar alternativas para hacer posible el acceso a la información. Por consiguiente, es necesario recurrir a un aparato epistemológico lo suficientemente amplio que abarcase las distintas experiencias de targets poblacionales específicos y muy variados. Para ello se recurre a los métodos de la historia social orientada a los sectores subalternos y las movilizaciones sociales. Se realizan algunas visitas de acercamiento previas a la recolección de información en los municipios de Vetas y California. También se interviene en las reuniones de los movimientos ambientales de Bucaramanga para dar a conocer el proyecto de investigación y motivar la participación de sus integrantes. De forma paralela se recolecta información en diarios locales y periódicos de circulación nacional. Una vez es posible establecer contacto con las personas interesadas en ser parte de la investigación, se hacen tres visitas a cada municipio y se organizan citas con los actores urbanos.
Las entrevistas siguen un formato semiestructurado, guiado por preguntas que giran en torno a las temáticas acciones colectivas, páramo, minería, transnacionalización y territorio. Se aplican consentimientos informados a todos los participantes tal como lo exige el código ético para la investigación. Allí se solicita permiso a las personas para ser grabadas, para transcribir las entrevistas y para citar extractos de sus afirmaciones en textos académicos. Se realizan dieciocho (18) entrevistas semiestructuradas en Vetas, California y Bucaramanga y una (1) entrevista grupal en California. En Bucaramanga las personas entrevistadas cumplen con el criterio de selección de ser mayores de edad y haber participado en acciones colectivas en torno a la problemática socioambiental en Santurbán durante los años 2010 y 2011. En los municipios de Vetas y California los participantes seleccionados son mayores de edad y tienen alguna relación directa con el conflicto socioambiental por la presencia de Greystar Resources Ltd. entre los años 2010 y 2011. Encontrar las experiencias movilizadoras en Bucaramanga es sencillo porque los colectivos ambientalistas como el Movimiento Cívico Conciencia Ciudadana y el Comité Cívico por la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán que encabezan las movilizaciones se mantienen activos con reuniones semanales. Para los municipios de Vetas y California la cuestión es más compleja. Los pobladores no tienen una separación diacrónica de los acontecimientos ni están reunidos en colectividades específicas, todos están marcados por esta problemática. Su vivencia es sincrónica y está marcada por la tensión entre la defensa del páramo y la defensa de la minería artesanal.
Después de recolectada la información, las entrevistas son transcritas y consideradas de acuerdo con las categorías de análisis que orientan la investigación. El material de prensa es organizado cronológicamente y por categorías. Posteriormente se procede a la escritura de textos de investigación para la divulgación de los hallazgos del estudio con el fin de aportar al conocimiento sobre el extractivismo, los conflictos socioambientales suscitados en zonas rurales y urbanas, y las movilizaciones ambientales que tienen gran influencia en la participación ciudadana en Colombia y en el mundo actualmente.
Resultados
Desde hace siglos el páramo de Santurbán ha sido el referente territorial de las sociabilidades de ls población de Soto Norte. Ninguna delimitación política puede modelar los intereses y la construcción social de los individuos de una manera tan eficiente como lo hace el territorio. Para este caso específico, la cercanía al páramo posibilita una economía aurífera particular, un estilo de vida propio de la alta montaña5 e incluso un hermetismo local bastante marcado frente a las irrupciones de un mundo globalizado. Empero, la relación entre el hermetismo local y la hiperconexión es arrolladora y sigilosa. Si bien el sistema económico neoliberal interfiere en la política pública y hace que se capitalicen nuevos recursos para generar nuevas rentabilidades, este es un proceso soterrado tanto en el Estado como en el territorio local a incidir.
Históricamente la población de municipios como Vetas y California ha subsistido del oro extraído de sus montañas. Gran parte de esta actividad aurífera es realizada de manera artesanal. Los mineros se internan en las vetas montañosas para picar la roca y luego separar el oro del resto de material removido. Esta actividad de vieja data se remonta a una tradición de más de cuatro siglos. Los indios Chitareros utilizaban métodos rudimentarios para excavar las entrañas del suelo en busca de oro desde antes de que llegaran los españoles en 1513. Las minas representan un modelo de subsistencia común en un ecosistema de alta montaña poco generoso con los cultivos. Tal y como lo señalan los entrevistados, aunque en el páramo existen algunos cultivos de pancoger, no se puede depender de ellos, por lo cual deben recurrir a la minería como alternativa a la subsistencia (Actor Clave 12, Comunicación personal, 10 de abril de 2018).
Algunas personas de California que participan en esta investigación recuerdan con cierto romanticismo épocas anteriores a la minería industrial, cuando la extracción de oro se llevaba a cabo en los molinos californianos donde trabajaban entre ocho y diez obreros durante ocho horas diarias. La función de los molinos es moler la roca y extraer el oro; las personas a cargo de cada molino se repartían las actividades, unos iban a recoger “carga”, es decir, ir por la roca, otros se encargaban de moler y otros de extraer el oro:
Nosotros vivíamos mejor y más lindo cuando estaban los molinos, que son los que llamábamos los molinos californianos y que había trabajo para diez u ocho obreros, usted trabajaba las ocho horitas y se iba para la casa a descansar, no lo molestaba nadie, llegaba el patrón y lo mandaba, usted váyase para la mina a traer carga, usted váyase a moler y usted a sacar esto, a hacer esto (Entrevista Grupal, 23 de agosto de 2017).
Los mineros tenían una dinámica particular de trabajo, algunos tomaban guarapo o cerveza para hacer frente a la jornada; sin embargo, la llegada de las grandes compañías mineras significa el fin de los molinos y con ellas la implementación de una nueva dinámica laboral que modifica el ritus del minero artesanal de Soto Norte. Desde la década de 1990 el hermetismo que caracteriza y preserva la forma de vida de los pobladores es afectado. Las aperturas económicas atraen a empresas mineras multinacionales que compran miles de hectáreas en zonas de alta montaña como es la compañía canadiense Greystar Resources Ltd., que en 1994 es dueña de más de 30 000 hectáreas en inmediaciones del páramo y sus lagunas (Molano, 2010).
La incursión de la multinacional atraviesa otra realidad, y es la presencia de grupos armados ilegales como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Ambas guerrillas se interesan por controlar las minas de oro y usar los páramos como pasos estratégicos para movilizar armas, droga y secuestrados. En medio de esta dinámica las personas en la región perciben una pérdida en la tranquilidad que caracteriza a la región. Distintos actores se quieren lucrar al mismo tiempo del oro, pero los que terminan más afectados son los pequeños mineros. Por ejemplo, los filones de oro tienen su máxima extracción en la época de lluvias. Cuando las nubes se tornan de color gris, los pobladores saben que llegan los guerrilleros del Frente 20 de las FARC, del Frente Claudia Isabel Escobar del ELN o del Frente Hugo Carvajal del Ejército Popular de Liberación (EPL), a cobrar tributos de hasta cincuenta millones de pesos (Centro Regional Oriente, 2002). El negocio de la guerra convierte a la región en un cheque al portador. La presencia de ciudadanos extranjeros que trabajan en las compañías mineras es otra de las mayores fuentes de ingresos para las guerrillas al cobrar la liberación de secuestrados canadienses (Unidad Investigativa, 1998). El páramo se vuelve una lotería para secuestradores y extorsionistas.
Ante estas acciones las empresas mineras multinacionales refuerzan su seguridad tanto en infraestructura como en pie de fuerza. Una de las medidas que causa mayor impacto en la zona es la instalación de un portón y el cercamiento del camino que conduce hacia las lagunas en lo alto del páramo. Si bien Greystar Resources Ltd. es dueña de los predios, dicho camino es un paso obligatorio para las personas de la región. Ante tal eventualidad, los pobladores con apoyo de la administración local, se organizan para rechazar la situación, pues consideran que están siendo tratados como forasteros en su propia tierra:
Eso fue terrible. Cuando eso yo era presidente de la Junta de Acción Comunal y les pasamos derechos de petición, pero no hubo poder humano que cambiara esa decisión, no podíamos pasar, tenían el portón, ¿cómo pasaba uno? Realmente ese portón lo quitó el alcalde anterior, Víctor Arias, hace dos años, él fue, no le pidió permiso a nadie, se llevó a la policía y a unos obreros y les dijo: “me tumban ese portón porque esto es una vía pública, usted podrá ser dueño de su proyecto, pero no es dueño de la vía” (Actor Clave 3, Comunicación personal, 22 de agosto de 2017).
Además, la compra paulatina de los predios en la zona por medio de coacciones resulta en la pérdida de las minas dedicadas a la extracción artesanal para obligar a la población a emplearse en distintos cargos en la compañía transnacional. El problema de fondo es la pérdida de la tradición y del arraigo al territorio habitado. Un claro ejemplo de ello es expuesto por una habitante de California:
Llegó fulano y compró y nadie estuvo pendiente de toda esa negociación y la gente regaló sus predios, no sabían qué tenían, mucha gente durmiendo encima del oro y no sabía de la riqueza tan grande que tenían y los hijos de esos mineros que vendieron, hoy en día están pidiendo empleo (Actor Clave 1, Comunicación personal, 23 de agosto de 2017).
La relación con la empresa extranjera se debilita hasta el punto de que Greystar Resources Ltd. llega a reconocer que su único interés es extraer oro, perjudicando gravemente el ecosistema y sin garantizar una mejora en las condiciones de vida de los pobladores de los municipios de influencia del proyecto Angostura, tal como es evidente en el Estudio de Impacto Ambiental presentado por la empresa al Ministerio de Ambiente para solicitar la licencia de explotación minera a cielo abierto. Este proyecto busca extraer cerca de veinticinco toneladas anuales de oro durante veinticinco años (Greystar Resources Ltd., 2009). Sin embargo, el costo ambiental será muy alto por lo cual una parte de la población de Vetas y California tiene sus reservas ante el proyecto, pues consideran que afecta su tradición y modificaría de manera sustancial su cotidianidad.
Ahora bien, otra parte de la población sí esta de acuerdo con el proyecto, entre otras razones, porque muchos de ellos están empleados en la compañía y tienen un empleo con las garantías laborales legales, lo cual les permite cierta solvencia y estabilidad económica. Además, con la política de responsabilidad social empresarial, la compañía encuentra estrategias para ganar aceptación en las comunidades, por ejemplo: promocionar la fiesta religiosa de Nuestra Señora del Carmen, los campeonatos de fútbol juvenil, las capacitaciones de mujeres en economías alternativas a la minería, como la capricultura y la avicultura, entre otras actividades:
Ahí existe una situación muy difícil y es que, por ejemplo, puede ser que en el municipio la mayoría fueran opositores del proyecto por todo lo que implicaba, pero qué es lo que sucedía, que de esas mayorías, muchos eran empleados de la compañía, eran proveedores de bienes y servicios, andaban en algo con la compañía, ellos no decían nunca que no porque la compañía estaba encima, si usted decía algo del proyecto le cancelaban su contrato (Actor Clave 3, Comunicación personal, 22 de agosto de 2017).
Ellos estaban en todos los pueblos, si era el Día de los Niños allá llegaban con regalos, con disfraces y para el Día de la Madre llegaban con flores, el Día de la Mujer lo mismo, el Día del Padre traían una serenata, eso mejor dicho, en todo lado; que una asociación de campesinos necesitaba unos bultos de abono, listo, llevémosle y entonces claro, andaban en toda parte, y el día de la Virgen del Carmen repartían escapularios y por ejemplo, daban sombreros para todo el mundo, entonces todo el mundo, ¡uy, la empresa repartiendo sombreritos, bacano! (Actor Clave 2, Comunicación personal, 22 de agosto de 2017).
Sin embargo, el tema de la “querencia” con el territorio emerge en cada entrevista. Esto significa que existe una estrecha relación de respeto por el páramo, sus lagunas y la alta montaña. Los mineros tradicionales viven del páramo, pero reconocen la majestuosidad e interdependencia con el mismo, lo cual no sucede con el extractivismo, el cual ve el territorio como un elemento a explotar de manera eficiente. Esta lógica se percibe, por ejemplo, en la dimensión de la explotación de la montaña. Las personas entrevistadas aducen que la minería artesanal jamás logró perforar más de cien o doscientos metros de profundidad: “nosotros venimos trabajando la minería hace más de cuatrocientos años y el túnel más hondo que cavaron los mineros no alcanza a tener cien metros de profundidad” (Entrevista Grupal, 23 de agosto de 2017). Al contrario, la minería a gran escala debido a sus expectativas económicas implica un riesgo ambiental importante y una desaparición paulatina a corto plazo del ecosistema de páramo .
El cambio abrupto en menos de dos décadas de la relación de los pobladores con el páramo se debe a cuestiones de tipo económico propias de la globalización, como la llegada de empresas extranjeras a la región y la masificación de los grupos guerrilleros para lucrarse del oro y de las empresas extranjeras por medio de la extorsión y el secuestro. En las dos últimas décadas del siglo XX y comienzos del siglo XXI, el desinterés histórico del Estado se evidencia en que la única presencia institucional que lo representa son las fuerzas policiales y militares, de manera que el territorio se convierte en un blanco fácil de proyectos a gran escala que buscan convertir un espacio común en una alacena de activos de una empresa minera multinacional extranjera bajo la promesa de aportar al desarrollo de las poblaciones. Ahora bien, lo que tal vez no tienen presente es que la tensión y urgencia de avalar como sea tales proyectos, llevará a una protesta social sin precedentes en la historia de los movimientos ambientales, a tal punto que transformará la visión del territorio entre los pobladores y sus vecinos.
La reapropiación de lo común
La degradación del ambiente por parte de proyectos de gran minería afecta de manera directa a las personas que viven en cercanía a la zona de influencia, y a mediano o largo plazo a ciudades como Bucaramanga. El proyecto que la empresa canadiense Greystar Resources Ltd. pretende llevar a cabo en Santurbán representa un cambio drástico en el ecosistema de alta montaña y de páramo, a su vez que afecta la cotidianidad de las personas del territorio. El proyecto denominado Angostura planea abrir una mina a cielo abierto en un depósito de cerca de 7.7 millones de onzas de oro; según la proyección se extraerán dieciséis toneladas diarias por veinticinco años, y para hacerlo removerán 1 075 millones de toneladas de roca en 220 hectáreas. El proyecto utilizará las fuentes de agua de las quebradas Páez, Angostura y El Salado. Desde luego, es un negocio rentable pues con una inversión de 100 000 000 de dólares se proyecta una ganancia cercana a 945 000 000 dólares (Greystar Resources Ltd., 2009). Ante la proporcionalidad de material extraído y los cambios en el territorio, los pobladores de Soto Norte y del Área Metropolitana de Bucaramanga empiezan a replantear la importancia de su entorno y su significado. Sin embargo, la representación del territorio es heterogénea debido a las distintas relaciones establecidas con el mismo, lo cual produce tensiones entre quienes habitan el páramo y quienes no lo habitan: “los ambientalistas de Bucaramanga no conocen el páramo de Santurbán. Creo que ni conocen la laguna de Páez, ni un poquito, y eso ahora porque todo mundo está en la expectativa por la riqueza que hay aquí” (Actor Clave 1, Comunicación personal, 23 de agosto de 2017).
Los pobladores de California conciben el páramo como un elemento que recoge su forma de vida y rememora su pasado y tradición. Además, la relación con el territorio se fundamenta en los significados otorgados al mismo, por ejemplo, como lugar sagrado, al cual se le concibe como un espacio animado que se enoja si no se le respeta, o que cuida y limpia las energías con el poder sanador de las lagunas y la pureza de las montañas. De manera que subir al páramo es una actividad que realizan las familias cada año con fines de purificación espiritual y de esparcimiento:
El minero va allá a una práctica, como para liberar, purificar, respirar aire puro. Hay algunos que lo hacen, algunos se van con su familia y dicen, vámonos a caminar un domingo, madrugan, empacan su lonche y se van a caminar; la gente no usa los páramos para otros fines, lo usa para un tema de relajación de su propio estrés y de su vida. Nuestros abuelos nos decían que allá arriba en las montañas nace la vida y nace el agua. Es más, ellos hacían como una práctica de limpieza porque la abuela decía: “yo cada año subo cuando quiero sacar todo lo del año”; ellos una vez al año subían por allá a tomar aire, a respirar (Actor Clave 3, Comunicación personal, 22 de agosto de 2017).
La configuración del territorio en Soto Norte referencia una relación muy estrecha entre la población y el espacio geográfico. El páramo no es simplemente un accidente geomorfológico, sino que funciona como un sujeto historizante, el cual existe en interdependencia con la población. De modo que la relación de provecho con la montaña no es percibida desde una perspectiva binaria de recursos que ubica al ser humano en una posición jerárquica de superioridad para capitalizar la naturaleza, sino que existe un respeto enmarcado en la interdependencia, tal como lo expone una habitante de California:
Nosotros sí lo hemos cuidado toda la vida […] Yo tengo sesenta años, ¿quién ha cuidado todos esos nacimientos de agua? Nosotros los californianos y los del páramo de Santurbán, ahí la gente ha comido, unos se han ido, otros se han muerto, nosotros estamos ahí (Actor Clave 1, Comunicación personal, 23 de agosto de 2017).
En el caso de Bucaramanga la configuración de dicha territorialidad es distinta, en parte, porque está basada en un conocimiento científico que categoriza desde sus propias observaciones y estudios. Así se evidencia en las entrevistas realizadas a defensores ambientales cuando se les pregunta por la importancia del páramo para sus vidas y las de sus familias:
El macizo de Santurbán es el mismo macizo de casi toda la Cordillera Oriental porque comparte esa naturaleza con las fallas geológicas de toda la cordillera. Ahora, ¿cuál es la particularidad? Que un páramo tiene un ecosistema tan particular que solo es posible que exista en unas condiciones ambientales muy específicas (Actor Clave 5, Comunicación personal, 8 de agosto de 2017).
Esta definición de páramo enfatiza en la importancia ambiental, por lo cual la relación con el territorio es construida a partir de un saber académico que poco tiene que ver con la interacción cotidiana de la población urbana con el mismo. Ahora bien, los movimientos de defensa ambiental reconocen la dependencia de la ciudadanía urbana con respecto al agua que proviene del páramo pues es único en el mundo y uno de los pocos existentes en Colombia que alberga flora y fauna exótica, y provee agua potable al 70% de la población del país (Vásquez y Buitrago, 2011, p. 12). Por ello, consideran que es un deber ciudadano ser parte activa de la defensa para su preservación:
El páramo representa la vida, la vida en el agua porque el agua es fundamental, es un derecho constitucional, es un derecho fundamental, entonces creemos que la defensa del páramo es una prioridad que debemos tener todos los santandereanos por el significado que él tiene para el suministro del agua para todos los seres humanos de la zona (Actor Clave 7, Comunicación personal, 26 de julio de 2017).
Pero además de ser un tema de supervivencia, esta defensa se fundamenta en los derechos constitucionales. En otras palabras, en la ciudad de Bucaramanga, el efecto aglutinador del ser humano con el territorio no lo apunta a la querencia sino a las cartas democráticas, pues como ellos mismos reconocen, el páramo no es importante antes de que exista una amenaza a su conservación:
En este momento la relación con Santurbán, es mayor a la que tenía hace diez años, en la medida en que desde Bucaramanga no estamos pendientes de Santurbán sino desde hace ocho años, ¿por qué? Porque desde hace ocho años fue cuando ya quedó planteada la amenaza al agua de Bucaramanga [se refiere al proyecto Angostura] (Actor Clave 6, Comunicación personal, 31 de julio de 2017).
Esto conlleva a que los colectivos consideren justar sus luchas y rechazar los proyectos mineros a gran escala que afectan directamente la médula de la sociedad contemporánea: las garantías constitucionales.
Tanto la visión de la población de Soto Norte como los del Área Metropolitana de Bucaramanga tiene en común la necesidad de asegurar un porvenir; dicho porvenir puede considerarse como la interrelación en las concepciones de futuro entre los individuos. Solo cuando es posible pasar por encima de la visión del “yo” para establecer un “nosotros” y enlazar tales relaciones en medio de un contorno social, es posible entonces comprender la configuración de los territorios. Dichos territorios son comunes porque le pertenecen a todo aquel que comparte su importancia geográfica, ambiental y/o social.
De otra parte, el territorio entendido como espacio “común” es posible al establecerse un “nosotros”. En este caso, ese “nosotros” está dividido entre la población de Soto Norte y la población de Bucaramanga. A partir del conflicto socioambiental iniciado en el año 2010, la distinción entre “nosotros” y “ellos” busca la figura del foráneo para afianzar los discursos de identificación con el territorio. Por ello las fricciones entre pobladores urbanos y rurales son inevitables. Un factor que juega un papel importante en dicha tensión son las noticias controversiales creadas por los medios masivos de comunicación , las cuales poco a poco fortalecen la enemistad entre la población urbana y la población rural.
La ciudadanía urbana y rural de los departamentos de Santander y Norte de Santander se relacionad estrechamente con el páramo de Santurbán desde hace varios siglos, ya sea a través de la extracción minera, del equilibrio climático o de la provisión de agua. Es interesante destacar que antes de la incursión extranjera en el territorio, la tensión entre las poblaciones urbanas y rurales no existía. En el momento en el que se plantean proyectos de minería a gran escala es cuando se genera la necesidad de iniciar acciones para defenderlo. En el caso de los habitantes de Vetas y California, el objetivo de estas acciones consiste en la preservación de la cultura, la tradición y la coexistencia; en el caso de los habitantes de Bucaramanga, las movilizaciones buscan la conservación del ambiente para asegurar el porvenir de las poblaciones. Cada grupo social encuentra razones distintas para defender un mismo espacio. Lo paradójico es que, a pesar de los tímidos acercamientos, la visión urbana y la visión rural no han podido llegar a acuerdos que les permita construir nuevas representaciones del territorio como un lugar común.
Discusión
La población de Vetas y California que participa en esta investigación considera necesario defender el territorio de la compra por parte de empresas mineras multinacionales, que con sus proyectos a gran escala convierten el espacio de vida en un nodo de capitalización extractivista que lleva a fraccionamientos en la economía y la cultura local haciendo prácticamente imposible cualquier forma de trabajo artesanal. Con el discurso desarrollista, las empresas mineras multinacionales buscan romper los vínculos del pueblo con el territorio para facilitar la producción capitalista. Es por esto que actividades como el galafardeo pasan de ser una práctica común y bien aceptada por las comunidades a convertirse en una actividad tipificada como ilegal por el Estado:
El galafardeo es meterse a una mina ajena sin permiso, pero es una tradición que ha existido […] Por ahí en el año 2013 ocurrieron unos despidos masivos de Greystar. Más o menos setecientas personas quedaron desempleadas porque según la empresa el gobierno no la dejaba trabajar [el Ministerio de Ambiente negó la licencia ambiental para realizar minería a cielo abierto], eso generó una crisis económica, de manera que la gente empezó a practicar galafardeo en las minas de Eco Oro, en un inicio parecía que había permiso de la empresa, pero al poco tiempo la multinacional intentó sacar a la gente con el apoyo de la policía, después con el ESMAD [Escuadrón Móvil Antidisturbios] hubo muchas agresiones a la población. Después salió un listado de personas que tenía orden de captura por practicar galafardeo o como ellos le llaman: ‘minería ilegal’. Mucha gente tiene ese resentimiento de que la empresa, de una u otra forma, con el apoyo del Estado ha atropellado a la población (Actor Clave 2, Comunicación personal, 22 de agosto de 2017).
Más que un conflicto socioambiental entre un emporio minero y población trabajadora local, este fenómeno hace parte de una coyuntura del capitalismo en su reinvención de la colonialidad y la búsqueda de territorios aún sin explotar (Segato, 2016). La defensa por el territorio común muy pronto deriva a una cuestión de resistencia, en la cual los pobladores apelan a sus tradiciones como alternativa para diferenciarse del proceso homogeneizador de la burocracia laboral extractivista. La defensa por lo común no es muy distinta en los municipios de Vetas y California a la que se vive en el mundo urbano; se podría pensar que los movimientos sociales modernos son fomentados en las ciudades, pero no es así. La población de Santurbán se organiza a partir de su pertenencia al territorio por medio de encuentros locales. Para esta población es necesario ser reconocida en una problemática global . Las comunidades del páramo buscan crear una acción identificadora común con el territorio, no buscan enaltecer la diversidad u pluridimensionalidad de sus acciones; son campesinos, mineros y obreros, y no pretenden dejar de serlo, solo buscan estar inmersos en una lógica cívica y popular sin violencia:
Se han visto marchas y el gobierno lo que ha hecho es mandar al ESMAD, la fuerza pública a que calle la boca, a que levante la gente de las vías, a que pare la gente de sus posturas. Usted sabe que el campesino, sobre todo nosotros que procedemos de un pueblo indígena muy humilde [Chitareros], preferimos dar la retirada a los problemas; nosotros no somos de conflicto, no somos de pelea. Somos gente muy pacífica, lastimosamente de eso se ha aprovechado todo el que llega acá (Actor Clave 3, Comunicación personal, 22 de agosto de 2017).
En las urbes las acciones colectivas buscan ser masivas y generar impacto, y para lograrlo evocan antagonismos como agua versus oro. Dicha dualidad no es compartida por los habitantes de Santurbán. Para ellos el agua y el oro no pueden ser vistos como dos elementos opuestos de la naturaleza, de hecho, coexistir con el páramo implica tener la posibilidad de extraer oro y a la vez estar comprometido con la protección del ecosistema. En concordancia con esto, el historiador Armando Martínez Garnica ofrece una opinión a partir de su análisis de la problemática y las acciones colectivas de defensa ambiental. Para él, la médula de la acción colectiva ambientalista carece en algunas ocasiones de un fundamento racionalizado y da rienda suelta a la pasión y la desinformación. Martínez Garnica muestra una perspectiva crítica frente al antagonismo agua versus oro sobre el cual caen las acciones colectivas urbanas generando conflicto:
Lo que quería mostrar en ese momento es que me parecía una falacia presentar el problema en términos de Oro versus Agua. ¡Es una falacia absurda! Y lo que no he podido saber en este momento es por qué tanta gente muerde el anzuelo y se come la falacia, al punto de que salen miles de personas a la calle a decir: ‘No nos quiten el agua’. Es una falacia simple, pero de gran éxito popular. Yo trataba de mostrar que queremos las dos cosas, queremos agua y queremos oro, las dos cosas, que no son excluyentes y nunca han sido excluyentes (Armando Martínez Garnica, Comunicación personal, 2017).
Para los colectivos en Bucaramanga la visión es muy distinta. Ellos consideran que las movilizaciones sociales sirven como mecanismo de presión para lograr que los distintos órganos del Estado fallen a favor del espacio común, en este caso el páramo; para lograrlo, exploran acciones colectivas que parten desde “lo político”:
A nosotros nos han salvado las movilizaciones sociales. La Resolución 1150 del 30 de mayo de 2011 negó la licencia ambiental al proyecto, en parte, gracias a la presión ejercida por nosotros. Los colectivos tenemos incidencia política e incidencia en medios de comunicación, eso es una cosa grande que nos ha permitido visibilizar nuestras demandas (Actor Clave 5, Comunicación personal, 8 de agosto de 2017).
En las entrevistas a los miembros del Comité para la Defensa del Agua y del Páramo de Santurbán destacan múltiples visiones e intereses que convergen en uno: el porvenir de la población. Pero al preguntarse por la construcción del territorio, las opiniones sobre agua versus oro no tienen consenso. Tal vez una de las visiones que más aglutina a los citadinos es “la defensa del agua es la defensa del territorio” (Actor Clave 5, Comunicación personal, 8 de agosto de 2017). Esta concepción empata el común del agua como elemento aglutinador del territorio, por encima de las experiencias culturales, la tradición o incluso la relación con el paisaje.
La defensa de lo común en el acontecer urbano y rural difiere desde el mismo concepto de territorio. La relación estrecha entre la querencia como parte vital del patrimonio, la historia y la economía en Soto Norte es distinta a la preocupación en Bucaramanga por asegurar el agua como elemento vital de la supervivencia. En medio de estas dos visiones distintas aparece la concepción de territorio por parte de las empresas mineras multinacionales, las cuales defienden una concepción cientificista y explotadora de los recursos naturales. La razón de ello, es que se remontan a un largo proceso de capitalización de lo común con beneficios para los Estados y los pobladores, estableciendo programas de inversión asistencial como parte de una política de responsabilidad social empresarial que garantice la aceptación comunitaria de los proyectos y facilite el cumplimiento de los requisitos necesarios para obtener la aprobación de las licencias necesarias para su ejecución. Esto hace que se pierda paulatinamente cualquier apego con el territorio, y solo se considere un espacio determinado como una delimitación a explotar.
Conclusiones y recomendaciones
Al día de hoy la problemática del páramo de Santurbán no tiene una conclusión irreversible. Si bien la presión de la ciudadanía en Bucaramanga y la resistencia de los pobladores en Soto Norte hacen que Greystar Resources Ltd. desista del proyecto de minería a cielo abierto y posteriormente de uno de explotación subterránea, el interés de distintas empresas mineras extranjeras en las zonas se mantiene. Una problemática como esta es de largo aliento y cuando hay de por medio una riqueza incalculable es muy común que la fricción haga que las relaciones se tornen ásperas dentro de los colectivos, entre los pobladores de los territorios y con “foráneos” que llegan a conocer la problemática.
Las experiencias de los años 2010 y 2011 dejan una enseñanza valiosa en cuanto a la construcción de los significados y el interés político que lo común adquiere, en especial con la defensa del territorio. La distinción entre los significantes del mundo urbano y rural no deja de sorprender, el primero está más preocupado por la subsistencia y el futuro del agua, mientras que el segundo lo está por la querencia y el porvenir de su territorio y familias. Además, es importante destacar el papel de las movilizaciones sociales como dinamizador de las opiniones y los cambios acordes con una sociedad de consumo con lógicas neoliberales, pero en medio de ellas aparecen lógicas como las de lo común, que expresan formas distintas para actuar y comprender el mundo.
En los municipios de Vetas y California, lo común es defendido a partir de encuentros dispersos, pero que permiten el afianzamiento de la participación social para exponer su cosmovisión de las problemáticas y del territorio. Este sector de la población no pretende enaltecer la diversidad o pluridimensionalidad de sus acciones, la emergencia de su situación lleva a recurrir a la querencia del territorio para incursionar en una lógica cívica y popular que respete su voz y la escuche. En la urbe la lógica es distinta, su búsqueda es el impacto masivo, para ello evoca mensajes antagónicos como agua versus oro, que muevan opiniones y encuentren en el espacio político distintas oportunidades para defender lo común. Se recurre así a la estrategia movilizadora, a la ciencia, el conocimiento y la creatividad. Es necesario entonces trascender el discurso de la movilización social reactiva, si bien en su momento fue útil, a nuevas propuestas políticas y sociales que logren concebir el territorio y lo común como un autogobierno de los seres humanos, las instituciones y las interrelaciones mutuas como una dinámica igualitaria basada en la cooperación entre las sociedades urbanas y rurales.
Agradecimientos
Esta investigación ha sido posible con el apoyo de la Vicerrectoría de Investigación y Extensión de la Universidad Industrial de Santander en el marco del proyecto Estado de excepción, conspiración y represión en Bucaramanga (Código VIE-UIS 2400).
Potencial conflicto de intereses
Los autores de este artículo, Álvaro Acevedo Tarazona, Andrés Correa Lugos y Andrea Mejía Jerez declaramos la inexistencia de conflicto de intereses en la realización de esta investigación.
Fuentes de financiación
Este artículo es resultado del proyecto de investigación Estado de excepción, conspiración y represión en Bucaramanga financiado por la Vicerrectoría de Investigación y Extensión (VIE) de la Universidad Industrial de Santander (UIS). Código VIE-UIS: 2400.
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1 Historiador, especialista en Filosofía, magíster en Historia, doctor en Historia, posdoctorado en Ciencias de la Educación. Profesor Titular de la Universidad Industrial de Santander. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3563-9213. Google Scholar: https://scholar.google.es/citations?user=0ExefsoAAAAJ&hl=es&oi=ao.
2 Historiador y archivista. Candidato a Magister en Historia. Universidad Industrial de Santander. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6477-8001. Google Scholar: https://scholar.google.es/citations?user=dVMGmGkAAAAJ&hl=es.
3 Trabajadora social. Universidad Industrial de Santander. Candidata a Magister en Ciencias Sociales. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales - México. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1051-5812. Google Scholar: https://scholar.google.co.ve/citations?user=0WMcqwQAAAAJ&hl=en&citsig=AMD79orCGFZseiwxb7nlHu7ugdJhaGGbJw.
4 La Asamblea de Santander en el año de 1930 crea las provincias como una alternativa de ordenamiento territorial, entre ellas, la provincia de Soto conformada por los municipios de Bucaramanga, California, Charta, El Playón, Floridablanca, Girón, Lebrija, Los Santos, Matanza, Piedecuesta, Ríonegro, Santa Bárbara, Suratá, Tona, Vetas y Sabana de Torres. Sin embargo, en el año 2005 por una ordenanza de la Gobernación se desintegran las provincias para abrir paso a los núcleos de desarrollo provincial (El Tiempo, 2005). Desde esta lógica se crea el núcleo de desarrollo provincial de Soto Norte, compuesto por los municipios de Tona, California, Charta, El Playón, Matanza, Suratá y Vetas, los cuales cuentan con una población de 38 560 habitantes en un área de 1 665 km2. La razón de esta creación hace énfasis en la consolidación del circuito turístico del oro (Gobernación de Santander, 2005).
5 El ecosistema de alta montaña está conformado por un terreno montañoso elevado, con condiciones geográficas y climáticas particulares en el que existen riesgos para la salud humana, como el denominado “mal de montaña” o “soroche”.
6 La querencia es un concepto metafísico que explica la tendencia de un hombre o animal por regresar al sitio donde fue criado. Ernest Hemingway explica la querencia a partir de la actitud del toro en una plaza: el animal siempre busca hacerse en una parte de la arena en la que se sienta más seguro y fuerte (Hemingway, 1966). De la misma manera el hombre acude a un lugar donde se sienta seguro y fuerte, la mayoría de veces dicho lugar es donde nació o pasó su infancia. Allí el posicionamiento espacial confluye en un vínculo con el arraigo y la memoria haciendo que las personas se sientan seguras o plenas.
7 El ecosistema de páramo está constituido por características geográficas montañosas intertropicales, con predominio de vegetación de muy baja altura, como los frailejones. Se ubica por lo general, desde altitudes de aproximadamente 2 700 m s. n. m. hasta los 4 000 o 5 000 m s. n. m.
8 Un ejemplo de esa tensión a la que son expuestos los actores sociales se evidencia en el caso sucedido al equipo periodístico del Noticiero CM& que fue agredido por una turba de cerca de treinta personas en el municipio de California, cuando se disponían a cubrir la problemática con Greystar Resources Ltd. (Redacción Judicial, 2011).
9 El galafardeo consiste en extraer oro de las montañas de forma artesanal pero informal, es decir, las personas ingresan a las minas ajenas para buscar oro y no cumplen ningún requerimiento legal. No siempre se tiene suerte y muchas veces no se logra encontrar nada de qué sacar provecho. Pero para la población de Santurbán, aunque esta práctica es informal, no la consideran ilegal; para ellos el oro de las montañas por ser parte de la naturaleza, es de todos y por lo tanto lo deben compartir.
10 Según Negri (2006, p. 37) los movimientos sociales están inmersos en un medio sistémico; si estos movimientos afectan cualquier orden estatutario, salarial o social modificará otras categorías del mismo sistema. Por ello, el neoliberalismo convierte a los movimientos en moleculares, son movimientos en los que la multiplicidad atomiza cualquier acción colectiva hasta ser acciones identitarias en común. Esta atomización hace que los movimientos se comporten como órganos sin cuerpo; cualquier reclamo o lucha ganada no afecta en lo más mínimo al sistema.
Para citar este artículo: Acevedo Tarazona, A., Correa Lugos, A., Mejía Jerez, A. (2022).El páramo de santurbán: reinvención de un territorio a partir de la reapropiación de lo común.Revista Luna Azul(On Line), 54, 143-159. https://doi.org/10.17151/luaz.2022.54.8
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Levels of heavy metals. Urban gardens in Bogota Colombia
Daniel A. Vega Castro1
Recibido: 10 de Mayo del 2021 Aceptado: 10 de Agosto de 2021 Actualizado: 27 diciembre de 2021
DOI: 10.17151/luaz.2022.54.6
Abstract
Samples of lettuce, soil, and irrigation water from city gardens located in Bogota were analyzed in order to detect and quantify lead (Pb), cadmium (Cd), chromium (Cr), nickel (Ni), arsenic (As) and mercury (Hg). Metal concentrations of the soils and vegetables varied according to urban garden location; all detected metals in the soils and the lettuce were below health-based guidance values (local and international standards); heavy metals in irrigation waters were not detected; soils, metal concentrations of the irrigation waters and lettuce did not correlate. It means that urban agriculture should not represent a significant chemical risk for the consumer’s healthcare due to the possible intake of heavy metals and trace elements. However, it is necessary to continue conducting research on this important topic that is directly related to food security and food sovereignty and that will add information to update and establish a basis for reference levels regarding heavy metals in water, soil and vegetables.
Keywords: heavy metals, soil, urban agriculture, rainwater harvesting, food security.
Resumen
Se analizaron muestras de lechuga, suelo y agua de riego en huertos urbanos de la ciudad de Bogotá para la detección y cuantificación de plomo (Pb), cadmio (Cd), cromo (Cr), níquel (Ni), arsénico (As) y mercurio (Hg). Las concentraciones de metales de los suelos y hortalizas variaron según la ubicación del huerto urbano; todos los metales detectados en los suelos y la lechuga estaban por debajo de los valores permisibles de referencia (estándares locales e internacionales); no se detectaron metales pesados en las aguas de riego; suelos, concentraciones de metales de las aguas de riego y lechuga no se correlacionaron, lo que permitió concluir que, la agricultura urbana no debe representar un riesgo químico significativo para la salud de los consumidores por la posible ingesta de estos metales pesados y/o elementos traza. No obstante, es necesario continuar investigando sobre esta importante temática, la cual se relaciona directamente con la seguridad y soberanía alimentaria, que debería permitir actualizar y/o generar bases para el establecimiento de niveles de referencia frente al contenido de metales y elementos traza en aguas, suelos y alimentos hortofrutícolas.
Palabras claves: metales pesados, suelo, agricultura urbana, aprovechamiento de aguas pluviales, seguridad alimentaria.
Introduction
By 2030, 60% of the world's population will inhabit urban areas, according to FAO, which will expand large cities to fertile land. According to the 2018 Sustainable Development Goals Report, urban expansion is progressing at a rate of 1.5 times higher than the population growth. This indicates the need to make cities inclusive, safe, resilient and sustainable, involving the three dimensions of sustainable development: social, economic, and ecological well-being. In response, the use of eco-materials, urban agriculture, gardens, living walls and green roofs, rainwater and sustainable urban drainage systems, among many others, have been increasing (United Nations, 2019).
Urban agriculture can be defined as a set of agricultural practices carried out in urban spaces within a city or in its surroundings (peri-urban) in hard or soft areas such as front gardens, lots, terraces, patios, backyards, kitchens etc. These physical places allow using technical and empirical knowledge in addition to articulating available resources. This aims not only at food security and sovereignty, but also at strengthening the social system, the recovery of vacant land, the participation of citizens in environmental sustainability and mitigation of problems caused by climate change (Vega, 2016).
Innocuous vegetables grown through this practice play a decisive role regarding food security. It is noteworthy that there are certain risks of contamination in urban vegetable production (Castro et al., 2018). Contamination, in the specific case of food, is defined by Gay (2017) as: “the presence of any abnormal matter in the food that compromises its quality for human consumption” (p.142).
There are many risks of vegetable contamination. One of those is related with the accumulation of heavy metals inside the edible organs such as leaves, tubers, stems, fruits, and flowers. These chemical elements can come from cultivated soil, irrigation water, agricultural supplies, and the atmosphere. (Vega and Vega, 2020).
Soils can contain heavy metals for two specific reasons. First, due to natural origin (geogenic): when parent materials had been weathered, and the rocks had heavy metals. Second, due to anthropogenic issues: through industrial activities, hydrocarbons combustion, mining, agriculture and livestock, which generate heavy metals during these processes.
Authors such as Angelova et al. (2004) define bioaccumulation as the increase in the concentration of a chemical in a living organism over a certain period of time, compared to the concentration of that chemical in the environment. Heavy metals can be accumulated in the body up to five times greater than the concentration of the medium from which it comes (Galán & Romero, 2008).
Vegetables have developed multiple mechanisms for the absorption, translocation, transformation, and accumulation of mineral elements. Among these forms, the absorption of minerals through the root system and the leaf tissue stand out. Through roots and their absorption system, plants can transport substances from the soil to the different plant organs.
Vegetables with heavy metal accumulation generate considerable impact on the health of consumers due to the effects of bioaccumulation and the high toxicity of these elements. They also cause damage to vital organs and carcinogenic developments, depending on the metal or metalloid and the degree of accumulation in the organism (Combariza, 2009; Nava and Méndez, 2011).
Sánchez (Quoted by Reyes et al., 2016) affirm that global cases have been reported and demonstrate the health consequences of consuming food contaminated by heavy metals. By 1950, the population along the banks of the Jintsu River in Japan was affected by rice consumption from crops contaminated with cadmium (Cd) from mine dumping. This intake produced a disease known as Itai-Itai or osteoarthritis, which mainly affects bone tissue.
Additionally, in the city, crops near the road were polluted by heavy metals, with up to 160 mg per kilogram of dry weight for lettuce (Antisari et al., 2015). In the case of Canada, concentrations of the heaviest metals were below the limits established by nationals regulations, metals like Cd, Pb, Se and Zn exhibited a mild degree of pollution, whereas As exhibited a severe degree (Montaño-López and Biswas, 2021). The United States Department of Agriculture USDA (2010), states that soils in community gardens in urban areas can be severely contaminated with heavy metals, and it is necessary to determine the amounts and bioavailability of these toxic elements in soils in urban areas in order to properly assess the risks associated with gardening in these areas and develop rational remediation strategies to reduce the risks.
Therefore, this research work focused its efforts on identifying the possible risks of the consumption of vegetables produced by urban agriculture in comparison with local and international guidance values. The overall goals of the study were to identify and quantify levels of Pb, Cd, Cr, Ni, As and Hg in vegetables and their relationship with soils and irrigation water variables.
Materials and methods
Location This study was carried out in Bogotá D.C. This city has the highest automotive fleet in Colombia. The most recent studies in this area revealed an average annual increase of 4.1% in registered vehicles (87,802), which reflects that Bogotá is the city of Colombia with the highest number of vehicles in the last 10 years (Colombia Mobility secretary, 2016).
One hundred urban gardens of the city were located and visited, 49 of them were taken to carry out the respective samplings of vegetables, soils and irrigation waters, which allowed us to work with a measurement error of 10% and a significance of 94%. The study was carried out in 13 of the 20 subdivisions of Bogotá, also called localities (Figure 1). The study was divided into four zones according to their geographical location. South: Rafael Uribe Uribe and Ciudad Bolívar. East: Antonio Nariño, Candelaria, Los Mártires and Santa Fe. North: Engativá, Teusaquillo, Barrio Unidos, Suba and Usaquén. West: Kennedy and Puente Aranda.
Urban gardens were selected based on four standards of placement: away from contaminated rivers, near high vehicular flow routes (distances not greater than 2000 feet), located throughout Bogotá DC and soon- to-be harvested lettuce.
It is noteworthy to mention that the selected urban gardens have agroecological management and are assisted from the technical area by the Botanical Garden José Celestino Mutis JBB from Bogota. Furthermore, these places do not use chemical synthesis inputs for pest management or for soil fertilization. Figure 1. Location of tracked urban gardens and sampled urban gardens in Bogota Source: Botanical Garden Jose Celestino Mutis from Bogota, 2019 Hacer click sobre la imagen para ampliarla
Soil samples and analysis Samples of soils were taken in each one of the urban gardens selected for the identification of Pb, Cd, Cr, Ni, As and Hg. The Soil Sampling Guideline of the Colombian Corporation for Agricultural Research - CORPOICA- was followed. This analysis was performed to rule out or corroborate the presence of heavy metals in soils. The 49 soil samples taken were sent in hermetic security bags to the laboratory for their respective preparation and analysis.
The selected samples were analyzed using the Atomic Absorption Spectroscopy technique AAS (Flame Air Acetylene), under EPA methods 3050B, EPA 7471B, (1996) and SM 3111 B, 3112 B and 3114 C Ed 22 (Standard Methods). These parameters were evaluated in accordance with Colombian Technical Standard 5167 NTC, Agricultural Industry Products. Organic Products Used as Fertilizers and Soil Amendments.
Irrigation water samples and analysis The water was collected from the respective sources of irrigation from the selected urban gardens: aqueduct and rainwater harvested. For this purpose, specific samples were taken based on the methodology proposed by the National Institute of Health of Colombia, in the instructions Manual for Taking Water Samples for Laboratory Analysis. This analysis was performed to rule out or corroborate the presence of heavy metals in irrigation water. To collect the samples, 500 mL amber borosilicate bottles were used and then taken to the laboratory to carry out their respective treatment and corresponding analysis.
The analysis carried out for the identification of heavy metals in irrigation waters was carried out using the AAS/Flame Air Acetylene, following the SM 3030 E edition 22 sample preparation methodologies and SM 3111 B quantification. - Edition 22.
Vegetable samples and analysis Lettuce (Lactuca sativa L.) plants were harvested for three specific reasons: (1) it is one of the most popular market basket items of the Bogota inhabitants, (2) it is a common plant in urban gardens and (3) its leaves are the organ of direct consumption. Three lettuce plants were randomly sampled for each selected place. They were harvested using tramontin-type stainless steel knives. Those samples were packed and transported in Kraft paper bags and taken directly to the laboratory for the respective laboratory tests.
The identification of heavy metals in plant tissue was carried out under the AAS, under AOAC 975.03B (1990) and SM 3111 B 3114 C edition 22. The equipment used for the determination of heavy metals in the Matrix was a model AA-7000 atomic absorption spectrophotometer for analysis by air acetylene flame.
The analytical quality parameters of the methods used for detection limits and the quantification limits of heavy metals (Table 1) were stipulated for each of the variables analyzed: soils, irrigation water and lettuce plant tissue. Table 1 Analytical quality parameters of the heavy metals studied
Source: authors
Statistical analysis For statistical analysis and hypothesis testing, the PSPP® Program was used. A normality test was initially done using the Kolmogorov Smirnov non-parametric statistic to assess whether the data presented a normal distribution. Thus, it was possible to draw statistically valid conclusions from the descriptive statistics, which are based on a working hypothesis study that the distribution of the variables is different from the normal one.
In addition, tests of independence were performed using the Pearson's Chi square test to check the relationship between these variables: contents of Pb, Cd, Cr, Ni, As and Hg found in soils, irrigation water, plant tissue and the respective 13 localities sampled. These variables are contingent upon a working hypothesis that the variables are related.
Finally, the correlation between the variables was evaluated using the Pearson coefficient to identify if it was strong, moderate or weak among the contents of Pb, Cd, Cr, Ni, As and Hg found in the soil, water of irrigation and the respective vegetal tissue of the lettuce, which is also contingent upon a working hypothesis that the variables are correlated. In all cases, a significance of 5% is necessary to accept or reject the null hypothesis.
Results and discussion
Soil results The respective descriptive statistics of heavy metals and trace elements (Table 2) showed that out of the six elements evaluated in the sampled soils, three: Pb, Cr, and Ni have the highest concentrations, averaging 24.27 ppm, 10.41 ppm, and 6.39 ppm respectively. However, these elements do not present anomalous concentrations and therefore, all those metals should have geogenic origin derived from the respective parent materials and possible volcanic activities when presenting values well below those established by norm 86/278 of the EEC (European Economic Community).
For Cd, As and Hg in soils, no outliers that exceeded the EEC regulations were found. Heavy metals, specifically trace elements, are present in the earth's crust in relatively low concentrations (ppm) and therefore, in the soil as well (Galán and Romero, 2008). Table 2 Descriptive statistics of metal contents in soils (n=49) Note: *Values are not presented in the standard Once the normality test was performed, enough statistical evidence was not present to reject the hypothesis. The distribution of the variables Pb, Cr and Ni in the soil was equal to normal under a significance of 5% (Table 3). In other words, of all the heavy metals and trace elements tested in the different soils of Bogotá, only Pb, Cr, and Ni showed normal behavior. Table 3 Kolmogorov-Smirnov one sample test (n=49) Source: authors
The average concentration of Pb showed a value of 24.27 ppm. Its values ranged from 0 to 110 ppm / Pb (Table 1) where 68.3% of the sampled units presented values between 4.43 and 44.12 ppm / Pb. It is noteworthy that for this variable, 25% of the soil samples yielded values between 0 and 13.50 ppm / Pb, 50% of the results found yielded lead contents between 13.50 and 34.30 ppm / Pb and for the remaining 25%, the levels found ranged from 34.30 to 110 ppm / Pb (Figure 2). Otherwise, EPA (United States Environmental Protection Agency) determined that the maximum values of Pb in soils for agricultural and industrial use should range between 400 and 1200 ppm. The regulation 86/278 of the EEC (European Economic Community) established a limit values of this heavy metals in soils with a maximum range of 300 ppm. Based on the above information, it can be stated that the Pb found in the sampled soils presented values within normal limits when these are compared with the international standards. Best management practices assure minimal potential for exposure and are common practices in urban gardens. These include the use of residuals-based composts and soil amendments and attention to keeping soil out of homes. This review suggests that benefits associated with urban agriculture far outweigh any risks posed by elevated soil Pb (Brown et al., 2016).
Figure 2. Lead levels in soils sampled in the different localities of Bogotá. D.C. Source: authors
Regarding Cr in soil, the results of this work of research yielded maximum values of 40.3 ppm and an average of 10.41 ppm. In addition, it was evident that 50% of the samples analyzed showed a behavior with a low amplitude with values between 7.51 and 14.20 ppm/Cr (Figure 3). For this specific case, there are no international reference frameworks that regulate the levels of this trace element in the soil.
However, it should be noted that Chromium is generally found naturally in soils and the respective amounts are directly related to the parent material of soil formation. Histosol and other organic soils have relatively low Cr contents. However, there are soils that naturally contain much more Cr and are derived from ultramafic or mafic rocks very rich in this element (Fernández and Guzmán, 2000). Figure 3. Chromium levels in soils sampled in the different localities of Bogotá. D.C. Source: authors
The Ni concentrations showed an average value of 6.39 ppm in the soil (Table 1). 50% of the results found showed contents between 7.51 and 14.20 ppm/Ni with a maximum of 40.3 ppm/Ni that was evident (Figure 4). Ni is an element that occurs in the environment only at very low levels and is essential in small doses, but it can be dangerous when the maximum tolerable amounts are exceeded (Wuana & Okieimen, 2011). With this research, all results show that the contents of this trace element do not present abnormal values according to the EEC and the 86/278 regulation, which stipulates a limit value of 75 ppm of Nickel in the soil.
Figure 4. Nickel levels in soils sampled in the different localities of Bogotá. D.C.
Source: authors
In the case of the variables that did not present a normal distribution, independence tests were carried out (Table 4). Under a significance of 5%, sufficient statistical evidence has not been found to reject the hypothesis that the variable locality is independent of the variables Pb, Cr, Ni and As in soil. That is to say that the levels of these heavy metals and trace elements found in the soil are not related to the sampled locality. Additionally, a relationship between Cd, Hg and localities is observed. Table 4 Person Chi-square tests Locality vs Heavy metals (n=49) Source: authors
A bivariate correlation was performed (Pearson's correlation coefficient) to identify whether there is a strong, moderate, or weak relationship between the contaminants of the plant tissue and the planting soil.
It is observed that the significance is greater than the alpha error (0.05) and that the Pearson coefficient is close to zero. Therefore, it cannot be pointed out that there is an association between the variables of the plant tissue contaminants and the planting soil. That is if the levels of the heavy metals and trace elements found in lettuce are not related to the levels of the elements found in the soil.
It is noteworthy that there are multiple factors such as pH and the content of organic matter among other soil properties that affect the solubility of these metals and therefore their bioavailability (McBride et al., 2014). The presence in soil of clays and hydrous Fe and Mn oxides tends to increase metal adsorption and thus reduce soluble metal contents, while the effects of organic matter content and redox potential are more uncertain. (Rieuwerts et al.,1998).
It should be noted that to date, in the case of Colombia, there are no regulatory frameworks that monitor and regulate the contents of heavy metals and trace elements in soils.
Irrigation water results
Rainwater harvesting (RWH) has been used globally to address water scarcity for various ecosystem uses including crop irrigation requirements and to meet the water resource needs of a growing world population. (Ghimire and Johnston, 2019). In the case of Colombia, Decree 1594 of 1984 establishes the admissible criteria in ppm of heavy metals and trace elements in water for agricultural use (Table 5). Table 5 Heavy metal limits for irrigation water Department of agriculture of Colombia
Source: authors
Studies have demonstrated that although trace metals such as arsenic, cadmium, chromium, lead and iron were present in Australian rainwater, the metallic elements were generally found below the health limit guideline (Chubaka, et al., 2018). For the present study, the waters used for irrigation in the selected orchards resulted in the non-detection of heavy metals and trace elements. However, the roofing material plays an important role in the concentrations of rainwater pollutants. (Torres et al., 2013). Therefore, the water contact surfaces, the transportation ways and rainwater harvesting containers play a very important roll about water quality and its possible pollution with heavy metals.
Vegetables results
Once the normality test was performed, sufficient statistical evidence was found to reject the hypothesis that the distribution of the variables Pb, Cd, Cr, As and Hg in plant tissue is equal to normal (Table 6). These variables were under a significance of 5%. The only variable that presented normality was Ni in plant tissue. Table 6 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test (n=49) Source: authors
All lettuce samples showed different heavy metals contents (Figure 5) that could suggest possible risks for consumers’ health. However, all values of Pb, Cd, Cr, Ni, As and Hg were found far below European Union Regulation’s maximum contents of heavy metals in food. Figure 5 Heavy metals levels in lettuce sampled in the different localities of Bogotá. D.C. Source: authors
In the case of the amounts of Ni found in plant tissue, a statistic test was performed (Table 7) obtaining as a result, a maximum value of 1.13 ppm and an average of this heavy metal being 0.28 ppm. In addition, a distribution of the contents of this element was obtained in the following way: 25% of the samples yielded values between 0 and 0.08 ppm / Ni, 50% between 0.08 and 0.41 ppm / Ni and the remaining 25% values between 0.41 and 1.13 ppm / Ni (Figure 6).
Figure 6 Nickel levels in lettuce sampled in the different localities of Bogotá. D.C. Source: authors
Based on the above, it can be ensured that the maximum Ni content found in plant tissue is well below the permissible limits stipulated by Australian and New Zealand (2016) heavy metal legislation, with a value of up to 5 ppm of Ni in food.
Conclusions In the case of the soils analyzed for food production in urban gardens, it was found that heavy metals and trace elements are below national and international regulations. However, it is of utmost importance to generate and/or update levels of reference that allow differentiation of the geogenic (normal) values from the anthropogenic (anomalous) levels to avoid greater biases in research associated with the possible chemical risks that urban agriculture can generate.
The variables analyzed in vegetable tissue of lettuce show that that in the case of the present study, urban agriculture should not generate a chemical risk for consumers due to the possible consumption of heavy metals and therefore, should be taken into account in local plans for the development of cities and expanding their positive contributions to food security and sovereignty that this practice proposes.
Results found in the rainwater harvested for the irrigation of vegetables in urban gardens allow us to conclude that it is completely safe for agricultural use since no heavy metals or trace elements were found for the detection limits. It is recommended to delve deeper in studies regarding this variable, which allows us to conclude the best areas for harvesting and storing this type of water in order to generate guidelines for the optimization and reduction of chemical risks associated with this variable.
In the urban gardens of the city of Bogotá, more than 100 species are managed including vegetables, tubers, cereals, legumes and fruits as well as non-food products, which include aromatic and medicinal plants, among others, so it is important to verify the levels of heavy metal contamination considering the different species and different plant organs such as stems, flowers and roots.
Highlights Soil and vegetable metal concentrations did not correlate. Soil metal and localities did nor correlate. Soil metal levels showed values bellowed of EPA and EEC regulations. Lettuce metal did not exceed the market-basket levels and guidance values (EEC standards). Rainwater harvested did not show pollution with metals.
Acknowledgments The authors thank the urban farmers of the capital, to the Botanical Garden of Bogotá José Celestino Mutis and to the Corporación Universitaria Minuto de Dios UNIMINUTO for the financing and support provided for the development of this project.
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1 Junior researcher in Latin America and the Caribbean, Agroecology Department, Uniminuto University. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 640 North Broad St Suite 521. Phila PA. https://orcid.org/0000-0002-9967-4421 https://scholar.google.com/citations?hl=es&user=nZYjrz4AAAAJ
2 Department operational technical in Botanical Garden of Bogota Jose Celestino Mutis. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Cl. 63 #68-95, Bogotá, Colombia. https://orcid.org/0000-0001-5374-1310 https://scholar.google.com/citations?hl=es&user=2c7QXZEAAAAJ
How to cite: Vega Castro, D. A. & Vega Clavijo, L.T. (2022). Levels of heavy metals. Urban gardens in Bogota Colombia. Luna Azul, 54, 97-113. https://doi.org/10.17151/luaz.2022.54.6
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Revisión sistemática de literatura sobre la relación entre la teoría y la práctica en estudiantes de biología y química de Colombia
Juan Pablo Betancourt Arango1
Recibido: 29 de abril del 2021 Aceptado: 2 de Agosto de 2021 Actualizado: 27 diciembre de 2021
DOI: 10.17151/luaz.2022.54.7
Resumen
Las revisiones sistemáticas (RS) son investigaciones científicas en las que se pretende dar respuesta a una pregunta de investigación claramente formulada mediante un proceso sistemático, en este caso enfocado a demostrar aspectos importantes de la relación teoría-práctica aportados en el proceso formativo en estudiantes de áreas de biología y química de Colombia. De esta manera, a través de una metodología sistemática y cualitativa, se busca realizar una comparación constructiva de diferentes investigaciones reportadas en la literatura, con el fin de demostrar la relación entre el saber disciplinar (teoría) y la praxis (práctica), que se pueden evidenciar a través de investigaciones publicadas por diferentes instituciones del país, demostrando la relación teoría-práctica como una unión sinérgica e indisoluble. Esto permitió concluir que, independiente del área de biología o química en el que se encuentre, siempre va existir una relación entre la teoría y la práctica, donde el sujeto interrelacione ambos componentes, cuando se establece dicha conexión se podrá afirmar que los procesos teóricos ayudan a fundamentar los diferentes procesos prácticos que se pueden encontrar en nuestro diario vivir, además, esa estrecha relación es lo que complementa la formación no solo de estudiantes de la Licenciatura en Biología y Química, sino que también en estudiantes que se dedican al estudio y desarrollo de investigaciones en dichas áreas.
Palabras clave: formación, investigaciones científicas, revisión sistemática, teoría-práctica.
Systematic Review of Literature on the Relationship between Theory and Practice in Biology and Chemistry Students of Colombia
Abstract
Systematic reviews (SR) are scientific research in which the aim is to answer a clearly formulated research question through a systematic process, in this case focused on demonstrating important aspects of the theory-practice relationship provided in the training process in students of the biology and chemistry areas in Colombia. In this way, through a systematic and qualitative methodology, the purpose is to carry out a constructive comparison of different research papers reported in the literature, in order to demonstrate the relationship between disciplinary knowledge (theory) and praxis (practice), which can be evidenced through research published by different institutions in the country demonstrating the theory-practice relationship as a synergistic and indissoluble union. This allowed concluding that, regardless of the area of biology or chemistry in which one is located, there will always be a relationship between theory and practice, where the subject interrelates both components. When this connection is established, it can be stated that theoretical processes help to support the different practical processes that can be found in our daily lives, in addition, this close relationship is what complements the training not only of students of the Bachelor's Degree in Biology and Chemistry, but also in students who are dedicated to the study and development of research in these areas.
Key words: training, scientific research, systematic review, theory – practice.
Introducción
Actualmente existe una explosión de información, más de dos millones de artículos son publicados anualmente, en más de 20.000 revistas. Ante este volumen inmanejable de información, los investigadores preferimos resúmenes no sesgados de investigaciones originales (fuentes primarias) (González et al., 2011). De esta manera, dentro de los estudios por revisión de publicaciones se conocen dos tipos diferentes: la revisión sistemática y la revisión no sistemática o revisión narrativa (update). El método tradicional de integración en la literatura ha sido la revisión narrativa, pero tiene dos debilidades básicas (González et al., 2011). En primer lugar, no hay norma sobre cómo conseguir los datos primarios, cómo integrar los resultados; lo que prima es el criterio subjetivo del revisor. En segundo lugar, el revisor narrativo no sintetiza cuantitativamente los datos hallados en las distintas publicaciones, por tanto, estas revisiones son muy susceptibles a imprecisiones y sesgos. La revisión sistemática, por el contrario, exige un método riguroso y explícito para la identificación, evaluación crítica y síntesis de la evidencia obtenida (González et al., 2011).
Este proceso de revisión debe estar desarrollado y planeado por adelantado (a priori) para reducir los sesgos y eliminar los estudios irrelevantes o de baja calidad. Para ello, González et al. (2011) reportan el siguiente protocolo:
1. Formulada una pregunta basada en una estructura PICO (población, intervención, comparación, desenlace) o una estructura PIO (población, intervención y desenlace) 2. Desarrollo de protocolos, en el cual se anexan los criterios de exclusión (filtros para el descarte de artículos que no pertenecen a la temática) e inclusión (filtros para la obtención de artículos relacionados a la temática): idioma, tipo de diseño, tipo de publicación, superposición de la población, entre otros. 3. Adquisición de evidencia (búsqueda bibliográfica) 4. Síntesis de evidencia 5. Evaluación del riesgo de sesgo: calidad de la evidencia
Revisión sistemática (RS)
Las revisiones sistemáticas (RS) son investigaciones científicas en las cuales la unidad de análisis son los estudios primarios; de esta manera, constituyen una herramienta esencial para sintetizar la información científica disponible (González et al., 2011). Las RS pueden ser de tres tipos diferentes: cualitativa, cuantitativa y mixta. Las revisiones de tipo cualitativo son las que resumen la información pero no hacen un análisis matemático de los resultados, prima la subjetividad del autor y no hay manera de comprobar, interpretar o aplicar lo reportado en el estudio; las revisiones de tipo cuantitativo son las que presentan un análisis matemático (estadístico) para combinar los resultados de dos o más estudios y se conoce como metaanálisis; las revisiones de tipo mixto son los que realizan protocolos en forma de revisión sistemática pero que además, amplían los resultados con un metaanálisis.
La RS son investigaciones científicas que analizan estudios primarios, sintetizan información, incrementan la validez de las conclusiones e identifican áreas de incertidumbre donde debe hacerse investigación, es una recopilación de información en la que los artículos son los individuos de estudio, es decir, en el análisis, la cantidad total de artículos es el tamaño de la muestra (Ferreira-González et al., 2011). A diferencia de Sobrido y Rumbo (2018), que establecen la RS como un tipo especial de documento científico, en el cual, se pretende resumir el estado actual de la investigación frente a una determinada temática en particular, siendo un proceso sistemático riguroso y reproducible, que toma como base los resultados de gran variedad de investigaciones primarias reportadas sobre dicha temática.
Revisión narrativa (RN)
Las revisiones bibliográficas narrativas proporcionan un examen de literatura reciente, nacen con el fin de ofrecer una comprensión más profunda de un fenómeno, consolidar el conocimiento existente e identificar carencias (González et al., 2011). También es considerada como una síntesis de literatura sobre un tema, en la que se utilizan métodos informales para seleccionar e interpretar la información. En la RN no aparece claramente especificada la metodología o, si aparece, esta suele ser difusa (González et al., 2011).
Metaanálisis (MA)
El metaanálisis proviene del griego meta (después de) y análisis (descripción o interpretación); por ende, consiste en el análisis estadístico de la recolección de resultados extraídos desde estudios primarios o individuales, con el propósito de integrar los hallazgos obtenidos (Pérez, 2010). Tiene dos etapas. La primera consiste en calcular las medidas de efecto para cada estudio y su intervalo de confianza (Pérez, 2010). La segunda es calcular el efecto global, resumen o combinado de la intervención como una medida ponderada de los efectos obtenidos en los estudios individuales (Pérez, 2010).
El objetivo del MA es la integración de los estudios y la posterior obtención de información global de los resultados aportados por cada uno de ellos. El metaanálisis es una metodología para la revisión sistemática y cuantitativa de la investigación, ampliamente consolidada y aplicada en las ciencias en general y aún más en el área de la salud; de esta forma, con esta metodología se ofrece las técnicas necesarias para acumular rigurosa y eficientemente los resultados cuantitativos de los estudios empíricos sobre un mismo problema, permitiendo a los profesionales la determinación de decisiones informadas en sus respectivas áreas de trabajo (Marín-Martínez et al., 2009).
Relación entre la teoría y la práctica
La relación teoría - práctica es uno de los temas más relevantes y recurrentes en el campo de la didáctica porque es tan amplio, complejo y difuso que es imposible darle una respuesta definitiva; aquellos que se han dedicado a la enseñanza, han planteado en mayor o menor medida, cómo conectar mejor su saber con la práctica y llevarlo al mundo contemporáneo (Álvarez y Hevia, 2014). La teoría tiene que ver con la elaboración sistemática de conocimiento pedagógico, y algunos términos habituales para referirse a este concepto son los de: conocimiento, ciencia o investigación; a su vez, constituye un conjunto de leyes, enunciados e hipótesis que configuran el conocimiento científico, sistematizado y organizado (Álvarez y Hevia, 2014).
La práctica, por su parte, se concibe como “el cuerpo a cuerpo” del trabajo cotidiano del profesorado en los diferentes niveles de los centros educativos, sobre todo en las aulas, pero también fuera de ellas (Álvarez, 2012). Estaría constituida por el repertorio de comportamientos, acciones, actitudes y valores manifestados por los docentes en su centro de trabajo; para referirse a la práctica suelen emplearse términos como praxis, acción o enseñanza (Álvarez y Hevia, 2014).
Importancia de la revisión sistemática en la relación teoría-práctica
Siempre ha existido una gran diferencia entre los procesos abordados desde la teoría y los resultados que se obtienen cuando el mismo proceso se realiza de forma práctica. La teoría parte de un fundamento científico que toma en cuenta todas las posibles finalidades que podría presentar algo en cuestión y aborda los temas de una manera completa, la práctica como tal, es la aplicación de esa teoría, enfrentar y contrastar con la realidad lo que se ha documentado con anterioridad (Álvarez y Hevia, 2014).
Por ende, la implementación de la RS en un proceso teórico-práctico en la formación de docentes en Colombia y especialmente los relacionados con biología y química, pretende poner a prueba la mayoría de información científica posible en diferentes momentos del docente, aplicar proyectos de aula, proyectos de investigación a nivel institucional, proyectos de grados o cualquier tipo de investigación científica, para la cual sea necesaria la recolección de información (Álvarez y Hevia, 2014). De esta manera, es importante hacer una comparación entre la literatura reportada con la realidad, para poder realizar una RS que permita recolectar la mayor cantidad de evidencias, analizarlas y con base en esto, tomar decisiones decisión frente a la influencia generada por la interacción entre la teoría y la práctica en las áreas de conocimiento de biología y química en Colombia.
Metodología
Este tipo de investigación se trabajó con base en un análisis cualitativo, en el cual Nava et al. (2008) nos expresa que:
Los métodos de investigación cualitativa son actualmente herramientas fundamentales y complementarias en todas las disciplinas de las Ciencias Sociales para enriquecer el trabajo Multi, Inter y Transdisciplinar, como es el caso de los estudios para el desarrollo, donde confluyen diversas áreas del conocimiento. La investigación cualitativa privilegia la subjetividad de las y la intersubjetividad dentro de los contextos, la cotidianidad y la dinámica de interacción entre estos elementos como objeto de estudio.
De esta forma, a partir de esta revisión sistemática se pretende contestar a una pregunta de investigación claramente formulada mediante un proceso sistemático, para este caso es: ¿de qué manera la revisión sistemática aplicada en la teoría - práctica aporta en el proceso formativo en estudiantes de biología y química en Colombia?; en donde, a través de una búsqueda exhaustiva en diferentes bases de datos, se encuentre gran variedad de artículos de investigación dentro de la población de interés, por ende, ayudando así a dar solución a la pregunta de investigación establecida y comparando la información reportada por otros investigadores.
Una vez realizada la revisión sistemática, se procede a extraer la información de los artículos de interés, para establecer una comparación entre estos; teniendo en cuenta los intereses, las intencionalidades y los conocimientos que les permitirán a los estudiantes en formación comprender la relación entre la teoría y la práctica en la enseñanza de áreas de biología y química en escenarios reales y cotidianos en donde se desenvolverá el docente de forma profesional.
Con la información extraída, se procede a realizar un metaanálisis con el fin de analizar las situaciones establecidas en los artículos de interés de forma cualitativa y cuantitativa dependiendo del caso; para así comparar dichos datos reportados en la literatura. Con estos datos obtenidos, luego se procederá a realizar un metaanálisis un poco más ilustrativo para la población científica, a través de un análisis de red (teoría de grafos) con la ayuda de los programas VOSviewer para análisis de datos. El flujo de trabajo se muestra a través de la Figura 1. Figura 1. Flujo de metodología de trabajo.
Resultados
Enfoques de estudio en Colombia
En primer lugar, se quiso mostrar un análisis de las diferentes áreas de estudio que están siendo más investigadas en los últimos años en Colombia; dicho análisis se realizó a través del programa Wizdom (https://www.wizdom.ai/), en donde se obtuvo el siguiente resultado representado a través de la Figura 2.
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Figura 2. Principales áreas de investigación en Colombia en los últimos nueve años. En color rojo se representa el área de biología y en color morado el área de la química.
En la figura 2 vemos que, la principal área de interés en Colombia en la que se reporta gran variedad de investigaciones, es el área de las ciencias de la salud (Health Science) y es seguido por el área de la biología con diferentes enfoques. El área de la química se ve con un bajo porcentaje dentro de la representación, esto debido a que los enfoques en la química al final de las investigaciones están enlazados al área de la biología y las ciencias de la salud. Pero en resumen se ve la importancia de estas dos áreas de interés para esta investigación, debido a que tienen un alto impacto en la sociedad y en el mundo químico-biológico que hay en Colombia.
Normalización de metadatos
Los metadatos se entienden como cada uno de los términos indexados que componen la pregunta de investigación; de esta forma para verificar la normalización del lenguaje al momento de trabajar con cada término y con los diferentes sinónimos que existen de este, se utilizó el tesauro de Medline, el cual es el Medical Subject Headings (MeSH), que permite al usuario encontrar los términos indexados reportados en la mayoría de los artículos de las bases de datos; y de esta forma, se maneja un lenguaje controlado, haciendo uso de los descriptores utilizados en las bases de datos.
Búsqueda y selección de artículos
Para iniciar la búsqueda de literatura se procedió a incluir los términos en la ecuación de búsqueda establecida que abarca la pregunta de investigación, la cual es: ¿De qué manera la revisión sistemática aplicada en la teoría - práctica aporta en el proceso formativo en estudiantes de biología y química en Colombia? Por ende, se creó la siguiente ecuación de búsqueda general que representa la forma estructura de la pregunta de investigación.
Población = (Estudiante* de biología y química en Colombia) Intervención = (Revisión sistemática aplicada en la teoría - práctica) Desenlace = (Aporte en el proceso formativo)
De esta forma, se incluyeron 70 términos que constituyen la población de interés para esta pregunta de investigación; 8 términos que representan la intervención y 15 términos que conforman el desenlace o finalidad de la pregunta de investigación. Los diferentes términos utilizados son sinónimos que están relacionados con cada término que conforma la ecuación de búsqueda. Adicional a esto, se agregaron 133 términos a la ecuación de búsqueda, con el fin de condicionarla para que no se reporten dentro de los resultados de búsqueda artículos que no tengan nada que ver con el enfoque que tiene la pregunta de investigación.
La búsqueda se realizó en las siguientes bases de datos; esto debido a que estas bases de datos fueron las únicas que permitieron contener todos y cada uno de los términos que conforman la ecuación. Además, estas bases de datos se caracterizan por permitir realizar búsquedas a partir de metadatos (entendiéndose estos como el conjunto de datos que describen otros datos; en este caso son cada uno de los términos que conforman la estructuración de la pregunta de interés) y por ser dentro del ranking de bases de datos, las más utilizadas y en las que se reporta gran número de investigaciones. Estas bases de datos son:
v Web of Science (ISI Web of Knowledge de Thomson Reuters) creado por Eugene Garfield en 1964, el cual facilita el acceso a un conjunto de bases de datos en las que aparecen citas de artículos de revistas científicas, libros y otros tipos de material impreso que abarcan todos los campos del conocimiento. v Scopus (Elsevier), una base de datos bibliográfica que contiene resúmenes y citas de artículos de revistas académicas cubriendo 21.000 títulos de más de 5.000 editores. v NCBI (National Center for Bitechnology Information), creada en 1988 con el fin de ser una biblioteca Nacional de Medicina en Estados Unidos (PubMed).
v Scielo (Scientific Electronic Library Online) es una biblioteca electrónica que abarca una colección seleccionada de revistas científicas brasileñas.
Una vez seleccionadas las bases de datos de interés, se procedió a realizar la búsqueda de estos artículos, los cuales el periodo de búsqueda de estos, fue entre enero de 2019 al 13 de julio de 2019. Además de los términos adicionales agregados a la ecuación, también se utilizaron filtros para refinar la información que son establecidos por las bases de datos, esto con el fin disminuir aun más la información y solamente dejar los artículos que cumplen con las condiciones establecidas, los cuales representarían para investigación una alta calidad de información. Se utilizaron refinados como:
País = Colombia Período de tiempo = Últimos 5 años (2015 - 2019) Tipo de documento = Artículo o revisión Especie = Humanos Lenguaje = Inglés
De esta forma, se obtuvieron los siguientes resultados que se pueden observar a través de la Figura 3.
Análisis de artículos
Una vez obtenidos los resultados de la RS para cada base de datos, se procedió a descargar los artículos obtenidos de cada base de datos al final de la revisión sistemática y se obtuvo su referencia bibliográfica. Se analizó cada artículo obtenido y se le asignó un número por base de datos, además se clasificó en tres categorías establecidas:
1. Categoría 1. Artículo teórico 2. Categoría 2. Artículo práctico 3. Categoría 3. Artículo teórico-práctico
En la categoría uno se ubicaron todos los artículos en los cuales se observó un fuerte desarrollo del componente teórico, el cual se estableció que puede estar representado por el desarrollo de teorías, fórmulas, ecuaciones matemáticas y modelos predictivos matemáticos. En la categoría dos se ubicaron todos los artículos en los cuales se vio un fuerte avance del componente práctico, en el que se estableció que puede estar representado por artículos en los que solo se observa trabajos experimentales o de campo y bajo contenido conceptual. En la categoría tres, se ubicaron todos los artículos en los que se observó una unión entre el componente teórico y el componente práctico (existiendo un equilibrio entre ambos), donde el componente teórico respalda al práctico y a su vez, el componente práctico sustente la teoría.
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Figura 3. Resultados obtenidos en la RS.
De esta forma, se obtuvieron los siguientes resultados para cada artículo con respecto a las bases de datos Web of Science, NCBI/PubMed y Scopus, reportados en las Tablas 1 a 3.
Tabla 1. Artículos obtenidos en Web of Science.
Tabla 2. Artículos obtenidos en National Center for Bitechnology Information / PubMed.
Tabla 3. Artículos obtenidos en Scopus.
Para resumir, los resultados obtenidos por categorías para cada base de datos se reportan los siguientes resultados en las Tablas 4 a 6. Tabla 4. Análisis estadístico de los artículos de Web of Science.
Tabla 5. Análisis estadístico de los artículos de National Center for Bitechnology Information / PubMed.
Tabla 6. Análisis estadístico de los artículos de Scopus.
La diferenciación en los resultados obtenidos anteriormente se debe a que, publicar en revistas indexadas (Web of Science, Scopus y National Center for Bitechnology Information / PubMed) puede convertirse, a veces, en un camino lleno de obstáculos difíciles de comprender y de salvar para un investigador en el ámbito de las ciencias; debido a que cada revista tiene unos criterios de selección para poder publicar un artículo científico dentro de su base de datos. Por ello, vamos a analizar cuáles son los criterios de evaluación que establece cada revista y que hace que se obtenga este tipo de resultados. Web of Science es un buscador general que obtiene información de artículos que están presentes también en otras bases de datos y tiene los siguientes criterios de aceptación de artículos: revisión por pares, prácticas de publicación éticas, formato de publicación, texto completo en inglés, entre otras. De igual forma aplica para Scopus y otro tipo de bases de datos. Por otro lado, analizando los resultados obtenidos en las bases de datos, por criterios de aceptación que establece cada una de ellas; vemos que, al analizar todos estos criterios de evaluación vemos National Center for Bitechnology Information (NCBI) es una base de datos con investigaciones relevantes para la biotecnología, ciencias de la salud, entre otros; además de ser un recurso importante para las herramientas y servicios de bioinformática; por consiguiente, de ahí el número tan bajo de artículos reportados dentro del campo de interés de esta investigación.
Con los datos obtenidos en la base de datos Scielo, se pudo analizar lo siguiente: en esta base de datos se realizan diferentes publicaciones sobre pedagogía centrados en ejes temáticos como la biología y la química, pero al momento de realizar la revisión sistemática enfocada en la relación teoría-práctica para estos ejes temáticos, no se reporta ningún artículo entre los años 2015 a 2019. De igual manera, puede que en esta base de datos existan artículos que comprendan estos ejes temáticos de interés; pero para esta investigación quedan descartados por la sencilla razón de que ya es información desactualizada. Además de esto, no se reportan datos de artículos que cumplan todas las condiciones de refinamiento (filtros) establecidos para la búsqueda de los artículos.
Con Scopus y WOS, como se obtuvo igual número de resultados, no se pudo sacar una conclusión a simple vista por el número de artículos, sino que, dicho análisis se hace con base en los resultados porcentuales presentes en cada categoría. No hay indicios del por qué se genere esta variación entre una base de datos y otra, lo que sí se puede decir, es que estas variaciones entre los enfoques teórico y teórico – práctico, están determinados por los criterios de aceptación de las revistas y, por ende, los gustos de los mismos autores para la facilidad de publicación entre una base de datos y otra. Además de esto, para centrar un poco el panorama que tiene Colombia frente a este tipo de investigaciones que resaltan la relación teórica – práctica en el área de la biología y la química, se complementó estos resultados con los análisis de datos proporcionados por Scopus, en el cual se graficó el número de citas de los artículos obtenidos con relación al año de publicación (Figura 4A). Figura 4a. Gráfica número de citaciones por Año en Scopus. b. Gráfica resultados globales con relación al número de artículos por país en Scopus.
En la figura 4a, se puede ver que desde el 2015 hasta el 2018 de forma general, este tipo de temática para Colombia ha tenido un comportamiento exponencial en cuanto al número de citas, pero que para el presente año no se han reportado nuevas citas que superen las del 2018. Para verificar lo anterior, se realizó una comparación del número de artículos publicados por países de forma global y de forma específica para Colombia frente a los artículos publicados en Scopus, que se puede observar en la Figura 4b.
De forma global, vemos que Estados Unidos es el país que reporta la mayor cantidad de investigaciones con un enfoque más teórico y que trabaja ejes temáticos de biología y química. Pero si lo comparamos con Colombia, no se realiza tantos aportes en esta línea de investigación comparado con Estados Unidos; pero a su vez, la cantidad de investigaciones reportadas supera a países suramericanos como Chile. Centrándonos en Colombia, quisimos observar una comparación por universidades a nivel del país con respecto al número de investigaciones realizadas por universidades de forma nacional, también obtuvimos los siguientes resultados (Figura 5A).
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Figura 5a. Gráfica cantidad publicaciones por Universidades en Scopus. B. Gráfica por área de interés en Scopus.
En la figura 5a se puede ver que, de todas las investigaciones adquiridas en esta revisión sistemática, la mayoría de estos artículos han sido elaborados la Universidad Nacional de Colombia y otras universidades del país; pero no se reportan artículos relacionados con la Universidad de Caldas en cuanto a la relación teoría-práctica en ejes temáticos de biología y química. Si analizamos la información encontrada de los 27 artículos que se obtuvieron en la revisión sistemática y centrándonos en el eje temático de interés, se obtuvo el siguiente resultado a través de la base de datos Scopus (Figura 5B). En el cual, podemos observar que de los artículos obtenidos el 31% tiene un área de interés hacia las matemáticas, el 4,8% tiene un enfoque químico y el 4,8% tiene un enfoque hacia la agricultura y biología. Por ende, vemos que en la base de datos de Scopus de forma global hay un gran número investigaciones con un enfoque en la matemática lo cual afirma las anteriores conclusiones al momento de establecer que hay más artículos en la base de datos de Scopus con un enfoque teórico.
De esta forma, de los 27 artículos obtenidos en la base de datos WOS durante la RS, solamente 11 artículos cumplen las dos condiciones de los parámetros que se establecieron inicialmente; es decir, en estos artículos se evidencia una relación entre la teoría y la práctica, además de estar enfocados en áreas de la química y de la biología (Tabla 7). Tabla 7. Síntesis de artículos Web of Science (WOS).
Metaanálisis
El metaanálisis tiene como finalidad la integración de los estudios y la posterior obtención de la información bibliométrica de los artículos primarios obtenidos en cada base de datos, se pretende analizar dichos artículos extraídos de WOS, esto debido a que permite descargar un archivo de texto de plano con la información detallada de cada artículo. Por ende, se descargaron los datos de referencia de cada artículo de WOS y se procedió a analizar la metodología de trabajo reportada por Zuluaga et al. (2016), en la cual se puede observar la serie de procedimientos que se implicaría para poder realizar un metaanálisis a través de la teoría de grafos (Figura 6).
Además, también se reporta el uso de dos programas: Sci2 Tools, un programa que se utiliza para generar las diferentes interacciones (correlaciones) entre artículos de una misma base de datos. Posterior a esto, se llevan los resultados de estas interacciones a un visualizador gráfico como lo es Gephi. Como esta metodología es más compleja y dispendiosa, se decidió trabajar con el programa VOSviewer. Esta modificación a la metodología de trabajo se realiza, debido a que este programa posee una interfaz mucho más sencilla de manejar y además permite sacar las interacciones (correlación) entre los datos bajo los criterios que se desee, generando así el grafo obtenido dentro de la misma interfaz del programa, evitando así requerir el uso de programas independientes. Por ende, con dicho archivo obtenido de Web of Science se obtuvieron los siguientes resultados, que se pueden observar a través de la Figura 7.
Figura 6. Flujo metodológico reportado por Zuluaga et al. (2016).
Figura 7. Esquematización de refinado del Grafo. A. (Número de citaciones 1), B. (Número de citaciones 7) y C. (Número de citaciones mayor a 17).
En el cual, se ve que inicialmente se forman varios clúster relacionados por los autores, pero que a medida que se va aumentando el número de interacciones (en este caso el número de citas reportadas por autor), disminuye el número de clústeres y finalmente se obtiene un grafo que muestra la correlación entre el número de citas reportadas por autor frente a otros autores con la misma cantidad de citas; además, también se ve en el grafo final (Figura 8A), que entre estos autores se presenta un trabajo colaborativo o que por el contrario se citan frecuentemente entre ellos mismos.
Figura 8. A. Interacciones generadas en el Grafo C, con un número de citación mayor a 17. B. Grafo de interacciones entre Colombia y otros países, con respecto a investigaciones colaborativas.
Adicional a esto también se puede observar el grafo de las interacciones (correlación) entre autores y países, lo que demuestra la existencia de estudios colaborativos entre Colombia con otros países, como se puede observar a través de la Figura 8B.
Por otro lado, respondiendo la pregunta de interés y con base en los resultados obtenidos anteriormente, vemos que, desde el punto de vista de la biología y la química, debe existir un fundamento teórico-práctico para realizar cualquier tipo de investigación con este eje temático, es necesario implicar un proceso comprensivo del fenómeno biológico o químico utilizando la teoría existente, para ya luego realizar un estudio experimental que ayude a correlacionar la información teórica con los resultados obtenidos. Además, es de carácter obligatorio conocer la teoría, ya que esta es la que informa de los peligros que pueden adquirir algunos compuestos químicos o reacciones que puede tener; con el fin, de dar la fundamentación para la forma de trabajo dentro de un laboratorio. Cuando el estudiante ya adquiere los conocimientos sufrientes de la teoría, ya cuando entrar al laboratorio para comprender el acople de los procesos teóricos a los prácticos, permitiendo analizar de mejor manera lo que se está haciendo.
Discusión
Todos los artículos vistos durante el desarrollo de esta investigación y los seleccionados al final nos pudieron dar luces al decir que: “Necesariamente tiene que existir una relación entre la teoría y la práctica para que haya un proceso investigativo”. Además de que toda teoría establecida se desarrolla con el fin de llevarlo a cabo un proceso más práctico y poder sustentar dicho proceso teórico. De igual forma, independientemente del área del conocimiento en que se encuentre, siempre va a existir una relación entre la teoría y la práctica que hará que el sujeto interrelacione ambos componentes, ya sea el docente o el estudiante el que lo haga; pero cuando se establece dicha conexión se podrá afirmar que los procesos teóricos ayudan a fundamentar los diferentes procesos prácticos que se pueden encontrar en nuestro diario vivir.
Por otro lado, respondiendo la pregunta de interés y con base en los resultados obtenidos, vemos que, desde el punto de vista de la biología y la química, debe existir un fundamento teórico-práctico para realizar cualquier tipo de investigación en estas áreas disciplinares, es necesario implicar un proceso comprensivo del fenómeno biológico o químico utilizando la teoría existente, que permita realizar un estudio experimental que ayude a correlacionar la información teórica con los resultados obtenidos. Además, es de carácter obligatorio conocer la teoría ya que esta es la que informa de los peligros que puede adquirir algunos compuestos químicos o reacciones que se lleven a cabo en la práctica, con el fin, de dar la fundamentación para la forma de trabajo en el laboratorio. Cuando el estudiante adquiere los conocimientos suficientes de la teoría, va al laboratorio para comprender el acople de los procesos teóricos a los prácticos, permitiendo analizar de mejor manera lo que se está haciendo.
Conclusiones
Finalmente, vemos que esa estrecha relación entre lo teórico y lo práctico es lo que complementa la formación no solo de estudiantes de la Licenciatura en Biología y Química, sino que también en estudiantes y trabajadores dedicados al estudio y desarrollo de investigaciones en estas áreas; logrando así una mejor correlación entre estos dos procesos de formación. De igual forma, las RS son de gran importancia para la realización de este tipo de investigaciones secundarias, debido a que permiten obtener conclusiones globales de la pregunta planteada, a partir de los resultados generados al final del proceso con los artículos que cumplen con todos los criterios establecidos.
En Colombia se observan los aportes que están realizando en cuanto a investigaciones que involucren procesos teóricos y prácticos en áreas afines de la biología y la química; que al comparar con otros países, Colombia no investiga tanto en esta relación según lo reportado y obtenido en dichas bases de datos, pero aun así ya se está investigando en la inclusión de los diferentes procesos formativos y la manera en que se pueden involucrar los conceptos teóricos y experimentales. Así mismo, se demuestra con la presente investigación que no es suficiente la relación teórico-práctica que se esté reportando actualmente para áreas de biología y química en Colombia.
En forma general, estimamos que en el futuro se verá una tendencia mucho más exponencial para investigaciones enfocadas en los procesos formativos teórico-prácticos en estas áreas de interés, debido que desde nuestro punto de vista es donde más se nota la existencia de esta estrecha relación; dado que el maestro nunca podrá entrar a la parte experimental de un proceso, sin que le enseñe al estudiante unas bases teórico-conceptuales.
Agradecimientos
A la Vicerrectoría de Investigaciones y Posgrados de la Universidad de Caldas, por la aprobación y financiamiento del proyecto y a los integrantes del Semillero de Investigación Pedagógica, adscrito al Departamento de Estudios Educativos de la Facultad de Artes y Humanidades.
Conflicto de intereses
Los autores manifiestan no tener conflicto de intereses con respecto al contenido de este artículo.
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1 Universidad de Caldas, Departamento de Quimica, Sede Central, Manizales, Caldas, Colombia. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 Universidad de Caldas, Departamento de Estudios Educativos, Sede Central, Manizales, Caldas, Colombia This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3 Universidad de Caldas, Departamento de Estudios Educativos, Sede Central, Manizales, Caldas, Colombia This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Para citar este artículo: Betancourt Arango, J. P., Suárez Millán, M. C. y Álvarez Márquez, D. Y. (2022). Revisión sistemática de literatura sobre la relación entre la teoría y la práctica en estudiantes de biología y química de Colombia. Revista Luna Azul, 54, 114‐142. https://doi.org/10.17151/luaz.2022.54.7
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Cobertura forestal y belleza escénica: un análisis de los arboles notables de Cali (Colombia)
Derlyn Johana Solano López,M.Sc1
Recibido: 15 de mayo del 2021 Aceptado: 20 de Agosto de 2021 Actualizado: 27 diciembre de 2021
DOI: 10.17151/luaz.2022.54.5 Resumen
La cobertura forestal es un elemento de belleza escénica, concepto constitutivo de los servicios del ecosistema cultural (SEC). Su valor estético se aprecia a escala de paisaje, donde la holísticidad cobra importancia en la percepción de los ciudadanos. En esa línea, los árboles y su preservación adquieren una impronta medular para el mejoramiento del hábitat y la producción de SEC, con base a la conservación de los espacios verdes en las ciudades, como un elemento constitutivo de la calidad de vida urbana, y el mejoramiento de la cohesión comunitaria; esto contribuye al bienestar y la salud humana, como aporte al desarrollo sustentable. Este estudio tuvo como objetivo la caracterización dasométrica de árboles notables, pertenecientes a las especies Albizia saman y Ceiba pentandra en dos espacios: los emplazamientos de la ciudad de Cali y el Campus Meléndez de la Universidad del Valle. Así, se realizaron evaluaciones dasometricas en los dos espacios citados. Para el análisis cuantitativo de variables dasométricas, una estadística descriptiva fue desarrollada con el software Infostat. Los resultados sugieren que los individuos forestales declarados como árboles notables en el municipio de Santiago de Cali, representan el 35,47% y 32,09%, respectivamente para A, saman y C, petandra, presentándose diferencias para cada una de las especies (p<0,05), en función de los espacios establecidos. Sin embargo, sus dimensiones fueron las esperadas para las especies y el estado de desarrollo de los individuos, criterio usado para su clasificación como árboles notables. Esta caracterización dasométrica representa una base para emprender proyectos de planificación y manejo de la cobertura forestal en Santiago de Cali, que apunten a la gestión integral de sus espacios verdes, base de su belleza escénica y constituyente de los SAE.
Palabras clave: servicios ecosistémicos, reforestación, ornato, forestería.
Forest cover and scenic beauty: an analysis of the notable trees of Cali (Colombia)
Abstract
Forest cover is an element of scenic beauty and a constitutive concept of cultural ecosystem services (CES). Its aesthetic value is appreciated at the landscape scale, where holisticity becomes important in the perception of citizens. Along these lines, trees and their preservation acquire a core imprint for the improvement of the habitat and the production of CES, based on the conservation of green spaces in cities, as a constitutive element of the quality of urban life, and the improvement of community cohesion. This contributes to human well-being and health, as a contribution to sustainable development. The objective of this study was the dasometric characterization of notable trees, belonging to the species Albizia saman and Ceiba pentandra in two spaces: the locations of the city of Cali and the Meléndez Campus of Universidad del Valle. Thus, dasometric evaluations were carried out in the two aforementioned spaces. For the quantitative analysis of dasometric variables, descriptive statistics were developed with the Infostat software. The results suggest that forest individuals declared as notable trees in the municipality of Santiago de Cali represent 35.47% and 32.09%, respectively for A. saman and C. petandra, presenting differences for each of the species (p <0.05), depending on the established spaces. However, their dimensions were those expected for the species and the development stage of the individuals, a criterion used for their classification as notable trees. This dasometric characterization represents a basis for undertaking planning and management projects of forest cover in Santiago de Cali, which aim at the comprehensive management of its green spaces, the basis of its scenic beauty and constituent of the CES.
Keywords: ecosystem services, reforestation, ornament, forestry.
Introducción
Los servicios ambientales ecosistémicos culturales (SEC) contribuyen al bienestar humano, la salud pública y las experiencias psicológicas de los ciudadanos, por lo cual son muy apreciados por las personas y, en muchos casos, son aún mejor reconocidos que otros servicios ecosistémicos. Sin embargo, el problema es que muchos SEC son difíciles de cuantificar, o su valor es demasiado complejo para evaluar y mapear (Kopperoinen et al., 2027). Una manera indirecta es medir las características de la cobertura forestal, bajo el supuesto de que a mayor cobertura forestal, con caracteristicas deseables de robustez en los espacios públicos, se brinda una mayor belleza escénica.
En esa línea, se dice que los árboles no solo capturan carbono en el día y aporta oxígeno en la noche, sino que también constituye un elemento medular de la belleza escénica, la cual se considera como uno de los servicios ecosistémicos culturales (SEC) (Montes-Pulido y Forero, 2021).
Por otra parte, es sabido que las coberturas forestales en el planeta se están menguando a gran velocidad, con un incremento asociado del aumento de gases de efecto invernadero, y un aceleramiento del cambio climático (Adekunle, et al., 2013; Vargas y Yáñez, 2004). Gran parte de este aceleramiento se le atribuye a la expansión de la frontera agrícola y minero energética; pues en el período 2000-2010 se registró una pérdida anual neta de bosques de 7 millones de hectáreas en los países tropicales, y un incremento anual neto de los zonas de expansión agrícola de 6 millones de hectáreas; naturalmente, como respuesta a un crecimiento poblacional necesita alimentos; así, dichos procesos se presentaron en mayor proporción en los países en desarrollo (FAO, 2016). De hecho, para el periodo 2010-2020, la pérdida neta de la superficie forestal fue de 4,7 millones de hectáreas anuales, y la superficie forestal mundial disminuyó en 178 millones de hectáreas entre 1999-2020 (FAO, 2020).
Uno de los ecosistemas más afectados, especialmente en América Latina, es el bosque seco tropical (Bs-T). Estos bosques ofrecen múltiples beneficios para la población y el ambiente, especialmente en los pisos térmicos donde se localiza su cobertura, generalmente entre los 0-1000 m s. n. m. (Instituto Alexander Von Humboldt, 1998). A pesar de ello, es uno de los ecosistemas más impactados en el planeta (Carvajal, 2008; Ruiz y Fandiño, 2009) y es muy poco lo que se conoce sobre su dinámica (Pizano y García, 2014). En Colombia, una parte importante del Bs-T se encuentra ubicado en el Valle del Cauca, pero estas coberturas han sido gravemente transformadas, quedando fragmentadas en pequeñas representaciones boscosas y árboles aislados en los diferentes municipios (Torres et al., 2012). La realidad es que estas coberturas han sido intervenidas desde antes del año 1500, cuando quedaba un poco más del 60% de la cobertura original (Etter et al., 2008). Ya para el año 2010 se estimaba un remanente de 17% de bosques y barbechos en el Caribe colombiano y se proyectaba que para el año 2020 restaría sólo el 11% (Burbano-Girón, 2013).
En el casco urbano de Cali, aún se conserva un gran número de ejemplares forestales típicos de este ecosistema, catalogados como arboles notables (DAGMA & Fun&agua, 2016). Esta categoría corresponde a aquellos individuos sobresalientes por su porte, tamaño, volumen, longevidad, valores escénicos, importancia botánica, o en su defecto que representan punto de referencia e identidad para la ciudad, los cuales se han integrado al paisaje urbano a través de la historia y revisten importancia desde el punto de vista ambiental, paisajístico, urbanístico, estético o afectivo; a su vez, se señala que las especies ceiba y samán, así como algunas especies de palmas nativas propias del BsT, constituyen una gran importancia ecosistémica (Alcaldía Municipal de Santiago de Cali, 2019b). Su distribución, en espacio urbano, corresponde a diferentes emplazamientos como separadores viales, andenes, glorietas, parques zonales o de barrio y plazas públicas.
La declaración de Árboles Notables, según los indicadores antes mencionados, es el resultado de un proceso realizado por el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambienta (DAGMA) a través del Contrato N° 4133.0.26.1.669-2016 con la Fundación Agua Viva (FUN&AGUA), en el cual se hizo la identificación de 296 individuos forestales en las 22 comunas de Santiago de Cali. Dicho proceso inició con el reconocimiento en campo de los árboles registrados en el censo arbóreo desarrollado en años anteriores por la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) y la Universidad Autónoma de Occidente. A su vez, en la Sede Meléndez de la Universidad del Valle, bajo el programa de manejo silvicultural de la flora de los campus de la misma (Universidad del Valle, 2023), se llevó a cabo el proceso de declaración inicial de 124 individuos forestales como árboles notables.
En los dos espacios, los emplazamientos en la ciudad y el campus Meléndez de la Universidad del Valle, los árboles y su conservación juegan un papel fundamental para el mejoramiento del hábitat y la generación de SEC. Borelli et al. (2018) hablando de los bosques urbanos en el contexto de los objetivos del desarrollo sostenible (ODS), en particular el ODS 11, menciona la importancia de los espacios verdes para mejorar el nivel de vida de los ciudadanos en las ciudades, aumentar la cohesión de la comunidad, mejorar el bienestar y la salud humanos y garantizar el desarrollo sostenible. En términos prácticos, se anota que tradicionalmente los árboles en zonas urbanas se consideraban principalmente por el beneficio estético u ornamental; sin embargo, hoy en día se consideran elementos que presentan múltiples beneficios, tales como la remoción de contaminantes, mengua del ruido del tráfico, barreras cortaviento, nichos de fauna, interceptación de la radiación solar a través de la sombra y regulación la evapotranspiración, entre otros (Alvarado et al., 2014).
Así, el presente estudio tuvo como objetivo caracterizar los individuos arbóreos declarados como árboles notables, correspondientes a las especies Albizia saman y Ceiba pentandra, en dos espacios, los emplazamientos de la ciudad y el Campus Meléndez de la Universidad del Valle.
Materiales y métodos
El área de estudio corresponde a la zona urbana de Santiago de Cali con coordenadas 3°26′24″N 76°31′11″O, ubicado en el Valle del Cauca; dentro del municipio existen diferentes campus universitarios, entre los cuales el de la Universidad del Valle, en su sede Meléndez, que tiene una extensión de 100 hectáreas; es el segundo campo más grande de Colombia, por la riqueza natural y diversidad cultural que alberga el campus, se le considera patrimonio y hace parte de la estructura ecológica complementaria del municipio (Alcaldía de Santiago de Cali, 2012) (Figura 1). Figura 1. Localización de las comunas en la ciudad de Cali en el departamento del Valle del Cauca (Colombia) Fuente: Los autores
Cali es la segunda ciudad más extensa de Colombia, al poseer un área de 564 km² y una longitud de 17 km de Sur a Norte y 12 km de Oriente a Occidente; presenta una altitud de 995 m s. n. m. y un clima de 23ºC (Alcaldía Santiago de Cali, 2017).
Con base al censo arbóreo, desarrollado por la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) (2015) en Convenio con la Universidad Autónoma de Occidente y el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (DAGMA), Santiago de Cali contaba en 2015 con 296,499 individuos forestales. Esta cifra se desagregaba en 88 familias botánicas, 302 géneros y 474 especies, siendo los árboles el biotipo dominante, seguido por los arbustos distribuidos en las 22 comunas de la ciudad (Universidad del Valle, 2015; Alcaldía Santiago de Cali, 2019). Por su parte, la Sede Meléndez de la Universidad del Valle aporta el 2% correspondiente a 5,680 individuos forestales aproximadamente, convirtiéndose por tanto en uno de los pocos relictos de BsT semi-intervenido en el Valle del Cauca (Alcaldía Santiago de Cali, 2019).
El área de estudio corresponde a los espacios arbolados con una mezcla de especies nativas e introducidas en emplazamientos de la zona urbana pública de Santiago de Cali y los árboles ubicados en la Sede Meléndez de la Universidad del Valle. Se tiene como hipótesis de trabajo que las dos zonas de estudio presentan diferencias en la intensidad de intervención, dado un mayor grado de afectación de los árboles ubicados en los emplazamientos públicos (parques, separadores de avenidas y andenes) respecto a las plantaciones en el campus universitario de Meléndez de la Universidad del Valle.
Posteriormente, con base en las cifras del censo arbóreo, desarrollado por la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) en 2015, en Convenio con la Universidad Autónoma de Occidente y el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (DAGMA) al estudio en mención y de acuerdo con la clasificación este proceso de los árboles notables, realizado por el DAGMA, se realizó el análisis para toda la base de datos de los individuos arbóreos de las especies seleccionadas. Para ello, se analizaron las variables dasométricas descritas y para los árboles de la Universidad del Valle, se determinaron analizaron sus variables dasométricas correspondientes a altura H (m), usando un hipsómetro Suunto; el diámetro a la altura del pecho DAP (m), con el uso de una cinta diamétrica, y el diámetro de copa DC (m) con una cinta métrica, tomando de cada árbol dos diámetros de manera perpendicular y promediando las dos medidas (Segura y Andrade, 2008a; Segura y Andrade, 2008b). Una vez obtenidos los datos de las dos zonas, se diseñó la base de datos de las variables dasométricas en una hoja de cálculo Excel, con el fin de realizar el análisis de estas mediante estadística descriptiva (medias, desviación estándar) a través del software Infostat (Di Rienzo et al., 2008). Una prueba de “t” de student (confianza del 95%) fue empleada para detectar diferencia de medias entre privaciones en los dos espacios analizados. Las variables independientes corresponden a H(m), DAP (m) y DC (m).
Resultados
La mayoría de los individuos forestales seleccionados como árboles notables en los emplazamientos de Cali, corresponden a las especies Albizia saman (105 individuos forestales) y Ceiba pentandra (95 individuos forestales) con el 35% y 31,67%, respectivamente, lo cual resalta la importancia de estas. Seguido del Schizolobium parahyba (15 individuos forestales) con el 5% y Enterolobium cyclocarpum (10 individuos forestales) con el 3,33%. Cabe resaltar que el 23,98% de las especies restantes se encuentran representadas por menos de 6 individuos forestales.
Por su parte, en el campus de Meléndez de la Universidad del Valle, el 47,58% de los individuos forestales seleccionados como árboles notables corresponden a las especies Albizia saman (59 individuos forestales) y Ceiba pentandra (15 individuos forestales) con el 12,10%, resaltándose la importancia de estas. Seguido de Enterolobium cyclocarpum (10 individuos forestales) con el 8,06%, Anacardium excelsum (8 individuos forestales) con el 6,45% y Cedrela odorata (5 individuos forestales) con el 4,03%. Cabe resaltar que el 21,72% de las especies restantes se encuentran representadas por menos de 3 individuos forestales. La cifra de los individuos arbóreos mencionada corresponde a la clasificación de árboles notables en el municipio (convenio) y dentro de la sede Meléndez de la Universidad del Valle y dicha clasificación la realizaron teniendo en cuenta los criterios establecidos en el POT. En la tabla siguiente, se señalan las especies clasificadas como árboles notables, tomando la base de datos del censo arbóreo de Santiago de Cali realizado por el convenio mencionado en líneas anteriores en el 2016 y la base de datos del inventario, realizado en la Sede Meléndez de la Universidad del Valle.
Las especies localizadas en los emplazamientos están distribuidos en las diferentes comunas de Cali. En algunas de estas comunas (p. ej. 1, 8 12, 15) no fue encontrado algún individuo forestal como notable, por lo cual aquí no se hizo la declaratoria de árboles notables (figura 2). Figura 2. Distribución en frecuencia relativa y absoluta de los individuos forestales por comuna. Fuente: Los autores
En las comunas 2, 19, 22 y 17 se concentran las mayores cantidades de los árboles notables declarados con el 25,34%, 19,93%, 14,53% y 12,50% respectivamente. Es en estos espacios donde se encuentra la mayor cobertura forestal de la ciudad según el censo arbóreo del año 2016.
De acuerdo con la tabla 1, de 124 árboles declarados, el 47,48% de los individuos pertenece a la especie Albizia saman, y el 12,10% corresponde a la especie Ceiba pentandra, teniendo en cuenta la importancia de estas y los parámetros declarados para la selección en las 22 comunas del municipio por parte de la entidad ambiental.
Tabla 1. Veinte mayores frecuencias relativas en el campus de Meléndez de la Universidad del Valle (n = 124) y emplazamientos de Cali (n = 200). Fuente: Los autores
Para Ceiba pentandra, los datos denotan que la mayor proporción de árboles son maduros dado que más del 84% de los individuos poseen DAP mayor a un metro (tablas 2 y 3); por el contrario, los datos sugieren individuos de menor edad en el campus Meléndez de Univalle, lo cual es coherente con la edad de establecimiento posterior a los árboles notables de los emplazamientos en Cali. Tabla 2. Individuos forestales de Albizia saman y Ceiba pentandra y sus variables según clase dimétrica en los emplazamientos de Cali.
Fuente: elaboración propia
Tabla 3. Individuos forestales de Albizia saman y Ceiba pentandra y sus variables según clase dimétrica en el campus de Meléndez de la Universidad del Valle. Fuente: elaboración propia
Las medidas de dispersión y tendencia central de los parámetros dasométricos comparados entre las dos zonas mediante una prueba de “t” de student presentaron diferencias significativas (p < 0,05). Así, es notoria el mayor valor de DAP (p = 0,0069) para los árboles notables de los emplazamientos en Cali, lo que probablemente se explica por una predominancia de individuos forestales de mayor edad respecto a los árboles del campus de Meléndez en la Univalle. En contraste, los individuos forestales fueron más altos en el campus Meléndez de Univalle (p= 0,0039), en donde por su arreglo en bloque, los árboles compiten por la radiación solar estimulando su elongación. Es notoria la diferencia en el área de dosel promedio, ocupada por los árboles en los emplazamientos de la ciudad respecto a los doseles del campus Meléndez, siendo significativamente de mayor área (p= 0,0001) en los primeros respecto a los segundos, ya que en la sede Meléndez los árboles crecen en conjunto, presentándose competencia por luz y nutrientes, mientras que en la ciudad, los árboles se encuentran distantes entre sí.
Para Albizia saman, las medidas de dispersión y tendencia central de los parámetros dasometricos comparados entre las dos zonas mediante una prueba de “t” de student mostraron diferencias significativas. Así, es notoria el mayor valor de DAP (p = 0,0069) para los árboles notables de los emplazamientos en Santiago de Cali. También, es notoria la diferencia en el área de dosel promedia ocupada por los árboles en los emplazamientos de la ciudad respecto a los doseles del Campus de Meléndez, siendo significativamente de mayor área (p: 0,0001) en los primeros respecto a los segundos. Por el contrario, en la variable altura (H) los individuos forestales los mayores avalores se presentaron en el campus Meléndez de Univalle (p = 0,0039).
De acuerdo con lo anterior, se denota para las dos especies, los mayores diámetros de DAP se tienen en aquellos árboles dispersos en los emplazamientos de Cali, mientras que son menores para la sede Meléndez, esto se debe a que los árboles en el primer espacio tienen mayor antigüedad en su establecimiento. Por su parte en cuanto a la variable altura, los datos son mayores en la Sede Meléndez debido a que se presenta competencia por luz, distancias de siembra que son menores, dando como resultado mayores alturas y menores dimensiones en su diámetro, situación igualmente implicada en la variable diámetro de copa y por tanto el área de dosel
La distribución por clases diamétricas para Ceiba pentandra, se encuentra en la Tabla 2, donde la clase diamétrica 1-2 m, presenta el mayor número de árboles en los emplazamientos de Cali, en cambio en el campus Meléndez de Univalle, la distribución es más o menos similar entre las clases 0-1 y 1-2 m. La misma tendencia se ve en la distribución por clases diamétricas para Albizia saman (Tabla 3), donde la clase diamétrica 1-2 m, presenta el mayor número de árboles en los emplazamientos de Cali y en el campus Meléndez de Univalle, una mayor presencia de individuos forestales en la clase 0-1.
Dicha clasificación diamétrica permite conocer de manera indirecta el estado de los árboles en los paisajes, por tanto, puede inferirse que la población de árboles se encuentra en estado maduro por la cantidad de árboles con diámetros mayores a 1 m en los emplazamientos de Santiago de Cali.
Discusión
Los valores de altura de las dos especies encontrados en este estudio son mucho menores a los encontrados por Moya y Muñoz (2010) en plantaciones más jóvenes de ocho especies comerciales monitoreadas en Costa Rica, incluso; sin embargo, los DAP de A. saman y C. pentandra (0,99-1,44 m) son valores mucho más altos que los reportados para especies maderables en el estudio citado, que oscilaron entre 0,18 y 0,37 m. También, Tenorio et al. (2016) reportaron alturas mayores y DAP menores de otras cinco especies. Incluido una variedad de samán (Samanea saman) presentó una altura mayor (16,3 m) que la altura media reportada en este estudio y un DAP menor a las especies aquí estudiadas.
Los individuos forestales de la especie samán y ceiba se agrupan mayormente en las dos primeras clases diamétricas, es decir menores a 2 m de DAP. Así, para la especie samán presentes en las zonas emplazamientos de Cali y campus Meléndez de la Universidad del Valle, respectivamente, más de las dos terceras partes de los árboles se encuentran en la clasificación de <2m DAP. Dicha situación se presenta también para la especie ceiba, cuyos individuos forestales se agrupan en las dos primeras clases diamétricas, en las dos zonas. Por tanto, las poblaciones de árboles de las dos especies tienen gran potencial de permanencia y, dada la longevidad de las mismas, esto implica un potencial de ofrecer múltiples servicios ecosistémicos a su entorno durante muchos años (DAGMA & Fun&agua, 2016).
Probablemente los mayores valores de DAP para las dos especies en los emplazamientos de Cali, obedecen a la predominancia de individuos forestales de mayor edad respecto a los árboles del Campus Meléndez en la Univalle. Además, se verifica en las dos especies analizadas que cuando los árboles crecen en terreno abierto, sin competencia ni perturbaciones, los árboles logran la forma típica de la especie; entre otras cosas, alcanzan un desarrollo completo y simétrico de su copa (Wabo, 1999). Para una especie, estos árboles son los que más cobertura de terreno logran. Los árboles de la misma especie que en cambio han crecido en competencia tendrán, para igual diámetro (DAP), copas menos desarrolladas y menos extendidas (menor cobertura). Para que esta competencia tenga lugar, los árboles involucrados debieron crecer sobre un terreno con una mayor densidad de árboles que sus similares sin competencia. Para profundizar en otras condiciones posibles, se recomienda estudiar la calidad del sitio.
Por otra parte, en este estudio se encontró valores cercanos a medidas dasométricas registradas en otros espacios geográficos; por ejemplo, valores de DAP en A. saman en una plantación en el campus de Burdwan, India, promediaron 0,83 m con alturas medias de 15,85 m (Chatterjee & Mukherjee, 2015). En Costa Rica realizaron un análisis de los árboles dispersos en potreros de fincas ganaderas en un ecosistema seco, reportando para esta especie valores de 14,2 m de altura H y 0,57 m de DAP (Esquivel et al., 2003). Por su parte, los individuos forestales en el sistema agroforestal de cacao en Cárdenas, México, reportaron valores respecto a altura H >25 m (Ruiz et al., 2016).
Para la especie Ceiba pentandra, las media de las variable dasométricas en el presente estudio fue un poco más alta a los datos registrados en otros estudios tanto en emplazamientos urbanos como en bosques de campus. Así, en el parque central de la Urbanización el Paraíso Puerto Rico, la altura fue de 10 m y un DAP de 0,48 m (Nunci et al., 2005). A su vez, en el campus de la escuela agrícola Panamericana Zamorano en Honduras, se reportó valores de 10,5 m de H y 0,59 m de DAP (Jauregui, 2016); mientras que el estudio de estructura y diversidad de la Reserva Natural de Nigeria reportó una media un poco mayor que las anteriores de la variable altura de 11,67 m, pero menor de DAP de 0,15 m (Adekunle et al., 2013).
Hay que resaltar que los individuos forestales en los emplazamientos de Cali, se encuentran en su mayoría como árboles aislados dispersos, es decir, que no tienen problemas en cuanto a la competencia de luz, y que en muchas ocasiones se encuentran establecidos junto a redes de energía, lo que genera un cambio en su dinámica de crecimiento. En contraste, en la sede Meléndez de la Universidad del Valle predomina la distribución en parches y bosques con alta densidad de árboles, lo cual está relacionado con una mayor competencia por la radiación solar, lo que estimula un mayor crecimiento de los individuos forestales. Sin embargo, hay estudios que afirman que, en cuanto a la altura y diámetro de los árboles individuales aislados creciendo sin competencia, no presentan diferencia significativa con aquellos árboles que se encuentran en bosques nativos o urbanos con regeneración propia, en la medida que el DAP y la altura de árboles en un parque urbano son cercanos a los valores de árboles en bosques nativos de edad similar (Nunci et al., 2005).
Conclusiones
Los árboles del presente estudio contribuyen con su conservación tanto en la sede de la Universidad del Valle, como en las comunas del municipio donde se encuentran los árboles, en la belleza escénica, aportando al mejoramiento del nivel de vida de la comunidad circundante a ellos, mejorando el bienestar y la salud de la comunidad universitaria y la comunidad caleña con su presencia, dirigiéndose en la garantía del desarrollo sostenible.
De acuerdo con la base de datos de los árboles notables declarados tanto por el DAGMA, como por la Universidad del Valle, las especies con mayor número de individuos forestales corresponde a las especies Ceiba pentandra y Albizia saman, representando el 35,47% y 32,09% (respectivamente) de los individuos forestales declarados, localizados en un 47,58% y 12,10% en la Sede Meléndez de la Universidad del Valle, respectivamente.
Las variables dasométricas analizadas señalaron diferencias de las dos especies entre los dos espacios de estudio, dimensiones que eran esperadas, a pesar del estado maduro y desarrollo de estos, criterio usado en la elección de los individuos forestales para su clasificación como árboles notables.
Los individuos forestales se concentraron en mayor proporción en las dos primeras clases diamétricas, es decir menores a 2 m de DAP y dada la longevidad de estos, tienen gran potencial de permanencia en su espacio, continuando con la prestación de los múltiples servicios ecosistémicos que seguirán prestando a su entorno.
Contribución por autor. D.J. Solano realizó las mediciones dasométricas, análisis y escritura de texto; J. Mora-Delgado ideó la investigación y asesoró análisis estadístico y preparación de la escritura del artículo; G. Duque revisó e hizo aportes a la investigación. Todos los autores contribuyeron a la discusión y comentaron los borradores.
Agradecimientos
Los autores agradecen a la Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira, por el espacio de investigación en la Maestría en Ingeniería Ambiental; al Grupo de Investigación Sistemas Agroforestales Pecuarios de la Universidad del Tolima, por la asesoría científica de uno de los coautores; al Departamento Administrativo del Medioambiente DAGMA de Santiago de Cali, por el uso de información básica; y al jefe de la Sección de Servicios Varios, Sergio Cardona, por facilitar la selección y medición de las variables de los árboles seleccionados como árboles notables.
Potencial conflicto de intereses
Los autores hacen constar que el manuscrito se preparó y revisó con la participación de ambos y declaramos que no existe ningún conflicto de intereses que ponga en riesgo la validez de los datos presentados.
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2 Profesor titular, Grupo de Investigación Sistemas Agroforestales Pecuarios, Universidad del Tolima, Ibagué. https://orcid.org/0000-0002-1093-4216 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Autor para correspondencia.
3 Profesor asociado, Facultad de Ingeniería y Administración, Universidad Nacional de Colombia, Sede Palmira. http://orcid.org/0000-0002-2468-529X This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Para citar este artículo: DJ Solano López, Mora Delgado, J y Duque, G. (2023). Cobertura forestal y belleza escénica: un análisis de los árboles notables de Cali (Colombia). Revista Luna Azul, 54, 82‐96. https://doi.org/10.17151/luaz.2022.54.5
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